El Gobierno de Canarias formalizó hoy la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración de AvalCanarias en representación de la Comunidad Autónoma, lo que, unido al acuerdo adoptado la semana pasada para la reducción del capital social de la Administración autonómica, permitirá potenciar la labor que desarrolla esta sociedad de garantías recíprocas.
Con los cambios producidos y la reducción del capital por parte de los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, el peso del sector público quedará por debajo del 50%, lo que liberará a la propia sociedad de determinadas obligaciones legales para la concesión de avales a las empresas de las Islas, que es precisamente su principal cometido.
El hecho de que las administraciones públicas tengan más del 50% de las participaciones en la empresa implica que la Intervención de la Administración General del Estado (IAGE) clasifique a la sociedad como como unidad institucional pública dependiente de la Comunidad Autónoma integrada en la Contabilidad Nacional en el sector Administraciones Públicas.
Esta clasificación tiene efectos perversos, tanto para AvalCanarias como para la propia Comunidad Autónoma, sobre todo en el marco de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
Hasta tal punto que con el eventual restablecimiento de las reglas fiscales, se tuviera que solicitar autorización previa al Consejo de Ministros para la concesión de avales, lo que originaría de facto un bloqueo de la actividad de la sociedad.
Dado que no fue posible que la IAGE reclasificara a la sociedad dentro del sector Instituciones Financieras – subsector Auxiliares- tal y como se solicitó desde Canarias, ésta decidió formalizar la reducción del capital social suscrito y desembolsado por la Comunidad Autónoma por 1,4 millones de euros y de un importe similar distribuido entre los cabildos de Gran Canaria (740.000 euros), Tenerife (277.000 euros) y Fuerteventura (462.000 euros).
Como consecuencia de tales movimientos, el peso del sector público será del 49,29%. Los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura ya han aprobado también su minoración.
Además, dado que las entidades de crédito que participan en AvalCanarias (Caixabank y Cajasiete) también han duplicado el capital que tienen actualmente suscrito, el peso de los protectores públicos quedaría en el 47,57%.
Los estatutos de AvalCanarias fijan su capital mínimo en los 10 millones de euros, siendo el capital suscrito a 31 de diciembre del año pasado de 15.201.934 euros. Con la reducción solicitada a los distintos socios protectores de las administraciones públicas, la cifra del capital suscrito se situaría en 12.241.768,60 euros, respetándose los niveles mínimos de solvencia.
De esta cantidad, la Comunidad Autónoma participará ahora con 3,9 millones de euros.



