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Dos informes independientes reconocen la mejora de los servicios sociales y la reducción de la pobreza en Canarias

La consejera de Bienestar Social analizó en el Parlamento la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, elaborada por el ISTAC, que cuantifica en un 17,6% la población por debajo del umbral de la pobreza frente al 20,5% de 2022. Recuerda que, por primera vez, el informe independiente Índice DEC 2025 sitúa a Canarias a la cabeza de las Comunidades con mejores servicios sociales y que se han reducido los días de espera en Dependencia

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destacó este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el avance del Sistema Público de Servicios Sociales del Archipiélago, que se sitúa en la cuarta posición entre las comunidades autónomas en informe independiente Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, frente al último puesto que ocupaba en 2012; y la mejora de las condiciones de vida que refleja la encuesta del ISTAC. Delgado, no obstante, ha subrayado la necesidad de continuar mejorando la cobertura, la coordinación y garantizar una atención más rápida y accesible, especialmente para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El Índice DEC otorga a Canarias 6,35 puntos y refleja el esfuerzo económico de las administraciones públicas en materia social. El gasto consolidado de la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos alcanza los 724,3 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media estatal, lo que destaca que todas las administraciones públicas han hecho un importante esfuerzo presupuestario para mejorar la situación de las personas. Asimismo, el gasto en servicios sociales representa el 2,79% del PIB canario, frente al 1,75% del conjunto del Estado, y supone el 13,45% del gasto total de las administraciones públicas canarias, frente al 10,40% de media estatal.

Delgado ha señalado que estos indicadores reflejan el peso de las políticas sociales en el gasto público, que se sustancia, por ejemplo, en que “el tiempo medio de tramitación se ha reducido de los 782 días en julio de 2023 a 214 días en septiembre de 2026, lo que supone una disminución del 73%. Mucho menos tiempo en obtener derechos y servicios”. Asimismo, se refirió a los avances en Discapacidad, un área que contabiliza 57.184 resoluciones durante la legislatura. “Las valoraciones en las islas no capitalinas se realizan dentro del plazo legal de 180 días, mientras que la lista de espera fuera de plazo en Tenerife y Gran Canaria se ha reducido en torno a un 70% en los últimos tres años”.

Por su parte, los expedientes pendientes de reconocimiento de la Renta Canaria de Ciudadanía han pasado de 7.537 en 2023 a alrededor de 1.400 en la actualidad. El tiempo medio de resolución se sitúa aproximadamente en siete meses, frente a los 24 meses registrados al inicio de la legislatura.

La consejera ha relacionado estos avances con el refuerzo y la descentralización de equipos, la simplificación de procedimientos, la incorporación de trámites no presenciales y el uso de herramientas de automatización.

Delgado ha precisado que el Índice DEC 2025 utiliza información de distintos ejercicios y no constituye una fotografía exacta de la situación actual. Como ejemplo, ha señalado que “los datos del informe no recogen todavía de forma completa el despliegue reciente de la teleasistencia, que a septiembre de 2026 contabiliza 17.589 personas usuarias, frente a las 2.352 que había al inicio de la legislatura; o los convenios plurianuales de dependencia y discapacidad suscritos con los siete cabildos, que movilizan 1.630 millones de euros en los servicios sociales de Canarias, así como la extensión de la ayuda a domicilio especializada y otras medidas desarrolladas durante 2026”.

En relación con la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 2025, publicada por el ISTAC, Delgado ha destacado que, por primera vez, el porcentaje de población bajo el umbral de riesgo de pobreza ha pasado del 20,5% en 2022 al 17,6% en 2025. En el mismo periodo, el ingreso medio mensual de los hogares ha aumentado un 19%, desde los 2.321 hasta los 2.755 euros, mientras que el ingreso medio por persona ha pasado de 891 a 1.061 euros mensuales, también un 19% más.

Las prestaciones sociales medias percibidas han aumentado de 842 a 989 euros, y el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta, ha descendido de 0,33 a 0,32.

No obstante, la consejera ha advertido de que estos avances conviven con situaciones de vulnerabilidad. “La carencia material y social severa afecta al 12,7% de la población, el riesgo de pobreza alcanza al 19% de las mujeres frente al 16% de los hombres y se sitúa en el 37% en los hogares monoparentales, de los que más del 81% están encabezados por mujeres. Además, seis de cada diez hogares declaran algún grado de dificultad para llegar a final de mes, y es por todo ello por lo que debemos seguir trabajando para mejorar en todos los ámbitos”, señaló.

Sobre el indicador AROPE, Delgado explicó que existen nuevos parámetros, adaptados a la Estrategia Europa 2030, y que ese nuevo informe “sitúa en el 28,7% la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social”. Delgado ha recordado que esta metodología modifica algunos de los componentes utilizados anteriormente, por lo que las comparaciones con series construidas con otros criterios deben realizarse con cautela.

Candelaria Delgado ha concluido que los indicadores positivos no deben ocultar las dificultades sociales que persisten, del mismo modo que estas no impiden reconocer los avances registrados en el sistema público.

La consejera ha situado entre las prioridades de los próximos meses la reducción de los tiempos de espera, la extensión de los servicios domiciliarios y comunitarios, la protección de los hogares más vulnerables, el sostenimiento de la red municipal, la colaboración con el tercer sector, la modernización de la gestión y la reducción de las diferencias territoriales en el acceso a las prestaciones.

“El objetivo”, ha defendido, “es que los datos públicos permitan identificar mejor las necesidades y orientar las actuaciones de las administraciones para ofrecer a las personas una respuesta cada vez más rápida, próxima y adecuada”.

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El Archipiélago consolida la transformación histórica de la atención a la ciudadanía más vulnerable y se sitúa como la cuarta comunidad con mejor puntuación del Estado

Canarias ha consolidado una transformación estructural sin precedentes en su sistema de servicios sociales, según los datos del último Índice DEC, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El Archipiélago ha alcanzado una puntuación de 6,35 puntos, escalando posiciones hasta situarse en el cuarto puesto de toda España, solo por detrás del País Vasco, Castilla y León y Navarra. Esta cifra supone un incremento de casi un punto respecto al ejercicio anterior y confirma la mejora de la atención a la ciudadanía más vulnerable.

Por primera vez, la inversión por habitante en servicios sociales supera la media estatal, con un incremento del 17% en apenas un año, pasando de 619,3 euros a 724,3 euros por ciudadano. Este informe recoge también que el peso de las políticas sociales dentro del presupuesto público global autonómico aumentó hasta el 13,45% (frente al 10,40% de la media nacional) lo que supone que representa ya el 2,79% del PIB canario.

El esfuerzo presupuestario se ha traducido de manera directa en una protección mucho más robusta para los colectivos vulnerables, superando la media del país en múltiples indicadores estratégicos. Un ejemplo de ello es el hecho de que Canarias registra la máxima puntuación estatal con 245,5 plazas de alojamiento por cada 100.000 habitantes, un dato que triplica la media del país (86,4 plazas). También el sistema en Canarias protege de forma más intensa a las mujeres con orden de protección al ofrecer 22,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres, frente a las 16,2 del promedio del resto de España.

Aunque el Archipiélago sigue registrando una carencia de plazas residenciales, que tiene la intención de revertir una vez que se ponga en marcha el III Plan de Infraestructuras cuya última reunión de coordinación tuvo lugar ayer con todos los cabildos de las islas, la cobertura de plazas diurnas para personas mayores de 75 años alcanza el 3,15% frente al 2,19% nacional.

No obstante, en el ámbito de la atención a las personas mayores, el IDEC 2025 sitúa a Canarias también por encima de la media estatal en la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio entre las personas mayores de 75 años, con un 12,11% frente al 11,97% nacional. A ello se suma una intensidad media de 24 horas mensuales, ligeramente superior a las 23,8 horas de media en el conjunto del Estado. Estos datos reflejan el peso de los servicios de atención en el propio domicilio como recurso para favorecer la autonomía y la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual.

Hay que tener en cuenta que el propio informe reconoce que muchos de los datos utilizados corresponden a 2024 y solo parte de ellos a 2025. Es el caso de la teleasistencia, sobre la que recoge una baja cobertura mientras que, a día de hoy, existen ya casi 15.000 personas con un servicio.

La intensidad de la ayuda en las rentas mínimas de inserción también es superior, con el 16,9% de la renta media en el Archipiélago frente al 14,5% estatal.

Una de las políticas que más se han intensificado en esta legislatura, el acogimiento familiar, ya constituye el 54% del total de los acogimientos, lo que la sitúa por encima del 51,8% nacional a pesar del contexto de sobresaturación del territorio.

El informe también respalda la madurez organizativa del modelo canario, otorgándole la máxima puntuación en esfuerzo económico (10 sobre 10) “gracias al fuerte arraigo territorial y al protagonismo coordinado con los cabildos e instituciones locales”. No obstante, insta a la mejor coordinación del sistema.

Desde el Gobierno de Canarias se valora este resultado no como una meta, sino como el mejor impulso para continuar trabajando. La evolución de los últimos años demuestra que el incremento de recursos y la mejora de la organización funcionan. El compromiso firme del Ejecutivo autonómico sigue enfocado en cerrar las brechas pendientes y garantizar que el bienestar social llegue con total efectividad a cada rincón y a cada ciudadano de las islas.

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