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El Gobierno desbloquea el abastecimiento y saneamiento de La Graciosa al declarar de interés regional las obras

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas asume la redacción y ejecución de ambos proyectos, que cuentan con una partida inicial de dos millones de euros en los presupuestos de este año

El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana la declaración de interés regional de las obras de abastecimiento y de saneamiento en la isla de La Graciosa, que permite desbloquear definitivamente la redacción y ejecución de ambos proyectos, paralizados desde el año 2017. Tras la aprobación de las normas sustantivas transitorias y la suspensión del planeamiento, acordada el pasado mes de diciembre, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas tiene vía libre y seguridad jurídica para asumir directamente las obras.

La declaración de interés regional del abastecimiento y saneamiento de La Graciosa está amparada en la Ley de Aguas de Canarias, y su aprobación permite impulsar definitivamente ambos proyectos reduciendo los trámites de cooperación interadministrativa con el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote.

La hoja de ruta consensuada por el Gobierno de Canarias con ambas instituciones y los vecinos de La Graciosa contempla la sustitución de la tubería submarina con la que se abastece de agua potable la isla, y la terminación del saneamiento y puesta en funcionamiento de la estación depuradora.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha asumido, además, la financiación de la limpieza y mantenimiento de pozos negros en la isla, que realizará periódicamente hasta que esté finalizado el saneamiento. En el ejercicio pasado se destinaron 200.000 euros a subvencionar este servicio, mientras los Presupuestos de la Comunidad Autónoma contemplan una partida de 400.000 euros en el presente ejercicio.

Como se recordará, el Consejo de Gobierno suspendió el pasado 9 de diciembre el planeamiento insular y municipal en el ámbito afectado en La Graciosa, y se aprobaron las normas sustantivas transitorias que darán viabilidad urbanística a la ejecución de ambos proyectos, que forman parte de la planificación hidrológica insular de tercer ciclo, elaborada por el Gobierno de Canarias y aprobada en julio de 2024.

La redacción del proyecto de abastecimiento ya se encuentra terminada, por lo que en unos meses podrían iniciarse los trabajos de sustitución de la vieja tubería submarina que abastece a la isla, en la que se han registrado unas 700 averías en los últimos cuatro años. En cuanto al saneamiento y depuración, en las próximas semanas dará comienzo su redacción con el objetivo de estar aprobado y licitada su ejecución antes de finalizar el 2025.

 

 

El Gobierno de Canarias refuerza su estructura de lucha contra el fraude en la gestión de los fondos MMR

El Comité Antifraude y la Comisión Técnica Antifraude se encargarán del análisis y la evaluación de los actos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflictos de interés

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha acordado aprobar la estructura organizativa y el régimen de actuación contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de ejecución y gestión de los fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este objeto, se constituyen el Comité Antifraude y la Comisión Técnica Antifraude que quedan adscritos a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Respecto a las funciones, el Comité Antifraude será el responsable de analizar y evaluar los actos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de interés, para decidir su remisión a los órganos competentes y el seguimiento que ha de efectuarse de los mismos.

Por su parte, la Comisión Técnica Antifraude dará apoyo técnico a partir de la emisión de estudios, informes y propuestas en el área material de actuación del Comité, sirviéndole de soporte en el análisis y preparación, con carácter general, de los asuntos que se le sometan a su consideración.

La norma también impulsa ofrecer una formación especializada a las personas responsables y define el procedimiento de actuación en los casos en los que se aprecie un conflicto de interés, ante la falta de desarrollo autonómico de la normativa básica.

Si bien en este primer momento, el ámbito objetivo de aplicación se limita a la ejecución y gestión de los fondos del MRR, se prevé que más adelante se extienda a todos fondos del sector público, con independencia de su procedencia. En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, incluye a las sociedades mercantiles públicas vinculadas o adscritas a la Administración Pública de la comunidad autónoma que ejecuten los citados fondos.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias viene a reforzar el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos del MRR de febrero de 2022 y a dar cumplimiento al posterior informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la necesidad de fortalecer y clarificar la estructura organizativa para la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización de una explotación ganadera en Gran Canaria

Esta medida supone la autorización de la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca, situada en Ingenio

Se trata de la primera de una serie de regularizaciones en las está trabajando la Dirección General de Ganadería

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy miércoles, 29 de enero, la legalización territorial de una explotación ganadera ubicada en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. Esto supone la autorización de la actividad y sus correspondientes edificaciones e instalaciones de carácter definitivo. Se establece como requisito de dicha regularización, las actuaciones pertinentes de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal, que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.

La explotación, que se encuentra en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 13 de agosto de 1997 y en funcionamiento, cumple con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo para su legalización territorial, y ha seguido el procedimiento regulado, según el informe emitido por la Dirección General de Ganadería.

Esta es la primera de una serie de regularizaciones en cuya tramitación está trabajando la Dirección General de Ganadería.

Las explotaciones que pueden ser legalizadas deberán haber sido construidas antes de 1999 y haber superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. Estos implican a cabildos, ayuntamientos y otras administraciones públicas como la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno remite al Parlamento de Canarias el proyecto de ley que regulará la vivienda vacacional

El Ejecutivo autonómico registrará ante la Cámara regional la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para su debate y posterior aprobación

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que el texto persigue mejorar la calidad de vida de los residentes y cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves, 26 de diciembre, el texto de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que remitirá en los próximos días al Parlamento de Canarias para someterlo al debate de las distintas fuerzas políticas.

Así lo ha explicado la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, donde ha expuesto que el documento es fruto de un intenso proceso de escucha y diálogo con todos los agentes implicados. “Desde que comenzó la tramitación de la norma, hace más de un año, hemos celebrado numerosas reuniones y encuentros con el sector, Cabildos insulares, Ayuntamientos, asociaciones, juristas y expertos de distintos ámbitos para conocer sus propuestas y buscar el máximo consenso posible”, señaló.

La consejera recalcó que el texto viene avalado por el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que ha validado los principios esenciales de la ley y su estructura central. “Esta determina que no podrán implantarse nuevas viviendas vacacionales hasta que el planeamiento urbanístico lo habilite expresamente, al menos durante los próximos cinco años. Es decir, hasta que los plenos de los 88 ayuntamientos de Canarias decidan democráticamente dónde y cuántas viviendas vacacionales puede haber, atendiendo a criterios de sostenibilidad”, apuntó De León, quien recordó que “hasta ahora el fenómeno ha crecido sin control y al margen de cualquier planificación”.

En su dictamen, el órgano consultivo también destaca que la ley prioriza los derechos de los residentes y su calidad de vida. En este sentido, valora que el texto impida destinar viviendas de nueva construcción a alquiler vacacional durante los diez años siguientes a su creación, garantizando de este modo su permanencia en el mercado residencial. También apoya que se limite la duración de las declaraciones responsables a cinco años -con posibilidad de renovación-, y realiza algunas observaciones menores que han sido incorporadas al texto que el Gobierno remitirá al Parlamento.

Se trata del primer proyecto de ley que el Ejecutivo autonómico registra en esta legislatura ante la Mesa del Parlamento de Canarias para someterlo a debate de las distintas fuerzas políticas, que podrán presentar sus propuestas para enriquecer el texto. “Se espera que inicie su andadura en la Cámara regional en cuanto se reanude el período de sesiones, a finales del mes de enero, donde los plazos serán más cortos al haberse declarado el trámite de urgencia”, apuntó la consejera.

Otras claves de la futura ley

Durante su intervención, Jéssica de León explicó que la futura ley busca proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles, por lo que impide, entre otras medidas, implantar edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Con ese mismo objetivo, prohíbe que las viviendas de protección oficial puedan comercializarse con un uso turístico, al entender que deben concebirse siempre como recurso alojativo para las familias más vulnerables.

En lo que respecta al inicio de la actividad, el nuevo marco legislativo mantiene la declaración responsable, pero frente a la situación actual, esta deberá ir acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, actividades clasificadas sectoriales y turísticas. Al respecto, De León aclaró que la ley no innova en materia de actividades clasificadas, que ya contempla el actual decreto 113/2015, ni asigna nuevas competencias a las corporaciones municipales o insulares.

Por otro lado, el proyecto de ley incorpora la posibilidad de que los pequeños propietarios que explotan actualmente sus viviendas de forma legal puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la norma, aunque no será transmisible. En el caso de los explotadores no propietarios, podrán continuar su actividad por un período inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o veinte años. “Aquí es importante remarcar que las viviendas vacacionales que son legales hoy y cumplen con lo establecido en el actual decreto 113/2015, seguirán siendo legales con la nueva ley, y podrán continuar su actividad”, remarcó la consejera.

 

 

 

 

 

 

El Gobierno inicia el trámite para elaborar la futura Ley de Turismo de Canarias

El objetivo de la nueva norma, que sustituirá a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, es establecer un marco normativo que tenga en cuenta la fragilidad del territorio y priorice la calidad de vida de los residentes

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, resalta que “la regulación vigente lleva más de treinta años en vigor y se redactó para adaptarse a una Canarias muy distinta a la actual”

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, 26 de diciembre, ha acordado iniciar el procedimiento de elaboración de la futura ley de Turismo de Canarias, con el objetivo de establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que la iniciativa viene a sustituir a la vigente Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo, que vertebra la actividad turística en Canarias. “Se trata de una norma que se creó hace más de treinta años para atender a una realidad muy distinta a la actual, lo que nos obliga a impulsar una regulación adaptada al presente, que aborde los cambios de las últimas décadas y nos permita transitar hacia un modelo turístico sostenible y regenerativo”, explicó.

De León destacó que, con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos de manera rigurosa con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura para renovar el bloque normativo de la actividad turística, demostrando que somos un Gobierno reformista y valiente, que no mira hacia otro lado”.

Dicha agenda normativa, pactada con los agentes del sector, fijaba cuatro hitos legislativos ya alcanzados, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas -para atender fenómenos como el alquiler vacacional-, un texto que el Gobierno autonómico ha aprobado este jueves y remitirá al Parlamento de Canarias para su debate. También la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, -en fase de participación ciudadana hasta el 11 de enero de 2025-; así como el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas -ahora en redacción, tras salir a consulta pública en julio-.

“El cuarto y último hito de la agenda legislativa es la reforma de la Ley 7/1995, que inicia ahora su curso”, concluyó De León.

Ley de Turismo de Canarias

La futura Ley de Turismo asentará la regulación general del sector, abarcando diferentes ámbitos como la planificación y la ordenación, las competencias de administraciones, la comercialización, las nuevas modalidades alojativas, la modernización de infraestructuras turísticas o la formación. Entre sus ejes principales, la norma establecerá los indicadores y mecanismos necesarios para ordenar la actividad de forma sostenible, con especial atención a la protección de los derechos constitucionales, el entorno urbano, el medioambiente, y la cultura e identidad canaria.

Fijará, asimismo, el marco normativo para modernizar y remodelar zonas turísticas degradadas, abarcando no solo las infraestructuras y los espacios públicos, sino también edificaciones privadas como los alojamientos turísticos o los centros comerciales. “Para ello se modificará la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización de Canarias. Esto revertirá en la calidad del destino, a través de los avances de la arquitectura sostenible y el refuerzo de la estrategia de descarbonización que ya ha iniciado el sector”, señaló De León.

Además, en los últimos treinta años han surgido nuevas modalidades alojativas y nuevos canales de comercialización que deben tener su reflejo en el marco normativo. La iniciativa recogerá estas actividades, y establecerá los procedimientos de registro y control adecuados, adaptándose a lo dispuesto en este sentido por la jurisprudencia estatal y europea.

La consejera explicó que “el texto definirá y aclarará también el ámbito competencial de cada una de las instituciones de la Comunidad Autónoma en materia turística”. La formación vinculada al sector, en la que se incluyen los hoteles escuela de Canarias, tendrá también un peso relevante en la normativa, con el objetivo de mejorar en términos de calidad y recualificación del destino.

De León destacó que la modificación de la Ley 7/1995 fue acordada con el sector en la reunión del Consejo Canario de Turismo, celebrada el 23 de octubre de 2024, como parte del proceso de escucha, diálogo y consenso en el que se ha basado el trámite de todas las iniciativas legislativas promovidas por la Consejería de Turismo y Empleo en este año y medio de gestión.

El siguiente paso en la tramitación, previo a la redacción de la ley, será la apertura del período de consulta pública, con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía y los agentes afectados por la norma. En esta fase, se plantearán cuestiones relacionadas con los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los fines y objetivos perseguidos con la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 

 

 

El Gobierno refuerza con 15 millones de euros la atención a la discapacidad que prestan las entidades

El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar el crédito para asumir las subidas salariales aplicadas este año

El Gobierno de Canarias ha aprobado en su sesión de este jueves, 26 de diciembre, una ampliación de crédito por valor de 14.835.681,65 euros que irán destinados a los cabildos insulares y permitirá cubrir gastos no contemplados en los convenios de cooperación suscritos para la atención de personas con dependencia (menores de seis años, mayores o con discapacidad).

El objetivo del Gobierno de Canarias con esta financiación extraordinaria tiene como fin último paliar el déficit de financiación a las entidades sociales que atienden la discapacidad y cubrir, entre otros asuntos, la subida de los costes salariales, y la actualización de los costes operativos debido al incremento del IPC.

Esta modificación de crédito contribuye al alcance de los objetivos marcados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en la atención a las personas dependientes y con discapacidad, y viene a resolver una demanda de las propias entidades y colectivos.

La financiación extraordinaria permitirá mejorar la atención de los colectivos con más necesidades y demuestra, una vez más, el enfoque social de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y el interés por la sostenibilidad financiera y, por lo tanto, la preservación del empleo en un ámbito crucial como es el Tercer Sector. Para las entidades, esta aportación les permitirá mantener la calidad y continuidad de los servicios esenciales.

El Gobierno aprueba la oferta de empleo de la Administración General de personal laboral fijo para 2024

Comprende 197 plazas de acceso libre y se reserva un 10% para personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la oferta de personal laboral fijo de la Administración General de la comunidad autónoma para el año 2024, con un total de 197 plazas.

La distribución por categoría profesional es la siguiente: 15 de educador/educadora; 12 de educador infantil/educadora infantil; 22 de cocinero/cocinera; 22 de cuidador/cuidadora; 8 de auxiliar de laboratorio; 72 de auxiliar de servicios complementarios; 19 de ayudante de cocina; 15 de servicio doméstico y 12 de peón/a agrario.

Del total de plazas ofertadas, se reservan un total del 10%, equivalente a veinte 20 plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%, de las cuales, el 2%, cuatro plazas, se reservan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, y el resto, un 8% que representa un total de 16 plazas, a otro tipo de discapacidades.

Esta oferta de empleo público incluye plazas que pueden desempeñarse por personal laboral fijo con categorías profesionales cuyas funciones no comportan la obligación de conversión del vínculo jurídico, ni se corresponden en equivalencia de funciones a Cuerpos, Escalas, Especialidades o Agrupaciones Profesionales de personal funcionario de esta Administración.

La Oferta de Empleo Público se articulará a través de las siguientes tasas de reposición de efectivos que permite la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias dispone para 2024 de una oferta que asciende a un total de 426 efectivos, con un 110% de la tasa de reposición.

Respecto del personal funcionario de carrera, en la que aplicada la tasa de reposición y la reserva adicional de plazas de promoción interna, resultó una Oferta de Empleo total de 328 plazas, correspondiendo 229 plazas al acceso libre y 99 plazas a la promoción interna, por lo que se dispone de 197 plazas susceptibles que son las que ahora son incluidas en la presente oferta de empleo público de personal laboral fijo.

El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público de la Agencia Tributaria Canaria de 2024

Comprende un total de 29 plazas, 13 de ellas por el sistema general de acceso libre y 16 mediante promoción interna

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la oferta de empleo público de la Agencia Tributaria Canaria para el año 2024.

La OEP comprende un total de 29 plazas, de las que 13 corresponden al sistema general de ingreso libre y 16 plazas corresponden al acceso mediante promoción interna. Esta ampliación de plazas, se corresponde con los planes de actuación internos de la ATC que contemplan, como uno de sus objetivos principales, la mejora de la gestión de los recursos humanos.

Por lo que respecta a las plazas de turno libre, 6 corresponden al cuerpo de Gestión de la Administración, escala de Gestión Tributaria, grupo A, subgrupo A2; mientras que las otras 7 son para agentes tributarios, grupo C, subgrupo C1.

En el caso de las plazas de promoción interna, seis están reservadas para aspirantes del subgrupo A2, escala de Gestión Tributaria, y las otras 9 plazas corresponden a la escala de agentes tributarios, grupo C, subgrupo C1.

Del total de plazas ofertadas, se reservan un total de 4 plazas para personas con discapacidad, una en cada categoría convocada.

El órgano competente para la convocatoria de los procesos selectivos dimanantes de la presente oferta de empleo público podrá acumular, siempre que razones de eficacia y eficiencia así lo aconsejen, en una misma convocatoria, todo o parte de las plazas que hayan sido incluidas en ofertas de empleo público vigentes en el momento de la convocatoria.

El Gobierno aprueba la contratación de personal en el ISTAC para el desarrollo de programas específicos

El nuevo personal interino será el encargado de implementar un sistema de indicadores que aseguren la eficacia y eficiencia de las políticas públicas

El Instituto Canario de Estadística necesita implantar un sistema de indicadores y estudios estadísticos que permita valorar, como exigen la OCDE y la Comisión Europea, la eficacia y eficiencia de las políticas públicas del Gobierno de Canarias. Por ello, y con carácter excepcional y temporal, se realizará el nombramiento del personal funcionario interino necesario para la ejecución de este programa.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) destaca la necesidad de contar con sistemas robustos de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, para asegurar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Según este organismo internacional, los indicadores ayudan a identificar resultados esperados y a medir el impacto real de las políticas implementadas.

Asimismo, la Comisión Europea requiere que los Estados miembros utilicen indicadores de desempeño para el seguimiento y evaluación de los programas financiados por los fondos estructurales y de inversión europeos. Estos indicadores ayudan a garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva y que los proyectos contribuyan a los objetivos de desarrollo regional y cohesión económica, social y territorial.

La naturaleza de los trabajos a realizar es temporal, ya que la implantación del citado sisstema de indicadores y estudios estadísticos para políticas públicas se producirá en un período temporal de tres años. La implementación, en tiempo y forma, de este sistema permitirá a la CAC dar cumplimiento a normativa europea y autonómica. La falta de este sistema de indicadores implicaría la pérdida de fondos europeos, la imposibilidad de adoptar decisiones rápidas en materia de políticas públicas y la pérdida de indicadores para la planificación estratégica y presupuestaria.

El Gobierno elaborará un proyecto de Ley del Sector Público de Canarias

Este proceso pretende actualizar una normativa de 1990, que se encuentra desfasada

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a petición de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, iniciar el procedimiento de elaboración del proyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, como marco normativo moderno que proporcione a la ciudadanía de Canarias los servicios públicos de calidad que precisa. Este proceso comprende la propuesta de efectuar una consulta pública previa.

La iniciativa legislativa planteada pretende la actualización del régimen jurídico de la Administración General de la Comunidad Autónoma previsto en la Ley 14/1990, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; el establecimiento de la regulación legal del sector público institucional de Canarias y la regulación de los aspectos básicos de la organización y funcionamiento de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como trabajo previo, en el programa legislativo y reglamentario del Gobierno de Canarias, aprobado en sesión celebrada el 20 de mayo de 2024, se incluyó el Anteproyecto de Ley del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, como iniciativa legislativa correspondiente a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, cuya tramitación corresponde a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.

Esta iniciativa legislativa establece una regulación moderna de la organización y funcionamiento de la Administración Pública autonómica y de su sector público, fortaleciendo los elementos que actualmente conforman el derecho a una buena administración e introduciendo en el ordenamiento administrativo de Canarias las bases fundamentales para llevar a cabo una efectiva planificación y evaluación de políticas públicas.

A estos efectos, se pretende definir la organización y funcionamiento de los sujetos que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, a través de parámetros modernos que aseguren la eficiencia y la efectividad de la actuación administrativa. También establecer un marco normativo que garantice de forma permanente la simplificación administrativa, en todas sus dimensiones; identificar el régimen jurídico aplicable a las entidades que conforman el sector público institucional autonómico, regular las relaciones interadministrativas y definir el marco normativo de la planificación y evaluación de las políticas públicas.

Para facilitar la elaboración y aprobación del correspondiente proyecto de ley, la Consejería de Presidencia aprobó la Orden de 4 de noviembre de 2024, por la que se crea y regula la Comisión de Trabajo para el estudio del anteproyecto de ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta Comisión de trabajo, integrada por profesionales del sector público, ha asumido la tarea fundamental de estudiar las diferentes opciones regulatorias, a la vista de la experiencia comparada, y de preparar una propuesta de texto articulado y de su lista de evaluación.

El vigente régimen legal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias data de 1990, por lo que el transcurso del tiempo ha erosionado de forma relevante el marco normativo previsto en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Además, la entrada en vigor de diferentes leyes autonómicas relacionadas con las Administraciones Públicas canarias como, por ejemplo, la Ley de Municipios de Canarias o la Ley de Cabildos insulares, ha implicado significativas derogaciones parciales de la citada Ley 14/1990. En este sentido, en la actualidad permanece vigente el veinte por ciento del articulado original de dicho cuerpo normativo, aproximadamente.

A esto se suma que la reforma administrativa, a nivel estatal, aprobada en el año 2015 es otro factor fundamental que obliga a una profunda revisión del marco normativo del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.