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Vivienda distribuirá 5,3 millones de euros para ayudar a las familias afectadas por el COVID-19 a pagar el alquiler

El Instituto Canario de Vivienda se encargará de gestionar esas ayudas de manera telemática una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en los próximos días

El consejero Sebastián Franquis informará en el próximo consejo de Gobierno de las bases que regularán estas ayudas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentará en el próximo consejo de Gobierno, las bases que regularán la tramitación y concesión en las islas, de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para apoyar a las familias afectadas económicamente por el coronavirus o COVID-19 a la hora de pagar el alquiler de su vivienda habitual, unas ayudas para las que el Ejecutivo canario dispondrá de 5,3 millones de euros.

El Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se encargará de gestionar esas ayudas de manera telemática y a través del servicio de información y atención al ciudadano el 012, que ofrecerá atención personalizada una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en los próximos días.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha repartido para estas ayudas al alquiler de vivienda habitual 100 millones de euros del fondo de contigencia entre las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, con un criterio de reparto idéntico al de la actual distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. De esta forma, a Canarias le han correspondido los 5,3 millones ya reseñados.

La Consejería está preparando una resolución que se publicará en los próximos días donde se especificarán las bases de la solicitud, plazos de presentación de las mismas y procedimientos.

Esta inicativa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica sobrevenida. Se trata de dar cobertura de forma urgente a aquellas situaciones que requieran una respuesta inmediata para estabilizar el pago mensual, así como el uso y mantenimiento de la vivienda habitual en arrendamiento. En particular, se contempla el pago de recibos de alquiler con los límites máximos establecidos en estas bases.

Esta ayuda se suma a las medidas ya aprobadas por el Gobierno de suspensión de los desahucios, prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la aprobación de líneas de avales para financiación de arrendatarios (inquilinos) en situación de vulnerabilidad, todas ellas tendentes a aminorar las cargas económicas de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

Documentación y presentación

Las familias que tramiten una solicitud deberán acompañarlas, como mínimo, de una copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.

Los solicitantes de esta ayuda podrán pedirla una vez se abra el plazo de presentación en los próximos días, aportando tanto por vía telemática como por vía telefónica, para los que no tengan acceso a las nuevas tecnologías, los modelos de solicitud que para tal fin encontrarán en la web del Instituto Canario de la Vivienda. El personal de dicho Instituto atenderá a los peticionarios y harán efectiva la formalización de la solicitud en el aplicativo de gestión de expedientes.

Cuantía y duración

La cuantía de esta ayuda será de hasta un máximo de 900 euros mensuales por familia. El máximo de las ayudas podrá ser hasta del cien por cien del total de la renta de alquiler durante seis meses. En el caso de que se haya suscrito un préstamo o microcrédito para el pago de la renta de la vivienda habitual, se abonará también el cien por cien del principal e intereses del préstamo siempre que éste no exceda de los 900 euros mensuales.

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Vivienda exime a 17.000 familias del Archipiélago del pago del alquiler de sus viviendas sociales

Esta iniciativa impulsada por el consejero Sebastián Franquis formará parte del Decreto Ley de medidas sociales extraordinarias que prepara el Gobierno de Canarias para apoyar a los a los colectivos más vulnerables de la población a soportar la crisis provocada por el COVID-19

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, exime ya a 17.253 familias inquilinas de una vivienda social en las islas del pago del alquiler mensual desde este mes y hasta que acabe el estado de alarma para apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población como son los adjudicatarios de viviendas protegidas. Esta disposición de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda formará parte del conjunto de medidas que el Gobierno de Canarias reunirá en el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias de carácter social para Afrontar la Crisis Provocada por el COVID-19 que será aprobado la semana que viene con la finalidad de ayudar a las familias más vulnerables de las islas.

La medida propuesta por el consejero Sebastián Franquis para este Decreto Ley se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), y a las viviendas titularidad de la sociedad pública VISOCAN que mantienen un convenio con el ICAVI, que ascienden a un total de 4.528 viviendas.

“Con esta medida lo que pretendemos es proteger a las familias socialmente más vulnerables de nuestro Archipiélago que se han visto afectadas por las situaciones de cierre de actividad económica a las que obliga la crisis sanitaria y contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de miles de hogares del parque público de viviendas en régimen de alquiler de nuestra comunidad cuyos inquilinos puedan encontrarse en una situación precaria mientras dure el estado de alarma”, aseguró el consejero Sebastián Franquis.

Las familias que sean inquilinas de estas viviendas protegidas del parque público regional se beneficiarán automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de estos pagos, una medida que se empezó a aplicar desde el pasado miércoles, 1 de abril, ya que el ICAVI ha paralizado el cobro de las mensualidades a estos más de 17.000 inquilinos. Esta medida se prolongará hasta el final del mes en el que se levante el estado de alarma, con lo que se compensará también las dos semanas de marzo que sí se vieron afectadas por esta crisis sanitaria. También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.

Esta derogación del pago está dirigida a asegurar la protección de las personas arrendatarias de una vivienda protegida y sus familias, ya que se consideran uno de los sectores de la población más vulnerables ante las consecuencias económicas colaterales derivadas por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

La duración de esta medida se podrá ampliar por acuerdo del Gobierno del Canarias en función del impacto y evolución de la crisis económica que se genere como consecuencia del estado de alarma y de las circunstancias que lo han originado, así como de su repercusión en las familias beneficiarias de la medida.

El ICAVI estima en cerca de 900.000 euros mensuales el impacto económico que supone la aplicación de esta medida que beneficiará a más de 17.000 familias vulnerables del Archipiélago.

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Franquis acuerda con el Ministerio la financiación para la rehabilitación de Las Chumberas, Las Rehoyas y Valterra

El consejero logra que el Gobierno central se comprometa a incluir en los presupuestos generales financiación para las segundas fases de Las Chumberas y Las Rehoyas, y a prorrogar los dos ARU de Arrecife que habían vencido y poder empezar las obras tras casi una década de retrasos

Franquis también consigue que el Ministerio incluya a Canarias en el Plan 20.000 viviendas para edificar nuevos pisos por toda España, para lo que pide la colaboración de ayuntamientos y cabildos para la cesión de suelo con este fin

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha acordado hoy con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana incluir en los Presupuestos Generales del Estado 2020, que se están negociando aún, varias partidas específicas para garantizar la financiación estatal a las segundas fases de los proyectos de rehabilitación de los barrios de Las Chumberas, en La Laguna, y Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, así como a prorrogar y poder iniciar en los próximos meses los ARU que ya habían vencido de Valterra y Titerroy en Arrecife.

En el caso de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, el Gobierno de Canarias y Ministerio han acordado que como condición previa estos ayuntamientos deben justificar un calendario de ejecución de obras y certificaciones de trabajos ya realizados de las primeras fases de ambas actuaciones para luego financiar las segundas fases. Para ello, el consejero va a citar a los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna para trasladarles la voluntad del Ministerio de colaborar y la responsabilidad que estos tienen en iniciar con la mayor celeridad posible las primeras fases de ambos proyectos de rehabilitación.

“El Ministerio nos ha trasladado su sensibilidad y su intención de comprometerse en la segunda fase de rehabilitación de las viviendas de Las Chumberas, lógicamente una vez que estén avanzados en tiempo y forma los compromisos adquiridos con la primera fase”, afirmó Franquis, “lo mismo ocurre con Las Rehoyas, hay una para primera financiación de cuatro millones de euros y nuestro objetivo es que se garantice la segunda fase de la financiación. El Ministerio está de acuerdo con financiarla también, pero hay que cumplir y justificar la primera fase ante el Estado. Por eso me reuniré con los alcaldes y les trasladaré que es absolutamente necesario cumplir con lo estipulado en las primeras fases para asegurar la financiación que permitan culminar la construcción de ambos proyectos de rehabilitación”.

Franquis, acompañado de la directora del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se ha reunido con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, David Lucas, quien ha mostrado el interés del Gobierno central por colaborar con la administración regional canaria en el impulso de la construcción y rehabilitación de viviendas en el Archipiélago. “Salimos muy satisfechos de este encuentro porque la vivienda ocupa un lugar destacado en la agenda social del Gobierno canario y consideramos que la participación del Estado es fundamental en los objetivos del Ejecutivo para poner en marcha proyectos para realizar nuevas obras de vivienda y rehabilitar las que ya están afectadas por el paso de los años”, señaló Franquis.

También ha logrado el consejero Franquis que el Ministerio se comprometa a prorrogar una vez más los proyectos de rehabilitación (ARU) de los barrios de Valterra y Titerroy, en Arrecife, y garantizar la financiación estatal para ambos. Se trata de una vieja reivindicación de los vecinos de Arrecife que han visto como ambos ARU vencían hasta en dos ocasiones, pese a haber sido aprobados en 2011 y 2015, y no haber sido iniciados finalmente entonces por el ayuntamiento de Arrecife. De esta forma, Franquis convierte en realidad el compromiso que adquirió en la última sesión del Parlamento de Canarias, cuando aseguró que negociaría en Madrid recuperar la financiación estatal para estas actuaciones en la capital de Lanzarote.

“El Ministerio nos ha autorizado esa prórroga y vamos a sentarnos inmediatamente con el ayuntamiento de Arrecife para que esas obras puedan comenzar de manera lo antes posible y se cumplan los plazos de ejecución”, explicó el consejero regional, “Por tanto vamos a pedir garantías absolutas al Ayuntamiento para cumplir con los plazos que están adquiridos, porque los vecinos no son culpables de que no se puedan ejecutar estas obras desde 2011, y si no se cumplen con los plazos de ejecución no se puede exigir al Estado que destine los recursos a estas obras”.

Plan 20.000 viviendas

Otro de los asuntos que se trataron en la reunión mantenida hoy entre el consejero y el Ministerio fue el de la inclusión de la Comunidad autónoma de Canarias en el plan de 20.000 viviendas anunciado por el presidente del Gobierno de España y por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso. “Hemos planteado al Ministerio que Canarias quiere formar parte de ese plan de 20.00 viviendas. Canarias es una zona tensionada debido al incremento del alquiler que se ha producido en los últimos años y por tanto reúne las condiciones objetivas para formar parte de ese plan. El Ministerio nos ha dicho con claridad que Canarias formará parte del mismo, por eso pedimos la colaboración de ayuntamientos y cabildos para que entreguen suelo para poder participar en ese plan que es uno de los objetivos claros del Gobierno de Canarias. Vamos a solicitar a los ayuntamientos y cabildos suelo apto para construir vivienda y ponerlo a disposición del ministerio. Queremos que Canarias aparezca en este plan con un importante número de viviendas, pero eso dependerá de la capacidad que tengamos todos de ofertar suelo al Gobierno”.

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Franquis cierra con los grupos políticos en el Parlamento sus aportaciones para consensuar el Pacto por la Vivienda

El consejero anuncia a los diputados de las siete formaciones políticas representadas en la Cámara regional que el texto incluirá la mayor parte de sus aportaciones y que les convocará en dos semanas para suscribir el Pacto definitivo junto a los agentes sociales y económicos vinculados a la vivienda

El consejero de de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha alcanzado un acuerdo hoy con todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias para cerrar sus aportaciones y consensuar el texto definitivo del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias. Franquis ha informado a los diputados y diputadas miembros de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que el texto final del Pacto incluirá la mayor parte de sus aportaciones al proyecto inicial que el mismo consejero presentó a las formaciones políticas en diciembre pasado.

“Con la reunión de hoy queremos dar un impulso final al texto del Pacto y sumar a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicatos, colectivos sociales y empresarios a esta apuesta decidida del Gobierno para que la vivienda no vuelva a ser objeto de un debate político en Canarias, sino que sea una realidad, y este Pacto se convierta en la hoja de ruta de todos los partidos, de todas las instituciones canarias, para cumplir el objetivo que nos hemos marcado que no es otro que el de construir más vivienda pública en los próximos cuatro años”, afirmó Franquis.

El consejero se congratuló de la participación activa de los partidos políticos y de los sectores sociales y económicos más destacados del Archipiélago en materia de vivienda en la redacción final del Pacto que está previsto que se firme en la misma sede parlamentaria en el plazo aproximado de dos semanas, fecha para la que convocó de nuevo a las formaciones presentes en la reunión de hoy.

“La gran novedad con respecto a los primeros encuentros que celebramos para presentar el Pacto hasta ahora es que hemos incorporado, prácticamente en su  mayoría, las cuestiones que nos han planteado las formaciones políticas y los colectivos que consideramos que se podían incorporar siempre y cuando se respetasen los límites legales”, añdió Franquis, “lo que hemos hecho es sumar tanto a la parte política como a la económica y social, por lo que el documento se enriquece de forma especial. Hay propuestas muy concretas y otras más globales, pero todas ellas formarán parte definitiva del Pacto y posteriormente del plan de vivienda, el instrumento que recoge los objetivos que nos obligará a cumplir a todos”.

El consejero recordó que el Plan de Vivienda que se llevará al Parlamento tras la rúbrica del Pacto recoge, entre otros objetivos, la construcción, por parte de la Consejería, de 2.200 viviendas públicas entre 2020 y 2023, cantidad que podría incrementarse con las aportaciones de otras instituciones, como los cabildos, o por la iniciativa privada.

“Este es un Pacto al que queremos que se incorpore toda la sociedad canaria y el Plan de Vivienda posterior es el instrumento político, financiero y administrativo para hacer realidad los objetivos que estamos trazando en el Pacto”, indicó Franquis, “por tanto, con el Pacto y el Plan de Vivienda vamos a situar a Canarias en un nivel, a la hora de construir vivienda pública, que no se ha visto en los últimos años, unos años en los que se ha hablado mucho de vivienda, se ha hecho mucha política con la vivienda, pero no se construía. Ahora es el momento de pasar a los hechos y dar respuesta al enorme problema social que vivimos en Canarias con la vivienda, y este Pacto y el Plan  van a marcar la hoja de ruta, las previsiones en materia de vivienda que nuestra Comunidad Autónoma no ha tenido nunca”.

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Franquis convoca a las instituciones, partidos, agentes sociales y económicos a firmar el Pacto por la Vivienda

“Nuestro objetivo es cerrar este Pacto, al que todos han aportado sus contribuciones, para después presentar el Plan de Vivienda, el instrumento político y administrativo que nos permitirá construir vivienda pública en Canarias después de 10 años de paralización”, aseguró Franquis en el Parlamento regional

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha convocado hoy en sede parlamentaria a todos los agentes políticos, económicos y sociales implicados a firmar el nuevo Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias a finales del presente mes de febrero, una vez se han incluido en la redacción del mismo todas las aportaciones recibidas de los diferentes sectores con los que el consejero se ha reunido en los últimos dos meses para pedirles su implicación en este documento clave dentro de la agenda social del Gobierno de Canarias.

“Nuestro objetivo es firmar este Pacto, al que todos han aportado sus contribuciones, para presentarlo en esta Cámara y poco después presentar el Plan de Vivienda, el instrumento político y administrativo que nos permitirá construir vivienda pública en Canarias después de 10 años de paralización”, aseguró Franquis en el Parlamento regional.

El consejero recordó que la comunidad autónoma ha tenido hasta siete planes de vivienda pero nunca ha contado con un documento de consenso y que fije las líneas a seguir en política de vivienda como es el Pacto que ahora se ultima y que el propio Franquis anunció el pasado mes de septiembre que pondría en marcha de manera prioritaria en su departamento.

“Hace 10 años que en Canarias no se construye vivienda pública, y en la Agenda Social del Gobierno el acceso a la vivienda ocupa un lugar prioritario”, explicó el consejero, “por eso, porque queríamos relanzar la construcción de vivienda en esta legislatura, es por lo que hemos pedido la complicidad de cabildos, ayuntamientos, además de las de los agentes sociales y económicos involucrados, para consensuar un pacto por la vivienda que beneficie a los que menos recursos tienen”.

Sebastián Franquis informó en el Parlamento de Canarias que se van a citar a los 22 representantes de federaciones de instituciones como la FECAI y la FECAM, colectivos sociales implicados en la vivienda, asociaciones empresariales, sindicales y colegios técnicos a suscribir este primer Pacto por la Vivienda Digna a finales de febrero al que invitó a sumarse a todos los partidos políticos presentes en la Cámara regional. “En un tema tan trascendente como este y que afecta a tantos canarios, espero la complicidad de todos los diputados y diputadas de este Parlamento”, concluyó.

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Franquis solicita el respaldo de los principales sindicatos de las Islas al Pacto por la Vivienda Digna en Canarias

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha presentado hoy a los representantes de las principales centrales sindicales de Canarias, UGT y CCOO, el proyecto del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias y les ha pedido que sumen sus aportaciones al documento final como ya están haciendo el resto de interlocutores sociales, económicos y políticos a los que el consejero ha requerido su implicación en el último mes para consensuar una propuesta común que será llevada al Parlamento en febrero y que trazará las líneas de actuación de la presente legislatura en materia de vivienda.

“Continuamos con las rondas de contactos con los representantes de todos los sectores sociales de Canarias con la finalidad de sumar todas las voluntades y todas las aportaciones posibles al Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, ya que nuestro objetivo es presentar un documento abierto que cuente con las aportaciones de todos y presentarlo en el mes de febrero en el Parlamento”, aseguró Franquis.

El consejero recordó que aprobar este Pacto en el Parlamento será el primer paso para definir las políticas que luego se concretarán, económica y administrativamente, en un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que, entre otros objetivos, se marca el reto de construir 2.200 viviendas con fondos propios y coordinar con otras administraciones y con el sector privado, la construcción de más casas protegidas tras ocho años en los que los Gobiernos anteriores no promovieron la construcción de ninguna VPO en las Islas.

Así se lo ha transmitido el consejero a los representantes sindicales con los que se ha reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife acompañado de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Maribel Santana.

El consejero Franquis ha pedido a los sindicatos que aporten sus propuestas al Pacto tal y como ya se los pidió a los sectores empresariales de ambas provincias, y les transmitió que “es necesario remar juntos” con el fin de ampliar el número de viviendas disponibles en Canarias para las familias con pocos recursos, y empezar a dar respuesta al elevado número de peticiones de vivienda protegida que existe en las islas.

Franquis informó a los sindicalistas que la Consejería ya ha empezado a dar los primeros pasos en este sentido con la adquisición de pisos vacíos a través de la empresa pública Visocan, que se destinarán a facilitar una casa de manera provisional a aquellas familias vulnerables que estén en situación de desahucio por imposibilidad de hacer frente a los gastos de hipoteca o alquiler.

Este documento con la propuesta del Pacto recoge la necesidad construir viviendas de promoción pública, garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a ella de los colectivos con especiales dificultades, y en particular de las personas mayores, y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. También se recoge como uno de los criterios fundamentales este documento hacer efectiva la cesión de suelo por parte de otras administraciones públicas para la construcción de viviendas protegidas, para lo que Franquis ya ha pedido la implicación de los ayuntamientos canarios tras reunirse con la FECAM, y de los cabildos insulares.

Los objetivos del Pacto por la vivienda que desarrollará la Consejería regional a través de sus políticas en este sector se articularán sobre seis ejes principales:

Eje 1. Garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler.

Eje 2. Construcción de viviendas de promoción pública.

Eje 3. El acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades.

Eje 4. Rehabilitación.

Eje 5. Mejora en los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a las viviendas.

Eje 6. Creación de redes de colaboración.

Cada uno de estos ejes propone una serie de medidas y actuaciones a llevar a cabo por las administraciones en colaboración con otros agentes sociales y económicos que garanticen el acceso a una vivienda digna a miles de familias canarias.

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Más de 4.000 personas resultan beneficiarias en las listas provisionales de las ayudas al alquiler de cupo general

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destina 13.750.000 euros a estas ayudas y fija un plazo de 10 días hábiles para presentar toda la documentación necesaria para hacer efectiva la subvención

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha publicado hoy, 16 de enero, en el Boletín Oficial de Canarias la resolución provisional de la convocatoria del programa de ayuda al alquiler de vivienda del cupo general – mayores de 35 años – por la que han resultado beneficiarias 4.060 personas residentes en el Archipiélago. Estas ayudas cuentan con un presupuesto de 13.750.000 euros, repartidos en dos anualidades de 6.875.000 euros por ejercicio, formando parte del Convenio Bilateral con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

El consejero Sebastián Franquis aseguró que las ayudas públicas a las familias con menos recursos seguirán siendo un elemento imprescindible tanto del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, como del Plan de Vivienda que se presentarán al parlamento en el plazo aproximado de un mes. “Desde la Consejería estamos comprometidos en revertir la situación de precariedad que atraviesan muchas familias a la hora de buscar vivienda, por eso nuestro objetivo es mantener estas ayudas para acceder al alquiler de una vivienda digna y agilizar al máximo los procesos de evaluación y concesión de las mismas”, señaló Franquis.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICV) ha fijado un plazo improrrogable de diez días hábiles para que los beneficiarios presenten la documentación requerida para hacer efectiva la subvención, contados a partir de mañana viernes 17, al ser el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios del Instituto. Para ello, se deberá presentar el modelo de aceptación expresa de la subvención, que se alojará en la página web del ICV, la justificación del pago de las mensualidades del alquiler entre enero de 2018 y diciembre de 2019 y la autorización al Instituto para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de las personas beneficiarias. Esta documentación es indispensable para proseguir con la subvención y de no ser entregada se dará por desistida la solicitud.

La cantidad de solicitudes presentadas para esta convocatoria asciende a 12.061, de las cuales se requiere a 4.060 solicitudes que presenten la citada documentación en un plazo improrrogable de diez días hábiles para proseguir con el proceso para hacer efectivas estas subvenciones. Las ayudas se han distribuido de la siguiente forma: en la provincia de Las Palmas a 1.748 personas y en la provincia de Tenerife a 2.312 personas. Se mantiene una lista de reserva para 2.953 solicitudes. Del monto total han resultado desistidas por requerimiento 3.980 solicitudes, mientras que fueron denegadas 1.063 durante el proceso. En total, la Consejería ha subvencionado 5.127 solicitudes entre el cupo general y las ayudas destinadas a jóvenes en esta última línea, mientras que en 2017 se realizó una subvención única para 3.200 personas.

Estas ayudas están destinadas a subvencionar el 40% de las mensualidades del alquiler de las viviendas, previamente justificado, durante el periodo bianual que recoge la convocatoria, siendo recogido este pago entre los periodos de enero de 2018 y diciembre de 2019. Para las personas mayores de 65 años la ayuda asciende hasta el 50% de las rentas mensuales anteriormente referidas. El objetivo del Instituto Canario de la Vivienda con la concesión de línea de ayuda es facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler para aquellas personas con escasos medios económicos que se puedan beneficiar de unas ayudas otorgadas directamente a los inquilinos.

Toda la información relativa a esta línea de subvención puede ser consultada a través de la publicación oficial hoy en el BOC y la plataforma web del Instituto Canario de la Vivienda en la dirección www.gobiernodecanarias.org/vivienda, así como redes sociales y el tablón de anuncios oficial del Instituto Canario de la Vivienda.

 

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Yaiza Castilla anuncia que la regulación del alquiler vacacional se afrontará dentro del nuevo modelo turístico

YaizaCastilla

La Consejera de Turismo, Industria y Comercio informa al Pleno del Parlamento que “se partirá del consenso y diálogo con todas las partes implicadas”

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha asegurado hoy que su departamento trabaja en la configuración de un nuevo modelo turístico “sobre el que se debatirá una reforma de la legislación que regula el alquiler vacacional”.

Castilla anunció al Pleno del Parlamento de Canarias que “esta regulación partirá del consenso y diálogo con todas las partes y sobre estudios y criterios técnicos para potenciar sus efectos dinamizadores, mitigar sus externalidades y garantizar el bienestar social”.

A su juicio, “debemos partir y entender el alquiler vacacional dentro de un nuevo contexto de realidad económica, social y turística”. “Nuestra obligación como Consejería es regularla dentro del marco del ordenamiento jurídico español, teniendo en consideración la libre competencia, el derecho a la propiedad y pensando siempre en el desarrollo del bienestar económico y social de nuestra sociedad”, apostilló Castilla.

Recordó que en esta modalidad alojativa confluyen varios agentes, como: los empresarios que se dedican al alquiler vacacional; los empresarios hoteleros y extra hoteleros; residentes y turistas que demandan esta nueva modalidad alojativa por diferentes motivos.

La titular del departamento de Turismo, Industria y Comercio recordó que “en la regulación del alquiler vacacional hay que tener en cuenta muchos agentes, sensibilidades y realidades”. “También tenemos que poner de relieve que no es sólo competencia de esta Consejería abordar todos los retos que el alquiler vacacional supone, pues afecta a otras administraciones, tanto autonómicas como de ámbito estatal, insulares y municipales”, detalló Yaiza Castilla en otro momento de su intervención.

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Las administraciones alcanzan en Madrid el consenso para continuar con la reposición de Las Chumberas

Fomento, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de La Laguna alcanzan un pacto que supondrá un acuerdo transaccional, vía Real Decreto, que permitirá finalizar con la primera fase de las actuaciones

El Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento han llegado esta mañana a un acuerdo para continuar con la reposición de Las Chumberas y dar una solución a los vecinos y vecinas afectados. La Comisión de Seguimiento de Las Chumberas, integrada por las cuatro administraciones, alcanzó este pacto que supondrá un acuerdo transaccional, vía Real Decreto, que permitirá trabajar en la primera fase de las actuaciones y proseguir con las medidas cautelares en materia de seguridad.

La solución alcanzada esta mañana en Madrid será realidad a través de un acuerdo transaccional entre las cuatro administraciones que acabará en un Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros, lo que permitirá concluir la primera fase con todas las garantías jurídicas.

Tras la reunión de la Comisión de Seguimiento, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, mostró su “plena satisfacción” por la “voluntad de las cuatro administraciones para alcanzar un acuerdo. Pero lo más importante, para la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Las Chumberas, son las medidas cautelares de seguridad y poder continuar, además, con el expediente con todas las garantías jurídicas, lo que nos permitirá seguir con el proceso de expropiación y demolición de los edificios”.

El alcalde reiteró su “plena satisfacción” por el acuerdo alcanzado. “Nos vamos contentos por la clara voluntad de las administraciones en resolver este problema, muy importante para los vecinos y vecinas de Las Chumberas, para el conjunto del municipio de La Laguna y para toda Canarias”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, resaltó que “hoy hemos alcanzado un acuerdo importante en la búsqueda de una solución definitiva para los vecinos de las Chumberas. Esta solución pasa por que el ayuntamiento pueda continuar de inmediato con el proceso de expropiaciones y demolición de los edificios para garantizar así su seguridad y por otro lado, avanzar en un acuerdo entre las partes (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo y ayuntamiento) que recoja las actuaciones necesarias y llegar por fin al final del camino”.

“Este proceso ha sido largo y difícil sobre todo para los principales afectados que son los vecinos y con quienes nos reuniremos esta tarde para informarles del encuentro mantenido que ha venido a demostrar la predisposición de las administraciones para alcanzar un acuerdo”, aseveró el presidente insular.

Por su parte, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, destacó que “lo más importante es la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Las Chumberas. Con este acuerdo se podrá continuar con las actuaciones. Detenernos ahora habría supuesto una situación de riesgo, sobre todo por no contar con la garantía jurídica. Esto, sin embargo, se resuelve con las medidas que hemos adoptado”.

“Nos hemos emplazado las cuatro administraciones a seguir trabajando en ese acuerdo transaccional y nos hemos comprometido a que ese documento esté listo el próximo miércoles, de manera que así podamos actuar cuanto antes. Tenemos que alegrarnos por alcanzar un acuerdo que beneficia a todos y, sobre todo, a los vecinos de Las Chumberas”.

Por último, el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Francisco Javier Martín, resaltó también tras la reunión “el acuerdo alcanzado entre todas las partes para dar una solución al problema y dar una respuesta a los vecinos para que la actuación no tenga que pararse”.

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