El vicepresidente del Gobierno considera que todos los incentivos del fuero deberían estar vinculados a la creación de empleo
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la necesidad de abrir una reflexión sobre el futuro del Régimen Económico y Fiscal (REF), a la vista de las consecuencias que han tenido en Canarias las dos últimas grandes crisis económicas y al objeto de garantizar la eficacia de todas sus herramientas también en caso de recesión.
Rodríguez explicó en una comparecencia parlamentaria que el actual diseño del REF está más pensado para entornos de crecimiento económico, en los que despliega toda su fortaleza, que para períodos de crisis, en los que pierde pujanza, aunque algunos instrumentos, como la ZEC, han tenido su mejor año en 2021.
El vicepresidente consideró que habría que reflexionar al respecto y estudiar la manera de que el REF pueda constituirse también en un potente escudo social y económico, que palíe las graves consecuencias que tienen las crisis económicas para Canarias, dada su alta dependencia exterior.
Una de las fórmulas que se podrían articular, precisó Rodríguez, sería la de vincular todos los incentivos del Régimen a la creación de empleo, “puesto que éste es, sin duda, nuestro mayor problema”.
El vicepresidente defendió, en cualquier caso, la plena vigencia de las medidas del REF, tanto en sus aspectos fiscales -revisados en 2014- como en los económicos -actualizados en 2018- y el cumplimiento de sus preceptos en los Presupuestos estatales de 2021 y 2022.
No obstante, Rodríguez indicó que existen algunos asuntos que habría que retocar, en coincidencia con lo solicitado también desde diversas organizaciones ciudadanas y con la propia opinión del Parlamento de Canarias. Entre ellos, citó la reclamación para ampliar el plazo de materialización de la RIC del año 2017 a este mismo ejercicio; el cambio de la Ley del IGIC, que permita el abono a las empresas afectadas por la quiebra del operador turístico Thomas Cook o la garantía del comercio triangular para las empresas radicadas en la ZEC.
El vicepresidente volvió a insistir, en relación con la RIC, que no se ha producido ningún incumplimiento del Estado, sino lo que se negocia es una solicitud para ampliar el plazo de materialización, “algo que seguiremos reclamando ante el Ministerio de Hacienda, porque creemos que hay argumentos sólidos para ello, dado el impacto de la crisis y de la erupción volcánica”
“Pongamos en valor las cosas que hemos conquistado y preparemos ahora el REF para que responda a las necesidades de los canarios también en períodos de crisis”, dijo Rodríguez, quien añadió que el Gobierno está trabajando con los sectores económicos y sociales de las Islas para articular propuestas de futuro.
Unas propuestas que habrán de alinearse también la denominada Agenda 2030, de manera que se incentiven los objetivos vinculados a la sostenibilidad.
Financiación autonómica
El vicepresidente reiteró, en otra comparecencia, las demandas del Gobierno de Canarias para la inclusión de la pobreza y el fortalecimiento de la insularidad dentro del criterio de población ajustada para el reparto de la financiación autonómica. Del mismo modo, se mostró contundente a la hora de defender la desvinculación de estos recursos de los del REF.
Rodríguez recordó que la población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma y que Canarias respondió el 31 de enero al informe del grupo de trabajo sobre este criterio remitido el pasado 3 de diciembre por el Gobierno central.
El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya enviadas con anterioridad al propio Ministerio -el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021- y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.
La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.
El Gobierno canario considera que el indicador más fiable en esta materia es el AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.
En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.