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Canarias ha ejecutado el 90,32 % del presupuesto de 2024 con prioridad al mantenimiento del estado de bienestar

El grado de ejecución presupuestaria asciende al 95,02% sin contar con los fondos MMR, cuyo plazo de ejecución sobrepasa el año 2024

La buena situación de deuda pública de la CAC puede verse sustancialmente modificada por la aplicación de la propuesta del Ministerio referida a la condonación a las comunidades autónomas

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presentado en el Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy, un avance de la ejecución presupuestaria de 2024 en base a los datos comunicados por la Intervención General de la CAC al Ministerio de Hacienda, a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). Con la información disponible hasta esta fecha, el Gobierno de Canarias se ha ajustado a las previsiones tanto en gastos como en ingresos y resultado, lo que ha permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y la normativa aplicable.

A nivel de gastos, el nivel de ejecución se situó en un 90,32% para el total de operaciones, y en un 89,93% para el subtotal de operaciones no financieras, al haberse ejecutado o reconocido obligaciones por importe de 11.352,7 millones de euros sobre un crédito total definitivo disponible de 12.637,5 millones. Respecto a las operaciones corrientes, el porcentaje de ejecución asciende a un 97,5%. El descenso en la ejecución de las operaciones de capital, que se sitúa en 55,81%, es consecuencia de los gastos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), cuyo plazo de ejecución sobrepasa el año 2024. Si no se tuviera en cuenta el efecto de los MMR, la ejecución de las operaciones no financieras se situaría en un 95,02% y en un 75,59% en el caso de las operaciones de capital.

En la comparación de estos datos con los registrados en años anteriores, destaca el incremento de las obligaciones reconocidas en las operaciones corrientes (capítulos I a IV) que alcanzan los 10.059,1 millones de euros en 2024, creciendo un 6,6% sobre las obligaciones reconocidas en 2023. Sin embargo, los datos de las obligaciones reconocidas en operaciones de capital (capítulos VI y VII) registran caídas del 16,40% y del 20,22%, respectivamente, de nuevo a causa del efecto de los MMR y que afectan en mayor medida a las inversiones reales frente a las transferencias de capital. También afectan a estas cifras los efectos de que el presupuesto 2024 sea, en la práctica, el primero de la ejecución del nuevo período de programación de los fondos europeos.

En este sentido, sin considerar el efecto de la ejecución de los fondos MRR, el nivel de ejecución del ejercicio 2024 en operaciones no financieras sería de un 95,02%, muy similar al registrado en 2023 sin el efecto MRR que fue de un 95,01%.

Las obligaciones totales reconocidas en 2024 se sitúan en 12.057,8 millones de euros, lo que implica un 1,09% más que las reconocidas en 2023. Lo mismo ocurre para las operaciones no financieras, que registran un incremento del 2,97% respecto al período anterior.

La prioridad en el mantenimiento del estado del bienestar por parte del Gobierno de Canarias, se ve reflejada en las cifras de ejecución presupuestaria y de volumen de obligaciones reconocidas de las consejerías y organismos competentes por razón de la materia. Así, a nivel de Consejerías deben destacarse la ejecución y crecimientos en las obligaciones reconocidas alcanzados por las consejerías de Educación con un 96,10% y 94 millones más de ejecución; Presidencia, Administración Pública, Justicia y Seguridad con un 96,17% y 142 millones más, y Bienestar Social con un 91,03% y 153 millones más de obligaciones reconocidas. A nivel de entes, destaca el Servicio Canario de Salud con una ejecución del 98,98%.

Ingresos

Con respecto a la previsión de ingresos en 2024 se han reconocido derechos netos por importe de 11.909,2 millones de euros en operaciones no financieras, es decir, un importe prácticamente similar a las previsiones realizadas en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2024.

Si comparamos los derechos reconocidos netos totales de los ejercicios 2023-2024 se observa que estos crecen en 513,1 millones, lo que supone un incremento de un 4,22% sobre los derechos reconocidos en el ejercicio anterior 2023. Y los derechos reconocidos netos por operaciones no financieras crecen en 689 millones, un 6,14%. El mayor incremento se concentra en el capítulo IV de transferencias corrientes.

Previsión a gasto real del presupuesto

El resultado presupuestario del ejercicio 2024, sin ajustes SEC, se situaría en un superávit de 556,5 millones de euros. Esta cifra coincide con la estimación de cierre del ejercicio 2024 realizada en el marco de la elaboración de la LGPCAC para 2025. Sin embargo, a esta cifra hay que retraerle los ajustes SEC o de la contabilidad nacional, de los que todavía no se dispone de información al depender de datos que deben aportar otras entidades o administraciones. Estos ajustes se estimaron en la LPGCAC 2025 en -340 millones y fijaban en el 0,3% del PIB la capacidad de financiación de la comunidad autónoma, lo que rebaja la cifra real del superávit a 175,4 millones de euros. Esta cifra, a su vez, supondría un saldo ajustado al ciclo y de ingresos y gastos excepcionales del 0,02% del PIB, que garantiza el equilibrio estructural y la no puesta en peligro del futuro de las finanzas públicas, de acuerdo con las recomendaciones de la AIREF, al no financiar gasto público consolidable con ingresos temporales. En este sentido, un mayor gasto podría haber supuesto un deterioro del saldo estructural de la CAC, algo que pondría en riesgo el equilibrio estructural y financiero de Canarias.

Estos datos de avance del nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en 2024, todavía sin ajustes SEC, se han ajustado a las previsiones de ejecución realizadas por el Gobierno de Canarias a la hora de elaborar los presupuestos de 2025. Tanto a nivel de resultado presupuestario, como para la determinación del gasto computable para el ejercicio 2025, para el que se partió inicialmente de una previsión de ejecución de 2024 de 11.408,9 millones en operaciones no financieras. Los datos reales del ejercicio 2024 constatan el rigor de la previsión realizada, ya que la ejecución finalmente se ha situado en 11.352,7 millones, lo que supone una desviación de solamente 56,2 millones de euros.

Deuda pública y condonación de la deuda

En cuanto a la deuda pública, y pendientes de la publicación del dato oficial de endeudamiento de las CCAA a 31.12.24 a publicar por el Banco de España, estimamos que a cierre de 2024 los datos del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, se situarán en un total de 6.569,4 millones de euros, e implican una mejora en la ratio de deuda sobre PIB con respecto al cierre de 2023, de 11,9% a 11,4%, por debajo del 13% que marca como referencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Lo que supondría una deuda por habitante de 2.922,4 euros, inferior a los 2.930,5 de 2023, y un porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes de esta Comunidad de un 65,2%.

En comparación con otras CCAA, y utilizando los datos del tercer trimestre de 2024, nuestra deuda por habitante se situaría en 2.876,7 euros, un 42% de la media de las CCAA, que asciende a 6.850,2 euros. Y a nivel PIB, nuestra deuda se situaría en un 11,3% del PIB, diez puntos por debajo de la medida de las CCAA, un 21,3%. Y a nivel de lo que representa nuestra deuda sobre la cifra de ingresos corrientes estaríamos en un 64,2%, muy por debajo del 148,8% de la media de las comunidades autónomas.

No obstante, todas estas cifras pueden verse sustancialmente modificadas con la operación de condonación o asunción de deuda de las comunidades autónomas por el Estado que se ha planteado recientemente. Este sistema no trata de forma homogénea a todas las CCAA, ya que la metodología propuesta por el Ministerio de Hacienda para cuantificar los importes a condonar a cada comunidad incluye criterios como el volumen de la deuda existente a fin de 2023, que “premia” a las comunidades con mayor deuda, o el ejercicio al alza de las competencias normativas en IRPF, que penaliza a aquellas CCAA que, como Canarias, optaron por políticas de ajuste o contención del gasto o que incluso, para poder financiar los niveles de gasto público, optaron por ejercer al alza esa competencia normativa, como con la subida del IGIC del 5% al 7%, que no se considera.

A esto hay que añadir, la limitación de cierre de la metodología, que limita el importe a condonar al 50% de la deuda existente a fin de 2023, y que solamente se aplica a Canarias (al resto de CCAA no les afecta), y que provoca que no se condonen a la CAC 1.710 millones de euros que, por la aplicación del resto de criterios de la metodología, corresponderían de no haberse incluido esta limitación al archipiélago.

Con esa limitación del 50% la posición de Canarias en relación con el resto de CCAA puede verse afectada. Basta tener en cuenta que, de acuerdo con la información trasladada por el Ministerio, a cada canario se le condonarían 1.468 euros por habitante ajustado, por los 1.873,62 de media de las CCAA, un 22% menos. Sin esa limitación del 50%, a cada canario le condonarían 2.238 euros, y Canarias ocuparía el quinto puesto por importe a condonar, que es un importe y posición más acorde a la situación de Canarias en términos de efecto del ciclo económico y financiación, por debajo de la media en el Sistema de Financiación Autonómico.

El decreto de asignación de cantidades de referencia del plátano, a un paso de su aprobación

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha acordado solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto de asignación y reserva de las cantidades de referencia para los productores de plátano según lo establecido en el POSEI

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, 17 de marzo, solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto por el que se regula la asignación de cantidades de referencia y de reserva para las personas productoras de plátanos, conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Así, una vez realizados todos los trámites y recabados todos los informes preceptivos, y tras la valoración de las alegaciones presentadas en el trámite de información y audiencia pública, la nueva norma se encuentra en la última fase de tramitación, esto es, la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. Una vez recibido el mencionado dictamen, el proyecto de decreto se elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

El propósito de dicha norma es la adaptación a las modificaciones del POSEI y promover la estabilidad y sostenibilidad del sector, estableciendo un nuevo marco regulatorio, coherente e integrado, de la asignación y método de cálculo de las cantidades de referencia, mediante la aplicación de un límite de asignación de dichas cantidades, la ampliación de su periodo de revisión, y la identificación de la superficie asociada para el cálculo del rendimiento individual.

Asimismo, dicho texto contiene una nueva regulación de la reserva de cantidades de referencia no asignadas, a través de la implantación de procedimientos más ágiles y transparentes, que fomenta también el relevo generacional.

Este consta de un preámbulo justificativo de la norma, una parte dispositiva y una final. Los tres capítulos en los que se estructura la parte dispositiva contienen las disposiciones generales, la revisión de cantidades de referencia y la regulación de la reserva de las mismas. La parte final contempla una disposición adicional única en la que se recoge la excepción para las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma o por expropiaciones para la realización de equipamientos de interés general.

Esta norma recoge lo aprobado en la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias.

El Gobierno apoya que la RIC pueda usarse en la construcción de inmuebles para alquiler de vivienda habitual

El Ejecutivo destaca la importancia de que el Congreso saque adelante la proposición de ley en trámite para seguir fomentando la puesta a disposición de inmuebles en el mercado

Esta iniciativa requiere de la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago y amplía las posibilidades de destinar la Reserva de Inversiones de Canarias en esta materia

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido esta mañana en Santa Cruz de Tenerife, ha reafirmado su posicionamiento sobre que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse en la construcción de inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda habitual, lo que incrementará la oferta de inmuebles en alquiler permitiendo precios más asequibles.

La proposición de Ley de modificación de La ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias fue tomada en consideración el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados y se encuentra en fase de presentación de enmiendas a la totalidad.

Esta iniciativa va a permitir que los 2.000 millones de euros que se estima que alberga la RIC también se puedan invertir en la construcción de viviendas que, posteriormente, sean destinadas al alquiler de vivienda habitual para dar respuesta a aquellas personas que han visto reducidas las oportunidades de acceder a una vivienda digna en las islas.

En este sentido, la colaboración público-privada está siendo fundamental para incrementar la puesta a disposición de más inmuebles en el mercado. Prueba de ello es el incremento sin precedentes en las solicitudes de promotores privados para la puesta a disposición en el mercado de nuevas viviendas protegidas. Durante el último año y medio se han recibido 56 solicitudes para la calificación de 2.137 inmuebles como protegidos, para llevar a cabo su construcción o rehabilitación en el archipiélago en los próximos meses.

Enfoque integral de las políticas de vivienda

El Gobierno de Canarias está abordando la escasez de oferta de inmuebles con un enfoque integral, sentando las bases para impulsar la construcción, rehabilitación y regulación del mercado. El pasado año aprobó un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que agiliza los procedimientos para la cesión de suelo para la construcción de vivienda de promoción pública; el uso de suelo dotacional o de equipamiento para la construcción de inmuebles protegidos, así como la compatibilidad de uso residencial y turístico en suelo sin desarrollar.

Ahora, el Ejecutivo se encuentra en fase de aprobar un segundo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas, así como nuevas medidas para impulsar la construcción.

Otro instrumento que se prevé desarrollar durante este 2025, y que se contempla en este segundo decreto, es el de las viviendas asequibles incentivadas, una figura que se recoge en la Ley estatal de vivienda, pero que carece de desarrollo normativo, por lo que Canarias será pionera en su desarrollo. Estas viviendas, destinadas exclusivamente al alquiler, se impulsarán mediante beneficios urbanísticos para también dar respuesta a las clases medias y a aquellas personas que encuentran dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre.

El Gobierno aprueba la RPT para la puesta en marcha de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito

Se crean ocho plazas de personal funcionario en la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, para la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya creación y regulación se recoge en un decreto del año 2019.

El Consejo de Gobierno autorizó el 22 de julio de 2024 esta tramitación de la modificación de la RPT por la vía de urgencia, iniciando la consejera Nieves Lady Barreto el procedimiento que culmina hoy, tras recabar los informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de la Función Pública.

Para la puesta en marcha de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se crearán ocho puestos de trabajo de personal funcionario, cuatro para cada oficina provincial. Las oficinas estarán adscritas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y cada equipo constará de psicólogo/a, trabajador/a social, técnico/a, y jefe/a de negociado.

La modificación puntual se considera justificada dado que es necesario estructurar la organización administrativa de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la creación y organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 46/2021, de 12 de mayo que modifica el anterior.

El Gobierno de Canarias autoriza la incorporación de Santa María de Guía a Gesplan

Con este son ya 79 los ayuntamientos canarios que pueden realizar encargos directos a la empresa pública especializada en el planeamiento territorial y la gestión medioambiental

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la modificación de los estatutos sociales de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con el fin de declarar a la sociedad mercantil como medio propio personificado del Ayuntamiento de Santa María de Guía, en Gran Canaria.

Con esta modificación de los estatutos ya son 79 los municipios que han realizado esta habilitación a la entidad pública, además de los siete cabildos. Este trámite les permite hacer encargos directos a Gesplan, y así agilizar la tramitación de la ejecución de obras y servicios, siempre que los mismos estén recogidos en el objeto social de la empresa, constituida en 1991.

Gesplan está especializada en trabajos de planificación y gestión territorial, proyectos relacionados con la transición ecológica y el medioambiente, o el desarrollo de infraestructuras, a través de tecnologías de vanguardia digital.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y presidente del consejo de administración de Gesplan, Manuel Miranda, ha destacado “el relevante papel de Gesplan en la mejora de la eficiencia y eficacia de las administraciones canarias en el desarrollo de sus políticas públicas”, y recordó que la empresa intervino el pasado año unos 350 proyectos, con una plantilla que supera las 2.000 personas y un volumen de negocio de más de 80 millones de euros, de los cuales más de 22 millones retornaron directamente al tejido empresarial canario a través de sus 1.500 proveedores de suministros y servicios.

El Gobierno aprueba el reembolso de 3,8 M€ a Naviera Armas de bonificación por el descuento de residente

Con esta partida, el Ejecutivo regional bonifica el 25% del coste de los billetes del transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias

Esta medida busca garantizar la conectividad entre islas y favorecer la cohesión social del archipiélago

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha autorizado el reembolso de 3.840.582,96 de euros a la entidad mercantil Naviera Armas, S.A. para compensar las bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias por los viajes efectuados durante el cuarto trimestre del año 2024.

Este reembolso corresponde a la subvención otorgada a los residentes canarios por realizar viajes interinsulares durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en esta compañía que opera entre islas y que es bonificada en un 25% por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este sentido, la Consejería realiza este pago en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias de forma trimestral.

Desde la implantación del 75% en los viajes interinsulares aéreos y marítimos tras el acuerdo alcanzado con el Estado, la movilidad de los residentes canarios ha aumentado notablemente por la bajada de precios, y la mejora de las frecuencias.

Con esta subvención, ambos gobiernos pretenden consolidar e impulsar la movilidad entre islas con frecuencia y precios razonables, favoreciendo la cohesión social del archipiélago.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que simplifica el reconocimiento de la dependencia

La nueva normativa permitirá reducir los plazos para obtener la ayuda, al pasar de dos procedimientos a uno

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, considerar el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y elevar el mismo al Consejo Consultivo de Canarias a fin de recabar su preceptivo dictamen.

Una vez que entre en vigor, el decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla-León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas dependientes y a sus familias. Cabe recordar que la nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones totales en el mes de enero de 2025 superó los 12,4 millones de euros, con los que se realizó la cobertura de ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia de 29.441 personas en el Archipiélago. En julio de 2023, este importe era de 7,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 58% en tan solo 18 meses de legislatura.

“Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas -en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias la ratio es de 1,38 por persona, la media nacional es 1,40- y que, según el informe del IMSERSO, disponible en su página web, a 31 de enero de 2025, se otorgaban 65.078 prestaciones, 21.410 prestaciones más que al inicio de esta legislatura”, desveló.

“En definitiva, esta legislatura supone un punto de inflexión en lo que a gestión de la Dependencia se refiere. Está claro que nos gustaría resolver de un día para otro los expedientes, pero por el momento no se puede. Entre otras cosas, la financiación del Estado, que tiene que ser al 50%, sigue siendo escasa. El esfuerzo económico que se realiza desde esta Comunidad Autónoma, incluidos los cabildos, que no olvidemos que son los que tienen los centros residenciales, es muy superior a la que se espera de cualquier autonomía”, añadió la titular del departamento.

El Gobierno autoriza un gasto de 68,7 millones para la atención de pacientes del Servicio Canario de la Salud

La partida aprobada para 2025 se destinará a financiar pruebas diagnósticas, procesos quirúrgicos y hospitalización de pacientes en listas de espera que sean derivados a centros concertados

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 68.727.406,97 euros, mediante tramitación ordinaria, para financiar durante 2025 los gastos derivados de la asistencia sanitaria de pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) en centros concertados, de las Áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria. Esta actividad se presta de forma complementaria a la realizada en los hospitales públicos.

La partida autorizada por el Gobierno se destinará a financiar, fundamentalmente, la realización de pruebas diagnósticas, procesos quirúrgicos y la hospitalización de pacientes del SCS en listas de espera, para reducir los tiempos de demora.

Los últimos datos de evolución de las listas de espera del SCS reflejan un descenso continuado tanto del número de pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, del 9,5 por ciento, como de la demora media, que se ha reducido en 30 días desde el segundo semestre de 2023.

Esta reducción es el resultado del Plan Activa que ha intensificado la actividad quirúrgica, de consultas y pruebas de los hospitales del SCS y que se complementa con la asistencia sanitaria en centros concertados.

Bienestar Social lleva al Gobierno el proyecto de decreto de la tarjeta que acredita el grado de discapacidad

Digital o física, la tarjeta facilitará el acceso a los beneficios que corresponden a las personas con esa condición

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, tomar en consideración el proyecto de Decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención, así como elevar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto para recabar su informe.

Según se exponen en el proyecto de Decreto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, tanto digital como física, se dotará de esta tarjeta a las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de proporcionarles un instrumento útil para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, y facilitarles así el acceso a los beneficios de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.

La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil. “Es una acción muy demandada por las personas del colectivo, porque evita que estas tengan que llevar a diario el decreto de resolución de su grado, y simplemente mostrarlo en el móvil”, aseguró en rueda de prensa la consejera Candelaria Delgado.

Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Canarias amplía la declaración de emergencia en materia de menores migrantes con el fin de garantizar su protección

El Ejecutivo canario ya tomó esta medida en agosto de 2023, que ha ido reiterando ante la situación de incremento de llegada de niños y niñas no acompañados a las costas canarias

La media de ocupación de los centros de acogida de menores migrantes alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte

Canarias tutela en estos momentos a más de 5.800 chicos y chicas migrantes no acompañados

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado hoy la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizado una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias.

Hay que recordar que en agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes que entonces llegaban a las islas, adoptando cuantas medidas ha tenido en su mano para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados.

Sin embargo, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos. Por ese motivo, ante el agravamiento de dicha emergencia migratoria, el 2 de septiembre de 2024, Gobierno de Canarias acordó reiterar dicha declaración de emergencia migratoria, al objeto, entre otros, de impulsar con la máxima prioridad un conjunto de medidas para hacer frente a dicha situación, en especial las relativas a la concertación de nuevas plazas para atender a los menores y la ampliación de la plantilla de personal destinada a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La situación actual, de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, queda descrita en los datos sobre la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Canarias para atender a los migrantes menores no acompañados. A fecha de septiembre de 2024 se registraban 4.285 menores tutelados por el Ejecutivo canario, el 36,5% del total nacional. Esta cifra se ha incrementado superando los 5.800 menores en febrero de 2025, por lo que la capacidad de acogida de los 86 centros destinados a este fin se ha visto desbordada, con una media de ocupación de los centros de acogida alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte.

A pesar de los esfuerzos realizados, la continua llegada de menores y la saturación persistente de los centros de acogida evidencian la necesidad de ampliar la declaración de emergencia agravada, con el fin de incrementar la capacidad de los centros existentes y habilitar nuevas instalaciones adecuadas para garantizar entornos seguros para la infancia y la adolescencia migrante; reestructurar los centros según los perfiles de menores; contratar y formar a profesionales en áreas como trabajo social, psicología e interpretación, esenciales para la atención integral de los menores y acelerar los trámites necesarios para la documentación y regularización de los menores, facilitando su integración y acceso a derechos básicos.

Con esta acción se podrá, en definitiva, movilizar los recursos necesarios, fortalecer las infraestructuras de acogida y garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados.