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El Gobierno autoriza a la Consejería de Presidencia el uso de los 100M del superávit canario para La Palma

Nieves Lady Barreto informó de la gran complejidad que supone terminar a 31 de diciembre todos los expedientes para recuperar el valor de lo perdido por el volcán

La consejera recuerda al sector agrario que se trata de superávit del propio Gobierno de Canarias y que no es dinero del Estado, “incumpliendo el acuerdo de la Agenda Canaria”

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a hacer uso de los 100 millones de superávit canario para compensar el valor de las propiedades pedidas por el volcán, tras el real decreto del Consejo de Ministros de la pasada semana.

Nieves Lady Barreto explicó que la Consejería de Hacienda tiene que posicionar el dinero en su departamento para poder empezar a firmar las órdenes de pago y que el gasto de estos fondos tiene que ser a 31 de diciembre, lo que supone tramitar todos los expedientes antes de esa fecha. “A nadie se le escapa que en un mes es muy complicado ejecutar 100 millones de euros y aunque tenemos muchos expedientes preparados, quedan también por culminar”. Para la consejera “la pena que nos queda es que este dinero podía estar ya ingresado en las cuentas de todos los agricultores si desde principios de año el Gobierno de España hubiese autorizado a usarlo. No solo no ponen los 200 millones que adeudan, sino que además tardan siete meses en autorizar que el Gobierno de Canarias use su dinero”.

En este sentido, Barreto explicó que si desde abril, cuando el presidente Clavijo solicitó al ministerio de Hacienda que nos dejara usar el superávit canario, “ante el incumplimiento del Gobierno de España por no haber ingresado los 100 millones de 2024 y 2025”, lo hubieran autorizado, todos los pagos estarían tramitados ya. “Ahora, el trabajo de todo el año hay que concentrarlo en menos de un mes”.

La consejera señaló que durante todo este tiempo se ha adelantado trabajo y ya hay expedientes de fincas en torno a 40 millones preparados, pero quedan muchos por hacer y que por ello todo el equipo técnico trabajará mañana y tarde para poder sacar todos los expedientes adelante.

Sobre las aportaciones del Estado, la consejera insistió en que el Gobierno de España no pone el dinero, sino que autoriza al Gobierno de Canarias para que use 100 millones de su propio remanente y lo destine a este fin. “Desde 2023 el Gobierno de España no aporta ni un euro para abonar las compensaciones por el valor de lo que perdieron los afectados del volcán, incumpliendo el acuerdo que quedó recogido dentro de la Agenda Canaria”, aclaró la consejera.

Tal y como figura en el acuerdo, el Gobierno de España pondría 100 millones anuales –de 2023 a 2027- hasta sumar un total de 400 millones y el Gobierno de Canarias 50 millones anuales, lo que supondría en estos cuatro años otros 200 millones. En total, entre ambos gobiernos, sumarían 600 millones, que es el valor estimado de las propiedades privadas que se llevó el volcán.

“El Gobierno de España puso los primeros 100 millones de 2023 y ya no ha puesto más ni 2024, ni 2025. Llevamos más de dos años reclamando esa transferencia de una partida que, les recuerdo, está en PGE prorrogados. Es decir, que si no se ha transferido no es por falta de dinero, sino porque no han querido”, insistió Barreto.

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Pedro Afonso reclama que Hacienda prorrogue la moratoria para los créditos en El Paso, Los Llanos y Tazacorte

El viceconsejero advierte de las consecuencias económicas y sociales de los incumplimientos del Gobierno de España con la isla

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, reclama al Ministerio de Hacienda que siga prorrogando la moratoria del pago de intereses para los créditos, con o sin garantía hipotecaria, para los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. En una misiva remitida desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias a la ministra María Jesús Montero se pide, igualmente, que transfiera ya los 200 millones que el Estado adeuda a la isla.

Pedro Afonso recuerda que la recuperación del potencial productivo agrario tras una erupción volcánica resulta infinitamente más costosa, compleja y dilatada en el tiempo que la recuperación tras otro tipo de catástrofe natural y considera imprescindible que se mantenga la moratoria dado que, en muchos casos, todavía no se ha podido restablecer la situación ni recuperar la producción previa al volcán.

Respecto a los 200 millones que adeuda el Gobierno de Canarias, Afonso señala que el Plan de Recuperación de La Palma – con una partida de 100 millones- está incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, que se han prorrogado en 2024 y 2025, pero solo se ha transferido la partida de 2023, con lo que el Gobierno de España adeuda la de 2024 y 2025. A este respecto, advierte que “se está incumpliendo la ley y, por tanto, se está incumpliendo con La Palma”.

“El Gobierno de España tienen toda la información, porque se la hemos dado. Saben que los 200 millones son necesarios para poder abonar las compensaciones a quienes perdieron sus fincas. Con los 50 millones anuales que está aportando el Gobierno de Canarias terminaremos de pagar todas las viviendas habituales en las próximas semanas, pero no alcanza para pagar las fincas, con lo que esta parte de la recuperación, que afecta al sector que tira de la economía de la isla, se retrasará si no llegan los fondos del Estado, tal y como hemos advertido reiteradamente”, apunta el viceconsejero.

“Es lamentable que el Gobierno de Canarias tenga que reclamar una y otra vez que cumpla con la Ley de Presupuestos Generales y nos preocupa mucho que los fondos estatales para la recuperación de La Palma, que llevan dos años paralizados, desaparezcan definitivamente ante la inestabilidad política que afecta al Gobierno de España”, añade el viceconsejero.

Es la cuarta vez que la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto se dirige a la responsable de Hacienda para reclamar la transferencia de estos fondos imprescindibles para la recuperación económica y social de La Palma. Ya lo hizo en los meses de marzo, mayo y octubre del año pasado. Ello se suma las peticiones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en cada una de sus reuniones con María Jesús Montero, además de las interpelaciones en el Congreso de la diputada Cristina Valido.

 

 

 

 

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