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Sanidad destinará 37,2 M€ al despliegue de la Historia Clínica Electrónica única en la red asistencial del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería la realización del gasto para la contratación del servicio por un período de sesenta meses

El proyecto MAGEC HCE se desarrollará por fases y permitirá disponer de un único sistema operativo informático para la gestión de las historias clínicas de los pacientes en todos los centros del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 37.230.953 euros destinado a la contratación del servicio de desarrollo, instalación, configuración, despliegue y soporte de la Historia Clínica Electrónica unificada (MAGEC HCE), en toda la red asistencial del Servicio Canario de la Salud.

La contratación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y anticipada, por un período de sesenta meses, para continuar con el proceso de transformación digital en curso por el organismo autónomo, orientado a consolidar un modelo de atención centrado en la persona, basado en la continuidad asistencial, la interoperabilidad, la calidad del dato y el uso responsable de la tecnología.

En este contexto, MAGEC HCE se concibe como un sistema corporativo de gestión de la información clínica de los pacientes, cuya implantación permitirá homogeneizar procesos, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y mejorar la disponibilidad y calidad de los datos clínicos en toda la red asistencial.

El proyecto responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo cohesionado, interoperable y orientado al dato, capaz de integrar los sistemas de información existentes y adaptarse a las futuras necesidades organizativas, asistenciales, de interoperabilidad y normativas.

Está previsto que incorpore mecanismos de extracción y normalización de datos que permitan su explotación en el marco de la analítica avanzada, así como una arquitectura preparada para la integración de capacidades de inteligencia artificial, concebidas como palancas para la mejora continua de la práctica clínica, la gestión sanitaria y la planificación estratégica del SCS.

Desarrollo por fases

El proyecto se alinea con la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, con el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Digital Europea, con las políticas de contratación pública sostenible y con el programa Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del Gobierno de Canarias.

MAGEC HCE se desarrollará por fases con el objetivo de finalizar su implantación en 2031, lo que atenderá una demanda histórica de los profesionales del Servicio Canario de la Salud, ya que actualmente cada centro cuenta con un sistema operativo diferente para la gestión de los datos sanitarios.

Se trata de un segundo paso tras la puesta en marcha del Visor de Historia Clínica Unificada, un importante primer hito tecnológico, que permite acceder y ver las historias clínicas completas de los pacientes, independientemente del centro en el que hayan sido atendidos, de forma fácil y ágil.

El Gobierno incrementa en 1,6 millones de euros las partidas del REA destinadas a alimentación animal

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la modificación aprobada por la Mesa del Régimen Específico de Abastecimiento que permitirá ampliar en 19,1 millones de kilos las cantidades de paja, alfalfa, raigrás y otros productos forrajeros

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 19 de octubre, la modificación acordada por la Mesa del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para incrementar en 1.605.400 euros las partidas presupuestarias destinadas a alimentación animal. El REA constituye un instrumento comunitario para la compensación de los sobrecostes que afronta el sector agrario en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

La medida se traduce también en un aumento en 19,1 millones de kilos de materias primas empleadas para la alimentación del ganado, de los que 16 millones corresponden a alfalfa, raigrás y productos forrajeros similares, y 3,1 millones se destinan a ampliar el suministro de paja.

Esta modificación responde a una necesidad del sector ganadero, puesto que a estas alturas del año se ha consumido gran parte de los fondos disponibles: entre el 95% en el caso de la paja y el 85% en el del forraje. Con este ajuste se garantiza el abastecimiento del archipiélago hasta el cierre de campaña, al tiempo que se da respuesta a una demanda creciente y sostenida en las partidas de alimentación animal.

Con este propósito se reajustan al alza o a la baja los balances de distintos productos en función del consumo registrado hasta la fecha, de modo que ninguna partida llegue a agotarse antes de fin de año ni quede con excedente sin justificar. Este esfuerzo, en el que participan todos los sectores, permite además mejorar la eficiencia en la ejecución de la ficha financiera del REA, ya que eleva los porcentajes de ejecución global del programa sin alterar el presupuesto total, que se mantiene en 62,09 millones de euros.

Por otra parte, los datos acumulados de las últimas campañas evidencian un crecimiento estructural en las necesidades de alimentación del sector ganadero canario. Entre 2023 y el balance propuesto para 2026, la alfalfa y los productos forrajeros similares han crecido un 39% y el cereal y piensos compuestos un 11%. Para dar respuesta a esta demanda, la propuesta incrementa el balance de paja en un 11% respecto al cierre de 2025 y el de alfalfa y forrajeros en cerca de un 9%.

Este cambio se implementará gracias a la colaboración con la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con ajustes que afectan al resto de sectores contemplados en el REA, que han mostrado su respaldo a la actividad ganadera por medio de la optimización de otras partidas, destinadas principalmente al sector de transformación y de consumo directo.

Incremento del 20% desde 2023

Desde 2023, la mesa del REA ha promovido diversas modificaciones, entre ellas la consolidación del incremento del 20% en las partidas de alimentación para el ganado aplicada desde enero del pasado año, en respuesta a las demandas de actualización de las cantidades expresadas por dicho sector para compensar el alza del precio de los insumos.

Con ello, se cumple con el compromiso de dar respuesta a la demanda de los sectores de actualizar las cantidades de ayuda en las primeras semanas del año, de acuerdo con los incrementos de los sobrecostes que se generan en este periodo, y disponer de las mismas desde el principio del ejercicio, garantizando de este modo una optimización de la ficha financiera y elevando los niveles de ejecución hasta el 100% del presupuesto disponible.

Canarias avanza en la tramitación del decreto que regulará los centros y servicios de la dependencia

La nueva norma adaptará la regulación canaria a los criterios comunes de acreditación y calidad, y simplificará los procedimientos administrativos para facilitar la incorporación de nuevos recursos

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración y se solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto que aprueba el reglamento por el que se regulan los requisitos de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.

“El nuevo decreto tiene como objetivo no solo adaptar la normativa canaria a los nuevos criterios mínimos comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 28 de junio de 2022, sino simplificar y agilizar la intervención administrativa, permitiendo acelerar la incorporación de nuevos servicios y recursos de la red de atención a las personas en situación de dependencia”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Aseguró que este proceso garantizará “un marco de referencia de calidad de centros y servicios, que incluye un sistema de evaluación de la misma y mecanismos de mejora constante de los distintos recursos”. “Además, con este nuevo reglamento apostamos por una normativa basada en la dignidad y el respeto, centrada en la persona, que vele por su autonomía y capacidad de elección y que garantice su bienestar personal y la proximidad a su comunidad”, recalcó la consejera del área social del Ejecutivo canario.

Bajo estos criterios, el nuevo Decreto regulará los requisitos de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, sustituyendo al actual Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios en materia de atención a personas en situación de dependencia en Canarias.

Mejoras en la acreditación y calidad de los recursos

Entre las novedades se destaca la diferenciación entre el régimen de funcionamiento y el régimen de acreditación, de tal forma que, mientras el funcionamiento de centros y servicios se articula mediante declaración responsable, en materia de acreditación, se establece un régimen diferenciado para centros y servicios atendiendo a la naturaleza de los requisitos de comprobación y a la necesidad de simplificar y agilizar el proceso administrativo.

En relación con los servicios, se establece un régimen de declaración responsable de acreditación, lo que permite agilizar la incorporación de recursos al sistema público, reduciendo cargas administrativas y tiempos de tramitación.

Por su parte, en referencia a los requisitos materiales, funcionales, organizativos, de personal y de calidad previstos, se adecúan a los criterios mínimos comunes aprobados por el Consejo Territorial, con el fin de establecer un marco que garantice la calidad de la atención y los derechos de las personas usuarias y, al mismo tiempo, evite que la regulación autonómica genere obstáculos innecesarios para la incorporación y permanencia de centros y servicios en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia

La nueva normativa tiene con fin adaptarse a la realidad normativa y social relativa a los derechos y protección de las personas menores y adolescentes

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración el Proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia y se solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el mismo.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la nueva ley Canaria de Infancia y Adolescencia busca dar respuesta a la necesidad de adecuar al actual marco normativo autonómico a las nuevas necesidades y riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia, “estableciendo un marco legal adaptado a la realidad social actual con el fin de garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia en un mundo marcado por las profundas y continuas transformaciones sociales que caracterizan el devenir constante de este siglo”.

Entre los objetivos perseguidos por el proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, se encuentran incluir por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en algunos casos adaptando los ya existentes, así como se redefinen como principios rectores de la protección de las personas menores de edad a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección en situaciones de riesgo y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela, ya que estos principios son esenciales para garantizar un enfoque integral y efectivo en la atención a la infancia, abarcando desde la prevención hasta la intervención en situaciones de desamparo.

De esta manera, se busca garantizar la protección del interés superior de la persona menor de edad, así como facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a ser oídas y escuchadas, para que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten.

La nueva normativa establece el buen trato como aspiración al máximo desarrollo integral de la población infanto-juvenil y la promoción de entornos seguros, contemplando para ello medidas frente a cualquier tipo de violencia hacia las personas menores de edad y regular el derecho a la inclusión social, abarcando a las personas menores de edad con diversidad funcional, personas menores de edad migrantes y personas menores de edad procedentes de minorías culturales.

Además, establece la promoción por parte de las administraciones de una participación inclusiva y efectiva de las personas menores en todos los ámbitos y reconoce su capacidad para contribuir a su propio desarrollo y al entorno social, mediante la constitución de órganos de participación integrados por niños, niñas y adolescentes.

Igualmente, la nueva normativa llama a tomar conciencia sobre la realidad de las personas extuteladas, garantizando la atención en sus procesos de tránsito a la vida adulta y acompañamiento en la emancipación, que permitan la incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Además, se implementa un conjunto de medidas para proteger al colectivo menor en el entorno digital actual, tales como la educación sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías.

Una ley estructurada en 192 artículos, un título preliminar y diez títulos

El proyecto de ley se estructura en ciento noventa y dos artículos, distribuidos en un título preliminar y diez títulos. Y tiene por objeto la atención y protección integral de la infancia y la adolescencia, en garantía del ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades, esto es, garantizar los derechos de las personas menores de edad que residan o se encuentren en el territorio de Canarias.

Para ello, establece la distribución de funciones y competencias entre las diferentes administraciones públicas canarias en la atención integral de las personas menores de edad, así como regula las medidas y actuaciones administrativas de promoción, prevención, situación de riesgo, de amparo e integración familiar y social de las mismas, además de establecer un régimen de coordinación, colaboración y participación interadministrativa, con las familias, las entidades del tercer sector de acción social y las empresas, en aras de garantizar su desarrollo integral.

La nueva norma, además, identifica los órganos de atención y garantía de los derechos de las personas menores de edad y regula el régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia y adolescencia.

El Gobierno de Canarias da luz verde a los sondeos para investigar el potencial geotérmico de La Palma

La decisión permitirá avanzar en el aprovechamiento de un recurso renovable autóctono que contribuirá a reducir la dependencia energética del archipiélago de combustibles fósiles

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 19 de octubre, la exclusión del proyecto ‘Sondeo Isla de La Palma’ del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental simplificada, con el objetivo de avanzar en los sondeos de investigación de recursos geotérmicos en la isla, al amparo del Reglamento europeo 2022/2577.

La decisión supone un paso adelante en la búsqueda de alternativas energéticas renovables propias y en el aprovechamiento del potencial geotérmico de Canarias. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia Canarias Sostenible y está alineada con los objetivos de la Ley del Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

El Reglamento europeo 2022/2577 establece medidas temporales para acelerar las energías renovables. En concreto, contempla el interés público superior de estos proyectos en su artículo 3 y medidas para agilizar los procedimientos en su artículo 6.

Ninguno de los sondeos previstos se encuentra dentro de los espacios naturales incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias o en la Red Natura 2000. Además, el proyecto ha sido evaluado y validado por personal técnico especializado del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de La Palma.

El Ejecutivo autonómico aplicará los protocolos de seguimiento ambiental correspondientes durante la ejecución de los trabajos para garantizar su compatibilidad con el entorno. Según la justificación del proyecto, la tramitación de una evaluación ambiental simplificada podría derivar en un procedimiento ordinario y provocar demoras en la investigación de este recurso energético.

Fuente renovable que aporta estabilidad al sistema eléctrico

Canarias mantiene una elevada dependencia energética del exterior, con un suministro basado, mayoritariamente, en combustibles fósiles. Avanzar hacia un modelo energético más limpio, sostenible y resiliente exige aprovechar los recursos renovables disponibles en el archipiélago y diversificar las fuentes de generación.

En la actualidad, la energía eólica y solar constituyen las principales tecnologías renovables implantadas en las islas. Sin embargo, su producción depende de las condiciones meteorológicas, por lo que resulta necesario explorar otras fuentes capaces de complementar su aportación.

La geotermia aprovecha el calor almacenado bajo la superficie terrestre. En función de las características del recurso, puede utilizarse para producir calor directamente –geotermia de baja entalpía– o para generar electricidad mediante recursos de media y alta entalpía.

Una de sus principales ventajas es que no depende del viento ni de la radiación solar y puede ofrecer producción continua durante las 24 horas del día, lo que la convierte en una alternativa de interés para avanzar hacia un sistema eléctrico más estable y con mayor presencia de energías renovables gestionables.

Un paso necesario para conocer los recursos

La geotermia de alta entalpía para generación eléctrica se encuentra todavía en fase de desarrollo en Canarias. Por ello, los sondeos de investigación son necesarios para determinar si existen recursos explotables y comprobar si reúnen las condiciones adecuadas para su posterior aprovechamiento eléctrico.

El avance de estos trabajos permitirá profundizar en el conocimiento de los recursos energéticos principales de Canarias y evaluar nuevas posibilidades para diversificar la generación eléctrica, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

 

 

 

El Gobierno de Canarias asume las competencias en materia de evaluación ambiental del municipio de Moya

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informa de que son ya 28 los municipios que han optado por esta delegación, prevista en la Ley del Suelo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de decreto por el que el Ejecutivo autonómico asume las competencias en evaluación ambiental del municipio de Moya, en Gran Canaria. Esta delegación, solicitada por el propio Ayuntamiento, se suma a las de otros 27 municipios que ya han adoptado esta medida, prevista en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.

El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Su titular, Manuel Miranda, ha destacado que esta iniciativa es una “muestra más del apoyo que el Gobierno está prestando a los municipios de Canarias para actualizar su ordenación territorial”.

“La motivación del expediente responde a la falta de recursos de muchos municipios de Canarias, especialmente de aquellos considerados de reto demográfico, como el que nos ocupa, para los que resulta imposible constituir un órgano de tramitación ambiental debido a la escasez de recursos humanos. Estos informes son indispensables para buena parte de la tramitación del planeamiento y para impulsar proyectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de los ayuntamientos, como la construcción de viviendas, la creación de empleo o la dotación de servicios”, ha añadido el consejero.

Una vez entre en vigor el decreto aprobado esta mañana, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental asume, en el caso de Moya, tanto la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipal, así como de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.

Miranda ha recordado que el Gobierno colabora con los ayuntamientos a través de diversas líneas de trabajo, con un objetivo similar, el de potenciar tanto la actualización del planeamiento como el impulso a proyectos. La propia Consejería tramita varios planes generales (La Orotava, Mazo, Arico, Arrecife, Firgas y Yaiza), al tiempo que a través de la empresa pública Gesplan se mantiene el servicio de asistencia técnica en esta materia para los municipios que así lo requieran.

Además, se han recuperado durante este mandato las subvenciones para impulsar los planes generales, así como sus modificaciones y adaptaciones, que suman ya más de ocho millones de euros, y se ha puesto en marcha una oficina de consultas jurídicas.

La nueva Ley del Suelo llega al Parlamento para facilitar el acceso vivienda y reforzar la protección territorio

El consejero Manuel Miranda destaca que el texto definitivo, fruto de un proceso de participación con más de 700 profesionales, aumenta hasta el 40% la reserva de suelo para vivienda pública en determinadas circunstancias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. Se trata de una iniciativa legislativa impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, cuyo titular, Manuel Miranda, ha catalogado como “una herramienta clave para que Canarias pueda enfrentarse a buena parte de los retos que tiene frente a sí”. El documento, aprobado inicialmente en el mes de junio, fue objeto en septiembre de un informe del Consejo Consultivo y ahora se remitirá al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación.

Miranda ha destacado que la propuesta tiene como objetivo “continuar con la filosofía de la Ley del Suelo” del año 2017, norma que ha calificado como “buena y que ha permitido impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento”, pero que había que “adaptar a la nueva realidad del Archipiélago, condicionada por varios retos, como el de la vivienda, el demográfico o la normativa referida a mitigar los efectos del cambio climático”. Entre otras medidas, la actualización de la ley prevé un aumento de la disponibilidad de suelo para vivienda pública, que podría ser de hasta un 40% del suelo en determinadas circunstancias. En concreto, en suelo urbanizable se pasa del 30% al 40% y en suelo urbano consolidado del 10% al 20%.

El consejero ha recordado que el texto es fruto de un amplio proceso de participación que duró más de un año y en el que intervinieron 700 profesionales en un total de diecisiete foros. Miranda ha señalado que el texto ha sido mejorado ahora por el Consejo Consultivo, sobre todo para dotar al texto de “mayor claridad y precisión respecto a las condiciones de la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales”.

La propuesta del Gobierno gira sobre cinco ejes, según ha explicado el consejero. Estos son: una mayor protección del territorio, con sanciones más duras; agilización del planeamiento, con un 40% menos de documentación; impulso a la construcción de vivienda pública, con más suelo disponible; apoyo a los municipios ante el reto demográfico; y refuerzo del sector primario, dotándole de mayor seguridad jurídica.

Entre otras propuestas, las sanciones más duras podrán llegar a los 600.000 euros y habrá más plazo para su tramitación, con el objetivo de evitar que prescriban. Además, se ha calculado en un 30% la reducción de los plazos en la tramitación de instrumentos de ordenación.

Por otro lado, el documento contempla otras medidas para favorecer la fijación de población en municipios reto demográfico, como su acceso prioritario a ayudas o subvenciones para actualizar su planeamiento.

Igualmente, se refuerza el sector primario, donde se permiten viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.

“La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad”, señaló el consejero.

El documento será remitido ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación, aunque Miranda ha informado de que “los portavoces de los grupos políticos en la Comisión parlamentaria ya disponen de él desde este verano, con el fin de darles más plazo para su análisis” y ser “lo más transparentes posible con esta norma”.

El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias

La norma concibe la movilidad sostenible como un nuevo derecho colectivo y establece un marco común para ordenar los desplazamientos de personas y bienes en las islas

El texto aborda de forma integral los sistemas de transporte aéreo, marítimo y terrestre y refuerza la coordinación entre las administraciones públicas

Tras esta aprobación, el Proyecto de Ley se elevará al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación y aprobación definitiva

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado este lunes, 5 de octubre, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que ha culminado así su tramitación en el ámbito del Gobierno de Canarias antes de su remisión al Parlamento de Canarias.

El Proyecto de Ley establece un nuevo marco regulador para ordenar la movilidad de personas y bienes en el conjunto del archipiélago, incluidos los servicios de movilidad y las infraestructuras vinculadas a estos, bajo principios de sostenibilidad social, económica y ambiental. La norma ha adaptado este marco a las particularidades territoriales, económicas y sociales de Canarias y ha reforzado la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en materia de movilidad.

La norma reconoce la movilidad sostenible como un nuevo derecho colectivo, vinculado a la posibilidad de acceder a bienes y servicios en condiciones adecuadas, dignas y seguras y con el menor impacto ambiental y social posible. Este derecho incluye también el acceso a información suficiente para que las personas puedan elegir los medios y servicios de transporte más adecuados, así como la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con los sistemas de movilidad.

El texto aborda la movilidad desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta la interrelación entre los tres grandes modos de transporte —aéreo, marítimo y terrestre— y la necesidad de avanzar en la intermodalidad, tanto en los desplazamientos dentro de cada isla como en las conexiones interinsulares y con el exterior.

Además, el Proyecto de Ley incorpora distintos instrumentos de planificación y gestión destinados a ordenar la movilidad en los diferentes ámbitos territoriales, así como mecanismos para favorecer una movilidad más eficiente y sostenible y una mejor integración entre las políticas de transporte, territorio y urbanismo.

El Proyecto de Ley continúa su tramitación parlamentaria

Con la aprobación del Consejo de Gobierno, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias ha completado esta fase de su tramitación y será remitido al Parlamento de Canarias para continuar el procedimiento.

El texto ha llegado a este punto después de que el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias emitiera el pasado 17 de septiembre un dictamen favorable sobre el Proyecto de Ley.

Principales instrumentos de la Ley de Movilidad Sostenible

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias se ha configurado como el instrumento de planificación estratégica de la movilidad en Canarias. A partir del análisis y diagnóstico de la situación, determinará los objetivos y prioridades ambientales dentro de su horizonte temporal y establecerá los principios y criterios que deberán seguir los planes de movilidad de ámbito insular, supramunicipal y municipal, con carácter vinculante para su elaboración.

Esta Estrategia debe diferenciarse de la actual Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (EMSICAN), que constituye una hoja de ruta técnica para diagnosticar y planificar el transporte y la movilidad en el archipiélago durante las próximas tres décadas.

En desarrollo de esta planificación, el Proyecto de Ley ha previsto planes insulares, supramunicipales y municipales de movilidad sostenible. Los planes insulares definirán los sistemas de movilidad a escala de cada isla y serán vinculantes para los instrumentos de planificación de ámbito inferior. Los planes supramunicipales se plantearán cuando exista una interacción relevante entre dos o más municipios por motivos de trabajo, comercio o servicios, mientras que los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar con planes de movilidad urbana sostenible. También deberán elaborarlos los municipios de menor población que presten voluntariamente servicios de transporte urbano colectivo.

Otro de los instrumentos previstos es el Laboratorio de la Movilidad, que permitirá canalizar las políticas de la Administración Pública de Canarias destinadas a fomentar modos de movilidad más sostenibles mediante actividades de estudio, investigación, experimentación y divulgación. Además, dará cobertura a proyectos piloto orientados al desarrollo de soluciones innovadoras y a la mejora de los sistemas de movilidad de las islas.

Por último, el Proyecto de Ley presta especial atención a la interoperabilidad y la digitalización de los sistemas e infraestructuras de movilidad. La norma contempla el desarrollo de proyectos piloto y mecanismos automatizados para facilitar el intercambio de datos, así como el acceso de la ciudadanía a información sobre los servicios de transporte. El objetivo es mejorar la identificación de las necesidades de movilidad y la planificación de las políticas públicas y favorecer desplazamientos más sostenibles, saludables y eficientes.

Canarias refuerza la investigación y la innovación con una inversión de 24,1 millones hasta 2028

La programación incluye ayudas empresariales, proyectos de I+D+i, además actuaciones del ITC y del Instituto de Astrofísica de Canarias

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 24.147.856,74 euros, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, para dar cobertura presupuestaria a distintas actuaciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológico previstas para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

La autorización es necesaria porque los compromisos previstos para 2027 y 2028 superan los porcentajes ordinarios de gasto plurianual establecidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. El acuerdo del Gobierno permite adaptar esos límites a la programación prevista para ambos ejercicios.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destaca que «esta autorización nos permite planificar con estabilidad actuaciones que necesitan continuidad en el tiempo y aprovechar al máximo los recursos europeos disponibles para seguir fortaleciendo el sistema canario de I+D+i».

La programación contempla nueve millones de euros para ayudas dirigidas al desarrollo de tecnologías estratégicas por parte de empresas, 4,15 millones para apoyo a la actividad de I+D+i, cinco millones para una actuación del Instituto Tecnológico de Canarias vinculada a biotecnología marina y biomasa y seis millones para tecnologías espaciales y ópticas del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Los fondos se distribuyen entre las tres anualidades, con 8 millones de euros en 2026, 8,82 millones en 2027 y 7,32 millones en 2028. En conjunto, alcanzan los 24,15 millones incluidos en la programación autorizada.

Parte de estas actuaciones se encuadra en la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), creada por la Unión Europea para impulsar tecnologías fundamentales y emergentes y reforzar sus cadenas de valor. Entre los ámbitos considerados estratégicos se encuentran las tecnologías digitales, las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos y las biotecnologías.

Machín señala que «el objetivo es que esta inversión se traduzca en más capacidad para investigar, desarrollar tecnología y generar conocimiento desde Canarias. Queremos que las islas ganen peso en ámbitos estratégicos y que esa capacidad contribuya también a crear actividad económica y nuevas oportunidades».

Las actuaciones cuentan con financiación del Programa FEDER Canarias 2021-2027, con una tasa de cofinanciación del 100 % en el marco previsto para estas iniciativas.

El Gobierno autoriza el gasto plurianual de 70 M€ para la construcción del Edificio Judicial de Puerto del Rosario

El plazo de ejecución de la contratación será de cuatro años a contar desde el inicio de las obras

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes el gasto plurianual correspondiente a la contratación de la ejecución de las obras del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, mediante tramitación anticipada, por un importe de 70.011.128 euros. El plazo de ejecución será de cuatro años a contar desde el inicio de las obras, una vez adjudicado el contrato.

La propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, se enmarca en la 2.ª fase del Plan de Infraestructuras para la Administración de Justicia en Canarias 2017-2031, que propone una serie de actuaciones tendentes a racionalizar y mejorar las infraestructuras existentes en cada uno de los partidos judiciales.

Puerto del Rosario presenta un alto índice de dispersión de los órganos judiciales que perjudica el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y la atención a la ciudadanía. En la actualidad, los órganos judiciales existentes se reparten en cuatro sedes distintas sin espacio para crecimientos futuros, y a lo que se suman las complicaciones para continuar con el sistema de arrendamientos de locales ante las escasas infraestructuras que puedan adecuarse a las funciones de la Administración de Justicia.

Con el objetivo de prestar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía, el Gobierno de Canarias acometerá la construcción de un nuevo edificio judicial con espacio suficiente para concentrar en una sola sede toda la planta judicial del Partido Judicial de Puerto del Rosario, contribuyendo a la mejora y modernización de la Administración de Justicia y aumentando sus niveles de calidad, eficacia y eficiencia en Canarias.

El proyecto de ejecución se encuentra en su fase final de revisión y permite la programación presupuestaria y el importe económico total para la contratación por importe de 70 millones de euros.

Dicho expediente será tramitado por la Consejería de Presidencia de forma anticipada durante el ejercicio 2026 con el objetivo de que la obra del nuevo Palacio de Justicia de Puerto del Rosario comience lo antes posible.