Deberá ponerse en marcha siempre que la naturaleza del riesgo o su posible evolución afecte o pueda afectar de forma colectiva a los animales poniendo en peligro inminente su vida

La necesidad de este protocolo se puso de relieve en toda su intensidad con ocasión de la emergencia volcánica de septiembre de 2021 en La Palma y en los grandes incendios forestales de 2017 y 2019 en Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se modifica el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), aprobado mediante Decreto 98/2015, de 22 de mayo, con el objeto de incorporar un anexo con el protocolo que articula las medidas de actuación a aplicar con los animales ante emergencias de protección civil.

Tal y como establece el decreto, este protocolo será de aplicación cada vez que se active el Plateca o cualquier otro plan especial o específico de protección civil de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre que la naturaleza del riesgo o su posible evolución afecte o pueda afectar de forma colectiva a los animales poniendo en peligro inminente su vida.

La puesta en marcha de este protocolo está justificada porque, en situaciones de emergencia de protección civil, tanto los animales silvestres y de compañía como los animales de explotaciones ganaderas, incluidos los núcleos zoológicos, pueden resultar gravemente afectados, como se puso de manifiesto, en toda su intensidad, con ocasión de la emergencia volcánica de septiembre de 2021 en La Palma -donde se evacuaron varias especies de fauna exótica, 300 mascotas, más de 200 cabezas de ganado particular y sobre 1.000 de granja, 700 antes de la erupción- y de los grandes incendios forestales que afectaron en 2017 y 2019 a Gran Canaria.

El propósito de estas medidas es ayudar a limitar los efectos lesivos en los animales, así como evitar su sacrificio ante situaciones de esta naturaleza, procurándoles una mayor atención y articulando soluciones que permitan su evacuación, refugio y alimentación con el fin de evitar su abandono en las zonas afectadas, facilitando una mayor rapidez en su rescate y protección, además de homogeneizar los criterios de actuación y gestión y las metodologías de trabajo aplicables.

A la hora de justificar este protocolo, junto con la pérdida de la vida de los animales, hay otras consecuencias relevantes que tener en cuenta, como son los daños que se producen a la economía y a los ecosistemas, el problema de salud pública que generan los cadáveres de los animales, la significativa afectación psicológica de sus propietarios y, en relación con la propia gestión de la emergencia, la oposición o resistencia que pueden presentar las personas a ser evacuadas dejando a sus animales abandonados a su suerte.

El trámite de información pública ha conseguido 41.297 propuestas a distintos artículos y 4.147 alegaciones de administraciones, colectivos y asociaciones de las islas

El Consejo de Gobierno ha solicitado este jueves, 6 de octubre, el dictamen al Consejo Consultivo sobre la futura Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, tras la correspondiente toma en consideración por parte del Consejo.

De esta manera, el proyecto legislativo afronta sus últimos pasos antes de su fase definitiva. Una vez obtenga el dictamen favorable del Consejo Consultivo regresará al Consejo de Gobierno para su última aprobación y posterior remisión al Parlamento de Canarias, para su tramitación correspondiente como proyecto de ley.

Esta ley impulsa la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza a través de la regulación de la custodia del territorio, una herramienta para canalizar la labor colectiva de preservación.

Además, aclara las competencias y fija criterios homogéneos para facilitar la cogobernanza entre los distintos niveles de la administración. Se facilita a los ayuntamientos la creación de planes locales de biodiversidad y vida silvestre que incorporen los esfuerzos de la ciudadanía para el desarrollo de un nuevo modelo ecológico en nuestras ciudades a través de corredores de vida silvestre, siempre según las estrategias insulares de biodiversidad.

El proyecto legislativo ha logrado una gran participación ciudadana durante su exposición pública de consulta previa, con 41.297 propuestas registradas a distintos artículos y 4.147 alegaciones de administraciones públicas, particulares, entidades, asociaciones y colectivos de Canarias, lo cual vendrá a enriquecer y mejorar esta iniciativa legislativa.

En su articulado, se establece una regulación de la protección de la biodiversidad marina en el marco de las competencias autonómicas; se aborda el problema de las especies exóticas invasoras, regulando las vías de entrada y dispersión y las acciones necesarias para revertir la situación actual; se regula el acceso a recursos genéticos; se pone en marcha una regulación básica de montes que impulsa el Plan Forestal de Canarias, y y se sientan las bases para la regulación de la contaminación lumínica.

También se contempla la ampliación de la red de áreas protegidas de Canarias, la mejora de la regulación de infracciones en la naturaleza, con la incorporación del nuevo catálogo de infracciones finalizado en 2021, y se reconoce la agravante de infracciones en parques nacionales y reservas naturales.

El Consejo acuerda modificar puntualmente el Acuerdo de Gobierno de 9 de julio de 2018, incluyendo expresamente a la Inspección de Sanidad en los apartados correspondientes a los límites máximos de los complementos retributivos de los puestos de inspección del Grupo A1 de otras áreas sectoriales

Con este cambio, se corrige una desigualdad que se extiende a la inspección de Salud Pública, de centros, servicios y establecimientos sanitarios, inspección farmacéutica, inspección médica y salud laboral, entre otras funciones

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 6 de octubre, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, la modificación puntual del Acuerdo de Gobierno de 9 de julio de 2018 por el que se establecen directrices generales en materia de gestión de recursos humanos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para corregir las desigualdades en cuanto a los límites máximos de las retribuciones complementarias de los inspectores/as de Sanidad y las del resto de empleados públicos con funciones inspectoras en otras áreas competenciales de la Administración autonómica.

El acuerdo adoptado hoy es de aplicación tanto a la inspección de Salud Pública como a la inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios, la inspección farmacéutica, la inspección médica y de salud laboral, entre otras, por lo que, además de atender una justa reivindicación del colectivo de inspectores/as de Salud Pública, se extiende necesariamente al conjunto de funcionarios/as del Servicio Canario de la Salud en los que concurren idénticas circunstancias.

Para el desempeño de la Inspección de Sanidad existen escalas específicas de funcionarios, creadas y reconocidas legalmente dentro del Cuerpo Superior Facultativo (escala de Inspector Médico y escala de Inspector Farmacéutico), así como puestos de trabajo con funciones específicas y primordialmente inspectoras.

Este reconocimiento legal de su singularidad no encontraba reflejo en el Acuerdo de Gobierno de 9 de julio de 2018, ya que quedaban englobados en el apartado Resto de puestos del grupo A1, con un tope máximo inferior.

Esto se traducía en una desigualdad entre puestos de trabajo adscritos al mismo grupo retributivo con igual denominación y posiblemente funciones análogas dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin posibilidad de equiparación en la Relación de Puestos de Trabajo en tanto no se modificase el Acuerdo.

La Consejería de Turismo ha dado el visto bueno previo a un establecimiento de 292 camas en la urbanización Golf del Sur; este deberá cumplir con los estándares de calidad edificatoria y de suficiencia energética y garantizar el mínimo impacto medioambiental conforme a la ley

El Gobierno de Canarias aprobó hoy en Consejo la propuesta de autorización administrativa previa al proyecto de construcción de un hotel de cuatro estrellas, con 146 unidades de alojamiento y 292 camas, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.

Se trata de un trámite preceptivo a instancia de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y que, con carácter previo a la autorización por parte del Cabildo de Tenerife, debe valorar si el proyecto hotelero cumple con los estándares de calidad edificatoria y de suficiencia energética, así como garantizar el mínimo impacto medioambiental, conforme a los supuestos y condiciones establecidas en la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Según la documentación presentada, la parcela sobre la que se proyecta el establecimiento se sitúa en la avenida Jose M. Galván Bello y tiene una superficie de 17.635 metros cuadrados. Sobre ella se pretende desarrollar un hotel de 4 estrellas completado por zonas de uso general como recepción, área de restauración, gimnasio, piscinas colectivas, espacio  para juego exterior infantil e instalaciones y servicios necesarios para la actividad del hotel.

Conforme al proyecto, en el extremo este de la parcela se contempla alojar un spa accesible desde el exterior del complejo, equipado con hall de acceso, zona de piscina, cabinas de masaje, jacuzzi, sauna, baño turco y duchas de hidroterapia.

En cuanto a la eficiencia energética, según la documentación presentada, el edificio combina un elevado confort interior con un bajo consumo de energía mediante un excelente grado de aislamiento. Con en el fin de reducir el consumo energético, se ha procurado maximizar la iluminación y ventilación natural. Asimismo, el proyecto contará con un doble control frente a la radiación solar.

La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias prevé que solo serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como requisito necesario para las consiguientes licencias urbanísticas, cuando tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos hoteleros y extrahoteleros y cuando el planeamiento territorial no los prohíba expresamente. Deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido.

El Consejo autoriza, con destino a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, una transferencia de 100.000 euros, para el análisis de minerales poco frecuentes y de gran interés tecnológico que puede haber en las islas y su entorno

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 6 de octubre de 2022, a solicitud de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de la que depende la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), el destino de 100.000 euros (inicialmente previstos para el impulso de la I+D+i en general) al estudio concreto de los minerales de Canarias por parte de la Universidad de La Laguna, para averiguar las características y posibilidades de explotación de los posibles yacimientos de tierras raras que puedan existir en el Archipiélago.

La partida se destina a incrementar la dotación presupuestaria del proyecto de inversión Subvención ULL Proyectos I+D y transferencia, para financiar la actuación denominada Tierras raras en Canarias. Esa aportación será para refuerzo de personal en el grupo de investigación (investigadores predoctorales), para seguir avanzando en la exploración geológica básica de tales recursos minerales en Canarias, así como en el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas en el campo de la nanotecnología y la fotónica, todo ello en el marco del desarrollo de las tesis doctorales a dirigir en el marco del proyecto. Además, habrá un pequeño remanente de contingencia para material fungible, productos químicos, pequeño equipamiento científico-técnico óptico, campañas de campo y la realización de análisis geológicos especializados de mineralizaciones de tierras raras.

El Gobierno de Canarias ha aprobado en el Consejo celebrado hoy, jueves 6 de octubre, una ampliación de crédito destinado a garantizar la cobertura presupuestaria de diversos proyectos puestos en marcha con cargo al Plan Canario Joven. El aumento es de 150.000 euros.

A través de esa partida, se dará cobertura financiera a la realización de actividades destinadas a las personas jóvenes de 12 a 30 años en el segundo semestre de 2022 y con cargo al Plan Canario Joven. Las acciones se desarrollarán en diversos puntos del archipiélago y son, entre otras, las recogidas en proyectos como Proyectea Rooms, mesas de talentos en cultura, empresas y diversidad; Año Europeo de la Juventud 2022; promoción del carné joven europeo; taller de diversidad y asesoramiento legal, y psicológica colectivo LGTBI; campus universitario de arqueología juvenil y Congreso Jóvenes Investigadores.

La aplicación de los fondos se amplía hasta el 31 de octubre de 2022

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves una nueva prórroga del plazo de ejecución de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2020 al Cabildo Insular de Fuerteventura. Asimismo, se autoriza la suscripción de la pertinente adenda en tanto se modifica el convenio previamente aprobado por el Ejecutivo canario.

El plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad de 2020 se amplía al 31 de octubre de 2022, mientras que el periodo para justificar los fondo se mantiene en idéntica fecha.

Igual que el resto de los cabildos a los que se les ha concedido prórroga, la Corporación insular de Fuerteventura justifica la solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FDCAN derivadas de la crisis provocada por la pandemia, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución y justificación de los fondos utilizados.

El Consejo de Gobierno dio luz verde hoy al gasto plurianual, cofinanciado en el 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

La Consejería de Sanidad inició este mes el procedimiento de contratación de las obras, mediante procedimiento abierto de adjudicación

El Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy la realización de un gasto plurianual por importe de 48.141.973,68 euros para la ejecución de las obras de construcción de la nueva torre pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, a distribuir entre las anualidades de 2022 a 2025. La Consejería de Sanidad inició este mes el procedimiento de contratación, tras subsanar el proceso de licitación anterior, lo que permitirá adjudicar el proyecto e iniciar la construcción de la torre destinada a la atención pediátrica, así como a la de Ginecología y Obstetricia del área de salud.

Tras la firma, el día 26 de septiembre, de la orden de inicio del procedimiento por parte del consejero de Sanidad, el Consejo de Gobierno dio hoy la autorización al reajuste del gasto plurianual de dicho expediente, considerado prioritario para la ejecutivo regional.

Las obras de la nueva torre se corresponden a la fase II del proyecto de  ampliación y reforma del Complejo Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) y se cofinancian, en el 85%, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del objetivo político 4.5 del Programa Operativo Canarias 2021-2027. La licitación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un presupuesto base 43.176.658,01 euros, a los que se añaden otros 4.965.315,37 euros para gastos de liquidación e impuestos, y un plazo de  ejecución de 36 meses.

Nuevo edificio

El nuevo edificio albergará las unidades de neonatología, atención integral de oncología y hematología, hospitalización breve infanto-juvenil, mama, rehabilitación, así como las plantas de hospitalización de lactantes, pediatría y quirúrgica, entre otros servicios.

La construcción de esta nueva torre del Hospital Universitario Materno Infantil, que incluye dos plantas bajo rasante y siete de altura, exige diferentes fases, ya que hay que demoler edificaciones actuales, lo que supondrá reubicar los servicios que hasta ahora se prestan en esas instalaciones (lavandería, lencería, mantenimiento y almacenes) en otras dependencias del complejo hospitalario.

Un total de 4.504 familias que reciben la PCI y cumplen esa condición en Canarias se beneficiarán de esta medida a partir de octubre

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 29 de septiembre de 2022, en Consejo el decreto ley por el que se actualiza el importe del complemento por menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), por lo que se incrementa la cuantía de las nóminas que reciben las familias beneficiarias de esa ayuda con menores a cargo en 30 euros al mes, pasando de 50 euros actuales a los 80 euros mensuales.

Esta medida supone que un total de 4.504 familias beneficiarias de la PCI que tienen menores a cargo, según datos de septiembre, así como las familias que, durante este año y hasta la entrada en vigor de la ley que regulará la Renta Canaria de Ciudadanía pudieran darse de alta en el sistema, se verán beneficiadas por ese incremento mensual a partir del próximo mes de octubre.

De esta forma, el decreto ley contempla la actualización del complemento fijo mensual que se incrementa pasando de los 50 euros por menor a cargo a una nueva cuantía de 80 euros, con el fin de garantizar la protección a la infancia y la lucha contra la pobreza infantil en el contexto de la situación económica actual marcada por subida de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más vulnerables.

Según expuso la Consejería de Derechos Sociales, la evolución de la economía, que sigue marcada por la crisis social y económica ahora agravada con la guerra de Ucrania, así como el aumento de los precios de los productos básicos, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la protección social en aquellos hogares más vulnerables en los que hay menores.

Esta subida se suma al refuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por la Administración del Estado, que se ha recogido en subidas temporales, mientras dure la situación de inflación, del 15%, incrementos efectuados en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en las pensiones no contributivas, correspondiendo a nuestra Comunidad Autónoma, igualmente, realizar los refuerzos propios de las prestaciones autonómicas destinadas a las personas con pocos ingresos, en especial en aquellas familias con menores a cargo.

La cuantía de esta ayuda bienal se incrementa en 22% para la convocatoria 2022-2023

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, una partida de 21,3 millones de euros para poner en marcha una nueva convocatoria de la ayuda general al alquiler, de la que se beneficiarán miles de familias con pocos recursos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Obras Públicas explica que esa asignación de 21.372.649 euros es la mayor que el departamento ha destinado en el último decenio a pagar esas ayudas de carácter bienal, suponiendo un incremento del 22% respecto a la cantidad global que se pagaba hasta ahora, que era de 17.500.000 euros.

La Consejería elevó hoy al Consejo la autorización del gasto correspondiente a la tramitación anticipada de la convocatoria de subvenciones, cuya finalidad es facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía con escasos recursos económicos, ya sean familias o jóvenes que buscan su primera vivienda, mediante ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias del derecho de uso. Estas ayudas forman parte de uno de los ejes principales del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el que se pretende apoyar a las familias con menos recursos a pagar los alquileres de sus residencias habituales.

La ayuda, que se convocará en las próximas semanas, se concretará en subvencionar entre el 40 y el 50% del alquiler o de la cesión de uso de la vivienda habitual, o de una habitación, durante el periodo 2022-2023. El importe previsto de la actuación es de 21.372.649 euros, de los que 16,5 millones los aporta el Gobierno central a través del Plan estatal de Vivienda, y los otros 4,7 millones, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.