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El Gobierno destina 7.810.980 euros a la compra de vacunas para 2024

Se adquirirán 250.000 dosis de vacunas contempladas en el calendario vacunal frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis, varicela, sarampión, rubeola, parotiditis, meningococo, neumococo y rotavirus

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de este lunes, 26 de febrero, a la Consejería de Sanidad a destinar 7.810.980 euros a la contratación de parte del suministro de vacunas incluidas en el calendario previsto para 2024. En total se prevé la adquisición de 250.000 dosis de diferentes tipos de vacunas frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis, varicela, sarampión, rubeola, parotiditis, meningococo, neumococo y rotavirus.

La contratación se deriva del Acuerdo Marco para la selección de compañías suministradoras de vacunas de calendario y otras existentes entre la Administración General de Estado, las Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas, al que Canarias se adhirió en 2021.

Este suministro representa una parte de las dosis de vacunas que integran el calendario vacunal de la CAC; el resto se adquiere fuera del citado Acuerdo Marco, con un gasto total previsto que supera los 17 millones de euros.

Según este procedimiento, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias adquirir las unidades de vacunas estimadas necesarias exclusivamente a las empresas suministradoras adjudicatarias de dicho Acuerdo Marco, de conformidad con los términos fijados en el mismo, y adjudicar los contratos conforme al procedimiento establecido en el artículo 221.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y lo dispuesto en los pliegos que rigen el procedimiento, así como comunicar al Ministerio de Sanidad el número de vacunas adquirido para cada uno de los lotes.

El número de dosis de vacunas a adquirir por la Dirección General de Salud Pública con este suministro se compone de:

-30.000 dosis de vacuna Hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo B conjugada.

-15.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis inactivada.

-20.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antigénico reducido.

-40.000 dosis de vacuna frente a difteria y tétanos de contenido antigénico reducido.

-1.000 dosis de vacuna frente a hepatitis B para edad pediátrica.

-5.000 dosis de vacuna frente a hepatitis B para edad adulta.

-25.000 dosis de vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis.

-15.000 dosis de vacuna frente a varicela.

-10.000 dosis frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela.

-15.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y, W.

-45.000 dosis de vacuna frente al meningococo serogrupo B.

-20.000 dosis de vacuna polisacárida frente a neumococo 23-valente.

-9.000 dosis de vacuna frente a rotavirus.

Las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Las Nieves de La Palma, declaradas Bien de Interés Cultural

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se reconoce a este bien inmaterial con la categoría de “Usos sociales, rituales y festivos”

La consejera Migdalia Machín recalca que esta celebración merece tener “el nivel máximo de protección por ser una de las manifestaciones más singulares y representativas del patrimonio festivo del archipiélago”

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado hoy lunes, 26 de febrero, el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC) las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma con la categoría de “Usos sociales, rituales y festivos” de ámbito insular.

Iniciada en 1680, las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Las Nieves se celebran cada cinco años, constituyendo uno de los testimonios vivos más completos de las fiestas del Barroco. Se trata de una manifestación que comprende un amplio conjunto de expresiones teatrales, dancísticas y otras formulaciones votivas que forman parte del patrimonio inmaterial de la isla de La Palma.

Durante los tres últimos siglos, la comunidad portadora ha ideado, elaborado y recreado en cada celebración más de una veintena de números tradicionales con un guion preciso y perfectamente integrado. El teatro, la danza, la música, la literatura, los trabajos artesanos, la pintura, la escultura o la arquitectura efímera convergen en una puesta en escena alegórica que va renovándose año tras año para anunciar la llegada de la imagen de las Nieves a la capital.

Para la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, esta celebración merece tener “el nivel máximo de protección por ser una de las manifestaciones más singulares y representativas del patrimonio festivo del archipiélago”. La identidad de La Palma “tiene mucho que ver con esta celebración”, es un símbolo de la isla que se ha conservado “gracias a la participación activa de la sociedad palmera”, a quien felicita por su dedicación constante como comunidad portadora.

Cabe recordar que la celebración comprende dos partes bien diferenciadas: una litúrgica religiosa, dedicada a la Virgen de las Nieves que es la patrona de la isla, y otra festiva-teatral, a modo de anuncio o protocolo de recibimiento de la efigie mariana.

Su declaración como BIC viene avalada por diversos informes de entidades y personas expertas con argumentos referentes a la antigüedad, continuidad, riqueza artística y simbolismo de todos los números que integran el programa festivo, como el Carro Alegórico y Triunfal, la Danza de los Enanos, el Desfile de la Pandorga o Traslados del Trono Festivo de la Virgen, entre otros actos esenciales.

El Gobierno de Canarias aprueba el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda

El Consejo de Gobierno apoya esta norma para impulsar la disponibilidad de inmuebles, simplificar la gestión y hacer frente a la gran demanda de vivienda que existe en el Archipiélago

El Ejecutivo promueve también, de forma complementaria, una decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque del Instituto Canario de la Vivienda, aprobado también por este órgano a finales del pasado año

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago.

La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas importantes: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.

A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto contempla todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.

Además, determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.

La Consejería ha trabajado esta propuesta junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

En este sentido, el decreto ley reafirma el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias, derivada, en primer lugar, de la crisis inmobiliaria de 2008 y, también, por la pandemia de la COVID-19; y se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.

Optimización y recuperación de recursos

La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en suelos antropizados, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas. No obstante, seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública

En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.

Asimismo, el decreto recoge la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.

Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.

El Gobierno declara situación de catástrofe en el sector agrario por los incendios en La Palma y Tenerife en 2023

Esta declaración posibilita que se puedan convocar ayudas en el marco del PDR para la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes

El Gobierno de Canarias, reunido este lunes en Consejo, ha aprobado la declaración de situación de catástrofe en el sector agrario como consecuencia de los incendios que se produjeron en La Palma en el mes de julio de 2023 y en Tenerife en agosto del mismo año, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

Esta declaración posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes. En este sentido, se establecen medidas de apoyo para reparar y mitigar en la medida de lo posible las pérdidas y daños sufridos.

La normativa europea determina que para reconocer oficialmente dicha situación, se requiere que al menos el 30% del potencial agrícola haya sido destruido.

Cabe recordar que, en el caso de La Palma, el incendio afectó a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, causando daños en infraestructuras agrarias y cultivos, especialmente en cítricos, aguacates, almendros, hortalizas para autoconsumo, frutales templados y viñedos. Se estima que el valor de los daños asciende a 678.448,40 euros.

Por otro lado, el incendio forestal de Tenerife, afectó en concreto a Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, originando daños principalmente en el cultivo del castaño, así como en frutales templados como manzanos, perales y ciruelos, entre otros. Asimismo, los daños en infraestructuras agrarias incluyen vallados, tuberías, pequeños cuartos de aperos, corrales, zonas de pastos y colmenares, entre otros, con una valoración estimada de 1.037.740 euros.

El Gobierno crea las unidades de prevención de riesgos laborales en la Administración General y Justicia

Dichas unidades dependerán funcionalmente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de hoy, lunes 19 de febrero, la creación de las unidades de prevención de riesgos laborales en la Administración General y Justicia, con la finalidad de integrar esta política en todos los niveles, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto.

Dichas unidades dependerán funcionalmente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública y colaborarán en la ejecución de las acciones contempladas, teniendo en cuenta el elevado número de empleados y empleadas, la diversidad de los servicios, la distinta naturaleza de las funciones y las características específicas de cada centro de trabajo.

Los departamentos y organismos autónomos destinatarios del presente acuerdo deberán proceder a la creación de su unidad de prevención de riesgos laborales, a través de la pertinente modificación de su Relación de Puestos de Trabajo, en el plazo máximo de un año.

A los efectos de incorporar estas unidades en la estructura de los órganos administrativos correspondientes, se crearán con el rango de sección, dentro del servicio del departamento u organismo autónomo que por razón de sus competencias se considere el procedente.

La financiación de las unidades de prevención de riesgos laborales se hará con cargo al estado de gastos del departamento u organismo autónomo correspondiente.

Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública, previo acuerdo con el departamento u organismo público correspondiente, establecer, la estructura de personal.

Las citadas unidades deberán dotarse de una jefatura de unidad que corresponderá a personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Facultativa Superior, Especialidad Prevención (Grupo A, Subgrupo A1), de personal funcionario del Cuerpo Facultativo Técnico de Grado Medio, Escala Técnica Facultativa de Grado Medio, Especialidad Prevención (Grupo A, Subgrupo A2) cuyo número se determinará en función de su ámbito, así como del personal administrativo que se precise para la gestión y tramitación de los expedientes.

La determinación del número de puestos que han de conformar cada unidad se hará atendiendo, en primer lugar, al número de empleadas y empleados del ámbito orgánico de la unidad, del número y localización de centros o sedes de trabajo y de las especificidades existentes en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las especificidades existentes en materia de prevención de riesgos laborales.

El Silbo Gomero, declarado Bien de Interés Cultural de Canarias

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se reconoce a este bien inmaterial con la categoría de Tradición y Expresión Oral

La consejera Migdalia Machín destaca “el trabajo y la dedicación de la comunidad de portadores en la enseñanza, divulgación y protección de este lenguaje, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado hoy lunes, 19 de febrero, el decreto por el que el Silbo Gomero pasa a formar parte del catálogo de bienes de interés cultural de Canarias, ostentando la categoría Tradición y Expresión Oral.

Utilizado desde tiempo inmemorial para comunicarse a grandes distancias, es una de las manifestaciones más originales y representativas del archipiélago canario, un elemento cohesionador de primer orden, integrado en la comunidad, a pesar de los distintos acontecimientos históricos y de las numerosas transformaciones sociológicas, mostrando una excepcional capacidad de adaptación a toda clase de cambios, perviviendo como componente esencial de la cultura canaria.

Su origen se halla en la isla de La Gomera y se remonta a las poblaciones prehispánicas del archipiélago. Posee notorios valores históricos y etnográficos, pues se vincula a actividades como la agricultura tradicional, la ganadería y la trashumancia, así como a los rituales festivos, incluidos los religiosos. Su sentido es permitir la comunicación entre personas que se encuentran separadas por grandes distancias, principalmente a través de los barrancos.

La consejera de Cultura, Migdalia Machín, subraya “la notable labor de preservación de esta tradición, a través de la comunidad de portadores, cuyo trabajo y dedicación hacen posible que en la actualidad lo practiquen más de veinte mil personas, especialmente en La Gomera, pero también en otras islas y otros territorios donde han arraigado sus practicantes”.

Desde la década de los ochenta del siglo XX se introduce en las escuelas gomeras como actividad extraescolar y desde 1999 forma parte de los currículos del área de Lengua Castellana y Literatura de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Canarias. En 2009 es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2010, el Cabildo Insular de La Gomera pone en marcha el Aula Insular de Silbo Gomero. En 2015, vinculada a los programas de innovación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se crea la Red de centros educativos para la enseñanza del Silbo Gomero en Canarias. Desde 2018 dispone de una propia Cátedra Científico Cultural en la Universidad de La Laguna.

Su declaración como BIC viene avalada por diversos informes de entidades y personas expertas con argumentos que abundan en el valor propio y suprainsular del Silbo Gomero, dada su práctica en varias islas y otros territorios, su presencia como uso representativo canario en exhibiciones internacionales, la disposición de una propia Cátedra Científico Cultural de Silbo Gomero en la Universidad de La Laguna y su declaración por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre otras consideraciones, constituyendo todo ello un enorme valor consolidado en la tradición popular gomera y de Canarias.

Sanidad destina más de 4,1 millones de euros al servicio de cocina del Hospital Molina Orosa

La contratación de este servicio se corresponde con las anualidades 2024, 2025 y 2026

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, sirve alrededor de 22.000 comidas al mes a una media de 5.500 pacientes

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes, 19 de febrero, a la Consejería de Sanidad a destinar 4.102.189,73 euros a la contratación del servicio de cocina del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa y su edificio polivalente anexo.

El objetivo de esta contratación es ofrecer a los pacientes ingresados en el centro hospitalario una alimentación equilibrada, acorde a las prescripciones médicas pautadas y que repercuten de manera directa en la mejora de la salud de las personas ingresadas.

La licitación de este servicio de comidas diarias de ambos centros engloba las anualidades 2024, 2025 y 2026.

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa sirve alrededor de 22.000 comidas al mes (desayunos, almuerzos y cenas) a una media de 5.500 pacientes.

El Gobierno eleva al Parlamento la Comunicación de modificación del marco legislativo sobre menores migrantes

La propuesta elaborada por los Servicios Jurídicos se enriquece con aportaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda de un frente común para defender la ‘solución canaria’

El Ejecutivo contempla cuatro vías legislativas, pero apuesta por la modificación del Código Civil mediante decreto ley como fórmula “más rápida” para conseguir la distribución de los menores

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias sobre menores extranjeros no acompañados y sobre la necesidad de una modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante la distribución en todo el territorio español.

La propuesta aprobada por el Ejecutivo se sustenta en varias vías de cambios legislativos elaboradas por los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, pero ha sido enriquecida con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios. Todos, con la única excepción de Vox, han participado en el proceso abierto por el Gobierno en la búsqueda de un frente común en defensa de un reparto solidario y obligatorio de los menores migrantes no acompañados.

La Comunicación pasa ahora la Cámara regional para su debate, donde los grupos parlamentarios podrán realizar nuevas aportaciones antes de su votación en pleno. Se cumple de este modo el acuerdo alcanzado, el pasado 31 de enero, por el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez con las fuerzas políticas adheridas al Pacto Canario por la Migración firmado el 19 de octubre de 2023, cuando se comprometieron a trabajar por unidos en aras del consenso.

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo “casi unánime” en el Parlamento “en defensa de la solución canaria”. A su juicio, este consenso “dará más fuerza a Canarias” para lograr el respaldo del Estado y de las Cortes Generales a las modificaciones legislativas necesarias para distribuir “de forma solidaria y vinculante” a los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Cabello ha explicado la hoja de ruta pactada con las fuerzas con representación en el Parlamento canario para lograr este objetivo. Tras la aprobación de la Comunicación en la Cámara, la Junta de Portavoces invitará a sus homónimos del Congreso de los Diputados a visitar las islas para conocer de primera mano la situación de los 5.500 menores migrantes que el Gobierno autonómico tutela en la actualidad. En esa visita, los grupos trasladarán a los portavoces de las fuerzas de la Cámara baja la propuesta de modificaciones legislativas para obtener su apoyo.

De forma paralela, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo informará al Estado del acuerdo adoptado por el Parlamento, según ha explicado el portavoz tras subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a “dar una respuesta a la solución canaria antes del 31 de marzo”.

Derechos de la infancia

La Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias sobre menores extracomunitarios no acompañados tiene como objetivo principal “salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio” sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional.

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo autonómico considera urgente “establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada”. Para el Gobierno de Canarias, el número de actual de menores “imposibilita” cumplir estas obligaciones de tutela, entre ellas, “la integración social”.

El texto que ahora debatirá el Parlamento contempla varias vías de modificación del marco normativo actual mediante las que se puede garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Sin embargo, el portavoz ha resaltado la preferencia del Gobierno de Canarias por un cambio en el artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco, ya que se puede abordar mediante un decreto ley aprobado por Consejo de Ministros que después debería ser refrendado por las Cortes Generales. “Es la solución más rápida”, ha recalcado Cabello.

Como alternativas, la Comunicación elevada a la Cámara regional aporta otros cambios legislativos “más gravosos, complejos y lentos” al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.

El Gobierno aprueba los incrementos de tarifas en las ayudas del REA solicitados por los sectores para 2024

El Ejecutivo adelanta al mes de febrero la reunión de la Comisión de Seguimiento en la que se aprueban modificaciones de cantidades e importe de las ayudas con el objetivo de optimizar la ficha financiera disponible para este ejercicio

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado las propuestas de modificación de balances e importe de las ayudas al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la campaña 2024 presentadas por los sectores implicados, dentro del límite máximo de incremento del 20% de las ayudas que la normativa europea permite anualmente. Estas modificaciones han sido consensuadas por todos los sectores intervinientes en la Comisión de Seguimiento del REA que ha adelantado al mes de febrero la aprobación de esta actualización de las cantidades fijadas para cada ayuda.

Con ello, el Gobierno regional cumple con su compromiso de dar respuesta a la demanda de los sectores de actualizar las cantidades de ayuda en las primeras semanas del año, de acuerdo con los incrementos de los sobrecostes que se están generando en este periodo, y disponer de las mismas desde el principio del ejercicio, garantizando de este modo una optimización de la ficha financiera, y elevar los niveles de ejecución respecto a ejercicios anteriores.

Con las propuestas presentadas por el sector primario, industrial y consumo directo, con sus respectivos incrementos y reducciones de balances y ayudas según el caso, se estima una ejecución financiera que se acerque al 100% del presupuesto disponible, establecido actualmente en 62 millones de euros.

El actual Gobierno ha mantenido un seguimiento permanente de la evolución de las ayudas y de las demandas de los sectores, de modo que las modificaciones aprobadas en julio de 2023, a escasos días de la toma de posesión de este Gobierno, y en octubre del mismo año, han tenido un impacto positivo tanto en el sector primario como en la industria canaria y el consumo directo, ya que han contribuido a compensar los elevados costes que sufren en estos momentos.

De no haberse llevado a cabo estas revisiones y aumento en las ayudas, las cantidades del balance del REA no se habrían utilizado de manera efectiva, lo que hubiera significado una infrautilización de la ficha financiera.

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destacó el consenso alcanzado entre todos en un momento tan difícil para un sector afectado por el incremento de los costes de los fletes, el conflicto del mar Rojo, la Guerra de Ucrania o la inflación. “Este Gobierno asume el reto de velar por los productores y la industria canaria y dar cumplimiento al REA adelantando los tiempos para que las ayudas lleguen lo antes posible a sus beneficiarios con la intensidad que necesitan para hacer frente a los sobrecostes que asumen”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, recordó que es la primera vez que se produce una modificación a principios de año y destacó los efectos positivos de ésta para el sector ganadero, “ya que permite abaratar el coste de las materias primas para alimentación animal, que suponen buena parte del gasto de las explotaciones de ganado de las Islas”. “Responde a un compromiso del Ejecutivo canario, ya cumplido”, agregó.

El Gobierno autoriza al Servicio Canario de Empleo el pago de cinco millones de euros para La Palma

A través del acuerdo del Servicio Canario de Empleo (SCE) con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) se han destinado 4.998.413,50 euros a los distintos Ayuntamientos de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes autorizar al Servicio Canario de Empleo (SCE) para poder otorgar subvenciones directas por importe superior a 150.000 euros a los Ayuntamientos de La Palma en el marco de colaboración entre el SCE y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Las ayudas, concedidas en el último trimestre del pasado año, están dirigidas a la puesta en marcha de proyectos de reestructuración, rehabilitación, así como a la atención social y laboral en la isla.

A través de esta medida extraordinaria y urgente, como consecuencia de la erupción volcánica, se pretende la reducción de desempleo con cargo al Plan Integral de Empleo de La Palma, que destinó el pasado ejercicio 4.998.413,50 euros a los ayuntamientos de Garafía, Breña Alta, Breña Baja, Barlovento, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Fuencaliente, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe y Villa de Mazo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado cuenta de las subvenciones directas superiores a 150.000 euros otorgadas en 2023, a través de la Consejería de Turismo y Empleo y la Presidencia del SCE, a corporaciones locales y otras entidades por importe de 3.991.541,63 euros. Las ayudas se han destinado a financiar los proyectos de empleo puestos en marcha por las entidades beneficiarias, que son el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Consistorio de los Llanos de Aridane y la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET).