Logo del Gobierno de Canarias

Canarias aprueba el nuevo decreto de convivencia escolar y bienestar

La norma, que actualiza la regulación de 2011, refuerza la prevención del acoso y el ciberacoso, al tiempo que amplía las estrategias educativas para mejorar la convivencia en los centros

El Gobierno de Canarias aprobó este viernes en su sesión de Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, el Decreto por el que se regula la convivencia escolar y se promueve el bienestar en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tras su entrada en vigor, la nueva norma derogará el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo isleño, actualizando las herramientas de los centros para prevenir los conflictos, proteger al alumnado y mejorar el clima escolar.

El nuevo marco mantiene los principios de respeto, participación y resolución pacífica de conflictos presentes en la regulación anterior, pero desarrolla un enfoque que vincula expresamente la convivencia con el bienestar, la inclusión y la protección frente a conductas contrarias a la convivencia. Su objetivo es reforzar tanto las actuaciones preventivas como la respuesta educativa ante las situaciones que afectan a la comunidad escolar.

El decreto presta especial atención al acoso y al ciberacoso en el ámbito escolar, a la violencia de género y a los riesgos asociados al uso de las tecnologías, incluyendo la ciberconvivencia y la utilización responsable de los entornos digitales. También actualiza los derechos y deberes de la comunidad educativa, y recoge la condición del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales, las tutorías afectivas y otras estrategias dirigidas a prevenir conflictos y favorecer su resolución educativa. Estas herramientas se integran en los planes de convivencia de los centros, junto con las medidas de prevención y protección del alumnado.

La norma incorpora, asimismo, previsiones específicas para la intervención con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales y de conducta, con el fin de ajustar las respuestas a las circunstancias individuales y favorecer la coordinación entre los equipos docentes, orientación educativa y las familias.

Organización

En el ámbito organizativo, el texto desarrolla las funciones de los equipos de gestión de la convivencia, los servicios de mediación y la coordinación para el bienestar y la protección del alumnado. Asimismo, contempla la creación del Observatorio Canario para la Convivencia Escolar, orientado al seguimiento y la mejora de la convivencia en el sistema educativo.

El documento actualiza también la regulación de las conductas contrarias a la convivencia, las medidas correctoras y los procedimientos de intervención, manteniendo su finalidad educativa. Los centros dispondrán de un año desde su entrada en vigor para actualizar sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia. Mientras tanto, los protocolos específicos de actuación en materia de acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida o protección de la infancia se seguirán aplicando hasta dicha actualización.

Con esta actualización normativa, la Consejería de Educación busca reforzar la convivencia escolar y garantizar que los centros educativos de Canarias sean espacios cada vez más seguros, inclusivos y respetuosos con los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

El Gobierno adapta las ayudas de 3,6 M€ al sector primario para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio

El Ejecutivo modifica la regulación de las ayudas extraordinarias aprobadas en el segundo trimestre del año para adecuarlas al régimen europeo de minimis y a las condiciones de financiación establecidas posteriormente para el plan estatal

La reforma también introduce cambios para ampliar el número de explotaciones agrícolas beneficiarias, concretar las condiciones de las ayudas a la ganadería y ajustar los criterios de distribución de los fondos destinados a la pesca

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy viernes, 30 de octubre, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, la modificación del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril, que contempla ayudas extraordinarias por importe de 3,6 millones de euros para compensar el incremento de los costes de producción que soportan los profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, con especial atención a los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Estas medidas se aprobaron inicialmente en el segundo trimestre del año, antes de la publicación del marco temporal de ayudas de la Comisión Europea en respuesta a este conflicto, que tuvo lugar el 5 de mayo. Tras analizar las condiciones establecidas en dicho marco, se determinó la necesidad de acogerse al régimen europeo de ayudas de minimis, por lo que la modificación aprobada hoy adapta su regulación a los requisitos necesarios para proceder a su concesión.

Asimismo, la reforma adecúa estas ayudas a las condiciones de financiación establecidas en el Real Decreto 639/2026, de 29 de julio, que regula la aportación estatal al Plan de impulso al sector primario canario. A estos efectos, el decreto ley autonómico adquiere la consideración de dicho plan para las ayudas que contempla, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para su financiación y gestión.

La modificación afecta a las tres líneas de apoyo previstas en la norma original para compensar el encarecimiento de los insumos agrícolas, la adquisición de piensos para la alimentación del ganado y los gastos energéticos y logísticos de la actividad pesquera. Además de su adaptación a la normativa europea y estatal, introduce ajustes en los requisitos de acceso y en los criterios de distribución de los fondos para adecuarlos a las características de las explotaciones y facilitar que estas ayudas lleguen a sus destinatarios.

Ayudas a la agricultura y la ganadería

La línea destinada a compensar el incremento del coste de los insumos agrícolas, dotada con 1,74 millones de euros, incorpora modificaciones para facilitar el acceso a un mayor número de explotaciones. Entre ellas, se actualiza la fecha de referencia para su inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC), que pasa del 31 de mayo de 2025 a la fecha de entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril de 2026. Este cambio permitirá tener en cuenta los datos registrales más recientes y favorecerá el acceso de explotaciones que tuvieron dificultades para formalizar su inscripción durante la implantación del registro.

Asimismo, se reduce de 80 a 30 euros el importe mínimo subvencionable, atendiendo a las características del sector agrario canario, en el que predominan las explotaciones de pequeñas dimensiones y la fragmentación parcelaria. La cuantía de las ayudas se determinará en función de la superficie cultivada, diferenciando entre secano y regadío, y de la isla en la que se encuentre la explotación, teniendo en cuenta los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Para su cálculo se considerarán las tierras de cultivo y los cultivos permanentes, con un máximo de 50 hectáreas por beneficiario, excluyendo las tierras de barbecho y los pastos temporales.

Por otra parte, quedan excluidos de esta línea los insumos destinados a los cultivos de papa y tomate, cuyos sobrecostes de fertilización serán compensados mediante una ayuda específica financiada con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea.

En cuanto a las ayudas para compensar el encarecimiento de los piensos, dotadas con 1,32 millones de euros, la modificación concreta que podrán beneficiarse los titulares de explotaciones de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícolas y avícolas, con el fin de dirigir estos recursos a las especies ganaderas productoras de alimentos, conforme a la finalidad de estas medidas de apoyo al sector primario.

Las explotaciones deberán figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) a 28 de febrero de 2026, contar con el censo actualizado y disponer de un mínimo de cinco unidades de ganado mayor (UGM).

Las ayudas se distribuirán proporcionalmente a las unidades ganaderas declaradas y su cuantía se incrementará un 16% en las islas no capitalinas, para compensar los mayores costes asociados a la doble insularidad.

Apoyo al sector pesquero

La tercera línea, dotada con 540.726 euros, está destinada a compensar los sobrecostes energéticos y logísticos de la actividad pesquera. Podrán beneficiarse los armadores de buques inscritos en el Registro General de la Flota Pesquera a la entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril, con licencia en vigor y puerto base en Canarias.

Los fondos se distribuirán en función de los días de actividad acreditados mediante el sistema de localización de buques (VMS) o, en su defecto, a través del diario de pesca y las notas de venta, atendiendo preferentemente a los gastos de transporte y a la situación de la flota artesanal.

La ayuda podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador, respetando en todo caso los límites establecidos por la normativa europea. La modificación también elimina el criterio de vulnerabilidad contemplado inicialmente para la distribución de estas subvenciones, debido a las dificultades que plantea su concreción y aplicación.

Adaptación a la normativa europea y estatal

La aplicación del régimen europeo de ayudas de minimis establece límites a las subvenciones que puede recibir un mismo beneficiario durante un periodo de tres años. En el caso de las ayudas agrícolas y ganaderas, este límite será de 50.000 euros, mientras que para las destinadas al sector pesquero se fija en 40.000 euros.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, las personas beneficiarias deberán presentar una declaración responsable sobre las ayudas de minimis recibidas durante los tres años anteriores. Esta documentación deberá aportarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución de concesión.

Asimismo, la modificación clarifica la compatibilidad de estas ayudas con las previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, así como con otras subvenciones destinadas a la misma o similar finalidad, siempre que se respeten los límites de financiación y las condiciones de acumulación establecidos en la normativa aplicable.

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Biodiversidad para proteger de forma integral el patrimonio canario

Canarias contará por primera vez con una ley propia que ordena de forma integral la protección, conservación, restauración y gestión sostenible de su patrimonio natural

El Consejo de Gobierno aprueba este nuevo proyecto de texto normativo que unifica, actualiza y adapta la regulación a las singularidades del archipiélago, superando la anterior dispersión normativa que dependía en gran medida de la legislación estatal

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano H. Zapata, ha aprobado el Proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias.

La nueva norma establece un marco jurídico propio y coherente para garantizar la conservación de los hábitats, las especies silvestres y los ecosistemas de las islas, reconocidas como uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo y con un elevado número de especies endémicas.

El documento clarifica las competencias entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos para evitar conflictos administrativos e impulsa un marco claro de control, inspección y régimen sancionador frente a las infracciones.

El proyecto de ley mejora la gestión de los espacios naturales y la Red Natura 2000, al tiempo que refuerza los sistemas de información científica integrando herramientas como BIOTA, RedVIGÍA o RedPROMAR. Asimismo, establece planes de recuperación para especies amenazadas, regula medidas frente a la contaminación lumínica y potencia mecanismos como la red REDEXOS para controlar y erradicar a las especies exóticas invasoras.

La norma también fomenta el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como actividades compatibles con la conservación. Con esta aprobación, el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria para abrir un proceso de debate con los grupos políticos, el sector científico y los agentes sociales que permita alcanzar el mayor consenso posible.

Por otro lado, se optimiza la coordinación con la Ley del Suelo, al delimitarse los ámbitos de ambas normas: Biodiversidad regula la protección de los valores naturales y la Ley del Suelo mantiene su marco de declaración, planificación y gestión de espacios. Se propone una regla de coordinación inmediata, sin esperar a un desarrollo posterior y sin condicionar la reforma de la ley del suelo que ya está en el Parlamento. Aquí, el régimen sancionador evitará duplicidades de tipo sancionador y refuerza la aplicabilidad de la Ley.

Además, se ajustan las autorizaciones y declaraciones responsables, las garantías de los ciudadanos, el apoyo científico de las decisiones y la reserva de ley para las obligaciones económicas, limitando las habilitaciones reglamentarias excesivamente abiertas.

El medio marino, protegido por primera vez

El nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 ha permitido dar un paso clave al habilitar el ejercicio de competencias autonómicas en la protección ambiental del mar. Gracias a ello, la ley incorpora un título completo, el VIII, dedicado en exclusiva a la protección de la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y los recursos naturales del entorno marítimo canario para garantizar un uso verdaderamente sostenible.

Una ley enriquecida con más de 2.000 alegaciones ciudadanas

El interés por la preservación del patrimonio natural se ha reflejado en el proceso de consulta pública del anteproyecto, en el que se han recibido más de 2.000 alegaciones. El Gobierno, que amplió los plazos de audiencia para Cabildos y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a pesar de tramitar el texto por vía de urgencia, aceptó muchas de estas propuestas porque mejoraba el articulado y garantizaba que la futura ley llegue al Parlamento con una base social mucho más robusta.

Reinicio de los trámites por seguridad jurídica

El Ejecutivo autonómico reinició los trámites y revisó el texto para dotarlo de una base jurídica sólida y atender a las advertencias previas del Consejo Consultivo. Este órgano había señalado problemas jurídicos en el anteproyecto del Gobierno anterior, advirtiendo sobre la invasión de competencias estatales, mala técnica legislativa y un solapamiento normativo que generaba una importante inseguridad jurídica.

El Gobierno abre la exposición pública para declarar los Volcanes de Rosiana, en Telde, nuevo espacio natural

Además, se inicia el mismo trámite para proteger otro espacio, el del Saladar de Bristol, en La Oliva, Fuerteventura

Ambos se integrarán en la Red de Espacios Naturales, de la que forman parte 147 lugares que ocupan más del 40% del territorio de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado conocimiento esta mañana de la apertura del proceso de exposición pública de dos expedientes para declarar nuevos espacios naturales en las islas. En concreto, desde hoy y hasta el 30 de noviembre estarán en exposición pública el espacio natural de Volcanes de Rosiana, en Telde, Gran Canaria, y el sitio de interés científico del Saladar de Bristol, en La Oliva, Fuerteventura. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha informado de que, una vez culmine la tramitación de ambos expedientes, estos se incorporarán a los 147 espacios protegidos que conforman la Red Canaria de Espacios Naturales y que ocupan más del 40 % del territorio de las islas.

El primero de los expedientes, relativo a Volcanes de Rosiana, comprende el conjunto de volcanes que bordean la cabecera del barranco de Silva y el antiguo caserío de Rosiana, entre ellos las montañas de La Santidad, la propia de Rosiana, La Caldereta, Las Triguerillas, El Melosal, Juan Tello, Aguilar o del Águila, Tío Pino y El Gallego.

Según el expediente, se trata de una decena de volcanes recientes que mantienen en su mayoría sus estructuras primigenias intactas y que constituyen un ejemplo para el estudio y la investigación de las etapas más recientes de la formación de la isla. Además de sus valores volcánicos, este espacio natural reúne otros de carácter botánico, faunístico, paisajístico, arqueológico y etnográfico.

La propuesta de delimitación abarca una superficie de 1.022,2 hectáreas y se extiende desde las cotas comprendidas entre los 250 y los 300 metros de altitud, en el entorno de La Piletilla, hasta superar los 700 metros en el Cercado de Juan Tello, en su extremo suroccidental. Hacia el este, alcanza la Montaña de los Barros, donde supera los 600 metros de altitud. Este espacio ya fue incluido en el Plan Especial de Protección de los Espacios Naturales de Gran Canaria en 1987.

El segundo expediente responde a la solicitud presentada en mayo de 2026 por el Ayuntamiento de La Oliva para declarar el Saladar de Bristol sitio de interés científico. Se trata de un espacio situado en la franja litoral de costa baja rocosa, con una extensa zona intermareal que se inunda periódicamente con agua de mar coincidiendo con las mareas.

Esta circunstancia le confiere un elevado interés geomorfológico, por la presencia de zonas de malpaís, callaos, dunas fijas, plataformas de abrasión marina, playa y depresión litoral. También destaca por su comunidad vegetal, única en Fuerteventura, que incluye especies recogidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Las iniciativas para proteger este enclave comenzaron en 2014, con informes científicos que analizaron y cartografiaron las comunidades vegetales terrestres del enclave y pusieron de manifiesto su elevada biodiversidad. Entre los objetivos de este expediente se encuentran proteger el ecosistema y conservar las interacciones ecológicas entre las comunidades biológicas y el medio físico; mantener y restaurar los hábitats, y garantizar el equilibrio ecológico mediante la preservación de zonas indispensables para el refugio, la alimentación y la nidificación de aves, entre otros fines.

Sanidad destinará 9,8 millones de euros al suministro de gases medicinales y no medicinales del HUC

El servicio se contratará mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, por un plazo de cuatro años, para garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia energética de las instalaciones de gases medicinales

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy a la Consejería de Sanidad a destinar 9.821.767.37 de euros a la contratación de un suministro de gases medicinales y no medicinales para atender las necesidades asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por un periodo de cuatro años.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada y regulación armonizada, para garantizar la disponibilidad, seguridad, trazabilidad y eficiencia energética de las instalaciones y servicios de gases medicinales y no medicinales, durante las veinticuatro horas del día, en todos los centros integrantes del complejo: el Hospital Universitario de Canarias, los Centros de Atención Especializada (CAE) de La Laguna, La Orotava, Icod-Hospital del Norte y Puerto de la Cruz, el Área Externa de Salud Mental y las unidades de hospitalización de subagudos y rehabilitación.

El expediente incluye la contratación de servicios complementarios esenciales para el adecuado control y mantenimiento de las instalaciones de gases, como los sistemas de temperaturas, suministros, consumos, botellas con regulador y de actualización de planimetría, así como el mantenimiento de los grupos de vacío del HUC y del Hospital del Norte, de la aplicación informática necesaria para llevar a cabo la trazabilidad de los productos incluidos en el contrato, los mantenimientos preventivos y correctivos de las centrales y el análisis de tomas de gases medicinales y no medicinales.

Con ello se persigue asegurar la continuidad asistencial, la calidad del servicio sanitario, la seguridad de los pacientes y del personal, así como la optimización de los recursos técnicos y energéticos relacionados con la gestión de gases medicinales en todos los centros dependientes del CHUC

Los gases medicinales desempeñan un papel fundamental en la medicina y se utilizan con fines terapéuticos o de diagnóstico. Están formados por un gas o mezcla de gases y se utilizan en terapias de inhalación, anestesia o para conservar y transportar órganos, tejidos y células destinados a trasplantes.

El Gobierno de Canarias refuerza con un incremento de 970 millones de euros las políticas sociales en 2027

El 83,3% del presupuesto se destina a las áreas de Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la vivienda

Los fondos destinados a Vivienda experimentan un incremento de 37 millones, casi un 23% más

El anteproyecto de ley incluye la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF según la evolución del IPC para aliviar los efectos de la inflación

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra total de 13.209 millones de euros. Esto supone una subida de 717,6 millones, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al ejercicio en vigor.

De esta cantidad global, las actuaciones de relevancia social como Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda han canalizado casi el 83,3% del presupuesto, descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Es decir, los servicios públicos de carácter básico se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros. Del porcentaje restante, los intereses de la deuda pública y la actualización de las competencias transferidas a los cabildos y ayuntamientos (Fondo Canario de Financiación Municipal) representan un 10%, lo que significa que el gasto no asociado a la presentación de servicios públicos, apenas supone el 6,7% del crecimiento presupuestario total.

El esfuerzo en estas áreas prioritarias de carácter social se desglosa en un aumento de 429,8 millones de euros para Sanidad, un incremento porcentual de 9,1%. A Educación, el presupuesto destina 260 millones más, lo que supone un incremento porcentual del 10,2%. El presupuesto para Acción Social aumenta 201,5 millones (24,4%); mientras que el incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros. Por su parte, para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones de euros, es decir, un incremento del 22,8%.

Asimismo, en la vertiente de gastos, la elaboración del presupuesto de 2027 se ha visto significativamente condicionada por el incremento retributivo acordado a nivel estatal del 4,5% con una variable adicional de 0,5% según la evolución del IPC. Esta circunstancia hace que el gasto de personal suponga el 42% del presupuesto total.

Respecto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), hay que decir que su desaparición condiciona significativamente la comparación con el presupuesto inicial de 2026 respecto al inicial de 2027, en el que desaparecen casi 500 millones de euros de créditos para acciones por el MRR. Únicamente se mantienen en Vivienda y Servicios Sociales, por un importe de 49,5 millones de euros. Esto provoca que el crecimiento del presupuesto del próximo año, incluyendo los fondos MRR, solo sea de un 5,7% frente al 9,7% si no se considerase esta financiación. Además, el Estado no ha trasladado un criterio claro de reintegro de los recursos no aplicados en aquellos supuestos en que se ha cumplido con los hitos y objetivos, lo que puede afectar significativamente al cumplimiento de las reglas fiscales.

Destino por políticas

Respecto al análisis por finalidad del gasto, se observan crecimientos por encima del crecimiento global del 5,7% en las políticas de Servicios Públicos básicos (12,4%), Producción y promoción de Bienes y Servicios sociales (10,2%) y Otras políticas (6,4%). Esto se debe al impacto de los órganos legislativos y las aportaciones a corporaciones locales (6,2%). Por el contrario, las caídas en las políticas de Desarrollo de los Sectores Productivos (42,6%) y Actuaciones sobre el Territorio (9%) se justifican en su totalidad por el efecto de los MRR.

Es decir, descontando el efecto del MRR, se da un crecimiento generalizado en todas las políticas, experimentándose los mayores en Servicios Públicos Básicos (15,2%), Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales (10,8%) y Actuaciones sobre el Territorio (7,7%).

Ingresos

En cuanto a los ingresos, el incremento viene sustentado, principalmente, por el incremento de los recursos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, en menor medida, por los tributos propios y el bloque REF. Las transferencias corrientes también aumentan por la inclusión, en la previsión inicial, de los fondos estatales derivados de la Ley de dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.

Criterios de elaboración

La principal finalidad de la Ley de Presupuesto es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas en Canarias para poder, a su vez, garantizar a todos los ciudadanos la prestación de unos servicios públicos de calidad. En este sentido, el presupuesto de la CAC es riguroso en el cumplimiento de las reglas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública, cumplimiento de la regla de gasto y equilibrio estructural.

En este sentido, el Congreso de los Diputados no aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que, para la elaboración de los PGCAC de 2027, se ha recurrido al Plan Fiscal Estructural al Medio Plazo del Reino de España 2025-2028. Para 2027 se elabora el Presupuesto con un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB, que coincide con el fijado para el conjunto de las comunidades autónomas en los acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo, al no haberse traspuesto a la normativa nacional el nuevo marco fiscal europeo vigente desde abril de 2024, el “Informe de Situación de la Economía Española 2026” fija la tasa de referencia que determina el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto en un 4% para 2027.

Además, el presupuesto para 2027 se ha realizado con cautela ante el marco de incertidumbre de magnitudes relevantes que afectan actualmente a Canarias. A nivel nacional, la convocatoria de elecciones para el próximo mes de noviembre hace que se mantenga la situación de prórroga presupuestaria en la que estamos desde 2024 y que provoca que se desconozcan las partidas destinadas a Canarias. Esto obliga al Gobierno de Canarias a reflejar en las cuentas solo las partidas recurrentes o ya previamente acordadas con Madrid.

De hecho, aunque sin efectos sobre la elaboración del presupuesto inicial, el retraso de la actualización de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) supondría dejar de percibir un importe de 170 millones de euros mensuales. El nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas, la presentación de Presupuestos Generales del Estado o la condonación de la deuda autonómica son otras incógnitas sin resolver que afectarían al presupuesto.

A nivel macroeconómico, la incertidumbre viene dada por la inestabilidad que se vive a nivel internacional y, principalmente, por la crisis de los combustibles. Ante ambas situaciones, las previsiones del Gobierno de Canarias contemplan un crecimiento del PIB del 1,1%, al estimar una pérdida de fuerza en el impulso económico de la comunidad autónoma. Respecto al empleo, se prevé una tasa de paro del 12,4%.

En cuanto a la deuda de la comunidad autónoma, la previsión del anteproyecto de Ley de Presupuesto la sitúa el próximo año en 6.727 millones de euros, es decir, el 9,73% del PIB, por debajo de los límites máximos permitidos.

Rebajas fiscales

En relación a la política fiscal, el principal objetivo del Gobierno es proteger la renta disponible de los ciudadanos, una vez los servicios sociales están perfectamente financiados.

De este modo, el presupuesto del Gobierno de Canarias incluye modificaciones tributarias como la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC, para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación, puedan repercutir negativamente en las familias y se traduzcan en una mayor presión fiscal.

Respecto al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se amplía el tipo cero en este impuesto a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes. También se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera; así como la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo que se mantiene el mes de enero de 2027.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos impositivos de las modalidades para converger con los tipos de Península, Baleares y la Unión Europea. Se fijan también los precios de referencia para la aplicación de los tipos incrementados a las nuevas modalidades.

Por último, también se contemplan mejoras técnicas y modificaciones de menor calado en diversos tributos para dotar de mayor seguridad jurídica.

Plazos

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria (PGCAC), tras su aprobación en el día de hoy por el Consejo de Gobierno, se entregará el próximo 30 de octubre al Parlamento de Canarias, donde comenzarán los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2027.

 

 

El Gobierno autoriza destinar 166,6 millones de euros al servicio de hospitalización de media estancia

El servicio se contratará para atender las necesidades de hospitalización de pacientes residentes en las áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife con patologías de nivel bajo-medio de requerimiento asistencial

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes a la Consejería de Sanidad a la realización de un gasto por importe de 166.627.555,84 euros con destino a la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia para pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El expediente de contratación se realizará mediante procedimiento abierto, sistema de acuerdo marco, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, al finalizar el contrato anterior por el que se ha venido prestando este mismo servicio.

Las camas de hospitalización de media estancia a licitar por el SCS se clasificarán en tres lotes, que tienen como áreas de salud de referencia las de Gran Canaria y Tenerife, con la finalidad de disponer de recursos de hospitalización adicionales a los que derivar pacientes con patologías de nivel bajo-medio de requerimiento asistencial.

La contratación se efectuará mediante el sistema de acuerdo marco con varios adjudicatarios, que fijará la totalidad de los términos y condiciones para la posterior contratación del servicio por las Direcciones de Área de Salud de ambas islas por un período de cuatro años.

Los precios máximos unitarios de la licitación se establecerán por día de estancia en unidad de hospitalización, que ascienden a 197,19 euros para los primeros sesenta días y 178,03 euros para ingresos superiores a sesenta y un días.

El Gobierno de Canarias aprueba el decreto que regula la Agencia de Calidad Turística

La nueva regulación actualiza las funciones del órgano e incorpora la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular entre sus ámbitos de trabajo

La Agencia promoverá la mejora de la calidad de los servicios turísticos y la colaboración entre la Administración, las empresas y las entidades gestoras de sistemas de calidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el decreto que regula la organización y el funcionamiento de la Agencia de Calidad Turística de Canarias, un órgano con el que el Ejecutivo autonómico busca apoyar a las empresas turísticas en la mejora de sus servicios y reforzar la competitividad del destino.

La nueva regulación adapta las funciones de la Agencia a la evolución del sector turístico y de los sistemas de certificación de la calidad. También incorpora la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular entre sus ámbitos de trabajo.

La Agencia se encargará de impulsar sistemas de evaluación de la calidad de los servicios turísticos, asesorar a las empresas sobre estos mecanismos y elaborar propuestas para mejorar la gestión y adaptar la normativa autonómica a los estándares de calidad. Además, promoverá la colaboración entre la Administración pública, las organizaciones empresariales y las entidades gestoras de sistemas de calidad para compartir experiencias, coordinar actuaciones y convertirse en un foro de participación en que abordar las necesidades detectadas por los protagonistas de la calidad turística de Canarias.

El decreto contempla la creación de comisiones de trabajo para estudiar asuntos concretos y plantear propuestas. Estos grupos podrán convertirse en laboratorios de innovación para analizar y desarrollar proyectos piloto relacionados con la calidad turística, la sostenibilidad, la digitalización, la economía circular y la reducción de los efectos del cambio climático.

La Agencia estará integrada por representantes de la Administración autonómica, de entidades gestoras de sistemas de calidad implantados en Canarias y de asociaciones empresariales vinculadas a estos sistemas. Entre sus funciones también estará establecer indicadores para evaluar los resultados de su actividad y elaborar una memoria anual con las actuaciones realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos y las líneas de trabajo previstas para el año siguiente.

El decreto no supondrá un incremento del gasto público, ya que la Agencia funcionará con los medios personales y materiales y los recursos presupuestarios ordinarios del departamento competente en materia de calidad turística.

El Consejo de Gobierno aprueba en sesión extraordinaria el cese de varios altos cargos

Las salidas a petición propia se producen en su gran mayoría debido a la concurrencia en listas electorales de los comicios generales del 29 de noviembre

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria el cese de varios altos cargos a petición propia. En la mayoría de los casos, las salidas se producen debido a que estos directivos concurrirán en listas a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

En primer lugar, se ha acordado el cese de Gustavo González como viceconsejero de Economía e Internacionalización de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Ejercía el cargo desde el 17 de julio de 2023.

El Ejecutivo ha aprobado el nombramiento en su sustitución de Jimena Delgado-Taramona como nueva viceconsejera de Economía e Internacionalización. Delgado-Taramona cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública y desarrollo económico, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad en la administración autonómica y en organismos internacionales.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y máster en Altos Estudios Económicos Europeos por el Colegio de Europa, cursado en Brujas, Bélgica. Hasta el 6 de octubre ocupaba el cargo de diputada en el Congreso y hasta este jueves el de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, entre otros cargos, ha sido subdirectora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de Canarias y presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC); directora gerente de la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria; y directora general de Promoción Económica en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

El Consejo de Gobierno ha aceptado en segundo lugar el cese de la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, que ejercía el cargo desde el 11 de enero de 2024. Hasta que se proceda al nombramiento de una nueva persona titular de la dirección del organismo, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, asumirá temporalmente sus funciones en virtud de la correspondiente orden de suplencia.

También deja su cargo a petición propia la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, que ha desempeñado esta responsabilidad desde el 18 de septiembre de 2023. El acuerdo de cese se ha aprobado sin que se haya designado todavía a una persona para asumir la dirección general. Asumirá temporalmente sus funciones la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Eloísa Gil.

El Consejo de Gobierno ha aprobado asimismo el cese como director general de Emergencias, Fernando Figuereo Force, que llevaba en el cargo desde mayo de 2024. Lo sustituye en el cargo Laura Lima, nombrada en la reunión de este jueves.

Lima es graduada en Derecho por la Universidad de La Laguna y cuenta con un máster de Acceso a la Abogacía por la UNED y otro en Derecho Urbanístico por la Universidad de La Laguna. En el ámbito político, fue concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Los Realejos entre 2015 y 2019 y sexta teniente de alcalde, concejala de Urbanismo, Industria y Nuevas Tecnologías de esta corporación entre 2019 y 2023. Asimismo, fue diputada en la XV Legislatura del Congreso de los Diputados.

El Gobierno aprueba el reglamento del FDCAN que impulsa infraestructuras, servicios sociosanitarios e I+D+i

El decreto actualiza el funcionamiento del Fondo de Desarrollo, simplifica los procedimientos administrativos, y refuerza la flexibilidad de la planificación, el seguimiento y el control de los recursos públicos

El Fondo contará con un escenario financiero de 1.626 millones de euros para diez años, con una dotación anual máxima de 162,6 millones por parte del Gobierno a la que se sumarán los fondos que aporten los cabildos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) como un instrumento de financiación pública destinado a impulsar el desarrollo económico, social y territorial del archipiélago. Se garantiza así su continuidad y mejora tras los resultados alcanzados en su primer periodo de aplicación (2016-2026) cuando se ha logrado un impacto total de 1,72 euros por cada euro público invertido.

El decreto configura el Fondo como un instrumento de financiación interadministrativa mediante aportaciones dinerarias de carácter finalista. Se dota de una financiación máxima de 1.626 millones de euros para un plazo de diez años, repartida en una asignación tope de 162,6 millones de euros anuales que estará consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A esta cantidad, se sumarán los fondos que aporten los cabildos insulares, como ocurrió en el anterior período, hasta alcanzar una inversión global de 2.600 millones en 10 años.

Además, el texto aprobado este lunes por el Gobierno establece tres ejes estratégicos de inversión del FDCAN, con una distribución financiera adaptada a los principales rectos actuales del archipiélago: infraestructuras sociosanitarias, obras públicas con especial incidencia en la construcción de vivienda y equipamientos de interés estratégico e I+D+i.

El 50% de los 1.626 millones de euros de Fondo se destinará a mejorar las infraestructuras y los equipamientos públicos, incluida la vivienda sujeta a un régimen de protección pública, mientras que el 35% irá a construir, ampliar, adecuar y poner en funcionamiento plazas sociosanitarias y equipamientos destinados a la dependencia y el envejecimiento activo. El 15% restante del FDCAN se destinará a impulsar la innovación, la digitalización, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas.

El empleo, la formación y el emprendimiento se integrarán transversalmente en los tres ejes, mediante actuaciones orientadas a mejorar la cualificación profesional, la empleabilidad y las oportunidades laborales vinculadas a las inversiones.

Islas iguales y cohesión territorial

El nuevo reglamento actualiza el marco normativo del FDCAN a partir de la experiencia acumulada durante la ejecución de los programas y proyectos desarrollados desde su creación hace diez años. Entre sus principales objetivos se encuentran ampliar y actualizar las líneas estratégicas financiables, simplificar la gestión administrativa, reforzar la autonomía de las entidades destinatarias y mejorar los mecanismos de planificación, evaluación y control financiero.

El FDCAN busca favorecer la cohesión económica, social y territorial de Canarias, corregir los desequilibrios derivados de la insularidad y promover inversiones estratégicas que contribuyan a la diversificación y modernización de la economía, la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos.

En este sentido, se mantiene la asimetría en el sistema de cofinanciación para compensar la doble insularidad y fomentar la cohesión territorial. Así, el porcentaje de financiación por el FDCAN será de un 50% para los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, de un 80% para Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y de un 90% para La Gomera y El Hierro.

Su continuidad estará condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), o a su supresión definitiva, así como a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Menos trámites administrativos

Los cabildos insulares, ayuntamientos y universidades públicas canarias elaborarán un Plan de Actuaciones Canarias (PACAN), con programación trianual que recogerá la planificación estratégica, financiera y temporal de las líneas de actuación a desarrollar durante dicho período. Los presupuestos podrán concretar proyectos y actuaciones que desarrollen la planificación trianual.

El PACAN tendrá carácter flexible y podrá actualizarse anualmente mediante la incorporación, supresión, modificación o reprogramación de actuaciones, dentro de la dotación máxima anual y total asignada a la entidad destinataria.

El reglamento flexibiliza las modificaciones de las actuaciones y permite realizar determinados ajustes sin autorización adicional cuando no superen los límites establecidos y no alteren los objetivos esenciales ni incrementen la financiación asignada. Los cambios de mayor alcance deberán ser autorizados por la Comisión de Actualización y Seguimiento o por el Gobierno de Canarias, según su naturaleza.

Para reducir las cargas administrativas y agilizar la ejecución de los recursos públicos, manteniendo las garantías de control, se generaliza el uso de la plataforma corporativa UNIFICA para tramitar los planes, gestionar las actuaciones, comunicar modificaciones y reprogramaciones, presentar justificaciones y realizar el seguimiento financiero.

Más coordinación, evaluación y control financiero

El nuevo modelo refuerza la coordinación entre las administraciones públicas canarias y establece tres órganos especializados: la Comisión de Actualización y Seguimiento, el Comité de Admisión y Selección de Programas y Proyectos y la Comisión de Evaluación del FDCAN.

Esta última elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos y los resultados. Además, la información sobre los programas y proyectos se actualizará trimestralmente y se comunicará a la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Asimismo, las entidades deberán informar sobre la ejecución material y financiera de las actuaciones al inicio del segundo semestre de cada anualidad.

Las entidades destinatarias deberán justificar la aplicación de los fondos, mantener actualizada la información en UNIFICA y facilitar las actuaciones de fiscalización y control. El decreto regula también el reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente aplicadas o no justificadas, con criterios de proporcionalidad.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.