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El Gobierno canario invertirá 507.000 euros en la recuperación de la cabaña ganadera de La Palma

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la declaración de razones de coyuntura económica que permitirá asignar estos fondos al sector ganadero palmero mediante una subvención al Cabildo

En los últimos años, el número de cabezas de ganado ha disminuido en la isla a consecuencia del incendio de 2023, la erupción de 2021 y el alza de precios por el conflicto entre Rusia y Ucrania

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 18 de noviembre, la declaración de razones de coyuntura económica que permitirá destinar 507.00 euros al fomento de la ganadería en La Palma con el objetivo de contribuir a la recuperación de la cabaña ganadera de la isla, que ha disminuido en los últimos años a consecuencia del alza de precios por la situación geopolítica internacional, así como la erupción del volcán Cumbre Vieja de 2021 y el incendio que afectó al noroeste de la isla en julio de 2023.

Esta ayuda se canalizará a través de una subvención directa al Cabildo de La Palma a partir de la modificación de crédito iniciada por la Viceconsejería del Sector Primario de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Los criterios de reparto de estos fondos serán establecidos por la corporación insular.

Desde la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por el COVID en marzo de 2019 y el posterior inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el sector primario afronta una difícil situación de alza de precios que afecta especialmente a las empresas ganaderas.

Además, la erupción volcánica de septiembre de 2021, que afectó a más de 1.200 hectáreas, golpeó de nuevo al sector en La Palma provocando daños en infraestructuras agrarias, pastos y cultivos que se agravaron en julio de 2023 a raíz del incendio que afectó a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane.

A raíz de todos estos sucesos, el subsector ganadero de La Palma ha sufrido una acusada disminución del número de cabezas, por lo que se requieren medidas extraordinarias de apoyo para recuperar la cabaña ganadera y asegurar el futuro de estas explotaciones que constituyen un instrumento importante del desarrollo económico de la isla.

El Gobierno de Canarias destina 218.000 euros a las bodegas de La Palma afectadas por el incendio de julio de 2023

Los daños en el cultivo de la viña en Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane compromete la rentabilidad de estas empresas por la pérdida de uva para vinificación

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 18 de noviembre, la declaración de razones de coyuntura económica que permitirá destinar 218.000 euros a las bodegas de La Palma afectadas por el incendio de julio de 2023, que provocó daños en terrenos agrícolas de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, con especial incidencia en el cultivo de la vid. Esta ayuda se canalizará a través de una subvención directa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria al Cabildo de La Palma.

Estas cuantías complementan la aportación de 399.061,5 de euros de fondos propios de la corporación, hasta alcanzar los 617.061,5 euros que, según las estimaciones del Cabildo, precisa el sector para compensar la pérdida de rentabilidad ocasionada por la falta de uva para vinificación.

A mediados del mes de julio de 2023 se declaró un incendio que afectó a una parte crucial de la agricultura de los municipios situados en la comarca noroeste de la isla de La Palma, después de un episodio meteorológico de altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes rachas de viento que ya habían afectado especialmente al viñedo.

Todo ello motivó una disminución de la materia prima que entra en las bodegas para su transformación final y, por tanto, también de la producción de estas.

El Gobierno de Canarias promoverá con 300.000 euros el emprendimiento rural en La Gomera y La Palma

El Consejo de Gobierno autoriza una transferencia de crédito de 150.000 euros para estas actuaciones que se desarrollarán a través de los Grupos de Acción Local de estas dos islas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy lunes, 18 de noviembre, la transferencia de crédito de 300.000 euros para el desarrollo de dos proyectos insulares que impulsan el emprendimiento en zonas rurales de La Gomera y La Palma.

Estos fondos se destinarán a dos subvenciones directas de 150.000 euros cada una destinadas a la ejecución, a través de sus respectivos Grupos de Acción Local (GAL), de iniciativas que facilitan el proceso de materialización de la idea emprendedora, sobre todo entre las personas más jóvenes, y promueven el acompañamiento empresarial local.

Estos créditos permitirán trabajar en la difusión y promoción de estructuras de economía social como vehículos organizativos y financieros que hacen viable este tipo de acciones empresariales en el ámbito rural y en la mejora de la percepción social de las profesiones vinculadas con el sector primario y el descubrimiento de las diferentes oportunidades de empleo que ofrecen estas islas.

En el marco de estos proyectos se rastreará, acogerá y tutelará a las personas emprendedoras y se les ofrecerá asistencia técnica en la elaboración de sus respectivos planes de negocio. Para las ideas que estén en fase de maduración se facilitarán asesoramiento especializado. Además, se ofrecerá formación a los perfiles más adecuados para su incentivar su incorporación al ámbito agrario y pesquero.

El Gobierno inicia el trámite para actualizar la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas concluye el proceso participativo que durante el último año ha recogido las propuestas de unos 700 técnicos y expertos

Algunas de las iniciativas consensuadas para responder al reto demográfico entrarán en vigor de forma urgente, para simplificar trámites de planeamiento y licencias en los ayuntamientos

Se amplía la caducidad de las evaluaciones ambientales, se simplifica la delimitación de asentamientos rurales y se facilita pavimentación de vías públicas abiertas en suelos urbanos, urbanizables y asentamientos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado esta mañana vía libre al inicio del procedimiento administrativo de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a propuesta del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda. El principal objetivo de esta actualización es profundizar en los principios de simplificación y racionalización que inspiraron la norma, e incorporar su adaptación a los desafíos del reto demográfico, la agenda urbana y el cambio climático, recogidos en normativas posteriores a su entrada en vigor.

El consejero Manuel Miranda explicó que su departamento ha realizado en los últimos doce meses un “minucioso” proceso de escucha y participación con todas las instituciones, colectivos y profesionales vinculados con la gestión del urbanismo, el planeamiento, la sostenibilidad y la protección del territorio, en el que han participado unos 700 técnicos y expertos de todas las islas.

Las conclusiones y propuestas de quienes “mejor conocen la norma” son la base del documento de actualización de la Ley del Suelo en fase de redacción, cuyo borrador de anteproyecto de ley será abordado con los grupos políticos antes de su aprobación en consejo de gobierno y posterior remisión al Parlamento de Canarias, “con el ánimo de alcanzar el mayor consenso posible sobre una norma que condicionará definitivamente el desarrollo económico y social del archipiélago durante las próximas décadas, y que debe responder a las legítimas aspiraciones de toda la sociedad canaria”, según explicó Manuel Miranda en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.

El consejero confirmó que el anteproyecto de ley será aprobado antes de finalizar el año, tal y como estaba previsto, y recordó que la actual Ley del Suelo ha permitido la aprobación, desde su entrada en vigor en 2017, de casi 250 modificaciones menores de los instrumentos de ordenación municipales y 28 de carácter insular. Miranda insistió en el valor de esa “positiva experiencia” como punto de partida para su actualización.

Primeras modificaciones

El grado de consenso técnico alcanzado en este proceso de análisis y participación, que ha durado un año y en el que han participado todos los ayuntamientos y cabildos, la FECAM y la FECAI, permitirá adelantar la entrada en vigor de algunas medidas previstas en la actualización de la Ley del Suelo, consideradas urgentes para atender a las demandas de los pequeños municipios incluidos en la estrategia de reto demográfico.

El primero de los cambios legislativos permitirá ampliar la caducidad de las evaluaciones ambientales vigentes de los planeamientos municipales en tramitación, lo que supondrá un considerable ahorro de tiempo y medios para la ordenación de 15 municipios canarios.

El segundo cambio permitirá simplificar la delimitación de asentamientos rurales, con el objetivo de revertir la situación de declive y estancamiento demográfico en los municipios de menos de 10.000 habitantes, así como en aquellos cuya población se encuentre repartida en varios núcleos que ninguno de ellos supere los 5.000 habitantes.

El tercer cambio facilitará la pavimentación y acondicionamiento de las vías públicas abiertas en suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales y agrícolas, es respuesta a ora demanda reiterada por los ayuntamientos canarios. Con el objetivo de que las tres medidas puedan entrar en vigor de forma urgente, su redacción se ha incluido en la disposición final quinta del Proyecto de Ley de Presupuestos, actualmente en tramitación parlamentaria.

En este mismo sentido, el gobierno trabaja también en la redacción de un decreto ley para adelantar la puesta en marcha de otras medidas que reducirán los plazos en la tramitación de licencias municipales de construcción, al objeto de facilitar la edificación de viviendas.

Novedades en la ley

El borrador del anteproyecto para la actualización de la Ley del Suelo será presentado en las próximas semanas, aunque el titular de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas adelantó algunas de las líneas consensuadas con los técnicos y expertos, como la necesidad de resolver dudas de interpretación en la redacción del articulado original referidas a la definición de suelo urbanizable, solar o suelo rústico de protección ambiental.

También se adoptarán medidas para agilizar la tramitación y reducir la carga de trabajo en las oficinas técnicas, ampliando, por ejemplo, el tipo de obras que pueden obtener su licencia a través de una declaración responsable y comunicación previa.

Otra de las propuestas planteadas por los técnicos y expertos consultados se refiere a la necesidad de reducir la participación en las plusvalías del 10% al 5% del aprovechamiento urbanístico para facilitar fomentar los proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda pública.

La apuesta por la ordenación estructural frente a la pormenorizada es otra de las líneas de trabajo recogidas en la actualización de la ley, respondiendo a la unánime reivindicación de impulsar las modificaciones puntuales de los planeamientos como fórmula para adaptar la ordenación urbanística a las necesidades de los municipios, con la consiguiente reducción de trámites y carga documental.

Otra de las novedades que podría incluir la actualización de la Ley del Suelo es la creación de los Planes de Renovación Espacial de Suelos Industriales (PRESI), con el objetivo de incentivar la reforma de los suelos de esta categoría como se hace con los planes de renovación y modernización turística. Esta es otra petición recurrente por parte de ayuntamientos y cabildos, ante el deterioro acumulado en los polígonos industriales de las islas.

La actualización de la ley también abordará la clarificación de criterios para justificar la declaración de proyectos de interés insular o autonómico, así como determinadas aclaraciones sobre las competencias de los órganos ambientales, respondiendo a las demandas reiteradas por los especialistas.

El Gobierno aprueba otra adaptación de las ayudas del REA para atender las necesidades del sector agrario canario

Tras la modificación de octubre, el Consejo de Gobierno autoriza un nuevo incremento del balance de las partidas del Régimen Específico de Abastecimiento destinadas a la alfalfa y a la papa de siembra

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 11 de noviembre, una modificación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) dirigida a adaptar estas ayudas a las necesidades y a la demanda prevista por el sector agrario del archipiélago.

En concreto, el Ejecutivo regional aprobó el aumento en 3.900.000 kilos del balance previsto para la partida correspondiente a la alfalfa, lo que supone una cantidad total de 65.900.000 kilos de este cultivo forrajero destinado a alimentación animal.

Asimismo, también se autorizó incrementar el balance de la papa de siembra en 700.000 kilos hasta alcanzar una cuantía global para esta partida de 1.400.000 kilos para las producciones procedentes de la UE, con el propósito de facilitar que los agricultores del archipiélago dispongan de papa de semilla para garantizar la cosecha de producción local.

Tras la consolidación anunciada en julio del incremento de hasta el 20% de ayuda en las líneas del REA destinadas a materias primas para la elaboración de piensos para el ganado, que empezará a aplicarse desde 2025, y del ajuste aprobado el pasado 7 de octubre en relación con el mencionado tubérculo y distintos forrajes, el Ejecutivo canario ha acordado este nuevo reajuste con el objetivo de dimensionar las partidas al incremento de demanda previsto en los apartados comentados.

Con esta modificación se garantiza además una optimización de la ficha financiera con el propósito de elevar los niveles de ejecución hasta el 100% del presupuesto disponible, establecido actualmente en 62 millones de euros, de los que 30,9 millones se destinan a productos para alimentación en el sector ganadero y papa de siembra.

El Gobierno aprueba una subvención de 1,8 millones para los servicios municipales de socorrismo en playas

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas acuerda con la FECAM la compensación a municipios de menos de 20.000 habitantes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria de 1.893.787,21 euros para compensar los gastos derivados de la aplicación del decreto de playas anulado por la Justicia en 2023, en los que incurrieron los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tienen obligación legal de disponer de servicios propios de Protección Civil.

La valoración económica de dichos gastos de vigilancia y socorrismo en playas fue acordada recientemente entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Consejería de Política Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, en la que se integra la Dirección General de Emergencias.

El acuerdo forma parte de una negociación abierta hace un año con la FECAM para afrontar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó la nulidad del decreto 16/2018, de 30 de julio, por no incluir ficha financiera y no tener rango de ley.

El acuerdo alcanzado con los municipios canarios incluye el compromiso de consensuar un nuevo texto que, respetando los principios de seguridad recogidos en el decreto anulado, permita disponer cuanto antes de una nueva norma legal para garantizar unas condiciones homogéneas de vigilancia y salvamento en las playas y zonas de baño de Canarias.

En el proceso de debate abierto para redactar un nuevo texto legal están participando también otros colectivos relacionados con la seguridad en el litoral, como asociaciones de socorristas, sindicatos o la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa.

El Gobierno de Canarias destina 200.000 euros a la limpieza de pozos negros en La Graciosa

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas cumple el compromiso adquirido con los vecinos de mantener las fosas sépticas de la isla hasta que se ejecute el proyecto de saneamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria de 200.000 euros para financiar una primera campaña de limpieza de pozos negros en La Graciosa. Este expediente, tramitado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, es el primero destinado a financiar el vaciado y mantenimiento de fosas sépticas y pozos filtrantes en la isla.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que se cumple así con el compromiso adquirido ante los vecinos de La Graciosa el pasado mes de agosto, en un encuentro en el que su departamento presentó la hoja de ruta para la construcción de un nuevo sistema de saneamiento y abastecimiento de agua, así como las medidas que se van a tomar mientras dure la redacción y ejecución de ambos proyectos.

El expediente aprobado hoy permitirá subvencionar con 200.000 euros al Ayuntamiento de Teguise, administración que asumirá la contratación y ejecución de los trabajos de limpieza, que actualmente soportan los propietarios de viviendas y empresas en la isla. En los presupuestos de 2025 se recoge otra partida dotada con 400.000 euros para seguir financiando estos trabajos de limpieza.

La hoja de ruta diseñada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas para la isla de La Graciosa incluye dos nuevos proyectos para finalizar las obras de saneamiento y depuración, paralizadas desde 2017, así como para sustituir la tubería de abastecimiento de agua procedente de Lanzarote. La complejidad de ambas obras exige la tramitación de una suspensión de planeamiento y la declaración de obra de interés general, en las que ya trabaja el gobierno.

El dispositivo de emergencias de Canarias centrará su labor de ayuda en el sector 4 Alfafar-Massanassa, en Valencia

Los 70 efectivos se dividirán en varios grupos que trabajarán en la zona determinada por la dirección de la emergencia realizando diferentes tareas

El dispositivo de emergencias de Canarias, coordinado por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, ha comenzado este mediodía con los primeros trabajos de achique de agua y limpieza en el sector 4 Alfafar-Massanassa, siguiendo las indicaciones de la dirección técnica de la emergencia. La expedición canaria aterrizó pasadas las tres de la mañana de hoy en el aeropuerto de Valencia, junto con parte del material trasladado. El resto llegará en los próximos días y se irá renovando a medida que avancen los trabajos.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informó esta mañana al consejo de gobierno de los detalles de este dispositivo coordinado desde su departamento, y puso en valor el esfuerzo operativo realizado durante el fin de semana para desplazar los efectivos hasta Valencia.

“Quiero darles las gracias a todos los bomberos, brigadistas, técnicos de protección civil y sanitarios que ya están sobre el terreno, desearles mucho ánimo en su misión, y decirles que nos sentimos orgullosos de ellos porque representan la solidaridad y la ejemplaridad del pueblo canario”, afirmó Manuel Miranda en rueda de prensa.

A primera hora de la mañana, el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Néstor Padrón, se reunió con los responsables del Puesto de Mando Avanzado (PMA) 3 encargado de asignar los trabajos a realizar en dicho municipio valenciano. Además, la reunión sirvió para visualizar la situación de los sectores en los que van a trabajar los efectivos desplazados.

Cada grupo contará con un área de trabajo previamente delimitada dentro de Paiporta, con una serie de misiones concretas centradas en el achique de bajos, garajes y viviendas, así como limpieza y desagüe de las zonas inundadas. Padrón subrayó que todas las tareas asignadas se realizarán «con máxima seguridad, ese es el objetivo». En este sentido, la salud mental jugará un papel fundamental con la puesta en marcha de un protocolo de atención para los miembros del equipo que así lo soliciten.

Una vez finalizada esta primera jornada de trabajo se revisará la labor desarrollada y si se han cumplido los objetivos previamente establecidos, con el objetivo de preparar las líneas generales para el siguiente día.

En total, el dispositivo que ha enviado el Gobierno de Canarias a petición de la Generalitat Valenciana y el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) del Ministerio del Interior, está compuesto por 70 efectivos especializados en tares de achique, desagüe y limpieza de zonas inundadas procedentes de los consorcios de bomberos de Tenerife (18), Gran Canaria (20) y Lanzarote (4), dos efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), once miembros de los Equipos de Intervención y Refuerzo de Incendios Forestales (EIRIF) y nueve operarios de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIFOR) del Cabildo de Tenerife

La expedición cuenta además con la cobertura sanitaria de un equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del Servicio Canario de la Salud (SCS), que desplazará un médico y dos enfermeros para prestar apoyo a los intervinientes y atender cualquier contingencia para la que fuese requerido por la dirección técnica de la emergencia en Valencia.

La coordinación técnica de todo el dispositivo canario sobre el terreno corre a cargo del subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Néstor Padrón.

 

El Gobierno aprueba la mayor OPE de la Policía Canaria con 250 plazas

Se amplía también el Catálogo de Puestos aprobado en la pasada legislatura para que el Cuerpo pueda crecer hasta los 726 integrantes

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la oferta pública de empleo del Cuerpo General de la Policía Canaria, con 250 plazas. Esta es la mayor OPE de la historia del Cuerpo desde su creación en 2010 y se ejecutará en los próximos tres años.

Del total, 173 plazas serán para el sistema general de acceso libre, para la Escala Básica, y 77 plazas serán para promoción interna, distribuidas de la siguiente manera: 10 plazas para Escala Superior (comisario o comisaria, subcomisario o subcomisaria), 24 para la Escala Ejecutiva (inspector o inspectora, subinspector o subinspectora), 33 para la Escala Básica (oficial u oficiala) y 10 para la Escala Facultativa, que serán cubiertas por profesionales de las ramas de Informática, Laboratorio, Derecho, Periodismo, Psicología e Inspección Médica.

La aprobación de esta OPE es el paso previo para que la Consejería de Presidencia pueda llevar a cabo las próximas convocatorias de plazas previstas para incrementar el número de integrantes del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Cabe recordar que, al inicio de la presente legislatura, la Policía Autonómica Canaria contaba con 192 efectivos y tras la conclusión del primer proceso selectivo de esta nueva etapa de expansión ya son 280 miembros. A esto hay que añadir 141 plazas más de un nuevo proceso selectivo ya en ejecución y la incorporación de 12 miembros más procedentes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una vez que se incorporen estas plazas en los primeros meses de 2025, el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 433 agentes.

La siguiente convocatoria prevista por la Consejería de Presidencia, y que ya forma parte de la OPE aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, será de 150 plazas, que se prevé que se incorporen a lo largo de 2026.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la ampliación, en 150 plazas más, del Catálogo de Puestos del Cuerpo General de la Policía Canaria que se aprobó en mayo de 2023 (Decreto 60/2023), que contemplaba un crecimiento máximo del Cuerpo hasta las 576 plazas, lo que limitaba las previsiones del actual Gobierno de Canarias.

Es por ello que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024 ya contemplaba esta ampliación del Catálogo que se ha aprobado hoy, con la que la Policía Canaria podrá crecer hasta los 726 integrantes.

La gestión de la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha permitido aprobar este año la resolución que crea las estructuras de unidades dentro del Cuerpo (publicada en el BOC del 29 de enero de 2024).

Asimismo, el convenio firmado con la FECAM el pasado mes de abril para prestar refuerzo en materia de seguridad, ha permitido que se hayan adherido ya al mismo una veintena de municipios de toda Canarias.

A lo largo del presente año se han desplegado, además, dos dispositivos de larga duración en Valle Gran Rey (La Gomera), ya finalizado, y en el Valle de Aridane (La Palma) aún vigente, con la coordinación de la Dirección General de Seguridad y de su responsable, David del Pino.

En la actualidad, la Policía Canaria está haciendo un enorme esfuerzo para el traslado de menores migrantes no acompañados a los centros de acogida. En tan solo mes y medio, se han producido 63 traslados para el acompañamiento de 323 menores.

 

 

 

Canarias destinará más de 16 millones de euros hasta 2027 a aumentar el personal en Dependencia

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto que permitirá la contratación de 103 nuevos efectivos en diversas áreas profesionales, 80 de ellos profesionales de Trabajo Social y de Valoración

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias el gasto plurianual destinado a financiar hasta 2027 el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución del programa de carácter temporal que permitirá la incorporación de un total de 103 nuevos efectivos en diversas especialidades a la Dirección General de Dependencia, por un importe que asciende a más de 16,1 millones de euros.

Según se expone en el informe presupuestario, con el fin de dar respuesta a la situación de la atención a la dependencia en Canarias, se autoriza el gasto plurianual que permitirá la contratación de personal cuyo trabajo se centrará en agilizar la gestión de expedientes que se encuentran pendientes de resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias.

Para ello, el Gobierno autoriza el gasto plurianual siguiente: 1.019.037, 36 euros en la anualidad de 2024; 4.895.188,84 euros en 2025; 5.042.044,53 euros en 2026 y 5.193.306,13 euros en 2027, con un gasto total que asciende a 16.149.576,86 euros.

Esta medida permitirá la contratación de un total de 103 nuevos empleados y empleadas que realizarán su labor en la Dirección General de Dependencia en diferentes categorías laborales y profesionales. En concreto, se incorporarán 40 profesionales de Trabajo Social, 40 personal de Valoración, 1 economista, 4 juristas, 2 licenciados/as en Psicología, 4 administrativos/as, 8 auxiliares de administración y 4 conductoras/es.

A través de la contratación de estos equipos de profesionales se busca, entre otros objetivos, reducir el tiempo de tramitación para la valoración y posterior dictamen del grado de dependencia; incrementar el número de informes de valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia; aumentar el número de visitas a los domicilios o lugares de residencia, hospitales y residencias para la aplicación del baremo de valoración en la realización de los informes para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como agilizar la coordinación con los recursos sociosanitarios, la gestión de elaboración de informes sociales y la redacción de propuesta del Programa individual de Atención.