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El Gobierno autoriza a Sanidad a destinar 7,9 millones para la contratación de pruebas analíticas

La contratación se realizará por el sistema de acuerdo marco y tendrá una duración de dos años

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy lunes, 24 marzo, a la Consejería de Sanidad a destinar una partida de 7.979.401,64 euros a la contratación de servicio de realización de pruebas analíticas para los hospitales del Servicio Canario de la Salud en laboratorio externo, por un sistema de acuerdo marco y una duración de dos anualidades.

Si bien la intención del Servicio Canario de la Salud es reducir el número de pruebas analíticas que se realizan externamente mediante la potenciación y/o especialización de la actividad de los laboratorios hospitalarios, por razones técnicas y de eficiencia se necesita contar con un laboratorio externo para la realización de determinadas pruebas analíticas.

La contratación se realizará mediante suscripción de acuerdo marco, a través de procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El objeto de la contratación será fijar las condiciones para el servicio de realización de determinadas pruebas analíticas por laboratorio externo para hospitales del SCS con una única adjudicataria.

Este servicio incluye la recogida, realización y envío de resultados de determinadas pruebas cuando no puedan ser asumidas y/o atendidas en los centros hospitalarios por sus propios medios, debido a su complejidad técnica, escasa rentabilidad, volumen u obstáculos logísticos, entre otros factores.

Las gerencias de los hospitales de referencia de Gran Canaria y Tenerife, además de las de los centros hospitalarios de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, serán las competentes para la tramitación, formalización y ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, que tiene un plazo de vigencia de dos años, prorrogable por otros dos.

Los importes del presupuesto máximo de licitación y el valor estimado han sido calculados en función de las previsiones suministradas por los centros hospitalarios y de los precios unitarios fijados para las pruebas analíticas incluidas en el contrato, una vez realizada una consulta preliminar al mercado, y publicada en la Plataforma de contratación del sector público.

El gasto propuesto excede de tres millones de euros, por lo que tiene que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025.

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto de 20,8 millones para el sector agrario y pesquero

El importe aprobado se distribuye en 8 millones para la extracción o desalación de agua para riego agrícola, 4,5 millones para la contratación de seguros agrarios y 8,3 millones para la pesca y la acuicultura

El Consejo de Gobierno celebrado hoy lunes, 24 de marzo, ha autorizado un gasto total de 20,8 millones de euros para la convocatoria de subvenciones dirigidas a compensar los sobrecostes de la extracción de agua, desalación o producción de agua regenerada para riego agrícola, así como para incentivar la contratación de pólizas de seguro agrario que protejan al colectivo de profesionales ante posibles pérdidas ocasionadas por agentes naturales. Con la cuantía aprobada se financiarán también las subvenciones del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para favorecer la competencia equitativa de la pesca y la acuicultura de las Regiones Ultraperiféricas. (RUP)

De dicho importe, 8 millones de euros se destinarán a financiar, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una línea de apoyo para abaratar los sobrecostes de acceso a recursos hídricos de riego tanto por extracción de agua de pozos y de galerías, como mediante desalación o producción de aguas regeneradas. Por medio de esta medida se compensan los altísimos costes de consumo energético en que incurren los profesionales del sector agrario para obtener agua de riego ante la práctica inexistencia de aguas superficiales en el archipiélago.

Por otra parte, del montante global, 4,5 millones de euros, financiados con fondos propios del Gobierno de Canarias, se dirigen a la convocatoria de subvenciones para la contratación de seguros agrarios con el objetivo de generalizar la suscripción de pólizas en los sectores de escasa implantación. Canarias es una de las Comunidades Autónoma que más presupuesto destina a esta acción al cubrir el porcentaje máximo de financiación que permite la Unión Europea para este fin.

De esta manera se favorece el mantenimiento de la renta agraria de los agricultores y ganaderos con independencia, en la medida de lo posible, de los daños producidos por agentes naturales en los que se generan pérdidas económicas que, además, pueden llegar a comprometer la viabilidad de las explotaciones y su continuidad productiva.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la realización de un gasto de 8,3 millones de euros, con cargo al programa operativo del FEMPA 2021-2027, para financiar las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y la acuicultura de las islas.

A través de este plan se promueven condiciones de competencia equitativa en la pesca, cría, transformación y comercialización de productos pesqueros y de la acuicultura para las RUP de la UE, por lo que Canarias cuenta con un plan de acción donde se contemplan las actuaciones y medios financieros previstos en aras de impulsar el desarrollo sostenible de este sector.

El Gobierno crea la Comisión de Trabajo para el estudio del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias

Ofrecerá apoyo a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, responsable de coordinar la elaboración y tramitación de esta iniciativa legislativa

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de la Comisión de Trabajo para el estudio del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias, como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que tendrá como función principal estudiar cuantos antecedentes, opciones normativas y demás aspectos resulten convenientes para facilitar la elaboración del anteproyecto de ley. Esta comisión tendrá carácter temporal y ofrecerá apoyo administrativo a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, bajo cuya coordinación se llevará a cabo la elaboración y tramitación de esta iniciativa legislativa, así como a la Dirección General de la Función Pública.

El 10 de febrero de 2025, el Gobierno acordó iniciar la tramitación del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias. La elaboración del texto articulado del Proyecto de Ley, dado su contenido y finalidad, exige disponer del mayor consenso posible tanto en el ámbito social y sindical como en el ámbito institucional, teniendo en cuenta que dicha Ley constituirá legislación de desarrollo en materia de empleo público, involucrando al sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto respecto de su propia Administración, como de las que conforman la Administración local y las Universidades Públicas de Canarias.

En este sentido, la complejidad de su contenido y la necesidad de garantizar una participación activa de todos los agentes implicados exige la creación de un grupo de trabajo que permita el análisis y mejora del Proyecto de ley.

La Comisión de Trabajo estará compuesta por una presidencia y siete vocalías, correspondiendo la presidencia a la persona titular de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia. Las vocalías serán tres de la Dirección General de la Función Pública; una de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos; una de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, o personas en quienes deleguen.

Corresponderá a la Secretaría de la Comisión de Trabajo, que recae en un funcionario de la Dirección General de Función Pública, coordinar todos los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de sus trabajos, como, por ejemplo la remisión de documentación, organización de las reuniones, compilación de conclusiones y elaboración de documentos provisionales y definitivos, para su validación por la Comisión de Trabajo; dar soporte funcional de las herramientas de trabajo colaborativo y gestión documental que, en su caso, se adopten, así como cuantas otras funciones le sean encomendadas por la persona que ejerza la presidencia de la Comisión.

La Presidencia de la Comisión de Trabajo prestará especial atención a la participación de los centros directivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que no ejerzan una vocalía y cuya intervención sea necesaria por razón de los asuntos a tratar, así como garantizará, cuando corresponda, la representación de las Universidades Públicas de Canarias, la Federación Canaria de Municipios y los Cabildos Insulares, así como en su caso la participación de Colegios Oficiales Profesionales.

A efectos de lo previsto en este apartado, podrán ser invitados por la Presidencia a la participación de las sesiones de la Comisión de Trabajo, con voz, pero sin voto, las personas que representen a los centros directivos, instituciones, agentes o personas expertas que correspondan.

La Comisión de Trabajo deberá remitir a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad informes semestrales sobre los trabajos desarrollados, a contar desde su constitución, para su elevación a Gobierno.

 

 

 

El Gobierno aprueba la implantación del Máster Universitario en Protección Radiológica Ambiental

Esta nueva formación, que viene a ampliar la oferta académica, se impartirá en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, autorizó hoy lunes día 24 de marzo, en la reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, aprobar la implantación de un nuevo máster universitario en las islas.

En concreto, se trata de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Protección Radiológica Ambiental que será desarrollado de manera conjunta por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barcelona, Universidad de Cantabria, Universidad de Extremadura, Universidad de Huelva y Universitat de València Estudi General.

Con la aprobación de implantación de este nuevo máster, el Gobierno de Canarias continúa en la senda del compromiso de diversificar y ampliar la oferta formativa en las universidades canarias en diferentes ramas de estudio, reforzando las oportunidades de formación superior para el estudiantado del Archipiélago.

El Máster Universitario en Protección Radiológica Ambiental ofrece formación avanzada, especializada y multidisciplinar, con el objetivo de que el alumnado pueda ejecutar, con garantías, las tareas relacionadas con el control radiológico del medio ambiente, ámbito de relevancia e interés social, pudiéndose incorporar a laboratorios, empresas y administraciones públicas que realicen actividades relacionadas con las normativas europeas relativas a la protección radiológica ambiental.

Esta iniciativa ha contado con los preceptivos informes favorables del Consejo Universitario de Canarias y de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).

El Gobierno autoriza la venta de acciones de la empresa pública Gestur Canarias al Cabildo de Lanzarote

La corporación insular se suma como accionista de Gestur Canarias S.A. al propio Gobierno de Canarias, los Cabildos de Tenerife y La Palma y la empresa pública de vivienda sociales Visocan

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el voto favorable del representante de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias -y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma-, en la Junta General de la sociedad mercantil pública Gestur Canarias S.A. para autorizar la compra de acciones por parte del Cabildo de Lanzarote.

De esta manera, el Cabildo de Lanzarote pasará a ser parte del accionariado de la empresa pública tutelada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, una vez que se celebre la próxima junta general.

En concreto, en el Consejo de Gobierno de hoy se ha aprobado la autorización para la compra de un total de 10 acciones por parte del Cabildo de Lanzarote que pasará a formar parte de la sociedad mercantil como accionista, junto al propio Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Cabildo Insular de La Palma y la empresa pública de vivienda Visocan, además de la propia autocartera que se reserva Gestur Canarias.

Con esta adquisición, el Cabildo de Lanzarote, que ya tenía la condición de medio propio de Gestur Canarias, podrá contar con la empresa pública para llevar a cabo todo tipo de proyectos no solo del propio cabildo sino también de sus organismos y entidades dependientes.

Entre las funciones recogidas en el objeto social de la empresa pública Gestur Canarias se encuentra el impulso de actuaciones vinculadas a los instrumentos de ordenación y planificación territorial, así como el desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora.

Además, la empresa pública puede gestionar la promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales.

Asimismo, Gestur Canarias está habilitada para asumir encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, así como la elaboración de pliegos, licitación, adjudicación y ejecución de obras. También puede gestionar la tramitación de subvenciones, ofreciendo apoyo técnico y administrativo a las administraciones públicas.

El Gobierno aprueba suspender temporalmente, a petición del interesado, sanciones por residir en zonas turísticas

Los ayuntamientos contarán con un plazo máximo de tres años para llevar a cabo la especialización de usos en las zonas turísticas

Una vez entre en vigor el nuevo Decreto-ley de medidas urgentes, las personas afectadas por esta situación podrán dirigirse a la administración local solicitando el cambio de uso

El Consejo de Gobierno, reunido este lunes, ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el Decreto-ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, iniciativa que responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Con los cambios aplicados”, explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, “se suspende por un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley, la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa”. Para ello, agregó, “el interesado deberá solicitar el cambio de uso al ayuntamiento y deberá ser comunicado posteriormente a la Consejería”.

Por tanto, el objetivo es “otorgar este plazo adicional de tres años para que los consistorios lleven a cabo la imprescindible especialización de usos en las zonas turísticas, que es un principio básico establecido en nuestra legislación autonómica, turística, territorial y urbanística desde la Ley de Directrices de 2003; una especialización que debería de haberse realizado desde hace 22 años, pero que cobra especial relevancia desde la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias”, apuntó la consejera. Precisamente, “el incumplimiento de este mandato legal ha generado la apertura de numerosos expedientes sancionadores”, recordó.

“En el plazo de tres años, los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas”, subrayó De León.

Asimismo, otro de los objetivos que persigue la iniciativa es derogar explícitamente la sustitución del propietario que incumple el deber de atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable por su complejidad procedimental y desproporcionado. De esta forma, la administración seguirá cumpliendo la ley y otorgará mayor seguridad jurídica al ciudadano.

La Consejería de Turismo y Empleo ha impulsado en el último año la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular la actividad del alquiler vacacional e iniciado el trámite para elaborar la futura Ley de Turismo de Canarias. Además, ha avanzado en la nueva normativa que modifica el reglamento autonómico de Turismo Activo y regulará por primera vez en las islas los campings, acampadas y otros establecimientos singulares.

 

 

 

 

Luz verde al documento inicial de la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias

El Gobierno, reunido hoy en Consejo, respalda la hoja de ruta para ofrecer respuestas integradas entre los sistemas sanitario y social para mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de la población

La estrategia incluye el uso de la RIC y del FDCAN para mejorar la oferta de plazas actuales, además de potenciar la Ley del Suelo para priorizar construcciones sociosanitarias

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha valorado positivamente el primer documento de la Estrategia de la Atención Sociosanitaria del archipiélago, presentado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Esta estrategia, que estará vigente hasta 2030, incluye una batería de medidas entre las que destacan la activación de distintos instrumentos de inversión o de creación de infraestructuras que potenciarán e impulsarán el desarrollo del nuevo modelo de servicios y recursos sociosanitarios que necesita Canarias

En primer lugar, la hoja de ruta aprobada plantea la utilización del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) o la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) para mejorar la oferta de plazas sociosanitarias. De esta forma, tanto el Gobierno como los cabildos dispondrán de nuevos mecanismos de desarrollo para desplegar una atención integral y adaptada a la realidad insular de estos tiempos.

En segundo lugar, se potenciarán las posibilidades que ofrece la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para, a través de la calificación de interés autonómico, priorizar la construcción de proyectos sociosanitarios.

Por último, el sector empresarial tendrá un papel fundamental en este proceso de transformación. El Ejecutivo promoverá la creación de un clúster sociosanitario en Canarias, para lo que se facilitará el acceso de empresas tecnológicas emergentes a través de beneficios fiscales, y propondrá el diseño del tercer plan de infraestructuras sociosanitarias bajo el paraguas de la colaboración público privada, de forma que se pueda activar un amplio volumen de plazas.

“Todas estas medidas que iremos articulando se unen a otras que ya hemos puesto en marcha y que van en sintonía con las estrategias europea y española, que inciden en la necesidad de trabajar la desinstitucionalización de las personas mayores y en situación de dependencia. Cuando empezó la legislatura, decidimos aprovechar los recursos que ponía a nuestro alcance Europa para avanzar en esas dos vías que necesitaba Canarias. Por ello, firmamos convenios con todos los cabildos, a través de los fondos Next Generation, e impulsamos la creación de casi 700 plazas sociosanitarias en el Archipiélago. Al mismo tiempo, pusimos en marcha actuaciones dirigidas a evitar la institucionalización de nuestra población mayor o dependiente, como el Programa de Apoyo a la Permanencia en el Hogar, que ya hemos licitado por una partida de más de 20 millones de euros y que nos ayudará a establecer como proyecto estratégico un sistema de teleasistencia avanzada”, explica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

Por tanto, la Estrategia de la Atención Sociosanitaria en Canarias se enmarca en un esfuerzo integral que está haciendo el Ejecutivo para mejorar la coordinación y la eficiencia en la atención a las necesidades sociales y de salud en la población de las islas.

La Estrategia, que está siendo desarrollada por una consultora especializada, se basa en un enfoque comunitario multinivel y multifactorial de la realidad del archipiélago y propone objetivos bajo la premisa de garantizar la igualdad en el acceso, la coordinación entre instituciones, la atención integral y la adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la población, siempre proporcionando una atención centrada en la persona.

El documento presentado incluye una serie de objetivos que las administraciones implicadas deben desarrollar y que están vinculados con la necesidad de garantizar accesibilidad a los servicios sociosanitarios independientemente de la localización geográfica; fortalecer la gobernanza y la colaboración intersectorial para garantizar una atención sociosanitaria integral, eficiente y centrada en la persona; asegurar la disponibilidad y adecuación de recursos sociosanitarios a las necesidades de la población bajo criterios de equidad y sostenibilidad; reforzar la disponibilidad, desarrollo profesional y reconocimiento de los profesionales del ámbito sociosanitario en Canarias; optimizar los procesos tanto administrativos como de atención para mejorar la efectividad, la coordinación y la accesibilidad de los servicios; implementar sistemas de información que permitan una gestión integrada de la planificación, coordinación y prestación de la atención sociosanitaria basada en datos actualizados, y fortalecer el marco normativo

La Estrategia define diez áreas clave para atender las necesidades sociosanitarias en las áreas de dependencia; discapacidad; cronicidad y fragilidad; atención paliativa y final de vida; adicciones; salud mental; atención temprana; enfermedades raras; enfermedades neurodegenerativas y demencias y personas en situación o riesgo de exclusión social.

El documento, que supone un impulso hacia la atención integrada y coordinada entre los servicios de salud y los servicios sociales, contempla el diseño de herramientas que permitan la ejecución y coordinación entre las administraciones autonómica, insular y municipal, así como armonizar las actuaciones que es necesario desarrollar en este ámbito por parte de las Consejerías y organismos de la administración competente en materia tanto social como sanitaria y que incluya otros ámbitos en materia de formación, empleo o desarrollo territorial, entre otras.

 

 

 

Aprobado un gasto de 498,1 millones de euros para la adquisición de medicamentos de uso humano para el SCS

El acuerdo marco se licitará en régimen de contratación centralizada para abastecer las necesidades asistenciales de la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud

Los medicamentos de uso humano tipo II son suministrados por empresas farmacéuticas en exclusividad mientras dure la vigencia de la patente correspondiente para el tratamiento

Se trata de fármacos que se utilizan para tratamientos de oncohematología, antiretrovirales, antibióticos para bacterias resistentes, dermatitis atópica, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, asma grave, esclerosis múltiple y enfermedades raras como los trastornos hereditarios del metabolismo o la atrofia muscular espinal, entre otras patologías

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 498.133.295,06 euros con destino a la contratación, mediante acuerdo marco, de un suministro de medicamentos de uso humano tipo II (exclusivos) para abastecer las necesidades asistenciales de la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud.

Los medicamentos de uso humano tipo II se caracterizan por ser exclusivos, siendo suministrados por empresas farmacéuticas en exclusividad mientras dure la vigencia de la patente del medicamento en cuestión. Se trata de fármacos que se utilizan para tratamientos de oncohematología, antiretrovirales, antibióticos para bacterias resistentes, dermatitis atópica, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, asma grave, esclerosis múltiple y enfermedades raras como los trastornos hereditarios del metabolismo o la atrofia muscular espinal, entre otras patologías

El expediente se licitará en régimen de contratación centralizada, procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, y la suscripción de los correspondientes acuerdos marco, conforme a la Orden nº 90 de la Consejería de Sanidad de 21 de febrero de 2019, relativa al aprovisionamiento centralizado de determinados bienes de naturaleza sanitaria, como los medicamentos genéricos de uso humano de gran impacto económico.

La adopción de un acuerdo marco se considera la más idónea al posibilitar un sistema flexible, ya que permite la compra de los medicamentos de forma continua en el tiempo en función de las necesidades en cada momento de las direcciones gerencias de los centros hospitalarios de referencia y de las Gerencias de Servicios Sanitarios de las Áreas de Salud del Servicio Canario de la Salud que forman parte de la licitación.

La licitación se realizará a través de procedimiento negociado sin publicidad, con un presupuesto máximo de licitación de 498.133.295,06 euros, que se ha determinado teniendo en cuenta las previsiones de consumo de estos medicamentos efectuadas por el Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación sobre los nueve hospitales del SCS durante un periodo de dos años, si bien los contratos resultantes contemplarán una posible prórroga por otras dos anualidades, por mutuo acuerdo de las partes.

El gasto propuesto excede de tres millones de euros, por lo que tiene que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025.

El Consejo de Gobierno autoriza un gasto de 9,4 millones de euros para la construcción del nuevo IES Las Chafiras

Construido sobre una superficie de casi 12.000 metros cuadrados, el nuevo centro, que contará con veintidós unidades, permitirá hacer frente a la creciente demanda de plazas en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona y alrededores

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto plurianual de 9.426.611,13 euros que se destinará a financiar la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) En Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.

Con esta inversión, el Gobierno de Canarias pretende dar respuesta a la creciente demanda de plazas tanto en el propio municipio como en sus vecinos colindantes, debido al sustancial aumento de población escolar que se ha producido en los últimos años.

De acuerdo con los informes que maneja la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, algunos centros se encuentran cerca de su capacidad máxima, por lo que la creación de un nuevo centro permitiría ampliar la oferta en la zona con la que satisfacer esa necesidad.

El nuevo centro, que estará construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona al Gobierno de Canarias de casi doce mil metros cuadrados, contará con veintidós unidades, de las cuales dieciséis se destinarán a Enseñanza Secundaria Obligatoria y otras las seis restantes a Bachillerato.

La provisión de fondos, de carácter plurianual a cuatro años, se repartirá de la siguiente manera: 1.275.321,28 euros este 2025; 3.187.987,80 euros en 2026; 4.715.171,44 en 2027 y, finalmente, los 248.130,51 euros restantes se ejecutarán en 2028.

 

 

 

El Gobierno autoriza un gasto de cinco millones de euros para el fomento de la escolarización temprana

La medida permitirá financiar el denominado Bono Infantil con el que ayudar a familias con niños y niñas de cero a tres años en escuelas infantiles municipales y centros privados autorizados durante el curso 2024/25

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, un gasto de cinco millones de euros para el programa de ayudas Bono Infantil para el curso 2024/25, con el que se pretende impulsar la escolarización temprana de niños y niñas de cero a tres años en la comunidad autónoma.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Gobierno de Canarias, permitirá a familias recibir apoyo económico con el que cubrir gastos de escolarización en 119 escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal y centros privados de Educación Infantil autorizados en las islas, respondiendo así al compromiso del Ejecutivo regional con el acceso a la educación desde la primera infancia.

En concreto, el presupuesto de cinco millones se distribuirá en función de la edad del alumnado beneficiado: dos millones de euros para niños y niñas de cero a un año; otros dos para el tramo de uno a dos años y el millón restante para aquellos entre dos y tres años.

La concesión de esta subvención, mediante una convocatoria de régimen de concurrencia no competitiva que permitirá que todas las familias que cumplan los requisitos establecidos se beneficien de la ayuda, se tramitará a través de las propias escuelas infantiles municipales y de los centros privados autorizados, quienes actuarán como entidades colaboradoras para la gestión de la subvención.

Para acceder a las ayudas, las familias deberán cumplir ciertos criterios económicos establecidos en la convocatoria. En función del número de miembros del hogar, se han fijado unos umbrales máximos de renta anual en el ejercicio de 2023 que no deben superarse para poder optar a la subvención. Así, para una familia de dos miembros, el ingreso máximo permitido será de 30.000 euros; en el caso de tres miembros, el límite se sitúa en 33.181 euros; para cuatro miembros, en 36.362 euros; si la familia cuenta con cinco integrantes, no podrá superar los 39.543 euros; y en el caso de unidades familiares de seis o más personas, el tope será de 42.724 euros.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente de la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias en un plazo de diez días hábiles. Tras la revisión de la documentación, se elaborará un listado provisional de familias beneficiadas que, a su vez, dará paso a un periodo de alegaciones, que será la última fase antes de la resolución definitiva.

El pago de las ayudas se realizará en dos fases. La primera de ellas cubrirá el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 y la segunda, por su parte, los meses de abril a junio de 2025. En ambos casos, los pagos se efectuarían tras la presentación de la documentación acreditativa, garantizando que los fondos se destinen exclusivamente a sufragar los costes reales de escolarización y, al mismo tiempo, propiciando un seguimiento efectivo del programa.

Con la puesta en marcha del Bono Infantil, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la educación infantil y con el impulso de medidas que favorezcan la equidad en el acceso a la enseñanza desde los primeros años de vida. La escolarización temprana es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo y social de los menores, así como un factor clave para reducir desigualdades y mejorar la conciliación familiar.