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Satisfacción del comisionado del REF tras la aprobación definitiva de la reforma de la RIC

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El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, ha celebrado hoy que la propuesta que presentó hace poco más de un año junto al vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, haya sido aprobada definitivamente por el Congreso, haciendo posible que la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) tenga una finalidad social y ayude a paliar el grave déficit de viviendas en alquiler en las Islas.

Tras su aprobación en el Senado, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/1994, de modificación del REF de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las islas, fue aprobada en la Cámara Alta con 299 votos a favor, 31 en contra y 19 abstenciones.

La medida permitirá que empresarios y autónomos de las islas reinviertan sus beneficios en la compra, rehabilitación y construcción de inmuebles con una deducción fiscal de hasta el 90% siempre que los destinen al alquiler residencial. Además, deberán hacerlo en un plazo máximo de seis meses desde la adquisición y por un periodo mínimo de cinco años.

Barrera espera que la potencia del principal incentivo fiscal del REF sirva para movilizar cerca de 2.500 millones de euros que empresas y autónomos tienen en la RIC pendientes de invertir, según los datos de la Agencia Tributaria. “Dar respuesta a la crisis de la vivienda en Canarias es una prioridad ineludible y, aunque sabemos que esta medida no puedo solucionarla, estamos convencidos de que marcará un punto de inflexión positivo y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer que el REF tenga un fin más social”, destaca el comisionado.

Ampliar la oferta de inmuebles destinados al arrendamiento también permitirá mitigar la escalada de precios que se registra en el archipiélago. El encarecimiento de la vivienda está teniendo un severo impacto en las economías domésticas de una población que, además, percibe salarios que están entre los más bajos a nivel nacional y europeo.

La reforma contempla que los contribuyentes que se acojan a la RIC puedan invertir en inmuebles que serán destinados exclusivamente al mercado residencial y se prohíbe expresamente su uso vacacional. Además, se establecen condiciones estrictas como la obligatoriedad los arrendatarios no tengan vínculos familiares o societarios con los inversores y que el inmueble sea nuevo en el mercado del alquiler, es decir, que no haya estado arrendado en los 12 meses previos para garantizar así que la inversión amplíe la oferta existente. El objetivo de esta reforma, sostiene el comisionado, “es ampliar de forma efectiva la oferta de viviendas en las islas con una visión realista que beneficie a la ciudadanía”.

La posibilidad de aplicar la RIC al alquiler residencial no es algo nuevo. Estuvo permitido durante años, hasta que en 2006 se canceló, según explica Barrera, “sobre la falsa creencia de que estaba ejerciendo un efecto negativo sobre los precios, obviando que el alza de precios se estaba produciendo de forma generalizada, en todo el territorio nacional, también donde no se aplicaba ningún incentivo fiscal”.

Asimismo, la modificación aprobada en el Congreso introduce como novedad la posibilidad de que los contratos de alquiler vayan acompañados de una opción de compra, permitiendo que, tras un período mínimo de cinco años de arrendamiento, los inquilinos puedan acceder a la compra de la vivienda a un precio pactado previamente.

La Reserva para Inversiones en Canarias facilita que las empresas y trabajadores por cuenta propia de las islas obtengan una reducción fiscal de hasta el 90% en el Impuesto de Sociedades y del 80% en el IRPF para que dediquen sus beneficios principalmente a ampliar o modernizar su equipamiento e instalaciones y crear puestos de trabajo.

Requisitos para materializar la RIC en inmuebles destinados a vivienda habitual:

  • Vivienda nueva en el mercado. Para cumplir con el objetivo de ampliar la oferta de arrendamiento se exige que el inmueble no hay estado alquilado un año antes de la inversión. Así, se incentiva la incorporación al mercado de viviendas vacías, la finalización de obras que quedaron sin acabar y la transformación de vacacionales en residenciales.
  • Alquiler residencial. No es válido el uso turístico ni el alquiler por temporada. La vivienda tendrá que dedicarse exclusivamente al alquiler residencial de larga duración.
  • En el mercado en 6 meses. La vivienda deberá ponerse en alquiler de manera efectiva en un plazo máximo de seis meses desde la adquisición o la finalización de las obras. Esto ayudará a que los precios se contengan, porque si el inversor quiere cumplir con la RIC, tendrá que aceptar los precios de mercado.
  • Inquilino sin parentesco. El arrendador no podrá tener parentesco o vínculo societario con el inquilino.
  • 5 años de mantenimiento. La inversión en vivienda, como cualquiera que se haga gracias a la RIC, deberá mantenerse al menos cinco años.
  • Opción a compra. El alquiler podrá firmarse con opción a compra. Esto podría facilitar el acceso a la vivienda en propiedad por parte del inquilino, porque habrá ido adelantado parte del precio de compra.

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El Comisionado del REF y Fepeco trabajan para ampliar la oferta de viviendas a través de incentivos fiscales

Reunión del comisionado del REF con Fepeco.

Los constructores plantean que las pymes y los autónomos de las islas puedan invertir sus ahorros en la compra de inmuebles para arrendar aplicando la RIC

 

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, ha constituido una mesa de trabajo con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz (Fepeco) para impulsar iniciativas que amplíen la oferta de viviendas disponibles y salir cuanto antes de la emergencia habitacional que atraviesa el archipiélago.

En el transcurso de una reunión celebrada esta semana, en la que participaron casi una veintena de empresarios y empresarias del sector, los constructores solicitaron al comisionado que impulse una reforma de la ley del REF para que los pequeños ahorradores de las islas tengan incentivos fiscales a la hora de comprar viviendas. En concreto, la patronal propone que los empresarios y autónomos puedan canalizar parte de sus beneficios a la adquisición de viviendas para el arrendamiento recuperando una figura de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que fue eliminada en el año 2006.

Con la RIC, las empresas pueden reducir hasta el 90% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, mientras que los autónomos recortan su cuota de IRPF hasta en un 80%. Esa bonificación fiscal se podría materializar en la compra de viviendas y esto podría elevar la oferta de forma rápida, según Fepeco.

El comisionado del REF se comprometió a trabajar para analizar la viabilidad y el impacto de esta propuesta. “A nadie se le escapa que tenemos un problema grave con la vivienda en Canarias. Es por eso que queremos explorar de qué manera las figuras actuales del Régimen Económico y Fiscal pueden ayudar a resolverlo y qué otras podemos implementar que contribuyan en este sentido”, aseguró José Ramón Barrera.

Asimismo, el comisionado avanzó que el fuero canario puede ser “muy importante” para abordar el problema habitacional de Canarias porque «los incentivos fiscales podrían hacer que un cúmulo de fondos que están inmobilizados buscando oportunidades de inversión se orienten hacia este sector y aumenten la oferta del alquiler, lo que también tendría efecto positivo sobre los precios».

“Estamos trabajando de la mano del sector para construir con consenso la mejor solución. Queremos que nuestro REF contribuya de verdad al desarrollo y al bienestar de todos los canarios”, subrayó el comisionado durante su comparecencia ante los medios junto al presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, quien destacó la buena receptividad demostrada por Barrera. “Es un interlocutor muy valioso porque nos entiende y, sobre todo, porque trabaja en favor del consenso”, recalcó el presidente de Fepeco.

Izquierdo y los representantes de las empresas del sector que participaron de la reunión expusieron ante el comisionado una serie de medidas que consideran prioritarias para desbloquear la construcción de nuevas viviendas. Entre ellas, facilitar el acceso a la financiación tanto para la parte empresarial como para los ciudadanos y la agilización de los trámites para la obtención de licencias de obra, que criticaron que en ciertos municipios demoran entre tres y cuatros años.

El presidente de la patronal de la construcción aprovechó también para valorar le decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 19 de febrero, asegurando que representa un paso “muy valiente” que espera que llegue “a un buen fin” en el Parlamento para su aprobación definitiva.

Los empresarios tienen esperanza en que el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta con la mayor celeridad posible a las necesidades habitacionales de la población canaria sirva para “crear sinergias entre la Administración, los empresarios y los técnicos de urbanismo” para poner vivienda de protección oficial en el mercado con precios asequibles y también atender la demanda del mercado privado.

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