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El Consejo de Gobierno nombra a Gustavo Pérez nuevo director del ICAP

Sustituye en el cargo a Pino de León, que pasa a ocuparse de la dirección del Instituto Canario de la Vivienda

El Consejo de Gobierno ha nombrado este lunes a Gustavo Pérez Martín como nuevo director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) en sustitución de Pino de León Hernández, que pasa a ocupar la dirección del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), nombramiento que también se ha hecho efectivo.

Gustavo Pérez es técnico especialista en Formación Profesional de Segundo Grado en Comercio Exterior y técnico en Marketing. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como docente, gerente comercial y gestor sociocultural. Entre los años 2013 y 2021 fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Güímar y, de julio de 2021 a agosto de 2025, alcalde de este municipio tinerfeño.

El Gobierno eleva el Decreto Canarias al Parlamento para abrir cuanto antes la negociación con el Estado

El presidente Clavijo llama a partidos políticos, administraciones, empresarios y sindicatos a reclamar al Estado “con una sola voz” recursos que son vitales para el avance del archipiélago

Espera el respaldo de toda Canarias a medidas que buscan reforzar los servicios esenciales, mantener el escudo social y afrontar retos como la vivienda o la despoblación en las islas verdes

La Comunicación aprobada en Consejo de Gobierno incluye más de 50 medidas que responden a compromisos estatales plasmados en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y los presupuestos de 2023

El presidente Fernando Clavijo ha hecho un llamamiento a toda Canarias para defender “unidos, con una sola voz” la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley que dé cumplimiento a los compromisos pendientes con el archipiélago. Así lo hizo tras la aprobación este lunes en Consejo de Gobierno de la Comunicación que se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación en las próximas semanas.

El objetivo es abrir cuanto antes la negociación con el Estado para lograr recursos y medidas que son “imprescindibles para esta tierra siga avanzando”, subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico en rueda de prensa. Afirmó que “Canarias no puede seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno español supere su parálisis”, por lo que “necesitamos un real decreto ley que materialice ya todo lo recogido en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto prorrogado de 2023”.

En su comparecencia pública tras el Consejo de Gobierno, Clavijo explicó que las más de 50 medidas incluidas en la propuesta de Decreto Canarias que se eleva a la Cámara autonómica “no suponen privilegios”, sino que hace valer compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el archipiélago.

El presidente espera en este sentido que el Estado cumpla su compromiso de sentarse a debatir un documento que parte de leyes aprobadas por unanimidad como es el caso del Estatuto de Autonomía de 2018 o de compromisos adquiridos por Pedro Sánchez al firmar la Agenda Canaria. Recordó que el titular del Gobierno español se comprometió en Lanzarote a abrir esta negociación como vía para salvar el retraso en el cumplimiento de los compromisos con las islas.

Anunció que mañana mismo pedirá una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, para comenzar a negociar el Decreto Canarias “a finales de febrero», una vez sea refrendado por el Parlamento de Canarias en el pleno previsto el día 24.

De cara a esa negociación, el presidente aseguro que el Gobierno de Canarias pone sobre la mesa “un texto serio, riguroso y solvente” que además “tiene garantizada mayoría más que suficiente para ser convalidado” en el Congreso de los Diputados. «Ahora mismo si se quiere cumplir con Canarias tienen el instrumento y los votos», manifestó en rueda de prensa para añadir que si “se buscan excusas” es “que el Estado no quiere cumplir con Canarias y que no quiere llevar a cabo lo firmado”.

Clavijo explicó que la propuesta de Decreto Canarias respaldada este lunes por el Consejo de Gobierno contiene medidas que son “vitales” para garantizar la mejora de los servicios públicos esenciales, además de iniciativas claves para mejorar la atención a «los más vulnerables», aumentar los salarios de los trabajadores y amarrar inversiones estatales “imprescindibles”. También destacó la importancia de que el Consejo de Ministros garantice el cumplimiento en 2026 y 2027 de los compromisos del Estado con la reconstrucción de La Palma, las islas verdes y el transporte terrestre en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La fuerza de toda Canarias

Fernando Clavijo consideró muy importante que el Decreto Canarias llegue a la mesa de negociación con Madrid avalado por el apoyo de toda la sociedad canaria, lo que “nos dará fuerza para defender nuestros derechos”. Por esa razón, volvió a llamar a partidos políticos, administraciones públicas, empresarios y sindicatos a sumar sus aportaciones al documento que se negociará con el Estado.

En especial, el presidente invitó a la oposición a aprovechar el paso por el Parlamento de la Comunicación para reincorporarse al diálogo y realizar todas las aportaciones que consideren relacionadas con competencias estatales. “Seguimos tendiendo la mano para que vuelvan a la mesa de la negociación”, dijo tras mostrar su confianza en que el debate en la Cámara autonómica contribuya a mejorar el texto elevado por el Gobierno y conseguir un texto refrendado por la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

El titular del Gobierno aseguró no entender el rechazo del PSOE al Decreto Canarias cuando lo normal es que se sumara a la defensa ante Madrid de derechos reconocidos del archipiélago. A su juicio, el principal partido de la oposición liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está mezclando en este debate “dos circunstancias totalmente distintas y no comparables”, porque mientras el Gobierno de Canarias cuenta con estabilidad y aprueba sus presupuestos con normalidad, el Estado no ha logrado esta legislatura aprobar ni un presupuesto y “por eso no está cumpliendo con esta tierra”.

Pidió a la oposición “que digan qué punto no está en la Agenda Canaria o qué no apoyan”, un diálogo que Fernando Clavijo considera fundamental para que Canarias acuda “unida” a la negociación con el Estado. Al respecto, recordó que la propuesta de Decreto Canarias cuenta ya con el respaldo de cabildos y ayuntamientos tras el encuentro celebrado el pasado viernes. Además, este martes será explicado y debatido con los representantes empresariales y sindicales en el Consejo Asesor del Presidente.

Justicia, no privilegios

En su exposición de motivos, el texto refrendado este lunes en Consejo de Gobierno justifica la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley exclusivo para Canarias por “la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria y de garantizar que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el archipiélago no se vean interrumpidos por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario”.

El objetivo es otro que superar los efectos negativos que ha tenido la prórroga continuada de los presupuestos estatales de 2023, lo que “ha impedido la materialización efectiva de asignaciones económicas imprescindibles para la prestación ordinaria de servicios públicos esenciales” en el archipiélago.

Como argumento principal para defender un Decreto Canarias, la exposición de motivos del documento elevado al Parlamento subraya que “Canarias no pide privilegios, sino justicia. No exige concesiones, sino cumplimiento. No demanda más que lo que en derecho le corresponde y lo que la historia le ha ido reconociendo, a veces tarde, a veces a regañadientes, pero siempre con la fuerza de los hechos”.

La propuesta de real decreto ley de ‘Medidas Urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas en Canarias’ que el Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes en forma de Comunicación contiene 35 artículos divididos en cuatro capítulos, 12 disposiciones adicionales y otras tres finales.

El primer bloque de la propuesta de Decreto Canarias reúne bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’ todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago. Así, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, para lo que se reclama al Estado que aporte 160 millones de euros anuales.

Vivienda y empleo

La propuesta del Gobierno de Canarias contiene además dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en las islas: se solicita al Estado la cesión en 2026 de suelo para la construcción de viviendas protegidas y se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda asequible en las islas.

El Decreto Canarias busca asimismo blindar las partidas específicas que el Estado incluyó en sus cuentas de 2023 pero han quedado en el aire con la prórroga continuada de los presupuestos nacionales: los 45 millones del Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.

También defiende la continuidad de la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, además de una novedosa “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verde en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

Para seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.

Escudo social y mejoras salariales

El segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.

Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).

Al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”. Se busca incentivar el alza de los sueldos.

El documento aprobado este lunes en Consejo de Gobierno incluye asimismo que el Estado permita a la comunidad autónoma subir este año el sueldo más de un 2% a los empleados públicos que cobren menos del 150% del salario mínimo interprofesional.

Recoge además un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía. Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Infraestructuras y competencias

En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas. Además, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las islas”, se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago”.

El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.

Por último, el presidente Clavijo subrayó que la Comunicación elevada al Parlamento incluye otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Gobierno eleva al Consultivo el decreto para la regulación de la Escuela Canaria del Deporte

La Consejería de Deportes trabaja en la consolidación normativa de este nuevo servicio público orientado a la formación del personal técnico deportivo fuera de las enseñanzas regladas, con estructura propia, programación estable y certificación oficial

El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, tomar en consideración y solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del proyecto de decreto para regular la Escuela Canaria del Deporte.

El objetivo del área que dirige Poli Suárez es culminar uno de los desarrollos reglamentarios pendientes más relevantes de la Ley 1/2019 de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que establece la necesidad de dotar a este recurso como instrumento público para la formación del personal técnico deportivo fuera de la enseñanza reglada.

Este proceso se puso en marcha en noviembre de 2024, a partir del trabajo conjunto de las consejerías de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que activaron la tramitación de este decreto para desbloquear uno de los desarrollos pendientes de la Ley del Deporte y avanzar en la ordenación de este nuevo servicio público.

El proyecto de decreto configura a la Escuela Canaria del Deporte, dependiente de la Consejería de Deportes, como el instrumento básico de la administración autonómica para promover, planificar y coordinar la formación de técnicos deportivos, especialmente en aquellas modalidades que, por su particularidad, resultan más complejas de abordar en el ámbito educativo. Asimismo, impulsa la formación de entrenadores durante el denominado periodo transitorio, que incluye disciplinas que aún no cuentan con titulación académica oficial.

La normativa propuesta permitirá ordenar y unificar la oferta formativa ya existente, con el objetivo de reforzar e impulsar la profesionalización del sector —una de las principales líneas estratégicas del área regional en esta legislatura— y dar respuesta a la necesidad creciente de contar con especialistas habilitados para la formación, entrenamiento y la promoción deportiva.

A nivel efectivo, la Consejería ha venido trabajando desde hace meses, a través de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, que coordina Ángel Sabroso, para recuperar y desarrollar funciones propias de este nuevo servicio, a pesar de no contar con el marco normativo plenamente regulado. Entre otras actuaciones, se han impulsado cursos de formación en prevención de ahogamientos, acciones formativas dirigidas a educadores físico-deportivos en el ámbito de la prescripción de ejercicio físico, programas para docentes y técnicos deportivos, así como formación específica orientada a la adquisición de hábitos de ejercicio físico en edades tempranas.

En este sentido, si bien se han llevado de forma puntual y sin una estructura consolidada, estas iniciativas, que han contado en muchos casos con el apoyo de distintas áreas del Gobierno y agentes del ecosistema del deporte isleño, han permitido reactivar un ámbito que se encontraba prácticamente inactivo al inicio de la legislatura. Gracias a este nuevo decreto, se consolidaría una oferta formativa con estructura y calendario propios, así como una certificación oficial, reforzando así la calidad y el reconocimiento a las formaciones de técnicos deportivos en Canarias.

Además, este nuevo encaje normativo no hace sino ordenar un servicio ya existente, por lo que no generará un incremento en el gasto público ni impacto económico para la administración pública, ajustándose a los medios y recursos humanos y materiales disponibles. Del mismo modo, tampoco implicaría la contratación de nuevo personal, sino la reorganización de la actual estructura sin costes adicionales.

Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias continúa avanzando en el necesario desarrollo de la Ley 1/2019, reforzando el sistema deportivo canario y dotándolo de herramientas estables y ordenadas a nivel normativo.

La recuperación de la actividad y oficialidad de la Escuela Canaria del Deporte se suma así a otros avances normativos impulsados durante la legislatura, como la creación del Observatorio Canario del Deporte, la reactivación del Comité Canario de Disciplina Deportiva, o el decreto de deportistas de alto rendimiento y alto nivel autóctono, consolidando un modelo orientado a la profesionalización y la modernización del deporte en las islas.

El Gobierno aprueba la fusión de los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de S/C de Tenerife

El decreto establece que pasará a denominarse Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, la fusión del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife y del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, pasando a denominarse Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.

La Ley canaria de Colegios Profesionales 10/1990, de 23 de mayo, establece que la fusión de dos o más Colegios de la misma profesión deberá ser aprobada por Decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de los colegios afectados en la forma estatutariamente prevista. El procedimiento para la fusión de colegios que dé lugar a uno nuevo se recoge en el Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias.

El Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife contará con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones y dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de la publicación del presente Decreto, para elaborar los estatutos por los que habrá de regirse y elegir a las personas que vayan a ostentar los cargos correspondientes a sus órganos de gobierno.

Los Estatutos del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife deberán ser remitidos al centro directivo competente en materia de colegios profesionales, para su inscripción en el Registro y posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El artículo 109.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye la competencia exclusiva en materia de colegios profesionales, cámaras oficiales, academias para el fomento y difusión de las artes, las ciencias y las letras, consejos reguladores, cofradías de pescadores y demás corporaciones de Derecho público que radiquen en Canarias, respetando lo dispuesto en la Constitución.

Obras Públicas destina 400 M€ en licitaciones estratégicas en carreteras y vivienda en el último mes

El Consejo de Gobierno da su visto bueno a la puesta en marcha de obras en carreteras por más de 299 millones en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria

Pablo Rodríguez informa al Consejo de Gobierno de que el área de Vivienda impulsa 1.161 casas entre nueva construcción y rehabilitación gracias a la inversión de 86 millones

Puertos adjudica la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte con una inversión superior a 5,8 millones de euros

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de las licitaciones que ha tramitado el departamento en el último mes los meses por un importe total de 385.668.938,95 euros en actuaciones vinculadas a infraestructuras viarias, construcción y rehabilitación de vivienda en distintas islas. En concreto, el departamento en pocas semanas ha sacado a licitación 299.411.408,28 euros en infraestructuras viarias, 58.244.400,28 euros en construcción de vivienda protegida y 28.013.130,39 euros en rehabilitación de vivienda, inversiones que darán un fuerte impulso a políticas prioritarias del Ejecutivo canario.

En carreteras, la Consejería ha impulsado actuaciones estratégicas para la movilidad en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Entre ellas se encuentra el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, que ha salido a licitación por 66.401.344,71 euros. También se ha licitado el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura, por 215.924.834,98 euros, así como la ampliación de capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas, en Telde, por 9.439.864,65 euros.

A estas obras se han sumado los contratos de control y vigilancia asociados a su ejecución. Para el seguimiento del tercer carril de la TF-5 se ha licitado un contrato por 2.662.116,34 euros; para el control de la obra del tramo Aeropuerto–Pozo Negro en Fuerteventura, un contrato por 4.245.333,66 euros; y para el control de las actuaciones en la GC-1, un contrato por 737.913,94 euros.

Impulso a la vivienda asequible

El Gobierno también ha dado un fuerte impulso en el último mes a sus políticas para mejorar el acceso a la vivienda en el archipiélago, con la inversión de más de 85 millones de euros en la construcción y rehabilitación de 1.161 casas.

En construcción de vivienda protegida, el departamento ha activado promociones a través del Instituto Canario de la Vivienda y VISOCAN. Se han impulsado 24 viviendas protegidas en Frontera por 5.160.417,73 euros; 51 viviendas en Adeje por 8.326.335,84 euros; 59 viviendas en Arona por 11.409.610,47 euros; 24 viviendas en Guía de Isora por 4.148.036,24 euros; y 168 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria por 29.200.000 euros.

En rehabilitación, la Consejería ha distribuido intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del parque público de vivienda. Las actuaciones han alcanzado a 50 inmuebles en Puerto del Rosario por 1.449.153 euros; 20 viviendas en Valsequillo por 400.154,90 euros; 108 inmuebles en Candelaria por 5.518.031,27 euros; 10 viviendas en Valleseco por 237.937,14 euros; 42 viviendas en Mogán por 2.027.800,07 euros; 416 viviendas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife por 11.865.384,16 euros; 80 viviendas en Adeje por 3.274.668,77 euros; 73 inmuebles en Santa Lucía de Tirajana por 2.116.975,04 euros; y 36 inmuebles en El Rosario por 940.845,08 euros.

Infraestructuras portuarias

Asimismo, en el ámbito portuario, la Consejería ha adjudicado, en este mismo periodo, la ejecución de las obras del proyecto para la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, a la entidad ACCIONA, por un importe de 5.838.000,06 euros, excluido IGIC. Esta actuación estará destinada a reforzar la protección y la operatividad de esta infraestructura portuaria estratégica para la isla.

El Gobierno autoriza 31,8 M€ para construir un nuevo edificio para terapias avanzadas en el Hospital Doctor Negrín

El nuevo edificio albergará un equipo de protonterapia y un ciclotrón, indispensables para mejorar la atención a los pacientes oncológicos y dejar de depender del exterior para disponer de radiofármacos

Los tratamientos de protonterapia han demostrado su eficacia contra el cáncer y están especialmente indicados en pacientes con larga supervivencia, en especial en la edad pediátrica.

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 31.803.838,55 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación de las obras de construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón, para la producción de radiofármacos.

El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario Doctor Negrín cuenta con proyecto aprobado desde finales de 2025 y se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada, para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros, en 2026; 15.979.168,38, en 2027 y 11.731.394,49 euros, en 2028.

La construcción de este nuevo edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan actualmente en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación más localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, especialmente en la edad pediátrica.

Actualmente, en España no existe ningún equipo de protonterapia en la sanidad pública y solo se dispone de dos en la sanidad privada, lo que hace que el número de pacientes que se benefician de este tratamiento sea muy limitado.

En respuesta a esta situación, y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas inmersas en la actualidad en la implantación de esta tecnología, la Consejería de Sanidad ha previsto la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Doctor Negrín.

En cuanto al ciclotrón, se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz.

La incorporación de esta infraestructura sitúa al centro hospitalario como un referente en medicina nuclear y diagnóstico avanzado a nivel nacional.

El Consejo autoriza la participación de Canarias en INECO para avanzar en los proyectos de los trenes

La sociedad mercantil estatal prestará sus servicios como medio propio del Ejecutivo en el proceso de estudio, planificación e implantación de los sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, asume la representación de las islas en la Junta General y en el Consejo de Administración de la sociedad

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, la suscripción por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de una acción de la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO), con el objetivo de convertir a esta en medio propio del Ejecutivo para poder avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

En el mismo acuerdo, el Gobierno de Canarias ha designado al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Junta General y en el Consejo de Administración de INECO, garantizando así la presencia directa del Ejecutivo canario en el máximo órgano de decisión de la entidad.

La aprobación de esta iniciativa ha respondido al interés del Gobierno de Canarias en reforzar la cooperación institucional con una entidad pública de amplia experiencia y solvencia técnica en el ámbito de las infraestructuras y los sistemas de transporte terrestre, especialmente en el contexto de los trabajos de estudio de los futuros sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El Gobierno de Canarias podrá realizar con INECO trabajos específicos para el desarrollo de proyectos de ingeniería y consultoría, para que tanto el Ejecutivo como los Cabildos puedan disponer del apoyo técnico que necesitan para afrontar proyectos complejos y estratégicos.

Del mismo modo, el acuerdo ha manifestado expresamente la conformidad del Gobierno de Canarias para que INECO sea declarada medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez se materialice la suscripción y el desembolso total de la acción, lo que permitirá agilizar encargos y reforzar la capacidad técnica de la Administración autonómica en proyectos estratégicos de movilidad.

El acuerdo ha permitido a Canarias incorporarse al capital social de INECO mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad. Esta operación dota a Canarias de los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones actualmente en circulación.

Canarias prorroga la declaración de excepcionalidad de la atención a menores migrantes no acompañados

Esta declaración permitirá dar continuidad, hasta 2028, a los 19 profesionales de trabajo social y 20 administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha aprobado en Consejo de Gobierno la prórroga de la declaración del carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias, lo que permitirá dar continuidad hasta 2028, a los 19 profesionales de trabajo social y 20 técnicos administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes. El montante del contrato programa de carácter temporal asciende a 1.706.186,97 euros.

La decisión de reforzar el personal se ha adoptado para continuar agilizando la tramitación de documentación, un esfuerzo que se ha hecho precisamente para cumplir, entre otras cosas, con los envíos de expedientes a las delegaciones de gobierno, donde ya tienen 755 completos, de los que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias solo ha recibido 331 resoluciones de traslado. Desde la Consejería de Bienestar Social considera importante reseñar que de estos expedientes se han archivado 135 (por diversas circunstancias, como la mayoría de edad), mientras132 menores han sido reubicados en otras comunidades, y 14 de ellos se negaron a viajar y permanecerán en las Islas.

Además, también es personal que está gestionando las 228 resoluciones de traslado recibidas desde las delegaciones de Gobierno, de las 572 nuevas llegadas de menores a Canarias, niños y niñas que permanecen en centros del Ejecutivo autonómico desde que arriban al archipiélago.

Este personal, entre otras cosas, ha gestionado las 173 reubicaciones de estas nuevas llegadas (77 han cumplido la mayoría de edad). El esfuerzo en el refuerzo del departamento también afecta a las diversas gestiones que hay que realizar con otras comunidades autónomas, las comunicaciones a la Fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, así como el traslado a la Península u otros territorios de la Unión Europea y la gestión de la protección internacional de estos chicos y chicas.

El Gobierno de Canarias declaró el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a las islas en acuerdo adoptado en julio de 2024 a fin de realizar el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La situación determinante de la declaración de su carácter excepcional en 2024, se mantiene en la actualidad en los mismos términos en cuanto al volumen de expedientes a tramitar, a la cantidad de documentación pendiente de gestionar así como al aumento de la carga de trabajo que suponen las derivaciones a otras Comunidades autónomas y las previsiones de llegadas futuras, por lo que se prorroga la declaración de excepcionalidad al no poder ser atendidos por los recursos personales ordinarios de la Consejería.

El Gobierno de Canarias califica el enoturismo como actividad turística reglada

El acuerdo permite inscribir el enoturismo en el Registro General Turístico de Canarias, al igual que otras actividades del sector

La medida fomentará el empleo local y la conservación de paisajes agrícolas

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la calificación del enoturismo como actividad turística reglada en Canarias, de acuerdo con el artículo 2.2.i) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Con esta decisión se reconoce formalmente una actividad organizada y planificada que ofrece experiencias turísticas vinculadas al vino y su entorno, le otorga reconocimiento institucional y seguridad jurídica a las empresas y profesionales, y permite su incorporación al Registro General Turístico.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que esta medida “impulsará el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales” y destaca que “el enoturismo tiene un gran potencial para generar empleo local, contribuir a la conservación de nuestros paisajes agrícolas y fijar población en los municipios rurales”. La calificación del enoturismo como actividad turística reglada permitirá, además, favorecer la profesionalización del sector vitivinícola y el fortalecimiento de una oferta turística diferenciada y de calidad, alineada con los principios de sostenibilidad, diversificación y cohesión territorial del modelo turístico del archipiélago.

De León explica que “esta decisión además de lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que permite al Gobierno reconocer como turísticas aquellas actividades relacionadas con el turismo, se ampara en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla la compatibilidad del uso turístico con la actividad agraria y vitivinícola, facilitando así el desarrollo del enoturismo en el medio rural”.

El acuerdo cuenta también con el respaldo técnico y académico de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, adscrita al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y a la Universidad de La Laguna (ULL), que valora la calificación del enoturismo como una medida adecuada y proporcionada para garantizar la seguridad jurídica del sector vitivinícola y reforzar el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales.

Asimismo, esta actividad dispone de un reconocimiento específico en el ámbito formativo y profesional a través del Real Decreto 1128/2025, de 11 de diciembre, por el que se establece el Certificado Profesional en Enoturismo, lo que refuerza su consolidación como ámbito especializado dentro del sector turístico y vitivinícola.

A partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Consejería de Turismo y Empleo pondrá a disposición de los interesados el modelo de comunicación previa para inscribir la actividad de enoturismo en el Registro General Turístico, estableciéndose un plazo máximo de un mes para realizar dicho trámite.

El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Asociación Canaria de Salud Mental Espiral

Su finalidad primordial es la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de enfermedad mental, sus allegados y familiares

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta la actividad de la Asociación.

La Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral tiene como finalidad primordial la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por diagnóstico de la enfermedad, de sus allegados y familiares. Figura inscrita desde el año 2011 en el Registro de Asociaciones de Canarias, teniendo como ámbito territorial el de la Comunidad Autónoma de Canarias y presentó la solicitud de declaración el 6 de agosto de 2025.

De conformidad con la documentación aportada, la asociación colabora con profesionales de salud mental en Canarias; participa en el Consejo psicosocial y Acción comunitaria para enfermos mentales; tiene presencia en todos los eventos que tengan que ver con la salud mental en los niveles autonómicos, estatales y supranacionales. Además, declara ser punto de referencia e innovación para la integración sociolaboral, jurídica y sanitaria del discapacitado psíquico, contando con asesoramiento jurídico, social y de formación para favorecer la integración sociolaboral, todo ello encaminado a su independencia, autonomía y felicidad. La asociación contribuye, también, a la creación de puestos de trabajo para discapacitados psíquicos y promueve actividades culturales y artísticas, así como jornadas y congresos.

Entre sus fines sociales está la asistencia, rehabilitación, reinserción social y laboral de las personas con diagnóstico de enfermedad mental; representar, defender y apoyar a sus asociados, sus familiares y allegados antes instituciones y organizaciones públicas y privadas; reivindicar la creación de servicios alternativos públicos especializados y exigir la adecuada atención en los ámbitos sanitario, social, de empleo, educación y justicia y contribuir a la mejora de los servicios de salud mental, cuando estos sean deficitarios.

Además, promueve el principio de solidaridad entre la asociación, las personas que la componen y la sociedad y defiende los derechos de las personas con discapacidad, en especial aquellas que son víctimas de violencia, atendiendo a sus necesidades.

Como en otras declaraciones de interés público de Canarias, se ha constatado que su actividad no está restringida a sus asociados exclusivamente; que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hacen con cargo a fondos subvenciones públicas, y que disponen de medios materiales y personales adecuadas para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos. Además, la asociación ha demostrado que está en funcionamiento efectivo y realizando actividades de forma ininterrumpidas al menos durante los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.