Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno aprueba un convenio para mejorar el cultivo de platanera con riego de alta eficiencia en Hermigua

El Ejecutivo canario destina 190.000 euros a esta actuación acordada con todas las instituciones implicadas y que busca implantar fincas piloto donde evaluar el desempeño en el terreno de nuevas tecnologías

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 26 de enero, un convenio de cooperación para la implantación de fincas piloto de platanera con riego de alta eficiencia en el Valle de Hermigua (La Gomera), dotado con importe de 190.000 euros para las anualidades 2026 y 2027, y dirigido a desarrollar un modelo de gestión de recursos hídricos replicable en otras explotaciones del mismo ámbito geográfico.

El acuerdo suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional, el Cabildo Insular, el Ayuntamiento, la Sociedad Cooperativa Agrícola Insular de La Gomera y la Comunidad de Regantes de Hermigua permitirá analizar en el territorio distintos sistemas para maximizar el aprovechamiento integral de los recursos hídricos, entre ellos el riego localizado por goteo, la microaspersión, la sensorización del suelo o la automatización.

Ante los efectos del cambio climático como la escasa pluviometría que provoca periodos de sequía más frecuentes, la gestión eficiente del agua es uno de los retos más importantes que afronta el sector agrícola en La Gomera y en el resto de las Islas, especialmente en el ámbito de cultivos estratégicos como la platanera, que precisa para su desarrollo de grandes cantidades de agua.

Con todo, actualmente en el Valle de Hermigua no existen explotaciones plataneras equipadas con sistemas de riego por goteo mientras que el uso de otras técnicas, como el riego de aspersión de alto caudal, que conllevan un elevado consumo de agua, pérdidas por escorrentía y evaporación, desigual distribución del agua, encharcamientos puntuales, riesgo de enfermedades y necesidad de mayor mano de obra para manejo y supervisión.

En este sentido, la implantación de las fincas piloto en el Valle de Hermigua permitirá evaluar la viabilidad técnica, agronómica y económica del sistema de riego por goteo aplicado a platanera en condiciones locales así como fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación tecnológica al sector agrícola insular por medio de visitas de agricultores y agricultoras para conocer el modelo implantado en estas explotaciones. Como complemento a esta actuación, la Consejería está redactando el proyecto para la automatización y telecontrol de la Red de riego de Liria, en Hermigua.

Asimismo, junto a las actuaciones para la modernización del regadío, el departamento desarrolla acciones complementarias para incrementar el agua de riego a disposición del sector agrícola de la isla, entre las que destaca especialmente la instalación de un desaladora de agua de mar en Hermigua, que supone una contribución decisiva para aliviar los periodos de déficit hídrico y garantizar el mantenimiento de las producciones agrícolas.

Obras Públicas cierra cuatro convenios para promover el acceso a la vivienda en Tenerife

Los acuerdos impulsan la construcción de nuevas viviendas protegidas de promoción pública y refuerzan el parque público de alquiler en distintos municipios de la isla

El Gobierno de Canarias refuerza la cooperación con el Cabildo y los ayuntamientos para activar suelo público y dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional en Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a petición del consejero Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, en la sesión del Consejo de Gobierno, de la firma de cuatro convenios de cooperación y una adenda entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el Cabildo Insular de Tenerife y distintos ayuntamientos de la isla, destinados a impulsar la construcción y puesta a disposición de vivienda protegida de promoción pública en distintos municipios de la isla.
Los acuerdos se enmarcan dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Tenerife.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo refuerza la cooperación entre administraciones para dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional y activar suelo público, promover nuevas viviendas protegidas y ampliar el parque público residencial en la isla.

En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha sido informado del convenio específico de cooperación entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife para canalizar fondos insulares a las convocatorias autonómicas de ayudas al alquiler de vivienda habitual y, en su caso, al Bono Alquiler Joven. En virtud de este acuerdo, la institución insular realiza una aportación económica de 1,9 millones de euros, destinada a atender de forma específica a personas residentes en la isla de Tenerife que cumplan los requisitos establecidos en dichas convocatorias.

Asimismo, se ha dado cuenta del convenio interadministrativo entre el ICAVI, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el incremento de la oferta pública de vivienda, mediante la construcción de 37 viviendas protegidas de promoción pública en María Jiménez y 226 viviendas en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda una vez finalizadas. La actuación cuenta con una inversión total estimada de 41,7 millones de euros con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en la capital tinerfeña.

Por otra parte, se ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Arafo que permitirá la construcción de 24 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio, sobre suelo aportado por el Consistorio. El presupuesto global de la actuación asciende a 4.794.769,55 euros.

En la misma línea, la Consejería ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo que posibilitará la edificación de 21 viviendas protegidas de promoción pública, en un solar adquirido por el ayuntamiento, con financiación del Programa Insular Activa Suelo. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4.482.175,37 euros,

Finalmente, la Consejería ha trasladado al Consejo de Gobierno la adenda al convenio específico de cooperación que se ha suscrito el 26 de diciembre de 2024 entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife, destinado a la ejecución de siete promociones de inmuebles protegidos de promoción pública en distintos municipios de la isla.

La adenda incrementa el presupuesto inicial del convenio en 5.246.197,03 euros, elevando la inversión total hasta 50.246.197,03 euros, con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica y económica de las actuaciones previstas y dar respuesta a la evolución de los costes de construcción.

Con estos acuerdos, el Gobierno de Canarias avanza en su política de vivienda pública en Tenerife, basada en la cooperación institucional, la activación de suelo público y el incremento del parque de vivienda protegida para garantizar el acceso a una vivienda digna.

El vicepresidente de la UE confirma su visita a Canarias y su compromiso de elaborar en 2026 una estrategia RUP

Raffaele Fitto anuncia al presidente Clavijo que viajará al archipiélago durante el primer semestre de este año para conocer de primera mano sus necesidades como región ultraperiférica

El responsable de políticas de Cohesión y Reformas trabaja en un paquete de simplificación legislativa que elimine los principales cuellos de botella a los que se enfrentan las RUP

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha confirmado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que viajará al archipiélago durante el primer semestre de este año para conocer de primera mano las dificultades a las que se enfrentan las islas como región ultraperiférica (RUP). Esta visita tendrá lugar en plena negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y en plena ofensiva de las nueve regiones europeas y sus tres Estados en defensa de la continuidad de los fondos específicos de las RUP.

En respuesta a la invitación de Clavijo del pasado 24 de noviembre, Fitto asegura que su gabinete ya está trabajando para cerrar las fechas concretas de este viaje “como parte del trabajo preparatorio” de las iniciativas a favor de las regiones ultraperiféricas que quiere lanzar su departamento en 2026.

El máximo responsable de la política de Cohesión del equipo de Ursula Von der Leyen confirma en este sentido en una carta enviada al presidente canario que está ultimando “una nueva estrategia” para las RUP “que irá acompañada de un paquete de simplificación regulatoria destinado a abordar los principales cuellos de botella a los que se enfrentan estas regiones”.

De cara a esa propuesta, Raffaele Fitto dice que su viaje al archipiélago tendrá como objetivo “obtener una comprensión más profunda de los desafíos y necesidades” de Canarias como región ultraperiférica. amparada por el artículo 349 del Tratado europeo.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se comprometió por primera vez con las nueve regiones ultraperiféricas a aprobar esta estrategia en la cumbre RUP celebrada en Reunión el pasado mes de abril. También lo ratificó en la reunión de alto nivel que tuvo lugar en Bruselas el pasado noviembre, donde volvió a adelantar que esta reforma legislativa específica para las RUP se sustentará en cinco pilates: defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.

Raffaele Fitto, en su carta al presidente Clavijo, asegura que, pese a su propuesta de Marco Financiero Plurianual, la Comisión Europea mantiene vivo su compromiso de trato diferenciado con las RUP, “tal como se describe en el artículo 349 del Tratado” europeo. Sin embargo, el responsable de Cohesión considera positiva la creación de fondos nacionales y que los recursos económicos para las regiones ultraperiféricas queden en manos de sus Estados.

Compromiso RUP

A su juicio, el enfoque de la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 “está diseñado para mejorar la capacidad de la Unión para abordar las necesidades específicas de las regiones más alejadas garantizando un uso más coherente, flexible y coordinado de los recursos de la UE en todas las políticas cubiertas por los planes”.

En este sentido, Fitto considera que el texto que está sobre la mesa “preserva el trato diferenciado a las RUP, “ya que requiere que Francia, España y Portugal incorporen medidas específicas para apoyar a sus regiones más alejadas dentro de sus planes, con la opción de presentar un capítulo específico para cada” territorio ultraperiférico.

Las regiones ultraperiféricas “mantendrán la plena responsabilidad de la aplicación de dichos capítulos y seguirán en contacto directo con la Comisión Europea”, sostiene el vicepresidente de la Comisión en su misiva al presidente de Canarias. Al respecto, concreta que “las medidas” que tendrán que incluir los Estados en sus planes con fondos comunitarios “pueden abarcar inversiones estructurales y apoyo compensatorio a través de la cohesión y las políticas comunes de agricultura y pesca”.

Raffaele Fitto subraya que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas “pueden seguir confiando en un marco de apoyo sólido y adaptado que fortalezca su integración en el proyecto europeo, al tiempo que abordan los desafíos específicos que plantean su situación geográfica”. Se compromete a garantizar en este sentido que los planes estatales “mantengan el trato diferenciado” de las RUP y que “se les proporcione el apoyo necesario, reflejando sus circunstancias únicas”.

El Gobierno destina un millón de euros para los Puntos de Encuentros Familiar en el segundo semestre de 2025

Corresponden a las subvenciones concedidas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Gobierno de Canarias ha concedido 975.455 euros a los Puntos de Encuentros Familiar (PEF) en el segundo semestre de 2025 destinadas a favorecer el funcionamiento de la Administración de Justicia y la protección de las personas vulnerables. Según ha informado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, durante el año 2025 la cantidad ha ascendido a 1.572.110 euros, incluyendo al presupuesto de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las subvenciones a las entidades beneficiarias han permitido el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro y del municipio de Santa Lucía de Tirajana, así como el programa ‘Coordinación de la parentalidad y asistencia a encuentros familiares’ del Centro de Orientación Familiar de Canarias.

Además, se han otorgado subvenciones para el coste de los programas específicos de Violencia de Género en Gran Canaria, Tenerife Norte; Santa Cruz de Tenerife; Fuerteventura; El Hierro, La Gomera y en el Punto de Encuentro Familiar Viogensur 2025, además de para la implementación de la perspectiva de Género en el PEF de Lanzarote.

Los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales especializados que ofrecen un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada.

Estos recursos están llamados a cumplir una función esencial en materia de asistencia y protección de las personas menores de edad, actuando como espacios de intervención familiar y psicosocial destinados a garantizar que niños, niñas y adolescentes viven y se desarrollan en un ambiente seguro, estable y libre de violencia. La existencia de estos espacios resulta especialmente necesaria en supuestos de crisis y conflictividad familiar, o cuando se aprecie una potencial situación de riesgo para las personas menores que aconseje la intervención de profesional.

En los puntos de encuentro familiar se atienden tanto las derivaciones judiciales como las provenientes de órganos administrativos que tengan dentro de su competencia la tutela, protección y asistencia de las personas menores de edad, sea Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares o Administraciones Municipales. También prestan particular atención a aquellos supuestos en los que se derive un caso de violencia de género y para el que los puntos de encuentro familiar cuentan con un protocolo específico de actuación, que atiende especialmente a la condición de víctimas que tienen las personas menores y sus madres, orientando su actuación a su asistencia y recuperación.

También se consideran los puntos de encuentro familiar de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los Tribunales respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones que puedan derivar en violencia de género.

El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16,7 M€ en el segundo semestre de 2025

Corresponde a las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogacía y Procuraduría, que durante el año ha rozado los 30,4 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha otorgado 16,7 millones de euros en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el segundo semestre de 2025. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de estas concesiones para este servicio, que en todo el año 2025 ha ascendido a 30.398.244 euros.

Según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la finalidad es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio.

Entre los beneficiarios están los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, además de los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son estos colegios los que pagan a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que carecen de recursos y necesitan una defensa jurídica.

En el gasto del año 2025 se ha contemplado también la subida de un 15% en los baremos por los que se retribuyen los servicios a estos profesionales. En el 2026 el incremento será del 7% y en el 2027 de un 8%, hasta alcanzar el 30% en los módulos acordado en tres ejercicios presupuestarios con los colegios en función de sus demandas de actualización del IPC.

En el coste de la justicia gratuita se incluye también la atención a las personas migrantes que llegan por mar a las costas canarias y que sigue sin ser abonada por el Estado.

El Gobierno aprueba la estrategia que presentará en el Parlamento para la defensa común del estatus RUP

El Ejecutivo propone cómo se deben mantener las políticas específicas de cohesión, de agricultura y pesca, así como la atención del fenómeno migratorio y el refuerzo de la ultraperiferia en la acción exterior de la UE

Las dotaciones singularizadas no constituyen un privilegio, sino una condición necesaria para garantizar un desarrollo equilibrado y justo del conjunto de la Unión

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la Comunicación que elevará el Parlamento de Canarias sobre los objetivos y prioridades que considera imprescindibles incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.

En la propuesta financiera de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas, se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembro y la Comisión Europea, lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento

Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente Fernando Clavijo, “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.

Por ello, el Ejecutivo plantea en este documento duplicar la dotación financiera del POSEI con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros

Incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros.

Se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros.

Que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico deben mantenerse expresamente en la normativa europea y no quedar al albur de la programación de los estados.

Que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales.

Propone mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional

Reiteramos además la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial.

Canarias abre negociación con el Estado para cogestión de aeropuertos y control de incentivos fiscales del REF

El presidente Clavijo solicita al ministro Torres el inicio del proceso bilateral para avanzar en la cogestión de los aeropuertos al amparo del cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía

El Gobierno regional también reclama al Ejecutivo central la cesión “parcial o total” del control tributario sobre la RIC, la ZEC y las deducciones por inversiones en sectores estratégicos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente al Estado la apertura de un proceso de negociación bilateral sobre dos asuntos prioritarios para el Gobierno autonómico: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos fiscales contemplados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

En ambos casos, el jefe del Ejecutivo canario sustenta su solicitud en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, ley del máximo rango que permite a Canarias avanzar en su autogobierno y cuyo desarrollo debe ser negociado con el Estado.

Así, en su artículo 161, el Estatuto recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando en la toma de decisiones de Aena o con otras fórmulas que podrían ponerse sobre la mesa. En concreto, dicho artículo indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

En una carta remitida este lunes por el presidente de Canarias al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo reclama que “acordemos la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia”.

Con esta petición formal, el Ejecutivo de Canarias abre el camino de la negociación con el Estado para participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago, algo “fundamental para defender el derecho de los canarios a contar con una buena conectividad aérea”, según explicó el portavoz Alfonso Cabello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Si hay alguna comunidad autónoma que debe tener voz y voto en la toma de decisiones de Aena es Canarias”, subrayó

En cuanto al control tributario de los incentivos fiscales del REF, una segunda carta de Clavijo a Torres solicita la petición de apertura de negociaciones para la cesión de esta competencia a Canarias en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Dicha disposición prevé expresamente mecanismos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Administración tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

Propuesta del comisionado

La propuesta elaborada por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, defiende que el control tributario por parte del Gobierno de Canarias de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal “permitiría avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y eficiente, amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias, alineado con precedentes ya existentes en el ordenamiento español, y compatible con la unidad del sistema tributario, el respeto al marco constitucional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea”.

La carta remitida por el presidente canario al ministro Torres especifica que el proceso de traspaso del control tributario de los incentivos del REF “se iniciaría en coherencia con el reconocimiento constitucional y estatutario de la singularidad económica y fiscal del archipiélago, así como con el principio de bilateralidad que ha presidido la configuración y evolución del REF, y con la habilitación expresa contenida en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la asunción, mediante acuerdo o convenio con el Estado, de funciones vinculadas a materias de competencia estatal”.

En concreto, el Ejecutivo canario reclama que, en el marco del citado proceso bilateral con el Estado, “se evaluaría de manera conjunta, técnica y jurídicamente ordenada, la atribución –total o parcial– de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en materia de ordenación general del sistema tributario y de control de ayudas de Estado”.

El Gobierno de Canarios negociará asumir el control tributario de los principales incentivos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago. Dicha competencia se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, “manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente”.

Asimismo, el Ejecutivo canario considera que debería debatirse la atribución a la Comunidad Autónoma de facultades para la emisión de criterios interpretativos y consultas tributarias vinculantes en relación con la aplicación de los beneficios fiscales del REF, la calificación de las inversiones y gastos susceptibles de acogerse a los mismos y la interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos.

Finalmente, el documento desarrollado por el comisionado del REF solicita al Estado tratar en la negociación la necesidad de “reforzar el papel de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de Régimen Económico y Fiscal como marco estable para la adopción de criterios interpretativos comunes, la resolución de discrepancias técnicas y la evaluación periódica del funcionamiento del sistema, asegurando una aplicación homogénea, previsible y adaptada a la realidad económica del archipiélago”.

En términos globales, el artículo 100 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la Comunidad Autónoma ejercerá las competencias que le sean transferidas o delegadas por el Estado, así como la posibilidad de ejercer actividades de inspección y sanción en materias de competencia estatal, en los términos que se determinen mediante convenio o acuerdo bilateral. El Gobierno considera que esta previsión estatutaria “configura un marco jurídico idóneo para abordar, desde la lealtad institucional y la cooperación administrativa, fórmulas de atribución funcional en el ámbito de la gestión tributaria de los incentivos fiscales del REF”.

El Gobierno aprueba el decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación

El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación

El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública

La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.

Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.

El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Impulso social a la política de vivienda pública

El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.

El Gobierno aprueba la OPE de 2025 del Servicio Canario de la Salud para la estabilización de 702 plazas

La oferta incluye 74 plazas de facultativo especialista de área, 53 de medica/o de familia, ocho de pediatra de equipo de Atención Primaria, 183 de enfermería y 115 de auxiliar de enfermería, entre otras de las categorías sanitarias y de gestión y servicios

La OPE fue consensuada con los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad en el mes de noviembre

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de la Salud (SCS) del año 2025, integrada por 702 plazas de personal estatutario correspondientes a la tasa de reposición de efectivos, que fue consensuada en Mesa Sectorial de Sanidad, el 17 de noviembre pasado, entre la administración y las organizaciones sindicales.

La oferta de empleo se distribuye en 511 plazas sanitarias y 191 de gestión y servicios, de un total de 61 categorías profesionales diferentes, cuyo desglose se incluye en el decreto de aprobación de la nueva OPE, que fue ratificado hoy por el Ejecutivo regional y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las plazas básicas vacantes con dotación presupuestaria incluidas en las plantillas orgánicas de las once Gerencias del SCS, que no están afectadas por ofertas de empleo público anteriores, ni en situación de reserva a favor de personal fijo.

La oferta de plazas de las categorías sanitarias incluye 74 de facultativo especialista de área, 77 de médicos, de las que 53 corresponde a médica/o de familia, y el resto a otras especialidades como Admisión y Documentación Clínica, Cuidados Paliativos o Urgencias y además contempla ocho plazas para pediatra de equipo de Atención Primaria.

A estas plazas se añaden 183 de enfermería, doce de matrón/a, once de fisioterapia, 115 de auxiliar de enfermería, doce de técnica/o de auxiliar de farmacia, 26 plazas para técnicos especialistas en las especialidades de laboratorio, anatomía patológica y radiodiagnóstico, entre otras categorías profesionales.

Categorías de gestión y servicios

La oferta de plazas de las categorías no sanitarias se compone de 191, entre las que se incluyen 37 del grupo auxiliar administrativo de la función administrativa, dieciocho de celador/a, trece de pinche, doce de limpiador/a, diez de grupo técnico de la función administrativa, diez de grupo administrativo, además de plazas para otras 34 categorías profesionales.

Con esta nueva OPE, la Consejería de Sanidad continúa la senda iniciada años anteriores para la reducción de la temporalidad en el empleo en el Servicio Canario de la Salud, mediante procesos selectivos por sistema de acceso libre, para personal de nuevo ingreso, como de promoción interna, para facilitar el derecho a la promoción profesional del personal estatutario fijo.

En cumplimiento de la normativa vigente se reserva un porcentaje del siete por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

Educación aprueba una nueva oferta de empleo público con 957 plazas para reforzar la estabilidad del profesorado

La OPE de 2025 permitirá avanzar en la reducción de la temporalidad y consolidar plantillas en los centros educativos públicos de Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado en el Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario correspondiente al año 2025, que contempla un total de 957 plazas para los distintos cuerpos del sistema educativo público canario.

Esta nueva oferta se enmarca en las líneas de actuación impulsadas por la Consejería para avanzar en la estabilización del empleo docente, reducir la tasa de temporalidad y garantizar la continuidad de los proyectos educativos en los centros, favoreciendo una mayor estabilidad de las plantillas y una mejora de la calidad del servicio público educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2025 se distribuye entre los distintos cuerpos docentes, con 466 plazas del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria; 457 del cuerpo de maestros; diecisiete del cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional; siete del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; cinco del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño; tres del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas – una de ellas correspondiente a una rectificación de la OPE de 2023 –; una del cuerpo de maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y una plaza del cuerpo de Inspectores de Educación.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, subrayó que esta OPE “responde a una planificación responsable y sostenida en el tiempo, que nos permite seguir consolidando empleo estable y ofrecer certidumbre tanto al profesorado como a los equipos directivos”. En este sentido, señaló que “la estabilidad de las plantillas es clave para reforzar la calidad educativa y dar continuidad a los proyectos pedagógicos de los centros”.

Ramírez destacó además que “esta oferta se suma al importante esfuerzo realizado en los dos últimos cursos para transformar empleo temporal en empleo estable”, un proceso que ha permitido la incorporación de 6.125 nuevos funcionarios de carrera al sistema educativo público canario tras la culminación de los procedimientos de estabilización y de las convocatorias ordinarias. “Este trabajo ha sido clave para reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad de las plantillas y ofrecer mayor certidumbre tanto al profesorado como a los centros”, añadió.

La aprobación de esta oferta no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación más amplia que combina la estabilización del empleo con la incorporación de nuevos perfiles docentes y el refuerzo de áreas estratégicas del sistema educativo, como la atención a la diversidad, la orientación educativa o la formación profesional. En este sentido, la OPE constituye una herramienta fundamental para seguir avanzando hacia un modelo educativo más sólido, con profesionales que puedan desarrollar su labor con estabilidad y perspectiva de futuro.

La aprobación de esta oferta de empleo público permitirá, en los próximos meses, la convocatoria de los procedimientos de ingreso al cuerpo docente a través de las correspondientes pruebas selectivas.