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El Gobierno de Canarias exige al Estado que realice el triaje porque es una competencia estatal

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reclama al Estado que aporte los 100 millones de euros para llevar a cabo las acciones del Real Decreto Ley

Delgado asistió hoy (jueves 27) a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid

“El triaje y dotar a los menores migrantes no acompañados de la figura de un representante del menor, tal y como se contempla en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, es competencia del Estado y así lo hemos expuesto en la reunión de la Conferencia Sectorial”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien asistió hoy (jueves, 27) a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid.

Delgado, que estuvo acompañada por la secretaria general técnica de la consejería, Ángeles Bogas, recordó que desde el 12 de junio está vigente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyo artículo 8 contempla que el triaje, el proceso por el que se valora a cada menor migrante no acompañado en función de sus condiciones, es competencia exclusiva del Estado español, pudiéndose hacer en la frontera exterior o cerca de ésta o en otros lugares dentro de su territorio nacional. “Por eso entendemos que el Estado español puede trasladar desde Ceuta a esos menores hacia otras dependencias del Estado en territorio peninsular y hacerle allí el triaje”, enfatizó.

Por otra parte, la consejera regional recordó que para el desarrollo del Real Decreto Ley 2025 y su establecimiento en su artículo 5 y disposición adicionales donde se trasladaba a los menores migrantes extranjeros no acompañados hacia otras comunidades autónomas, se estableció la cantidad inicial por parte del Estado de 100 millones de euros y “en la defensa que hizo el Ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados dijo que iba a haber la suficiencia financiera para realizar esta labor. Por tanto, exigimos al Estado que ponga los medios económicos necesarios para llevar a cabo estas acciones del Real Decreto Ley”.

En esta Conferencia se abordó como principal asunto aprobar una dotación de 25 millones de euros a Ceuta con el fin de poder atender a los menores migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a principios de mes. A este respecto, Delgado mostró un apoyo total y absoluto hacia la ciudad autónoma de Ceuta, aunque aclaró que “el Estado debe acometer sus funciones y tiene los mecanismos suficientes para poder dar una solución ya a la situación que se vive de los menores migrantes en la ciudad autónoma”.

 

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Canarias reclama al Estado elevar la financiación para menores migrantes y recuperar la aportación de 100 millones

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado hoy (jueves 16) al Estado un incremento de la financiación destinada a la atención de menores migrantes no acompañados, al considerar insuficientes los fondos actualmente previstos para hacer frente a la situación de emergencia que mantiene el Archipiélago.

Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado defendió que el Gobierno central amplíe la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y recupere la aportación extraordinaria de 100 millones de euros que ya se destinó el pasado año para financiar la aplicación del real decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería.

Delgado argumentó que, aunque la prórroga presupuestaria dificulta la incorporación de nuevas partidas, existen precedentes que demuestran que el Estado puede habilitar financiación adicional, como ya ocurrió con el incremento de los fondos destinados al sistema de dependencia. En ese sentido, la consejera de Bienestar Social recordó que Canarias continúa en una situación de contingencia migratoria, al atender a un número de menores muy superior al establecido en el sistema de distribución. “Estamos acogiendo a más del triple de los 783 menores que nos corresponderían según los criterios de reparto, por lo que es necesario que la financiación estatal se adapte a la realidad asistencial que soporta Canarias”.

Asimismo, Candelaria Delgado trasladó al Ministerio su preocupación por la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya puesta en marcha será objeto de una conferencia sectorial específica la próxima semana. En concreto, solicitó que el Estado explique cómo se articulará la figura del defensor de los derechos del menor, prevista por la normativa europea para asistir a los menores migrantes no acompañados desde su llegada a las costas durante el proceso de identificación.

Delgado recordó que el Ministerio ha planteado en ocasiones que esa función pueda ser desempeñada por profesionales de la abogacía a través del sistema de justicia gratuita, pero advirtió de que las comunidades autónomas desconocen cómo se implantará este mecanismo y, especialmente, quién asumirá su financiación. Por ello, reclamó que las comunidades autónomas participen en el diseño del modelo y conozcan con antelación los criterios de aplicación del Pacto Europeo, al considerar imprescindible contar con seguridad jurídica y financiación suficiente antes de su entrada en funcionamiento.

Modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia

Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se abordó el modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia. Así, Delgado señaló que el Gobierno de Canarias está desarrollando una hoja de ruta para implantarlo con proyectos piloto, formación de profesionales y coordinación entre las distintas administraciones con el objetivo de integrarlo en el sistema de protección de la infancia y alinearlo con la legislación española de protección integral a la infancia (LOPIVI). En concreto, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria fue el primero de España especializado en la atención a menores víctimas de violencia y tras varios años funcionando como proyecto piloto, su eficacia y el elevado volumen de casos llevaron a su consolidación como sección especializada.

A partir de esta experiencia, el Gobierno de Canarias ha diseñado una hoja de ruta para extender el modelo Barnahus a todas las islas, creando espacios donde jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales trabajen de forma coordinada para reducir el impacto que el proceso judicial tiene sobre los menores. Además, se están incorporando recursos técnicos como sistemas de grabación de alta calidad para evitar que los niños tengan que repetir su testimonio y programas de intervención con perros de apoyo, que ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad durante las diligencias judiciales.

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