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Canarias moviliza más de 272 millones de euros para apoyar a las familias vulnerables y reforzar la protección

Candelaria Delgado Toledo en comisión parlamentaria

Las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía se han incrementado casi un 30 % en la presente legislatura, protegiendo a más de 22.000 personas en todas las islas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias moviliza más de 272,3 millones de euros a través de distintas líneas de prestaciones, servicios sociales, inclusión y conciliación destinadas a atender las necesidades de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad. Este esfuerzo se articula mediante la colaboración con los ayuntamientos, las entidades del tercer sector y otros agentes sociales, con el objetivo de ofrecer respuestas a las dificultades económicas y sociales que afrontan miles de hogares en las islas.

Así lo expuso hoy (viernes 23) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, donde indicó que “la protección de las familias más vulnerables exige una respuesta pública amplia, coordinada y capaz de adaptarse a las necesidades reales de cada hogar. No hablamos únicamente de prestaciones económicas, sino de garantizar que las familias puedan acceder a la alimentación, cubrir los gastos esenciales, atender a sus hijos e hijas y contar con apoyos que les permitan afrontar las dificultades con mayor seguridad”.

Entre estas actuaciones destaca la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias destinada a financiar proyectos de entidades sociales dirigidos a hogares con menores en situación de pobreza, exclusión social o privación material severa. La línea, que partía de un crédito inicial de 918.872 euros, se ha ampliado hasta alcanzar los 2.621.224,60 euros distribuidos entre las familias, casi el triple de la previsión presupuestaria inicial.

La convocatoria permite financiar proyectos que atienden necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa, material escolar y comedor, alquiler y suministros, así como servicios de conciliación, escuelas infantiles, atención socioeducativa, mediación y orientación familiar. Los proyectos aceptados pueden recibir financiación de hasta el cien por cien, con ayudas de entre 8.000 y 80.000 euros por proyecto y un máximo de 160.000 euros por entidad.

“Detrás de cada una de estas actuaciones hay necesidades concretas que requieren una respuesta: una familia que necesita apoyo para cubrir los gastos básicos, menores que precisan material escolar o servicios de atención socioeducativa, o progenitores que necesitan recursos para conciliar. Por eso es fundamental trabajar con las entidades sociales, que conocen de cerca la realidad de las familias y permiten que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, señaló Delgado.

Una red de protección que abarca distintas necesidades

Candelaria Delgado subrayó que “la política social no puede medirse a partir de una única convocatoria, porque las necesidades de las familias tampoco se limitan a un solo ámbito. Es necesario combinar las ayudas económicas con los servicios de proximidad, los recursos para la infancia, la inclusión social y los apoyos a los cuidados. Esa coordinación es la que permite ofrecer respuestas más completas y ajustadas a cada situación”.

La convocatoria para familias con menores forma parte de una red de recursos más amplia que incluye prestaciones económicas, financiación de los servicios sociales municipales, programas de atención a la infancia, iniciativas de inclusión social y medidas para facilitar los cuidados y la conciliación.

En este ámbito, la red municipal de servicios sociales moviliza alrededor de 97 millones de euros, de los que aproximadamente 42 millones son aportados por la Consejería, y presta atención a unas 450.000 personas. A esta financiación se suman otros 4,8 millones de euros acordados en 2026 con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para reforzar las prestaciones sociales básicas municipales, incluidos el personal, el funcionamiento de los servicios, la ayuda a domicilio, la prevención y la inserción social.

Asimismo, el Gobierno de Canarias destina siete millones de euros a los programas municipales de atención a la infancia y las familias en los 88 ayuntamientos, y otros siete millones a proyectos de inclusión social e inmigración, 200.000 euros más que el año anterior.

La financiación procedente del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades moviliza 19,48 millones de euros para desarrollar 431 proyectos de 138 entidades sociales, que sostienen 1.846 empleos y cuentan con la colaboración de más de 7.600 personas voluntarias. Por su parte, el Plan Corresponsables dispone de 9,4 millones de euros para servicios de cuidados y conciliación que también llegan a los municipios.

A estas actuaciones se añade la Renta Canaria de Ciudadanía, con más de 113 millones de euros destinados a proteger a 22.000 personas, cuyas cuantías han aumentado casi un 30 % desde 2023. También se incluye el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, que cuenta con 16,8 millones de euros y contempla una ayuda de hasta 400 euros anuales para cerca de 42.000 personas perceptoras.

Candelaria Delgado explicó en su intervención que “sabemos que todavía hay familias que atraviesan situaciones muy difíciles y que debemos seguir mejorando las respuestas. Nuestro compromiso es mantener una política social que combine recursos económicos, atención cercana y colaboración con los municipios y las entidades sociales, porque proteger a las familias significa también proteger a la infancia y generar mejores oportunidades para el conjunto de la sociedad canaria”.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias mantiene estas líneas de actuación en un contexto en el que persisten situaciones de pobreza, dificultades económicas y problemas de conciliación que afectan a numerosos hogares canarios. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos y de las entidades que trabajan directamente con las personas en situación de vulnerabilidad.

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La tasa de pobreza en Canarias se reduce en 1,7 puntos en 2025

Los datos de EAPN Canarias reflejan un descenso continuado del riesgo de pobreza en las islas, con 34.000 personas menos en esta situación respecto a 2024 y 82.000 menos en la última década

La eficacia del escudo social evita que 44 % de la población caiga en la vulnerabilidad

Canarias continúa afianzando su senda de recuperación social según los últimos datos oficiales del 16º Informe de El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística 2025, que señala que la tasa de riesgo de pobreza en el Archipiélago se redujo al 22,9 % el pasado año, lo que supone un descenso de 1,7 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior (24,6 %) y la salida de la situación de pobreza de 34.000 personas en solo un año.

Esta evolución positiva confirma la tendencia sostenida de mejora en Canarias. En comparación con 2015, año de referencia para la Agenda 2030, la tasa de pobreza en las islas ha experimentado un descenso acumulado de 5,6 puntos porcentuales, lo que significa que 82.000 personas han salido de la pobreza en la última década, todo ello en un contexto de significativo crecimiento demográfico en la región.

En lo que respecta al indicador global AROPE (Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social), la tasa se sitúa en el 31,2 %, reduciéndose en 2,6 puntos respecto a 2023. Dicho indicador engloba el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo en los hogares. Además, si el cálculo se analiza bajo el prisma del umbral regional de renta, la tasa de riesgo de pobreza se reduce hasta el 18,3 %, situando a Canarias en cifras próximas a la media estatal.

 

Aclaración sobre el número de personas mayores de 65 años en Canarias

En la información difundida por la EAPN Canarias se indica que “la vulnerabilidad aumenta entre las personas mayores de 65 años: unas 671.000 personas están en situación de vulnerabilidad y presentan una carencia material y social severa que pasa del 8,7% al 9,8%”. Dicha cifra de personas mayores es errónea, ya que según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) la población mayor de 65 años en Canarias era de 410.833 personas en 2025. La información se puede consultar en el siguiente enlace: (https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=indicator&resourceId=POBLACION_65MAS&measure=ABSOLUTE&geo=ES70#visualization/table

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continuará reforzando su Plan de Acción a corto, medio y largo plazo con EAPN Canarias con el objetivo prioritario de erradicar la pobreza estructural y ofrecer respuestas cada vez más rápidas y eficaces a las familias vulnerables.

 

El impacto determinante del escudo social

El informe EAPN Canarias pone de relieve el papel crucial que desempeñan las políticas públicas y el conjunto de transferencias sociales (pensiones, prestaciones y rentas mínimas) para amortiguar la vulnerabilidad en las islas. De no existir este escudo social impulsado por las administraciones, la tasa de pobreza en Canarias se dispararía del 22,9 % actual al 44,2 %, lo que demuestra la contundencia y eficacia de las medidas de apoyo social vigentes. Entre estas medidas destaca la implantación de complementos extraordinarios destinados a proteger a los colectivos con menores ingresos, como los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez.

A esta mejora de los indicadores de renta se suma el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, avalado por el informe independiente Índice DEC 2025 elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la comunidad autónoma en la cuarta posición nacional con una valoración de 6,35 puntos. Este reconocimiento histórico responde a un elevado esfuerzo presupuestario, con un gasto social de 724,3 euros por habitante (frente a los 575,1 euros de media estatal) y una inversión en servicios sociales que alcanza el 2,79 % del PIB canario.

Dicha inversión se traduce en mejoras tangibles en la atención ciudadana como la Dependencia, donde el tiempo medio de tramitación ha registrado una reducción drástica del 73 %, pasando de 782 días en julio de 2023 a 214 días en la actualidad. Por su parte, los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de más de 7.500 a unos 1.400 en la actualidad, recortando el tiempo medio de resolución de 24 a 7 meses. Además, en materia teleasistencia y discapacidad los datos también son positivos: las personas usuarias de teleasistencia han pasado de 2.352 al inicio de la legislatura a 17.589 en la actualidad, mientras que el área de discapacidad acumula más de 57.000 resoluciones.

 

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Dos informes independientes reconocen la mejora de los servicios sociales y la reducción de la pobreza en Canarias

La consejera de Bienestar Social analizó en el Parlamento la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, elaborada por el ISTAC, que cuantifica en un 17,6% la población por debajo del umbral de la pobreza frente al 20,5% de 2022. Recuerda que, por primera vez, el informe independiente Índice DEC 2025 sitúa a Canarias a la cabeza de las Comunidades con mejores servicios sociales y que se han reducido los días de espera en Dependencia

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destacó este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el avance del Sistema Público de Servicios Sociales del Archipiélago, que se sitúa en la cuarta posición entre las comunidades autónomas en informe independiente Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, frente al último puesto que ocupaba en 2012; y la mejora de las condiciones de vida que refleja la encuesta del ISTAC. Delgado, no obstante, ha subrayado la necesidad de continuar mejorando la cobertura, la coordinación y garantizar una atención más rápida y accesible, especialmente para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El Índice DEC otorga a Canarias 6,35 puntos y refleja el esfuerzo económico de las administraciones públicas en materia social. El gasto consolidado de la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos alcanza los 724,3 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media estatal, lo que destaca que todas las administraciones públicas han hecho un importante esfuerzo presupuestario para mejorar la situación de las personas. Asimismo, el gasto en servicios sociales representa el 2,79% del PIB canario, frente al 1,75% del conjunto del Estado, y supone el 13,45% del gasto total de las administraciones públicas canarias, frente al 10,40% de media estatal.

Delgado ha señalado que estos indicadores reflejan el peso de las políticas sociales en el gasto público, que se sustancia, por ejemplo, en que “el tiempo medio de tramitación se ha reducido de los 782 días en julio de 2023 a 214 días en septiembre de 2026, lo que supone una disminución del 73%. Mucho menos tiempo en obtener derechos y servicios”. Asimismo, se refirió a los avances en Discapacidad, un área que contabiliza 57.184 resoluciones durante la legislatura. “Las valoraciones en las islas no capitalinas se realizan dentro del plazo legal de 180 días, mientras que la lista de espera fuera de plazo en Tenerife y Gran Canaria se ha reducido en torno a un 70% en los últimos tres años”.

Por su parte, los expedientes pendientes de reconocimiento de la Renta Canaria de Ciudadanía han pasado de 7.537 en 2023 a alrededor de 1.400 en la actualidad. El tiempo medio de resolución se sitúa aproximadamente en siete meses, frente a los 24 meses registrados al inicio de la legislatura.

La consejera ha relacionado estos avances con el refuerzo y la descentralización de equipos, la simplificación de procedimientos, la incorporación de trámites no presenciales y el uso de herramientas de automatización.

Delgado ha precisado que el Índice DEC 2025 utiliza información de distintos ejercicios y no constituye una fotografía exacta de la situación actual. Como ejemplo, ha señalado que “los datos del informe no recogen todavía de forma completa el despliegue reciente de la teleasistencia, que a septiembre de 2026 contabiliza 17.589 personas usuarias, frente a las 2.352 que había al inicio de la legislatura; o los convenios plurianuales de dependencia y discapacidad suscritos con los siete cabildos, que movilizan 1.630 millones de euros en los servicios sociales de Canarias, así como la extensión de la ayuda a domicilio especializada y otras medidas desarrolladas durante 2026”.

En relación con la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 2025, publicada por el ISTAC, Delgado ha destacado que, por primera vez, el porcentaje de población bajo el umbral de riesgo de pobreza ha pasado del 20,5% en 2022 al 17,6% en 2025. En el mismo periodo, el ingreso medio mensual de los hogares ha aumentado un 19%, desde los 2.321 hasta los 2.755 euros, mientras que el ingreso medio por persona ha pasado de 891 a 1.061 euros mensuales, también un 19% más.

Las prestaciones sociales medias percibidas han aumentado de 842 a 989 euros, y el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta, ha descendido de 0,33 a 0,32.

No obstante, la consejera ha advertido de que estos avances conviven con situaciones de vulnerabilidad. “La carencia material y social severa afecta al 12,7% de la población, el riesgo de pobreza alcanza al 19% de las mujeres frente al 16% de los hombres y se sitúa en el 37% en los hogares monoparentales, de los que más del 81% están encabezados por mujeres. Además, seis de cada diez hogares declaran algún grado de dificultad para llegar a final de mes, y es por todo ello por lo que debemos seguir trabajando para mejorar en todos los ámbitos”, señaló.

Sobre el indicador AROPE, Delgado explicó que existen nuevos parámetros, adaptados a la Estrategia Europa 2030, y que ese nuevo informe “sitúa en el 28,7% la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social”. Delgado ha recordado que esta metodología modifica algunos de los componentes utilizados anteriormente, por lo que las comparaciones con series construidas con otros criterios deben realizarse con cautela.

Candelaria Delgado ha concluido que los indicadores positivos no deben ocultar las dificultades sociales que persisten, del mismo modo que estas no impiden reconocer los avances registrados en el sistema público.

La consejera ha situado entre las prioridades de los próximos meses la reducción de los tiempos de espera, la extensión de los servicios domiciliarios y comunitarios, la protección de los hogares más vulnerables, el sostenimiento de la red municipal, la colaboración con el tercer sector, la modernización de la gestión y la reducción de las diferencias territoriales en el acceso a las prestaciones.

“El objetivo”, ha defendido, “es que los datos públicos permitan identificar mejor las necesidades y orientar las actuaciones de las administraciones para ofrecer a las personas una respuesta cada vez más rápida, próxima y adecuada”.

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Canarias combate la pobreza con un modelo de inclusión activa y reclama la financiación estatal justa

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca en el Parlamento el refuerzo de la Renta Canaria de Ciudadanía y el desarrollo de itinerarios de inclusión

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha defendido en el Parlamento autonómico una estrategia del Gobierno de Canarias para combatir la pobreza y la exclusión social basada en un modelo de inclusión activa que combina la garantía de ingresos con el acompañamiento social, la formación, el acceso al empleo y la coordinación de los distintos recursos públicos.

Delgado subrayó que la respuesta a una realidad compleja como la que afronta Canarias “debe ir más allá de las ayudas económicas regulares y avanzar hacia un sistema que facilite la autonomía y la inclusión de las personas y familias en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, destacó el trabajo que se está desarrollando en torno a la Renta Canaria de Ciudadanía “concebida no solo como una prestación económica, sino como una herramienta para articular itinerarios personalizados de inclusión social, en coordinación con los servicios sociales municipales y el resto de políticas públicas”.

Asimismo, Delgado recordó que los complementos de educación y vivienda previstos en la normativa están siendo objeto de análisis técnico y presupuestario para garantizar su viabilidad, sostenibilidad y correcta integración con el conjunto de prestaciones existentes. “Reafirmamos nuestro compromiso con una política social orientada a proteger a las personas más vulnerables, garantizar ingresos básicos y generar oportunidades que permitan superar situaciones de pobreza y exclusión de manera estable y duradera”, indicó Delgado durante su intervención.

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias destacó el refuerzo presupuestario de la Renta Canaria de Ciudadanía, momento en el que la consejera recordó que el Estado debe modificar la ley de la Seguridad Social para darle una estabilidad a las ayudas a la PNC, el apoyo al Plan Concertado de Servicios Sociales, la estabilidad financiera de las entidades del tercer sector, el desarrollo de la Estrategia Canaria para la Erradicación de la Pobreza y el impulso de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia.

Durante la sesión también se puso de manifiesto la necesidad de mejorar la financiación estatal destinada a la lucha contra la pobreza en Canarias. Así, Candelaria Delgado reiteró que la comunidad autónoma recibe actualmente recursos insuficientes -30 millones de euros- para hacer frente a una realidad social que presenta indicadores de vulnerabilidad superiores a la media estatal.

En este contexto, Delgado reclamó al Estado una financiación más ajustada a las necesidades reales del Archipiélago -en torno a 50 millones de euros más- y recordó las propuestas planteadas en el marco del denominado Decreto Canarias, que incluyen mejoras en la cooperación para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de las políticas de infancia, la cofinanciación de la dependencia y nuevas medidas en materia de vivienda. “No se puede reclamar a Canarias que haga más y al mismo tiempo callar cuando el Estado nos manda menos de lo que corresponde. No se puede pedir complementos aquí y aceptar que falten 50 millones allí. No se puede hablar de pobreza infantil y aceptar criterios de reparto que no miden correctamente la pobreza infantil real, la insularidad, el coste de vida y la vulnerabilidad de Canarias”, afirmó.

 

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Canarias lidera la reducción de desequilibrios entre la población más rica y la más pobre

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca la caída del 1,7% de la tasa de riesgo de pobreza el año pasado, la tercera mayor por comunidades y 8,5 veces el descenso de la media de España

La Comunidad Autónoma reclama al Estado 50 millones de euros más para la mejora de la población más vulnerable

Canarias se sitúa en una posición de recuperación social sin precedentes, situándose por debajo de la media de desigualdad de España, al alcanzar un ratio de 5,1 en el indicador S80/S20, que compara la renta total de la población con mayores y menores ingresos.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destaca que estos datos, que reflejan que el 20% de la población más rica gana 5,1 veces más que la más pobre el Archipiélago, “sitúan a Canarias en la posición de liderazgo en la corrección de desequilibrios, con un descenso de 0,6%”. Añade que ·esta evolución cobra mayor peso tras haber sufrido el mayor pico en 2021, con un ratio de 8,2, lo que demuestra que el crecimiento económico en las islas ha sido efectivo para revertir la brecha histórica y alcanzar niveles de equidad superiores incluso a los de la etapa prepandemia”.

Delgado explica que, pese a que los indicadores de 2024 y 2025 señalan una mejoría, “desde el Gobierno de Canarias continuamos trabajando para combatir la pobreza con diferentes políticas sociales como atención a las personas, educación, formación y empleo, pero necesitamos un mayor compromiso del Estado en la financiación para las políticas contra la pobreza”. En esta línea, reclama al Estado que aporte 50 millones de euros más para la mejora de la población más vulnerable, frente a los 30 millones aprobados en el Consejo de Ministros para Canarias”.

La consejera destaca que desde su departamento “se sigue trabajando para reducir las tasas de pobreza y, en especial, la pobreza severa y la infantil y para ello ya hemos tomado medidas como el complemento a las pensiones no contributivas y el aumento de la renta canaria de la ciudadanía”. Una labor que, señala, se lleva a cabo “en colaboración con EAPN Canarias porque son los especialistas en la materia y son los que nos pueden indicar qué líneas hay que reforzar, si hay que establecer algunas nuevas y trabajar no solo desde esta Consejería sino de otras como la de Empleo o Educación”. Todo ello, señaló, “se articulará a través de la Estrategia canaria para erradicación de la pobreza que aprobaremos a lo largo de este año”.

Delgado señaló que con estas acciones se espera seguir avanzando en la mejora que reflejan los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la tasa de riesgo de pobreza, uno de los tres componentes del indicador Arope, cae en Canarias un 1,7%, lo que supone la tercera mayor caída por comunidad autónoma y 8,5 veces la caída de la media de España, hasta el 22,9 % de la población.

Además, la carencia material y social severa, el segundo componente de Arope, disminuye un 1,5%, situándose como la quinta comunidad con mayor descenso y superando en 7,5 veces la caída de la media de España,

La consejera de Bienestar Social también recordó que la tasa Arope, que señala que el 31,2 % de la población de Canarias estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social el pasado año, se ha reducido en 2,6 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2023. “Eso supone, además, una reducción de más de siete puntos en la última década, la cuarta mayor registrada a nivel nacional. Lejos de estar satisfechos, seguimos trabajando para reducirla y eso pasa, indispensablemente, porque el Estado nos aporte esos 50 millones de euros y podamos contar con 80 millones de euros para combatir la pobreza en Canarias”.

Datos Encuesta de Condiciones de Vida 2025

La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 en Canarias se realizó a 760 personas, siendo el Archipiélago donde menos se contestó a la misma. Así, en cuanto a las negativas, el porcentaje nacional alcanza un valor del 9,5% mientras que Canarias presenta el porcentaje más elevado de negativas, tanto en primera entrevista, con un 23,4%, como en entrevistas sucesivas, con un 9,8%.

La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 confirma que el crecimiento económico en Canarias ha sido muy efectivo para redistribuir la riqueza y reducir la pobreza a ritmos superiores a la media de España, pero la persistencia de hogares con baja intensidad laboral ha impedido que esta mejoría se traslade a la tasa general de exclusión social (Arope).

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El Gobierno de Canarias aprobará la Estrategia canaria para erradicación de la pobreza en 2026

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias contará con la colaboración de EAPN Canarias para su elaboración

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobará en 2026 la Estrategia canaria para erradicación de la pobreza en colaboración con la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social-EAPN Canarias. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y el vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, mantuvieron ayer (viernes 12) un encuentro de trabajo para abordar la situación que atraviesa el Archipiélago y la línea de colaboración para combatir la pobreza.

Candelaria Delgado indicó que “hemos visto qué medidas hay que potenciar desde el Gobierno de Canarias para reducir las tasas de pobreza y, en especial, la pobreza severa y la infantil. Hablamos de medidas como el complemento a las pensiones no contributivas que hemos previsto para 2026 y otras acciones que vamos a trabajar con EAPN-Canarias. Queremos ir de la mano de ellos porque son los especialistas en la materia y son los que nos pueden indicar qué líneas hay que reforzar, si hay que establecer algunas nuevas y trabajar no solo desde esta consejería sino de otras como la de empleo o la de educación. Todo eso se articulará a través de la Estrategia canaria para erradicación de la pobreza que aprobaremos a lo largo del próximo año”.

Fernando Rodríguez explicó que “hemos analizado los últimos datos del informe sobre la pobreza en Canarias -conocido como el informe Arope- donde hay una serie de indicadores que mejoran en la Comunidad Autónoma y donde hay otros que nos siguen preocupando, como son la pobreza severa y la pobreza infantil. Agradecemos la voluntad de la consejera y del Gobierno de Canarias de afrontar este problema para solucionarlo a través de una estrategia canaria de lucha contra la pobreza con la que pretendemos reducir las tasas de pobreza y exclusión social en el Archipiélago”.

Fernando Rodríguez
Fernando Rodríguez

Canarias redujo en 50.000 las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión en 2024. Así lo indica el informe la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, que señala que el pasado año mejoraron los registros de Canarias en los principales indicadores de pobreza y exclusión social. De esta forma, las islas experimentan la cuarta mejor reducción de la tasa Arope, el tercer mayor incremento de la renta media y la mayor disminución de la tasa BITH (hogares con baja intensidad de empleo).

EAPN

Fue fundada en 1990, son las siglas que identifican a la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. EAPN es una agrupación independiente que aglutina a Organizaciones no Gubernamentales que participan activamente en la Lucha Contra la pobreza y la exclusión social en los Estados Miembros de la Unión Europea. La oficina central de la EAPN se encuentra en Bruselas, y tiene un estatus consultivo con el Consejo de Europa, por lo que se configura como un grupo importante de presión a nivel europeo.

EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social y busca permitir que aquellas personas que sufren pobreza y exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y su situación, tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión Europea

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Canarias reitera la necesidad de cambiar la Ley de Seguridad Social para acabar también con la pobreza infantil

“Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”, aseguró la consejera regional de Bienestar Social

Candelaria Delgado acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia donde se aprobaron cinco millones para atención a menores migrantes no acompañados

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a reiterar en Madrid, esta vez ante el Ministerio de Juventud e Infancia, la necesidad de que el Estado cambie la Ley de la Seguridad Social para que los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía que se hagan a las personas que reciben la Pensión No Contributiva (PNC) no computen como ingresos extras y puedan salir de la pobreza extrema.

Delgado ha hecho esta petición en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada el 7 de noviembre en Madrid, donde se abordaron, dentro los asuntos del orden del día, los procesos de adopción en las Comunidades Autónomas y recursos autonómicos destinados a combatir la pobreza infantil.

En su intervención, la consejera recordó que “muchas de las personas que reciben la PNC son personas con discapacidad con menores a cargo” y que, aunque en Canarias se ha arbitrado una fórmula para que reciban un ingreso extra de 400 euros anuales para este 2026, “siguen siendo necesarias otras medidas que puedan beneficiar a esas familias”.

“No puede ser que sigamos recibiendo una aportación de 30 millones de euros para luchar contra la pobreza, cuando nos corresponderían 80 millones de euros. Entiendo que, aunque el Estado tenga los presupuestos prorrogados, debe hacer un esfuerzo para conseguir un incremento de presupuestos en la lucha contra la pobreza, mientras que no se establezca el pacto de Estado Contra la Pobreza Infantil de la que se ha hablado hoy y que entiendo que irá también con ficha presupuestaria”, explicó Delgado. “Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”.

Por otra parte, en este encuentro cumbre entre los responsables de las consejerías responsables en asuntos de menores de las distintas comunidades autónomas y el Ministerio, se ha aprobado que el Gobierno de Canarias reciba otros cinco millones de euros del reparto de 13 millones de euros que se decidió hoy para atender la llegada de menores migrantes no acompañados.

Además, la Conferencia Sectorial de Infancia ha vuelto a ser un foro de debate sobre el reparto de menores migrantes y la contingencia migratoria, además de los criterios de asignación de la contingencia, a pesar de que no había ningún punto del orden del día que contemplara ese debate. Mientras Canarias sigue con centros saturados con 4.475 menores, y la financiación del Estado no llega a las arcas del Archipiélago, algunas comunidades autónomas siguen discutiendo si pueden o no financiar la asunción de la guarda de los menores trasladados por contingencia. Hasta el momento, de Canarias han salido 16 menores por el procedimiento exprés -artículo 5-; y 24 menores correspondientes a contingencia ordinaria. Esta semana, Canarias ha asumido 13 menores más llegados en las últimas pateras.

Las comunidades han solicitado al Ministerio que elimine del orden del día el punto referido a la información sobre el proyecto de Real Decreto sobre los sistemas de acogimiento de niños, niñas y adolescentes, ya que fue un acuerdo de la comisión sectorial que no se incluyera en esta Conferencia.

 

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Delgado reivindica en el Parlamento de Canarias una mayor financiación estatal en la lucha contra la pobreza

La consejera recuerda que el Estado solo transfiere 30 millones de euros a Canarias, aunque el propio Ejecutivo central reconoce que las necesidades se cifran entre 80 y 100 millones

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino el martes, 28 de octubre, en el Pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista y les recordó que la administración estatal debe mejorar la financiación estatal que se destina a la lucha contra la pobreza, ya que la insuficiencia de los recursos se “ha convertido en un verdadero cuello de botella para mejorar los ratios”.

La titular de la Consejería hizo esta reivindicación tras haber confirmado que “Canarias mejora en su conjunto”, “pero la pobreza más dura no da tregua”, afirmó y añadió que “eso obliga a pisar el acelerador ofreciendo ingresos garantizados y apoyos de cercanía”. “Se están consiguiendo avances, pero no los suficientes para quienes peor lo pasan”, aseveró.

En detalle, reprochó al grupo que el Estado sólo transfiere 30 millones de euros a Canarias, cuando es necesario elevar la cuantía de esa partida a una cantidad entre 80 y 100 millones, “tal y como ha reconocido el propio ministro Bustinduy”. Aludió, también, a la existencia de unos presupuestos generales del Estado que están prorrogados desde hace tres años, “un hecho que bloquea cualquier posible mejora y deja partidas clave sin despegar en el tiempo”.

En su intervención, Candelaria Delgado enumeró los avances que se han realizado desde el Gobierno de Canarias para poder reducir la ratio de pobreza. Aseguró que la Renta Canaria de Ciudadanía, a la que se destinan 104 millones de euros anuales, es ya el principal apoyo autonómico de ingresos para las familias más vulnerables e insistió en que se refuerza la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital para que el dinero llegue cuanto antes a las personas beneficiarias.

Citó también el hecho de que el Ejecutivo canario está centrando los recursos hacia la infancia y el alquiler de viviendas para poder frenar la pobreza severa, además de desplegar medidas de apoyo material y acompañamiento, “evitando así que un bache en una familia se convierta en una situación crónica”. La Red Municipal de Servicios Sociales y con el tercer sector es otro ejemplo del esfuerzo que está realizando el Gobierno para atender a las personas más vulnerable.”

Por último, la consejera Candelaria Delgado insistió en la sede parlamentaria en que aunque “no hay margen para la autocomplacencia”, hay una tendencia más positiva. En concreto, el XV informe sobre el ‘Estado de la Pobreza’ recoge que se contabilizan 50.000 personas menos en riesgo de pobreza o exclusión en 2024. Además, la tasa AROPE muestra la cuarta mayor caída de todas las autonomías. De igual manera, la tasa de pobreza en las islas es siete puntos menor que hace diez años y se registra la mayor reducción de hogares con baja intensidad de empleo de todo el país.

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Canarias reduce en 50.000 las personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en 2024

TABLA TASA AROPE

El indicador de la tasa AROPE baja en las islas por cuarto año consecutivo y se acerca a la media nacional. Canarias, entre las comunidades en las que mejora el indicador sobre carencia material y social severa

La comunidad autónoma de Canarias redujo en 50.000 las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión en 2024. Así lo indica el informe la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, que señala que el pasado año mejoraron los registros de Canarias en los principales indicadores de pobreza y exclusión social. De esta forma, las islas experimentan la cuarta mejor reducción de la tasa AROPE, el tercer mayor incremento de la renta media y la mayor disminución de la tasa BITH (hogares con baja intensidad de empleo).

Mientras que la tasa Arope se incrementa en nueve comunidades autónomas, en Canarias baja 2,6 puntos. En comparación con el año 2015, designado año de control de la Agenda 2030 y en el que la tasa AROPE era de 38,4 %, este registro supone una mejora de 7,2 puntos porcentuales, lo que supone casi 110.000 personas que dejaron de estar en situación de riesgo pobreza y/o exclusión social en Canarias. En el ámbito nacional, y con respecto a este mismo periodo, solo se reduce 2,9 puntos.

El estudio de los principales indicadores de pobreza y exclusión social en Canarias muestra que, en un contexto de mejora generalizada en el conjunto del Estado, también se produjeron destacados avances en las islas. El informe señala que el 31,2 % de la población de Canarias estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social el pasado año. Esta cifra es 2,6 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2023, lo que se traduce en unas 50.000 personas menos en AROPE y una reducción de más de siete puntos en la última década, la cuarta mayor registrada a nivel nacional. Además, este indicador se reduce en el Archipiélago por cuarto año consecutivo.

Sobre la carencia material y social severa, con respecto a 2015, el indicador aumenta sus valores tanto a nivel estatal como en la mayoría de las regiones y solo se detectan mejoras en seis comunidades autónomas, entre las que se encuentra el Archipiélago. En el último año este indicador también empeora a nivel estatal, pero mejoró nueve comunidades, entre las que se encuentra Canarias.

De todas las comunidades, solo tres mejoran sus registros de pobreza severa, Baleares, Canarias y Extremadura, respecto a las tasas que existían antes de la Gran Recesión, en 2008.

Por otro lado, si para el cálculo de la tasa AROPE se utiliza la tasa de pobreza obtenida con el umbral de pobreza regional de Canarias, este indicador disminuye y se reduce su distancia con la media nacional: para el año 2024 la tasa AROPE con umbral regional se reduce 2,8 puntos (de un 31,2 % a un 28,4 %).

Baja intensidad en el empleo en el hogar y edades

En el año 2024, el 10,4 % de la población canaria entre 0 y 64 años vivió en hogares con baja intensidad de empleo (BITH), cifra que se reduce por tercer año consecutivo. Así, Canarias experimenta la mayor caída de tasa BITH de todas las comunidades. El factor de baja intensidad de empleo por hogar de la tasa AROPE agrupa a aquellas personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar solo consiguen hacerlo por debajo del 20 % de su potencial máximo.

Respecto a la tasa AROPE por edad en Canarias, todos los grupos mejoraron en 2024 respecto al año anterior, salvo el de 30 a 64 años (un 31,1 %), que se mantuvo estable. Por su parte, también mejoraron de manera destacable los valores registrados entre las personas de 18 a 29 años (-7,2 puntos) y de 65 años y más (-5,2 p.p.), que se situaron en 26,7 % y 27,2 % respectivamente.

Canarias sigue demandando del Estado mayor compromiso en la financiación para las políticas contra la pobreza. Frente a los 30 millones de euros aprobados en el pasado Consejo de Ministros, los cálculos de la comunidad autónoma estiman la necesidad de otros 50 millones adicionales para aplicar en la mejora de la situación de la población más vulnerable.

Ya han salido a información pública los reglamentos para implementar los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía para que esta siga conviviendo con el Ingreso Mínimo Vital.  La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado que “se trata de un paso muy importante porque este reglamento pone a los canarios y canarias en el centro de las políticas sociales: estandariza cómo se valora cada caso, cómo se planifica el apoyo y cómo se hace el seguimiento para que la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) no sea solo una ayuda económica, sino una palanca real de inclusión y autonomía. El documento define qué pasos siguen los servicios sociales y qué apoyos recibe cada hogar, con criterios claros, homogéneos y medibles en todas las islas”.

 

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Canarias blinda su renta mínima y duplica la inversión hasta superar los cien millones de euros

La Renta Canaria de Ciudadanía atiende a casi 13.000 hogares y la tasa AROPE baja del 33,8 % al 31,2 % en 2024, el mejor resultado de la última década, con una caída de más de dos puntos en un solo año.

El Gobierno de Canarias defendió ayer en el Pleno del Parlamento el refuerzo sin precedentes de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), cuya dotación ha pasado de poco más de 50 M€ (2021) a más de 104 M€ (2025), más del doble de inversión para garantizar ingresos a las familias vulnerables y acelerar su inclusión social.

Según señaló la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Candelaria Delgado, partiendo de un informe reciente del Ministerio de Servicios Sociales y Agenta 2030, “mientras una mayoría de comunidades redujeron o desmantelaron sus rentas mínimas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, Canarias ha mantenido e incrementado la cobertura, situándose por encima de la media estatal en proporción de población pobre atendida (6,6 % en Canarias frente al 5,9 % en España)”.

Con una dotación que supera los 104,3 millones de euros en 2025 y atención a casi 13.000 hogares, la RCC consolida su papel de complemento del Ingreso Mínimo Vital y de herramienta clave para la inclusión. “Hemos elegido proteger a nuestra gente: más presupuesto, más cobertura y mejor gestión,” afirmó la consejera, quien recordó las veinte nuevas incorporaciones de personal para agilizar expedientes y la inminente aprobación del reglamento de complementos (itinerario de acompañamiento social y pensiones no contributivas) que hará “más justa y más eficaz” la prestación.

La responsable autonómica enmarcó este impulso en una mejora de los indicadores sociales: “2024 nos deja el mejor dato AROPE de los últimos diez años en Canarias: caemos de un 33,8 % a un 31,2 %, más de dos puntos en un solo año. No es un eslogan; son resultados que se explican gracias a una red de protección que hemos mantenido e incrementado cuando otros recortaban.”, dijo.

La consejera defendió el modelo canario de renta mínima por su complementariedad con el IMV y por integrar itinerarios de inserción y acompañamiento: “La RCC no es solo un ingreso: es la puerta a la autonomía. Atendemos urgencias, cubrimos lagunas del sistema estatal y acompañamos a las familias hasta estabilizar su proyecto de vida.” En esa línea, destacó la coordinación con ayuntamientos y tercer sector para detectar casos en proximidad y sostener programas de inserción a varios años.

Frente a los discursos que cuestionan el esfuerzo presupuestario, la consejera fue clara: “La pobreza no se combate con titulares fáciles, sino con recursos, gestión y humanidad. Aquí no hay retrocesos: hay estabilidad y progreso. Y lo vamos a seguir haciendo: proteger, acompañar y dar oportunidades”, señaló.

Finalmente, reconoció que Canarias aún debe mejorar sus datos en pobreza, por lo que hizo un llamamiento a la cooperación institucional: “Pedimos menos ruido y más acuerdos, porque cada euro invertido en renta mínima es un euro invertido en el futuro de Canarias.”

 

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