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El Gobierno aprueba la creación de 113 plazas de Profesor Ayudante Doctor en las universidades públicas canarias

La medida, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, garantiza el refuerzo de las plantillas docentes de la ULL y la ULPGC con una inversión de 14,8 millones de euros hasta 2028

Se crean además 47 plazas de Profesor Asociado Asistencial en la ULL para fortalecer los servicios asistenciales vinculados a la formación académica

En su reunión celebrada este lunes 17 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó, a petición de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la creación de 113 plazas de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Esta medida se enmarca en el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador María Goyri, impulsado junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La distribución contempla 63 plazas para la ULL y 50 para la ULPGC, con una financiación compartida entre el Estado y el Gobierno de Canarias, que asume el coste de 75 plazas con un importe anual de 3.722.242,5 euros, totalizando 14,8 millones de euros hasta 2028.

“Este paso responde al compromiso de atender las necesidades de las universidades públicas canarias, siempre desde el rigor y los cauces necesarios, garantizando la calidad de la educación superior y la estabilidad de su personal docente”, destacó Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

La consejera subrayó que “gracias al esfuerzo de este Gobierno, Canarias asegura que sus universidades públicas cuenten con los recursos humanos necesarios para afrontar los retos académicos, consolidando su prestigio y fortaleciendo su atractivo”.

El Programa María Goyri, que prevé 3.361 plazas para universidades públicas en España, destina 188 a Canarias, un volumen que refleja el trabajo constante del Gobierno de Canarias para defender y potenciar su sistema universitario.

Asimismo, el Consejo aprobó la creación de 47 plazas de Profesor Asociado Asistencial en la ULL, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios asistenciales vinculados a la formación académica. La aprobación llega tras los informes favorables de las direcciones generales competentes, constatando la viabilidad presupuestaria y reafirmando el compromiso de este Ejecutivo con la educación superior en las islas.

 

 

El Gobierno autoriza 9,5 millones para el abono de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas

La medida permitirá a la Agencia Tributaria Canaria proceder al pago de una ayuda que persigue equilibrar el coste de los carburantes entre las islas

El Consejo de Gobierno ha autorizado en el día de hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, un gasto por importe de 9,5 millones de euros como aportación dineraria a la Agencia Tributaria Canaria para que pueda proceder al abono de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas.

A la Agencia Tributaria Canaria corresponde la tramitación y resolución de las solicitudes de bonificación, por lo que se trata de librar, con la partida aprobada hoy, los fondos necesarios para que pueda gestionar y abonar la bonificación por la venta de combustible en esas islas, a medida que se vayan resolviendo las solicitudes presentadas por las empresas colaboradoras.

Desde este mes de febrero, el Gobierno de Canarias ha ampliado la bonificación, prevista inicialmente para las denominadas islas verdes, a todas las islas no capitalinas. Para ello, y con el fin ajustar la medida a los costes reales que soportan los ciudadanos de cada una de las islas menores, no se ha establecido una cuantía única, sino que el importe se determinará trimestralmente, según los precios de la isla no capitalina comparados con los de Gran Canaria y Tenerife para el mismo período. Un diferencial inferior a 5 céntimos por litro no dará derecho a la bonificación.

Actualmente, y hasta la próxima revisión trimestral, la cuantía de la bonificación se ha fijado en 5 céntimos por litro suministrado en la isla de Fuerteventura, 20 céntimos por litro en el caso de La Palma y La Gomera, y 30 céntimos por litro suministrado en El Hierro.

La Consejería de Política Territorial destina 1,4 millones a la formación digital en municipios reto demográfico

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento hoy de las subvenciones entregadas a los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado conocimiento esta mañana de las subvenciones que, por importe de 1.430.022,31 euros, se han destinado a los cabildos insulares para la formación digital de la ciudadanía en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, los denominados municipios reto demográfico. El expediente, gestionado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, establece como beneficiarios de la ayuda financiera a los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, que respondieron positivamente a la convocatoria.

Esta línea de subvenciones está financiada a través de los fondos europeos Next Generation, y tienen como objetivo mejorar las competencias digitales de la ciudadanía en municipios reto demográfico.

Según los cálculos realizados por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico, centro encargado de su tramitación, el expediente plantea como objetivo la formación de 6.660 personas, distribuyendo tal objetivo por islas en función de la población que reside en los municipios de menos de 10.000 habitantes de cada una de ellas.

Los cursos de formación tendrán una duración mínima de siete horas y media y deberán ser realizados antes de junio de 2026. Los cabildos contarán, además, con asesoramiento y apoyo para la gestión de los fondos europeos a través de una asistencia técnica contratada por la Viceconsejería.

El importe de las subvenciones otorgadas el pasado mes de diciembre asciende a 579.794,20 euros en el caso de Tenerife; 153.290,02 euros, La Gomera; ); 332.084,86 euros, La Palma; y 364.853,23 euros, Gran Canaria.

En la actualidad, se está trabajando con los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, así como con municipios de estas islas, para que puedan sumarse a una nueva convocatoria durante 2025. La corporación insular de El Hierro renunció a participar en esta convocatoria.

Además de esta línea de subvenciones, la Consejería de Política Territorial trabaja en otros proyectos dirigidos a municipios reto demográfico, como la creación de una oficina virtual para estos municipios, donde dispondrán de asesoramiento para facilitar sus tareas administrativas, o un visor de indicadores, que será la base del futuro observatorio canario del reto demográfico.

 

 

El Gobierno culmina la planificación hidrológica de las islas con la aprobación del tercer ciclo de La Palma

Manuel Miranda recuerda que el Gobierno ha corregido un retraso de más de tres años en esta planificación y anuncia que se trabaja para que el cuarto ciclo sea aprobado antes de diciembre de 2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el tercer ciclo de planificación hidrológica y el segundo del plan de gestión de riesgos de inundaciones de la isla de La Palma. El expediente, elevado a propuesta del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, incluye 203 medidas por importe de 205 millones de euros. Miranda ha informado de que se cumple así “con el compromiso de actualizar la planificación hidrológica de Canarias, que sufría un retraso de más de tres años en su tramitación”.

Manuel Miranda ha explicado que esta planificación debía de estar aprobada en diciembre de 2021, y el incumplimiento en su tramitación “provocó una demanda de la Comisión Europea que podría derivar en nuevas sanciones, por eso hemos hecho un esfuerzo de coordinación y apoyo a los consejos insulares de aguas para sacar adelante los cinco planes que nos encontramos sin tramitar, con el fin de evitar que dicha demanda acabe en sentencia contra Canarias”.

El documento de planificación de La Palma incluye 203 medidas por importe total de 205.952.487 euros. Entre otras, 43 de estas medidas tienen que ver con aumentar la disponibilidad de suministro tanto para la población como para el sector primario; 46 medidas para la mejora de la gestión de los recursos; 54 medidas para la gestión de áreas inundables; y 26 para redes de saneamiento, depuración y vertidos.

En muchos casos, se trata de medidas estratégicas, como el control de acuíferos, la mejora de sus instalaciones, obras para recuperar el suministro en zonas afectadas por el volcán, ampliación de la capacidad de almacenamiento, ampliación en las redes de riego o la mejora de los sistemas de saneamiento y depuración.

Manuel Miranda ha recordado que el Gobierno ha ido tramitando los planes que estaban bloqueados. Así, aprobó los de Gran Canaria y Tenerife el 18 de septiembre de 2023. El de Lanzarote, elaborado por el propio ejecutivo autonómico, recibió su visto bueno el 31 de julio de 2024, mientras que el de Fuerteventura fue aprobado el pasado 16 de septiembre. “Con la aprobación definitiva del plan de La Palma culminamos la puesta al día de la planificación hidrológica de las islas”, ha añadido el consejero, quien ha recordado que “desde septiembre trabajamos ya con los consejos insulares en el siguiente ciclo”.

Miranda ha asegurado que esta situación de retraso “no puede volver a repetirse, pues condiciona la política de aguas de Canarias y la negociación con el Estado para la firma de un futuro convenio de obras hidráulicas”. A este respecto, el consejero ha recordado que aún no hay fecha para una primera reunión con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encuentro en el que, además, solicitará a la ministra que los 20 millones para proyectos que no llegaron en 2024 se sumen a los 20 que deberían estar previstos en 2025.

 

 

El Gobierno pone en marcha el proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias

La iniciativa legislativa da cumplimiento al plazo de seis meses establecido en el decreto-ley de medidas urgentes para iniciar el procedimiento

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a petición de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto, iniciar la tramitación del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias y actualizar nuestro marco legislativo autonómico en la materia.

Con esta iniciativa se da cumplimiento a la disposición final sexta del decreto-ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convalidado por el Parlamento de Canarias en sesión plenaria, el día 6 de septiembre de 2024. En el decreto se estableció un plazo de los seis meses desde su entrada en vigor para que la Consejería competente en materia de función pública iniciará el procedimiento de elaboración y tramitación del Anteproyecto de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La elaboración y tramitación de este anteproyecto de ley constituye uno de los retos normativos más importantes de la Consejería de Presidencia en la presente legislatura, ya que además de dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de un nuevo marco legal en materia de empleo público dejando atrás la hasta ahora vigente Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, con casi cuarenta años de vigencia, debe concitar el mayor consenso posible entre todos los agentes actuantes en un sistema jurídico especialmente complejo como es el de la regulación del empleo público.

Con este objetivo, en los próximos días se dictará una orden de esta Consejería, estableciendo el diseño del proceso de participación que ha de seguirse en la tramitación del proyecto de ley. Los trabajos estarán coordinados por el Viceconsejero de Administraciones y Transparencia, correspondiendo a la Dirección General de la Función Pública el impulso de las actuaciones.

Tal y como exige el citado decreto-ley y la legislación vigente en materia de iniciativas legislativas, este procedimiento debe estar presidido por la participación de la ciudadanía, de las organizaciones profesionales y sindicales, de las demás Administraciones Públicas de Canarias, incluidas las Universidades Canarias y del propio personal al servicio de las Administraciones Públicas de Canarias.

De acuerdo con las exigencias legales, el procedimiento se iniciará mediante una consulta pública previa a la ciudadanía sobre la conveniencia y oportunidad de promover esta iniciativa legislativa y en la que las ciudadanas y los ciudadanos y los colectivos interesados podrán hacer las sugerencias y aportaciones que estimen oportunas.

También se llevará a cabo un turno de consultas institucionales a las Administraciones Públicas de Canarias, a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Federación Canaria de Islas (FECAI) y a las dos Universidades públicas de Canarias (ULPGC y ULL) para que puedan realizar las aportaciones previas que estimen oportunas.

Esta consulta previa también se hará con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación del Empleo Público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de la posterior negociación colectiva que se haga del texto que se proponga.

Se constituirá un Comité Técnico cuya presidencia le corresponderá al Viceconsejero de Administraciones y Transparencia en la que participará personal al servicio de las Administraciones Públicas de Canarias, con experiencia profesional en el ámbito de la ordenación, planificación y gestión del empleo público.

Asimismo, se invitará a participar a las personas titulares de órganos directivos superiores de las Administraciones y Universidades públicas de Canarias competentes en materia de recursos humanos, pero también en otros ámbitos directamente relacionados como son la planificación presupuestaria, la modernización y calidad de los servicios, la formación de personal, entre otros.

Además, se garantizará la participación activa de las organizaciones sindicales conformando una Mesa Técnica Administración-Sindicatos, sin perjuicio de la negociación colectiva que finalmente se lleve a cabo en el seno de la Mesa General de Negociación.

Con el objetivo de ofrecer la mayor transparencia posible, se habilitará un espacio web en la Dirección General de la Función Pública donde se irá ofreciendo información acerca de los trabajos que se están realizando.

El Gobierno prorroga tipo cero del IGIC en La Palma y mantiene la bonificación 20 céntimos por litro al combustible

El Gobierno mantiene hasta el 30 de abril la misma cuantía de ayuda al consumo de combustible del mes de enero de este año para esta bonificación extraordinaria y temporal

La medida se justifica por la situación de recuperación económica en la que está sumida la isla y el estado de su sistema viario tras la erupción volcánica como requisito para dicha recuperación

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia del tipo cero en el Impuesto General Canario para la isla bonita

El Consejo de Gobierno, ha aprobado en el día de hoy, con carácter de urgencia, el Decreto-Ley por el que se establece que la cuantía de la bonificación del precio final del combustible en la isla de La Palma sea de 20 céntimos por litro para los meses de febrero, marzo y abril. Esta medida entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Ejecutivo autonómico también ha decidido prorrogar, desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2025, la vigencia del apartado tres del artículo 4 del Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Los afectados podrán seguir pagando el tipo cero en el IGIC.

En cuanto a la ayuda al combustible, si bien la Orden de 27 de enero de 2025 determinaba que la cuantía de la bonificación temporal y extraordinaria en La Palma fuera de 0,10 euros por litro durante los meses de febrero y marzo de 2025, el Consejo de Gobierno ha considerado aumentar la cuantía hasta los 20 céntimos por litro atendiendo a la especial situación de recuperación económica en la que se encuentra sumida la isla y, en concreto, el estado del actual sistema viario tras la erupción y la progresiva reconstrucción del mismo, como requisito esencial en esa recuperación.

La lava arrasó las edificaciones de todo tipo y parte de las infraestructuras viarias que vertebraban la isla, en particular la red viaria regional, insular y municipal, incluyendo caminos agrícolas. Consecuencia de ello es que los recorridos por carretera, después de la erupción, se han hecho más largos, debido a los rodeos que hay que hacer por la desaparición de los antiguos trayectos directos para trasladarse de un punto a otro.

A estos recorridos más largos, hay que añadir el incremento de la densidad del tráfico en las carreteras subsistentes. Ese aumento del tiempo invertido en carretera por los habitantes de la isla, ha provocado necesariamente un incremento en el consumo de carburante en relación con la situación anterior. Y, este mayor coste de los traslados dentro de la isla, que se mantiene desde la finalización de la erupción, hace necesario que la cuantía de la bonificación aplicable en la isla de La Palma durante los meses de febrero, marzo y abril de 2025, se fije en 0,20 euros por litro de combustible de gasolina G95 y gasóleo GOA.

Devolución de cuantías en la isla de La Palma

Durante el mes de febrero, la cuantía de 0,20 euros por litro de combustible suministrado en la isla de La Palma, será de aplicación desde el día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto-ley y el día 28 de febrero. Mientras que, los días de febrero comprendidos entre el día 1 y el día anterior a la entrada en vigor del presente Decreto-ley, será aplicable la cuantía de 0,10 euros por litro.

Para la determinación de la cuantía de bonificación a partir del 1 de mayo de 2025, se tomará como referencia, además de la media de la evolución de los precios de los meses previos con períodos temporales como el resto de las islas, la evolución del contexto de la recuperación de la isla, de conformidad con las directrices que se determinen por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería competente en el ámbito de la recuperación económico y social de la Palma.

Para la solicitud de devolución correspondiente al mes de febrero de 2025 por parte de los colaboradores en relación a los suministros efectuados en la isla de La Palma a consumidores finales, se realizará de manera diferenciada. Por una parte, se solicitará la devolución de la cuantía de 0,10 euros correspondiente a los suministros realizados desde el día 1 de febrero hasta el día anterior a la entrada en vigor del presente Decreto-ley; y, por otra parte, la devolución de la cuantía de 0,20 euros correspondiente a los suministros efectuados desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley hasta el día 28 de febrero.

Tipo cero del IGIC

El Consejo de Gobierno también ha decidido prorrogar, desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2025, la vigencia del apartado tres del artículo 4 del Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

De esta manera, será aplicable en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) el tipo cero a las entregas o importaciones de bienes y servicios, excluidos los  bienes inmuebles, los necesarios para la reposición, recuperación, o reactivación de las actividades empresariales o profesionales, incluidas las agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, y las actividades culturales, sanitarias, educativas, científicas, deportivas, sociales o religiosas, en aquellos casos en los que las construcciones, instalaciones o explotaciones en las que se desarrollaban estas actividades hayan sido destruidas o dañadas directamente por la erupción volcánica.

 

 

El Gobierno inicia la tramitación del proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias

Se toma en consideración el informe de oportunidad, objetivos y principios generales de la iniciativa presentada por la Consejería de Presidencia

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a petición de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, iniciar la tramitación de la primera Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias. El objetivo es reorganizar el sistema canario de seguridad y establecer un salto cualitativo competencial para la Policía Autonómica.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en particular, su artículo 148, da al Gobierno de Canarias un nuevo marco competencial en el ámbito de la seguridad, que precisa de un desarrollo legal que garantice la eficacia del sistema al integrar todos los agentes implicados en un mismo modelo y marco legal, dando seguridad jurídica y generando un marco normativo estable.

El informe de oportunidad se justifica en la diversidad de normas que regulan el Sistema Canario de Seguridad y la complejidad de su aplicación por las modificaciones y adaptaciones legislativas, fundamentalmente Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias; la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, y por la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Además, quince años después de la creación de la Policía Autonómica -Cuerpo General de la Policía Canaria-, el Gobierno está apostando por el crecimiento del cuerpo y su despliegue territorial, con presencia permanente en todas las islas.

La nueva redacción estatutaria comprende la competencia para establecer políticas de seguridad públicas, medidas y acciones diseñadas por el Gobierno de Canarias para la protección de personas y bienes.

Se determina, por tanto, el modelo de seguridad pública para esta Comunidad Autónoma y la integración en dicho modelo de la policía autonómica y las propias policías locales, en una estrategia común y coordinada entre todas ellas, y alineadas con el modelo socioeconómico y geográfico de nuestro archipiélago.

Entre los objetivos de la nueva ley se encuentra determinar los órganos de las administraciones públicas canarias competentes en materia de seguridad pública y de sus órganos de coordinación; disponer el alcance y estructura de la planificación, en sus diferentes niveles, de la seguridad pública; concretar la integración de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la estructura de la seguridad del Estado y resolver la participación, derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de seguridad.

Además, se establecen, en sentido amplio, las funciones de la Policía Autonómica Canaria en materia de seguridad pública; se crea un modelo de seguimiento, inspección y control, en diferentes niveles, para el buen funcionamiento y excelencia de la Policía Canaria, compuesta por la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria, y regula un modelo de participación de la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria, en cuanto a competencias comunes y delegación de las competencias específicas de unos cuerpos en otros, determinado los criterios necesarios, su alcance y condiciones.

Por último, se busca establecer un marco común de acceso, promoción, formación, de capacitación y actualización profesional continuado de la Policía Canaria en su conjunto.

Bienestar Social inicia el proceso para dotar a Canarias de una nueva Ley de Infancia y Adolescencia

La nueva normativa persigue adaptar la legislación regional a la estatal y garantizar el bien superior del menor

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha elevado hoy al Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa para la toma en consideración del proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, así como la propuesta de iniciación del procedimiento de elaboración, tramitación y realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.

El objetivo de la nueva normativa es reconocer a los menores como sujetos de pleno derecho y otorgarles un estatus activo dentro del tejido social, lo cual es esencial para construir comunidades más justas e inclusivas.

“Con el impulso de esta nueva normativa, la Consejería de Bienestar Social cumple con el compromiso de dotar a la infancia y a la adolescencia de un marco legal adecuado para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Queremos, por supuesto, que sea una normativa ampliamente consensuada con los grupos políticos, las entidades y las diferentes administraciones, que tendrán su oportunidad de hacer llegar sus aportaciones a lo largo del proceso participativo”, añadió.

La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia introdujo cambios jurídicos-procesales y sustantivos con los que se buscaba mejorar los instrumentos de protección, a los efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado. De esta manera, la ley proporcionaba un marco a las comunidades autónomas para el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación administrativa, en el caso de los menores extranjeros. La ley orgánica contempla en su disposición final sexta que las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivo lo dispuesto y ordenado en la norma.

Por ello, y en cumplimiento de la legislación estatal, procede aprobar una ley por parte del Parlamento de Canarias con el fin de adaptar normativamente la norma autonómica a la vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Además, la entrada en vigor también de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) supuso un cambio en el paradigma de la concepción de la infancia y adolescencia como sujetos plenos de derecho, abordando, entre otros aspectos, la violencia dirigida a la infancia y la adolescencia, la emergencia de protección infantil debido a los movimientos migratorios, las carencias estructurales del sistema de protección y su necesaria reforma y los retos de la participación infantil.

Igualmente, la LOPIVI introdujo principios y directrices que deben ser reflejados en las normativas autonómicas, por lo que la nueva ley canaria permitirá asegurar que los derechos establecidos a nivel estatal sean implementados y respetados en el ámbito local.

Derechos de los menores

La nueva norma autonómica incluirá, por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en el que, en algunos casos, se han adaptado algunos de los ya existentes. También redefine como principios rectores de la actuación administrativa de las instituciones competentes la protección de las personas menores de edad, a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección de situaciones de riesgo y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley, ya que estos principios son esenciales para garantizar un enfoque integral y efectivo en la atención a la infancia, abarcando desde la prevención hasta la intervención en situaciones de desamparo.

Según se contempla en el informe presentado al Conejo de Gobierno por Bienestar Social, con la entrada de la nueva normativa se garantiza la protección del interés superior de la persona menor de edad, que ha de ser valorado y considerado primordial en todas las actuaciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como privado, así como se adoptan todas las medidas necesarias para facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a ser oídas y escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten, así como para la defensa y garantía de sus derechos.

La necesidad de esta ley atiende a los principios rectores de la actuación de los poderes públicos canarios que contempla la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 21, entre los que destaca la protección jurídica, económica y social de la familia y de las personas menores, garantizando los cuidados necesarios para su bienestar. Por ello, la elaboración de una ley canaria de infancia y adolescencia es una necesidad urgente para reajustar el ordenamiento jurídico autonómico al nuevo marco jurídico sólido y eficaz que garantice el ejercicio de cuantos derechos sean propios de la infancia y la adolescencia como parte de la ciudadanía de la comunidad autónoma.

El Consejo de Gobierno autoriza la incorporación a Gestur Canarias de los ayuntamientos de Arona y Tuineje

Seis cabildos y 48 corporaciones locales cuentan ya con la empresa pública como medio propio para la planificación territorial y la gestión de proyectos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó esta mañana el reconocimiento de Gestur Canarias S.A. como medio propio de los ayuntamientos de Arona y Tuineje, ampliando así el ámbito de actuación de la entidad pública en el archipiélago. Con la incorporación de estas dos administraciones locales, ya son seis cabildos insulares y 48 municipios los que cuentan con los servicios de esta empresa pública, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Esta designación permitirá a ambas corporaciones disponer de un instrumento especializado para el desarrollo de proyectos en materia de planificación y gestión urbanística, así como para actuaciones estratégicas enmarcadas en el desarrollo territorial.

El expediente que se ha aprobado autoriza la modificación de los estatutos de Gestur Canarias S.A., lo que permitirá que los ayuntamientos de Arona y Tuineje puedan encargar proyectos a la empresa pública. Estos encargos deberán estar dentro de sus competencias municipales y, en particular, podrán incluir actuaciones urgentes o derivadas de situaciones de emergencia que se declaren.

Entre las funciones recogidas en el objeto social de Gestur Canarias S.A. se encuentra el impulso de actuaciones vinculadas a los instrumentos de ordenación y planificación territorial, así como el desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora. Además, la empresa pública puede gestionar la promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales.

Asimismo, Gestur Canarias está habilitada para asumir encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, así como la elaboración de pliegos, licitación, adjudicación y ejecución de obras. También puede gestionar la tramitación de subvenciones, ofreciendo apoyo técnico y administrativo a las administraciones públicas.

Los ayuntamientos de Arona y Tuineje podrán contar con asistencia y asesoramiento técnico en materia de planeamiento, gestión de suelo y ejecución de obras, así como en procesos de adquisición o venta de terrenos, valoraciones inmobiliarias y gestión de subvenciones. Además, podrán recibir apoyo en la gestión y explotación de fuentes de energía, especialmente energías renovables, entre otras áreas de actuación.

Actualmente, los cabildos insulares de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura también tienen reconocida a Gestur Canarias como medio propio, lo que les permite encargar proyectos y servicios a esta empresa pública.

En el ámbito municipal, 48 ayuntamientos han formalizado su colaboración con Gestur Canarias. Se trata de Adeje, Agulo, Alajeró, Arafo, Arico, Arrecife, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Pinar, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Fasnia, Fuencaliente, Garachico, Garafía, Guía de Isora, Hermigua, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Los Realejos, Los Silos, Puerto de la Cruz, Puntagorda, San Andrés y Sauces, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna, San Juan de La Rambla, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, San Sebastián de La Gomera, Santa Úrsula, Tacoronte, Tazacorte, Tegueste, Tijarafe, Valle Gran Rey, Vallehermoso y Valverde. A ellos se suma ahora el municipio de La Oliva.

El Gobierno declara las apañadas de Fuerteventura Bien de Interés Cultural

Entra dentro de la categoría de “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y el mar” como bien inmaterial

Migdalia Machín llama a hacer un esfuerzo común entre instituciones, asociaciones ganaderas y ciudadanía para mantener vivo este patrimonio

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 3 de febrero la declaración de las apañadas de ganado de costa de Fuerteventura como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, con la categoría de “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y el mar”. Se trata de una tradición milenaria heredada de la sociedad maja con un fuerte arraigo en los municipios de Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario y Pájara.

Las apañadas de ganado de Fuerteventura constituyen una práctica ganadera tradicional de origen ancestral que se remonta, con toda probabilidad, a la época aborigen y consiste en la captura colectiva del ganado salvaje o guanil, mayoritariamente caprino, disperso en terrenos comunales con el objetivo de reunirlos en gambuesas para su identificación, marcaje y posterior distribución.

Esta actividad ha pervivido hasta la actualidad conservando sus elementos esenciales donde se combina el conocimiento de los usos tradicionales del territorio con una estructura social basada en la participación comunitaria. Esta práctica, que se ha venido desarrollando de forma secular en las diferentes islas, ha alcanzado en Fuerteventura una especial consideración como una de las tradiciones culturales más arraigadas y representativas del patrimonio cultural majorero.

Fruto de su importancia como parte del patrimonio canario, el Cabildo de Fuerteventura elaboró un detallado estudio en el que se describe y analiza el concepto de apañadas de ganado de costa, así como los elementos culturales asociados a esta práctica, evidenciando su relevancia histórica y etnográfica en la isla, motivo por el que el BIC ha sido catalogado de ámbito insular.

Para Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la declaración de esta figura es una forma de “conservar la memoria colectiva y las prácticas ancestrales de nuestros antepasados”. En este caso, es necesario hacer “un esfuerzo común entre instituciones, ganaderos y sociedad, en general, para mantener este patrimonio vivo”, insistió, “puesto que es una tradición que requiere de relevo generacional” que asuma las normas, conductas y creencias de esta práctica milenaria.

Contexto histórico

A lo largo de los siglos, la actividad ganadera en Fuerteventura ha sido una de las principales fuentes de sustento de sus habitantes, siendo la cabra el animal mejor adaptado a las exigentes condiciones climáticas de la isla. La imposibilidad de mantener un ganado estabulado debido a la escasez de alimentos produjo la suelta de cabras en las denominadas zonas de “costa” dando lugar a esta tradición que forma parte del acervo cultural de la sociedad majorera.

Desde esta perspectiva, la ganadería de la cabra de costa fue un medio esencial para el sustento de los antiguos pobladores de la isla, la sociedad maja, proveyéndolos de carne, leche, pieles y otros derivados que también fueron utilizados para el intercambio de otros productos. Testigo de ello son las inmensas paredes y gambuesas documentadas por toda la geografía insular que siguen siendo utilizadas a día de hoy.

Existen seis asociaciones de cabra de costa majorera que mantienen viva esta actividad: Asociación de Ganaderos de Antigua, Asociación de Ganaderos de Punta La Nao (Pájara), Asociación de Ganaderos del Mal Nombre (Pájara), Mancomún de Puerto del Rosario Puipana, Asociación Tradiciones y Costumbres Ganaderas del Mancomún de Betancuria Gamabe y Asociación de Ganaderos de Costa de Tuineje La Cabra Morisca.

Según los últimos datos, actualmente se encuentran en uso la Gambuesa Tablero Vega Vieja en Puerto del Rosario. En el municipio de Antigua, las gambuesas Valle de La Cueva en Antigua, Llanos de Caleta Blanco y la de Pozo Negro; en el municipio de Pájara Gambuesa Rincón del Verodal y Morrito de los Descansaderos; en Betancuria Llanos del Sombrero y Valle de Janey; en Tuineje en Barranco de Majadas Prietas y Las Rositas.