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El Gobierno de Canarias aprueba un programa temporal para resolver los expedientes de conciliación laboral

La Dirección General de Trabajo reforzará con siete letrados y diez auxiliares administrativos el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación

En Canarias se incoan 22.000 procedimientos anuales gestionados actualmente por solo tres personas

El Consejo de Gobierno, en su reunión semanal de esta mañana, ha acordado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, poner en funcionamiento un programa cuyo objetivo es aliviar el atasco de los 3.274 expedientes de conciliación laboral de años anteriores que se encuentran a la espera de resolución, además de agilizar la tramitación de los nuevos procedimientos. Una medida necesaria teniendo en cuenta que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) lleva más de una década soportando un colapso por falta de personal debido a traslados y jubilaciones.

En Canarias se incoa una media anual de 22.000 expedientes, aproximadamente, lo que supone ochenta y ocho procedimientos diarios que están siendo gestionados actualmente por solo tres personas.

Con la activación de este plan de choque, que se prolongará durante tres años, se complementará y reforzará la plantilla con nuevo personal interino, en concreto, siete letrados, que se distribuirán de la siguiente forma: tres efectivos en Las Palmas de Gran Canaria y cuatro en Santa Cruz de Tenerife. Además, se incorporará personal administrativo, porque el Semac carece de este perfil de empleado. En total se contratarán diez auxiliares.

El programa, que contará con un presupuesto de 1,9 millones de euros, tiene como finalidad mejorar la calidad de la prestación de los servicios y contribuir al ejercicio de los derechos laborales, garantizando una eficaz respuesta y una adecuada gestión de los expedientes de conciliación laboral en la comunidad autónoma, implementando un sistema que garantice la eficiencia en la resolución de conflictos laborales y dinamizando su tramitación, permitiendo, en definitiva, que las personas trabajadoras y empleadoras vean asegurados sus derechos.

El Gobierno refuerza la Dirección General de Función Pública con una Unidad Administrativa Temporal

Esta nueva sección tendrá una vigencia inicial de tres años y un coste de personal autorizado para su implementación de 4.154.811 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el refuerzo de los distintos servicios de la Dirección General de Función Pública con la creación de la Unidad Administrativa Temporal que tiene como fin favorecer la normalización de los procesos, vinculado a las medidas de eficacia y de eficiencia que se implementen para la transformación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Unidad Administrativa Temporal tendrá una vigencia inicial de tres años, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2028, que puede prorrogarse si fuera preciso para culminar los objetivos o acuerde la extinción anticipada de la misma si los fines para los que fue constituida estuviesen cumplidos.

El coste de personal autorizado para su implementación asciende a la cantidad de 4.154.811 euros, distribuido en cuatro periodos. En 2025, del 1 de junio al 31 de diciembre, tendrá un coste de 759.844 euros. Tanto en 2026 como en 2027 el coste ascenderá a 1.384.937 euros, mientras que para 2028, del 1 de enero al 31 de mayo, se estima un gasto de 652.092 euros.

Los puestos de trabajo de la Unidad Administrativa Temporal tendrán naturaleza coyuntural, no siendo incorporados de forma permanente en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de su incorporación en el Sistema de Información de Recursos Humanos correspondiente. Estos podrán ser provistos de forma temporal por cualquiera de los sistemas de provisión de tal naturaleza, incluida la reasignación temporal de efectivos y la adscripción provisional, así como mediante los sistemas de provisión definitiva de libre designación o por concurso.

A través de esta Unidad se refuerza el centro directivo con perfiles profesionales informáticos que impulsen una amplia lista de necesidades de desarrollo informático para una respuesta más ágil, eficaz y eficiente de los procesos de gestión reduciendo las tareas mecánicas, así como perfiles profesionales del Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General y el del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, a fin de poder impulsar los procesos de ordenación de los recursos humanos y de asesoramiento y gestión jurídica de las competencias.

Incremento de la actividad

La Dirección General de Función Pública ha tenido que ejecutar la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2018, la del año 2019, así como convocar los procesos selectivos derivados de la Oferta del año 2020 y 2021 a fin de evitar su caducidad, lo que supone un total de 189 convocatorias y en las que está implicada la adjudicación definitiva de más de 3.000 plazas. Esto ha supuesto una intensa y sobredimensionada actividad para la Dirección General, simultaneando en el tiempo más de 200 procesos selectivos y estando a su vez pendiente, en la actualidad, la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2022 y de los años siguientes.

En particular, las Ofertas de Empleo Público de los años 2020 y 2021 han supuesto la gestión de más de 21.000 solicitudes para la adjudicación de 900 plazas de personal funcionario de carrera, a lo que se unen más de 3.000 plazas en proceso de estabilización.

Además, también ha dirigido sus esfuerzos en dar respuesta cumplida a las necesidades urgentes y extraordinarias de personal funcionario interino para el conjunto de la Administración General, dado que este centro directivo tiene encomendada la gestión de la totalidad de las listas de empleo de la Administración General para efectuar los llamamientos y nombramientos de todo el personal funcionario interino.

Esta Dirección General tiene también que hacer frente a los cambios organizativos de la Administración, a la aplicación de nueva normativa reguladora del empleo público y a la jurisprudencia que ha ido recayendo en la materia, lo que se traduce en la necesidad de intensificar su labor de planificación y ordenación de los recursos humanos y de desarrollo de los aplicativos informáticos de información de recursos humanos ante una Administración más nutrida de competencias.

Por otro lado, el Gobierno también está impulsado la aprobación, por primera vez, de determinados instrumentos de planificación en materia de empleo público como son el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, los Planes de Igualdad de la Administración y la actualización de los protocolos en materia de acoso laboral y de protección de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público.

El Consejo de Gobierno autoriza 4,69 M€ para transformación y comercialización de productos de pesca y acuicultura

El gasto plurianual aprobado, relativo al Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), se destinará a la convocatoria de subvenciones para las anualidades 2025 y 2026 que fomenten las actividades sostenibles de transformación y comercialización de productos en el sector, contribuyendo a la seguridad alimentaria en la UE

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, miércoles 21 de mayo, un gasto plurianual de 4.699.000 euros por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria para la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a inversiones en el ámbito de la transformación y comercialización de productos de pesca y acuicultura, enmarcadas en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

Esta cuantía se desglosa en 2,29 millones de euros para 2025 y 2,4 millones de euros para 2026 con el objetivo fomentar, según recoge el Reglamento (UE) N.º 2021/1139 del FEMPA, las actividades sostenibles que contribuyan al la seguridad alimentaria en la UE, tanto en el sector de la acuicultura, como en la transformación y comercialización de productos de la pesca.

En atención a la normativa que regula estas intervenciones, publicada en la Orden 11 de marzo de 2025 por la que se aprobaron las bases reguladoras de concesión de las subvenciones de la Prioridad 2 del (FEMPA), se consideran subvencionables las inversiones que tengan por objeto promover la comercialización, la calidad y el valor añadido de los productos de la pesca, entre ellos los gastos indirectos que sean necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y ejecución del proyecto, como arrendamiento de edificios, coste de suministro, salarios o auditorías, entre otros.

Entre estas acciones se incluyen todas aquellas que den lugar a nuevos o mejores productos y procesos, o a sistemas de gestión y organización perfeccionados en materia de transformación, conservación y comercialización, así como las que fomenten la adaptación de los operadores a los requisitos de cumplimiento de normativa o certificaciones comunitarias.

En este sentido se consideran subvencionables las actuaciones que aumenten la eficiencia energética, reduzcan el impacto en el medio ambiente o mejoren la movilidad sostenible de la distribución de productos de la pesca; mejoren la seguridad, higiene y salud laboral; y favorezcan la economía circular mediante la prevención, la optimización de los procesos, la minimización de los residuos, el aprovechamiento comercial de las capturas no deseadas y subproductos, el uso de descartes para el desarrollo de subproductos, la transformación de capturas de pescado comercial que no puedan destinarse al consumo humano y la transformación de subproductos obtenidos de las actividades principales de transformación.

Además de estas intervenciones, en el ámbito de la creación de empresas del sector de la acuicultura serán gastos subvencionables las inversiones productivas, innovadoras o de modernización en los centros acuícolas que reduzcan su impacto ambiental, así como las inversiones en digitalización, optimización, mejora de las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores o diversificación mediante actividades complementarias, entre ellas el acuiturismo o las acciones tendentes al desarrollo de valores socioculturales, educativos y de recuperación de lugares emblemáticos y de valor cultural, como casas salineras, molinos de mareas.

En el apartado de mejora de infraestructuras se contempla, asimismo, la adquisición o modernización de los barcos auxiliares para la explotación acuícola, siempre que no se utilicen para el aprovechamiento de recursos marinos salvajes, además de otras inversiones en infraestructuras asociadas a la instalación en espacios portuarios.

Como principal instrumento comunitario de apoyo al sector, el Programa Operativo de España para el FEMPA en el periodo 2021-2027, establece una serie de objetivos clave en el ámbito de la pesca y el medio marino, donde prioriza el mantenimiento de una actividad productora mediante la gestión sostenible y la conservación de los ecosistemas marinos.

Asimismo recoge el fomento de producción acuícola competitiva, integrada en el territorio y eficaz por medio el uso racional de los recursos, al tiempo que impulsa el desarrollo de economía azul con el objetivo de modernizar, dinamizar y actualizar toda la cadena comercial, desde la producción al consumidor final. Todo ello, a través del fortalecimiento de laa estrategia de Desarrollo Local Participativo que involucre activamente a los Grupos de Acción Local (GAL) para impulsar las comunidades pesqueras y acuícolas en cada territorio.

Sanidad destinará 8,6 millones al servicio de limpieza del Área de Salud de La Palma

La contratación se realizará por un período de veinticuatro meses y abarcará a la totalidad de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios y la Dirección de Área de Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la realización de un gasto plurianual por importe de 8.656.458,59 euros para la contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma y de la Dirección de Área de Salud y sus exteriores.

La contratación se realizará en tres lotes, que comprenden las instalaciones y zonas exteriores del Hospital Universitario de La Palma, del Centro de Atención Especializada de Los Llanos de Aridane y del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Sauces (Lote 1); los centros de salud y la sede de la dirección de Atención Primaria (Lote 2) y la Dirección de Área de Salud de La Palma (Lote 3).

El contrato resultante de la licitación del servicio tendrá una duración de veinticuatro meses, entre las anualidades de 2025 a 2027, prorrogables por otros dos años.

El servicio de limpieza garantiza la higienización de las instalaciones sanitarias que utilizan diariamente centenares de usuarios, así como evita y minimiza la transmisión de agentes infecciosos.

Estas tareas deben adaptarse al desarrollo de la actividad asistencial y administrativa, motivos por los que precisa el empleo de procedimientos y programaciones específicas.

Treinta trabajadores se incorporarán a la gestión de la Dependencia en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias acuerda una modificación de crédito para incrementar el número de auxiliares administrativos destinados a este servicio con el objetivo de acelerar la tramitación de expedientes

Estos trabajadores se suman al más de un centenar de funcionarios interinos contratados en los últimos meses tras declarar el carácter excepcional de la situación de la dependencia en 2024

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes modificar al alza el Acuerdo adoptado el 21 de octubre de 2024 por el que se declaraba el carácter excepcional de la situación de la dependencia en Canarias. Dicha declaración contemplaba destinar una partida extraordinaria de 4.865.188,84 euros para la puesta en marcha de un contrato programa que facilitaría la incorporación de más de un centenar de efectivos de diferentes categorías laborales y profesionales en la Dirección General de Dependencia.

El contrato programa permitió la contratación para 2025 de más de un centenar de funcionarios interinos correspondientes a distintas especialidades. Con la modificación de este Acuerdo de Gobierno de 2024 aprobada este lunes 12 de mayo por el Consejo de Gobierno, se permitirá incorporar otros 30 profesionales en la categoría de auxiliar administrativo, quince por cada provincia, para cuya contratación se destinarán hasta finales de este año 500.482,20 euros.

Esta es una medida más de las tomadas por este Gobierno para reducir el tiempo de tramitación de los expedientes de valoración, dictamen y ayudas de dependencia, y muestra, de nuevo, el compromiso del Ejecutivo con mejorar la situación de vida de las familias en Canarias, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad.

Junto al refuerzo del personal del servicio de Dependencia, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 21 de abril el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerdó solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.

El decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

 

 

El Gobierno interpone un recurso contra el decreto estatal del Registro Único de viviendas turísticas

El Ejecutivo canario considera que la norma aprobada por el Gobierno español invade competencias en materia turística que corresponden a las comunidades autónomas

El Gobierno autonómico lamenta que no se haya consultado a las comunidades autónomas ni a las entidades ni organismos que pudieran verse especialmente afectados por este decreto

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su reunión celebrada hoy la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

El pasado 17 de febrero la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, formuló un requerimiento previo al Gobierno central, cuyo plazo expiró sin respuesta. Por esta razón, el Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión por considerar que la normativa invade competencias de las comunidades autónomas en materia turística, argumento que coincide plenamente con el dictamen del Consejo de Estado relativo al decreto y cuyas conclusiones son contundentes.

Este dictamen considera que no se ha consultado directamente con las comunidades autónomas ni con las entidades ni organismos que pudieran verse especialmente afectados por la norma, lo que habría sido necesario por la incidencia del proyecto en sus competencias o ámbito de actuación.

Para el Gobierno de Canarias sigue abierta la puerta al diálogo, apelando al trabajo conjunto con los Ministerios tanto de Vivienda como de Turismo para evitar perjuicios y garantizar la protección de la ciudadanía.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto de asignación de cantidades de referencia para la producción de plátano

Tras recibir el dictamen del Consejo Consultivo, el Ejecutivo regional da luz verde a esta normativa que responde a una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 12 de mayo, la aprobación del decreto que regula la asignación de cantidades de referencia y de reserva para las personas productoras de plátanos, conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), en el marco de una norma desarrollada a partir de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en julio del año pasado.

Tras completar los trámites preceptivos, entre ellos los respectivos informes y la valoración de las alegaciones presentadas en el periodo de información y audiencia pública, el proyecto de decreto ha recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que no presenta reparos de legalidad y acredita que la norma se ajusta al parámetro constitucional, estatutario y al resto del ordenamiento jurídico. Solventada esta última fase de la tramitación, el Ejecutivo ha procedido a la aprobación definitiva del decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El objetivo de esta norma es proveer al sector de un marco regulatorio, coherente e integrado, que promueva la estabilidad y sostenibilidad ante a las modificaciones del POSEI, para lo que se establece un procedimiento de asignación y método de cálculo de las cantidades de referencia, mediante la ampliación de su periodo de revisión, la identificación de la superficie asociada para el cálculo del rendimiento individual y la aplicación de un límite de asignación de dichas cantidades.

Así, dicho texto contiene una nueva regulación de la reserva de cantidades de referencia no asignadas que fomenta también el relevo generacional.

Además del preámbulo justificativo, el decreto consta de una parte dispositiva estructurada en tres capítulos. En el primero de ellos se establecen las disposiciones generales de la norma, que para establecer las cantidades se basará en las superficies de cultivo inscritas en el “Fichero de Afiliados del Registro de Organizaciones de Productores de Plátanos”. En el capítulo dos se detalla el procedimiento de revisión de las cantidades de referencia, así como los plazos, método de cálculo o límite de asignación, mientras que, en el capítulo tres, se aborda la normativa que regula la gestión de la dotación de reserva.

Asimismo, la parte final contempla una disposición adicional única en la que se recoge la excepción para las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma o por expropiaciones para equipamientos de interés general, en la que se establece que conservarán la cantidad de referencia asignada en la campaña 2021, así como las resultantes de sus revisiones posteriores.

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del reglamento de gestión de los tributos derivados del REF

La modificación, que cuenta con el dictamen previo favorable del Consejo Consultivo, afecta a la presentación de declaraciones censales

El Proyecto de Decreto incluye también cambios en el reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Decreto por el que se modifican el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias.

En cuanto a la modificación del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se refiere a la presentación de declaraciones censales. De este modo, quedarán excluidos de la obligación de presentarlas, las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, cuando todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas, y realicen exclusivamente arrendamientos de vivienda exentos.

Además, los rendimientos por dichos arrendamientos deberán tener la condición de rendimientos de capital inmobiliario a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  Esta exclusión en la obligación de presentar declaración censal tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2024.

En cuanto a la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias, el cambio consiste en el establecimiento de un régimen de suplencia de los vocales de la citada junta.

 

 

El Gobierno de Canarias pone en marcha un programa temporal para mejorar la gestión de becas universitarias

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura moderniza el sistema de tramitación para agilizar la resolución de las ayudas, con una inversión de más de 600.000 euros y la incorporación de nuevo personal

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha aprobado un nuevo programa para mejorar la gestión de becas y ayudas al estudiantado universitario. Esta actuación permitirá reforzar los recursos humanos de la Dirección General de Universidades e Investigación e implantar una herramienta informática más avanzada que optimice los procedimientos.

El programa contempla la incorporación temporal de cinco personas, con una inversión global de 600.986,10 euros. Con ello, se facilitará una tramitación más ágil y eficaz, orientada a garantizar que las ayudas lleguen en tiempo y forma, al mismo tiempo que se procede a la modernización y mejora del sistema de gestión.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que “atender las demandas del estudiantado forma parte del compromiso público que asumimos desde esta Consejería. Con este programa damos un paso necesario para mejorar el acceso a las ayudas y consolidar un sistema cada vez más eficiente y accesible”.

Esta actuación forma parte de la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para fortalecer el sistema público de educación superior, incorporando mejoras estructurales que permitan responder con mayor eficacia a las necesidades reales del estudiantado. La modernización de los procesos, unida al refuerzo del equipo técnico, contribuirá a ofrecer una gestión más ágil y cercana, adaptada a la realidad insular de Canarias.

Sanidad destinará 38,9 M€ al servicio de limpieza y retirada de residuos del Hospital Universitario Dr. Negrín

La contratación del servicio se realizará por un período de cuarenta y ocho meses y abarcará a todos los centros dependientes del complejo hospitalario

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, a la realización de un gasto de 38.922.654,02 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación del servicio de limpieza y otros servicios auxiliares de los centros dependientes del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

La contratación se realizará por la Dirección Gerencia mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada, para cubrir las necesidades de limpieza integral y otros servicios auxiliares durante un período de cuarenta y ocho meses, distribuidos entre los años 2025 y 2029.

El servicio a contratar incluye la limpieza, desinfección e higienización de todos los centros dependientes del complejo hospitalario: el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, el Hospital Juan Carlos I y su anexo, el hospital polivalente; el Hospital San Roque de Guía, los centros de asistencia especializada (CAE) de Arucas, Gáldar y Casa del Mar, y las unidades de salud mental (USM) de Canalejas y Costa Ayala.

Además de las tareas indicadas de limpieza, desinfección e higienización, el servicio incluirá la retirada de residuos, el suministro y distribución interna de artículos de reposición, el arreglo de áreas del personal y la retirada, transporte y distribución de ropa hospitalaria.

La limpieza integral debe garantizar la higienización de las instalaciones sanitarias que utilizan diariamente centenares de usuarios; evitar y minimizar la transmisión de agentes infecciosos y adaptarse al desarrollo de la actividad asistencial, motivos por los que precisa el empleo de sistemas, procedimientos y programaciones muy rigurosas y específicas.