Las 200 solicitudes provisionales registradas entre 2024, 2025 y el primer semestre de 2026 consolidan el cambio de tendencia en la promoción de vivienda protegida en Canarias
Los dos decretos impulsados por el Ejecutivo, uno de ellos ya convertido en ley, han favorecido un marco más ágil y atractivo para el desarrollo de nuevas promociones residenciales
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha recibido desde el inicio de la legislatura 200 solicitudes para la calificación provisional que suman 4.047 viviendas protegidas en el archipiélago. Este dato consolida el cambio de tendencia experimentado en los últimos años y confirma la reactivación de la promoción de vivienda protegida tras más de una década de escasa actividad.
La calificación provisional constituye uno de los principales indicadores del impulso de la vivienda protegida, ya que es el trámite que permite a una promoción acogerse al régimen de protección pública antes de iniciar su construcción. Puede ser solicitada por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, cooperativas o comunidades de bienes.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que «estos datos demuestran que las medidas adoptadas por este Gobierno están dando resultados. Cuando se eliminan obstáculos, se agilizan los procedimientos y se generan condiciones que hacen viables los proyectos, el sector responde y comienzan a ponerse en marcha nuevas promociones de vivienda protegida».
La evolución de las solicitudes evidencia este cambio de tendencia. En 2021 únicamente se registraron 3 solicitudes para la calificación de 112 viviendas, mientras que en 2022 la cifra descendió a 2 solicitudes para 78 viviendas. En 2023 se produjo un primer repunte con 14 solicitudes correspondientes a 414 viviendas.
A partir de 2024, coincidiendo con la entrada en vigor de las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias, el crecimiento se aceleró significativamente hasta alcanzar las 200 solicitudes y las 4.047 viviendas protegidas registradas entre 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, consolidando la recuperación de la promoción de vivienda protegida en el archipiélago.
En 2024 fueron 75 solicitudes para 2.004 viviendas; en 2025, 95 para 1.589 inmuebles, y en lo que va de 2026, 30 solicitudes para 454 viviendas.
Rodríguez ha explicado que el incremento de las solicitudes responde al conjunto de reformas impulsadas durante la legislatura para favorecer la construcción de vivienda protegida. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado dos decretos de vivienda —uno de ellos convertido en ley— que han permitido simplificar la tramitación administrativa, facilitar el desarrollo de suelo, reforzar la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para la inversión en este tipo de promociones.
«Nuestro objetivo no era únicamente aprobar nuevas normas, sino conseguir que se construyeran más viviendas. Las solicitudes de calificación son la mejor prueba de que estamos generando un entorno más atractivo para promover vivienda protegida y que la colaboración entre el sector público y el privado está empezando a traducirse en nuevos proyectos», ha señalado.
El consejero también ha recordado que una de las medidas más relevantes ha sido la actualización del Módulo Básico Canario, adaptándolo a la realidad de los costes de construcción en cada isla. «Durante muchos años resultaba prácticamente inviable promover vivienda protegida porque los costes no se correspondían con la realidad del mercado. Corregir esa situación era imprescindible para recuperar la actividad y volver a generar oferta. Es algo que hemos dialogado con el sector, y lo seguiremos haciendo. Este año volveremos a actualizarlo para ajustar esta referencia a la realidad de nuestras islas”, ha afirmado.
Asimismo, Rodríguez ha incidido en que la política de vivienda del Ejecutivo se ha orientado a actuar sobre los principales obstáculos que dificultaban el desarrollo de nuevas promociones. «La falta de suelo disponible, la lentitud administrativa y un marco económico poco atractivo habían frenado durante años la construcción de vivienda protegida. Con las reformas impulsadas durante esta legislatura estamos cambiando ese escenario y los datos empiezan a reflejar esa transformación».
