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El Gobierno de Canarias exige al Estado que realice el triaje porque es una competencia estatal

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reclama al Estado que aporte los 100 millones de euros para llevar a cabo las acciones del Real Decreto Ley

Delgado asistió hoy (jueves 27) a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid

“El triaje y dotar a los menores migrantes no acompañados de la figura de un representante del menor, tal y como se contempla en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, es competencia del Estado y así lo hemos expuesto en la reunión de la Conferencia Sectorial”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien asistió hoy (jueves, 27) a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid.

Delgado, que estuvo acompañada por la secretaria general técnica de la consejería, Ángeles Bogas, recordó que desde el 12 de junio está vigente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyo artículo 8 contempla que el triaje, el proceso por el que se valora a cada menor migrante no acompañado en función de sus condiciones, es competencia exclusiva del Estado español, pudiéndose hacer en la frontera exterior o cerca de ésta o en otros lugares dentro de su territorio nacional. “Por eso entendemos que el Estado español puede trasladar desde Ceuta a esos menores hacia otras dependencias del Estado en territorio peninsular y hacerle allí el triaje”, enfatizó.

Por otra parte, la consejera regional recordó que para el desarrollo del Real Decreto Ley 2025 y su establecimiento en su artículo 5 y disposición adicionales donde se trasladaba a los menores migrantes extranjeros no acompañados hacia otras comunidades autónomas, se estableció la cantidad inicial por parte del Estado de 100 millones de euros y “en la defensa que hizo el Ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados dijo que iba a haber la suficiencia financiera para realizar esta labor. Por tanto, exigimos al Estado que ponga los medios económicos necesarios para llevar a cabo estas acciones del Real Decreto Ley”.

En esta Conferencia se abordó como principal asunto aprobar una dotación de 25 millones de euros a Ceuta con el fin de poder atender a los menores migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a principios de mes. A este respecto, Delgado mostró un apoyo total y absoluto hacia la ciudad autónoma de Ceuta, aunque aclaró que “el Estado debe acometer sus funciones y tiene los mecanismos suficientes para poder dar una solución ya a la situación que se vive de los menores migrantes en la ciudad autónoma”.

 

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Canarias perpleja por requerimiento de Delegación del Gobierno para que designe representantes a menores migrantes

Ante la suspensión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, Candelaria Delgado ha acordado con la ministra Elma Sainz una reunión bilateral con el Ministerio el 26 de agosto

El Gobierno de Canarias ha manifestado su profunda perplejidad ante el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en el plazo de quince días, representantes temporales para menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje, bajo el apercibimiento de posibles actuaciones en caso de incumplimiento.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que acudió hoy (jueves 23 de julio) a Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración que finalmente fue suspendida por falta de cuórum, trasladó a la ministra Elma Sainz, con quien se reunió con posterioridad, que es especialmente llamativo que esta exigencia se formule sin que previamente se haya explicado a las comunidades autónomas el alcance de las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2024/1356 ni se hayan establecido los criterios comunes para su aplicación en todo el territorio nacional.

En la misma reunión, ambas administraciones acordaron celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para tratar todos los puntos del orden del día de esta convocatoria y cualquier otra que pudiera ser de interés para Canarias, con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional y dar respuesta a las necesidades específicas de Canarias como territorio frontera.

Candelaria Delgado señaló que Canarias va a responder a ese requerimiento “negándonos porque, entre otras cosas, no se ha establecido todavía por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje”.

La consejera de Bienestar Social explicó que “la semana pasada lo planteé en la conferencia sectorial de Infancia y la ministra y su equipo no tenían conocimiento de que desde la delegación del Gobierno en Canarias se hubiera hecho ese requerimiento. Les he aportado una copia del mismo y les he comunicado que estamos elaborando la contestación a ese requerimiento y que también se las haré llegar. Ella se ha comprometido a hablar con el ministro de Interior y la ministra de Infancia para establecer ese protocolo y definir cómo se tiene que actuar en esos triajes y que nos van a dar una respuesta en ese sentido”.

El Gobierno de Canarias tenía previsto preguntar en la Conferencia Sectorial de Inmigración -la primera convocada en aproximadamente dieciséis meses,- que el ministerio clarificase el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que se estableciese un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas para garantizar la coordinación institucional necesaria para su correcta aplicación, tal y como lleva meses reclamando de manera expresa y por escrito a los ministerios correspondientes, y como ya expresó en la pasada Conferencia Sectorial de Infancia.

Esta circunstancia resulta aún más sorprendente cuando la propia Administración General del Estado ha trasladado recientemente, a través de una nota de prensa, que «el principal impacto del Pacto se ha detectado en el ámbito de la Administración General del Estado» y que, «en el momento en que se concreten las implicaciones para las comunidades autónomas, se informará inmediatamente a estas y se tomarán las medidas de cooperación y coordinación necesarias para apoyarlas en la implementación del PEMA».

A juicio del Gobierno de Canarias, el requerimiento recibido plantea importantes interrogantes jurídicos y competenciales que deberían haber sido resueltos con carácter previo y de forma coordinada entre todas las administraciones implicadas.

En primer lugar, resulta necesario determinar qué administración es competente para designar al representante temporal del menor durante la fase de triaje, teniendo en cuenta que este procedimiento corresponde al Estado y que las competencias autonómicas en materia de protección de menores se activan una vez finalizado dicho proceso y determinada la minoría de edad de la persona.

Asimismo, Canarias considera necesario aclarar por qué se dirige este requerimiento a la comunidad autónoma cuando el propio Estado había comunicado que las implicaciones del nuevo Reglamento para las comunidades aún estaban pendientes de concretarse y que serían objeto de información y coordinación antes de su implementación.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico entiende que, si la Administración General del Estado ha constituido distintos grupos de trabajo para desarrollar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluido uno específico sobre el procedimiento de triaje, resulta imprescindible conocer si ya existe un protocolo de actuación común para todo el territorio nacional o si, por el contrario, se están exigiendo actuaciones a las comunidades autónomas antes de que ese marco haya sido definido.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias recuerda que siempre ha mostrado su máxima disposición a colaborar con el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en la correcta aplicación de la normativa europea. Precisamente por ello, considera que una materia de esta trascendencia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, y no mediante requerimientos unilaterales acompañados de advertencias sobre eventuales consecuencias jurídicas.

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Delgado pide a Ángel Víctor Torres que se implique en conseguir las plazas para los menores en la Península

La consejera ha desmentido al ministro y asegura que se están enviando expedientes de forma regular, 560 hasta el momento, y que solo se han firmado 269 resoluciones de reubicación

“Las resoluciones de traslado de los menores nos llegan sin que la comunidad autónoma de destino tenga la plaza”, aseguró hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien, junto a la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han atendido a los medios tras la reunión interadministrativa habitual de los martes para el traslado de menores con protección internacional.

La consejera ha solicitado que el Ministerio “trabaje con las comunidades autónomas la apertura de esas plazas y que antes de que los menores tengan una resolución de traslado se asegure que la comunidad autónoma tiene lugar donde reubicarlo. Sería lo más conveniente que, en el ámbito de sus competencias, Política Territorial facilitara ese diálogo con las comunidades receptoras para conseguir esas plazas en la Península y aportara la financiación necesaria para su mantenimiento”.

Candelaria Delgado ha pedido al ministro Ángel Víctor Torres que se conduzca con “la misma lealtad institucional con la que se ha comportado el Gobierno de Canarias, y no achaque a Canarias errores o fallos que no ha cometido. Si nos ponemos puristas, en lo que respecta a las nuevas llegadas, habría 521 menores que tendrían que haber salido ya de las Islas y que no lo han hecho porque las delegaciones del Gobierno no están teniendo la celeridad debida en la resolución de esos expedientes”.

A este respecto, la directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, ha explicado que el sistema es muy garantista con respecto “al derecho superior del menor. Pero esas mismas garantías están alargando los procedimientos, aunque Canarias esté cumpliendo con los cinco días de plazo que tiene para enviar a los menores a la Península”. Rodríguez ha insistido en que “estos menores son personas con sus circunstancias concretas, y no folios o expedientes que se puedan resolver a golpe de clic”.

Canarias mantiene la tutela de 4.389 menores migrantes no acompañados a fecha del 13 de enero de 2026. De ellos, aún están en Canarias 3.979; el resto, aunque tutelados, ha sido trasladado a la Península con estatus de protección internacional (410). En resumen, de Canarias han salido, por protección internacional, 410 menores; por la vía exprés han sido reubicados en la Península 106; y por la disposición adicional primera —aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia— solo 92 salidas. En total: 608.

Aunque la reducción del número de menores en las Islas es importante, aún sigue siendo preocupante la sobreocupación de recursos, ya que tan solo se ha aliviado porque el ritmo de llegadas no es, ni de lejos, la de años anteriores, y porque los menores que llegan, en un 80% son adolescentes que han ido cumpliendo la mayoría de edad.

Sandra Rodríguez ha reiterado que de, los 560 expedientes enviados a la Subdelegación del Gobierno por parte de Canarias, se han producido 269 resoluciones definitivas. “Nos gustaría saber por qué necesitan más, si aún casi tiene 300 por resolver, aunque nosotros seguimos enviando expedientes a diario”.

La directora ha recordado, sobre los menores de protección internacional, que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, como el Canarias 50, que aún los aloja en barracones. Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

“En definitiva, se procede con los traslados a un ritmo lento porque las comunidades autónomas no tienen plazas. El Estado no ha establecido la emergencia migratoria nacional, lo que supone que las comunidades autónomas tienen que abrir plazas para acoger a los menores ciñéndose al derecho administrativo común, con sus plazos y burocracia, lo que les permite alegar que no tienen lugar para la reubicación de los menores que se les asignan. Tampoco ha establecido la financiación de esas plazas. Dado que Política Territorial, dentro de sus competencias, no está estableciendo una negociación con esas comunidades autónomas para despejar estos inconvenientes, Canarias no puede enviar a los menores a plazas inexistentes, por mucho que se empeñe el Estado en que su expediente está resuelto. Hablamos de menores de edad, no de fardos”, aseguró.

 

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Delgado considera “inaceptable” que el Estado acuse a Canarias de ralentizar las salidas de menores con protección

Bienestar Social recuerda que es el Estado el que solicita a Canarias el traslado de menores en función del perfil de plazas de las que dispone

Aún hay casi 800 menores en el listado SAPI en disposición para ser derivados, más otros 400 a los que ni siquiera han incluido en el registro administrativo

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, considera “inaceptable” que se acuse al Gobierno de Canarias de ralentizar los traslados de los menores de protección internacional cuando la realidad es que es el Gobierno de España quién no está haciendo su trabajo. “Frente al relato del Estado, los datos de salidas de menores son demoledores. En siete meses solo han salido de Canarias 182 y quedan cerca de un millar de menores de protección internacional por trasladar”, explica.

Delgado señala que las declaraciones de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en las que acusa al Gobierno de Canarias de no tramitar los expedientes para el traslado, no se ajustan a la realidad. “El procedimiento exige que el Estado nos solicite los perfiles adecuados a las plazas que de las que van disponiendo. Trabajamos con el mismo listado remitido a ambas partes por Interior. Por lo tanto, no es cierto que no se hayan trasladado los expedientes. En el dispositivo Canarias 50, que es el Estado y que debería de ser de tránsito, hay 87 menores que llevan dos meses esperando a ser trasladados. Esa es la realidad. Esos menores tenían que haber estado 15 días en este centro y llevan ya dos meses. Tienen toda la documentación para ser trasladados y el Estado no lo ha hecho”.

La consejera de Bienestar Social también señala que, además de los 87 chicos que hay en el Canarias 50, ya se han realizado en El Hierro 14 entrevistas: “Hay más de 100 menores que el Estado ya puede trasladar y no lo ha hecho. Para ellos es más fácil criticar y tratar de confundir a la opinión pública con datos irreales que ponerse a trabajar y solucionar este problema”.

El Gobierno de Canarias recuerda que desde el Ejecutivo regional se le pidió al Estado que los casi 800 que están ya en el listado del Sistema de Acogida de Protección Internacional fueran entrevistados en los centros en los que residen en Canarias, e incluyeran en ese registro administrativo a los más de 400 que con posterioridad han solicitado asilo. “La táctica del Estado, sin embargo, es dilatar todo lo posible la asunción del mandato del auto del Tribunal Supremo de acogerlos en sus recursos de la red de protección internacional, con la intención de que muchos de ellos cumplan la mayoría de edad y no tener que habilitar recursos específicos para menores de edad, rentabilizando al máximo los que dispone para mayores”, denuncia Candelaria Delgado.

“Estamos cansados de tergiversaciones y de que falseen los datos desde el Estado para tapar su incapacidad. El Tribunal Supremo ha dejado claro que los chicos y chicas con asilo son responsabilidad del Estado y que es el Gobierno Central el que debe aliviar la carga de los recursos de la Comunidad Autónoma”, añade la consejera de Bienestar Social.

Candelaria Delgado recuerda que “el Gobierno de Canarias está siendo responsable: ha contratado a más personal y está haciendo un esfuerzo por atender a los menores. En vez de inventar datos y poner excusas, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es agilizar los traslados”.

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Canarias insiste: “El Estado debe cumplir los autos del Supremo y acelerar las derivaciones de menores migrantes»

Candelaria Delgado: “El ritmo de traslados no responde a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por los tribunales”.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, reiteró este mediodía la necesidad urgente de que el Estado cumpla con lo dictado por el Tribunal Supremo y adopte medidas inmediatas que garanticen el ritmo de derivaciones de menores migrantes no acompañados con protección internacional desde Canarias hacia la Península.

En la reunión celebrada esta semana por el comité interadministrativo de seguimiento, se ha comprobado que la situación no ha experimentado avances significativos: nuevamente no se ha aprobado un calendario, ni un protocolo de actuación.

El encuentro únicamente ha servido para confirmar las salidas ya previstas para esta semana —20 chicos y dos chicas— que se suman a los 30 menores trasladados hasta el momento. Para la semana próxima plantean proceder a 40 nuevos traslados, aunque los representantes de Canarias han insistido en que “hasta el momento el balance es claramente insuficiente frente a los compromisos adquiridos en la reunión del 5 de agosto, en la que se había acordado que a finales de agosto habrían salido cerca de 60 menores y no se cumplirá con esa cifra.

Además, la consejera informó de que el Estado ha informado en esta reunión que tiene previsto crear 110 nuevas plazas en distintas comunidades autónomas a lo largo del mes de septiembre, para derivar a los niños y niñas que están actualmente en el centro Canarias-50. Sin embargo, insistió en que “el ritmo de traslados no responde a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por el auto judicial”.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha advertido de que “este incumplimiento del mandato del Tribunal Supremo es inadmisible. Canarias no puede hacerse responsable ante el Alto Tribunal de la falta de diligencia del Estado, que debe garantizar derivaciones ágiles y efectivas para aliviar el hacinamiento en los centros del Archipiélago”.

Delgado expresó, sin embargo, su agradecimiento al Ministerio del Interior “porque tiene al día la tramitación de las solicitudes de asilo internacional y está realizando las entrevistas a los chicos y chicas con gran diligencia”. En este sentido, señaló que el mencionado departamento del Gobierno de España ha realizado 133 entrevistas en julio, 170 en agosto y tiene previstas otras 123 en septiembre.

La representante del Gobierno de Canarias subrayó, sobre este tema, que “la única vía posible es el cumplimiento estricto de los autos del Tribunal Supremo, que obligan al Estado a desplegar todos los recursos necesarios para garantizar la dignidad de los menores y la viabilidad del sistema de acogida en el Archipiélago”.

 

Contingencia migratoria

Por otra parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias Candelaria Delgado, señaló que esta mañana firmó la solicitud a la Ministra de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, figura recogida en el nuevo decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según dijo, “constituye el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida”.

La consejera explicó que, con esta medida, se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insistió en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.

A preguntas de los medios, la consejera precisó que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días y agregó que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada, deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Interpelada por los periodistas sobre los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señaló: “llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.

“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluyó Candelaria Delgado.

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La inoperancia del Estado y la insolidaridad de algunos territorios deja a Canarias, de nuevo, sola frente al drama

La Conferencia Sectorial de Infancia que tenía que resolver la distribución de los menores migrantes no acompañados no se celebra por la falta de quorum, al no comparecer las comunidades gobernadas por el PP

La ministra Sira Rego ha asegurado que los decretos que desarrollan el Real Decreto Ley se aprobarán el 22 de julio y el 26 de agosto en Consejo de Ministros

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha vuelto a mostrarse indignada ante “la falta de respeto mostrada por parte del conjunto del Estado hacia Canarias, a quien siguen dejando sola frente a la situación crítica que atraviesa al tener desbordada su capacidad de mantenimiento de los menores migrantes no acompañados que arriban a las Islas”, aseguró. “Quizás es cansino seguir repitiendo las cifras, pero cuando comunidades como Baleares se echan las manos a la cabeza por tener 200 menores en sus centros en los últimos meses, mientras Canarias lleva dos años con una sobreocupación de más de 5.000 niños, nos quedamos atónitas. ¿Qué tipo de cinismo es este? ¡Nosotros tenemos centros con 200 y 400 niños en islas como El Hierro!”, enfatizó.

“Y, todavía, podemos entender las prevenciones que tienen las comunidades porque el Estado no da ejemplo. No están dispuestas a asumir en solitario como lo estamos haciendo nosotros desde hace dos años, insisto. Pero la inoperancia del Gobierno Central sigue siendo evidente porque no es capaz de articular una respuesta negociada, con una financiación óptima, que permita a estas comunidades ahuyentar sus miedos de tener que dedicar una financiación extra a un asunto que es un problema europeo”, recordó. La consejera aseguró que “la prueba de que el Estado es el primero que no cumple, la tenemos en las reuniones de la comisión Canarias Estado para solventar el mandato del Tribunal Supremo, donde llevamos dos meses escuchando todo tipo de excusas peregrinas para no asumir al menos la responsabilidad que les corresponde de dar un espacio físico fuera de Canarias a los niños migrantes con la condición de protección internacional. Los gestos para ganar el relato empiezan a dejarlos en evidencia, ya que por el momento no ha salido ni un solo niño hacia la Península de tal manera que se pueda aliviar la carga que tiene el Archipiélago”, recordó.

Delgado relató las diversas tácticas que utiliza el Estado para, por un lado, que parezca ante el Tribunal Supremo que están avanzando y colaborando para asumir su responsabilidad y, por otro, no hacer efectiva ninguna salida, como las continuas peticiones de documentación, ya enviada, con nuevos datos, o la resolución negativa de expedientes de protección oficial para reducir la lista de menores que tienen que asumir. “Si en los últimos años han hecho 19 expedientes, en las últimas semanas, Interior se ha aplicado intensamente a evacuar 141 resoluciones, de las cuales 53 han sido negativas. A nosotras, al menos, nos parece bastante sospechoso”.

 

Aplicar la ley

“El resultado, de nuevo, es que volvemos a Canarias con la única esperanza de que el Estado aplique de una vez por todas la ley, desarrolle y apruebe los Real Decreto que desarrollan en Real Decreto Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, y comience sin dilación las derivaciones a todas las Comunidades Autónomas según el criterio de reparto presentado en la Comisión Sectorial porque pueden hacerlo y les ampara la ley”, sentenció. “Si ese reparto se produjera, Canarias seguiría en contingencia migratoria, con tres veces su capacidad de acogimiento superada, pero por lo menos sentiríamos un cierto alivio que nos permitiría seguir dando respuesta a las nuevas llegadas. Si esto no es así, en las calmas de septiembre veremos una situación insostenible sin recursos alojativos, profesionales, sanitarios, judiciales ni económicos para estos menores y, lo más importante, sin capacidad para poner por delante el bien superior del menor”.

La ministra Sira Rego afirmó que en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 22 de julio se aprobará decreto que desarrolla el Real Decreto Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, mientras que el próximo 26 de agosto se prevé la aprobación del decreto que regulará la capacidad de acogida ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y la financiación a las comunidades autónomas que acojan a personas menores migrantes no acompañados.

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Canarias recibirá una partida de 8,5 millones de euros para la atención de menores migrantes

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insistió que esta cantidad resulta “totalmente insuficiente sobre todo cuando Canarias ya cuenta con un déficit de 140 millones de euros en la atención a menores migrantes”

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Madrid, aprobó la distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas de Canarias para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 22 millones de euros, de los cuales, Canarias recibirá un total de 8,5 millones de euros.

“Esta aportación resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta que Canarias ya soporta un déficit de 140 millones de euros en la atención de menores migrantes no acompañados, por eso hemos insistido en el seno de la Conferencia en que la financiación se amplíe, no por un año, sino por todo el periodo hasta la mayoría de edad del menor, que es la única forma de que podamos garantizarles una atención adecuada”, enfatizó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la salida de la Comisión Sectorial celebrada en Madrid.

En cuanto a los traslados, Delgado indicó que “se sigue avanzado en el proceso para la aplicación definitiva del Real Decreto Ley y el Real Decreto que lo desarrolla”. El próximo paso será llevar nuevamente al seno de una segunda Conferencia Sectorial de Infancia prevista para julio la financiación de los traslados de menores. “Desde Canarias, seguimos exigiendo al Estado celeridad para el inicio de los traslados”.

“Eso sí, lo que no podemos es a esperar a septiembre ya que es justo en esas fechas cuando se producen repuntes de llegadas de embarcaciones a las islas”, aseguró la consejera del área quien indicó que “esperar a septiembre es totalmente inviable para un sistema totalmente colapsado como el que soportamos en Canarias, con la atención de un total de 5.685 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno canario”.

Delgado insistió en el traslado urgente a los más de 800 menores migrantes con protección de asilo, “que ya llega muy tarde”.

El acuerdo de distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas contempla, además, de los 8,5 millones de euros para Canarias, una partida de 2 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Illes Balears, 7 millones de euros para la Ciudad de Ceuta y 4,5 millones de euros para la Ciudad de Melilla.

 

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Francisco Candil: “El programa Tierra Firme ya da frutos y evita que las personas migrantes se jueguen la vida”

El viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, participó en unas jornadas técnicas sobre migración circular celebradas en Marruecos

“Nuestro objetivo es que las personas jóvenes sean formadas en sus países de origen y puedan optar a una oportunidad laboral en sus localidades, evitando que tengan la necesidad de subir a una patera en busca de una oportunidad de vida para ellas y sus familias”, aseguró el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, quien participó en la Jornada para el Codesarrollo sobre migración circular que se ha celebrado durante los días 10 y 11 de abril en la ciudad de Tánger (Marruecos).

En su intervención, el viceconsejero de Bienestar Social expuso los objetivos y pormenores del programa Tierra Firme, impulsado por la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario. El programa, que contempla la formación de más de 500 jóvenes en distintas especialidades laborales, “está ya funcionando en Senegal, donde ha comenzado a dar sus frutos y obteniendo buenos resultados de tal forma que los chicos y chicas que están recibiendo formación especializada a través del programa están accediendo a empleos en sus países y, por tanto, no tienen la necesidad de emigrar a otros lugares en busca de un futuro”, aseguró Candil.

“Pero, además, en aquellos casos en los que las personas jóvenes cuentan ya con una formación pero, por diversos motivos, quieran emigrar a otros países, este programa les permite hacerlo con todas garantías de que se van a respetar sus derechos laborales y que puedan emigrar de forma ordenada y sin necesidad de jugarse la vida”, aseguró el viceconsejero de Bienestar Social quien matizó que “esta formación de carácter circular tiene una triple vertiente ya que, por un lado, ofrece una oportunidad de formación a las personas que les permita acceder a un empleo en su lugar de origen a la par que dota a los países receptores de personas formadas ya para el empleo y, a la vez, ofrece una oportunidad para las personas que quieran trasladarse a otros países para trabajar, la capacidad de hacerlo sin necesidad de poner sus vidas en juego”.

El programa Tierra Firme, desarrollado en el marco de la política de cooperación llevada a cabo por Canarias en África, tiene como objetivo impulsar la formación para el acceso al mercado laboral de jóvenes senegaleses, fundamentalmente en las áreas de turismo, textil y agricultura. El proyecto está impulsado por el Gobierno canario en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Senegal y diversas instituciones públicas y privadas tanto españolas como senegalesas.

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Bienestar Social propone al Ministerio coordinar la renta ciudadana y el ingreso mínimo para mejorar su eficacia

La consejera del área, Candelaria Delgado, mantuvo hoy una reunión online con la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en la que se abordaron aspectos clave en materia de servicios sociales e infancia

La necesidad de modificar la normativa estatal para que el Gobierno canario pueda complementar las pensiones no contributivas y el abono de los 100 millones de euros pendientes para atender a personas menores migrantes no acompañadas, entre los asuntos tratados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto con sus equipos, mantuvieron hoy una reunión de trabajo online para mejorar la coordinación entre ambas administraciones y avanzar en aspectos clave en el área de servicios sociales y menores. Así, la responsable del Ejecutivo canario planteó la necesidad de vincular los aplicativos de la Renta Canaria de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital para mejorar la eficacia de ambas prestaciones además de la urgencia de modificar la legislación nacional para poder regular en la normativa canaria el complemento a los perceptores de pensiones no contributivas.

“Para poder avanzar en la implementación de un complemento a las pensiones no contributivas en Canarias, sin que implique un perjuicio para los perceptores, el Estado debe de abordar ya la reforma de la Ley general de la Seguridad Social”, aseguró la consejera regional de Bienestar Social, en el marco de una reunión de trabajo con la responsable estatal de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. “Por tanto, hemos recordado al Estado que es indispensable afrontar cuanto antes la modificación de la normativa estatal para que el Ejecutivo canario pueda reglamentar el suplemento a la PNC, a lo que nos han respondido que están de acuerdo y que prevén abordar esta reforma próximamente”.

Delgado aclaró que Canarias está ya trabajando en la implementación del complemento a las pensiones no contributivas regulado en la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía pero, matizó, “para ello es necesario que el Estado dé los pasos oportunos para que esta medida se pueda hacer efectiva”.

En el transcurso de la reunión de trabajo también se trató la conveniencia de vincular los aplicativos de la Renta Canaria de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital, de tal forma que se genere una pasarela de información automatizada que, a su vez, se vincule con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Se trata de una medida que nos ayudaría a agilizar la tramitación de ayudas y a llegar mejor a las personas que más lo necesitan. Compartir información es fundamental para garantizar que el ingreso mínimo vital llega a los canarios y canarias que lo necesitan y, así, la renta canaria podrá actuar como complemento”, puntualizó Delgado.

A este respecto, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, aclaró que la Renta Canaria de Ciudadanía debe servir para complementar el Ingreso Mínimo Vital, “de tal forma que se garanticen unos ingresos más dignos que mejoren la vida de los canarios y las canarias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad”. En la actualidad, en Canarias en torno a unas 13.000 personas son beneficiarias de estas ayudas, lo que se traduce en un número mayor de hogares, ya que muchos de los perceptores son adultos con menores a cargo.

Para avanzar en esta propuesta, ambas instituciones se han emplazado a una comisión bilateral próximamente.

Además de estos asuntos, en el marco de este encuentro de trabajo, se abordó la demanda de Canarias de una partida de 100 millones de euros para sufragar los gastos de atención y acogida de los más 5.300 menores migrantes no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

A este respecto, la consejera regional de Bienestar Social, trasladó a la ministra la situación de emergencia en la que se encuentran las islas e instó a su departamento a abonar los 50 millones previstos para este año, así como la partida extra de 50 millones anunciada por el Gobierno central para compensar a las islas.

La directora de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, recordó que la crisis humanitaria que está viviendo Canarias es extremadamente compleja y que no quedan infraestructuras para habilitar más dispositivos de acogida. “Necesitamos recursos para atender a los menores, pero también que todas las comunidades autónomas trabajen de forma corresponsable y acojan a menores para que podamos garantizarles una integración completa”, precisó Rodríguez.

 

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Delgado: “En materia de migración, somos muy conscientes de que nos encontramos ante un fenómeno que no va a ceder»

La consejera de Bienestar Social apuesta por una gestión corresponsable del fenómeno migratorio por parte de Europa y España que deje fuera del debate partidista a los menores

“Hoy se contabiliza un incremento del 83% en la llegada de migrantes con respecto al año pasado, que ya fue récord. Somos muy conscientes de que nos encontramos ante un fenómeno que no va a ceder en los próximos meses, ni siquiera en los próximos años”, aseguró la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en comparecencia parlamentaria en la que abordó la evolución de la migración en Canarias.

En su intervención, Delgado avanzó que “el Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que refuerce sus proyectos sobre el terreno en África y para que lo haga con el archipiélago como puerta de entrada, aprovechando sus históricas relaciones de vecindad con muchos países del área occidental del continente africano”. En esta línea, indicó, se enmarca la visita del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a Marruecos para celebrar sendas reuniones con el ministro de Exteriores de este país y con el presidente del Parlamento de Marruecos, que “servirán para transmitir la crítica situación en la que se encuentran las islas, al tiempo que plantea alternativas para evitar la masiva salida de estos niños, niñas y jóvenes hacia la mortífera ruta atlántica”.

En relación a la atención y acogida de personas menores migrantes no acompañados, la responsable regional de Bienestar Social afirmó que “Canarias sufre un grave colapso en la red de recursos de acogida, a lo que se añade que también estamos trabajando para superar las dificultades que tenemos para integrar a estos niños, niñas y jóvenes”.

En este sentido, aclaró que Canarias ha puesto en marcha más de cincuenta centros nuevos y ha asumido en solitario el coste económico que supone la acogida de estos menores.

En este contexto, Delgado reiteró la necesidad de que se alcance un pacto de Estado que deje fuera de la lucha partidista a los menores y que permita gestionar un fenómeno que explica la propia historia de la humanidad.

“A día de hoy, no se ha recibido financiación del Estado para afrontar los problemas que está generando la migración, aunque hay más de seis millones ya aprobados y otros cincuenta prometidos que no han empezado a gestionar”, afirmó la consejera, quien recordó que el Gobierno de Canarias aprobó en Consejo de Gobierno celebrado el lunes, 7 de octubre, un requerimiento dirigido al Gobierno de España y a la Administración General del Estado para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantía de la solidaridad territorial en materia migratoria relacionadas con el exceso de menores migrantes no acompañados que están acogidos por los servicios de acogida y protección de menores de Canarias, por el que demanda al Estado el abono de más de 157 millones de euros.

 

 

 

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