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El Gobierno trabaja con técnicos municipales de urbanismo para aclarar criterios de aplicación del decreto

El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar ha despejado dudas sobre algunas casuísticas particulares que se han planteado en los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha celebrado este jueves una reunión con los técnicos municipales de urbanismo de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte para aclarar los criterios de aplicación del decreto en materia territorial y urbanística, que entró en vigor el pasado 19 de diciembre y que esta misma semana ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias.

El encuentro con los técnicos municipales, celebrado en el MAB de Los Llanos de Aridane, el viceconsejero para la recuperación económica y social de La Palma, Pedro Afonso, y el técnico redactor del decreto, Francisco Villar, se encargaron de despejar las dudas surgidas en las oficinas municipales ante algunas casuísticas particulares que han planteado las personas afectadas por la erupción. También participó, por parte del Gobierno de Canarias, el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, así como técnicos de la empresa pública Gesplan.

El viceconsejero Afonso valora “la importancia y necesidad de estas reuniones entre los técnicos municipales, Gesplan y Gobierno de Canarias para trabajar de manera coordinada, con un mismo criterio, y agilizar así todos los trámites administrativos a las personas afectadas”.

Una de las principales dudas, por su repercusión, fue la planteada por los técnicos del Ayuntamiento de Tazacorte respecto a las licencias para la recuperación de parcelas agrícolas, que Villar aclaró explicando que este decreto en materia territorial no afecta, de ninguna manera, a la concesión de esas licencias, que se pueden y se deben seguir otorgando como se venía haciendo hasta ahora.

Tanto Pedro Afonso como Francisco Villar incidieron en que la filosofía sobre la que se asienta el decreto es permitir la reconstrucción, siempre que sea posible, de lo que existía antes el 19 de septiembre de 2021 y facilitar que la base de esa reconstrucción sea la iniciativa privada, con el acompañamiento y la ayuda de las administraciones públicas.

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El Gobierno presenta a los siete cabildos el decreto territorial para la reconstrucción de La Palma

Pedro Afonso: “Todo el trabajo que estamos haciendo sienta los precedentes jurídicos para futuras erupciones en Canarias”

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, presentó hoy a los siete cabildos insulares el decreto ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística que regula la reconstrucción de la zona dañada por el volcán de Cumbre Vieja. La norma, que entró en vigor el 19 de diciembre, será llevada ante el Pleno del Parlamento el próximo 17 de enero para su convalidación.

Afonso detalló ante la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento los principales aspectos del decreto asegurando que “todo lo que está haciendo el Gobierno, sienta precedentes jurídicos para futuras erupciones en Canarias, y puesto que somos la única región del Estado con esta realidad, de ahí, la trascendencia e importancia que tiene esta norma y las que están por venir”.

El viceconsejero explicó a los presidentes insulares y a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que la norma se ha redactado teniendo muy en cuenta lo expresado por los afectados en todo este tiempo. “La decisión del Gobierno de Canarias ha sido atender y dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban. No se trata de algo meramente individual, sino que persigue rehabilitar las comunidades vecinales que fueron deslocalizadas por la tragedia, el retorno de la población para evitar, en la medida de lo posible, el desarraigo del Valle de Aridane.

Con respecto a la filosofía que motiva el decreto, Pedro Afonso explicó que el Gobierno ha trabajado en un documento basado en garantizar el derecho a la propiedad privada como elemento fundamental, así como en habilitar la mayor recuperación posible de lo perdido, “que es, ni más ni menos, lo expresado mayoritariamente en estos dos años por las personas damnificadas”.

El viceconsejero también señaló que el decreto busca ese equilibrio necesario entre impulsar la iniciativa de la reconstrucción en manos de las personas, que quieren decidir dónde y cómo quieren vivir, actuando la Administración para facilitar el marco jurídico para poderlo lleva a cabo, y compensando económicamente para que las personas que así lo deseen puedan reconstruir, no solo sus viviendas, sus actividades, sus usos, sino sus proyectos de vida, sin menoscabo de las acciones que las administraciones, en función de sus competencias, tengan que acometer en todos aquellos elementos públicos estructurantes necesarios para la recuperación, como, por ejemplo, infraestructuras y servicios públicos.

Respecto al dictamen del Consejo Consultivo sobre la norma, Afonso informó de que es favorable y reconoce que la Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del decreto, que aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad para dictar el decreto y que su contenido se adecúa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al ordenamiento jurídico que le es de aplicación.

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El Gobierno aprueba el decreto territorial para la recuperación social y económica de La Palma

Es el primero de los cuatro previstos en la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. “La isla ya tiene, dos años después de apagado el volcán, el primer decreto para empezar el camino hacia la plena recuperación social y económica”, destaca la consejera.

El decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

Este decreto en materia territorial establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente viable, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

“Responde a lo que durante dos años han pedido la mayoría de las personas afectadas, que quieren recuperar lo que perdieron y, en lo posible, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para poder reconstruir no solo sus viviendas, sino también su modo de vida y su comunidad”, añade Nieves Lady Barreto.

Así, recogiendo esta voluntad, el Gobierno de Canarias ha querido dar respuesta a esa voluntad de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a los afectados el derecho de propiedad sobre sus parcelas, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación, con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona verde, donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor, permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En la zona amarilla, de más de 10 metros de espesor de colada, se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la lava se vaya enfriando.

Por último, están la zona roja, sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.

“Sabemos que este decreto no da una solución completa a los afectados que tienen sus parcelas en zona roja, ya que, aunque les reconoce el derecho de propiedad sobre el suelo y el derecho a recibir una compensación económica por lo que perdieron, no pueden reconstruir en su suelo”, explica Nieves Lady Barreto. “Pero tendrán una solución total con el decreto en materia de vivienda y suelos”. “Como norma general -aclara la consejera-, todo lo que no quede resuelto en un decreto, se resolverá en el siguiente. Por eso mantendremos la recogida de alegaciones, incluso de este decreto que hemos aprobado hoy, hasta que se apruebe el último de los decretos previstos”.

El decreto territorial también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Incorpora, además, una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

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