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Canarias reclama una respuesta de Estado y europea ante la presión migratoria y refuerza sus recursos para menores

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino en el Parlamento para abordar la situación del Archipiélago

El Gobierno de Canarias ha reiterado hoy (martes 9) en sede parlamentaria que la gestión migratoria que afronta el Archipiélago constituye “el mayor reto humanitario, jurídico y político” al que se enfrenta la comunidad autónoma, y ha subrayado que se trata de una crisis estructural que solo puede abordarse desde “respuestas de Estado y respuestas europeas”.

Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para explicar la gestión migratoria. El Ejecutivo insistió en que la ruta canaria sigue siendo una de las más mortíferas del mundo, recordando que cada semana se registran llegadas con personas fallecidas y rescates en situaciones extremas. “No podemos normalizar estas tragedias. Detrás de cada cifra hay vidas, familias y proyectos truncados que nos interpelan como sociedad de acogida”, señaló Delgado.

A pesar de un descenso respecto al año anterior, 2024 cerró con más de 46.000 migrantes llegados a Canarias y, en lo que va de 2025, 16.824 personas han arribado al archipiélago, con un repunte significativo en las últimas semanas. Entre ellas, 2.280 menores no acompañados, una cifra superior al número de menores redistribuidos por el Estado hacia la Península.

En la actualidad, Canarias tutela 4.471 menores, “casi seis veces más que la capacidad ordinaria fijada por el propio Estado, lo que evidencia una situación insostenible sin una respuesta solidaria del conjunto del país”, indicó Candelaria Delgado.

La consejera de Bienestar Social detalló que el Gobierno ha destinado 190 millones de euros en 2025 a políticas migratorias, de los cuales 155,1 millones se dedican a la atención de menores no acompañados. La red autonómica cuenta con más de 80 centros y dispositivos, muchos de ellos abiertos en tiempo récord desde 2023, con equipos educativos, sanitarios y sociales que trabajan “al límite” para garantizar una atención digna. Asimismo, se han reforzado los equipos de tutela, tramitación de expedientes y coordinación con fiscalías, juzgados y fuerzas de seguridad para agilizar la documentación y mejorar la planificación.

 

Avances legislativos: nuevo régimen de contingencia migratoria

Candelaria Delgado destacó que Canarias “no solo ha pedido recursos”, sino que ha impulsado cambios normativos decisivos. Gracias a la presión política y técnica, el Estado aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que establece un sistema obligatorio de reparto de menores entre comunidades cuando se triplica la capacidad ordinaria, algo que Canarias “multiplica por seis”.

Este marco fija dos obligaciones claras: el traslado de nuevas llegadas en un máximo de 15 días y la distribución del exceso acumulado en un plazo de un año (marzo de 2026). Estos avances fueron posibles gracias a un amplio consenso del Parlamento canario y subrayó que “no fue un regalo de nadie, sino una conquista de toda Canarias”.

Delgado recordó que el Tribunal Supremo, a instancias del Gobierno de Canarias, ha emitido diversos autos que obligan al Estado a asumir su responsabilidad en la protección internacional de menores, y mencionó también la Sentencia 43/2025 del Tribunal Constitucional, que confirma que la inmigración “excede la capacidad de gestión de una comunidad autónoma”.

A día de hoy, 578 menores con protección internacional se encuentran en recursos estatales ubicados en la Península y en Canarias, mientras continúan los traslados a otras comunidades. El Gobierno ha remitido ya 497 expedientes de menores sujetos a contingencia. No obstante, advirtió que persisten problemas en la ejecución del decreto, ya que los traslados avanzan a un ritmo insuficiente para aliviar la presión sobre el archipiélago.

Candelaria Delgado abogó por mantener una agenda canaria compartida, especialmente en torno a la defensa del reparto solidario de menores entre comunidades, la suficiencia de la financiación estatal y la prioridad de la ruta atlántica en Europa. “Cada vez que Canarias habla con una sola voz, nuestra influencia se multiplica”, señaló el Gobierno, que se comprometió a reforzar la información parlamentaria y asumir propuestas de todos los grupos.

Además, la consejera de Bienestar Social recordó que la migración “no se mide solo en plazas o expedientes”, sino en la protección de la infancia y en la gestión responsable del miedo social: “Somos tierra de emigración y de acogida. Enfrentamos un reto difícil, pero debemos hacerlo con firmeza, humanidad y cohesión. Canarias merece apoyo, respeto y solidaridad del Estado y de Europa”.

Durante su intervención, Delgado indicó que Canarias ha logrado situar la ruta atlántica como prioridad en la agenda europea y ha impulsado programas de cooperación como Tierra Firme en Senegal, Mauritania y Gambia, orientados a ofrecer formación y oportunidades a jóvenes para reducir la migración irregular.

Asimismo, destacó la implantación del programa Canarias Convive, que unifica la estrategia autonómica de gestión migratoria y promueve la convivencia intercultural. Asimismo, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se establece un protocolo estable de información para que los ayuntamientos reciban comunicación previa ante la apertura de recursos y dispongan de canales fluidos de participación.

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Rodríguez presenta ante el Congreso de los Diputados el trabajo del Gobierno de Canarias con la infancia

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explicó, a petición de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, la actual situación de la población infantil canaria

En su intervención, Rodríguez expuso las medidas desarrolladas por el Ejecutivo canario en la atención y acogida de personas menores migrantes no acompañados

“El trabajo y compromiso de Canarias es poner a la infancia en el centro, no solo de las políticas públicas, sino del corazón mismo de nuestra sociedad”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en el marco de la intervención realizada ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, a petición de la Subcomisión sobre el estudio de un pacto de estado para la erradicación de la pobreza infantil.

En su intervención, Rodríguez realizó un recorrido sobre la actual situación de la infancia en Canarias sobre la que indicó que, en materia de pobreza, el Archipiélago mantiene una de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más elevadas de España, el 31,2 % en el índice Arope frente al 25,8 % nacional. “Esta situación afecta de manera especialmente intensa a la población infantil y adolescente, donde el índice es del 36,4 %. La cifra ha mejorad con respecto a años anteriores, pero muestra la repetición de un ciclo intergeneracional de pobreza que limita las oportunidades de desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

Además, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias afirmó que la atención a la población infantil canaria más vulnerable “se ve afectada por un fenómeno de alcance humanitario y estructural como es la llegada continuada de menores extranjeros no acompañados, situación que Canarias ha tenido que afrontar en solitario, llegando a atender a más de 5.000 menores migrantes no acompañados”.

“Esta realidad, aunque de distinta naturaleza, ha exigido una respuesta pública coordinada, basada en la protección de los derechos humanos y en los principios de solidaridad y corresponsabilidad institucional”, afirmó Rodríguez quien subrayó que la llegada continua de menores migrantes no acompañados representa “uno de los mayores desafíos humanitarios, sociales y administrativos a los que se enfrenta Canarias, España y Europa en la actualidad, porque estos niños y niñas llegan para quedarse”, aseguró Rodríguez.

Ante los retos planteados por esta realidad, el Gobierno de Canarias ha definido como objetivo estratégico prioritario la reducción de la pobreza infantil y la ruptura del ciclo intergeneracional de la exclusión social, “impulsando programas de preservación familiar orientados a prevenir la desprotección y fortalecer las capacidades parentales; mediación; o parentalidad positiva en el ámbito comunitario y apostando por programas como el acogimiento familiar, incrementando el banco de familias especializadas incluyendo aquellas con capacidades para atender a la infancia migrante”, afirmó Sandra Rodríguez.

Además, a estas medidas, ha sumado la tramitación de la nueva Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, “que actualizará nuestro marco jurídico con la creación de canales de participación infantil y adolescente”, así como la puesta en marcha de un sistema de seguimiento estadístico anual, coordinado con el Instituto Canario de Estadística, que permitirá evaluar indicadores clave como la tasa Arope infantil, la privación material severa, el abandono educativo temprano y el acceso a servicios básicos.

 

Más de 16.000 menores acogidos desde 2019

En su intervención ante la Subcomisión, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias explicó la situación de las Islas en materia de atención a menores migrantes no acompañados. A este respecto, indicó que, desde finales de 2019, Canarias ha acogido a más de 16.000 menores migrantes no acompañados. A fecha 30 de septiembre de 2025, 4.617 menores permanecían bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Un dato que choca con lo “algo más de 13.000 menores migrantes no acompañados acogidos en el resto del país”.

“Esto supone que Canarias sostiene el mayor número de menores migrantes atendidos del todo el Estado, superando con creces la capacidad inicial del sistema de acogimiento residencial canario, que fue concebido para atender a unos 1.700 menores, de los cuales apenas 200 eran extranjeros”, aseguró.

“Ante todo ello, Canarias ha afrontado en solitario el esfuerzo en la acogida y atención de estas chicas y chicos lo que se ha visto materializado en una inversión económica sin precedentes: casi 144 millones de euros en 2024, frente a los 68 millones de 2021” pero, “a pesar de estar afrontando esta situación en total soledad, el Gobierno de Canarias siempre ha planteado soluciones y alternativas solidarias y corresponsables a la atención de la infancia migrante, impulsando, entre otras, la modificación el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, con el fin de establecer un mecanismo de distribución solidaria entre comunidades autónomas y un marco financiero estable que garantice una atención digna y sostenible”.

“Asimismo, Canarias ha luchado por el derecho de aquellos menores migrantes solicitantes de la Protección Internacional, una competencia exclusiva del Estado que, ante la reiterada negativa del Gobierno central a asumir su obligación, con la excusa de que el sistema no estaba preparado para ello, Canarias tuvo que exigir judicialmente y llegar ante el Tribunal Supremo”, recalcó la responsable autonómica, “porque detrás de cada expediente hay una historia de vida: un niño que necesita atención temprana, una familia que lucha por sostenerse, una adolescente que busca su lugar, o un menor que, por fin, confía en que puede tener un futuro distinto”, concluyó Sandra Rodríguez.

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