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La Consejería analiza con FEPECO el decreto ley para agilizar licencias y facilitar la construcción de viviendas

La Consejería analiza con asociados de FEPECO el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas

El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que el Ejecutivo ha mantenido antes y después de la aprobación del decreto ley con colectivos del sector y administraciones en todo el archipiélago para dar a conocer la norma

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con asociados de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), coordinada por Óscar Izquierdo, con el objetivo de analizar el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas. 

A esta cita, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería ha organizado antes y después de la aprobación del decreto ley con colectivos de todo el archipiélago, también han asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el catedrático Francisco Villar.

El consejero ha asegurado que “desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno de Canarias ha planteado la vivienda y el acceso a la misma como una prioridad central en su agenda política. En 2024 hemos multiplicado las calificaciones de vivienda protegida en comparación con 2022, gracias al decreto ley 1/2024, que ha agilizado esta actividad en el archipiélago”.

Por su parte, Óscar Izquierdo ha agradecido a la Consejería “por su participación en esta reunión, así como por su disposición a dialogar con el sector, tanto antes como después de la tramitación de este segundo decreto ley, algo que ha sido fundamental para aclarar dudas y avanzar en dar soluciones a la emergencia habitacional”.

Asimismo, Izquierdo ha apelado a que las administraciones “dejen a un lado argumentos ideológicos para ir en contra de los instrumentos que se están desarrollando y se centren en atajar el problema para atender y cubrir las necesidades de todas y todos los canarios en materia de vivienda. Es imprescindible trabajar unidos y de forma coordinada para garantizar el bienestar de nuestra gente”.

Rodríguez ha añadido que el nuevo decreto ley 3/2025, ya en vigor tras su aprobación en Consejo de Gobierno y su posterior convalidación en el Parlamento de Canarias, «no solo introduce un mecanismo para agilizar la obtención de licencias urbanísticas, sino que también desarrolla la figura, pionera en España, de la Vivienda Asequible Incentivada, destinada a familias trabajadoras que encuentran dificultades para acceder a la vivienda protegida y a la libre”.

Sobre el proceso de elaboración de esta norma, el consejero ha subrayado que «este decreto ha sido fruto del consenso, trabajado conjuntamente con la Federación Canaria de Municipios y apoyado por su Comité Ejecutivo, así como por la sociedad civil, patronales y colegios profesionales. Todos han colaborado para desarrollar un marco normativo que responda a la declarada emergencia habitacional».

Asimismo, en relación con la situación actual del mercado inmobiliario, Rodríguez ha señalado que “la principal dificultad radica en la insuficiencia de oferta, especialmente en las principales ciudades de Canarias, donde el alquiler se ha vuelto cada vez más escaso y costoso. Por ello, es fundamental incentivar la construcción de vivienda protegida y asequible, así como promover que aquellas viviendas que actualmente permanecen vacías vuelvan a integrarse en el mercado, mediante incentivos fiscales efectivos”.

Finalmente, Rodríguez ha aclarado que “el informe jurídico de la FECAM  respalda la posición del Ejecutivo, confirmando la legalidad de la norma y que, por tanto, no invade competencias. Lejos de disminuir la seguridad jurídica, el decreto introduce la posibilidad de que terceros externos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) emitan informes técnicos, asegurando imparcialidad y competencia en el proceso, sin modificar los controles establecidos por la normativa estatal vigente”.

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Pablo Rodríguez destaca el consenso institucional para sacar adelante el decreto ley de agilización de licencias 

Para su elaboración, se han mantenido encuentros con la Federación Canaria de Municipios y con agentes del sector para obtener un documento que permita dar respuesta a la emergencia habitacional, reduciendo los tiempos de tramitación

La nueva norma también ha sido avalada por el Consejo Consultivo, concluyendo que el Decreto ley 3/2025 se ajusta a la legalidad, respeta la Constitución y es garante con la autonomía local

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha comparecido este lunes, 12 de mayo, en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias para presentar el contenido y los objetivos del Decreto Ley 3/2025, de 21 de abril, que busca agilizar la concesión de licencias urbanísticas y activar la construcción de viviendas en las islas. Para su elaboración, los dos departamentos del Ejecutivo han trabajado conjuntamente con las administraciones locales, insulares y con agentes del sector para sacarlo adelante.

Durante la comisión, en la que también ha estado presente el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, el consejero Pablo Rodríguez ha señalado que Canarias atraviesa una emergencia habitacional que requiere respuestas urgentes. “El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestras familias, y la respuesta pública no puede seguir esperando”, ha asegurado. En este sentido, ha defendido que la nueva norma permite dar una respuesta directa a esa emergencia, atajando uno de los principales bloqueos actuales: los retrasos administrativos en la concesión de licencias, que encarecen los precios, frenan la inversión y dificultan la ejecución de políticas públicas de vivienda.

El consejero ha destacado que el nuevo decreto ha obtenido el respaldo de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y del Consejo Consultivo, cuyo dictamen ha concluido que el Decreto Ley 3/2025 está desarrollado conforme a la legalidad, respetando la Constitución y la autonomía local, reconociendo, también, que complementa al aprobado el pasado año, el 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda.

También ha señalado que la Federación Canaria de Municipios ha apoyado desde el inicio esta iniciativa, participando activamente en su redacción e incorporando muchas de sus propuestas.

Rodríguez ha puesto en valor que el decreto favorece la colaboración público-privada, permitiendo que entidades urbanísticas y colegios profesionales participen en la emisión de informes técnicos. Esto aliviará a las administraciones locales con menos recursos técnicos y permitirá agilizar los procedimientos sin renunciar al control público ni a la seguridad jurídica. Además, ha recalcado que la norma no impone obligaciones a los ayuntamientos, sino que les ofrece herramientas que podrán adoptar de forma voluntaria.

En relación con el impulso a la construcción, la norma refuerza el marco legal para ejecutar nuevas promociones, rehabilitar edificaciones inacabadas y movilizar suelo con criterios de equilibrio. Entre las medidas más destacadas se encuentra el desarrollo normativo de la figura de la vivienda asequible incentivada, una nueva tipología de alquiler regulado para familias con ingresos medios, que se sitúa entre la vivienda protegida y la libre. En esta línea, Rodríguez ha recordado que Canarias será la primera comunidad autónoma en desarrollar esta figura, que ya preveía la legislación estatal, y que establece condiciones claras de uso, renta máxima, superficie y duración del contrato.

El decreto también facilita el cambio de uso del suelo terciario a residencial, siempre que se garantice que el 40% sea destinado a vivienda protegida y el 60%a vivienda asequible incentivada; habilita la ejecución anticipada de suelos reservados a vivienda protegida y regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, permitiendo aplicar medidas de contención previstas en la ley estatal.

Finalmente, la norma modifica la Ley de Vivienda de Canarias para eliminar el sorteo como método general de adjudicación de viviendas protegidas, priorizando criterios de justicia social, equidad y necesidad.

“Este Decreto Ley no resuelve todos los problemas, pero sí pone sobre la mesa soluciones concretas, eficaces y adaptadas a la realidad de Canarias”, ha concluido Pablo Rodríguez, subrayando que se trata de una herramienta clave para reforzar las capacidades de las administraciones locales en la lucha por garantizar el derecho a la vivienda.

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