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El Gobierno solicita el posicionamiento de los medios aéreos del Estado en Canarias por el riesgo de incendios

El viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, participó en la Comisión Nacional Permanente y en el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, celebrados este martes y miércoles en Madrid

 

El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha solicitado al Gobierno central el posicionamiento de los medios aéreos de lucha contra incendios en Canarias durante todo el año, tras la Declaración Especial de Prealerta del INFOCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias), activada de forma extraordinaria desde el pasado 18 de marzo al adelantarse la época de riesgo.

Así lo anunció el responsable del área de emergencias de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, tras participar en la VIII Comisión Nacional Permanente y en el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que se han celebrado este martes  y miércoles en la Escuela Nacional de Protección Civil, en Madrid.

“La situación meteorológica y de sequía a la que nos enfrentamos ha hecho que desde el pasado mes de marzo desde el Gobierno de Canarias hayamos adoptado esta medida preventiva de adelantar la prealerta prevista en el INFOCA, siguiendo el consejo de los expertos, para coordinar las medidas preventivas con cabildos y ayuntamientos, y resulta imprescindible anticipar también el posicionamiento de los medios aéreos y recursos de brigadas forestales del Estado, para que puedan intervenir de una manera más rápida y efectiva en la extinción de posibles incendios forestales en las islas”, aseguró Marcos Lorenzo.

Marcos Lorenzo: «La situación meteorológica y de sequía a la que nos enfrentamos ha hecho que desde el pasado mes de marzo desde el Gobierno de Canarias hayamos adoptado esta medida preventiva de adelantar la prealerta prevista en el INFOCA, siguiendo el consejo de los expertos»

El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas participó en ambas jornadas, donde conoció de primera mano los avances en la estrategia nacional de protección civil y el desarrollo del instrumento técnico por el cual se pone a disposición de las comunidades autónomas los medios de emergencia de los que dispone la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Asimismo, Marcos Lorenzo visitó las instalaciones del Instituto de Ciencias Forestales (INIA-CSIC), donde conoció sobre el terreno las diferentes explicaciones científicas relacionadas con los incendios y aprovechó para coordinar trabajos y generar colaboraciones entre el centro de investigación y el Gobierno de Canarias en torno al fenómeno de los incendios forestales, que amenaza cada año a la masa forestal de las Islas Canarias.

La campaña para la retirada de contenedores ilegales en Fuerteventura arranca con ocho eliminados voluntariamente

En una primera fase se dio un mes de plazo para que los primeros 32 expedientes abiertos pudieran resolverse de manera voluntaria por parte de los infractores. Los trámites continuarán en forma de sanción para los que no han retirado estos elementos

En total hay 150 expedientes abiertos, de los que 63 corresponden al municipio de La Oliva, el más afectado.

 

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha informado de que han sido ocho los contenedores retirados, de manera voluntaria, en una primera fase de la campaña extraordinaria contra la proliferación de caravanas y contenedores en solares en Fuerteventura. Esta campaña, anunciada el 15 de enero, la desarrolla el departamento de establecimiento de la ACPMN, en coordinación con el Cabildo insular y los municipios de Antigua, Betancuria, Pájara, Puerto del Rosario, Tuineje y La Oliva. Precisamente a este último, el más afectado, corresponden los primeros 8 expedientes resueltos.

La campaña, en una primera etapa centrada en el citado municipio, ha consistido en la reactivación de los expedientes sobre los que únicamente constaba denuncia del Cabildo, y aquellos en los que, por diferentes razones, no había sido posible llevar a cabo las actuaciones correspondientes. En total, fueron detectados 32 y, antes de iniciar procedimiento sancionador, se efectuó a todos los propietarios requerimiento de restablecimiento voluntario con un mes de plazo.

Esta primera medida ha dado como resultado la eliminación voluntaria de contenedores en ocho emplazamientos del municipio de La Oliva. En caso de que el requerimiento no surta efecto en los demás casos, se iniciarán con carácter inmediato los expedientes de restablecimiento oportunos para terminar con esta proliferación ilegal que contenedores, cuyo impacto medioambiental y paisajístico es motivo de preocupación para las administraciones que están trabajando en el proyecto.

El número total de expedientes detectados es de 150, de los que 63 corresponden al municipio de La Oliva, el más afectado. Durante el mes de enero se celebró en Puerto del Rosario la primera reunión de coordinación con las administraciones implicadas (ACPMN, Cabildo y los ayuntamientos antes citados), durante la que el Gobierno de Canarias mostró su apoyo a los municipios afectados, no solo para tramitar los expedientes correspondientes a través de la Agencia de Protección del Medio Natural, sino prestando apoyo jurídico y administrativo a los municipios para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución, pues son los ayuntamientos los responsables de tramitar en primera instancia dichas órdenes.

Manuel Miranda presenta a los vecinos de Cofete el trámite para dar seguridad al asentamiento rural

El consejero de Política Territorial anuncia que su departamento trabaja en un proyecto de ley que permita delimitar el asentamiento rural preexistente en el Parque Natural de Jandía, en Fuerteventura

El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los propietarios hasta que se apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión de dicho espacio natural

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado esta mañana a los representantes de los propietarios del asentamiento rural de Cofete (Fuerteventura) la hoja de ruta para dotar de mayor seguridad jurídica a este asentamiento rural, enclavado en el Parque Natural de Jandía. La solución podría pasar, ha indicado Miranda, por la elaboración de un proyecto de Ley para la delimitación de dicho asentamiento rural preexistente. La situación de este asentamiento rural, que incluye algunas edificaciones, quedó en un limbo jurídico al no disponer este espacio natural de su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

Manuel Miranda ha explicado que la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial sí reconoció como preexistente el asentamiento rural ahora en entredicho, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave.

Para dotar de mayor seguridad al asentamiento, esta iniciativa legislativa “supone la delimitación el ámbito físico al que corresponde, usando como base una documentación existente desde el año 1994 y que fue utilizada para describir este espacio en el Parque Natural de Jandía”.

La aprobación de esta Ley, que tendrá carácter transitorio, hasta que se apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión, permitirá dar mayores argumentos jurídicos a este último documento y solucionar de manera definitiva la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de este enclave.

Para redactar esta Ley transitoria se usará cartografía y ortofotos, datadas en el año 1994, que describe el estado en el que se encontraba esta zona, y las edificaciones en ella diseminadas. El documento tendrá vigencia hasta que el PRUG del Parque Natural de Jandía determine la ordenación pormenorizada, incluyendo este asentamiento rural y siempre que no exista incompatibilidad ambiental alguna.

Manuel Miranda ha explicado que esta solución planteada es una muestra “del espíritu con el que este Gobierno afronta las diferentes problemáticas existentes, analizando la situación y no descartando ninguna posible solución, siempre de acuerdo con los propietarios afectados”.

Política Territorial estudia con los cabildos las medidas de prevención de incendios forestales

El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, Marcos Lorenzo, participó en una reunión técnica para coordinar las actuaciones derivadas del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en Canarias

 

El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha mantenido un encuentro técnico de coordinación con especialistas del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares para estudiar las condiciones de la activación preventiva del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en Canarias (INFOCA).

El elevado e inusual riesgo de incendios forestales que padece Canarias en esta época del año, debido a las elevadas temperaturas y al descenso de la humedad, ha llevado al gobierno autonómico a convocar a las instituciones para diseñar una estrategia que permita, desde la prevención y planificación, abordar un posible incendio forestal en menor tiempo para evitar mayores consecuencias.

En la reunión participaron las áreas de Protección Civil y de Gestión Forestal de los cabildos insulares, los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias.

El viceconsejero, Marcos Lorenzo, anunció que el Gobierno tendrá en cuenta las aportaciones de cada cabildo insular para tomar las medidas preventivas necesarias ante el fenómeno de los incendios forestales en Canarias.

El clúster de ingenieros trabajará junto al Gobierno en el desarrollo de proyectos y la búsqueda de financiación

Política Territorial, a través de Gesplan, abre una vía de colaboración para impulsar materias relacionadas con la ingeniería, desarrollo de territorios inteligentes o con los objetivos de desarrollo sostenible

 

El Gobierno de Canarias ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial Multisectorial Innovadora Smart Island Cluster (INCOLAB) para desarrollar de manera conjunta proyectos en materia ingeniería, desarrollo de territorios inteligentes, socio-economía y desarrollo local. El convenio, firmado por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, se desarrollará en el marco de trabajo de la empresa pública Gesplan, e incluye la posible gestión de financiación externa y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Uno de los objetivos del acuerdo, que tiene una vigencia inicial de tres años, es ampliar el radio de intervención de este departamento autonómico, estableciendo las bases del convenio la posibilidad de colaboración de ambas partes en proyectos en el ámbito internacional, tanto en la fase de licitación, como en la de su ejecución y desarrollo.

La actualización de la Ley del Suelo debe responder a los retos de la Agenda Urbana y la vivienda

La Consejería de Política Territorial y el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y el Hierro organizan una jornada sobre desafíos del planeamiento, protagonizada por urbanistas, técnicos de otras administraciones de todo el Estado y expertos universitarios

 

La viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, ha defendido hoy la modificación de la Ley del Suelo, “profundizando en sus principios de agilización y simplificación y para asumir los nuevos retos surgidos desde su aprobación, como el desarrollo de las políticas relacionadas con la Agenda Urbana, con la propia modificación del Estatuto de Autonomía o las tensiones en el mercado de la vivienda”.

Estas declaraciones las ha hecho en el marco de una jornada de debate sobre los retos del planeamiento, que se ha celebrado hoy en la sede del Colegio de Arquitectos de Canarias y en la que han participado arquitectos y urbanistas, técnicos de otras comunidades autónomas y ayuntamientos de todo el Estado, y expertos de varias universidades del país.

Durante todo el día se han debatido asuntos relacionados con los desafíos de la planificación urbanística en Canarias, la simplificación del contenido y agilización de la tramitación de los planes generales, mejora de la seguridad jurídica o los retos de las leyes del territorio.

Elena Zárate, que estaba acompañada por el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, ha explicado que los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo, en 2017, nos permiten poder realizar un análisis, fruto de la experiencia de estos años, para evaluar los resultados de su aplicación.

Han sido casi 240 los instrumentos de planeamiento aprobados desde entonces, pero la experiencia “nos demuestra que necesitamos rescatar sus principios, de simplificación y racionalización, mejorando todo lo mejorable, escuchando a los técnicos de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales”.

Zárate ha explicado que desde 2017 se han sucedido algunos nuevos objetivos “a los que debemos adaptar nuestro planeamiento, y los instrumentos normativos como la Ley del Suelo”.

La aprobación de la Agenda Urbana, los proyectos sobre movilidad sostenible, los objetivos relacionados con la cohesión territorial, las tensiones en el mercado de la vivienda o la propia Ley de Cambio Climático suponen nuevos retos, a juicio de la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, que “debemos incorporar a nuestras normas sobre planeamiento”.

Esta jornada celebrada hoy forma parte del proceso de participación iniciado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y referido a escuchar a los diferentes agentes intervinientes en la gestión del territorio de la islas, y que la semana que viene tendrá un nuevo episodio, con las jornadas técnicas con los cabildos insulares para analizar diversos aspectos del planeamiento relacionados con las competencias de estas instituciones.

Política Territorial invierte 600.000 euros en la telegestión del agua en Santa María de Guía

El viceconsejero y la directora general de Aguas, Marcos Lorenzo y Mónica Gómez, conocieron de primera mano el proyecto de digitalización financiado por el departamento de gestión hidráulica del Gobierno de Canarias

Aqualia ha llevado a cabo los trabajos de la primera fase, con la instalación de 5.224 contadores y 15 antenas ‘gateways’ que reciben información del recorrido del agua en tiempo real

 

El viceconsejero y la directora general de Aguas de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo y Mónica Gómez, presentaron junto al alcalde de Santa María de Guía, Pedro Manuel Rodríguez, y los responsables de Aqualia, Fran Blanco y Rafael Castillo -director de la empresa en Canarias y jefe de Unidad y Gestión en Gran Canaria respectivamente- la finalización de las obras hidráulicas ejecutadas recientemente con una inversión de la Dirección General de Aguas de 600.000 euros para el proyecto de digitalización y telegestión del agua en este municipio del noroeste de Gran Canaria.

La ejecución de esta primera fase del proyecto consistió en la instalación de 5.224 contadores -hay unos 7.500 en todo el municipio- y 15 antenas ‘gateways’ que permiten el envío y recepción de información en tiempo real del recorrido del agua en la red de abastecimiento, “por lo que esta iniciativa nos permite tener un control exhaustivo del rendimiento de la red y las posibles fugas de agua que pueda haber en el recorrido”, explicó Pedro Rodríguez, alcalde de Guía.

Estas actuaciones permiten, “a través de un software de control, analizar los patrones de consumo de los vecinos del municipio, alertar sobre las fugas, informar de las posibles averías en los contadores y, en definitiva, estar al tanto de cualquier anomalía que pueda afectar al servicio municipal y, por consiguiente, a los 13.800 vecinos de esta localidad”, explicó el responsable de Aqualia, Rafael Castillo.

El tipo de contadores que se han implantado en Santa María de Guía con este proyecto poseen un módulo que envían a través de señal de radio hasta 24 notificaciones diarias, mientras que los que ya han sido sustituidos tenían más de 25 años de uso y la capacidad de realizar solamente seis lecturas al año, “por lo que nos encontramos ante un proyecto de digitalización que sitúa a Santa María de Guía a la vanguardia de la gestión del agua en las islas”, destacó el viceconsejero del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo.

La directora general de Aguas, Mónica Gómez, recordó que su departamento posee “una línea de subvención para los ayuntamientos de Canarias de 5 millones de euros destinada a la detección de fugas y reparación de las redes de abastecimiento, y otra partida económica de 4 millones de euros para implementar la digitalización del ciclo integral del agua en los municipios de las islas”, finalizó.

 

MESA DEL AGUA DE CANARIAS

El próximo lunes, 11 de marzo, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, de la mano del consejero Manuel Miranda, ha convocado un encuentro en el Museo Élder de Las Palmas de Gran Canaria dirigido por el presidente regional, Fernando Clavijo, donde la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Soberanía Alimentaria, los cabildos insulares y sus respectivos consejos insulares de agua, además de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), buscarán soluciones a la difícil situación en la que se encuentra el archipiélago en materia hidráulica.

El objetivo del encuentro es el de coordinar acciones y establecer una hoja de ruta conjunta para hacer frente al fenómeno de la sequía, producida fundamentalmente por el cambio climático, y al desabastecimiento de agua tanto para la población como para el sector agrícola y ganadero.

Gobierno de Canarias y Cruz Roja firman un convenio para mejorar la logística en atención a las emergencias

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y la presidenta autonómica de la institución, María Teresa Pociello, visitaron las instalaciones del Centro Logístico de Emergencias de Canarias (CLEC) de Cruz Roja

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Pociello, firmaron esta mañana un nuevo convenio de colaboración que permitirá mejorar la integración de los efectivos y recursos de Cruz Roja en el sistema público de protección civil y atención a las emergencias.

Con este acuerdo, Cruz Roja se consolida formalmente como la institución de referencia en la organización de los recursos logísticos movilizables para atender a los afectados de una emergencia, como pueden ser las personas evacuadas por un incendio forestal, o desalojados por cualquier otro tipo de emergencia ordinaria o extraordinaria.

Como novedad, Cruz Roja asume también la logística y organización de albergues de animales, para atender a mascotas y animales de compañía desalojados, una tarea que ya ha venido poniendo en práctica con éxito en las últimas emergencias, como ocurrió en los incendios forestales del pasado verano.

“Queremos que Cruz Roja siga siendo nuestro referente logístico en materia de atención a las emergencias, porque nos da una enorme tranquilidad saber que sus profesionales y voluntarios están siempre ahí, dispuestos a ser movilizados en cualquier momento para montar en tiempo récord los servicios necesarios para atender a los afectados por cualquier emergencia”, aseguró Manuel Miranda.

Por su parte, la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Pociello, aseguró que este convenio supone “un adelanto tremendo, porque hemos estado muchos años, desde 2013, atendiendo las emergencias pero solo de palabra, y tener este encargo por escrito nos da seguridad y tranquilidad para la prevención, la asistencia y la atención de todas las emergencias”.

Según el nuevo convenio, Cruz Roja se integra en la estructura operativa de los Planes de Protección Civil del Gobierno de Canarias, con acceso a las salas operativas del CECOES 112 y plena integración en las infraestructuras de radiocomunicaciones (RESCAN).

La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones del Centro Logístico de Emergencias de Canarias (CLEC), que Cruz Roja tiene en Santa Cruz de Tenerife, donde el consejero de Política Territorial pudo conocer de la mano de su director, Domingo Martín García, el material y los recursos habitualmente disponibles para atender las emergencias.

Además de este acuerdo firmado hoy, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, destina este año una subvención de 200.000 euros a Cruz Roja para la adquisición de material logístico y para la contratación de personal responsable de su gestión y mantenimiento.

El Gobierno concluye las obras de sellado del vertedero de Las Carboneras, en Gran Canaria

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anuncia que la prioridad de su departamento es regenerar y naturalizar la totalidad de los 47 vertederos ilegales de las islas antes de que finalice la presente legislatura.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural destina este año 3,8 millones de euros a la regeneración de siete vertederos, y se propone abordar las obras de los 17 restantes antes de 2027

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, aseguró esta mañana que para el Ejecutivo autonómico “es una prioridad regenerar y naturalizar antes de que finalice la legislatura la totalidad de los 47 vertederos ilegales objeto de expediente por la Unión Europea desde año 2018”, y confirmó que su departamento hará “un esfuerzo inversor y de gestión extraordinario” para evitar cualquier nueva sanción en materia medioambiental.

Así se pronunció tras visitar junto al alcalde y al concejal de medioambiente de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y José Mario Bordón, el vertedero de Las Carboneras, en Gran Canaria, cuyo sellado y regeneración acaba de concluir la Consejería de Política Territorial a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), que ha invertido 480.000 euros en la ejecución de las obras.

El proyecto forma parte de un programa de intervención por valor de 3,8 millones de euros para el sellado y regeneración en el presente ejercicio de siete vertederos que ocupan espacio de manera ilegal en diferentes islas, y que fueron denunciados por la Comisión Europea por permanecer pendientes de clausura en un expediente iniciado en 2015 y dictaminado en 2018.

Manuel Miranda ha explicado que de los 47 vertederos que no estaban sellados y que fueron incluidos por la Comisión Europea en su expediente, ya se han concluido los trabajos en 24 de ellos, incluido el de Las Carboneras, con una superficie recuperada de 22.000 metros cuadrados, mientras que los proyectos de otros seis están en diferentes fases de ejecución o licitación. Respecto a los 17 que quedaría por acometer, el objetivo de la Agencia es continuar con su tramitación para dar respuesta al requerimiento de la Comisión Europea lo antes posible.

Estos proyectos actualmente en tramitación en la ACPMN son seis. El del vertedero de Degollada de las Yeguas, Gran Canaria, tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros y está en la fase de aprobación del proyecto, para la posterior licitación de las obras, que se extenderán por espacio de dos años. La misma duración, aproximadamente, tendrá la ejecución de los trabajos del sellado del vertedero ilegal de Riquel, en Icod de Los Vinos, Tenerife, que se encuentra en la misma fase que el anterior. En ambos casos, las obras darán comienzo en el presente año.

Además, se está trabajando en la aprobación del proyecto en Los Majanos, tercera fase (El Hierro), que tiene un presupuesto de 548.072 euros, y está ya en licitación los trabajos de sellado de la segunda fase en Punta Gaviota (Santa Lucía, Gran Canaria), que cuenta con un presupuesto de 204.044,63 euros.

El próximo en ver concluidos los trabajos de sellado, previsiblemente este mes, será la fase segunda del vertedero de Punta La Vaca, cuyas obras han tenido un presupuesto de  90.667,01 euros, mientras que el de Soo, en Lanzarote, está pendiente de redacción de los pliegos de cláusulas administrativas para licitar la ejecución del proyecto. Supondrá una inversión de 263.272,86 euros.

El alcalde del municipio, Francisco García, agradeció a la Consejería de Política Territorial la ejecución de los trabajos, “ya que no sólo es una obra de sellado, sino que en esta misma instalación tenemos la gatera y la perrera municipal, por lo que los animales disponen de un nuevo espacio par pasear. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía estamos valorando hacer un merendero en este espacio”, comentó.

Los trabajos en Las Carboneras se han realizado sobre una superficie de más de 22.000 metros cuadrados en un suelo rústico de protección paisajística. “Con un presupuesto de 480.000 euros, las obras dieron comienzo el pasado mes de octubre y consistieron en  mejorar la integración paisajística del espacio y en retirar el mayor volumen posible de residuos, todos ellos inertes, cribarlos y llevarlos a un vertedero autorizado para, posteriormente, naturalizar las zonas”, explicó Montserrat Ortega, directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Los trabajos se concentraron en la retirada de material suelto y de desecho existente; “se recubrió la superficie con un material parecido al del entorno y finalmente se plantaron alrededor de 2.000 ejemplares de especies autóctonas, cardones y tabaibas, que favorecen la naturalización e integración paisajística” finalizó la responsable de la ACPMN.

El Gobierno estudia medidas extraordinarias ante el elevado riesgo de incendios forestales en Canarias

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anuncia en el Parlamento la inminente activación preventiva del INFOCA, y la constitución de un comité técnico asesor para monitorizar la evolución de la situación

En lo que va de año se han producido diez conatos de incendio, y los índices de riesgo marcan peligro extremo por la sequía en capas profundas

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado hoy que su departamento estudia un plan de medidas extraordinarias para hacer frente al elevado riesgo de incendios forestales que sufre el archipiélago, y se mostró partidario de adelantar la campaña anual de prevención, ante los efectos que la sequía está ocasionando en los montes de las islas.

El anómalo invierno ha provocado que en lo que va de año se hayan producido ya diez conatos de incendios, y los índices de riesgo marcan peligro extremo por la pertinaz sequía en capas profundas del suelo. Estas circunstancias han llevado a los expertos consultados por el Gobierno a recomendar la activación preventiva en fase de prealerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), como respuesta a una “situación meteorológica extraordinaria, que requiere de medidas extraordinarias”, según explicó el consejero y responsable de Emergencias.

Manuel Miranda ha comparecido en Comisión Parlamentaria para explicar las medidas que está tomando el Gobierno para preparar al archipiélago ante la posibilidad de sufrir incendios forestales fuera de capacidad de extinción. El consejero ha añadido, además, que se está constituyendo un grupo de apoyo técnico conformado por especialistas de reconocido prestigio profesional, que “nos permita, no solo diseñar políticas que mejoren la respuesta a los incendios, sino hacer un seguimiento constante de la actual situación y tomar decisiones durante las propias labores de extinción, si fuera necesario”.

El titular del área de Emergencias ha puesto sobre la mesa la situación meteorológica que vive Canarias desde hace algunos años, con una persistente sequía que coincide con “la aparición de nuevos tipos de incendios y la transformación de la fórmula para evitarlos y, en el caso de que se produzcan, combatirlos”.

El consejero ha recordado que, según datos de la AEMET, enero de 2024 ha sido el mes de enero más cálido desde que se tienen registros en Canarias, desde 1961. En este periodo, la temperatura media ha aumentado en 3,1ºC; la temperatura máxima, en 3,6ºC; y la temperatura mínima ha subido 2,7ºC.

Manuel Miranda ha señalado además que en este mes de enero ha llovido solo un 13% respecto a la media de años anteriores, y que “desde 2022 se suceden las anomalías por calor y la falta de lluvias, con ocho olas de calor y episodios de elevadas temperaturas”. Los índices que muestran la gravedad de la sequía, de acuerdo con la humedad del suelo, “son negativos en todas las islas desde hace años” y “los análisis respecto a los próximos meses nos dicen que esta situación no va a mejorar”, con un 70% de probabilidades de que la temperatura media sea más alta y un 40% de posibilidades de que llueva menos de lo normal en estos meses.

Manuel Miranda ha recordado que “el calentamiento global agrava la evolución de los incendios hacia incendios más peligrosos, rápidos e incontrolables, fuera de la capacidad de extinción, con un comportamiento diferenciado”, lo que se suma a que “el verano actual abarca cinco semanas más que a comienzos de los años 80, se diluyen las estaciones de transición (primavera y otoño) y aumenta el periodo de máximo riesgo de incendio forestal durante más meses del año”.

“El pasado día 24 de enero”, ha recordado Miranda, “se declaró por primera vez en este mes una prealerta por incendios” y en lo que llevamos de año se ha intervenido en diez conatos de incendios.

Esta situación, a juicio de Manuel Miranda, obliga a estudiar medidas extraordinarias actualmente en estudio, para adelantar con los Cabildos la aprobación de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, o solicitar al Ministerio de Transición Ecológica el urgente posicionamiento en las Islas de los medios aéreos antiincendios que normalmente están operativos en época de riesgo alto que, en la situación que vivimos, “se extiende ya en todo el año”.