Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno aprueba el traspaso del CECOES 112 a Gesplan para reforzar el sistema de emergencias de Canarias

La medida, aprobada hoy a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento del modelo de protección civil

La reorganización se hará efectiva con la entrada en vigor del nuevo encargo de gestión de estos servicios y garantiza la continuidad de los servicios y la subrogación del personal

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, la reordenación del sector público instrumental para trasladar la gestión de los servicios de coordinación de emergencias y seguridad y de atención específica a mujeres víctimas de violencia de género desde Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) a Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN).

La decisión forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento del sistema de emergencias impulsado por el Gobierno de Canarias, que busca avanzar hacia un modelo de coordinación operativa más especializado, moderno y adaptado a los nuevos desafíos en materia de protección civil y seguridad.

Con esta reorganización, GESPLAN asumirá la gestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, así como la atención a mujeres víctimas de violencia de género que se desarrolla a través de las salas operativas del centro. El cambio se hará efectivo con la entrada en vigor del nuevo encargo de gestión de estos servicios a GESPLAN por parte de la Administración autonómica. Por su parte, GSC, que hasta ahora gestionaba ambos servicios, concentrará su actividad en el ámbito sanitario y quedará adscrita exclusivamente a la Consejería de Sanidad.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que “esta decisión es un paso importante dentro del proceso de fortalecimiento del sistema de emergencias de Canarias. Queremos dotarnos de una estructura más especializada, con una dirección funcional clara y plenamente vinculada al departamento que tiene las competencias en materia de protección civil y emergencias”.

Miranda añadió que “el sistema de emergencias ha evolucionado mucho en los últimos años y tiene que seguir adaptándose a una realidad cada vez más compleja, con nuevos riesgos y mayores exigencias de coordinación. Necesitamos reforzar nuestras capacidades operativas, tecnológicas y de planificación para anticiparnos mejor y ofrecer una respuesta más eficaz ante cualquier emergencia”.

El cambio responde a la necesidad de separar las actividades sanitarias de las relacionadas con la coordinación de emergencias y la seguridad ciudadana, de manera que estas últimas queden integradas en una entidad pública vinculada directamente al departamento competente en materia de emergencias. GESPLAN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, reúne las condiciones y capacidades necesarias para asumir esta responsabilidad.

Un modelo adaptado a los nuevos desafíos

La evolución del territorio, el crecimiento de la población y de la actividad turística, la aparición de nuevos riesgos y la mayor frecuencia e intensidad de determinados fenómenos meteorológicos adversos hacen necesario seguir fortaleciendo los instrumentos de prevención, planificación y respuesta ante las emergencias.

A ello se suman los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de predicción, comunicación y coordinación, que requieren una mayor integración de recursos y nuevas capacidades técnicas y formativas.

En este contexto, el Gobierno considera necesario avanzar hacia un modelo de protección civil más moderno, que refuerce el papel del CECOES 1-1-2 como centro de coordinación operativa y permita mejorar la eficacia y la optimización de los recursos públicos.

Continuidad del servicio y garantías para el personal

El traspaso se realizará como una unidad económica autónoma, lo que implica que GESPLAN sucederá a GSC en los derechos y obligaciones vinculados a los servicios transferidos. La operación contempla la subrogación del personal adscrito a estas actividades, así como la transferencia de los medios materiales, contratos y recursos necesarios para su prestación.

El acuerdo establece, además, que ambas entidades deberán desarrollar un proceso ordenado de transición. De esta forma, se garantiza que el cambio de entidad gestora no afecte al funcionamiento del CECOES 1-1-2 ni a la atención que se presta desde sus salas operativas.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en la racionalización de su sector público instrumental y en el fortalecimiento de la estructura organizativa desde la que se prestan unos servicios esenciales para la seguridad y la protección de la ciudadanía.

El Gobierno aprueba un decreto ley para agilizar cobertura de puestos públicos y refuerza la movilidad funcionarial

La norma, que modifica la Ley 2/2025, mejora la gestión de los recursos humanos, ordena las listas de empleo y garantiza una respuesta más ágil a las necesidades de personal de la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de modificación de la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración autonómica. La norma introduce cambios destinados a agilizar la cobertura de puestos de trabajo, reforzar la movilidad del personal funcionario de carrera, mejorar los procedimientos de selección, nombramiento y gestión del personal temporal y el desarrollo de la carrera profesional horizontal.

Este decreto ley da cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias con la Administración General del Estado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, tras las discrepancias competenciales planteadas. Al mismo tiempo, incorpora las modificaciones imprescindibles para mantener la coherencia interna del ordenamiento autonómico en materia de empleo público.

Uno de los principales cambios es el impulso de la movilidad temporal del personal funcionario de carrera, que sustituye a la anterior denominación de promoción interna temporal.

Esta figura permitirá aprovechar la experiencia y los conocimientos del personal funcionario para atender necesidades temporales, urgentes e inaplazables, mediante el desempeño de puestos vacantes de otros cuerpos, escalas o especialidades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La reforma establece que, cuando un puesto vacante no pueda cubrirse mediante comisión de servicios, se acudirá al mecanismo de movilidad temporal antes de recurrir al nombramiento de personal interino. También regula las condiciones de participación, los criterios de selección, los plazos de solicitud, las retribuciones y las causas de cese.

Con ello, se refuerza el aprovechamiento de los recursos humanos existentes en la Administración y se establece una vía adicional para atender las necesidades de los servicios públicos.

Listas de empleo

El decreto ley introduce cambios importantes en la configuración y gestión de las listas de empleo para el nombramiento de personal funcionario interino.

Las listas ordinarias se organizarán en dos bloques. El primero estará integrado por las personas que hayan participado en el proceso selectivo del que deriva la lista y reúnan los requisitos establecidos. El segundo incorporará a personas que formen parte de la lista ordinaria inmediatamente anterior del mismo cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional y que no hayan participado en el nuevo proceso o no cumplan las condiciones para integrarse en el primer bloque.

La norma establece también plazos para la elaboración y aprobación de estas listas: su elaboración deberá iniciarse en los tres meses siguientes a la finalización del proceso selectivo y deberán aprobarse en un plazo máximo de nueve meses.

Asimismo, se refuerzan los requisitos para integrarse en las listas ordinarias, trasladando la comprobación de la idoneidad de las personas aspirantes al propio proceso selectivo y a su incorporación a las listas, en lugar de dejar esa valoración para el momento del nombramiento mediante un período de prueba.

El decreto ley contempla además listas específicas y adicionales para responder a necesidades concretas de personal, así como listas provisionales que podrán utilizarse una vez publicadas las calificaciones definitivas de los ejercicios de un proceso selectivo.

Para aportar mayor claridad y seguridad jurídica, se establece un orden de prelación entre las distintas listas: primero las ordinarias, después las específicas, a continuación, las adicionales y, por último, las provisionales.

Nuevas listas especializadas

La reforma crea listas especiales para atender las necesidades de personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Canarias y de los Institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquera y las Escuelas de Capacitación Agraria.

Estas listas permitirán seleccionar a personas con formación y experiencia vinculadas específicamente a las funciones que deben desempeñar. En el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, podrán constituirse para personal funcionario y laboral, mientras que en los centros de formación marítimo-pesquera y las escuelas de capacitación agraria se prevén para personal funcionario.

Las listas tendrán carácter preferente respecto de las demás listas de empleo y se constituirán mediante concurso de méritos, valorando la formación académica y la experiencia profesional relacionada con cada ámbito especializado.

En el caso del personal funcionario de carrera que imparta formación reglada en los centros dependientes del departamento competente en materia de sector primario, se establece un régimen especial de toma de posesión que permitirá diferir los efectos de esta hasta el inicio del siguiente curso escolar, cuando sea necesario garantizar la continuidad de la actividad lectiva. El período comprendido entre la toma de posesión y el inicio de sus efectos computará a efectos de servicio activo, antigüedad, trienios y méritos.

Procedimientos

El decreto ley incorpora medidas para simplificar y agilizar los procedimientos de llamamiento, adjudicación y nombramiento de personal interino. Entre otras cuestiones, regula los plazos de respuesta de las personas candidatas, la adjudicación provisional y definitiva de los puestos y la coordinación entre los órganos gestores de las listas y los centros directivos que necesitan cubrir las vacantes.

También clarifica las competencias de las secretarías generales técnicas y de los órganos equivalentes en materia de nombramiento, toma de posesión, modificación, prórroga y cese del personal funcionario interino, reforzando la gestión de los recursos humanos desde los propios departamentos.

En los puestos de libre designación, se establecen condiciones específicas para acudir al nombramiento de personal interino, reforzando la necesidad de intentar previamente su cobertura mediante los mecanismos de provisión y movilidad previstos en la normativa.

La norma incorpora otras disposiciones dirigidas a mejorar la organización y gestión de los recursos humanos de la Administración autonómica como la posibilidad de incrementar el número de plazas convocadas mediante el acrecimiento entre turnos de acceso, tanto entre el turno libre y el de promoción interna como en sentido inverso, incluso en procesos correspondientes a distintas ofertas de empleo público acumuladas. En este caso, deberá respetar la tasa de reposición de efectivos, el coste total de las ofertas y las reservas de plazas para personas con discapacidad.

Además, se fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver y notificar los procedimientos de compatibilidad, con silencio administrativo desestimatorio, y se crea un Registro de órganos de representación del personal funcionario, estatutario y laboral. Este registro permitirá centralizar la información sobre órganos de representación, secciones sindicales, integrantes, delegados sindicales, créditos horarios y liberaciones sindicales.

El decreto ley incluye modificaciones de otras normas autonómicas relacionadas con la función pública, la carrera profesional horizontal, la planificación de recursos humanos y la organización de determinados ámbitos de la Administración.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, el decreto ley será comunicado al Parlamento de Canarias a efectos de su convalidación.

Sanidad destinará 12,2 millones a la adquisición de un suministro de prótesis valvulares aórticas

El suministro se destinará a los Servicios de Cardiología de los hospitales universitarios para reemplazar válvulas aórticas dañadas sin necesidad de cirugía a corazón abierto

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy a la Consejería de Sanidad a destinar 12.279.890 de euros a la contratación de un suministro de prótesis valvulares aórticas destinadas a los cuatro hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud, por un periodo de un año con posibilidad de prórroga por otras cuatro anualidades.

La contratación se realizará mediante el establecimiento de un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) y tramitación anticipada.

El suministro a contratar se compone de prótesis aórticas TAVI (Implante Valvular Aórtico Transcatéter) de uso corriente en los hospitales que cuentan con Servicios de Cardiología (hemodinámica): los complejos hospitalarios universitarios de Canarias (CHUC), Nuestra Señora de Candelaria (CHUNSC), Insular Materno-Infantil (CHUIMI) y Dr. Negrín (HUGCDN), ubicados en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Estas prótesis sirven para reemplazar válvulas aórticas dañadas sin necesidad de cirugía a corazón abierto y su función principal es corregir la estenosis aórtica grave (estrechamiento de la válvula), restaurando el flujo sanguíneo normal desde el corazón hacia el resto del cuerpo.

La adquisición de este tipo de productos requiere de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades del mercado, las condiciones específicas de la dispensación y el auge de la innovación técnica, por lo que la compra se realizará de manera centralizada, en la misma línea de contratación utilizada para la adquisición de marcapasos y stent coronarios.

El SDA permite no fijar el precio ni las características técnicas de las prótesis desde el inicio, adquirir el número que se necesite según la indicación terapéutica y la adquisición de técnicas innovadoras, sin limitar el número de licitadores participantes, ni al inicio ni durante la vigencia del expediente, lo que favorece la concurrencia y posibilidad de adquirir todas las alternativas comerciales existentes durante el plazo de vigencia del procedimiento.

Con ello, el Servicio Canario de la Salud persigue incluir nuevas fórmulas de contratación, que no solo racionalicen, sino que se adecúen mejor y en cada momento a las necesidades de los centros hospitalarios.

Sanidad destinará 12,6 M€ a diálisis y hemodiálisis domiciliaria para pacientes del Hospital Universitario Insular

El suministro y servicio de estas terapias domiciliarias para pacientes con enfermedad renal crónica se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación, por un plazo de cuarenta y ocho meses

El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, autorizar el gasto necesario para la contratación del suministro y servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría, para pacientes del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), por un importe de 12.695.503,52 euros.

La contratación se realizará mediante contrato mixto, por procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y anticipada del gasto, por un plazo de cuarenta y ocho meses.

El servicio a contratar tiene como finalidad dar continuidad a la diálisis y hemodiálisis domiciliarias a pacientes con insuficiencia renal crónica que hayan elegido esta modalidad, no presenten contraindicaciones médicas y que, a criterio del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, cumplan con los requisitos necesarios.

Este servicio asesorará y recomendará, en cada momento, el tipo de tratamiento más adecuado a cada paciente, teniendo en cuenta las características clínicas y sociosanitarias específicas y respetando la libre elección del paciente.

Las técnicas de diálisis domiciliarias han demostrado unos resultados excelentes en cuanto a calidad de vida y supervivencia de los pacientes, al tiempo que aportan una relación favorable de coste-efectividad frente a la hemodiálisis en los centros hospitalarios. Asimismo, se alinea con el objetivo de los sistemas sanitarios de acercar el tratamiento al entorno de los pacientes, si es posible en su domicilio, para evitar desplazamientos.

Diálisis y hemodiálisis

La diálisis se utiliza como terapia renal sustitutiva en personas con fallo renal, para extraer las toxinas y el exceso de agua de la sangre.

La enfermedad renal crónica no suele ser reversible, por lo que la diálisis se considera como una medida de espera hasta que se pueda realizar un trasplante renal o, en ocasiones, como la única medida de apoyo en los casos en los que el trasplante no está indicado.

La hemodiálisis es la técnica destinada a la depuración extracorpórea de la sangre, que suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos y regular el equilibrio ácido-base y electrolítico.

Canarias autoriza siete nuevas titulaciones universitarias

Dos grados y cinco másteres en educación, tecnología, creación audiovisual y cooperación internacional

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, la implantación de siete nuevas titulaciones oficiales. Se trata de dos grados y cinco másteres universitarios de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (TECH).

Los grados autorizados son Pedagogía y Diseño Multimedia y Artes Digitales. En posgrado, las nuevas enseñanzas comprenden los másteres universitarios en Inteligencia Artificial, Inteligencia de Negocio, Dirección de Centros Educativos, Creación de Guiones Audiovisuales y Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Los siete títulos cuentan con la evaluación favorable de sus planes de estudios por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) y con la verificación positiva del Consejo de Universidades. Asimismo, disponen de informes favorables sobre su necesidad y viabilidad académica y social.

La aprobación de los decretos permite a la universidad incorporar estas enseñanzas a su oferta de titulaciones oficiales, tras superar las evaluaciones exigidas. Su implantación no supone coste para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno regula los requisitos mínimos para el uso turístico de viviendas como actividad clasificada

Modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las islas verdes

Establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica y refuerza el régimen especial de El Hierro, La Gomera y La Palma

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley con los requisitos mínimos de uso turístico de vivienda como actividad clasificada, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ejerce esta competencia. El decreto ley modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes, clarificando el régimen aplicable y el impulso de medidas recogidas para estas islas.

Con su aprobación, el Gobierno de Canarias completa y clarifica aspectos esenciales del marco regulatorio de las viviendas vacacionales, estableciendo requisitos técnicos concretos, ampliando los plazos de adaptación y contemplando soluciones específicas para las realidades diferenciadas de las islas.

El objetivo es facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de regulación turística y aportar seguridad jurídica a los titulares de viviendas vacacionales y a las administraciones responsables de su ordenación y control. En este sentido, establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica.

Actividad clasificada

La nueva regulación fija el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares de viviendas vacacionales para acreditar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas.

Entre los requisitos figuran los planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del inmueble, documentación relativa a la primera ocupación, acreditación de la seguridad estructural cuando corresponda y medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación. También se establecen exigencias específicas para las viviendas que dispongan de piscina y para las condiciones de acceso.

Estos requisitos servirán igualmente para las nuevas viviendas que pretendan iniciar la actividad turística mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.

Una de las principales medidas es la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 del plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada. Esta medida afecta a quienes ya desarrollaban la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y tienen pendiente completar su regularización administrativa.

La ampliación responde a la necesidad de concretar los requisitos técnicos exigibles y garantizar que los propietarios dispongan de las condiciones necesarias para cumplir sus obligaciones, evitando que la falta de desarrollo normativo pueda impedir el ejercicio de los derechos reconocidos en el régimen transitorio.

El decreto ley establece que las viviendas vacacionales que no cumplan con la obligación de regularización dentro del plazo previsto podrán continuar desarrollando su actividad durante cinco años adicionales. Transcurrido ese periodo, deberán cesar en el uso turístico.

Por otra parte, la norma refuerza las funciones de comprobación e inspección de los ayuntamientos y cabildos insulares. Los ayuntamientos deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de comprobación y control en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas. Estos planes tendrán una duración máxima de cuatro años.

Islas Verdes

El Gobierno refuerza el tratamiento específico de El Hierro, La Gomera y La Palma, reconociendo la aplicación directa y preferente de la Ley 14/2019, de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas.

El decreto ley establece que las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no serán aplicables en las Islas Verdes hasta el 13 de diciembre de 2030, respetando durante este periodo el régimen especial vigente.

El decreto ley incorpora también una medida específica para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021. Estos inmuebles podrán reconstruirse y recuperar su actividad turística conservando su signatura y los derechos inherentes, sin que les resulte exigible el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva Ley.

Además, se reconoce la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de las viviendas originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable. Esta medida evita que la nueva regulación se convierta en un obstáculo añadido para la recuperación económica y social de las personas afectadas por la erupción.

El presente decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, teniendo efectos retroactivos a 13 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas.

El Gobierno aprueba un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma

Introduce cambios en materia de vivienda, urbanismo y agricultura

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma. La norma modifica cuatro disposiciones legales aprobadas tras la erupción volcánica de 2021 con el fin de atender determinadas situaciones surgidas durante su aplicación, especialmente en lo relativo al alojamiento de las personas damnificadas, la reconstrucción de edificaciones, la ordenación del territorio y el restablecimiento de las actividades económicas y agrarias afectadas.

Entre las novedades se encuentran la posibilidad de trasladar a las familias aún alojadas en viviendas prefabricadas a otras de carácter convencional, nuevas condiciones para la reubicación de edificaciones y explotaciones agrarias, compensaciones para determinados propietarios afectados por la futura ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras a otros productores.

Alojamiento temporal y reconstrucción de viviendas

En materia de vivienda, el decreto-ley contempla que las personas que actualmente residen en casas prefabricadas (casas contenedor o de madera) puedan ser trasladadas a viviendas convencionales promovidas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo o los ayuntamientos, siempre que mantengan los requisitos que determinaron su realojo, conservando esta ocupación su carácter temporal hasta que se produzca la adjudicación definitiva conforme a la legislación aplicable.

Asimismo, se modifica la regulación sobre segregación de parcelas en suelo rústico para contemplar expresamente aquellos supuestos en los que la vivienda ya se encuentre construida, permitiendo segregar la superficie edificada del resto de la parcela a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Propiedades afectadas por el futuro espacio natural protegido

Una de las novedades recogidas en el Decreto-ley es el establecimiento de una compensación económica complementaria para las personas cuyas propiedades queden definitivamente incluidas en la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y que, como consecuencia de esta protección, no puedan reconstruir en sus parcelas originales, de modo que la cuantía se determinará atendiendo al valor de compraventa de terrenos aptos para la reconstrucción dentro de la colada y al uso que tenían los inmuebles antes de la erupción.

Para estos propietarios también se contempla la posibilidad de reubicar las construcciones, instalaciones y actividades existentes antes del volcán en otros terrenos de la isla, tanto dentro como fuera de la colada, extendiéndose además hasta el 31 de diciembre de 2030 la vigencia del régimen especial previsto en el Decreto-ley 1/2022 para las personas comprendidas en estos supuestos.

Edificaciones industriales, comerciales y turísticas

En relación con las actividades económicas, la norma incorpora una regulación específica para los inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por la erupción, cuyos propietarios podrán reubicar las edificaciones en otras parcelas de La Palma sobre las que dispongan de derechos suficientes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

Explotaciones agrícolas y sector platanero

En materia agraria, la nueva norma modifica las condiciones de reubicación de las explotaciones afectadas por la lava, contemplando distintos supuestos que permiten trasladarlas a otras parcelas dentro de la colada y, cuando se cumplan los requisitos establecidos, a terrenos agrícolas situados en otras zonas de La Palma, incluyendo las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad.

Entre las modificaciones se encuentra también la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras afectadas por la erupción a otros productores, que podrán asumir los derechos y obligaciones de sus anteriores titulares, incluidas las cantidades de referencia correspondientes a las explotaciones y las ayudas del POSEI, en los términos previstos por la normativa aplicable.

En estos casos, los adquirentes deberán comprometerse a restablecer la actividad agraria en un plazo de dos años y mantener posteriormente las explotaciones en producción durante un mínimo de cinco años, estableciéndose igualmente las condiciones para su reubicación y la imposibilidad de acumular las cantidades de referencia de la finca afectada con las correspondientes a la nueva parcela.

Actualización de la zonificación

El Decreto-ley modifica igualmente el régimen de actualización de los anexos territoriales y agrarios, contemplando que las consejerías competentes puedan adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de la colada, de acuerdo con los informes del Cabildo Insular de La Palma, tanto en lo relativo a las zonas de reconstrucción como a las áreas destinadas a la actividad agraria.

Estas modificaciones afectan al Decreto-ley 15/2021, relativo a medidas sociales; al Decreto-ley 1/2022, sobre construcción y reconstrucción residencial; a la Ley 2/2024, de medidas territoriales y urbanísticas; y a la Ley 3/2024, de medidas agrarias, que conforman parte del marco normativo específico establecido tras la erupción volcánica de 2021.

El Gobierno aprueba un decreto con cambios normativos que buscan reforzar la eficiencia de la gestión pública

Se trata de un paquete de modificaciones puntuales en diferentes leyes que introduce mejoras propuestas por los distintos departamentos a raíz de la experiencia de su aplicación

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto ley que incluye un paquete de cambios normativos para reforzar la gestión pública en Canarias. Se trata de modificaciones puntuales de diferentes leyes propuestas por los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma a raíz de la experiencia de su aplicación.

El decreto contiene en primer lugar un cambio legislativo mediante el que se aprueba un régimen sancionador para reforzar el cumplimiento de las normas de protección civil. Para ello, se modifica la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. El objetivo es aportar la seguridad jurídica necesaria para aplicar sanciones y multas por el incumplimiento de las normas en materia de protección civil.

En concreto, el decreto modifica la citada Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante la incorporación de un nuevo capítulo bajo la denominación ‘Régimen de infracciones y sanciones del Sistema Canario de Emergencias’. Entre otras cuestiones, la norma define las infracciones, que consisten básicamente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por parte de la ciudadanía como del personal vinculado a su ejecución.

El régimen prevé multas que, en función de la gravedad de la infracción, oscilan entre los 100 euros para las más leves y los 600.000 euros para las muy graves.

El documento recoge sanciones para conductas como el incumplimiento de órdenes, prohibiciones o instrucciones durante la activación de los planes de protección civil, en cualquiera de sus fases; la negativa de las entidades privadas a cumplir sus deberes de colaboración cuando así lo requiera la Dirección del Plan de Protección Civil activado; o la realización de acciones u omisiones dolosas o imprudentes que pongan en grave peligro o causen daños a las personas o a los bienes, incluidos el personal y los medios que intervengan en la emergencia, entre otras.

Consumo y comercio

En segundo lugar, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, se modifica la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma. El objetivo es reforzar la respuesta administrativa a las reclamaciones de consumo y mejorar la eficacia en la tramitación de los expedientes.

Para ello, se introduce por primera vez la figura de la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos, lo que reforzará el papel de la administración en los procesos de reclamaciones de consumidores y usuarios, y garantizará la posibilidad de satisfacción material de las pretensiones de los consumidores que opten por emplear este sistema. Se reordenan asimismo las competencias sancionadoras entre los distintos órganos del centro directivo de Consumo, y se adaptan los plazos de prescripción de infracciones y sanciones a la realidad del proceso administrativo, a fin de garantizar la eficacia de los procedimientos.

También a propuesta de la Consejería de Economía, la norma aprobada en Consejo de Gobierno modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de regulación de la actividad comercial en Canarias y la licencia comercial.

Este cambio legislativo mantiene el número de diez domingos y festivos de apertura anuales en Canarias, pero se introduce una excepción: las respectivas comisiones insulares de comercio podrán proponer para su isla un aumento de hasta dos domingos y festivos al año, lo que abre la posibilidad de apertura de hasta doce domingos y festivos anuales en la isla que así lo proponga.

Además, se introduce la posibilidad de que centros comerciales y establecimientos comerciales con superficie de venta superior a 300 m², en lugar de abrir los domingos y festivos fijados por la Consejería competente en materia de comercio, puedan determinar libremente los diez o, en su caso, doce domingos y festivos que abrirán cada año, en cada municipio en el que tengan establecimientos abiertos al público, debiendo comunicar el calendario elegido cada año a la administración y al público en general.

El decreto recoge asimismo las siguientes modificaciones en el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de regulación de la actividad comercial en Canarias y la licencia comercial:

• Se simplifica y agiliza, por otra parte, la tramitación administrativa de la licencia comercial, adaptándola a los criterios de simplificación que rigen actualmente a nivel autonómico, estatal y europeo. También se establece la comunicación comercial previa para aquellos establecimientos que, de forma discontinua superen en cada isla el número de metros de superficie comercial que determina la exigencia de título habilitante para el ejercicio de la actividad.
• Se elimina el carácter preceptivo de determinados informes sectoriales, y se habilita la tramitación simultánea de la licencia comercial y de los títulos habilitantes de competencia municipal.
• Se actualiza el marco normativo al comercio on line, determinando los requisitos, garantías y seguridad de la venta a distancia a través de operadores online.
• Se le da contenido jurídico al concepto hasta ahora indeterminado de zona comercial abierta, y se determina el contenido y objeto de los Planes Directores Insulares de zonas comerciales abiertas, mercados tradicionales y hostelería, como instrumentos estratégicos y de planificación a nivel insular.
• Se extiende la política de fomento y promoción de las zonas comerciales a los servicios de bares, restaurantes y hostelería en general, que pasan a ser parte integrante de las mismas, a los efectos de poder desarrollar programas específicos para esta rama de actividad, impulsando el mix comercio – restauración – ocio y convertir a las zonas comerciales en focos de experiencias integrales positivas para sus visitantes.

También para mejorar la eficiencia en la gestión pública, se amplía de tres meses a un año el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores en materia de industria, con el objetivo de evitar la caducidad de expedientes complejos y mejorar la eficacia de la actuación administrativa. El nuevo plazo se aplicará únicamente a los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor del decreto-ley.

Mejoras para el sector pesquero

El Gobierno de Canarias también simplifica a través de este decreto los procedimientos para impulsar las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero. Para ello, se introducen modificaciones en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, favoreciendo nuevas oportunidades económicas para los profesionales del sector.

La nueva regulación adapta la normativa autonómica a los acuerdos alcanzados en 2020 en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, y proporciona mayor seguridad jurídica para el ejercicio de estas actividades complementarias a la pesca y la acuicultura.

Entre las principales novedades destaca la sustitución del anterior régimen de autorización por un procedimiento de comunicación previa al inicio de la actividad, que permitirá agilizar su puesta en marcha, manteniendo los requisitos legales y las condiciones de seguridad exigibles.

Para ello, las personas interesadas deberán presentar una comunicación ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, acompañada de una memoria descriptiva de las actividades previstas y de los recursos que se emplearán, así como de una declaración responsable relativa a las autorizaciones correspondientes a otras administraciones y la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

Asimismo, el decreto-ley establece que los ingresos obtenidos por las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones, concesiones o licencias de pesca o acuicultura mediante estas actividades complementarias no podrán superar, en cómputo anual, los procedentes de su actividad principal. Esta limitación garantiza que las iniciativas vinculadas al turismo mantengan su carácter complementario respecto de la actividad pesquera o acuícola.

La modificación contempla también la inscripción de oficio en un registro administrativo autonómico de las personas, embarcaciones e instalaciones que desarrollen estas actividades, con el fin de facilitar su identificación y seguimiento.

Por otra parte, se adapta el régimen de infracciones y sanciones al nuevo procedimiento de comunicación previa. En este sentido, se tipifican como infracciones graves el ejercicio de estas actividades sin haber presentado la correspondiente comunicación o la superación del límite de ingresos establecido, con sanciones que pueden incluir la inhabilitación por un periodo de hasta tres años. Asimismo, la presentación de información falsa se contempla como infracción muy grave, que puede conllevar la prohibición de ejercer estas actividades durante un periodo de hasta cinco años.

Con estas modificaciones, el Gobierno de Canarias actualiza el marco normativo para favorecer la diversificación de la actividad pesquera y acuícola, facilitando que los profesionales del sector puedan complementar sus ingresos mediante iniciativas vinculadas al turismo y a la divulgación de su actividad, al tiempo que se promueve el conocimiento de los oficios, las tradiciones y los productos pesqueros del Archipiélago.

Impulso al sector audiovisual

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una modificación del Decreto 18/2009, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. Su objetivo es para actualizar las condiciones de obtención de los certificados audiovisuales canarios. La reforma establece requisitos específicos para documentales y cortometrajes, para adecuar la normativa a las características de estas producciones y reforzar su vinculación con la actividad económica del archipiélago.

El Certificado Canario de Producción Audiovisual acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a las condiciones específicas de deducción fiscal previstas para estas inversiones en Canarias. La modificación precisa cómo deben acreditar los documentales y los cortometrajes el gasto realizado en las islas y, cuando corresponda, la contratación de profesionales con residencia fiscal en el archipiélago.

La actualización responde a la evolución del sector y a la mayor diversidad de las obras que solicitan estos certificados. En particular, adapta las exigencias a formatos que presentan diferencias de presupuesto y tiempos de producción respecto a los largometrajes, al tiempo que aporta mayor claridad a su tramitación.

En el caso de documentales y cortometrajes con presupuesto igual o inferior a 500.000 euros, se establece la obligación de acreditar un gasto en Canarias de al menos el 80% del coste total de la producción, excluidos los gastos de publicidad y comunicación. Como alternativa, podrán acreditar un mínimo del 30% para documentales y 20% para cortometrajes, acompañado de la contratación de profesionales con residencia fiscal en las islas.

Esta segunda opción exigirá dos profesionales en determinados puestos de responsabilidad artística o de producción, como dirección, guion, composición de música original, dirección de fotografía o producción ejecutiva. Además, deberán contratarse al menos tres profesionales técnicos pertenecientes a dos equipos de trabajo diferentes.

Cuando el presupuesto del documental o del cortometraje sea superior a 500.000 euros, se exigirán los mismos requisitos salvo por el mínimo de profesionales técnicos, que será de cinco profesionales técnicos pertenecientes al menos a tres equipos de trabajo distintos.

La nueva regulación de los documentales se aplicará a aquellos proyectos cuyo inicio de rodaje sea posterior al 31 de diciembre de 2026 puesto que la reforma contempla una disposición transitoria para respetar la planificación financiera realizada por las productoras durante este ejercicio conforme a las condiciones previas.

En el caso de los cortometrajes, la modificación establece condiciones adaptadas a su menor presupuesto y duración de rodaje. Los requisitos específicos de gasto y contratación sustituirán a las exigencias generales sobre días mínimos de filmación y gasto en postproducción, facilitando que estas obras puedan obtener el certificado.

La reforma también precisa qué se entiende por procesos de postproducción y se modifican los gastos que pueden computarse para cumplir los requisitos de certificación.

Asimismo, se aclara el artículo de las condiciones para obtener el Certificado Canario de Obra Audiovisual cuando la participación de productores canarios se limita a una aportación financiera y se concreta la documentación que debe declararse disponible al solicitar los certificados.

En cuanto a la tramitación, el plazo máximo para resolver las solicitudes de inscripción en el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias pasa de uno a dos meses. Para la obtención de los certificados, se amplía de dos a tres meses. La adaptación responde al incremento de solicitudes y a los tiempos de expedición del certificado de nacionalidad española de las obras por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, documento necesario para completar estos procedimientos.

Simplificación administrativa

En el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se eximirá, por parte de Hacienda, pero a petición de esta área, a los promotores públicos y privados del pago de la tasa del Boletín Oficial de Canarias (BOC) en la publicación de las declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica.

De esta manera, la Dirección General de Calidad Ambiental, como órgano ambiental competente en la emisión de estos documentos, libera a los promotores de costear los anuncios oficiales requeridos durante la instrucción ambiental de sus proyectos. El pago de la tasa quedará acotado únicamente a la fase final de la tramitación, cuando se proceda a la publicación de la autorización o licencia definitiva por parte del órgano sustantivo, acto que sí constituye el título habilitante que beneficia de forma directa al solicitante.

Asimismo, en lo que compete a la Dirección General de Energía, se modifica en el ámbito de las energías renovables el Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, a fin de adaptar los requisitos de repotenciación a la realidad del archipiélago.

Con esta reforma, la repotenciación ya no exigirá la sustitución obligatoria de los equipos por modelos nuevos, cuya elevada altura suele dificultar o impedir su implantación en las islas, pero sí estarán sujetos a requisitos técnicos y de seguridad muy específicos. Esta norma prevé que los requisitos técnicos específicos de los aerogeneradores se detallen mediante una orden posterior de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Apuesta por el patrimonio cultural

El Gobierno también ha aprobado mediante este decreto-ley una modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, con el objetivo de reforzar los instrumentos públicos de protección, conservación y salvaguarda de los bienes culturales.

La reforma responde a la experiencia acumulada durante los años de aplicación de la norma y permite corregir dificultades administrativas y jurídicas detectadas, mejorar la coordinación institucional y dotar a las administraciones de herramientas más eficaces para prevenir el deterioro o la pérdida del patrimonio.

Entre las principales novedades destaca la creación de los Bienes de Interés Patrimonial Insular (BIPI), una nueva figura de protección que sustituye a los catálogos insulares. Esta categoría permitirá a los cabildos proteger bienes que, sin reunir los requisitos para ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC), cuentan con valores históricos, arqueológicos, arquitectónicos o etnográficos relevantes para cada isla. Se establece así un nivel intermedio de protección que evita que numerosos elementos patrimoniales queden insuficientemente tutelados por no alcanzar la máxima categoría de protección.

La modificación fija una organización más clara de los niveles de protección, diferenciando los bienes de interés cultural, de ámbito autonómico; los bienes de interés patrimonial insular, competencia de los cabildos; y los bienes patrimoniales incluidos en los catálogos municipales. Esta reorganización refuerza el papel de las administraciones insulares y locales y permite delimitar mejor las responsabilidades de cada una.

Otro de los ejes de la reforma es la mejora de los procedimientos de declaración de los BIC, con una regulación más precisa de su tramitación, los efectos de la incoación, la documentación técnica, la delimitación de los bienes y sus entornos de protección. También se refuerza la coordinación con el planeamiento territorial y urbanístico, con el propósito de evitar contradicciones administrativas y ofrecer mayores garantías jurídicas tanto a las administraciones como a las personas propietarias y demás titulares de derechos.

La nueva regulación fortalece, además, las medidas cautelares para actuar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo de destrucción, deterioro o alteración de bienes culturales. Se establecen procedimientos específicos para proteger tanto los bienes que ya cuentan con algún instrumento de tutela como aquellos que, sin estar formalmente declarados o catalogados, presentan indicios suficientes de interés patrimonial. La reforma incorpora plazos y garantías para evaluar estos últimos casos y determinar si procede iniciar su protección.

En materia de vigilancia y control, se clarifican y refuerzan las funciones inspectoras del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, así como los mecanismos de intervención ante posibles infracciones. La modificación actualiza también al alza las sanciones económicas, adecuándolas a la gravedad de las conductas y reforzando su carácter disuasorio frente a actuaciones que puedan ocasionar daños irreversibles al patrimonio cultural.

La reforma contempla igualmente una protección más específica del patrimonio cultural inmaterial, reforzando la participación de las comunidades portadoras en los procedimientos de declaración y salvaguarda. Asimismo, establece nuevas exigencias de especialización técnica para los municipios de más de 100.000 habitantes y aquellos que cuentan con conjuntos históricos declarados, y abre la vía al desarrollo de instrumentos de planificación estratégica y coordinación de las políticas públicas patrimoniales.

La iniciativa ha contado con el contraste institucional de los cabildos insulares y la interlocución con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en un proceso orientado a mejorar la aplicación de la ley y fortalecer la cooperación entre las administraciones responsables de la tutela patrimonial.

Con esta modificación, el Gobierno de Canarias avanza hacia un sistema de protección más claro, preventivo y eficaz, que amplía los instrumentos de tutela, refuerza la capacidad de intervención de las administraciones y ofrece mayores garantías jurídicas. El objetivo es asegurar que el patrimonio cultural del archipiélago pueda conservarse, transmitirse y seguir formando parte de la identidad colectiva de las generaciones presentes y futuras.

Bienestar Social

A propuesta de la Consejería de Bienestar Social, se modifica el Decreto-ley 4/2025 por la que se concreta la necesidad de residencia efectiva y legal en cualquier municipio de Canarias para que la valoración de la discapacidad corresponda al Archipiélago.

Asimismo, se modifica la Ley 3/2017 de perros de asistencia, para reconocer a las personas con discapacidad con perro de asistencia que, una vez retirado este de su actividad y siempre que esté debidamente reconocido e identificado, seguirán teniendo derecho a acceder, circular y permanecer con él en los espacios y establecimientos contemplados en la Ley 3/2017.

También se establece que estas personas mantienen las mismas obligaciones que las personas usuarias de perros de asistencia, incluida la responsabilidad por los daños, perjuicios o molestias que pueda ocasionar el animal, con una excepción relativa a una de las obligaciones previstas en el artículo 15, y remite al desarrollo reglamentario la determinación de las condiciones específicas de acceso, circulación y permanencia.

Policía autonómica

Por último, a propuesta de la Consejería de Presidencia y en relación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, el decreto aprobado este lunes en Consejo de Gobierno deroga el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 2/2008, en cumplimiento del compromiso alcanzado con el Estado en la Comisión Bilateral de Cooperación, al considerar que su redacción contraviene el reparto constitucional de competencias.

El Gobierno de Canarias aprueba la primera regulación de campings y alojamientos turísticos al aire libre

El nuevo decreto establece cinco modalidades de alojamiento, fija la condiciones para desarrollar esta actividad y abre nuevas posibilidades para diversificar la oferta turística en las islas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el decreto que regulará los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre, una actividad que hasta ahora no contaba con una normativa autonómica específica y actualizada para ordenar sus distintas modalidades.

La nueva regulación establece un marco común para estos alojamientos y ofrece seguridad jurídica a quienes quieran desarrollar la actividad, garantizar unas condiciones adecuadas para los usuarios y ampliar las posibilidades de diversificación turística del archipiélago.

El decreto contempla cinco modalidades: campings; áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares; áreas de pernocta para estos vehículos; áreas de acampada en edificaciones rurales aisladas, y alojamientos turísticos singulares, como las yurtas o las cabañas en árboles.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explica que “la norma permitirá ordenar esta modalidad turística, diversificar la oferta de las islas y responder a una demanda creciente, con garantías de sostenibilidad, calidad de los servicios y seguridad jurídica”.

Cada modalidad tendrá sus propios requisitos de funcionamiento, instalaciones y servicios, adaptados a sus características. El decreto fija condiciones de higiene, abastecimiento de agua, gestión de residuos, seguridad y accesibilidad. Además, incorpora sistemas de clasificación para los campings y las áreas de acampada de autocaravanas.

La norma también diferencia entre estacionar una autocaravana y acampar. Las áreas de pernocta estarán destinadas al descanso y permitirán una estancia máxima de 72 horas. El estacionamiento seguirá sujeto a las normas de tráfico y a las restricciones que se apliquen en cada lugar.

La regulación también abre nuevas posibilidades para diversificar la oferta turística en el medio rural con alojamientos vinculados a determinadas edificaciones y actividades agrícolas, ganaderas o tradicionales. También contempla alojamientos turísticos singulares, siempre que su instalación esté permitida por el planeamiento urbanístico y cumpla los requisitos establecidos.

Para poner en marcha estos establecimientos, los promotores deberán presentar una declaración responsable ante el Cabildo Insular correspondiente y contar con las licencias y autorizaciones que exija la normativa urbanística, ambiental y de seguridad. La regulación no permite instalar estos alojamientos en cualquier terreno ni habilita automáticamente nuevos espacios para su uso turístico.

Los alojamientos que ya estén en funcionamiento tendrán cinco años para adaptar sus instalaciones y servicios a la nueva normativa. Además, los municipios que aún no cuenten con este tipo de oferta podrán habilitar zonas de forma temporal, siempre que cumplan los requisitos previstos en la norma.

La nueva regulación entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Durante ese periodo, la Consejería de Turismo y Empleo, a través de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, recorrerá las islas para explicar el contenido del decreto y resolver dudas, tanto a las administraciones públicas como al sector privado.

De León destaca que este plazo permitirá dar a conocer una norma pionera en Canarias, aportar seguridad jurídica a los usuarios y ofrecer un marco claro para que las administraciones y los emprendedores puedan poner en marcha nuevas iniciativas de alojamiento turístico al aire libre.

El Gobierno inicia el expediente para la construcción de otras 36 viviendas públicas en Telde, Gran Canaria

Pablo Rodríguez ha informado al Consejo de Gobierno, celebrado en Telde con motivo del 675 aniversario de la fundación de la ciudad, sobre el estado de las tres actuaciones de vivienda pública en Jinámar y la intervención para mejorar la eficiencia energética de 60 viviendas públicas

Además, el consejero ha informado del inicio de las obras de ampliación de capacidad de la GC-1

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno, cuya sesión se ha celebrado esta mañana en Telde con motivo del 675 aniversario de la fundación de la ciudad, del inicio del expediente de contratación administrativa para construir 36 viviendas protegidas de promoción pública y 36 plazas de garaje en la parcela 641 de Jinámar, en este mismo municipio grancanario.

En septiembre de 2026, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) aprobó técnicamente la actualización del proyecto de ejecución, que adapta los costes a las condiciones actuales del mercado y fija un presupuesto base de licitación de 7.103.452,50 euros. La promoción se enmarca en el programa de construcción de viviendas destinadas al alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Otras dos promociones de vivienda pública en Jinámar

Rodríguez también ha informado de la situación de otras dos promociones de vivienda protegida que se encuentran en ejecución en Jinámar y que suman 73 viviendas.

Una de ellas contempla la construcción de 36 viviendas protegidas en una parcela de la calle Manuel Alemán Álamo, donde se colocó la primera piedra en marzo de 2026. El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 7.412.162,80 euros e incluye plazas de garaje.

La segunda promoción comprende 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler, además de 37 plazas de garaje y 37 trasteros. La primera piedra se colocó en mayo de 2026 y la actuación cuenta con una inversión de 8.027.702,14 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

Ambas promociones cuentan con financiación de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mejora energética de 60 viviendas públicas en Jinámar

En materia de eficiencia energética, Rodríguez ha explicado que el ICAVI ha adjudicado las obras de mejora de 60 viviendas públicas del grupo Jinámar VI, en Telde, por un importe de 2.264.847,21 euros, IGIC incluido, según ha informado el consejero.

Los trabajos incluyen actuaciones en las fachadas, la envolvente térmica, las carpinterías y las cubiertas, además de otras medidas dirigidas a reducir la demanda energética de los edificios y mejorar las condiciones de confort de las viviendas. El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

Ampliación de capacidad de la GC-1

Asimismo, Rodríguez ha señalado que, tras la formalización del contrato para ejecutar las obras de ampliación de capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas, en Telde, la firma del acta de replanteo ha marcado el inicio oficial de los trabajos, con la identificación de los servicios afectados como una de las primeras actuaciones.

Asimismo, ha dado cuenta de que está previsto que en las próximas semanas comiencen los trabajos con maquinaria, mientras que los movimientos de tierra se iniciarán en un plazo aproximado de dos semanas.

La actuación cuenta con un presupuesto de 8.476.998,45 euros, IGIC incluido, y contempla la incorporación de un cuarto carril en ambos sentidos de circulación, así como la mejora de las conexiones con los accesos de La Mareta, La Estrella, La Pardilla y Bocabarranco. Las obras serán ejecutadas por la UTE formada por Satocan y Lopesan Asfaltos y Construcciones.

El tramo en el que se desarrollará la intervención soporta más de 160.000 vehículos diarios. El proyecto incluye medidas para mantener la circulación durante la ejecución de los trabajos y reducir las afecciones al tráfico, así como actuaciones relacionadas con la conexión de La Pardilla.