Se toma en consideración el informe de oportunidad, objetivos y principios generales de la iniciativa presentada por la Consejería de Presidencia

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a petición de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, iniciar la tramitación de la primera Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias. El objetivo es reorganizar el sistema canario de seguridad y establecer un salto cualitativo competencial para la Policía Autonómica.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en particular, su artículo 148, da al Gobierno de Canarias un nuevo marco competencial en el ámbito de la seguridad, que precisa de un desarrollo legal que garantice la eficacia del sistema al integrar todos los agentes implicados en un mismo modelo y marco legal, dando seguridad jurídica y generando un marco normativo estable.

El informe de oportunidad se justifica en la diversidad de normas que regulan el Sistema Canario de Seguridad y la complejidad de su aplicación por las modificaciones y adaptaciones legislativas, fundamentalmente Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias; la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, y por la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Además, quince años después de la creación de la Policía Autonómica -Cuerpo General de la Policía Canaria-, el Gobierno está apostando por el crecimiento del cuerpo y su despliegue territorial, con presencia permanente en todas las islas.

La nueva redacción estatutaria comprende la competencia para establecer políticas de seguridad públicas, medidas y acciones diseñadas por el Gobierno de Canarias para la protección de personas y bienes.

Se determina, por tanto, el modelo de seguridad pública para esta Comunidad Autónoma y la integración en dicho modelo de la policía autonómica y las propias policías locales, en una estrategia común y coordinada entre todas ellas, y alineadas con el modelo socioeconómico y geográfico de nuestro archipiélago.

Entre los objetivos de la nueva ley se encuentra determinar los órganos de las administraciones públicas canarias competentes en materia de seguridad pública y de sus órganos de coordinación; disponer el alcance y estructura de la planificación, en sus diferentes niveles, de la seguridad pública; concretar la integración de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la estructura de la seguridad del Estado y resolver la participación, derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de seguridad.

Además, se establecen, en sentido amplio, las funciones de la Policía Autonómica Canaria en materia de seguridad pública; se crea un modelo de seguimiento, inspección y control, en diferentes niveles, para el buen funcionamiento y excelencia de la Policía Canaria, compuesta por la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria, y regula un modelo de participación de la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria, en cuanto a competencias comunes y delegación de las competencias específicas de unos cuerpos en otros, determinado los criterios necesarios, su alcance y condiciones.

Por último, se busca establecer un marco común de acceso, promoción, formación, de capacitación y actualización profesional continuado de la Policía Canaria en su conjunto.

La nueva normativa persigue adaptar la legislación regional a la estatal y garantizar el bien superior del menor

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha elevado hoy al Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa para la toma en consideración del proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, así como la propuesta de iniciación del procedimiento de elaboración, tramitación y realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.

El objetivo de la nueva normativa es reconocer a los menores como sujetos de pleno derecho y otorgarles un estatus activo dentro del tejido social, lo cual es esencial para construir comunidades más justas e inclusivas.

“Con el impulso de esta nueva normativa, la Consejería de Bienestar Social cumple con el compromiso de dotar a la infancia y a la adolescencia de un marco legal adecuado para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Queremos, por supuesto, que sea una normativa ampliamente consensuada con los grupos políticos, las entidades y las diferentes administraciones, que tendrán su oportunidad de hacer llegar sus aportaciones a lo largo del proceso participativo”, añadió.

La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia introdujo cambios jurídicos-procesales y sustantivos con los que se buscaba mejorar los instrumentos de protección, a los efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado. De esta manera, la ley proporcionaba un marco a las comunidades autónomas para el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación administrativa, en el caso de los menores extranjeros. La ley orgánica contempla en su disposición final sexta que las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivo lo dispuesto y ordenado en la norma.

Por ello, y en cumplimiento de la legislación estatal, procede aprobar una ley por parte del Parlamento de Canarias con el fin de adaptar normativamente la norma autonómica a la vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Además, la entrada en vigor también de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) supuso un cambio en el paradigma de la concepción de la infancia y adolescencia como sujetos plenos de derecho, abordando, entre otros aspectos, la violencia dirigida a la infancia y la adolescencia, la emergencia de protección infantil debido a los movimientos migratorios, las carencias estructurales del sistema de protección y su necesaria reforma y los retos de la participación infantil.

Igualmente, la LOPIVI introdujo principios y directrices que deben ser reflejados en las normativas autonómicas, por lo que la nueva ley canaria permitirá asegurar que los derechos establecidos a nivel estatal sean implementados y respetados en el ámbito local.

Derechos de los menores

La nueva norma autonómica incluirá, por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en el que, en algunos casos, se han adaptado algunos de los ya existentes. También redefine como principios rectores de la actuación administrativa de las instituciones competentes la protección de las personas menores de edad, a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección de situaciones de riesgo y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley, ya que estos principios son esenciales para garantizar un enfoque integral y efectivo en la atención a la infancia, abarcando desde la prevención hasta la intervención en situaciones de desamparo.

Según se contempla en el informe presentado al Conejo de Gobierno por Bienestar Social, con la entrada de la nueva normativa se garantiza la protección del interés superior de la persona menor de edad, que ha de ser valorado y considerado primordial en todas las actuaciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como privado, así como se adoptan todas las medidas necesarias para facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a ser oídas y escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten, así como para la defensa y garantía de sus derechos.

La necesidad de esta ley atiende a los principios rectores de la actuación de los poderes públicos canarios que contempla la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 21, entre los que destaca la protección jurídica, económica y social de la familia y de las personas menores, garantizando los cuidados necesarios para su bienestar. Por ello, la elaboración de una ley canaria de infancia y adolescencia es una necesidad urgente para reajustar el ordenamiento jurídico autonómico al nuevo marco jurídico sólido y eficaz que garantice el ejercicio de cuantos derechos sean propios de la infancia y la adolescencia como parte de la ciudadanía de la comunidad autónoma.

Seis cabildos y 48 corporaciones locales cuentan ya con la empresa pública como medio propio para la planificación territorial y la gestión de proyectos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó esta mañana el reconocimiento de Gestur Canarias S.A. como medio propio de los ayuntamientos de Arona y Tuineje, ampliando así el ámbito de actuación de la entidad pública en el archipiélago. Con la incorporación de estas dos administraciones locales, ya son seis cabildos insulares y 48 municipios los que cuentan con los servicios de esta empresa pública, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Esta designación permitirá a ambas corporaciones disponer de un instrumento especializado para el desarrollo de proyectos en materia de planificación y gestión urbanística, así como para actuaciones estratégicas enmarcadas en el desarrollo territorial.

El expediente que se ha aprobado autoriza la modificación de los estatutos de Gestur Canarias S.A., lo que permitirá que los ayuntamientos de Arona y Tuineje puedan encargar proyectos a la empresa pública. Estos encargos deberán estar dentro de sus competencias municipales y, en particular, podrán incluir actuaciones urgentes o derivadas de situaciones de emergencia que se declaren.

Entre las funciones recogidas en el objeto social de Gestur Canarias S.A. se encuentra el impulso de actuaciones vinculadas a los instrumentos de ordenación y planificación territorial, así como el desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora. Además, la empresa pública puede gestionar la promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales.

Asimismo, Gestur Canarias está habilitada para asumir encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, así como la elaboración de pliegos, licitación, adjudicación y ejecución de obras. También puede gestionar la tramitación de subvenciones, ofreciendo apoyo técnico y administrativo a las administraciones públicas.

Los ayuntamientos de Arona y Tuineje podrán contar con asistencia y asesoramiento técnico en materia de planeamiento, gestión de suelo y ejecución de obras, así como en procesos de adquisición o venta de terrenos, valoraciones inmobiliarias y gestión de subvenciones. Además, podrán recibir apoyo en la gestión y explotación de fuentes de energía, especialmente energías renovables, entre otras áreas de actuación.

Actualmente, los cabildos insulares de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura también tienen reconocida a Gestur Canarias como medio propio, lo que les permite encargar proyectos y servicios a esta empresa pública.

En el ámbito municipal, 48 ayuntamientos han formalizado su colaboración con Gestur Canarias. Se trata de Adeje, Agulo, Alajeró, Arafo, Arico, Arrecife, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Pinar, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Fasnia, Fuencaliente, Garachico, Garafía, Guía de Isora, Hermigua, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Los Realejos, Los Silos, Puerto de la Cruz, Puntagorda, San Andrés y Sauces, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna, San Juan de La Rambla, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, San Sebastián de La Gomera, Santa Úrsula, Tacoronte, Tazacorte, Tegueste, Tijarafe, Valle Gran Rey, Vallehermoso y Valverde. A ellos se suma ahora el municipio de La Oliva.

Entra dentro de la categoría de “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y el mar” como bien inmaterial

Migdalia Machín llama a hacer un esfuerzo común entre instituciones, asociaciones ganaderas y ciudadanía para mantener vivo este patrimonio

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 3 de febrero la declaración de las apañadas de ganado de costa de Fuerteventura como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, con la categoría de “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y el mar”. Se trata de una tradición milenaria heredada de la sociedad maja con un fuerte arraigo en los municipios de Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario y Pájara.

Las apañadas de ganado de Fuerteventura constituyen una práctica ganadera tradicional de origen ancestral que se remonta, con toda probabilidad, a la época aborigen y consiste en la captura colectiva del ganado salvaje o guanil, mayoritariamente caprino, disperso en terrenos comunales con el objetivo de reunirlos en gambuesas para su identificación, marcaje y posterior distribución.

Esta actividad ha pervivido hasta la actualidad conservando sus elementos esenciales donde se combina el conocimiento de los usos tradicionales del territorio con una estructura social basada en la participación comunitaria. Esta práctica, que se ha venido desarrollando de forma secular en las diferentes islas, ha alcanzado en Fuerteventura una especial consideración como una de las tradiciones culturales más arraigadas y representativas del patrimonio cultural majorero.

Fruto de su importancia como parte del patrimonio canario, el Cabildo de Fuerteventura elaboró un detallado estudio en el que se describe y analiza el concepto de apañadas de ganado de costa, así como los elementos culturales asociados a esta práctica, evidenciando su relevancia histórica y etnográfica en la isla, motivo por el que el BIC ha sido catalogado de ámbito insular.

Para Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la declaración de esta figura es una forma de “conservar la memoria colectiva y las prácticas ancestrales de nuestros antepasados”. En este caso, es necesario hacer “un esfuerzo común entre instituciones, ganaderos y sociedad, en general, para mantener este patrimonio vivo”, insistió, “puesto que es una tradición que requiere de relevo generacional” que asuma las normas, conductas y creencias de esta práctica milenaria.

Contexto histórico

A lo largo de los siglos, la actividad ganadera en Fuerteventura ha sido una de las principales fuentes de sustento de sus habitantes, siendo la cabra el animal mejor adaptado a las exigentes condiciones climáticas de la isla. La imposibilidad de mantener un ganado estabulado debido a la escasez de alimentos produjo la suelta de cabras en las denominadas zonas de “costa” dando lugar a esta tradición que forma parte del acervo cultural de la sociedad majorera.

Desde esta perspectiva, la ganadería de la cabra de costa fue un medio esencial para el sustento de los antiguos pobladores de la isla, la sociedad maja, proveyéndolos de carne, leche, pieles y otros derivados que también fueron utilizados para el intercambio de otros productos. Testigo de ello son las inmensas paredes y gambuesas documentadas por toda la geografía insular que siguen siendo utilizadas a día de hoy.

Existen seis asociaciones de cabra de costa majorera que mantienen viva esta actividad: Asociación de Ganaderos de Antigua, Asociación de Ganaderos de Punta La Nao (Pájara), Asociación de Ganaderos del Mal Nombre (Pájara), Mancomún de Puerto del Rosario Puipana, Asociación Tradiciones y Costumbres Ganaderas del Mancomún de Betancuria Gamabe y Asociación de Ganaderos de Costa de Tuineje La Cabra Morisca.

Según los últimos datos, actualmente se encuentran en uso la Gambuesa Tablero Vega Vieja en Puerto del Rosario. En el municipio de Antigua, las gambuesas Valle de La Cueva en Antigua, Llanos de Caleta Blanco y la de Pozo Negro; en el municipio de Pájara Gambuesa Rincón del Verodal y Morrito de los Descansaderos; en Betancuria Llanos del Sombrero y Valle de Janey; en Tuineje en Barranco de Majadas Prietas y Las Rositas.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas asume la redacción y ejecución de ambos proyectos, que cuentan con una partida inicial de dos millones de euros en los presupuestos de este año

El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana la declaración de interés regional de las obras de abastecimiento y de saneamiento en la isla de La Graciosa, que permite desbloquear definitivamente la redacción y ejecución de ambos proyectos, paralizados desde el año 2017. Tras la aprobación de las normas sustantivas transitorias y la suspensión del planeamiento, acordada el pasado mes de diciembre, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas tiene vía libre y seguridad jurídica para asumir directamente las obras.

La declaración de interés regional del abastecimiento y saneamiento de La Graciosa está amparada en la Ley de Aguas de Canarias, y su aprobación permite impulsar definitivamente ambos proyectos reduciendo los trámites de cooperación interadministrativa con el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote.

La hoja de ruta consensuada por el Gobierno de Canarias con ambas instituciones y los vecinos de La Graciosa contempla la sustitución de la tubería submarina con la que se abastece de agua potable la isla, y la terminación del saneamiento y puesta en funcionamiento de la estación depuradora.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha asumido, además, la financiación de la limpieza y mantenimiento de pozos negros en la isla, que realizará periódicamente hasta que esté finalizado el saneamiento. En el ejercicio pasado se destinaron 200.000 euros a subvencionar este servicio, mientras los Presupuestos de la Comunidad Autónoma contemplan una partida de 400.000 euros en el presente ejercicio.

Como se recordará, el Consejo de Gobierno suspendió el pasado 9 de diciembre el planeamiento insular y municipal en el ámbito afectado en La Graciosa, y se aprobaron las normas sustantivas transitorias que darán viabilidad urbanística a la ejecución de ambos proyectos, que forman parte de la planificación hidrológica insular de tercer ciclo, elaborada por el Gobierno de Canarias y aprobada en julio de 2024.

La redacción del proyecto de abastecimiento ya se encuentra terminada, por lo que en unos meses podrían iniciarse los trabajos de sustitución de la vieja tubería submarina que abastece a la isla, en la que se han registrado unas 700 averías en los últimos cuatro años. En cuanto al saneamiento y depuración, en las próximas semanas dará comienzo su redacción con el objetivo de estar aprobado y licitada su ejecución antes de finalizar el 2025.

El Comité Antifraude y la Comisión Técnica Antifraude se encargarán del análisis y la evaluación de los actos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflictos de interés

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha acordado aprobar la estructura organizativa y el régimen de actuación contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de ejecución y gestión de los fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este objeto, se constituyen el Comité Antifraude y la Comisión Técnica Antifraude que quedan adscritos a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Respecto a las funciones, el Comité Antifraude será el responsable de analizar y evaluar los actos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de interés, para decidir su remisión a los órganos competentes y el seguimiento que ha de efectuarse de los mismos.

Por su parte, la Comisión Técnica Antifraude dará apoyo técnico a partir de la emisión de estudios, informes y propuestas en el área material de actuación del Comité, sirviéndole de soporte en el análisis y preparación, con carácter general, de los asuntos que se le sometan a su consideración.

La norma también impulsa ofrecer una formación especializada a las personas responsables y define el procedimiento de actuación en los casos en los que se aprecie un conflicto de interés, ante la falta de desarrollo autonómico de la normativa básica.

Si bien en este primer momento, el ámbito objetivo de aplicación se limita a la ejecución y gestión de los fondos del MRR, se prevé que más adelante se extienda a todos fondos del sector público, con independencia de su procedencia. En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, incluye a las sociedades mercantiles públicas vinculadas o adscritas a la Administración Pública de la comunidad autónoma que ejecuten los citados fondos.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias viene a reforzar el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos del MRR de febrero de 2022 y a dar cumplimiento al posterior informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la necesidad de fortalecer y clarificar la estructura organizativa para la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Esta medida supone la autorización de la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca, situada en Ingenio

Se trata de la primera de una serie de regularizaciones en las está trabajando la Dirección General de Ganadería

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy miércoles, 29 de enero, la legalización territorial de una explotación ganadera ubicada en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. Esto supone la autorización de la actividad y sus correspondientes edificaciones e instalaciones de carácter definitivo. Se establece como requisito de dicha regularización, las actuaciones pertinentes de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal, que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.

La explotación, que se encuentra en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 13 de agosto de 1997 y en funcionamiento, cumple con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo para su legalización territorial, y ha seguido el procedimiento regulado, según el informe emitido por la Dirección General de Ganadería.

Esta es la primera de una serie de regularizaciones en cuya tramitación está trabajando la Dirección General de Ganadería.

Las explotaciones que pueden ser legalizadas deberán haber sido construidas antes de 1999 y haber superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. Estos implican a cabildos, ayuntamientos y otras administraciones públicas como la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Ejecutivo autonómico registrará ante la Cámara regional la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para su debate y posterior aprobación

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que el texto persigue mejorar la calidad de vida de los residentes y cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves, 26 de diciembre, el texto de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que remitirá en los próximos días al Parlamento de Canarias para someterlo al debate de las distintas fuerzas políticas.

Así lo ha explicado la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, donde ha expuesto que el documento es fruto de un intenso proceso de escucha y diálogo con todos los agentes implicados. “Desde que comenzó la tramitación de la norma, hace más de un año, hemos celebrado numerosas reuniones y encuentros con el sector, Cabildos insulares, Ayuntamientos, asociaciones, juristas y expertos de distintos ámbitos para conocer sus propuestas y buscar el máximo consenso posible”, señaló.

La consejera recalcó que el texto viene avalado por el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que ha validado los principios esenciales de la ley y su estructura central. “Esta determina que no podrán implantarse nuevas viviendas vacacionales hasta que el planeamiento urbanístico lo habilite expresamente, al menos durante los próximos cinco años. Es decir, hasta que los plenos de los 88 ayuntamientos de Canarias decidan democráticamente dónde y cuántas viviendas vacacionales puede haber, atendiendo a criterios de sostenibilidad”, apuntó De León, quien recordó que “hasta ahora el fenómeno ha crecido sin control y al margen de cualquier planificación”.

En su dictamen, el órgano consultivo también destaca que la ley prioriza los derechos de los residentes y su calidad de vida. En este sentido, valora que el texto impida destinar viviendas de nueva construcción a alquiler vacacional durante los diez años siguientes a su creación, garantizando de este modo su permanencia en el mercado residencial. También apoya que se limite la duración de las declaraciones responsables a cinco años -con posibilidad de renovación-, y realiza algunas observaciones menores que han sido incorporadas al texto que el Gobierno remitirá al Parlamento.

Se trata del primer proyecto de ley que el Ejecutivo autonómico registra en esta legislatura ante la Mesa del Parlamento de Canarias para someterlo a debate de las distintas fuerzas políticas, que podrán presentar sus propuestas para enriquecer el texto. “Se espera que inicie su andadura en la Cámara regional en cuanto se reanude el período de sesiones, a finales del mes de enero, donde los plazos serán más cortos al haberse declarado el trámite de urgencia”, apuntó la consejera.

Otras claves de la futura ley

Durante su intervención, Jéssica de León explicó que la futura ley busca proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles, por lo que impide, entre otras medidas, implantar edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Con ese mismo objetivo, prohíbe que las viviendas de protección oficial puedan comercializarse con un uso turístico, al entender que deben concebirse siempre como recurso alojativo para las familias más vulnerables.

En lo que respecta al inicio de la actividad, el nuevo marco legislativo mantiene la declaración responsable, pero frente a la situación actual, esta deberá ir acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, actividades clasificadas sectoriales y turísticas. Al respecto, De León aclaró que la ley no innova en materia de actividades clasificadas, que ya contempla el actual decreto 113/2015, ni asigna nuevas competencias a las corporaciones municipales o insulares.

Por otro lado, el proyecto de ley incorpora la posibilidad de que los pequeños propietarios que explotan actualmente sus viviendas de forma legal puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la norma, aunque no será transmisible. En el caso de los explotadores no propietarios, podrán continuar su actividad por un período inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o veinte años. “Aquí es importante remarcar que las viviendas vacacionales que son legales hoy y cumplen con lo establecido en el actual decreto 113/2015, seguirán siendo legales con la nueva ley, y podrán continuar su actividad”, remarcó la consejera.

El objetivo de la nueva norma, que sustituirá a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, es establecer un marco normativo que tenga en cuenta la fragilidad del territorio y priorice la calidad de vida de los residentes

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, resalta que “la regulación vigente lleva más de treinta años en vigor y se redactó para adaptarse a una Canarias muy distinta a la actual”

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, 26 de diciembre, ha acordado iniciar el procedimiento de elaboración de la futura ley de Turismo de Canarias, con el objetivo de establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que la iniciativa viene a sustituir a la vigente Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo, que vertebra la actividad turística en Canarias. “Se trata de una norma que se creó hace más de treinta años para atender a una realidad muy distinta a la actual, lo que nos obliga a impulsar una regulación adaptada al presente, que aborde los cambios de las últimas décadas y nos permita transitar hacia un modelo turístico sostenible y regenerativo”, explicó.

De León destacó que, con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos de manera rigurosa con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura para renovar el bloque normativo de la actividad turística, demostrando que somos un Gobierno reformista y valiente, que no mira hacia otro lado”.

Dicha agenda normativa, pactada con los agentes del sector, fijaba cuatro hitos legislativos ya alcanzados, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas -para atender fenómenos como el alquiler vacacional-, un texto que el Gobierno autonómico ha aprobado este jueves y remitirá al Parlamento de Canarias para su debate. También la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, -en fase de participación ciudadana hasta el 11 de enero de 2025-; así como el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas -ahora en redacción, tras salir a consulta pública en julio-.

“El cuarto y último hito de la agenda legislativa es la reforma de la Ley 7/1995, que inicia ahora su curso”, concluyó De León.

Ley de Turismo de Canarias

La futura Ley de Turismo asentará la regulación general del sector, abarcando diferentes ámbitos como la planificación y la ordenación, las competencias de administraciones, la comercialización, las nuevas modalidades alojativas, la modernización de infraestructuras turísticas o la formación. Entre sus ejes principales, la norma establecerá los indicadores y mecanismos necesarios para ordenar la actividad de forma sostenible, con especial atención a la protección de los derechos constitucionales, el entorno urbano, el medioambiente, y la cultura e identidad canaria.

Fijará, asimismo, el marco normativo para modernizar y remodelar zonas turísticas degradadas, abarcando no solo las infraestructuras y los espacios públicos, sino también edificaciones privadas como los alojamientos turísticos o los centros comerciales. “Para ello se modificará la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización de Canarias. Esto revertirá en la calidad del destino, a través de los avances de la arquitectura sostenible y el refuerzo de la estrategia de descarbonización que ya ha iniciado el sector”, señaló De León.

Además, en los últimos treinta años han surgido nuevas modalidades alojativas y nuevos canales de comercialización que deben tener su reflejo en el marco normativo. La iniciativa recogerá estas actividades, y establecerá los procedimientos de registro y control adecuados, adaptándose a lo dispuesto en este sentido por la jurisprudencia estatal y europea.

La consejera explicó que “el texto definirá y aclarará también el ámbito competencial de cada una de las instituciones de la Comunidad Autónoma en materia turística”. La formación vinculada al sector, en la que se incluyen los hoteles escuela de Canarias, tendrá también un peso relevante en la normativa, con el objetivo de mejorar en términos de calidad y recualificación del destino.

De León destacó que la modificación de la Ley 7/1995 fue acordada con el sector en la reunión del Consejo Canario de Turismo, celebrada el 23 de octubre de 2024, como parte del proceso de escucha, diálogo y consenso en el que se ha basado el trámite de todas las iniciativas legislativas promovidas por la Consejería de Turismo y Empleo en este año y medio de gestión.

El siguiente paso en la tramitación, previo a la redacción de la ley, será la apertura del período de consulta pública, con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía y los agentes afectados por la norma. En esta fase, se plantearán cuestiones relacionadas con los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los fines y objetivos perseguidos con la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar el crédito para asumir las subidas salariales aplicadas este año

El Gobierno de Canarias ha aprobado en su sesión de este jueves, 26 de diciembre, una ampliación de crédito por valor de 14.835.681,65 euros que irán destinados a los cabildos insulares y permitirá cubrir gastos no contemplados en los convenios de cooperación suscritos para la atención de personas con dependencia (menores de seis años, mayores o con discapacidad).

El objetivo del Gobierno de Canarias con esta financiación extraordinaria tiene como fin último paliar el déficit de financiación a las entidades sociales que atienden la discapacidad y cubrir, entre otros asuntos, la subida de los costes salariales, y la actualización de los costes operativos debido al incremento del IPC.

Esta modificación de crédito contribuye al alcance de los objetivos marcados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en la atención a las personas dependientes y con discapacidad, y viene a resolver una demanda de las propias entidades y colectivos.

La financiación extraordinaria permitirá mejorar la atención de los colectivos con más necesidades y demuestra, una vez más, el enfoque social de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y el interés por la sostenibilidad financiera y, por lo tanto, la preservación del empleo en un ámbito crucial como es el Tercer Sector. Para las entidades, esta aportación les permitirá mantener la calidad y continuidad de los servicios esenciales.