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Educación consolida el nuevo modelo de cafeterías escolares con la reapertura en el IES Profesor Martín Miranda

Supone una de las primeras actuaciones visibles dentro de la implantación de este sistema, que permitirá la apertura de cerca de un centenar de espacios en los centros públicos de Canarias

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, asistió este martes a la reapertura de la cafetería del Instituto de Educación Secundaria (IES) Profesor Martín Miranda, en San Cristóbal de La Laguna, un espacio que refuerza su papel como herramienta educativa para la promoción de hábitos saludables y el bienestar del alumnado.

Durante la visita, el consejero, acompañado por el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, y el equipo directivo del centro, asistió a la puesta en marcha de la cafetería y recorrió distintas instalaciones del instituto, donde pudo conocer de primera mano su proyecto educativo y las iniciativas que desarrolla.

Esta actuación se enmarca en la actualización del modelo de autorización y funcionamiento de las cafeterías escolares impulsada por la Consejería, que permitirá la apertura de cerca de un centenar de nuevos espacios en centros públicos de todas las islas, facilitando además el acceso a su gestión a pequeños comerciantes y emprendedores locales, y reforzando el carácter de este servicio como un recurso educativo, social y de apoyo a la comunidad.

En la actualidad, el sistema cuenta con 54 cafeterías autorizadas —29 en la provincia de Las Palmas y 25 en la de Santa Cruz de Tenerife—, sin perjuicio de aquellas que siguen vigentes por procedimientos anteriores, como la del IES Punta Larga, en el municipio tinerfeño de Candelaria, a través del vivero de empresas, o que comenzarán a funcionar próximamente, como la del IES San Sebastián de La Gomera.

En este contexto, Poli Suárez subrayó que “las cafeterías escolares no deben entenderse únicamente como un servicio complementario, sino que deben convertirse también en un instrumento educativo importante, con el que también queremos contribuir directamente al bienestar del alumnado y de las comunidades que los rodean”.

En esta línea, añadió que el objetivo consiste en “consolidar un modelo homogéneo en Canarias que sitúa la alimentación saludable, la calidad del servicio y el compromiso con la comunidad educativa en el centro de la vida escolar”, al tiempo que recordó que “este modelo permite también que los centros abran estos espacios a comerciantes del entorno, reforzando su vínculo con la comunidad educativa”.

El consejero destacó además que estos espacios cumplen “una función social relevante, al asumir en muchos casos el servicio de desayuno escolar dirigido al alumnado de cuota cero”, reforzando así el papel de las cafeterías como recurso de apoyo a la equidad dentro del sistema educativo.

El modelo otorga un rol clave a los centros educativos, que impulsan el procedimiento a través de sus consejos escolares y publican la convocatoria en el propio centro para facilitar la concurrencia de comerciantes del entorno, garantizando así los principios de publicidad, transparencia y concurrencia.

Las autorizaciones tienen una duración de hasta cuatro años, con posibilidad de prórroga, e incluyen el pago de un canon que revierte en el propio centro para contribuir a los gastos de funcionamiento, como el agua o la electricidad, reforzando su sostenibilidad.

El nuevo modelo establece criterios en la oferta alimentaria que priorizan productos frescos, de temporada y de proximidad, así como opciones adaptadas a alumnado con necesidades específicas.

Asimismo, incorpora condiciones en materia de seguridad alimentaria, control de la trazabilidad de los productos y correcta manipulación y conservación de los alimentos, junto con criterios de responsabilidad social y medioambiental, como la reducción de la huella de carbono o la gestión responsable de residuos.

Además, el sistema refuerza el papel de los consejos escolares en la adjudicación de estos espacios y establece mecanismos de control y seguimiento por parte de la Administración educativa, asegurando la transparencia y la correcta prestación del servicio.

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