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El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Comité de Igualdad de la Administración General

Adscrito a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de la Función Pública, se configura como un espacio de participación institucional entre la Administración Pública y las organizaciones sindicales para el seguimiento del Plan

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy lunes la creación del Comité de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública. Actuará como comisión de seguimiento del Plan de Igualdad.

El Comité tendrá encomendado el seguimiento de las finalidades y competencias establecidas en el Plan de Igualdad de Administración General 2026-2029 y estará compuesto por personas representantes de distintos ámbitos de organización de la Administración General y de las organizaciones sindicales más representativas del sector.

Según el acuerdo, se configura como un espacio de participación institucional entre la Administración Pública y las organizaciones sindicales representadas en el ámbito de la Administración General, con el objetivo de impulsar su desarrollo.

El Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2025, aprobó el Plan de Igualdad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias el día 31 de diciembre de 2025.

Es este Plan el que establece y describe un sistema de gestión y los agentes que intervienen en el desarrollo del Plan, dentro de los cuales se encuentra su seguimiento a través del denominado Comité de Igualdad, que deberá celebrar la primera sesión constitutiva antes del 30 de mayo de 2026.

El acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y en el espacio web de la Dirección General de la Función Pública destinado a las iniciativas normativas.

El Gobierno ultima decreto sobre juegos y apuestas que refuerza los controles para impedir el acceso a los menores

El Consejo acuerda trasladar al Parlamento la planificación que se recoge en la norma, conforme a lo establecido en la Ley 8/2010

El Gobierno de Canarias ultima una norma sobre los juegos y apuestas con un instrumento de planificación único, que tiene como objetivo ordenar la dispersión existente y ofrecer mayor seguridad jurídica a todas las partes intervinientes en el sector, además de reforzar los controles de acceso a los menores.

En este sentido, a partir de su entrada en vigor, los salones recreativos y de juegos deberán tener obligatoriamente un servicio de admisión que impida la entrada a la zona donde se desarrolle la práctica del juego a menores de edad.

En el proceso normativo, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy remitir al Parlamento la planificación recogida en el Proyecto de Decreto, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y conforme a lo establecido en la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas.

La finalidad del decreto es que la ciudadanía, en su condición de personas usuarias de los distintos sectores del juego, pueda ver garantizado un sistema de supervisión óptimo de cara a los riesgos derivados de dicha práctica de la que deben ser conocedores, pero también delimitar el contenido y extensión de los límites de la actividad para aquellas personas empresarias que, cumpliendo las requisitos y condiciones exigidos, quieran acceder al mercado.

Además, supone una revisión del Decreto 26/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, dado que es necesario actualizar y adaptar la normativa a determinadas realidades vinculadas a la evolución del sector y a la gestión de los procedimientos vinculados a la materia por parte de la Administración competente. Igualmente, se han realizado modificaciones puntuales en otras disposiciones de carácter general.

En lo referente al Registro de Prohibidos de Acceso al Juego, y en aras de garantizar la protección de los colectivos más vulnerables, se modifica el artículo 24 del Reglamento de homologación de juego y de organización y funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 42/1998, de 2 de abril, a fin de recoger el plazo de duración de la inscripción en aquellos supuestos de autoprohibición o prohibición a terceros sobre cuyos actos de administración y disposición del patrimonio recayese un interés legítimo, plazo que hasta ahora no se contemplaba, y que se establece con carácter indefinido. No obstante, se prevé que, transcurridos seis meses desde la inscripción, se pueda proceder a la cancelación de la misma.

La duración prevista para la planificación contemplada en la norma es de cinco años, aunque, dadas las circunstancias que obre el sector influyen, tales como cuestiones de índole poblacional, socioeconómicas, situación y distribución geográfica, entre otras, se prevé que la nueva planificación pueda prorrogarse por otros cinco años, tomando en consideración lo que el informe la Comisión del Juego y las Apuestas de Canarias.

El Gobierno de Canarias impulsó también como decreto ley 7/2024 y posteriormente como Ley 2/2025, de 26 de junio, medidas urgentes para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas. En este sector, evita la concentración de locales de juego, regula la distancia de los salones de los centros educativos y amplía la edad de protección desde los 6 años, entre otras medidas.

El Gobierno reinicia los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias

El Ejecutivo tramitará por urgencia esta norma, dado que el nuevo texto parte de trabajos previos ya avanzados, incorpora mejoras sustanciales y refuerza la seguridad jurídica tras las observaciones del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, ha acordado reiniciar los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, una norma destinada a establecer un marco jurídico integral para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural del archipiélago.

La tramitación del anteproyecto se realizará por la vía de urgencia, ante la necesidad de dotar a la comunidad autónoma de un instrumento normativo propio, sistemático y actualizado que desarrolle en el ámbito canario la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales.

El reinicio del procedimiento permite retomar un proceso ya avanzado, aprovechando el trabajo técnico y jurídico realizado en fases anteriores, así como el conocimiento acumulado durante su tramitación. No obstante, el nuevo texto incorpora modificaciones de alcance suficiente como para justificar el inicio de un nuevo procedimiento, con el objetivo de garantizar su solidez jurídica y su adecuación al marco competencial vigente.

El anteproyecto toma en consideración las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo, que señalaban deficiencias en la técnica normativa, posibles solapamientos con la legislación básica estatal y riesgos de inseguridad jurídica. A partir de ese análisis, se ha elaborado un texto revisado que refuerza su coherencia, mejora su estructura y evita duplicidades normativas.

La futura ley permitirá a Canarias contar por primera vez con una norma propia que integre y ordene el conjunto de instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad, actualmente dispersos en diferentes disposiciones. Asimismo, adaptará la regulación a las singularidades del territorio insular, caracterizado por su elevada biodiversidad, alto grado de endemicidad y fragilidad de los ecosistemas.

Entre sus contenidos, el anteproyecto incorpora la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, en línea con las competencias asumidas por la comunidad autónoma, e integra los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en Canarias. También establece un marco común para la planificación, la conservación de especies y hábitats y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto regula, además, los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, ordena los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural.

Con este acuerdo, el anteproyecto inicia nuevamente su tramitación administrativa, que incluirá los correspondientes informes, consultas y fases de participación pública antes de su aprobación como proyecto de ley.

El Gobierno de Canarias aprueba la creación de la nueva Unidad Estadística Delegada del Sector Primario

Se trata de la primera unidad estadística delegada que se integra en el Sistema Estadístico de Canarias

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) derivada de la creación de la Unidad Estadística Delegada del Sector Primario (UEDSP). Esta RPT, acordada junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en los próximos días.

Como consecuencia de esta modificación, el personal que en la actualidad desempeña funciones estadísticas en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria podrá desarrollar plenamente sus funciones estadísticas dentro del entorno metodológico, organizativo, técnico y jurídico del Instituto.

La relevancia de esta nueva unidad administrativa, además de ser la primera de estas características creada dentro del Sistema Estadístico de Canarias, reside en la posibilidad

de acceso y tratamiento de toda la información protegida bajo el secreto estadístico a través del uso de la Infraestructura de Datos y Metadatos Estadísticos de Canarias (eDatos), declarado proyecto estratégico del Gobierno de Canarias en 2025.

Para la consejera Matilde Asián, como responsable del ISTAC, esta nueva estructura va a permitir a la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria aprovechar la enorme potencialidad de los datos protegidos de la estadística pública para hacer sus propios estudios y evaluaciones, entre otras ventajas.

Por su parte, Narvay Quintero destaca que la creación de esta unidad estadística delegada consolida la colaboración de estos últimos años entre la consejería y el ISTAC y contribuye a mejorar y avanzar en las estadísticas del sector primario para la imprescindible toma de decisiones informadas.

El personal implicado en este proyecto, si bien tiene adscripción orgánica y funcional al ISTAC, seguirá desarrollando físicamente su labor en los mismos puestos que ocupan actualmente en la citada consejería, con el objetivo de mantener la integración diaria, la coordinación y el flujo de comunicación necesarios para alcanzar los objetivos de la Unidad.

Asimismo, podrán participar en los programas formativos de especialización del ISTAC y formar parte de los distintos grupos de trabajo que mantiene el Instituto con el resto de oficinas estadísticas de las comunidades autónomas y el propio Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la incorporación al Instituto de este personal estadístico se espera fortalecer la capacidad de producción de estadísticas relevantes para el sector primario, mejorar su calidad y optimizar la coordinación interadministrativa.

La UEDSP dependerá orgánica y funcionalmente de la subdirección de Estadística y Análisis de Datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). La coordinación de los trabajos de la unidad la desarrollará la Comisión Delegada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, dependiente de la Comisión Ejecutiva del ISTAC.

Funciones de las unidades estadísticas delegadas

Las unidades estadísticas delegadas, que pueden crearse para cada una de las consejerías del Gobierno de Canarias, desarrollarán, entre otras funciones dentro de la competencia de sus departamentos, la identificación de necesidades de información estadística para su inclusión en el Plan Estadístico de Canarias y el diseño, elaboración y difusión de operaciones y estudios estadísticos.

También podrán generar información para evaluar el cumplimiento y la calidad de los servicios públicos, y coordinar los sistemas de inteligencia de gobierno y de sistemas de decisión, incluyendo el desarrollo de cuadros de mando.

La creación de la UEDSP se ha desarrollado aplicando la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 11/2017, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Canario de Estadística; y la Orden de Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de 17 de junio de 2020, por la que se regulan las unidades estadísticas delegadas y las oficinas estadísticas territoriales del Instituto Canario de Estadística.

El Gobierno designa nuevos gerentes para los Servicios Sanitarios de Fuerteventura y Atención Primaria de Tenerife

Alejandro Miguens Uriel y Juan José Afonso Rodríguez sustituyen a María Luisa Naranjo Báez y a Jesús Delgado Santana como gerentes de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura y de Atención Primaria de Tenerife, respectivamente

El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de hoy, los nombramientos de los gerentes de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura y de Atención Primaria de Tenerife, tras el cese a petición propia de las personas que ocupaban dichos cargos en ambas instituciones del Servicio Canario de la Salud, a quienes el Gobierno agradece los servicios prestados.

Así, Alejandro Miguens Uriel sustituye a María Luisa Naranjo Báez como gerente de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura, mientras que Juan José Afonso Rodríguez ocupará el cargo de gerente de Atención Primaria de Tenerife en sustitución de Jesús Delgado Santana.

Alejandro Miguens, gerente de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura

Alejandro Miguens Uriel, licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina de Urgencias y Emergencias. Además, cuenta con los másteres en Ecografía Clínica para Emergencias y Cuidados Críticos e Iniciación a la Investigación en Medicina.

Hasta la actualidad ocupaba el puesto de director médico de Atención Especializada del Hospital General de Fuerteventura. Anteriormente, fue médico y coordinador del servicio de Urgencias Hospitalarias del centro hospitalario majorero, con lo que cuenta con amplia experiencia en la actividad clínica y de gestión de la Gerencia de Servicios Sanitarios. También cuenta con una amplia trayectoria como docente en cursos formativos en el ámbito clínico.

Cuenta con experiencia en gestión sanitaria hospitalaria, dirección médica, coordinación de servicios críticos y liderazgo de equipos multidisciplinares. Orientado a la optimización de recursos, mejora de la calidad asistencial y eficiencia organizativa dentro del sistema sanitario público.

Juan José Afonso, gerente de Atención Primaria de Tenerife

Juan José Afonso Rodríguez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, premio extraordinario de Licenciatura, y doctor en Medicina y Cirugía por la ULL, con premio extraordinario de Doctorado. También cuenta con el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias y un máster en Dirección de Sistemas Integrados de Salud.

A lo largo de su trayectoria ocupó los puestos de gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, del Hospital La Colina, y director general de centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. También fue asesor académico en programas de gestión y alta dirección sanitaria en ADES Health Pro.

Afonso cuenta con una trayectoria de cuarenta años de experiencia en el sector sanitario como médico cirujano, profesor universitario, investigador-doctor en Medicina, asesor, director de hospitales y de grandes organizaciones sanitarias. Asimismo, tiene experiencia en el diseño y ejecución de planes estratégicos para la transformación e innovación.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para paliar la crisis generada por la guerra de Irán

La rebaja a cero del IGIC a los combustibles, la bonificación del Impuesto sobre combustibles a los transportistas y agricultores y las ayudas directas al sector primario e industrial, entre las prioridades del Ejecutivo

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este lunes a la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán ha provocado en las Islas. El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Gobierno de España, ya que el archipiélago había quedado fuera de los beneficios de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional.

Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias —centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos— no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico; además, dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.

El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales. Las acordadas este lunes en el Consejo de Gobierno son:

  • Reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales, se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.

  • Incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.

  • Aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.

  • Ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.

  • Creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.

Solicitudes al Gobierno de España

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis.

Entre las principales propuestas destacan:

  • La flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias.

  • La implantación de una bonificación estatal al precio del combustible.

  • La reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

  • La actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura.

  • La puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.

  • La creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.

Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.

El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas:

  • La rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias.

  • El impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina.

  • El incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

  • La exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad.

  • El aumento del límite de ayudas minimis para empresas.

El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.

Sanidad destinará 54,8 millones a la adquisición de un suministro de medicamentos para terapias génicas

Se trata de fármacos innovadores para tratar la hemofilia B y la atrofia medular espinal (AME), cuya indicación y seguimiento se realiza en los hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 54.804.480 euros para la adquisición de medicamentos destinados a terapias génicas de la hemofilia B y la atrofia medular espinal (AME), cuya indicación y seguimiento se realiza en hospitales del Servicio Canario de la Salud designados centros de referencia para estos tratamientos.

Se trata de nuevos fármacos, cuya financiación pública fue aprobada recientemente por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que se comprarán por primera vez por el Servicio Canario de la Salud para el tratamiento de los pacientes.

Estos fármacos innovadores están basados en genes que, por su precisión y acción correctiva o modificadora del defecto genético causante de la enfermedad, ofrecen oportunidades para tratar algunas patologías, lo que supone un avance muy significativo para la mejora de la esperanza y la calidad de vida de algunos pacientes. Asimismo, estas terapias génicas se encuentran incluidas dentro de las consideradas terapias avanzadas.

Actualmente, los hospitales universitarios Ntra. Sra. de Candelaria y Doctor Negrín están designados centros de referencia provinciales para la indicación, administración y seguimiento del tratamiento de la hemofilia B grave, así como el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, para la indicación, administración y seguimiento de las terapias génicas de la atrofia medular espinal (AME).

El expediente de contratación agrupará la compra de todos los medicamentos financiados dentro del Sistema Nacional de Salud, que sirven de base a las terapias génicas para estas dos patologías, por un período de cinco años, sin posibilidad de prórroga.

La contratación del suministro se realizará mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición, considerado el más idóneo por el elevado impacto presupuestario de las terapias génicas, la variabilidad existente en las empresas suministradoras, la posibilidad de aparición de nuevas moléculas para estas indicaciones y la agilidad administrativa de la contratación mediante la homologación de proveedores.

El sistema dinámico de adquisición ha sido utilizado en el Servicio Canario de la Salud para la adquisición de otros suministros de medicamentos, como las terapias CAR que se administran en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Las terapias génicas tienen un alto impacto presupuestario, lo que requiere de un tratamiento específico a través de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades que surgen tanto de los diversos agentes del mercado que lo pueden suministrar como de la forma de dispensación del tratamiento y de su forma de pago.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización de tres explotaciones con un total de 725 cabezas de ganado

El Consejo autoriza la actividad de estas instalaciones localizadas en Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), que suman ya un total de 36 desde el inicio de la legislatura

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 30 de marzo, la legalización territorial de tres explotaciones, que suman en total 725 cabezas de ganado, en los municipios de Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a tres explotaciones dedicadas principalmente al ganado caprino, una de las cuales se complementa con producción avícola. Con las tres aprobadas hoy, el total asciende a 36 legalizaciones desde el inicio de la legislatura.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como a otras administraciones públicas, entre ellas la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Consejo de Gobierno autoriza las condiciones y requisitos para la jubilación parcial del personal laboral

La medida regula el procedimiento y las condiciones de reducción de jornada de entre el 25 % y el 75 %

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el ejercicio del derecho al acceso a la jubilación parcial, sin necesidad de suscribir un contrato de relevo obligatorio, del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo regulatorio, alcanzado con la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral a través de la Dirección General de la Función Pública, permitirá reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%. A partir de ese momento, la persona trabajadora continuará desempeñando su mismo puesto mediante la transformación de su contrato de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, con la correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones.

La solicitud deberá presentarse con al menos seis meses de antelación respecto a la fecha en la que pretenda dejar de trabajar a jornada completa. Para poder acceder a esta modalidad, será necesario ser personal laboral de la Administración autonómica, estar en régimen de jornada completa y cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social.

Requisitos

El texto establece que, con carácter general, durante los tres primeros meses de jubilación parcial, la persona trabajadora deberá prestar servicio diariamente en la parte de jornada que le corresponda. Este periodo tiene como objetivo facilitar la transmisión de conocimientos y experiencia al resto del personal de la organización.

Una vez superados esos tres meses iniciales, la prestación del trabajo podrá mantenerse de forma diaria o bien organizarse de manera acumulada —semanal, mensual, anual o incluso concentrada en un único periodo— hasta el momento en que la persona acceda a la jubilación ordinaria total.

En los puestos vinculados a servicios públicos esenciales, como centros educativos o del área de bienestar, la jornada podrá organizarse de forma acumulada desde el inicio para garantizar la prestación del servicio.

Derechos

El acceso a la jubilación parcial estará condicionado al reconocimiento de la pensión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Una vez concedida, se modificará el contrato a tiempo parcial y la persona trabajadora continuará en su mismo puesto hasta la jubilación total, sin poder participar en procesos de promoción interna, selección de personal, concursos de traslado u otros procedimientos de movilidad, salvo por motivos de salud.

La persona que acceda a la jubilación parcial mantendrá los mismos derechos que el personal que trabaja a jornada completa, si bien aquellos vinculados al tiempo de trabajo se disfrutarán de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada. En particular, tendrá derecho a vacaciones y a días de asuntos particulares en función del tiempo trabajado, con independencia de que la prestación de servicios se realice de forma acumulada o no.

Asimismo, el acceso a esta modalidad de jubilación no supondrá la pérdida de derechos adquiridos ni de la antigüedad reconocida, y la Administración no podrá disponer del puesto de trabajo mientras la persona permanezca en situación de jubilación parcial.

La autorización del acuerdo se formalizará mediante la firma de un acta entre la Dirección General de la Función Pública y las organizaciones sindicales representadas en la Comisión Negociadora del convenio colectivo. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el decreto de persona facilitadora de apoyo en sedes judiciales

Se regula la figura que asistirá a las personas con discapacidad y a mayores de 65 años en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, solicitar el dictamen al Consejo Consultivo sobre la figura de la persona facilitadora que prestará apoyo a personas con discapacidad y a mayores en sedes judiciales y fiscales.

Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, principios de actuación, actuaciones a realizar y la forma de designación del personal experto que actúe como personal facilitador, para asistir a las personas con discapacidad, así como a personas mayores con 65 años o más en los procesos y actuaciones judiciales o ante el Ministerio Fiscal, garantizándose así, la igualdad de las personas destinatarias de este recurso en sus relaciones con la Administración de Justicia.

De esta forma, el Gobierno de Canarias consolida su apuesta por una mayor humanización de la justicia y avanza en la accesibilidad del sistema al eliminar barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión.

La persona facilitadora deberá asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales, apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes razonables, las adaptaciones y el apoyo adecuados. Se hace constar que la persona facilitadora no habla en nombre de las personas destinatarias, ni del sistema de justicia, ni debe dirigir o influir en la toma de las decisiones o en los resultados. Sus funciones serán informar, diseñar y facilitar, tanto a los profesionales de la justicia implicados, como a las personas destinatarias.

Para poder ser designados como personas facilitadoras, deben estar en posesión de la titulación y/o graduación en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía y criminología. Además, tiene que contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad; estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad o personas mayores en procesos judiciales; acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad y las personas mayores.

Otro requisito es carecer de antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, aportando el correspondiente certificado de delitos de naturaleza sexual o bien permitiendo a la administración pública comprobar el contenido del registro. Por último, se requiere estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal facilitador.

Cuando la persona con discapacidad sea menor de edad, la persona que actúe como su persona facilitadora debe reunir los requisitos señalados en el artículo anterior y además estar en posesión de cursos de formación específica en atención a la infancia y adolescencia con una duración mínima de 60 horas.

Otras actuaciones de la Consejería

En la misma línea de humanizar la justicia, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderla y también ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las víctimas menores de edad que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.