Los datos de EAPN Canarias reflejan un descenso continuado del riesgo de pobreza en las islas, con 34.000 personas menos en esta situación respecto a 2024 y 82.000 menos en la última década

La eficacia del escudo social evita que 44 % de la población caiga en la vulnerabilidad

Canarias continúa afianzando su senda de recuperación social según los últimos datos oficiales del 16º Informe de El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística 2025, que señala que la tasa de riesgo de pobreza en el Archipiélago se redujo al 22,9 % el pasado año, lo que supone un descenso de 1,7 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior (24,6 %) y la salida de la situación de pobreza de 34.000 personas en solo un año.

Esta evolución positiva confirma la tendencia sostenida de mejora en Canarias. En comparación con 2015, año de referencia para la Agenda 2030, la tasa de pobreza en las islas ha experimentado un descenso acumulado de 5,6 puntos porcentuales, lo que significa que 82.000 personas han salido de la pobreza en la última década, todo ello en un contexto de significativo crecimiento demográfico en la región.

En lo que respecta al indicador global AROPE (Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social), la tasa se sitúa en el 31,2 %, reduciéndose en 2,6 puntos respecto a 2023. Dicho indicador engloba el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo en los hogares. Además, si el cálculo se analiza bajo el prisma del umbral regional de renta, la tasa de riesgo de pobreza se reduce hasta el 18,3 %, situando a Canarias en cifras próximas a la media estatal.

Aclaración sobre el número de personas mayores de 65 años en Canarias

En la información difundida por la EAPN Canarias se indica que “la vulnerabilidad aumenta entre las personas mayores de 65 años: unas 671.000 personas están en situación de vulnerabilidad y presentan una carencia material y social severa que pasa del 8,7% al 9,8%”. Dicha cifra de personas mayores es errónea, ya que según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) la población mayor de 65 años en Canarias era de 410.833 personas en 2025. La información se puede consultar en el siguiente enlace: (https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=indicator&resourceId=POBLACION_65MAS&measure=ABSOLUTE&geo=ES70#visualization/table

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continuará reforzando su Plan de Acción a corto, medio y largo plazo con EAPN Canarias con el objetivo prioritario de erradicar la pobreza estructural y ofrecer respuestas cada vez más rápidas y eficaces a las familias vulnerables.

El impacto determinante del escudo social

El informe EAPN Canarias pone de relieve el papel crucial que desempeñan las políticas públicas y el conjunto de transferencias sociales (pensiones, prestaciones y rentas mínimas) para amortiguar la vulnerabilidad en las islas. De no existir este escudo social impulsado por las administraciones, la tasa de pobreza en Canarias se dispararía del 22,9 % actual al 44,2 %, lo que demuestra la contundencia y eficacia de las medidas de apoyo social vigentes. Entre estas medidas destaca la implantación de complementos extraordinarios destinados a proteger a los colectivos con menores ingresos, como los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez.

A esta mejora de los indicadores de renta se suma el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, avalado por el informe independiente Índice DEC 2025 elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la comunidad autónoma en la cuarta posición nacional con una valoración de 6,35 puntos. Este reconocimiento histórico responde a un elevado esfuerzo presupuestario, con un gasto social de 724,3 euros por habitante (frente a los 575,1 euros de media estatal) y una inversión en servicios sociales que alcanza el 2,79 % del PIB canario.

Dicha inversión se traduce en mejoras tangibles en la atención ciudadana como la Dependencia, donde el tiempo medio de tramitación ha registrado una reducción drástica del 73 %, pasando de 782 días en julio de 2023 a 214 días en la actualidad. Por su parte, los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de más de 7.500 a unos 1.400 en la actualidad, recortando el tiempo medio de resolución de 24 a 7 meses. Además, en materia teleasistencia y discapacidad los datos también son positivos: las personas usuarias de teleasistencia han pasado de 2.352 al inicio de la legislatura a 17.589 en la actualidad, mientras que el área de discapacidad acumula más de 57.000 resoluciones.

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El Archipiélago consolida la transformación histórica de la atención a la ciudadanía más vulnerable y se sitúa como la cuarta comunidad con mejor puntuación del Estado

Canarias ha consolidado una transformación estructural sin precedentes en su sistema de servicios sociales, según los datos del último Índice DEC, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El Archipiélago ha alcanzado una puntuación de 6,35 puntos, escalando posiciones hasta situarse en el cuarto puesto de toda España, solo por detrás del País Vasco, Castilla y León y Navarra. Esta cifra supone un incremento de casi un punto respecto al ejercicio anterior y confirma la mejora de la atención a la ciudadanía más vulnerable.

Por primera vez, la inversión por habitante en servicios sociales supera la media estatal, con un incremento del 17% en apenas un año, pasando de 619,3 euros a 724,3 euros por ciudadano. Este informe recoge también que el peso de las políticas sociales dentro del presupuesto público global autonómico aumentó hasta el 13,45% (frente al 10,40% de la media nacional) lo que supone que representa ya el 2,79% del PIB canario.

El esfuerzo presupuestario se ha traducido de manera directa en una protección mucho más robusta para los colectivos vulnerables, superando la media del país en múltiples indicadores estratégicos. Un ejemplo de ello es el hecho de que Canarias registra la máxima puntuación estatal con 245,5 plazas de alojamiento por cada 100.000 habitantes, un dato que triplica la media del país (86,4 plazas). También el sistema en Canarias protege de forma más intensa a las mujeres con orden de protección al ofrecer 22,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres, frente a las 16,2 del promedio del resto de España.

Aunque el Archipiélago sigue registrando una carencia de plazas residenciales, que tiene la intención de revertir una vez que se ponga en marcha el III Plan de Infraestructuras cuya última reunión de coordinación tuvo lugar ayer con todos los cabildos de las islas, la cobertura de plazas diurnas para personas mayores de 75 años alcanza el 3,15% frente al 2,19% nacional.

No obstante, en el ámbito de la atención a las personas mayores, el IDEC 2025 sitúa a Canarias también por encima de la media estatal en la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio entre las personas mayores de 75 años, con un 12,11% frente al 11,97% nacional. A ello se suma una intensidad media de 24 horas mensuales, ligeramente superior a las 23,8 horas de media en el conjunto del Estado. Estos datos reflejan el peso de los servicios de atención en el propio domicilio como recurso para favorecer la autonomía y la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual.

Hay que tener en cuenta que el propio informe reconoce que muchos de los datos utilizados corresponden a 2024 y solo parte de ellos a 2025. Es el caso de la teleasistencia, sobre la que recoge una baja cobertura mientras que, a día de hoy, existen ya casi 15.000 personas con un servicio.

La intensidad de la ayuda en las rentas mínimas de inserción también es superior, con el 16,9% de la renta media en el Archipiélago frente al 14,5% estatal.

Una de las políticas que más se han intensificado en esta legislatura, el acogimiento familiar, ya constituye el 54% del total de los acogimientos, lo que la sitúa por encima del 51,8% nacional a pesar del contexto de sobresaturación del territorio.

El informe también respalda la madurez organizativa del modelo canario, otorgándole la máxima puntuación en esfuerzo económico (10 sobre 10) “gracias al fuerte arraigo territorial y al protagonismo coordinado con los cabildos e instituciones locales”. No obstante, insta a la mejor coordinación del sistema.

Desde el Gobierno de Canarias se valora este resultado no como una meta, sino como el mejor impulso para continuar trabajando. La evolución de los últimos años demuestra que el incremento de recursos y la mejora de la organización funcionan. El compromiso firme del Ejecutivo autonómico sigue enfocado en cerrar las brechas pendientes y garantizar que el bienestar social llegue con total efectividad a cada rincón y a cada ciudadano de las islas.

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El Decreto-ley 5/2026 permitirá al Gobierno crear y financiar plazas cuando exista insuficiencia de oferta, demora en la atención o desequilibrios territoriales

Candelaria Delgado defiende ante la Comisión de Cabildos un nuevo modelo que reduce la burocracia, mantiene las garantías de control público y busca transformar los derechos reconocidos en atención efectiva

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido hoy (jueves 3) ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias las medidas en materia de Servicios Sociales y Dependencia incluidas en el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, que incorpora nuevas herramientas para agilizar la puesta en funcionamiento y acreditación de centros y servicios y reforzar la capacidad del sistema para responder a las listas de espera y a los desequilibrios territoriales.

Delgado ha señalado que Canarias ha incrementado de forma extraordinaria su capacidad para reconocer derechos de dependencia, pero advirtió que el reto actual es conseguir que la oferta de plazas y servicios avance con la misma rapidez. “El éxito del sistema no puede medirse únicamente por cuántas resoluciones dictamos, sino por cuántas personas reciben efectivamente el servicio o prestación que tienen reconocido”, ha subrayado.

En este sentido, el Decreto-ley introduce un modelo más ágil para la puesta en funcionamiento de centros y servicios, basado en la declaración responsable, que sustituye la exigencia general de autorización previa para iniciar la actividad. La medida pretende reducir los tiempos administrativos y facilitar que nuevos recursos puedan incorporarse al sistema con mayor rapidez.

La consejera de Bienestar Social recalcó que esta simplificación administrativa no supone una reducción de las garantías. La Administración mantiene sus competencias de comprobación, control, inspección y sanción, mientras que los centros que quieran incorporarse al Sistema Público de Dependencia deberán obtener la correspondiente acreditación y cumplir los requisitos de calidad establecidos.

Candelaria Delgado destacó que “detrás de cada expediente no hay únicamente una resolución administrativa. Hay una persona y una familia esperando una respuesta que solo puede ofrecerse con más recursos, menos burocracia y la colaboración entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y el conjunto de entidades que forman parte del sistema público de atención”.

El Decreto-ley permitirá resolver los trámites burocráticos para acreditar el 60 % de los centros y servicios incluidos actualmente en los convenios de dependencia con los cabildos. Delgado ha aclarado que esta situación no significa que estos recursos carezcan de condiciones adecuadas para atender a las personas ni que estén funcionando de forma irregular, sino que responde en buena medida a las dificultades administrativas acumuladas durante años en los procedimientos de acreditación.

Para facilitar la transición hacia el nuevo modelo, la norma habilita acreditaciones provisionales por un máximo de dos años y permite la colaboración de colegios profesionales especializados en la elaboración de determinados informes técnicos. “La decisión administrativa continúa siendo pública. La inspección continúa siendo pública. Lo que incorporamos es capacidad técnica para agilizar expedientes”, ha explicado.

Más capacidad para responder a las necesidades de los territorios

Otra de las principales novedades permitirá al Gobierno de Canarias crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos cuando exista insuficiencia de oferta, listas de espera, demora en la atención, urgencia social, necesidad de continuidad asistencial o desequilibrios territoriales.

Ante los representantes de los cabildos, Candelaria Delgado insistió en que esta herramienta no pretende sustituir las competencias de las corporaciones insulares, sino sumar capacidad al sistema cuando los recursos disponibles sean insuficientes. “Esta modificación no pretende sustituirlos ni asumir la gestión de los recursos insulares. Pretende evitar que, cuando exista una necesidad acreditada y los recursos disponibles sean insuficientes, la Administración autonómica permanezca jurídicamente limitada para actuar”, señaló durante su intervención.

Delgado defendió un modelo de complementariedad y cooperación, en el que el Gobierno y los cabildos puedan utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la atención. La norma mantiene expresamente las competencias de los cabildos sobre sus centros, servicios y plazas, así como su participación en las actuaciones de comprobación, seguimiento, control de calidad e inspección. “No queremos crear dos sistemas paralelos de dependencia, uno autonómico y otro insular. Queremos un único sistema público de dependencia capaz de utilizar todos los recursos disponibles”, afirmó.

Adaptar la Administración a las necesidades reales

Junto a las medidas de Dependencia y Servicios Sociales, el Decreto-ley 5/2026 incorpora modificaciones en materia de fondos europeos Next Generation para adaptar la normativa presupuestaria canaria a los nuevos calendarios de ejecución de determinados programas.

La reforma permite extender algunos compromisos plurianuales más allá de 2026 cuando los programas europeos autoricen su continuidad. Canarias encuentra actualmente impedimentos en su propia normativa presupuestaria. “Tenemos una obligación muy clara: aprovechar hasta el último euro que tenga asignado Canarias y no perder inversiones por una rigidez administrativa que ya no responde a la realidad”, señaló Delgado.

En materia fiscal, el Decreto-ley introduce distintas medidas dirigidas a reforzar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a circunstancias concretas. Entre ellas se incluye la adecuación del tratamiento tributario de determinados combustibles mezclados con biocarburantes, la modificación de los requisitos aplicables al tipo reducido del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca y el establecimiento, hasta el 31 de marzo de 2027, del tipo cero del AIEM para la importación de dióxido de carbono, ante la paralización temporal de la producción local.

La consejera de Bienestar Social ha resumido el espíritu del Decreto-Ley defendiendo que “las normas deben estar al servicio de los canarios para resolver los problemas y no que los problemas permanezcan sin resolver porque nuestras normas ya no responden a la realidad”.

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El viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Martínez Doreste, explicó las cinco líneas del Plan estratégico de Servicios Sociales de Canarias

Una treintena de personas vinculadas a los servicios sociales de El Hierro se dieron cita este miércoles en la jornada sobre los Servicios Sociales en Canarias. Situación actual y perspectivas de futuro, organizada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de El Hierro, en la que se presentó, entre otros asuntos, el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias.

El viceconsejero de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Juan Martínez Doreste, informó que se trata de la quinta sesión de estas jornadas que se están celebrando en cada una de las islas para exponer los resultados del diagnóstico “el primero que se elabora a este nivel de profundidad y que nos permite analizar la situación y diseñar el modelo de la transformación y modernización del sistema de los servicios sociales”.

El viceconsejero puso el énfasis en los cinco ejes en los que se sustenta la implantación del Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias: “Mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la coordinación de todos los servicios de todas las islas, potenciar la prevención, que los servicios sociales intervengan más en ámbito de prevención, y se establezca personalización ya que la situación es diferente para cada persona”. Por último, enfatizó en la relevancia de la innovación y en los resultados del primer diagnóstico sobre estos servicios que se elabora en Canarias “reúne los datos para analizar lo que estamos haciendo, evaluar los resultados y ver qué futuras acciones se pueden hacer”.

El consejero de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hierro, Amado Carballo, agradeció esta iniciativa, “no solo por la elaboración del diagnóstico si no por la voluntad para presentarlo en todas y cada una de las islas, ir al territorio es importante, algo que sin duda nos dará una hoja de ruta de cara a seguir implementando las medidas propuestas que revertirán en la población muy favorablemente”. “Queremos mejorar e impulsar medidas que fomenten la atención directa en situación de vulnerabilidad, atender a las realidades de cada una de las personas que son atendidas por asuntos sociales es fundamental”.

El primer Diagnóstico, aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, contó con las valoraciones y percepciones de casi 1.000 personas, entre usuarias, profesionales y personas expertas siendo elaborado a través de un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna.

Entre las propuestas de trabajo para la mejora del Sistema de Servicios Sociales en Canarias, este primer Diagnóstico propone mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso, y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión.

Tras la presentación del Diagnóstico, se celebraron varias mesas de trabajo en grupos para identificar los retos del Sistema Público de Servicios Sociales a tener en cuenta en el Plan Estratégico de Servicios Sociales.

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La jornada de trabajo también ha permitido dar a conocer a los agentes sociales de la Isla el Diagnóstico aprobado en Consejo de Gobierno, que ha contado con la participación de técnicas y usuarias de los servicios

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha participado hoy en Fuerteventura en la jornada sobre los Servicios Sociales en Canarias. Situación actual y perspectivas de futuro, a la que han acudido medio centenar de personas relacionadas con los servicios sociales en la Isla. Delgado ha querido destacar que Fuerteventura, al igual que el resto de islas no capitalinas, “ya no tiene listas de espera en Discapacidad o Dependencia, gracias a las diversas acciones llevadas a cabo para modernizar y adaptar los servicios a las necesidades de la ciudadanía en pleno siglo XXI”. Asimismo, recordó que el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias, paso previo al Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, que se presentó también esta mañana y fue aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, fue realizado a través de un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna y que contó con las valoraciones y percepciones de casi 1000 personas, entre usuarias, profesionales y personas expertas.

«Se trata de la primera vez que Canarias cuenta con una herramienta como esta, un hito que nos permitirá  acercarnos a la realidad del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio autonómico, ya que nos permite contar con información sobre la percepción y valoración del sistema de servicios sociales, que nos han otorgado más de un seis y medio, las demandas y los grados de satisfacción de las personas usuarias, los servicios y coordinación técnica de los servicios y el clima laboral técnico», explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, agradeció a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias por traer ese debate a Fuerteventura, y reconoció el trabajo de todas las personas, profesionales, entidades y colectivos que trabajan durante todo el año en el ámbito social.

La consejera acudió a Fuerteventura acompañada por el viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Martínez Doreste, a quien dio paso para explicar “los retos a los que nos enfrentamos en un contexto en el que la Sanidad u otras áreas han ido modernizándose, mientras que los servicios sociales están desanclados de la realidad”.

Doreste aseguró que “el objetivo tiene que ser mejorar la atención a la ciudadanía y, para ello, hemos de mejorar el sistema y hacerlo más integrado y global”. En este sentido, el viceconsejero explicó que la Consejería ha usado todas las herramientas a su disposición, tanto los fondos propios como los fondos europeos, para poder aplicar la IA y la robótica, entre otras cosas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, lo que, junto a otras herramientas, como los nuevos ha derivado en una reducción de burocracia y tiempos de respuesta”.

Precisamente, entre las propuestas de trabajo para la mejora del Sistema de Servicios Sociales en Canarias, este primer Diagnóstico propone mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso, y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión. “Nuestro trabajo está precisamente centrado en hacer realidad el sistema canario de servicios sociales, un sistema más integrado, que permita observar a cualquier ciudadano o ciudadana desde una perspectiva 360, con su historia previa y reciente, que facilite a la administración la toma de decisiones más personalizadas y efectivas”.

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●       La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca la necesidad de una colaboración y cooperación entre Administraciones para avanzar en la mejora de los servicios

●       El encuentro, organizado por Crowe Spain y la Cámara de Comercio de Madrid, analiza la innovación como motor de transformación en la atención en este área

Canarias comparte su estrategia de mejora en el ámbito de los servicios sociales en el II Foro de Innovación Aplicada a los Servicios Sociales, celebrado esta mañana en la Cámara de Comercio de Madrid. El encuentro, organizado por la entidad Crowe Spain, la octava firma mundial de servicios profesionales, puso el acento en analizar el papel de la innovación como motor de transformación y mejora en la eficiencia de los servicios sociales, consolidándose como espacio de referencia para profesionales, entidades y Administraciones públicas.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incidió en la relevancia que este tipo de espacios tiene para las Administraciones. Explicó que “se abordó la necesidad de que exista una colaboración y cooperación multinivel entre administraciones, al mismo tiempo que se puso sobre la mesa el papel que la inteligencia artificial, la robótica o el análisis de datos pueden tener para mejorar los servicios sociales”.

Añadió que estos aspectos “son imprescindibles para crecer y mejorar el sistema público de servicios sociales” y añadió que “nos tenemos que dotar de herramientas para que personas con discapacidad, con dependencia reconocida puedan tener mejor atención”. Asimismo, valoró el apoyo de la tecnología en la simplificación administrativa.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, participó en una de las mesas redonda sobre la adaptación de los servicios sociales a la nueva realidad demográfica. En su intervención, se refirió a las líneas de actuación que está desarrollando el Gobierno de Canarias en innovación social. En esta línea, señaló que “estamos inmersos en la elaboración del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, directamente relacionado con las nuevas líneas de innovación social en materia de desinstitucionalización y con la creación de alternativas alojativas para mayores”.

Candil precisó que, siguiendo las pautas de la UE y del propio Gobierno de España, “es necesario que se promueva alternativas a la residencialización tradicional de mayores y avanzar en un concepto nuevo, como es la longevidad activa”. Añadió que todos los análisis realizados desde el ámbito sociosanitario plantean que hay que trabajar en cómo va a ser la calidad de vida que se va a tener. Destacó que “esto implica que el ámbito sanitario, sociosanitario e incluso el urbanismo tienen que adaptarse a la realidad del envejecimiento y de una población que cada vez va a vivir más, lo que obliga a trabajar para que tenga más calidad de vida y más actividad en ese tiempo”.

El II Foro de Innovación Aplicada a los Servicios Sociales ahondó en los nuevos modelos de atención, incidiendo en la mejora de la eficacia, la accesibilidad y la personalización a través de la tecnología.

Además de la adaptación de estos servicios a la nueva realidad, se incidió la gobernanza y cooperación multinivel en los servicios sociales, la prevención, el cuidado y la inclusión social tras la frontera digital fue otro de los aspectos abordados.

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La reducción de los tiempos en dependencia, el incremento histórico en resoluciones de discapacidad y la consolidación de una red estable contra la pobreza marcan el cambio de ritmo del sistema

El Gobierno de Canarias ha defendido hoy (martes 24) en sede parlamentaria el cambio de ritmo experimentado por el sistema público de servicios sociales, centrando el debate en lo que “de verdad importa a la ciudadanía: resultados, mejoras y capacidad de respuesta”.

“El bienestar social no se mide en titulares, sino en expedientes que avanzan, recursos que llegan a tiempo y en una administración que no se convierte en un obstáculo”, subrayó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante su intervención. La representante del Ejecutivo acusó a la oposición de plantear un discurso basado en “mentiras, medias verdades y alarmismo”.

Dependencia: 371 días menos de espera y casi el triple de PIAs al mes

En materia de dependencia, el Ejecutivo ha logrado reducir de forma significativa los tiempos de tramitación. El plazo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 411 días en enero de 2026, lo que supone 371 días menos y una reducción cercana al 47%.

Además, se ha incrementado de forma notable la emisión de Programas Individuales de Atención (PIA), el instrumento que convierte el derecho reconocido en una prestación efectiva. Entre agosto de 2023 y enero de 2026 se realizaron 28.595 PIAs, con una media mensual de 953, frente a los 16.343 del periodo anterior (340 al mes).

El número de personas con derecho reconocido también ha crecido de manera significativa, pasando de 44.506 en julio de 2023 a 69.703 en enero de 2026, un aumento del 56,6% en 30 meses.

Además, el Gobierno de Canarias trabaja en la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado, y de la Teleasistencia avanzada, el refuerzo de la acreditación de profesionales para la Promoción de la Autonomía Personal y la actualización de cuantías para cubrir los costes reales de los servicios, con financiación del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Asimismo, se ha realizado un diagnóstico de necesidades que orientará el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Discapacidad: la capacidad resolutiva se multiplica por 2,7

En el ámbito de la discapacidad, la mejora en la capacidad de resolución de expedientes ha sido progresiva y sostenida. En 2023 se resolvieron 6.295 expedientes; en 2024, 11.420; y en 2025, 17.265. En dos años, el volumen se ha multiplicado por 2,7.

Las medidas adoptadas incluyen simplificación normativa, digitalización de procesos, cuadros de mando para seguimiento mensual, refuerzo de equipos y una estrategia territorial para garantizar igualdad de acceso. También se ha impulsado la tarjeta digital acreditativa para facilitar trámites y evitar gestiones repetidas.

Pobreza e inclusión: estabilidad financiera y refuerzo municipal

En materia de inclusión social, el Ejecutivo ha reforzado la red municipal y la estabilidad del tercer sector. El Plan Concertado con los ayuntamientos cuenta con 97 millones de euros y atiende a unas 450.000 personas, más de 220.000 familias. Además, se destinan 12 millones adicionales para reforzar el personal en los servicios sociales municipales.

La concertación social con entidades del tercer sector ofrece ahora estabilidad a cinco años y se traduce en 236 proyectos financiados con 19 millones de euros, que alcanzan a 261.000 personas.

En pobreza infantil, se han destinado 6,2 millones de euros a tarjetas monedero y se han identificado 19.393 familias con menores en pobreza severa como beneficiarias directas, con equipos multidisciplinares desplegados en todas las islas.

Asimismo, se ha implantado un complemento autonómico de 400 euros anuales para pensiones no contributivas, abonado en dos pagos, con impacto directo en las rentas más bajas.

Gestión de menores migrantes y refuerzo del sistema

En relación con los menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo autonómico declaró la emergencia social para agilizar la acogida y tutela, habilitó alrededor de medio centenar de nuevos centros y promovió, junto a la Fiscalía, un protocolo para mejorar las determinaciones de edad.

También se impulsaron medidas para que el Estado asumiera sus competencias y se reeditó un acuerdo con el Ministerio por valor de 50 millones de euros, cifra que no cubre el coste integral estimado en 150 millones. Paralelamente, se continúa atendiendo a los aproximadamente 1.800 menores que ya estaban en el sistema.

Mayores, Juventud, Diversidad y Atención a víctimas

En el área de mayores, se ha implantado el marco integral Maresía para combatir la soledad no deseada y reforzar el envejecimiento activo. En juventud, se desarrollan políticas basadas en la participación y el bienestar emocional. En diversidad, se han reforzado las acciones de igualdad de trato y no discriminación en el territorio.

Por su parte, en el ámbito de protección a las mujeres, se han abierto cinco centros 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual en cinco islas, sin necesidad de denuncia previa, consolidando un modelo de atención inmediata y accesible y, además, ha logrado justificar todos los Fondos de Violencia de Género.

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El BOC publica la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones dirigidas a administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de carácter social en Canarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financia 90 programas destinados a la atención de la ciudadanía en materia de inmigración e inclusión social. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para el año 2025 con una partida económica que ronda los siete millones de euros. En concreto, la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Servicios Sociales establece dos líneas de subvenciones dirigidas a financiar proyectos vinculados a la inmigración y que tengan como materia la inclusión social.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que estas ayudas financian “programas relacionados con la formación e inclusión de personas migrantes, solicitantes de asilo y protección internacional residentes en Canarias, así como programas que tienen como objetivo la atención a personas en situación de exclusión o en peligro de estarlo ante situaciones de vulnerabilidad social”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, asegura que “nuestro objetivo es ayudar a ejecutar proyectos novedosos en el área social que impliquen la puesta en marcha de programas dirigidos a lograr la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en Canarias, así como el acceso a unos servicios mínimos y de calidad”.

De esta forma, se concede de forma provisional financiación a 20 proyectos en materia de inmigración y 70 en materia de Inclusión Social (un total de 49 proyectos dirigidos a garantizar la intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social; 4 programas de intervención en la comunidad y otros 17 programas que tienen como objetivo la atención integral a personas sin hogar).

Las entidades beneficiarias deberán comunicar la aceptación expresa de las ayudas en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, ajustada al modelo normalizado que estará disponible en el procedimiento electrónico diseñado al efecto en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: SEDE ELECTRÓNICA . En caso de desestimación, las entidades interesadas podrán presentar escrito de alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a contar a partir del día de la publicación en el BOC, mediante el mismo procedimiento electrónico.

A esta línea de convocatoria de subvenciones pueden acogerse las Corporaciones Locales, Mancomunidades, y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas, así como entidades sin ánimo de lucro registradas y legalmente constituidas que cuyos fines y objetivos estatutarios estén dirigidos al ámbito social y/o colectivo susceptible de esta convocatoria.

Todas las entidades beneficiarias deberán desarrollar sus actividades de forma efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo el destino de la subvención contribuir a sufragar los costes de las actividades relacionadas con la prestación de servicios y/o actuaciones en las distintas áreas descritas en las bases de la convocatoria.

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Las subvenciones están destinadas a proyectos para la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, migrantes, o la mejora de la convivencia en barrios y las personas sin hogar. La convocatoria se gestionará mediante un nuevo aplicativo electrónico diseñado por el Instituto Tecnológico de Canarias para agilizar su tramitación

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy la nueva convocatoria de subvenciones para entidades del tercer sector que lanza la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, con un presupuesto de 6,8 millones de euros para este año 2025. Estas ayudas están destinadas a apoyar iniciativas sociales orientadas a la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades, así como la atención integral a personas sin hogar. Además, esta convocatoria contempla una nueva línea de financiación estable para unidades familiares beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los apoyos y fomentar la autonomía económica de estos hogares. Las entidades tienen de plazo hasta el 5 de septiembre para presentar sus propuestas a través de la Sede electrónica.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, ha destacado que, pese a la reducción general del presupuesto destinado a subvenciones, se ha realizado un “gran esfuerzo” para mantener la financiación del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales. “Nuestro compromiso es consolidar, al menos, este nivel de recursos en los próximos ejercicios”, subraya Santana, quien remarca la importancia del tejido social como aliado fundamental en la atención a los colectivos más vulnerables del Archipiélago.

En este sentido, señala que este tipo de convocatorias contribuyen a reforzar el trabajo coordinado entre la administración pública y las entidades sociales, lo que redunda en una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. “La colaboración con las organizaciones sociales nos permite llegar más lejos, con mayor agilidad y cercanía”, afirma.

La responsable del área destaca, además, la vocación de mejora continua en los procesos de gestión de ayudas. En este sentido, se ha implementado un nuevo sistema de tramitación digital, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que facilitará a las entidades interesadas la presentación de solicitudes, reduciendo tiempos y simplificando procedimientos administrativos. Y ya a final del pasado mes, la Dirección General explicó a estos colectivos las novedades de la convocatoria y el funcionamiento de esa tramitación digital.

La convocatoria, que permanecerá abierta 15 días hábiles a partir de la publicación en el BOC, este jueves, 13 de agosto, establece criterios de evaluación que priorizan el impacto social, la innovación en la intervención comunitaria, la perspectiva de género y la sostenibilidad de los proyectos.

Con este paquete de ayudas, el área no solo busca atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales.

Las subvenciones permitirán atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza; con privación material y social severa; falta relativa de bienes, recursos o servicios. Asimismo permitirá desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social y, por ejemplo, impulsar programas que garanticen un acceso no discriminatorio para la práctica de actividades físico-deportivas, ocio y participación activa comunitaria, que sirvan para lograr un proceso de inclusión social e integral o la puesta en marcha de programas de alfabetización digital para la mejora de las competencias digitales y favorecer el desarrollo personal. Se atenderá también el refuerzo en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión de población, programas y servicios que faciliten el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales y socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en situación de exclusión social o riesgo de pobreza.

También se podrán financiar programas de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo, favoreciendo una intervención integral, garantizando la atención y cobertura de necesidades básicas y medidas para la inclusión social a través de la vivienda, prestaciones sociales y/o empleo; así como la puesta en marcha o mantenimiento de recursos alojativos de corta estancia y de transición para personas perceptoras de la RCC, IMV, u otros ingresos de sistema público de protección social que, además, se hallen en una situación de urgencia o alta exclusión social.

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La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias compareció en sede parlamentaria para explicar las líneas estratégicas y objetivos de su departamento

La medida permitirá reforzar plantillas y agilizar trámites

“Es muy importante que el Gobierno de Canarias declare los servicios sociales como ‘servicios esenciales’, una medida que nos permitirá actuar con mayor celeridad a la hora de resolver los expedientes que tramitamos”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en la comparecencia parlamentaria sobre las líneas estratégicas y objetivos de su departamento.

En su intervención, Delgado subrayó que declarar los servicios sociales como esenciales “nos permitirá cubrir la plantilla de forma más estable”, en una relación de puestos de trabajo “fuerte y estable que nos permita contar con los efectivos necesarios”. “No podemos olvidar los estudios que señalan que, a pesar de esos planes de choque que se instauraron en la legislatura pasada, Canarias está muy lejos de la media española en cuanto a profesionales para atender los servicios sociales”, indicó.

En relación al desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, la responsable del área de Bienestar Social indicó que “hay que conseguir poner en marcha la normativa necesaria para que los beneficios que se esperan de esta Ley lleguen realmente a la ciudadanía canaria, comenzando por dotar de fondos el Catálogo de Servicios y Prestaciones, herramienta fundamental imprescindible de esta Ley”.

En el área de Infancia y familias, Delgado indicó que su departamento trabaja para que “en este mismo trimestre” se cuente con un primer borrador de la nueva Ley del Menor de Canarias y anunció la próxima publicación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en el área de infancia y familias para el año 2023, por un importe de casi un millón de euros.

Además, indicó que es necesario seguir avanzando en implantación de la Renta Canaria de Ciudadanía y “poner en marcha todo el ciclo de ayudas, entre otras, las que suponen un complemento a las pensiones no contributivas porque supone la diferencia para que los mayores más necesitados puedan llegar a fin de mes”. A este respecto, matizó que Canarias no está recibiendo la parte económica que corresponde al Estado por el Ingreso Mínimo vital y está asumiendo casi en solitario la atención a las más de 12.600 familias que reciben esta ayuda. “Ya he expuesto este problema al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y esperamos que esté resuelto muy pronto”, manifestó.

“La atención a la población mayor también es un reto para nuestra Consejería y seguimos trabajando en el impulso del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada, a través de iniciativas como las viviendas compartidas”, aclaró en relación a las políticas de atención a las personas mayores.

Creación de nuevas plazas sociosanitarias y simplificación de los trámites de la ley de dependencia

En materia de atención a la población en situación de dependencia, Delgado hizo alusión a la publicación el pasado 14 de septiembre de la consulta pública del reglamento para la aprobación del Decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una medida -indicó- que “pretende lograr la simplificación administrativa y la reducción de plazos en la tramitación al establecer una configuración única del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación de PIA. De esta forma pretendemos dar cumplimiento a la Ley y tramitar todo lo necesario en un plazo de seis meses.”.

Además, afirmó que la voluntad de su departamento es crear en esta legislatura entre 4.000 y 6.000 nuevas plazas sociosanitarias y anunció que ya se va a formalizar un nuevo convenio con la Fecam para integrar la ayuda a domicilio que prestan los Ayuntamientos en el sistema de dependencia del Ejecutivo canario.

La consejera explicó que la decisión de separar las direcciones generales de Dependencia y de Discapacidad busca mejorar la atención en la discapacidad, “no solo para terminar con la lista de espera que hay con los expedientes de evaluación de grado, sino para poder acometer la Atención Temprana, en la que ya se está trabajado acertadamente en coordinación con Sanidad y Educación”.

Respecto al desafío de las migraciones, Delgado indicó que el Ejecutivo canario lleva meses llamando la atención del Estado para que cumpla con los acuerdos que se han alcanzado en esta materia. A este respecto, anunció que el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 tiene previsto convocar una Conferencia Sectorial el próximo mes de octubre en la que, subrayó, Canarias no va a pedir solidaridad en materia migratoria. “Creemos que esta crisis debe solventarse a partir del reconocimiento de que estamos ante un tema de Estado en el que las Comunidades autónomas debemos actuar bajo un principio de corresponsabilidad”, concluyó.

Por último, en materia de juventud, la consejera avanzó que se está impulsando la puesta en marcha del Consejo de la Juventud de Canarias que lleva años sin terminar de arrancar y trabajando en la modificación de Ley para poder crear una figura jurídica que regularice la situación.

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