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Canarias reclama una mayor implicación del Estado y la Unión Europea en la gestión del ciclo integral del agua

 

El Gobierno participa en el Spain Smart Water Summit, el mayor encuentro en materia hidráulica en España, y destaca la vinculación de la seguridad hídrica en la promoción de la cohesión territorial y el desarrollo socioeconómico

 

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha reclamado una mayor implicación del Estado y la Unión Europea en el desarrollo de las políticas de aguas en el Archipiélago. Esta petición ha sido realizada en el marco del Spain Smart Water Summit, el mayor foro anual de la gestión del agua, que se celebra estos días en Madrid.

En su comparecencia, el director de la Unidad del Agua de los fondos Next Generation, Fernando Azcárate, explicó que “Canarias es un territorio frágil, fragmentado y alejado del Continente, que requiere una especial atención para garantizar su seguridad hídrica, muy vinculada a la cohesión territorial y al desarrollo socioeconómico de las Islas”.

El Spain Smart Water Summit reúne desde el pasado 29 de septiembre y hasta hoy, 1 de octubre, a expertos de todo el país en el ámbito público y privado, para poner sobre la mesa las tendencias y proyectos sobre el futuro de la gestión del ciclo del agua. En la tarde de ayer y en este contexto, Azcárate expuso cómo Canarias está afrontando los principales desafíos desde el punto de vista de un territorio “especialmente sensible, con una elevada dependencia de la desalación y un sistema competencial también fragmentado, divido en siete consejos insulares”, explicó.

El director de la Unidad de Aguas de los fondos Next Generation aprovechó para hablar sobre las medidas que Canarias puso en marcha a partir de 2023 para mitigar los efectos de la sequía, y cómo ha puesto al día su planificación, en tiempo récord, como base para seguir avanzando en garantizar el agua en todo su territorio. “El reto de Canarias ya no es únicamente producir agua, es garantizarla de forma eficiente, sostenible y resiliente, en todas las islas y para las próximas generaciones”, ha asegurado, “ya que sin seguridad hídrica no hay cohesión territorial, ni desarrollo socioeconómico, ni capacidad para afrontar el cambio climático”.

El técnico del Gobierno de Canarias ha expuesto los datos del “esfuerzo financiero que hacen las administraciones de las islas, con el Ejecutivo autonómico al frente, para alcanzar dicho objetivo”, y ha señalado que este esfuerzo “no puede entenderse sin otro de, al menos, igual magnitud, por parte del Estado y la Unión Europea, donde Canarias tiene una especial significación al ser región ultraperiférica”.

Azcárate puso el foco en el proceso de digitalización del sistema y en las nuevas exigencias en materia de saneamiento para, a continuación, señalar los cinco principales hitos sobre los que destaca la política de aguas en las islas: planificar, invertir, cooperar, digitalizar y anticipar. “El objetivo -añadió- es alcanzar esa seguridad hídrica que permita reducir la dependencia de un clima cada vez más difícil de predecir”.

Las administraciones se unen para reforzar la vigilancia y acotar la presión sobre el territorio de Fuerteventura

 La actividad inspectora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural alcanza los 259 expedientes en 2026, frente a los 120 de 2023

Un macrooperativo conjunto realizado el pasado 15 de septiembre permitió realizar 64 inspecciones con indicios de infracción en cuatro municipios de la isla

Gobierno de Canarias, Cabildo, ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil suman medios y capacidades para proteger el territorio y avanzar en el restablecimiento de la legalidad

 

Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil han reforzado su coordinación para intensificar la vigilancia y protección del territorio de la isla ante el incremento de la actividad inspectora registrado en los últimos años. Las distintas administraciones han mantenido hoy una reunión en el Cabildo de Fuerteventura con los municipios afectados y han puesto en común las actuaciones en suelo rústico que se están desarrollando para detectar, tramitar y corregir las situaciones que incumplan la legalidad. En el transcurso del encuentro, se han expuesto los datos de inspecciones realizadas en un macrooperativo realizado el pasado 15 de septiembre de manera simultánea en cuatro municipios de la isla.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, y el comandante de la Guardia Civil, José Manuel Lebrón Moreno, han comparecido posteriormente para explicar el trabajo que están desarrollando de manera conjunta y trasladar un mensaje común: la protección del territorio requiere vigilancia constante, coordinación y capacidad de respuesta.

Los datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural reflejan una tendencia ascendente de su actividad inspectora. Entre 2023 y 2026 se han analizado 649 expedientes en Fuerteventura: 120 en 2023, 110 en 2024, 160 en 2025 y 259 en 2026, año que concentra el 40% del total.

Lola García destacó que Fuerteventura tiene en su territorio “uno de sus principales valores” y subrayó que su protección es una responsabilidad compartida. En este sentido, agradeció la colaboración del Gobierno de Canarias, la Agencia, los ayuntamientos, las policías locales y la Guardia Civil, así como el trabajo de los técnicos y agentes de Medio Ambiente del Cabildo.

La presidenta insular incidió en que ninguna administración puede afrontar por sí sola una realidad que afecta al conjunto de la isla y defendió la suma de competencias, medios y conocimiento para mejorar la vigilancia. “Frente a una presión que requiere una vigilancia constante, las administraciones estamos trabajando juntas”, señaló.

Por su parte, Manuel Miranda explicó que las principales actuaciones detectadas están relacionadas con la ocupación y transformación del suelo. Las instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados o casas prefabricadas representan el 35,7% de los expedientes; las obras sin licencia, ampliaciones, viviendas y otras estructuras suponen el 30%, mientras que los vertidos, residuos, acopios y abandono de materiales representan otro 14,1%. En conjunto, estas tres tipologías concentran más del 70% de los expedientes analizados entre 2023 y 2026.

Por municipios, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje concentran más del 85% de la actividad inspectora registrada durante este periodo. Estos datos, señaló el consejero, hacen necesario mantener una vigilancia permanente y reforzar la coordinación entre las administraciones que tienen competencias y responsabilidades en la protección del territorio.

Una muestra de esta coordinación fue el operativo extraordinario desarrollado el pasado 15 de septiembre, coordinado por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y en el que participaron técnicos de la Agencia, agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, efectivos del SEPRONA y las policías locales de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje.

Las inspecciones se desarrollaron de manera simultánea en los cuatro municipios y permitieron realizar un total de 64 inspecciones con indicios de infracción. En estos momentos están pendientes de emisión las correspondientes denuncias por parte de los cuerpos actuantes y de su posterior tramitación.

Miranda agradeció el trabajo de los técnicos, agentes y policías que participan en estas actuaciones y destacó que la protección del territorio requiere conocimiento técnico, presencia sobre el terreno y coordinación entre las distintas administraciones. El Gobierno de Canarias trasladará a los medios de comunicación material gráfico y audiovisual del operativo del 15 de septiembre, tanto fotografías como imágenes en vídeo.

La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, explicó que de los 649 expedientes analizados entre 2023 y 2026, 549 se encuentran en curso y 100 han sido archivados. Ortega precisó que el archivo de un expediente no significa necesariamente que haya desaparecido la situación que motivó la actuación, ya que en una parte de los casos la Agencia carece de competencia material y remite la actuación a la administración que sí es competente.

La directora incidió especialmente en la importancia del restablecimiento de la legalidad como uno de los objetivos de la actuación inspectora. En la revisión realizada por los servicios de Actuaciones Previas y Disciplina Urbanística de la Agencia se han identificado y documentado 26 restablecimientos voluntarios entre 2023 y 2026: 15 en Puerto del Rosario, siete en La Oliva, dos en Pájara, uno en Tuineje y uno en Antigua.

Ortega destacó que la inspección y la disciplina territorial deben servir también para conseguir que las actuaciones irregulares se corrijan y que la coordinación entre administraciones resulta fundamental en todas las fases: desde la detección y la tramitación hasta la determinación de las competencias y el restablecimiento de la legalidad cuando corresponda.

Por parte de la Guardia Civil, el comandante de la Guardia Civil José Manuel Lebrón Moreno destacó la importancia de la colaboración entre los distintos organismos que participan en la vigilancia y protección del territorio. El operativo del 15 de septiembre, señaló, constituye un ejemplo de esta coordinación, con la participación conjunta de técnicos de la Agencia, agentes de Medio Ambiente del Cabildo, efectivos del SEPRONA y las policías locales de los cuatro municipios implicados.

Cada cuerpo y cada administración aporta sus propios medios y conocimientos, de manera que la suma de capacidades permite desarrollar una labor de vigilancia más coordinada sobre el territorio. La Guardia Civil trasladó su compromiso de continuar colaborando con las administraciones competentes en aquellas actuaciones destinadas a la protección del medio ambiente y del territorio de Fuerteventura.

Las administraciones participantes hicieron también un llamamiento a la ciudadanía para contribuir a la protección del territorio y evitar actuaciones que puedan deteriorarlo o incumplir la normativa. Miranda subrayó que, junto a las actuaciones de inspección que seguirán desarrollándose, es necesaria la colaboración ciudadana para hacer frente a esta realidad.

Lola García cerró la comparecencia destacando que “proteger el territorio requiere inspección, coordinación y actuación” y subrayó que el objetivo compartido es seguir mejorando la vigilancia, reforzar la coordinación y avanzar en el restablecimiento de la legalidad cuando corresponda.

Política Territorial y Gesplan analizan nuevas líneas de apoyo a las corporaciones municipales

La empresa pública trabaja en la especialización de servicios relacionados con la planificación territorial y ambiental, las emergencias, el bienestar animal, la economía circular y los proyectos e infraestructuras

 

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y la empresa pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.) han mantenido recientemente una reunión de trabajo para hacer balance de la evolución de la sociedad y analizar nuevas líneas de apoyo técnico dirigidas a los municipios y a otras entidades públicas de Canarias.

El encuentro contó con la participación del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, y el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, en el marco del seguimiento de las principales líneas de actuación de la empresa pública y de su adaptación a las necesidades actuales de las administraciones canarias.

Durante la reunión se abordó especialmente la evolución y especialización de los servicios que Gesplan puede poner a disposición de los municipios en ámbitos que requieren conocimiento técnico específico y capacidad de gestión, como la planificación territorial y ambiental, las emergencias, el bienestar animal, la economía circular, los proyectos e infraestructuras y la gestión ambiental.

El objetivo es reforzar la capacidad de apoyo de la empresa pública a los ayuntamientos y otras entidades que necesiten asistencia para desarrollar proyectos y actuaciones de interés público.

El consejero Manuel Miranda destacó que “Gesplan cuenta con un conocimiento técnico muy amplio en ámbitos que son fundamentales para la gestión del territorio y que puede resultar de gran utilidad para los municipios”.

En este sentido, señaló que “el objetivo debe ser que esa capacidad esté al servicio de las administraciones y que pueda contribuir a facilitar proyectos y actuaciones que, en muchos casos, requieren recursos técnicos especializados”.

Miranda puso también el acento en la diversidad de las necesidades de los municipios canarios y en la importancia de que las administraciones puedan disponer de herramientas de apoyo adecuadas a cada realidad. “No todos los municipios tienen las mismas capacidades ni afrontan los mismos retos, por lo que disponer de una empresa pública con conocimiento especializado permite complementar los recursos de las administraciones cuando sea necesario”, afirmó.

 

Retorno de la actividad al tejido empresarial canario

La actividad de Gesplan tiene también un impacto directo en el tejido empresarial de Canarias a través de la contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus proyectos.

Actualmente, alrededor del 30% de la inversión de Gesplan revierte directamente en el tejido empresarial canario, y de los aproximadamente 1.500 proveedores con los que trabaja la empresa pública, unos 1.200 son empresas y profesionales del Archipiélago.

Estos datos reflejan la capacidad de la empresa pública para generar actividad económica en el territorio y favorecer la participación de empresas y profesionales locales en el desarrollo de proyectos vinculados a las administraciones públicas.

 

Especialización y nuevas capacidades

Durante el encuentro se analizó la evolución de las distintas áreas de Gesplan y el proceso de especialización desarrollado en los últimos años, con la reorganización y creación de direcciones vinculadas a ámbitos que han adquirido una especial relevancia.

Entre estas áreas se encuentran Emergencias, Bienestar Animal y Economía Circular, junto con las direcciones relacionadas con la planificación territorial, los proyectos e infraestructuras y la gestión ambiental.

Esta especialización permite concentrar conocimiento y capacidades técnicas para dar respuesta a encargos y proyectos cada vez más diversos, al tiempo que facilita el desarrollo de servicios de apoyo a las administraciones públicas.

La empresa pública también está avanzando en la digitalización de sus procesos, la gestión del dato y la modernización de sus herramientas de gestión, con el objetivo de mejorar la planificación y el seguimiento de los proyectos y disponer de información más útil para la toma de decisiones.

 

Proyectos europeos y cooperación

Otro de los ámbitos analizados fue la participación de Gesplan en proyectos europeos y actuaciones de cooperación e internacionalización, que permiten incorporar conocimiento y experiencias de otros territorios y ampliar las oportunidades de colaboración para las administraciones canarias.

Esta proyección exterior se complementa con la capacidad de la empresa para trabajar en el conjunto del territorio y prestar apoyo especializado a administraciones con necesidades diversas.

La reunión sirvió, en definitiva, para analizar las capacidades que Gesplan ha consolidado y las nuevas líneas de trabajo orientadas a reforzar el apoyo técnico a los municipios y otras entidades públicas, mejorar la gestión de los proyectos y contribuir, al mismo tiempo, a generar actividad y conocimiento en el tejido económico de Canarias.

Canarias abre a la participación pública el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico

El Gobierno impulsa una regulación que integra en un único texto las normas sobre dominio público hidráulico, aprovechamientos, vertidos y régimen sancionador

 

El Gobierno de Canarias ha abierto el proceso de participación pública para la elaboración del nuevo Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, una norma que permitirá actualizar y reunir en un único texto la regulación autonómica sobre el dominio público hidráulico, el control de vertidos y el régimen sancionador en materia de aguas.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explica que “no estamos ante una simple actualización administrativa, sino ante la oportunidad de poner al día las reglas con las que gestionamos un recurso estratégico para Canarias”. En este sentido, señala que el objetivo es contar con «un marco único, más claro y adaptado a la realidad actual de Canarias, que permita gestionar mejor el dominio público hidráulico, proteger nuestros recursos y ofrecer mayor seguridad jurídica a ciudadanos, administraciones y usuarios del agua”.

La propuesta parte de un marco normativo que actualmente se encuentra repartido, principalmente, entre tres reglamentos aprobados en 1993, 1994 y 2002. El nuevo texto pretende integrar esta regulación y adaptarla a las necesidades actuales de gestión del agua en el Archipiélago.

El director general de Aguas, José García Leal, destaca que la revisión “va más allá de reunir en un único texto normas que hasta ahora estaban dispersas”. A su juicio, “el objetivo es disponer de una herramienta normativa que responda a cómo se gestiona hoy el agua en Canarias. Tenemos nuevas necesidades, nuevas tecnologías y nuevos retos ambientales que requieren procedimientos más claros y una regulación capaz de acompañar esa realidad”.

Añade que esta actualización permitirá también “poner al día la regulación canaria en relación con las exigencias y normativas europeas en materia de agua y protección ambiental, incorporando los cambios que se han producido en los últimos años”.

El proceso entra ahora en una nueva fase con la apertura de los trámites de audiencia e información pública, durante un plazo de un mes, tras la publicación hoy, 17 de septiembre, del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El plazo, superior a los siete días previstos para los procedimientos tramitados por vía de urgencia, permitirá ampliar la participación en una norma que supera los 350 artículos y sus anexos técnicos.

Esta fase llega después de una primera consulta pública previa, desarrollada entre el 6 y el 25 de marzo a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y mediante consultas específicas a administraciones, órganos y entidades con incidencia competencial o sectorial en materia de aguas. Durante este proceso se recibieron 17 aportaciones, que fueron admitidas y valoradas para su consideración en la elaboración del borrador.

El procedimiento para la elaboración y aprobación del nuevo Reglamento se inició formalmente mediante la Orden 186/2026, de 21 de julio, que declaró además la urgencia de su tramitación.

El futuro Reglamento sustituirá e integrará principalmente la normativa contenida en el Decreto 86/2002, por el que se aprobó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico; el Decreto 174/1994, que regula el control de vertidos para la protección del dominio público hidráulico; y el Decreto 276/1993, relativo al régimen sancionador en materia de aguas.

El borrador aborda un amplio conjunto de materias relacionadas con la gestión del agua, desde la organización y las competencias de las administraciones hasta la protección de los cauces y las aguas subterráneas, la desalación y las comunidades de usuarios. También contempla los vertidos y la depuración, la reutilización y regeneración del agua, las obras hidráulicas y su seguridad, la inspección y el régimen sancionador, así como el registro, la gestión de datos y la digitalización de los procedimientos.

Entre las cuestiones que se someterán a debate figuran la delimitación y protección de los cauces, las zonas inundables, la gestión de galerías y pozos, la salinización y las salmueras, la producción industrial de agua, los microcontaminantes y PFAS, la reutilización de agua regenerada, la seguridad de presas y balsas y la actualización del régimen de infracciones y sanciones.

Las aportaciones podrán presentarse durante un mes a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias o por cualquiera de los medios previstos legalmente. De forma paralela se desarrollará el proceso de participación sectorial previsto en la Orden 186/2026.

Una vez finalizadas las fases de información pública, audiencia, consultas y participación activa, el Gobierno elaborará un informe integrador de todas las aportaciones recibidas. Este documento servirá de base para la redacción definitiva del Proyecto de Decreto por el que se aprobará el nuevo Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias.

Gobierno y FECAM impulsan unas jornadas para acercar la Estrategia Canaria de Reto Demográfico a los municipios

Las sesiones de formación tendrán modalidad online, serán impartidas por especialistas en el planeamiento del Archipiélago y estarán dirigidas a personal técnico y político de los ayuntamientos canarios

 

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han acordado impartir unas jornadas de formación y participación dirigidas a los ayuntamientos para acercar la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial al ámbito local, con el objetivo de incorporar el conocimiento de los técnicos que trabajan cada día sobre el territorio.

La iniciativa fue presentada en un encuentro de trabajo en el que también participó la empresa pública Gesplan, quien desarrolla el Plan de Acción e impartirá las jornadas formativas.

En el encuentro estuvieron presentes en representación del Gobierno de Canarias la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz; por parte de la FECAM, su presidenta Mari Brito; y en el ámbito técnico, personal de Gesplan y de la propia consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

El programa de formación contempla cuatro jornadas en modalidad online, con una duración aproximada de cuatro horas cada una y la previsión es que se imparta por ámbitos territoriales y en tres bloques: La Palma, La Gomera y El Hierro; Lanzarote y Fuerteventura;  y Tenerife y Gran Canaria.

La formación estará dirigida principalmente a responsables políticos y técnicos municipales vinculados a áreas como planificación, territorio, vivienda, servicios públicos, desarrollo local, movilidad o políticas sociales, con el objetivo de que las jornadas no se limiten a explicar únicamente la Estrategia, sino que sirvan también para contrastarla con la realidad de cada municipio. Así, los ayuntamientos podrán identificar sus principales necesidades, matizar el diagnóstico territorial y demográfico y trasladar aquellas cuestiones que requieren una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.

“Queremos que la Estrategia se aplique contando con quienes mejor conocen la realidad de cada municipio. No se trata solo de trasladar un diagnóstico a los ayuntamientos, sino de contrastarlo, escuchar y trabajar conjuntamente sobre las necesidades reales del territorio”, explicó Onán Cruz.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, valoró “muy positivamente estas jornadas de formación, que nos permitirán seguir avanzando y trabajando de manera conjunta para mejorar la estrategia de Canarias frente al reto demográfico, en las que los municipios desempeñamos un papel fundamental”. Asimismo, agradeció a la Consejería de Política Territorial y a Gesplan “que cuenten con la voz de los municipios y favorezcan estos espacios de diálogo y trabajo conjunto, imprescindibles para abordar el reto demográfico desde la realidad y las necesidades de cada territorio”, finalizó.

Las sesiones combinarán exposiciones breves con formularios, encuestas online, intervenciones de los participantes y trabajo en salas virtuales. Además, la metodología está pensada para que los municipios tengan un papel activo durante toda la jornada y para que las aportaciones que realicen puedan incorporarse después al seguimiento de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico.

El contenido se dividirá en cuatro grandes bloques. El primero servirá para conocer y contrastar la realidad demográfica y territorial de cada municipio; el segundo se centrará en identificar y priorizar necesidades; el tercero analizará qué respuestas ofrece la Estrategia y su Plan de Acción; y el cuarto abordará aquellas cuestiones que necesitan cooperación entre municipios o una respuesta supramunicipal.

Una parte importante del trabajo estará dedicada a las Áreas Funcionales y a las Zonas de Intervención Prioritaria incorporando la visión de la Canarias de los 15 minutos. A través de estas herramientas se analizará cómo accede la población a los servicios esenciales, qué relaciones existen entre núcleos y municipios y dónde se concentran los principales problemas u oportunidades que aconsejan actuar de manera coordinada.

Antes de cada sesión, los ayuntamientos recibirán una ficha con información sobre su realidad municipal y podrán cumplimentar un formulario previo para señalar necesidades, prioridades y actuaciones ya en marcha, que durante las jornadas podrán contrastar con los propios participantes.

Este trabajo permitirá también poner en relación las necesidades detectadas con las medidas previstas en el Plan de Acción y conocer qué iniciativas municipales ya están contribuyendo a los objetivos de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial.

La intención es que la participación municipal tenga continuidad una vez finalicen las jornadas. La propuesta contempla avanzar junto a la FECAM en mecanismos de seguimiento y coordinación que permitan actualizar necesidades, compartir dificultades y reforzar la colaboración entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico.

Tras la celebración de las cuatro sesiones se recopilarán y sistematizarán las aportaciones recibidas y se trasladarán las principales conclusiones a los municipios participantes y a la FECAM para incorporarlas al desarrollo y seguimiento de la Estrategia.

El Gobierno de Canarias continúa trabajando para avanzar en el equilibrio poblacional, situando el reto demográfico y la cohesión territorial entre los principales ejes de actuación impulsados por el  Ejecutivo autonómico desde el inicio de la legislatura.

Canarias reclama una financiación en materia de aguas acorde con las necesidades de las islas

El Ejecutivo considera insuficientes los 20 millones de euros anuales que el Estado destina actualmente a la Comunidad Autónoma para afrontar las necesidades de inversión de las islas y reclama la recuperación del convenio de obras hidráulicas

 

El Gobierno de Canarias ha reclamado al Estado una actualización de los mecanismos de financiación destinados a la gestión del agua para poder afrontar las inversiones necesarias durante la próxima década y hacer frente al incremento de los costes energéticos del sector.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, trasladó esta reivindicación durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, donde recordó que la financiación estatal destinada al agua no se ha adaptado a la evolución de los costes ni a las nuevas necesidades de las islas.

En concreto, los 8,5 millones de euros anuales del REF destinados a abaratar el coste de producción de agua permanecen en la misma cuantía desde 2019, pese al incremento de los costes energéticos.

A ello se une que la planificación acordada con los consejos insulares contempla 127 actuaciones declaradas de interés general por un importe de 1.400 millones de euros, destinadas a mejorar el abastecimiento a la población y al sector primario, completar las redes de saneamiento, mejorar la depuración y reforzar la protección frente a inundaciones.

El consejero insistió en que esta planificación debe ir acompañada de certezas respecto a la financiación, ya que las administraciones canarias no pueden afrontar en solitario el volumen de inversiones que requiere el sistema.

“Las administraciones canarias no pueden seguir haciendo frente solas a unas necesidades de inversión de esta magnitud”, afirmó.

Frente a este escenario, el Gobierno de Canarias ha reforzado su inversión en materia hidráulica mediante dos vías: el auxilio a ayuntamientos y cabildos para que puedan ejecutar sus propios proyectos y el desarrollo de actuaciones estratégicas lideradas directamente por el Ejecutivo autonómico.

A través de subvenciones, se han movilizado más de 30 millones de euros para que las administraciones locales e insulares puedan ejecutar actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración y mejora de las redes. Son actuaciones que se extienden por todo el Archipiélago.

A estas ayudas se suman los proyectos estratégicos liderados directamente por el Gobierno de Canarias, que superan los 70 millones de euros de fondos propios y alcanzan unos 150 millones de euros de inversión total. El objetivo es actuar sobre infraestructuras esenciales y contribuir, también a través de la gestión del agua, a la cohesión territorial de Canarias.

El Gobierno de Canarias subraya así que la política hidráulica está llegando a todas las islas mediante una combinación de inversiones propias y apoyo a las administraciones insulares y municipales, con el propósito de mejorar las infraestructuras existentes y garantizar una gestión del agua adaptada a las necesidades de cada territorio.

El Gobierno autonómico considera que la próxima década será especialmente relevante para el sistema hidráulico de Canarias. La combinación de un escenario climático más exigente, el incremento de los costes energéticos y las nuevas obligaciones ambientales europeas obligan, según el Ejecutivo, a completar las infraestructuras pendientes y avanzar hacia un modelo de producción y gestión del agua más eficiente y sostenible.

Política Territorial refuerza el papel de GRAFCAN en la planificación y protección del territorio de Canarias

Manuel Miranda y Juan Manuel Poveda abordan la consolidación de la compañía y el refuerzo de sus servicios de información y análisis territorial

 

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y la empresa pública GRAFCAN han mantenido una reunión de trabajo para hacer balance de la evolución de la sociedad y abordar sus principales retos y líneas de actuación hasta 2027.

El encuentro estuvo encabezado por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, y el director de GRAFCAN, Juan Manuel Poveda, que analizaron la situación actual de la empresa pública y las prioridades para continuar consolidando su posición como herramienta estratégica del Gobierno de Canarias para el conocimiento y la gestión del territorio.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destacó que “GRAFCAN es una herramienta estratégica para Canarias porque nos permite conocer mejor nuestro territorio y disponer de información rigurosa para tomar decisiones más rápidas y eficaces”.

En este sentido, el consejero puso en valor la capacidad de la empresa pública para “transformar los datos y la información territorial en herramientas útiles para la toma de decisiones”, y señaló que el objetivo del Gobierno de Canarias es “seguir consolidando una GRAFCAN moderna, solvente y preparada para responder a las nuevas necesidades de las administraciones y de la sociedad canaria”.

“Tenemos ante nosotros retos importantes, como la adaptación al cambio climático, la gestión de los riesgos naturales, la protección del territorio o el reto demográfico, y necesitamos disponer de la mejor información posible para afrontarlos”, añadió.

Durante la reunión, el responsable de GRAFCAN presentó las líneas de trabajo previstas en el marco de su Plan Estratégico 2022-2027 y de su Instrumento de Planificación Estratégica-Financiera (IPE 2025-2027), con el objetivo de avanzar en la consolidación económica, jurídica y organizativa de la sociedad.

Entre las prioridades se encuentra mantener la evolución positiva de sus resultados, culminar el desarrollo del marco normativo del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN), iniciado con el Reglamento del Consejo Cartográfico de Canarias, y continuar adaptando la estructura y el modelo de talento de la empresa a las necesidades actuales.

La reunión permitió también poner en común la evolución de los servicios de mayor valor que GRAFCAN presta al Gobierno de Canarias. Entre ellos destacan el desarrollo de IDECanarias y de los visores insulares, el Observatorio del SITCAN, el visor del Reto Demográfico, el control de los cambios territoriales para la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la información sobre el litoral y el desarrollo de APIs que facilitan la interoperabilidad y el acceso a la información territorial por parte de las distintas consejerías.

 

 

Una herramienta estratégica ante las emergencias

Uno de los ámbitos que se pretende reforzar es la capacidad de GRAFCAN para proporcionar información, análisis y cuadros de mando que faciliten la toma de decisiones ante situaciones de emergencia.

Esta capacidad ya ha demostrado su utilidad en diferentes actuaciones desarrolladas en Canarias, como la respuesta al incendio de Tenerife, el seguimiento y control de la filoxera, los simulacros vinculados a una posible erupción del Teide o el cálculo de caudales de avenida.

En este sentido, GRAFCAN plantea consolidar estas capacidades como una de sus principales aportaciones a la seguridad, la prevención y la gestión del territorio, poniendo el conocimiento y la información geográfica al servicio de la planificación y de la respuesta de las administraciones públicas.

El encuentro entre la Consejería de Política Territorial y GRAFCAN se enmarca así en el seguimiento de las líneas estratégicas de las empresas públicas y en la coordinación de sus actuaciones con las prioridades del Gobierno de Canarias, con el objetivo de seguir mejorando los servicios de información territorial y su utilidad para la toma de decisiones públicas.

Política Territorial impulsa una oficina técnica de apoyo a municipios reto para saneamiento y depuración

 La aplicación de una nueva directiva europea va a endurecer, a partir de finales de 2027, las obligaciones respecto al tratamiento de aguas residuales urbanas

El Gobierno gestiona más de 60 millones de euros en diferentes obras estratégicas para mejorar las redes de saneamiento y las infraestructuras de depuración de aguas

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado esta mañana la futura creación de una oficina técnica de apoyo a aquellos ayuntamientos que tengan que afrontar proyectos relacionados con el saneamiento y la depuración de aguas. Miranda ha vinculado esta iniciativa con la necesidad de “impulsar el cumplimiento de las medidas cada vez más exigentes en materia de tratamiento de aguas residuales, que muchos municipios de Canarias, sobre todo los de menores recursos económicos y humanos, no pueden afrontar”.

Manuel Miranda ha recordado que las competencias en esta materia son, en líneas generales, de los ayuntamientos, aunque ha indicado que, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la ley establece que sean los consejos insulares los que las asuman. El consejero ha señalado que la legislación europea “se ha ido endureciendo y Canarias debe seguir incorporando nuevos mecanismos para cumplir las exigencias de una normativa cada vez más exigente con el medio natural, con la que estamos plenamente de acuerdo”.

Se ha referido, en concreto, a la transposición de la Directiva europea 2024/3019, que se encuentra en periodo de alegaciones y que será aprobada en el segundo semestre de 2027. Esta directiva, entre otras obligaciones, rebaja los mínimos de cumplimiento por población para todo el territorio europeo, “sin tener en cuenta las condiciones desiguales que se dan en el Archipiélago”.

Entre estas condiciones, ha citado la existencia de redes de colectores en medianías y núcleos dispersos, los kilómetros de conducciones, los bombeos necesarios y las afecciones a barrancos y espacios protegidos. Miranda ha explicado que “Canarias comparte plenamente los objetivos ambientales de la Directiva, no pedimos menos protección, ni excepciones generales, pero sí un régimen de aplicación propio, motivado y verificable”.

Por esta razón, ya se ha trasladado al Gobierno de España esta especial necesidad de Canarias, para dar a conocer que “las circunstancias especiales del Archipiélago requieren un tratamiento diferenciado, además de un extra de financiación, precisamente siguiendo la filosofía del artículo 349 del Tratado fundacional de la Unión Europea”.

El objetivo es que “se incorpore una disposición adicional en esa directiva que atienda a las especificidades de las RUP, se diseñe un Plan Canario de adaptación a la directiva, se analicen los sistemas individuales de saneamiento y depuración como una posible solución frente a la dispersión y se elabore un calendario realista con una ficha financiera adecuada”.

Además de las primeras reuniones con el MITECO, el consejero ha anunciado próximos encuentros con los consejos insulares y la creación de una “oficina de apoyo técnico a los municipios, sobre todo a los de menor población, para impulsar las políticas en materia de saneamiento y depuración”, que funcionaría “de manera similar a la que se puso en marcha en el plano técnico-urbanístico y que ha sido un éxito entre los pequeños municipios de Canarias”.

Miranda ha recordado que, mientras se lleva a cabo este proceso, este Gobierno “gestiona alrededor de 70 millones de euros en diferentes proyectos estratégicos en todas las islas, fondos procedentes de diferentes administraciones, que permitirán mejorar el sistema de saneamiento y depuración”.

Ha puesto algunos ejemplos, como el nuevo sistema en La Graciosa, Playa Blanca (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura), San Blas (Tenerife), El Paso (La Palma), El Cotillo (Fuerteventura) o Valle Gran Rey (La Gomera).

Política Territorial otorga 2,3 millones en ayudas para actualizar el planeamiento de 17 ayuntamientos de las islas

Esta convocatoria, que no se desarrolló entre 2020 y 2023, supera ya los 8 millones de euros transferidos a las corporaciones municipales de las islas en esta legislatura

 

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias acaba de hacer pública la resolución de la convocatoria de ayudas al planeamiento municipal, por importe de 2,3 millones de euros, correspondiente al año 2026. De esta forma, un total de 17 ayuntamientos de las islas podrán actualizar la ordenación de sus municipios. De estos, 16 son municipios “reto demográfico”, es decir, cuentan con menos de 10.000 habitantes.

El consejero del área, Manuel Miranda, subraya que “disponer de un planeamiento actualizado es clave para garantizar el desarrollo social y económico de las islas, ya que proporciona las herramientas necesarias para ordenar el territorio y dar respuesta a las necesidades que plantea su desarrollo, como la creación de nuevos equipamientos o de más viviendas”.

Asimismo, destaca que “esta convocatoria, como todas las tramitadas en esta legislatura, tiene en cuenta las singularidades de los municipios menos poblados y con menos recursos, facilitando su acceso a estas ayudas”.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Canarias supera ya los ocho millones de euros destinados a los ayuntamientos de las islas en ayudas al planeamiento durante los tres últimos años, lo que pone de manifiesto su compromiso con la actualización de los instrumentos de ordenación municipal y con el apoyo a las administraciones locales para afrontar los retos de desarrollo de sus respectivos territorios.

La resolución del expediente, impulsado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, permite a 17 ayuntamientos actualizar su planeamiento en ámbitos como las modificaciones menores o sustanciales de planes generales, la redacción de nuevos planes generales de ordenación (PGO) y de planes especiales, o la elaboración de catálogos de diversos ámbitos. De los 17 municipios beneficiarios, 14 son de la provincia occidental y tres, de la oriental. Además, doce de los ayuntamientos beneficiados cuentan con menos de 5.000 habitantes, la mayoría de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Por importe, destacan los 240.655 euros que Vilaflor destina a la elaboración de diferentes fases del plan general; los 363.500 euros que Buenavista del Norte invertirá en diferentes documentos de su futuro plan general y los 177.913 euros que se emplearán en redactar el catálogo de bienes municipales en Agaete. Santa Úrsula, por su parte, dedica los 404.002 euros concedidos a una modificación sustancial de su planeamiento, mientras que Santa Lucía impulsa el documento de avance del plan general y el estudio ambiental estratégico con los 237.251 euros que le corresponden como subvención.

Miranda recuerda que, además del “enfoque reto demográfico” de esta convocatoria, el Gobierno de Canarias pone en marcha otros proyectos para atender a los municipios que más dificultades tienen para “alcanzar un grado óptimo de desarrollo social y económico”.

“Se trata de impulsar la cohesión territorial en las islas, compensando la carencia de recursos económicos y humanos con planes específicos, como la oficina técnica virtual, que supone un impulso definitivo desde 2025 a la tramitación de licencias, por ejemplo, en municipios de menos de 10.000 habitantes”.

Manuel Miranda entrega una decena de emisoras TETRA a Tuineje para reforzar la coordinación de las emergencias

Los nuevos terminales garantizan comunicaciones seguras y operativas incluso en situaciones críticas y refuerzan la capacidad de respuesta del municipio

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha hecho entrega hoy de una decena de equipos de comunicaciones TETRA al Ayuntamiento de Tuineje, a través de la Dirección General de Emergencias, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de los servicios municipales de Protección Civil y mejorar la coordinación ante cualquier situación de emergencia.

El acto, celebrado en la sede de Protección Civil de Gran Tarajal, contó también con la participación del alcalde de Tuineje, David Herrera, la consejera insular de Seguridad y  Emergencias, Lolina Negrín, así como representantes de la Agrupación de Protección Civil del municipio y la enlace insular de la Unidad de Apoyo a Emergencias, Rosa María Dodero Rodríguez.

La entrega de estos equipos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para consolidar la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias (RESCAN) como la red pública de comunicaciones de referencia para todos los servicios de protección civil y emergencias del archipiélago.

Los nuevos terminales TETRA permitirán a Protección Civil de Tuineje disponer de un sistema de comunicaciones seguro, robusto y específicamente diseñado para la gestión de emergencias, garantizando las comunicaciones incluso en aquellas situaciones en las que las redes convencionales puedan verse afectadas.

Durante el acto, Manuel Miranda destacó que “la seguridad de la ciudadanía depende en gran medida de que quienes intervienen en una emergencia puedan comunicarse de forma rápida, eficaz y sin interrupciones. Con esta entrega seguimos ampliando una red que conecta a todas las administraciones y que permitirá que Canarias cuente con un sistema de coordinación cada vez más sólido y eficiente”.

El consejero añadió que la expansión de RESCAN constituye “una apuesta estratégica del Gobierno de Canarias para que todos los servicios de emergencias hablen el mismo lenguaje y trabajen sobre una única red de comunicaciones, mejorando la coordinación y la capacidad de respuesta en cualquier punto del archipiélago”.

Por su parte, el alcalde de Tuineje, David Herrera, agradeció al Gobierno de Canarias la entrega de este material que “viene a sumar recursos a la línea de refuerzo en materia de Protección Civil que este gobierno municipal lleva desarrollando desde hace un tiempo”. “Los nuevos riesgos hay que afrontarlos con los recursos más modernos y, sobre todo, con una gran coordinación entre los diferentes intervinientes en la gestión de emergencias”, ha añadido. “Por este motivo”, ha concluido, “mejorar las comunicaciones es siempre una buena noticia para reforzar el sistema de protección civil en el municipio”.

La consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo, Lolina Negrín, agradeció al Gobierno de Canarias «por esta acción que pone la innovación al servicio de la ciudadanía y que permite reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, momentos en las que la comunicación entre dispositivos es crucial para salvar vidas».

La cesión de estos equipos forma parte del proceso de expansión de RESCAN, la red de comunicaciones de protección civil y emergencias del Gobierno de Canarias, que integra al resto de administraciones públicas y entidades colaboradoras. Esta infraestructura está llamada a convertirse en la principal red de coordinación de las emergencias en Canarias y garantiza, además, la comunicación directa con el CECOES 1-1-2 incluso cuando los sistemas convencionales puedan verse comprometidos.

La Dirección General de Emergencias continúa desarrollando este programa de cesión de terminales TETRA, especialmente dirigido a los municipios, con el fin de reforzar la interoperabilidad entre administraciones y seguir mejorando la respuesta ante las emergencias en todo el archipiélago.