“Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”, aseguró la consejera regional de Bienestar Social

Candelaria Delgado acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia donde se aprobaron cinco millones para atención a menores migrantes no acompañados

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a reiterar en Madrid, esta vez ante el Ministerio de Juventud e Infancia, la necesidad de que el Estado cambie la Ley de la Seguridad Social para que los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía que se hagan a las personas que reciben la Pensión No Contributiva (PNC) no computen como ingresos extras y puedan salir de la pobreza extrema.

Delgado ha hecho esta petición en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada el 7 de noviembre en Madrid, donde se abordaron, dentro los asuntos del orden del día, los procesos de adopción en las Comunidades Autónomas y recursos autonómicos destinados a combatir la pobreza infantil.

En su intervención, la consejera recordó que “muchas de las personas que reciben la PNC son personas con discapacidad con menores a cargo” y que, aunque en Canarias se ha arbitrado una fórmula para que reciban un ingreso extra de 400 euros anuales para este 2026, “siguen siendo necesarias otras medidas que puedan beneficiar a esas familias”.

“No puede ser que sigamos recibiendo una aportación de 30 millones de euros para luchar contra la pobreza, cuando nos corresponderían 80 millones de euros. Entiendo que, aunque el Estado tenga los presupuestos prorrogados, debe hacer un esfuerzo para conseguir un incremento de presupuestos en la lucha contra la pobreza, mientras que no se establezca el pacto de Estado Contra la Pobreza Infantil de la que se ha hablado hoy y que entiendo que irá también con ficha presupuestaria”, explicó Delgado. “Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”.

Por otra parte, en este encuentro cumbre entre los responsables de las consejerías responsables en asuntos de menores de las distintas comunidades autónomas y el Ministerio, se ha aprobado que el Gobierno de Canarias reciba otros cinco millones de euros del reparto de 13 millones de euros que se decidió hoy para atender la llegada de menores migrantes no acompañados.

Además, la Conferencia Sectorial de Infancia ha vuelto a ser un foro de debate sobre el reparto de menores migrantes y la contingencia migratoria, además de los criterios de asignación de la contingencia, a pesar de que no había ningún punto del orden del día que contemplara ese debate. Mientras Canarias sigue con centros saturados con 4.475 menores, y la financiación del Estado no llega a las arcas del Archipiélago, algunas comunidades autónomas siguen discutiendo si pueden o no financiar la asunción de la guarda de los menores trasladados por contingencia. Hasta el momento, de Canarias han salido 16 menores por el procedimiento exprés -artículo 5-; y 24 menores correspondientes a contingencia ordinaria. Esta semana, Canarias ha asumido 13 menores más llegados en las últimas pateras.

Las comunidades han solicitado al Ministerio que elimine del orden del día el punto referido a la información sobre el proyecto de Real Decreto sobre los sistemas de acogimiento de niños, niñas y adolescentes, ya que fue un acuerdo de la comisión sectorial que no se incluyera en esta Conferencia.

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La consejera recuerda que el Estado solo transfiere 30 millones de euros a Canarias, aunque el propio Ejecutivo central reconoce que las necesidades se cifran entre 80 y 100 millones

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino el martes, 28 de octubre, en el Pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista y les recordó que la administración estatal debe mejorar la financiación estatal que se destina a la lucha contra la pobreza, ya que la insuficiencia de los recursos se “ha convertido en un verdadero cuello de botella para mejorar los ratios”.

La titular de la Consejería hizo esta reivindicación tras haber confirmado que “Canarias mejora en su conjunto”, “pero la pobreza más dura no da tregua”, afirmó y añadió que “eso obliga a pisar el acelerador ofreciendo ingresos garantizados y apoyos de cercanía”. “Se están consiguiendo avances, pero no los suficientes para quienes peor lo pasan”, aseveró.

En detalle, reprochó al grupo que el Estado sólo transfiere 30 millones de euros a Canarias, cuando es necesario elevar la cuantía de esa partida a una cantidad entre 80 y 100 millones, “tal y como ha reconocido el propio ministro Bustinduy”. Aludió, también, a la existencia de unos presupuestos generales del Estado que están prorrogados desde hace tres años, “un hecho que bloquea cualquier posible mejora y deja partidas clave sin despegar en el tiempo”.

En su intervención, Candelaria Delgado enumeró los avances que se han realizado desde el Gobierno de Canarias para poder reducir la ratio de pobreza. Aseguró que la Renta Canaria de Ciudadanía, a la que se destinan 104 millones de euros anuales, es ya el principal apoyo autonómico de ingresos para las familias más vulnerables e insistió en que se refuerza la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital para que el dinero llegue cuanto antes a las personas beneficiarias.

Citó también el hecho de que el Ejecutivo canario está centrando los recursos hacia la infancia y el alquiler de viviendas para poder frenar la pobreza severa, además de desplegar medidas de apoyo material y acompañamiento, “evitando así que un bache en una familia se convierta en una situación crónica”. La Red Municipal de Servicios Sociales y con el tercer sector es otro ejemplo del esfuerzo que está realizando el Gobierno para atender a las personas más vulnerable.”

Por último, la consejera Candelaria Delgado insistió en la sede parlamentaria en que aunque “no hay margen para la autocomplacencia”, hay una tendencia más positiva. En concreto, el XV informe sobre el ‘Estado de la Pobreza’ recoge que se contabilizan 50.000 personas menos en riesgo de pobreza o exclusión en 2024. Además, la tasa AROPE muestra la cuarta mayor caída de todas las autonomías. De igual manera, la tasa de pobreza en las islas es siete puntos menor que hace diez años y se registra la mayor reducción de hogares con baja intensidad de empleo de todo el país.

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El indicador de la tasa AROPE baja en las islas por cuarto año consecutivo y se acerca a la media nacional. Canarias, entre las comunidades en las que mejora el indicador sobre carencia material y social severa

La comunidad autónoma de Canarias redujo en 50.000 las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión en 2024. Así lo indica el informe la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, que señala que el pasado año mejoraron los registros de Canarias en los principales indicadores de pobreza y exclusión social. De esta forma, las islas experimentan la cuarta mejor reducción de la tasa AROPE, el tercer mayor incremento de la renta media y la mayor disminución de la tasa BITH (hogares con baja intensidad de empleo).

Mientras que la tasa Arope se incrementa en nueve comunidades autónomas, en Canarias baja 2,6 puntos. En comparación con el año 2015, designado año de control de la Agenda 2030 y en el que la tasa AROPE era de 38,4 %, este registro supone una mejora de 7,2 puntos porcentuales, lo que supone casi 110.000 personas que dejaron de estar en situación de riesgo pobreza y/o exclusión social en Canarias. En el ámbito nacional, y con respecto a este mismo periodo, solo se reduce 2,9 puntos.

El estudio de los principales indicadores de pobreza y exclusión social en Canarias muestra que, en un contexto de mejora generalizada en el conjunto del Estado, también se produjeron destacados avances en las islas. El informe señala que el 31,2 % de la población de Canarias estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social el pasado año. Esta cifra es 2,6 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2023, lo que se traduce en unas 50.000 personas menos en AROPE y una reducción de más de siete puntos en la última década, la cuarta mayor registrada a nivel nacional. Además, este indicador se reduce en el Archipiélago por cuarto año consecutivo.

Sobre la carencia material y social severa, con respecto a 2015, el indicador aumenta sus valores tanto a nivel estatal como en la mayoría de las regiones y solo se detectan mejoras en seis comunidades autónomas, entre las que se encuentra el Archipiélago. En el último año este indicador también empeora a nivel estatal, pero mejoró nueve comunidades, entre las que se encuentra Canarias.

De todas las comunidades, solo tres mejoran sus registros de pobreza severa, Baleares, Canarias y Extremadura, respecto a las tasas que existían antes de la Gran Recesión, en 2008.

Por otro lado, si para el cálculo de la tasa AROPE se utiliza la tasa de pobreza obtenida con el umbral de pobreza regional de Canarias, este indicador disminuye y se reduce su distancia con la media nacional: para el año 2024 la tasa AROPE con umbral regional se reduce 2,8 puntos (de un 31,2 % a un 28,4 %).

Baja intensidad en el empleo en el hogar y edades

En el año 2024, el 10,4 % de la población canaria entre 0 y 64 años vivió en hogares con baja intensidad de empleo (BITH), cifra que se reduce por tercer año consecutivo. Así, Canarias experimenta la mayor caída de tasa BITH de todas las comunidades. El factor de baja intensidad de empleo por hogar de la tasa AROPE agrupa a aquellas personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar solo consiguen hacerlo por debajo del 20 % de su potencial máximo.

Respecto a la tasa AROPE por edad en Canarias, todos los grupos mejoraron en 2024 respecto al año anterior, salvo el de 30 a 64 años (un 31,1 %), que se mantuvo estable. Por su parte, también mejoraron de manera destacable los valores registrados entre las personas de 18 a 29 años (-7,2 puntos) y de 65 años y más (-5,2 p.p.), que se situaron en 26,7 % y 27,2 % respectivamente.

Canarias sigue demandando del Estado mayor compromiso en la financiación para las políticas contra la pobreza. Frente a los 30 millones de euros aprobados en el pasado Consejo de Ministros, los cálculos de la comunidad autónoma estiman la necesidad de otros 50 millones adicionales para aplicar en la mejora de la situación de la población más vulnerable.

Ya han salido a información pública los reglamentos para implementar los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía para que esta siga conviviendo con el Ingreso Mínimo Vital.  La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado que “se trata de un paso muy importante porque este reglamento pone a los canarios y canarias en el centro de las políticas sociales: estandariza cómo se valora cada caso, cómo se planifica el apoyo y cómo se hace el seguimiento para que la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) no sea solo una ayuda económica, sino una palanca real de inclusión y autonomía. El documento define qué pasos siguen los servicios sociales y qué apoyos recibe cada hogar, con criterios claros, homogéneos y medibles en todas las islas”.

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La Renta Canaria de Ciudadanía atiende a casi 13.000 hogares y la tasa AROPE baja del 33,8 % al 31,2 % en 2024, el mejor resultado de la última década, con una caída de más de dos puntos en un solo año.

El Gobierno de Canarias defendió ayer en el Pleno del Parlamento el refuerzo sin precedentes de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), cuya dotación ha pasado de poco más de 50 M€ (2021) a más de 104 M€ (2025), más del doble de inversión para garantizar ingresos a las familias vulnerables y acelerar su inclusión social.

Según señaló la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Candelaria Delgado, partiendo de un informe reciente del Ministerio de Servicios Sociales y Agenta 2030, “mientras una mayoría de comunidades redujeron o desmantelaron sus rentas mínimas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, Canarias ha mantenido e incrementado la cobertura, situándose por encima de la media estatal en proporción de población pobre atendida (6,6 % en Canarias frente al 5,9 % en España)”.

Con una dotación que supera los 104,3 millones de euros en 2025 y atención a casi 13.000 hogares, la RCC consolida su papel de complemento del Ingreso Mínimo Vital y de herramienta clave para la inclusión. “Hemos elegido proteger a nuestra gente: más presupuesto, más cobertura y mejor gestión,” afirmó la consejera, quien recordó las veinte nuevas incorporaciones de personal para agilizar expedientes y la inminente aprobación del reglamento de complementos (itinerario de acompañamiento social y pensiones no contributivas) que hará “más justa y más eficaz” la prestación.

La responsable autonómica enmarcó este impulso en una mejora de los indicadores sociales: “2024 nos deja el mejor dato AROPE de los últimos diez años en Canarias: caemos de un 33,8 % a un 31,2 %, más de dos puntos en un solo año. No es un eslogan; son resultados que se explican gracias a una red de protección que hemos mantenido e incrementado cuando otros recortaban.”, dijo.

La consejera defendió el modelo canario de renta mínima por su complementariedad con el IMV y por integrar itinerarios de inserción y acompañamiento: “La RCC no es solo un ingreso: es la puerta a la autonomía. Atendemos urgencias, cubrimos lagunas del sistema estatal y acompañamos a las familias hasta estabilizar su proyecto de vida.” En esa línea, destacó la coordinación con ayuntamientos y tercer sector para detectar casos en proximidad y sostener programas de inserción a varios años.

Frente a los discursos que cuestionan el esfuerzo presupuestario, la consejera fue clara: “La pobreza no se combate con titulares fáciles, sino con recursos, gestión y humanidad. Aquí no hay retrocesos: hay estabilidad y progreso. Y lo vamos a seguir haciendo: proteger, acompañar y dar oportunidades”, señaló.

Finalmente, reconoció que Canarias aún debe mejorar sus datos en pobreza, por lo que hizo un llamamiento a la cooperación institucional: “Pedimos menos ruido y más acuerdos, porque cada euro invertido en renta mínima es un euro invertido en el futuro de Canarias.”

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 El evento, que se extenderá hasta el próximo viernes, promoverá un análisis de las políticas europeas en materia de inclusión social

Santa Cruz de Tenerife acogerá desde hoy y hasta el 14 y 15 de noviembre de 2024, el Seminario Anual de EAPN-ES bajo el lema: “Transformaciones sociales y protección de derechos en el nuevo marco europeo”. EAPN (European Anti Poverty Network) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea.

Creada en diciembre de 1990, trabaja para la erradicación de la pobreza y la exclusión social, buscando permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha participado en el panel de inauguración, acompañada por el presidente de EAPN Canarias, Juan Carlos Lorenzo; el presidente de EAPN Europa, Carlos Susías; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; y la consejera de Asuntos Sociales, Educación y Juventud de Santa Cruz, Charín González; junto a las intervenciones vía telemática de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea.

Delgado expresó su deseo de colaboración en pos de “una sociedad más equitativa” asegurando que es “muy consciente del papel que tenemos como Gobierno para seguir reduciendo la brecha entre pobres y ricos y para rebajar los índices de precariedad y pobreza en nuestra comunidad autónoma”. La consejera destacó que “una de las mayores preocupaciones es romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y reducir la desigualdad”, ya que “las sociedades desiguales desaprovechan el talento, pero también son más polarizadas, tensionadas y violentas, y eso tiene consecuencias sobre la propia democracia.” Delgado formaba parte de la junta de EAPN antes de entrar a formar parte del Ejecutivo y se congratuló de poder contar con la experiencia del organismo para seguir “tendiendo la mano para seguir reforzando el sistema de bienestar social”.

Asimismo, hizo referencia al papel protagonista que juegan los servicios sociales en las grandes emergencias, como la que está viviendo la Comunidad Valenciana estos días, e insistió en la necesidad de que los fondos estatales lleguen para que estos servicios sociales puedan financiarse adecuadamente.

Precisamente, durante la recepción a la dirección de EAPN que tuvo lugar esa misma mañana por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento autonómico, este subrayó que “todas las áreas de este Gobierno tienen políticas encaminadas a reducir la desigualdad y la precariedad, como con la Renta Canaria de Ciudadanía, con la que llegamos ahora mismo a unas 13.000 personas, y que hemos reforzado en los próximos presupuestos. Además, estamos tratando de coordinar con el Estado que la renta canaria sea un complemento al Ingreso Mínimo Vital para mejorar la capacidad económica de las familias canarias”.

Juan Carlos Lorenzo, presidente de EAPN Canarias, aseguró que, aunque deben realizar un análisis pormenorizado de las cuentas autonómicas para 2025, a priori encuentran esperanzador que el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social sea de los que más crezca. Por otro lado, pidió a las administraciones y a la sociedad en general que contribuyan a «cambiar la narrativa» sobre las personas en situación de vulnerabilidad. «Una persona no es pobre solo porque no tiene recursos, sino porque no participa y no ejerce sus derechos», advirtió.

Por su parte, Carlos Susías, presidente de EAPN España y Europa señaló que eligieron Canarias “porque está ocurriendo algo importante y es observar cómo se ha mantenido la renta regional que en otros lugares se ha eliminado en favor del IMV estatal. Hemos animado a este gobierno a que sigan por ese camino y lo intensifiquen”.

El seminario

El seminario promoverá un análisis de las políticas europeas en materia de inclusión social y reducción de la pobreza, brindando un espacio de debate sobre su adaptación en ámbito nacional, autonómico y local, en un contexto marcado por las recientes elecciones al Parlamento Europeo y la consecuente composición de las nuevas instituciones de la UE.

Este espacio de encuentro, dirigido principalmente a personal directivo y técnico de entidades sociales y responsables de Administraciones públicas, contará con la participación de más de un centenar de personas representantes de las Redes Territoriales y Entidades Estatales que forman parte de EAPN-ES.

En este marco, se promoverá una reflexión sobre el papel del Tercer Sector en la toma de decisiones en las políticas públicas, visibilizando propuestas transformadoras en clave de defensa de derechos y alianzas intersectoriales.

Asimismo, el Seminario Anual permitirá explorar los avances logrados, y los retos pendientes, en la implementación de las tres transiciones -digital, ecológica y socioeconómica- en España. Se aplicará para ello un enfoque en base a herramientas de comunicación e incidencia política inclusivas, dado el contexto actual marcado por el crecimiento de los discursos de odio hacia aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social.

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La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalla en sede parlamentaria las diferentes líneas de actuación dirigidas a luchar contra la pobreza en las islas

Un total de 843.000 personas en situación de vulnerabilidad social se benefician de los programas de ayudas del Ejecutivo canario

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destina un total de 213,5 millones de euros a diferentes acciones dirigidas a combatir la pobreza y atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Según explicó la consejera del área en sede parlamentaria, Candelaria Delgado, su departamento gestiona un amplio abanico de líneas de ayudas y subvenciones que ha permitido la atención de 843.000 personas en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social.

“El Gobierno de Canarias no olvida que las cifras en nuestra tierra en cuanto a pobreza, exclusión social o privación material básica son muy preocupantes. Por eso, entendemos que las actuaciones han de ser eficaces y cumplir con las normas, pero, a la vez exigimos al Estado que cumpla con sus compromisos en la materia”, afirmó la consejera regional, quien desgranó en su intervención los distintos programas para la atención de la población más vulnerable de las islas.

Delgado subrayó el trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos, administración más cercana a la ciudadanía y puerta de entrada a los servicios sociales, en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Dicho plan otorga cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día, atención a las personas en situación de riesgo social y recursos para personas en situación de pobreza y de exclusión social.

En el año 2022, Canarias contó, dentro de este plan, con una inversión de más de 93 millones de euros para financiar los servicios sociales de atención primaria, lo que permitió llegar a un total de 480.015 personas atendidas, más del 55% de ellas, mujeres.

En relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, la responsable del área de servicios sociales del Ejecutivo canario indicó que, según datos de la nómina correspondiente al mes de junio, esta ayuda económica mensual llegó a un total de 12.903 personas, con una inversión de 8,5 millones de euros, casi un millón de euros más en el marzo de 2023, cuando entró en vigor la misma en sustitución de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

En cuanto a las líneas de subvenciones, Delgado hizo referencia a las diferentes convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos sociales gestionados por entidades del Tercer Sector o corporaciones locales, que permitieron la financiación de 200 proyectos en el año 2023, con un presupuesto de 12,27 millones de euros. A través de estos proyectos, se atendieron a más de 350.000 personas en situación de vulnerabilidad.

A esta línea de ayudas se suma las concedidas a entidades sociales con cargo al IRPF, cuya cantidad prevista para el 2024 es de 6,43 millones de euros. En el año 2023 se financiaron más de 80 proyectos con un total aproximado de más de 50.000 personas beneficiarias y una dotación económica de casi 5 millones de euros. “Por tanto, esperamos que el número de personas atendidas aumente considerablemente este ejercicio”, matizó la consejera.

La consejera hizo alusión a los fondos estatales provenientes del programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, a través de los cuales se gestionaron 32 subvenciones por importe de 3,3 millones de euros, a los que hay que añadir las subvenciones nominadas que se gestionan desde la consejería por valor de 5 millones de euros.

En materia de pobreza infantil, Delgado aclaró que su departamento es “muy consciente de la gravedad del XIII Informe Sobre Estado de la pobreza en Canarias que sitúa la tasa AROPE de Niños, Niñas y Adolescentes en Canarias en el año 2022 en el 47,8%, una de las más altas del país, por eso, ya trabajamos en un conjunto de medidas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil, con iniciativas como la inclusión del programa “Lucha contra la pobreza infantil: desinstitucionalización de la infancia y la adolescencia tutelada en el sistema de protección, desarrollo de sistemas alternativos de protección y cuidado infantil” en el Programa del Fondo Social Europeo 2021-2027, a fin de crear un marco de actuación integrado y facilitador que aborde la exclusión social de los niños y niñas así como el impulso acciones específicas para contribuir a la Lucha contra la pobreza infantil en el marco de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia (2019-2023).

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La Consejería de Bienestar Social impulsa una serie de medidas para reforzar la atención que se presta a la población en situación de mayor vulnerabilidad

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias duplicará este año las ayudas destinadas a bancos de alimentos. De esta forma, esta partida pasará de 500.000 euros destinados en 2023 a un total de 1,1 millones de euros previstos en 2024.

“Esta es una de las medidas que estamos impulsando desde el Ejecutivo canario con el fin de luchar contra la pobreza y atender a la población en mayor situación de vulnerabilidad social en nuestras islas”, indicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Además, aclaró que la Consejería incrementará en breve la plantilla del personal de la Dirección General de Servicios Sociales que gestiona la Renta Canaria de Ciudadanía, con el fin de agilizar la lista de espera. “Cuando llegamos nos encontramos con un número importante de solicitudes pendientes. Para agilizar su tramitación estamos en el proceso de incorporar con urgencia a 13 nuevos efectivos destinados a esta labor. No obstante, insistimos en que el Estado debe mejorar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que este cumpla con su finalidad, ya que en la actualidad apenas cubre a algo más de 2.000 personas en el Archipiélago, mientras que la Renta Canaria de Ciudadanía la perciben alrededor de 13.000 familias. Esto no debería ser así, puesto que la Renta Canaria de Ciudadanía está diseñada para complementar el Ingreso Mínimo Vital”, precisó Delgado.

A este respecto, la consejera recordó el esfuerzo realizado por el Gobierno regional en materia de atención a las familias más vulnerables, que ha supuesto que Canarias haya sido la comunidad autónoma que más ha aumentado el gasto en rentas mínimas de inserción tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con una subida del 126,7%, según datos hechos públicos recientemente por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “Continuaremos con este esfuerzo para atender a quienes peor lo están pasando”.

Asimismo, el Ejecutivo ha intensificado la colaboración con los ayuntamientos a través de la firma, a finales del pasado mes de diciembre, de un protocolo con la Federación Canaria de Municipios para la distribución de los créditos entre los ayuntamientos canarios para este año con el fin de dar continuidad a los programas que viene financiando la Administración canaria en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, cuya partida asciende este año a casi 42 millones de euros.

La titular del área destacó la importancia del trabajo y el apoyo al tercer sector, “porque a través de las entidades sociales podemos llegar a aquellos colectivos a los que la Administración no puede llegar”. Solo en materia de Servicios Sociales, el Gobierno financia 236 proyectos que gestionan distintas entidades para lo que destina casi 19 millones de euros y atiende a 261.190 personas. “Nunca es suficiente, pero hacemos un esfuerzo enorme para atender a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, señala Delgado.

La mejora de las oportunidades formativas y de inserción laboral de la población joven a través del desarrollo de escuelas de segunda oportunidad y facilitar el acceso a las prestaciones económicas, en particular a las rentas mínimas, a través de refuerzo de la información y la orientación y el impulso de los programas de atención al sinhogarismo o proyectos de vivienda intergeneracionales compartidas, favoreciendo el acceso a la vivienda del colectivo joven y luchando contra la soledad no deseada de las personas mayores, son otras de las medidas que se están impulsando desde el Ejecutivo regional de cara a la atención de las familias en peor situación social.

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La convocatoria de ayudas se incrementa en 2022 en casi 1,4 millones con respecto a 2021 y en 7,5 millones con respecto a 2019, lo que supone un aumento del 180,24%

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias destina este año a la convocatoria de subvenciones en las áreas de mayores, voluntariado e inclusión social, que gestiona la Dirección General de Derechos Sociales, un total de 11.770.000 euros, lo que supone un incremento del 13,17% con respecto a la convocatoria de 2021 – un montante de 1.370.000 euros- y un aumento del 180,24% con respecto a la convocatoria de 2019, es decir, 7.570.000 millones de euros más.

Estos datos fueron dados a conocer por el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, en el marco de una jornada informativa dirigida al personal técnico de entidades del Tercer Sector y de las Administraciones públicas del área de servicios sociales.

Según comentó Bermúdez en su intervención, la convocatoria contempla, además, un periodo de ejecución de esta convocatoria abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de agosto del 2023, lo que supone ampliar dicho periodo de ejecución con respecto al año pasado, que estaba el 30 de junio, “dando así más facilidades a las entidades para elegir el periodo de ejecución de sus proyectos”.

En concreto, en la línea para la Inclusión Social para Personas Mayores, la convocatoria contempla un presupuesto global de 3.850.000 euros que incluye la financiación de programas para la promoción del Envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores (2.750.000 euros); la Intervención en soledad no deseada de las personas mayores a través de la atención en domicilio y en la comunidad. Itinerarios de Atención Domiciliaria a mayores en situación de soledad (1.000.000 euros) y la atención a Mayores tutelados (100.000 euros).

Por su parte, la línea Acción Social Institucional para Integración Social contará este año con una partida presupuestaria de 6.585.000 euros, lo que supone un incremento con respecto al año pasado de 625.000 euros, quedando divido como sigue: Programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social, un total de 3.585.000 euros; Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad, dirigido a Ayuntamientos, que contará con 400.000 euros; Intervención integral con personas sin hogar, con 1.500.000 euros y Área de inclusión social exclusiva para unidades de convivencia perceptoras de la prestación canaria de inserción y/o de la renta ciudadana, con 1.100.000 euros.

En cuanto a la línea dirigida a subvenciones de proyectos de Servicios de Atención a Inmigración, contará con 860.000 euros, a través de los cuales se financiarán proyectos dirigidos a recursos alojativos, actuaciones con mujeres migrantes, acciones formativas que fomenten la participación y sensibilización, etc. Hay que destacar que los últimos años esta área ha tenido 50.000 euros, el año pasado se subió a 115.000 euros y ese año 2022, cuenta con un incremento considerable hasta los 860.000, 745.000 euros más, ampliando además la cuantía de los proyectos hasta 40.000 euros máximo por proyecto.

Por último, la línea de Promoción del Voluntariado, dirigida a la financiación y el apoyo a la promoción del voluntariado en las islas, contará en esta convocatoria con 475.000 euros.

La convocatoria está dirigida a entidades del Tercer Sector, así como Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas.

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El presidente Ángel Víctor Torres destaca que habrá un aumento de 18 millones de euros para la Prestación Canaria de Inserción

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que para la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 el Gobierno pretende tener una previsión de ingresos lo más realista posible y “que se están reordenando los gastos para destinarlos a políticas sociales”. El incremento del gasto en el próximo ejercicio se calcula que esté en torno al 2,7 por ciento y, a pesar de ser la menor subida de los últimos años, “la apuesta que hacemos por la agenda social va a ser muy importante”, asegura. Al respecto, Torres adelanta que la dotación para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aumentará en 18 millones -en 2019 el incremento estuvo sobre los dos millones-. En general “para combatir la pobreza habrá 30 millones adicionales. También para Vivienda se dispondrá de 20 millones más”, apunta. 

En cuanto a los cambios en la fiscalidad y la reordenación de gastos, el Ejecutivo está pendiente de la respuesta de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) y la Fecai (Federación Canaria de Islas). Las administraciones locales han recibido la propuesta de flexibilizar los plazos y la financiación anual del Fondo de Desarrollo de Canarias (el Fdcan tiene 1.600 millones de euros en 10 años, el periodo inicial previsto para su ejecución). De esta manera se daría respuesta a una demanda de ayuntamientos y cabildos, para que tengan más tiempo de justificar las obras. Además, “no perderían ni un euro”. A su vez, las federaciones de municipios e islas recibieron con buenos ojos que los recursos del Fdcan se deriven a la agenda social, “a crear escuelas de 0 a 3 años, al saneamiento y la depuración de aguas, a servicios básicos necesarios, en definitiva”, apunta Torres.

Reparto del reajuste del IGIC

Tanto la Fecam como la Fecai han sido informados de la intención de recuperar el medio punto de IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que se había suprimido durante la anterior legislatura (pasó del 7 por ciento al 6,5 por ciento). “Si esa medida hubiera funcionado, la habríamos mantenido” dice el presidente, “pero es al contrario: este año se recaudarán 193 millones de euros menos”, según las previsiones de la Agencia Tributaria Canaria.

Sobre este asunto el Gobierno propone que la cantidad que se recaude por el IGIC (al 6,5 por ciento) se siga repartiendo en las mismas proporciones: 58 por ciento para las corporaciones locales y el 42 por ciento para el Gobierno de Canarias. Pero que el 0,5 por ciento que se recupere -hasta llegar al 7 por ciento- se distribuya a la inversa: 58 por ciento para el Gobierno canario y 42 por ciento para las corporaciones locales. Eso significa una diferencia de 25 millones de euros más que recibiría el Gobierno y que se destinaría también a la agenda social e incluso “con ese dinero podríamos dejar de retocar algún impuesto” dice Torres.

Sea cual sea la fórmula, el presidente aclara que los cabildos y ayuntamientos van a ver aumentados sus ingresos en 2020. Si aceptan la propuesta de reparto del Ejecutivo recibirán 67 millones de euros más que en 2019. Si rechazan la petición serán 97 millones más.

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