El presidente Torres remarca que “Canarias tiene un plan” apoyado por el 84% de los diputados, de los de mayor respaldo social de España, sin precedentes en la historia regional y que responde a las necesidades económicas y sociosanitarias isleñas
El Plan para la Reactivación Social y Económica ante la COVID-19 contempla, de momento, acciones que suman 5.740 millones hasta 2023, con 1.440 para este 2020
Torres subraya que no es un plan “del Gobierno ni del presidente, sino un éxito de todos para salir de la mayor crisis de nuestra vida, que debemos combatir con unión”
El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias) ha sido aprobado hoy, jueves 22 de octubre de 2020, en el pleno del Parlamento autónomo con el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara. El proyecto ha contado con el voto a favor del PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos, ASG y Cs (Grupo Mixto), partido que se ha sumado en las últimas horas al acuerdo, así como la aceptación de gran parte de las enmiendas del PP, íntegramente o después de transaccionales con el resto de partidos. Las propuestas de resolución de los grupos de Gobierno fueron aprobadas sin ningún voto en contra, con el apoyo de CC-PNC y CS y la abstención del PP.
La iniciativa, aprobada el 1 de octubre por el Consejo de Gobierno, prevé una inversión inicial de 5.750 millones en las Islas desde este año y hasta 2023, de los que 1.440 ya tienen ficha y destino concretos para 2020. En 2021, a falta de aprobarse documentos clave, como los presupuestos autonómicos y estatales del año próximo, las previsiones alcanzan los 1.340 millones, mientras que, de 2021 a 2023, hay unos 4.300.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recalcó que este paso dado demuestra que “Canarias tiene un Plan”. Un documento que gira sobre siete prioridades estratégicas y unas 300 medidas; responde a sus necesidades sanitarias, económicas y sociales; es de los más completos y consensuados de las regiones; no tiene precedentes en la historia de las Islas, y ha de ser, no del Gobierno ni del presidente, sino de toda la sociedad isleña y los partidos “hasta controlar la pandemia y recuperar la normalidad añorada”.
En su intervención en el pleno, Torres repasó lo ocurrido desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Según recordó, hasta entonces, y como certificaba un informe, la situación económica en Canarias era alentadora, con previsiones de crearse 38.000 empleos, que el PIB podría subir dos puntos y que el paro podría mantenerse por debajo del 20 por ciento, “pero ese día 14 se paró todo y se convirtió en una quimera”. Eso sí, subrayó que, desde el lunes 16, comenzaron las reuniones para “compartir soluciones y buscar salidas, primero buscando cómo reducir la llegada desde el exterior”.
Torres recalcó que Canarias “necesita a todos” y que, por eso, “debemos estar a la altura”; en esta línea, calificó de “gesto magnífico” la colaboración y actitud constructiva desde el principio de los sindicatos y la patronal, “un ejemplo de consenso”. Recordó que se fletaron seis aviones desde China para traer material sanitario y que las 31 reuniones multilaterales celebradas desde entonces, “pese a los dos meses y medio de confinamiento, miedo, congoja y muerte”, dieron lugar al Pacto del 30 de mayo, que ha servido de base para este Plan Reactiva. “No era cuestión de llegar el primero, pero sí fue el primer acuerdo de este tipo de todas las comunidades en España”, resaltó.
El jefe del Ejecutivo recordó también que, en su comparecencia parlamentaria del 14 de abril, insistió en que se necesitaba un “gran pacto de reconstrucción” y que la sociedad canaria “no puede permitirse el lujo de que nadie se quede atrás”. Eso sí, siendo exigentes “con nosotros mismos, con el Gobierno de España y la UE”. Torres remarcó, asimismo, la importancia de las certidumbres que se han ido confirmando desde entonces para financiar este Pacto y Plan, como los 540 millones del plan SURE de la UE o el acuerdo del pasado mes de junio para la reconstrucción en la UE (140.000 millones de euros para España entre fondos no reembolsables y créditos), que aún ha de aprobarse por parte del Parlamento europeo; el Fondo COVID del Estado (16.000 millones de euros), o las decisiones del Gobierno central sobre el uso del superávit o el techo de gasto que dan muchas garantías para los presupuestos estatales y regionales de 2021.
Además, las reuniones en Canarias continuaron incluso en un mes inhábil como agosto y acabaron en el acuerdo sobre el Plan Reactiva, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 1 de octubre con 1.440 millones ya concretados para este 2020; con 4.300, de momento, entre 2021 y 2023, y con un esfuerzo global público y privado para este 2020 de 18.551 millones. Torres remarcó el trabajo hecho por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, con su equipo. Según insistió, el objetivo claro es que nadie se quede atrás y que se asigne cada euro que vengan desde la UE y el Estado para “compensar a los que más lo necesitan tras pararse el mundo para salvar vidas”.
El presidente indicó que estamos “ante el peor trance de nuestra historia reciente, que afecta a todos en el planeta, sin distinción de raza u origen”. Con la vacuna como gran solución, Torres cree que Canarias no lo está haciendo mal en el control de la pandemia, pero sin bajar la guardia “porque todo puede cambiar mañana”. Por eso, dejó claro que seguirán reforzando los servicios sociosanitarios, si bien insistió en que, por sus datos actuales, el Archipiélago no aceptará un toque de queda por los perjuicios socioeconómicos que implicaría. Además, advirtió de que también sería muy perjudicial un confinamiento interno o en los países emisores de turistas, como Alemania o Gran Bretaña.
“Cojamos de las crisis lo mejor que tienen, concibámosla como una oportunidad para la digitalización, la modernización y el reforzamiento de todos los sectores, del empleo, la educación o la sanidad. Debemos salir de esta crisis cuanto antes -remarcó-, pero no como antes. Debe ser una oportunidad para reorientarnos, no para reinventarnos. Sin optimismos falsos y sabiendo la difícil realidad que hay en nuestra tierra; también sé que hay horizontes y que la desesperanza no mantiene a las sociedades”, dijo.
Frente a eso, remarcó que “la ilusión es la única fuerza que permite a una madre de familia aquejada por un ERTE levantarse cada día. La que permite al pequeño comercio abrir cada mañana sus puertas confiado en que la situación cambie. Esa fuerza -añadió- es la que transmiten miles de canarios cada día; es la que esperan también de la clase política”. Por eso, “como dije el otro día, no debemos sumarnos a los cronistas del apocalipsis, a los que simplemente radiografían una difícil realidad que no necesitamos que nadie nos la cuente porque la vivimos cada día. Necesitamos una Canarias no solo que supere la crisis, sino que termine siendo mejor. De esta, les aseguro, vamos a salir; es nuestra obligación, responder con altura de miras a lo que nos ha tocado. Combatamos la desesperanza con unión. Este plan es aprobado con amplio consenso, no es un éxito de nadie, ni del presidente ni del Gobierno, sino un éxito para salir de la mayor crisis de nuestra vida. Demos una lección de unión política: Canarias lo necesita”, subrayó.
Este Plan Reactiva nace del Pacto suscrito el pasado 30 de mayo, Día de Canarias, en sede parlamentaria, y ha sido negociado, hasta definir el Plan Reactiva Canarias que aprobó el Ejecutivo autonómico el 1 de octubre pasado y luego remitió al Parlamento, durante meses con las administraciones isleñas, los empresarios y sindicatos más representativos en las Islas, con los partidos políticos con presencia parlamentaria, con los colegios profesionales de Trabajo Social, con las cámaras de Comercio y con las organizaciones del Tercer Sector.
Las principales metas del Plan Reactiva Canarias que ahora ha apoyado el Parlamento amplísima mayoría (del 84 por ciento de sus diputados a favor) son “no dejar a nadie atrás en esta crisis por la COVID-19, reforzar los servicios públicos básicos y relanzar la economía regional teniendo en cuenta horizontes de sostenibilidad, digitalización y cohesión social”.
Canarias ha logrado, tras la aprobación parlamentaria de hoy, un texto consensuado y de gran relevancia que no tiene precedentes en la historia de la autonomía; además, es de los más completos entre las demás comunidades autónomas del país. De hecho, frente a la concreción de partidas para 2020 en el caso canario, cuatro autonomías españolas no detallan ficha financiera para ese ejercicio, solo cuatro vinculan las acciones previstas a sus agendas de desarrollo sostenible y únicamente tres incluyen un claro modelo de gobernanza. Canarias, en cambio, cumple con esos parámetros y la reacción isleña ante la crisis por el coronavirus ya ha sido aplaudida por el Gobierno central.
Con el fin de atender a las personas más vulnerables
Los objetivos del Plan pasan por mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a los colectivos más vulnerables tras esta pandemia totalmente imprevista y de alcance mundial, aunque con especial incidencia en Canarias por el mayor peso del turismo en su economía (35% del PIB y 40% del empleo).
Además, con esa iniciativa inversora adicional que supera los 5.700 millones en el periodo 2020-23 también se busca que el Archipiélago salga de la actual crisis con sus sectores productivos reforzados, con el empleo recuperado, con una mayor sostenibilidad, con un turismo más moderno y competitivo, con la atención adecuada de los servicios públicos fundamentales (entre ellos el acceso a la vivienda pública), con una administración pública más moderna y participativa, y con el máximo desarrollo de los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), aprobados en octubre de 2018. Es decir, “salir cuanto antes, pero no como antes”, apuntó el presidente.
También se persigue que la condición de región ultraperiférica (RUP) de Canarias en la UE salga fortalecida ante el reparto del fondo comunitario para la recuperación aprobado en julio pasado (140.000 millones para España, de un global de 750.000). Para conseguir ese propósito, el Gobierno regional cree esencial actuar desde la máxima unidad institucional y con unidad de acción entre todas las partes interesadas en las negociaciones abiertas, como bien prueba este Plan para la Reactivación.
Aparte de esa gran mayoría parlamentaria, el texto cuenta con el respaldo de los siete cabildos a través de la Fecai, de los 88 municipios isleños (Fecam), de las organizaciones empresariales CEOE y CCE, cámaras de Comercio, sindicatos UGT y CCOO, colegios profesionales de Trabajo Social y los agentes del Tercer Sector.
Tras esta aprobación en la Cámara regional, y después de atenderse algunas de las últimas aportaciones de los grupos, el Gobierno de Canarias consigue un aval sólido, un amplísimo respaldo político, administrativo, económico y social en las Islas, para desarrollar en el periodo de referencia, 2020-23, ese potente plan de inversiones.
Para el impulso de la economía regional en 2020 y años siguientes
Las siete estrategias prioritarias del Plan para la Reactivación incluyen 122 ejes y 288 medidas concretas hasta 2023. De los 1.440 millones de euros de ficha financiera cerrada para 2020, el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con una partida adicional de 440 millones en 2020, a lo que se unen 45 millones para los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, pobreza infantil, víctimas de malos tratos, discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…).
Junto a esos esfuerzos principales, hay otros de enorme relevancia, como son la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa pública. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo hay 206,5. La simplificación y la coordinación administrativa se llevan 200,8 millones, con el fin de facilitar los proyectos y agilizar los pasos administrativos, mientras que la Agenda Canaria 2030 contará con 500.000 euros. Todas son cifras de la ficha adicional de 2020.
La cifra global del Plan (2020-23) es potencialmente modificable porque éste seguirá estando abierto, los presupuestos futuros no están aprobados (de 2021 en adelante) y además se trata de un documento adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia en el periodo 2021-2023. Para este trienio, se ha calculado inicialmente un total de 4.300 millones de euros, de los que 1.340 se reservan para el próximo ejercicio, 2021. En principio, el Gobierno canario prevé destinar un extra de 1.329 millones de euros en esos tres años a mantener los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. De ellos, 300,3 son para 2021 y 1.029 para 2022-23.
Al refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias, con la aportación adicional, se dirigen 32,5 millones en 2021 y 60,45 en 2022-23 (con un total de 93 millones en tres año). En cambio, los colectivos vulnerables contarán con 75,5 millones (26,42 el próximo ejercicio y 49 en los dos siguientes), mientras que para empleo se calculan unos 741 millones (259 en 2021 y 481 en 2022-23). Como ocurre en 2020, el mayor esfuerzo adicional se reserva al impulso económico, con un total de 2.061 millones (721 en 2021 y 1.339 en 2022-23). Para acciones dirigidas a la agilidad administrativa pública, habrá 310 millones (108 en 2020 y 201 en los dos años siguientes).
Con una financiación global de 18.551 millones en 2020
A los 1.440 millones que aporta el Plan Reactiva Canarias en 2020, hay que sumar el esfuerzo global, suma de lo público y lo privado, en ese mismo año a través de los presupuestos de las administraciones públicas y de otras partidas. Esto hace que el total disponible en 2020 llegue a 18.551 millones de euros, umbral que resulta de añadir a los 1.440 millones del Plan para este año otras aportaciones, como son: 2.633 millones de fondos del Estado; 5.635 para la financiación de los servicios públicos fundamentales, estos de Canarias; 969 como esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma, 3.758 con origen en las corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos), más 474 millones de esfuerzo inversor de estas administraciones, y luego la movilización de 3.640 millones con cargo a iniciativas privadas. Todas esas aportaciones suman 18.551 millones en 2020.
