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El Gobierno de Canarias incorpora tecnología y mayor transparencia a la información cartográfica de las Islas

El Ejecutivo da el visto bueno al reglamento del Consejo Cartográfico y remite la propuesta de decreto al Consejo Consultivo para su análisis jurídico

El objetivo es impulsar el Consejo Cartográfico, que unificará criterios, adaptará el sistema a las normas estatales y europeas y permitirá reflejar las políticas públicas en una única plataforma de acceso universal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de decreto del reglamento del Consejo Cartográfico de Canarias con el objetivo de impulsar este organismo público para incorporar más herramientas tecnológicas, aumentar su transparencia y unificar los criterios de uso para todas las administraciones de Canarias. Esta propuesta de reglamento se remite ahora al Consejo Consultivo para ser analizada desde un punto de vista jurídico antes de su aprobación definitiva.

El reglamento, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha sido sometido a la opinión del resto de departamentos del Ejecutivo autonómico, cabildos, ayuntamientos y universidades, entre otras entidades consultadas.

Este documento supondrá un impulso al funcionamiento del Consejo Cartográfico, órgano asesor del Gobierno creado en 1994, cuyo objetivo es servir de apoyo en asuntos referidos a la planificación cartográfica y los sistemas de información geográfica. Este sistema requiere llevar a cabo una actualización, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino en el ámbito de las normas europeas y estatales y las exigencias de transparencia que están presentes en las políticas públicas en la actualidad.

El impulso al Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) tiene dos líneas de trabajo principales. El consejero del área, Manuel Miranda, explicó que, por un lado, existe la necesidad de adaptar el sistema tanto a las nuevas posibilidades tecnológicas como a las normativas estatal y europea en la materia, y que esta adaptación tecnológica, “unida a la unificación de criterios, permitirá avanzar en lo que se denomina la interoperabilidad del sistema, es decir, que todas las administraciones puedan compartir información en los mismos términos y les sea igualmente útil”.

Así, el sistema, una vez actualizado, “permitirá a las administraciones tomar decisiones casi en tiempo real, con una base de datos permanentemente actualizada y desplegada en el territorio”.

La otra línea de trabajo está vinculada a la transparencia y al acceso a los datos por parte de la ciudadanía. “Además de garantizar un acceso universal a la plataforma -explicó Miranda-, el sistema debe reflejar todas las políticas públicas proyectadas en el territorio y aportar seguridad jurídica a todos los operadores, incluyendo a la ciudadanía, lo que supone un salto de calidad trascendental respecto a la transparencia de los sistemas de información territorial”.

“La planificación de las políticas públicas se ha venido realizando con datos estáticos o solicitando actualizaciones que resultaban complejas”, subrayó el titular del área. “El objetivo es que, cuando la herramienta funcione a pleno rendimiento, los poderes públicos puedan planificar sus políticas de manera dinámica, con datos que prácticamente estarán en tiempo real. Un cambio que, sin duda, permitirá pensar a largo plazo con información real y de fácil acceso”.

El Gobierno de Canarias regulariza dos explotaciones ganaderas en Tenerife y Gran Canaria

Las instalaciones se sitúan en los municipios de El Rosario y Agüimes

Con estas autorizaciones, el número de fincas regularizadas desde el inicio de la legislatura asciende a 38

El Consejo de Gobierno acordó hoy viernes, 24 de abril, la legalización territorial de dos explotaciones ganaderas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a instalaciones dedicadas al ganado porcino y ovino, respectivamente. Con estas dos autorizaciones, el total de regularizaciones realizadas desde el inicio de legalizaciones asciende a 38.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como a otras administraciones públicas, entre ellas la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

José Francisco Pérez cesa por motivos de salud y María Rojas asume Dirección General de Actividad Física y Deporte

El hasta ahora director general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, se ha visto obligado a renunciar al cargo y cesar de sus funciones por motivos de salud. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento de María Rojas Estévez para asumir la dirección de este departamento adscrito a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

José Francisco Pérez tomó posesión como director general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias el 20 de julio de 2023, iniciando así una nueva etapa al frente de un área que ya conocía en profundidad, tras haber desempeñado este mismo cargo entre 2015 y 2019. Técnico deportivo superior internacional por la Federación Española de Kárate, cuenta con una amplia trayectoria vinculada tanto a la gestión pública como al ámbito deportivo, en el que también ha ejercido responsabilidades como concejal de Deportes en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y como director técnico y entrenador durante más de tres décadas.

Durante esta legislatura, su gestión ha estado marcada por el impulso de iniciativas orientadas a reforzar el papel del deporte como herramienta de cohesión social, bienestar y desarrollo personal, con especial atención al deporte base y a la protección de la infancia y la juventud. En este contexto, destaca el desarrollo del Proyecto Ganar, concebido como la estrategia autonómica para garantizar entornos deportivos seguros, promoviendo valores como el respeto, la convivencia y el bienestar emocional, en coordinación con administraciones públicas, federaciones deportivas y entidades sociales.

Su gestión también ha incidido en el fortalecimiento de la cooperación con cabildos y ayuntamientos, el apoyo al tejido federativo y la mejora de la coordinación institucional del sistema deportivo canario, además de la continuada promoción del deporte como elemento de cohesión territorial.

Pérez admitió que su salida “ha sido la decisión más dura de mi vida”, y explicó que la ha adoptado “sobre la base de los valores y principios que siempre me han acompañado”. En este sentido, reconoció que se ha visto obligado a “dar un paso a un lado” tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado mes de agosto, al no encontrarse “al cien por cien” para continuar ejerciendo sus funciones, y subrayó que “una persona seria y comprometida tiene que en plenas condiciones para poder dar lo mejor de sí mismo por el deporte de nuestra tierra”.

El hasta hoy director general quiso trasladar su agradecimiento “a todo el Gobierno de Canarias por el orgullo de haber formado parte de él, al equipo de Deportes y a todas las personas que, desde clubes, federaciones y en la calle, me han mostrado siempre tanto cariño, respeto y complicidad”. Asimismo, animó a seguir trabajando “por un gran deporte en Canarias, no solo de éxitos deportivos, sino como escuela de vida para niñas, niños y jóvenes”, y aseguró que, aunque abandona la política activa, “seguiré estando ahí donde se me necesite por el deporte”.

Al frente de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, José Francisco Pérez, ha contribuido al desarrollo de las políticas públicas en materia deportiva durante esta legislatura, una labor que el Gobierno de Canarias quiere poner en valor. Su paso por el área deja una huella basada en el esfuerzo continuo, la capacidad de diálogo y consenso, y una firme convicción en el deporte como herramienta de transformación social. Asimismo, el Ejecutivo valora su sentido de la responsabilidad, su honradez y su compromiso con el servicio público al adoptar voluntariamente la decisión de no continuar en el cargo al no poder ejercer sus funciones con plena dedicación.

María Rojas Estévez, nueva directora general

Ingeniera informática por la Universidad de La Laguna, María Rojas Estévez ha desempeñado la coordinación del proyecto Ganar, una de las principales iniciativas impulsadas por esta dirección general en la presente legislatura, lo que le ha permitido adquirir experiencia directa en la gestión de una de sus líneas de trabajo estratégicas, con lo que garantiza la continuidad del trabajo desarrollado por José Francisco Pérez.

La directora general entrante cuenta además con el Máster Universitario en Formación del Profesorado, lo que refuerza su vinculación con el ámbito educativo, y con formación complementaria en programación web, desarrollo de aplicaciones y entornos digitales. A ello se suma su capacitación en habilidades directivas, que aporta una base sólida para la gestión de equipos y la toma de decisiones.

Este perfil combina una formación técnica cualificada con capacidades organizativas y de liderazgo enfocadas a la ejecución de proyectos. Con esta incorporación, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte mantiene su línea de trabajo en el impulso de políticas orientadas a la promoción de la actividad física y del deporte.

Rojas Estévez, quien agradeció la confianza depositada por el Gobierno de Canarias en su nombramiento, señaló que asume esta nueva responsabilidad “con el compromiso y la responsabilidad que exige un área clave para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del deporte en Canarias”.

En este sentido, subrayó “la voluntad de dar continuidad al gran trabajo realizado por mi antecesor, consolidando las líneas que han permitido avanzar en la promoción de la actividad física y el deporte como herramientas de cohesión social, salud y formación en valores”, y apostó por seguir reforzando la coordinación con administraciones, federaciones y entidades deportivas para avanzar hacia un sistema más accesible, inclusivo y adaptado a la realidad de todas las islas.

El Gobierno de Canarias avanza en la puesta en marcha de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible

El Ejecutivo saca a licitación el servicio integral que permitirá movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas hacia el alquiler asequible

La iniciativa refuerza la estrategia para ampliar la oferta sin consumir nuevo suelo y facilitar el acceso a la vivienda a precios accesibles

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre la licitación del servicio integral necesario para la implantación, puesta en marcha y gestión operativa de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible de Canarias, una iniciativa orientada a movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas hacia el alquiler a precios asequibles.

Con este paso, el Gobierno de Canarias avanza en la activación de esta herramienta como un instrumento clave de intervención en el mercado residencial para incrementar la oferta disponible y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el Archipiélago.

El contrato, gestionado a través de la empresa pública VISOCAN, cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros y permitirá desplegar un servicio integral que abarca el diagnóstico territorial, la captación de viviendas, la captación y preevaluación de personas demandantes, la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos y el seguimiento de los arrendamientos.

En este sentido, la Bolsa Activa de Vivienda Asequible de Canarias tiene como finalidad facilitar la función social de la vivienda, incrementando la oferta en alquiler a precios inferiores al mercado y mejorando el acceso a la vivienda de canarias y canarios con ingresos limitados.

Se trata de una medida eficiente y sostenible, al priorizar la movilización del parque residencial ya construido frente a alternativas que implican un mayor consumo de suelo, más recursos públicos y plazos de ejecución más largos, una cuestión especialmente relevante en el ámbito territorial de Canarias.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para dar respuesta a la situación del mercado de la vivienda en Canarias, combinando la construcción de nueva vivienda con medidas orientadas a movilizar el parque existente, optimizar su uso y facilitar el acceso a un alquiler asequible en condiciones de seguridad tanto para propietarios como para inquilinos.

Un paquete integral de medidas

La puesta en marcha de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, orientada a abordar de forma estructural el problema de acceso a la vivienda en el archipiélago.

En este contexto, en marzo de 2026 el Ejecutivo aprobó el nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas públicas, sustituyendo el sistema de sorteo por un modelo de baremación basado en criterios objetivos de carácter económico, social y familiar. Esta norma introduce mayor equidad, transparencia y seguridad jurídica, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos mediante la inscripción telemática en el Registro de Demandantes a través de declaración responsable. Asimismo, refuerza los requisitos de residencia y arraigo, y amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios, consolidando el carácter social del sistema.

A esta medida se suma el decreto ley aprobado en abril de 2025 para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, que permite a los ayuntamientos otorgarlas en menos de seis meses con plenas garantías jurídicas. Esta norma ha incorporado, además, la figura de la Vivienda Asequible Incentivada, dirigida especialmente a las clases medias, y que ha posicionado a Canarias como comunidad pionera en su desarrollo.

Previamente, en febrero de 2024, el Gobierno ya había aprobado un decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, articulando actuaciones destinadas tanto a incrementar la disponibilidad de suelo como a impulsar la construcción de vivienda protegida.

En paralelo al desarrollo normativo, el Ejecutivo ha reforzado de forma sostenida el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda, lo que ha permitido activar un parque de aproximadamente 4.000 viviendas en distintas fases —cerca de 2.000 en planificación y otras 2.000 en construcción—, junto a más de 200 viviendas adquiridas y más de 150 ya finalizadas.

Este esfuerzo se ha complementado con políticas de apoyo directo a la ciudadanía, como las ayudas al alquiler general y al alquiler joven, así como las líneas de apoyo a la adquisición de vivienda para jóvenes. En esta misma línea, el Gobierno avanza en el diseño de la Hipoteca Joven Canaria, un instrumento innovador que permitirá cubrir mediante aval público hasta el 95 % del valor de la vivienda, facilitando el acceso a la primera vivienda en propiedad.

Finalmente, el I Congreso de Vivienda de Canarias, celebrado en diciembre de 2025, ha supuesto un hito en la articulación de una estrategia compartida, reuniendo a administraciones, expertos y sector privado para definir soluciones desde una perspectiva técnica, social y territorial. Un foro en el que, además, se consolidó el impulso a iniciativas como la propia Bolsa Activa de Vivienda Asequible.

Sanidad destinará 9,1 millones de euros a la compra centralizada de gasoil para suministrar a los hospitales

La contratación se realizará mediante la suscripción de un acuerdo marco, para un período de dos años y un consumo estimado de 5.178.268 litros

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 9.143.280,78 euros, para la contratación de un suministro de combustible gasoil clase A para cubrir las necesidades de este tipo de combustible de los hospitales del Servicio Canario de la Salud durante un período de dos años.

La contratación se realizará mediante la suscripción de un acuerdo marco para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la tramitación de expedientes de contratación centralizada, que contribuyen a racionalizar y mejorar notablemente la eficiencia de los procesos de aprovisionamiento de los centros sanitarios y a obtener una reducción de los precios derivada de las economías de escala.

El Servicio Canario de la Salud, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, tramitó en 2021 un expediente de contratación por acuerdo marco para la compra centralizada de combustible que finalizará el próximo 30 de junio, motivo por el que resulta imprescindible tramitar un nuevo acuerdo marco que garantice la continuidad del suministro.

El consumo previsto durante las dos próximas anualidades asciende a 5.178.268 litros, para cuya contratación los hospitales del SCS dispondrán de los siguientes presupuestos máximos de licitación: 2.561.291,75 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, 1.777.532,02 euros en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa; 1.589.131,64 euros en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; 1.378.995,47 euros en el Hospital General de Fuerteventura; 829.879,86 euros en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; 593.275,81 euros en el Hospital Universitario de La Palma; 300.169,31 euros, en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe; 105.942,11 euros en el Hospital Universitario de Canarias y 7.062,81 euros en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

El presupuesto de licitación se ha calculado teniendo en cuenta los consumos esperados por las distintas gerencias y la variabilidad del precio del petróleo, así como con la aplicación del uno por ciento de Impuesto General Indirecto (IGIC).

El suministro de gasoil clase A es fundamental para garantizar el funcionamiento de sistemas críticos, como los generadores eléctricos, y para asegurar la operatividad de los equipos sanitarios.

El Gobierno de Canarias actualiza el proyecto para duplicar la capacidad de la depuradora de Puerto del Rosario

La inversión finalmente ascenderá a 15,6 millones de euros hasta 2029. La obra se licitará durante la primera quincena de mayo

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la nueva planificación presupuestaria del proyecto para duplicar la capacidad de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Este proyecto, al que se han incorporado varias mejoras, supera ahora los 15,6 millones de euros de coste y su ejecución abarcará hasta 2029. El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dirige Manuel Miranda, propone una actuación “estratégica para consolidar el ciclo del agua en Fuerteventura”, según ha explicado el consejero. Se espera que pueda ser licitado en la primera quincena de mayo.

La planificación aprobada hoy contempla destinar medio millón en 2026; 6,5 millones en 2027; 7,1 millones en 2028; y 1,4 millones en el último año de ejecución, que será 2029. Así, suma un total de 15.615.469,09 euros.

El proyecto viene a dar respuesta a la saturación de la instalación, que puede actualmente tratar unos 3.000 metros cúbicos de aguas residuales diarios. Los caudales actuales y las previsiones de crecimiento demográfico y turístico del municipio hacen necesario ampliar dicha capacidad. La obra permitirá duplicarla hasta los 6.000 m³ diarios. Además de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras, posibilitará aumentar la capacidad ante episodios de lluvias intensas y mejorará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración, vertido y reutilización de aguas residuales urbanas.

Los trabajos supondrán ampliar las líneas de tratamiento, con nuevos sistemas de depuración de mayor eficiencia. Se incorporarán procesos avanzados de tratamiento biológico que no solo mejoran la calidad del agua resultante, sino que aportan estabilidad al proceso en situaciones de variación de caudales. Optimizarán, además, la eliminación de sólidos y arenas y supondrán la construcción de nuevas instalaciones que permitirán una deshidratación más efectiva de fangos. Se reducirá así el volumen de residuos generados, lo que posibilitará mejorar su gestión final y disminuir el impacto ambiental asociado a su transporte y tratamiento.

Respecto al agua resultante del tratamiento, será de mejor calidad y se podrá usar para riego en el sector primario y otros usos, como el riego de zonas verdes. Esta posibilidad reducirá la presión sobre los recursos hídricos convencionales, por lo que aumentará la disponibilidad para otros usos, como el abastecimiento a la población.

El proyecto también contempla una reducción de vertidos al mar, así como la mejora de los que se puedan producir y el refuerzo de la integración ambiental de la instalación, ubicada en la zona industrial de Risco Prieto.

Cabe recordar que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario firmaron el pasado diciembre el convenio de colaboración que permitirá desarrollar este proyecto una vez sea adjudicado.

El Gobierno de Canarias autoriza siete nuevas enseñanzas universitarias oficiales

El Consejo de Gobierno aprueba la implantación de dos grados y cinco másteres en la Universidad Europea de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión celebrada este lunes 20 de abril de 2026, la autorización de siete nuevas enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad Europea de Canarias, en el marco de la ordenación del sistema de formación académica en el archipiélago.

Las titulaciones autorizadas incluyen los grados en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética, así como los másteres universitarios en Educación Ambiental, Gestión de Proyectos Sostenibles y ESG, Ingeniería Industrial, Ingeniería y Gestión del Agua y Finanzas Sostenibles e Inversión Responsable.

Las propuestas han seguido el procedimiento establecido en la normativa vigente, con informe favorable sobre su necesidad y viabilidad académica y social, así como la evaluación de calidad correspondiente, antes de su autorización definitiva por el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Canarias aprueba el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la aprobación del nuevo contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria para el período 2026-2028, una vez vencido el plazo del anterior.

El contrato de gestión constituye el principal instrumento de planificación estratégica de la Agencia, en el que se recoge su misión, visión y valores; así como los objetivos estratégicos en los que ha de concentrar su actividad al objeto de cumplir con la misión y acercarse a la visión que persigue.

En este sentido, el mapa estratégico del nuevo contrato de gestión se basa en cuatro ejes fundamentales: la prestación de un servicio de calidad al obligado tributario, potenciar la lucha contra el fraude fiscal, fomentar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar la organización, innovación y crecimiento personal de los empleados de la organización.

El resto de objetivos pivota sobre estas cuatro premisas principales y están enfocados a mejorar la eficacia de la Agencia Tributaria Canaria y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este sentido, tiene especial relevancia el uso de las nuevas tecnologías, un proceso de mejora continua en el que la ATC está muy implicada. Este constante proceso de actualización está orientado a asegurar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas y aplicaciones empleados en la gestión tributaria.

En lo que se refiere al resto del contenido mínimo del contrato de gestión, no presenta novedad con respecto al contrato de gestión anterior. Es decir, incluye los recursos materiales, presupuestarios y tecnológicos, así como los recursos humanos de la Agencia; también la evaluación del desempeño y productividad, la responsabilidad en la gestión y el seguimiento de la ejecución y el procedimiento para introducir modificaciones. Todo con el único objetivo de mejorar el servicio prestado a la ciudadanía, así como optimizar la eficiencia y seguridad en la gestión.

Bienestar Social destina 40.000 euros a Apreme para ejecutar obras de mejora y adecuación de sus instalaciones

La ayuda directa tiene como fin el acondicionamiento de un solar para la creación de una cancha deportiva y zona de aparcamiento adaptado

El Consejo de Gobierno ha aprobado conceder, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, una subvención directa a la Asociación Nuestra Señora del Amparo-Apreme, para la ejecución del proyecto Espacio sin límites, por importe de 40.000 euros.

La ayuda concedida tiene como objetivo dar cobertura financiera al proyecto de adecuación y acondicionamiento de un solar anexo, propiedad de la entidad, para la creación de una cancha deportiva accesible; la habilitación de una zona de aparcamiento para los vehículos del servicio de transporte; y la ejecución de un acceso adaptado que conecte dicho espacio con las instalaciones de la entidad.

Apreme es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1998 con el fin de atender a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, orientada por los principios de integración social y de normalización. Entre las acciones que desarrollan se incluyen, entre otras, la atención integral a las personas con discapacidad intelectual desde su nacimiento; estimulación, rehabilitación y educación; la posible inserción laboral y/o asistencia a un centro de día, así como dar respuesta a las necesidades legales, económicas, educativas, a las familias asociadas y promover y organizar, en colaboración con otras entidades, actividades de entretenimiento y ocio, formativas e informativas para el conjunto de los asociados/as.

El Consejo de Gobierno autoriza el plan de ordenación del personal laboral de la Administración Pública

Supone la formalización del acuerdo alcanzado por la Dirección General de la Función Pública y los sindicatos el 30 de enero de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización del acuerdo sobre Plan de ordenación del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, alcanzado el 30 de enero de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio colectivo. Tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Plan, impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Función Pública, se construye en base a ejes de actuación que se consideran esenciales para la ordenación del personal laboral, como son los derechos profesionales de movilidad y promoción; la reducción del empleo público temporal y la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario. También contempla la selección de las futuras generaciones de personal laboral y la clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las actuales necesidades de la Administración.

Para velar por su cumplimiento y supervisar los trabajos de ejecución de este Plan, se constituirá una Comisión Mixta y paritaria entre la Administración y las organizaciones sindicales. Asimismo, se constituirán los correspondientes Grupos de Trabajo que tendrán como misión estudiar y elaborar propuestas de actuaciones a llevar a cabo en relación con los ejes de actuación que les hayan sido encomendados.

El Plan de Ordenación de Personal Laboral de esta Administración involucra en la actualidad a 7.749 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 3.891 son personal laboral fijo y el resto, 3.858, es personal temporal. De la totalidad del personal laboral, 6.085 son mujeres, representando un 78,52 por ciento, y 1.664 son hombres, representando un 21,48 por ciento.

En el diseño de las actuaciones y en su ejecución se tendrá en cuenta el principio de perspectiva de género de la mano del Plan Sectorial de Igualdad de Administración General, cuya ejecución ya se ha iniciado con la creación del correspondiente Comité de Igualdad de Administración General, que reunirá a representantes de la Administración y de los sindicatos.

La ejecución de este plan va a suponer un importante esfuerzo en la gestión de los procedimientos vinculados a los ejes de actuación, motivo por el que se ha reforzado la Dirección General de la Función Pública, mediante la creación de una Unidad Administrativa Temporal.