El BOC publica la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones dirigidas a administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de carácter social en Canarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financia 90 programas destinados a la atención de la ciudadanía en materia de inmigración e inclusión social. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para el año 2025 con una partida económica que ronda los siete millones de euros. En concreto, la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Servicios Sociales establece dos líneas de subvenciones dirigidas a financiar proyectos vinculados a la inmigración y que tengan como materia la inclusión social.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que estas ayudas financian “programas relacionados con la formación e inclusión de personas migrantes, solicitantes de asilo y protección internacional residentes en Canarias, así como programas que tienen como objetivo la atención a personas en situación de exclusión o en peligro de estarlo ante situaciones de vulnerabilidad social”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, asegura que “nuestro objetivo es ayudar a ejecutar proyectos novedosos en el área social que impliquen la puesta en marcha de programas dirigidos a lograr la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en Canarias, así como el acceso a unos servicios mínimos y de calidad”.

De esta forma, se concede de forma provisional financiación a 20 proyectos en materia de inmigración y 70 en materia de Inclusión Social (un total de 49 proyectos dirigidos a garantizar la intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social; 4 programas de intervención en la comunidad y otros 17 programas que tienen como objetivo la atención integral a personas sin hogar).

Las entidades beneficiarias deberán comunicar la aceptación expresa de las ayudas en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, ajustada al modelo normalizado que estará disponible en el procedimiento electrónico diseñado al efecto en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: SEDE ELECTRÓNICA . En caso de desestimación, las entidades interesadas podrán presentar escrito de alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a contar a partir del día de la publicación en el BOC, mediante el mismo procedimiento electrónico.

A esta línea de convocatoria de subvenciones pueden acogerse las Corporaciones Locales, Mancomunidades, y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas, así como entidades sin ánimo de lucro registradas y legalmente constituidas que cuyos fines y objetivos estatutarios estén dirigidos al ámbito social y/o colectivo susceptible de esta convocatoria.

Todas las entidades beneficiarias deberán desarrollar sus actividades de forma efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo el destino de la subvención contribuir a sufragar los costes de las actividades relacionadas con la prestación de servicios y/o actuaciones en las distintas áreas descritas en las bases de la convocatoria.

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Las subvenciones están destinadas a proyectos para la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, migrantes, o la mejora de la convivencia en barrios y las personas sin hogar. La convocatoria se gestionará mediante un nuevo aplicativo electrónico diseñado por el Instituto Tecnológico de Canarias para agilizar su tramitación

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy la nueva convocatoria de subvenciones para entidades del tercer sector que lanza la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, con un presupuesto de 6,8 millones de euros para este año 2025. Estas ayudas están destinadas a apoyar iniciativas sociales orientadas a la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades, así como la atención integral a personas sin hogar. Además, esta convocatoria contempla una nueva línea de financiación estable para unidades familiares beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los apoyos y fomentar la autonomía económica de estos hogares. Las entidades tienen de plazo hasta el 5 de septiembre para presentar sus propuestas a través de la Sede electrónica.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, ha destacado que, pese a la reducción general del presupuesto destinado a subvenciones, se ha realizado un “gran esfuerzo” para mantener la financiación del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales. “Nuestro compromiso es consolidar, al menos, este nivel de recursos en los próximos ejercicios”, subraya Santana, quien remarca la importancia del tejido social como aliado fundamental en la atención a los colectivos más vulnerables del Archipiélago.

En este sentido, señala que este tipo de convocatorias contribuyen a reforzar el trabajo coordinado entre la administración pública y las entidades sociales, lo que redunda en una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. “La colaboración con las organizaciones sociales nos permite llegar más lejos, con mayor agilidad y cercanía”, afirma.

La responsable del área destaca, además, la vocación de mejora continua en los procesos de gestión de ayudas. En este sentido, se ha implementado un nuevo sistema de tramitación digital, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que facilitará a las entidades interesadas la presentación de solicitudes, reduciendo tiempos y simplificando procedimientos administrativos. Y ya a final del pasado mes, la Dirección General explicó a estos colectivos las novedades de la convocatoria y el funcionamiento de esa tramitación digital.

La convocatoria, que permanecerá abierta 15 días hábiles a partir de la publicación en el BOC, este jueves, 13 de agosto, establece criterios de evaluación que priorizan el impacto social, la innovación en la intervención comunitaria, la perspectiva de género y la sostenibilidad de los proyectos.

Con este paquete de ayudas, el área no solo busca atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales.

Las subvenciones permitirán atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza; con privación material y social severa; falta relativa de bienes, recursos o servicios. Asimismo permitirá desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social y, por ejemplo, impulsar programas que garanticen un acceso no discriminatorio para la práctica de actividades físico-deportivas, ocio y participación activa comunitaria, que sirvan para lograr un proceso de inclusión social e integral o la puesta en marcha de programas de alfabetización digital para la mejora de las competencias digitales y favorecer el desarrollo personal. Se atenderá también el refuerzo en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión de población, programas y servicios que faciliten el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales y socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en situación de exclusión social o riesgo de pobreza.

También se podrán financiar programas de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo, favoreciendo una intervención integral, garantizando la atención y cobertura de necesidades básicas y medidas para la inclusión social a través de la vivienda, prestaciones sociales y/o empleo; así como la puesta en marcha o mantenimiento de recursos alojativos de corta estancia y de transición para personas perceptoras de la RCC, IMV, u otros ingresos de sistema público de protección social que, además, se hallen en una situación de urgencia o alta exclusión social.

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La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias compareció en sede parlamentaria para explicar las líneas estratégicas y objetivos de su departamento

La medida permitirá reforzar plantillas y agilizar trámites

“Es muy importante que el Gobierno de Canarias declare los servicios sociales como ‘servicios esenciales’, una medida que nos permitirá actuar con mayor celeridad a la hora de resolver los expedientes que tramitamos”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en la comparecencia parlamentaria sobre las líneas estratégicas y objetivos de su departamento.

En su intervención, Delgado subrayó que declarar los servicios sociales como esenciales “nos permitirá cubrir la plantilla de forma más estable”, en una relación de puestos de trabajo “fuerte y estable que nos permita contar con los efectivos necesarios”. “No podemos olvidar los estudios que señalan que, a pesar de esos planes de choque que se instauraron en la legislatura pasada, Canarias está muy lejos de la media española en cuanto a profesionales para atender los servicios sociales”, indicó.

En relación al desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, la responsable del área de Bienestar Social indicó que “hay que conseguir poner en marcha la normativa necesaria para que los beneficios que se esperan de esta Ley lleguen realmente a la ciudadanía canaria, comenzando por dotar de fondos el Catálogo de Servicios y Prestaciones, herramienta fundamental imprescindible de esta Ley”.

En el área de Infancia y familias, Delgado indicó que su departamento trabaja para que “en este mismo trimestre” se cuente con un primer borrador de la nueva Ley del Menor de Canarias y anunció la próxima publicación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en el área de infancia y familias para el año 2023, por un importe de casi un millón de euros.

Además, indicó que es necesario seguir avanzando en implantación de la Renta Canaria de Ciudadanía y “poner en marcha todo el ciclo de ayudas, entre otras, las que suponen un complemento a las pensiones no contributivas porque supone la diferencia para que los mayores más necesitados puedan llegar a fin de mes”. A este respecto, matizó que Canarias no está recibiendo la parte económica que corresponde al Estado por el Ingreso Mínimo vital y está asumiendo casi en solitario la atención a las más de 12.600 familias que reciben esta ayuda. “Ya he expuesto este problema al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y esperamos que esté resuelto muy pronto”, manifestó.

“La atención a la población mayor también es un reto para nuestra Consejería y seguimos trabajando en el impulso del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada, a través de iniciativas como las viviendas compartidas”, aclaró en relación a las políticas de atención a las personas mayores.

Creación de nuevas plazas sociosanitarias y simplificación de los trámites de la ley de dependencia

En materia de atención a la población en situación de dependencia, Delgado hizo alusión a la publicación el pasado 14 de septiembre de la consulta pública del reglamento para la aprobación del Decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una medida -indicó- que “pretende lograr la simplificación administrativa y la reducción de plazos en la tramitación al establecer una configuración única del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación de PIA. De esta forma pretendemos dar cumplimiento a la Ley y tramitar todo lo necesario en un plazo de seis meses.”.

Además, afirmó que la voluntad de su departamento es crear en esta legislatura entre 4.000 y 6.000 nuevas plazas sociosanitarias y anunció que ya se va a formalizar un nuevo convenio con la Fecam para integrar la ayuda a domicilio que prestan los Ayuntamientos en el sistema de dependencia del Ejecutivo canario.

La consejera explicó que la decisión de separar las direcciones generales de Dependencia y de Discapacidad busca mejorar la atención en la discapacidad, “no solo para terminar con la lista de espera que hay con los expedientes de evaluación de grado, sino para poder acometer la Atención Temprana, en la que ya se está trabajado acertadamente en coordinación con Sanidad y Educación”.

Respecto al desafío de las migraciones, Delgado indicó que el Ejecutivo canario lleva meses llamando la atención del Estado para que cumpla con los acuerdos que se han alcanzado en esta materia. A este respecto, anunció que el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 tiene previsto convocar una Conferencia Sectorial el próximo mes de octubre en la que, subrayó, Canarias no va a pedir solidaridad en materia migratoria. “Creemos que esta crisis debe solventarse a partir del reconocimiento de que estamos ante un tema de Estado en el que las Comunidades autónomas debemos actuar bajo un principio de corresponsabilidad”, concluyó.

Por último, en materia de juventud, la consejera avanzó que se está impulsando la puesta en marcha del Consejo de la Juventud de Canarias que lleva años sin terminar de arrancar y trabajando en la modificación de Ley para poder crear una figura jurídica que regularice la situación.

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El Ejecutivo ha aprobado hoy incrementar en esa cantidad la financiación de los servicios de atención primaria y comunitaria

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha autorizado la realización del gasto que conlleva las aportaciones dinerarias que se concedan a los ayuntamientos canarios para financiar, durante el ejercicio de 2022, el refuerzo de las prestaciones sociales básicas a prestar por los servicios sociales municipales, por un importe 5.200.000 euros.

Con fecha agosto de 2022, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 concede a la Comunidad Autónoma de Canarias, una subvención nominativa consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por importe de 35 millones de euros, destinada, entre otros programas, a la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de orden departamental de octubre de 2022, acuerda la distribución de los fondos destinados a la ejecución de la subvención nominativa del Estado a Canarias para la financiación del programa de lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales y autorizaba distribuir del fondo de 35.000.000 euros, la cuantía de 5.200.000 euros para financiar las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales así como asignar la gestión del mismo a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.

La distribución de este fondo se realizará de acuerdo al Protocolo General de Actuación entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), cuyo objeto es servir de marco para establecer la distribución de esta partida entre los ayuntamientos, que se realizará en función del número de habitantes, índice de paro, dispersión, y doble insularidad, en el caso de las islas periféricas.

Hay que recordar que a través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

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“Hemos demostrado que después de una crisis muy importante, nos armamos de redes para ayudar a las personas más vulnerables, y que por ellos y para ellos estamos aquí”, afirmó Valido

El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad la norma más importante de esta legislatura, que garantizará el derecho subjetivo de la ciudadanía a cubrir sus necesidades básicas. “Una ley pensada por y para las personas y, en especial, aquellas con más vulnerabilidad. Para el desarrollo de una sociedad más justa”, según manifestó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en sede parlamentaria. La Ley ha sido consensuada con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, Cabildos y Ayuntamientos.

En su intervención, Valido destacó la participación activa y generosa de muchos profesionales aportando sus alegaciones y enmiendas de alto contenido y ejemplar competencia la hace una norma de consenso total, “una ley”, enfatizó, “que es de última generación, de las mejores del Estado, que promueve la construcción de un sistema público de servicios sociales moderno, avanzado y garantista”. “Hoy es día de celebrar. Los diputados de este Parlamento han dado una lección a mucha gente que cree que no somos capaces de ponernos de acuerdo en estos temas tan importantes y que siempre situamos nuestras rencillas políticas por encima de las personas. Hoy hemos demostrado que podemos y que nos importan. Que hemos entendido que después de una crisis muy importante nos armamos de motivos y de redes para ayudar a las personas más vulnerables, y que por ellos, estamos aquí”, cerró la consejera.

La nueva norma viene a sustituir a la anterior Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, ofreciendo nuevas soluciones a los nuevos tiempos surgidos tras la crisis económica y la incorporación de normas tales como la Ley  2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción o la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Además, impulsa un nuevo sistema público de servicios sociales, integrado por el conjunto de administraciones públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Se crea, con esta Ley, un sistema público de servicios sociales que reconoce, protege y garantiza en mejores condiciones la importante labor que las entidades del tercer sector de la acción social desarrollan en la prestación de los servicios sociales, configurando un modelo de atención personalizada pero sin perder el entorno vital personal, familiar, grupal y comunitario de las mismas.

El documento introduce el derecho innovador de que cada persona pueda expresar la propia voluntad de forma anticipada, y que esta sea respetada una vez la persona tenga limitada su capacidad de obrar.

Además, implementa la cooperación interdepartamental e interadministrativa, a través del Sistema Canario Unificado de Información, el Registro Único de Entidades, Centros y Servicios, el Historial Social Único y el Plan de Intervención Social Integral; y permite la mejora inmediata de la PCI  intensificando la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias con menores, ya que permanecerán en el sistema aquellas con menores a su cargo y sin rentas o con pocas rentas.

Este texto insta a la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales y el Observatorio Canario de Servicios Sociales, con la finalidad de promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad en los servicios sociales. Igualmente, impulsa el desarrollo del plan de inclusión social y lucha contra la pobreza; el plan específico para la población infanto-juvenil, y el primer diagnóstico del Observatorio Canario de los Servicios Sociales.

La nueva normativa contempla el diseño de un catálogo de servicios y prestaciones que definirá el mapa de recursos de atención social en Canarias, y establece en seis meses el plazo para su aprobación. Asimismo, obliga al refuerzo de los servicios de inspección y al desarrollo del art. 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias de una nueva ley de Renta Social Ciudadana.

Se fija una financiación a los Cabildos de, al menos en un 50 por ciento, y a los ayuntamientos entre el 40% y 60%, según número de habitantes. Habrá cuatro planes de financiación plurianuales, de manera que en 12 años se alcanzará una financiación de 900 millones de euros que podrá garantizar el coste real el Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias.

Todas estas medidas situarán a Canarias en los rankings de excelencia que determinan el gasto social en los servicios de promoción y protección social para el Bienestar Social y Calidad de Vida de su población.

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