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Canarias ve en la Estrategia Europea de Vivienda una oportunidad para medidas adaptadas al territorio

Canarias valora la Estrategia europea de Vivienda como una oportunidad para aplicar medidas adaptadas a los territorios  

Pablo Rodríguez destaca que la iniciativa de la Comisión Europea reconoce, por primera vez, el carácter estructural de la crisis habitacional y abre un marco financiero y regulatorio que puede beneficiar especialmente a regiones como el Archipiélago

El Ejecutivo reclama que la normativa que desarrolle ahora la UE para soportar esta estrategia contemple una mención específica a las Regiones Ultraperiféricas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha valorado la nueva Estrategia Europea de Vivienda Asequible, aprobada esta semana por la Comisión Europea, como una oportunidad para reforzar y ajustar las políticas públicas de vivienda a la realidad específica de los territorios. Ha subrayado que esta iniciativa supone un punto de inflexión al reconocer el carácter estructural de la crisis habitacional y al abrir un nuevo marco financiero y regulatorio que puede resultar especialmente relevante para regiones como Canarias.

Aunque la Unión Europea no dispone de una competencia directa en materia de vivienda, la nueva Estrategia articula, por primera vez, de forma coherente, distintas palancas comunitarias —como la política de competencia, las ayudas de Estado, el mercado interior, la política energética o la financiación a través del Banco Europeo de Inversiones— para orientarlas hacia un mismo objetivo: aliviar la presión sobre los mercados residenciales más tensionados.

Rodríguez ha recordado que “no estamos ante una ley de aplicación directa, sino ante un marco estratégico que fija prioridades y orienta decisiones futuras, pero en el contexto europeo este tipo de planes tienen un impacto real en la financiación, en la interpretación del interés general y en la legitimación de las políticas que impulsan las regiones”.

En este sentido, el consejero ha destacado que Canarias encaja plenamente en el diagnóstico de la Comisión, al tratarse de un territorio donde la tensión residencial es estructural. “La condición insular, la limitada disponibilidad de suelo, la necesidad de preservar el entorno natural y la fuerte presión derivada de la economía turística generan una competencia permanente entre el uso residencial y otros usos del parque de viviendas”, ha explicado, a la vez que ha hecho hincapié en que “esto se traduce en precios elevados, dificultades para la emancipación de los jóvenes y problemas de alojamiento para trabajadores esenciales”.

La Estrategia Europea plantea una combinación de medidas centradas en el aumento de la oferta de vivienda, la movilización del parque existente, el refuerzo de la inversión pública y privada y el apoyo específico a los colectivos más afectados. Para Canarias, según el consejero Rodríguez, “la clave está en posicionarnos no solo como beneficiarios potenciales, sino como un territorio demostrador, un laboratorio donde se puedan probar soluciones regulatorias y financieras adaptadas a mercados especialmente tensionados”.

No obstante, el consejero ha detallado que la Estrategia adolece en esta primera fase de una referencia expresa a las Regiones Ultraperiféricas. “Echamos en falta una mención específica a las RUP, cuyas singularidades económicas, territoriales y sociales justifican un tratamiento diferenciado”, aunque ha mostrado su confianza en que “esta cuestión se incorpore en el desarrollo normativo posterior que impulse la Comisión”.

En paralelo a la Estrategia Europea, el Gobierno de Canarias ha trasladado a las instituciones comunitarias la necesidad de estudiar posibles limitaciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes. “Canarias ha sido una de las primeras regiones en plantear abiertamente este debate en el ámbito europeo y, simultáneamente, hemos propuesto al Gobierno de España que los ayuntamientos puedan contar con herramientas similares a las que ya existen en ciudades como Berlín o Ámsterdam, que permiten limitar la compra de viviendas a personas que no acrediten una residencia efectiva durante un número determinado de años”, ha destacado Rodríguez.

Para el consejero, esta medida no es incompatible con el mercado interior europeo, sino que responde a la necesidad de proteger la función social de la vivienda en territorios especialmente vulnerables. “La vivienda no puede ser solo un activo financiero; es un pilar básico para la cohesión social y para el derecho a desarrollar un proyecto de vida en el lugar de origen”.

El Gobierno de Canarias continuará trabajando para que Canarias tenga una voz activa en el desarrollo de la Estrategia Europea de Vivienda Asequible y para que las singularidades del Archipiélago sean tenidas en cuenta en las futuras iniciativas legislativas y financieras de la Unión Europea.

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Canarias, comunidad pionera en apostar por iniciativas público-sociales para ampliar las viviendas asequibles

Pablo Rodríguez ha participado en un jornada organizada por Provivienda en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la que ha abordado los acuerdos impulsados conjuntamente con esta organización del tercer sector y el Ministerio de Vivienda para ofrecer alternativas habitaciones a los que más lo necesitan

El acuerdo a tres bandas contempla la adquisición de 76 viviendas, repartidas actualmente entre las islas de Gran Canaria y Tenerife

La consejería también ha adquirido viviendas de la SAREB y continúa impulsando programas como Canarias Prohogar para atender las diferentes realidades de la emergencia habitacional

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha participado hoy en la jornada ‘La casa a cuestas. Plan Estatal de Vivienda como herramienta para la vivienda asequible’, organizada por Provivienda, donde ha puesto en valor el modelo canario de colaboración público-social destinado a incrementar el parque de vivienda protegida a través de entidades del tercer sector y ha destacado que “Canarias es una comunidad pionera en apostar por este tipo de iniciativas para incrementar la vivienda protegida y atender a las familias en situación de vulnerabilidad en las islas”. 

En este sentido, ha subrayado que “Canarias es la primera comunidad autónoma del Estado en impulsar una iniciativa que permite poner en servicio viviendas ya construidas, adquiridas por organizaciones sociales, y financiadas por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Una fórmula que agiliza la respuesta a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, reduce precios y contribuye a combatir la emergencia habitacional con soluciones más rápidas y eficientes”.

Durante la celebración del foro, Canarias ha sido la única comunidad autónoma que ha contado con una mesa específica dentro del programa del encuentro, ‘La implementación del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda desde las particularidades territoriales: el caso de Canarias’, en la que también ha participado el co-director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez.

Acuerdos para incrementar el parque de vivienda protegida 

El consejero ha explicado que el Gobierno de Canarias ha fortalecido la colaboración con Provivienda a través de varios acuerdos en el marco del Programa 6 del Plan Estatal. En este sentido, se han formalizado dos acuerdos que permitirán la calificación de 76 viviendas del mercado libre como viviendas protegidas, lo que permitirá ampliar el acceso a alquileres asequibles a canarios y canarias.

En esta línea, el consejero ha destacado que está ofreciendo resultados inmediatos: más de 70 viviendas protegidas se incorporarán al parque residencial y alrededor de 26 familias ya residen en ellas con alquileres en torno a los 300 euros mensuales, un 70% por debajo del precio de mercado. “Les hemos dado la oportunidad de iniciar un proyecto de vida en una vivienda asequible y social. Estamos ante una iniciativa novedosa que ya es un éxito”, ha afirmado.

Además, el Ejecutivo ha suscrito un acuerdo con MUVISA  para destinar 12 viviendas en alquiler asequible, y otro con VISOCAN para incorporar más de 10 viviendas a la red de viviendas protegidas de titularidad pública, también dentro del actual Programa 6 del Plan Estatal de Vivienda.

Adquisición de viviendas de la SAREB para alquiler social

Asimismo, el Ejecutivo canario ha impulsado con este programa 6 la ampliación del parque público mediante la adquisición de viviendas de la SAREB en Santa Lucía de Tirajana para incorporar 9 viviendas en este término municipal.

Estas actuaciones se han financiado con una inversión de 1’2 millones de euros procedentes de fondos estatales, y garantizarán que los inmuebles se destinen a alquiler social.

Refuerzo de la protección frente a los desahucios 

La implicación del Gobierno de Canarias también atiende a situaciones de vulnerabilidad grave a través del Programa Canarias ProHogar. Este programa ofrece alternativas habitacionales a familias inmersas en procedimientos de desahucio, garantizando alquiler social y acompañamiento, a través de la gestión actual de VISOCAN, y como también se ha realizado en otras ocasiones con la ayuda de Provivienda.

Vinculada a esta actuación, se desarrolla el Programa 3 del Plan Estatal destinado a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y otras personas especialmente vulnerables, que ha permitido que 61 familias accedan a ayudas directas al alquiler, cubriendo el 100% de la renta y suministros esenciales. De ellas, 57 continúan actualmente en el programa.

Para concluir, Rodríguez ha destacado que Canarias ha priorizado “el acceso a la vivienda como derecho y no como un simple producto”, y ha subrayado que el trabajo conjunto y coordinado con entidades sociales como Provivienda “es clave para dar una respuesta rápida y eficaz a los canarios y canarias que más lo necesitan”.

“La administración debe construir vivienda pública, pero también impulsar la promoción privada de vivienda protegida y reforzar esta vía innovadora de colaboración con el tercer sector”, a la vez que ha apuntado que Canarias seguirá apostando por este modelo en el futuro. “Queremos que la colaboración público-social tenga un papel aún más ambicioso en el próximo Plan Estatal de Vivienda y en el nuevo Plan Canario de Vivienda”, ha añadido.

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