Lugar, fecha y hora del incidente:
Zona de Anaga, municipio de Santa Cruz de Tenerife
10/07/2025
16:19 horas
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Zona de Anaga, municipio de Santa Cruz de Tenerife
10/07/2025
16:19 horas
La Consejería de Turismo y Empleo suspendió los procedimientos sancionadores en 2024 a la espera de que se pronunciara un juez
“Es fundamental la colaboración entre administraciones para especializar el planeamiento porque, de este modo, se otorgará seguridad jurídica a los propietarios y al propio sector”, explicó el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria
El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, recordó hoy después de conocer el contenido de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Las Palmas que, desde el año 2024, la Consejería de Turismo y Empleo había suspendido este procedimiento sancionador y otros similares, al entender que había que esperar una resolución judicial. Además, agregó que “la resolución afectará al resto de procedimientos, más de una treintena, incoados en este mismo complejo ubicado en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana”.
José Manuel Sanabria aseguró que “expresamos nuestra total sensibilidad”. También subrayó que “solo se aplicará el mismo criterio en los procedimientos en los que existe identidad de objeto y similitud de todas las circunstancias, caso por caso”.
La sentencia hace hincapié en la necesidad de que los ayuntamientos realicen la especialización de usos del suelo “es algo que siempre hemos dicho, que es fundamental la colaboración entre administraciones para especializar el planeamiento porque, de este modo, se otorgará seguridad jurídica a los propietarios y al propio sector”, indicó.
Por último, hay que recordar que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha iniciado ya los procesos de reforma normativa vinculados precisamente a esta situación que se produce en Canarias desde hace décadas y en la que no coincide la realidad registral con la del uso del suelo y del planeamiento.
La Consejería destina más de 6.000.000 de euros a la reactivación de esta actuación que había permanecido paralizada durante años para conectar el Barrio de Ofra con El Draguillo
La Mesa de Contratación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha dado a conocer los once licitadores que optan a la ejecución de la obra de finalización de los tramos B y C de la obra: TF-5. Tramo: Avenida Tres de Mayo – Guajara. 2ª Fase (Ofra – El Chorrillo), en la isla de Tenerife.
En este sentido, las empresas que han presentado ofertas para ejecutar esta actuación, cuyo presupuesto base de licitación es de 6.571.317,48 euros, IGIC incluido, han sido ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.; Asyota Asfaltos y Obras, S.L.; Comsa, S.A.U. – Tagoro Medioambiente, S.L.; Construcciones Darias, S.A.; Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A.U. – Conservación, Asfalto y Construcción, S.A.U.; Dragados, S.A.; El Silbo Construcciones y Obras, S.L.; Ferrovial Construcción, S.A.; Obrascon Huarte Lain, S.A.; Señalizaciones Villar, S.A.; y la UTE formada por Transformaciones y Servicios, S.L. y Contratas y Servicios Bahillo, S.L.
Esta actuación, que formaba parte del convenio anterior, se pudo incorporar al actual Convenio de Carreteras 2018-2027 tras la firma de una adenda, con el objetivo de continuar con los trámites necesarios para su ejecución. La obra conectará el Barrio de Ofra con El Draguillo, atravesando la glorieta donde confluyen la Avenida Príncipes de España y la Carretera del Rosario, y finalizando en el enlace con la TF-2.
A diferencia del tramo A, la ejecución de estos tramos será más sencilla, ya que la infraestructura principal, el puente sobre el Barranco del Muerto, está ya construida.
Impulso a proyectos estratégicos detenidos
El consejero Pablo Rodríguez ha destacado la labor de la Dirección General de Infraestructura Viaria, liderada por Rosana Melián, en la reactivación de actuaciones clave que habían permanecido paralizadas durante años. “Desde el comienzo de esta legislatura, uno de nuestros objetivos prioritarios ha sido retomar proyectos que llevaban demasiado tiempo en punto muerto. En este caso, se trata de una infraestructura fundamental para mejorar la movilidad y la conexión en Tenerife”, ha explicado.
Rodríguez también ha resaltado la dificultad del procedimiento administrativo: “Este proyecto concreto ha representado un reto técnico y legal considerable, ya que las obras estuvieron detenidas durante varios años. No obstante, mantenemos nuestro compromiso de avanzar, superando cada obstáculo para garantizar que el desarrollo cumpla con todos los requisitos establecidos”.
En estos momentos, el contrato en vigor contempla la culminación de los tramos B y C. El tramo B abarca desde la glorieta de Moraditas hasta la glorieta que conecta con el barrio de San Matías y la calle El Abandono, conocida como glorieta San Matías. El tramo C continúa desde ese punto hasta su conexión con la carretera TF-2.
El Consejo de Gobierno avala las peticiones del Ejecutivo regional y pedirá al Gobierno de España que La Palma sea primer territorio en el que se resuelva el concurso de renovación de centrales térmicas obsoletas
Entre las peticiones también se incluyen una mayor inversión en la red de distribución de las islas verdes y la inclusión de las baterías como opción ante las emergencias energéticas
Este Plan contribuirá a aumentar la resiliencia de su sistema energético, eléctrico y su seguridad, reforzando el compromiso con La Palma y sus habitantes de lograr energía segura, sostenible y sin interrupciones con medidas concretas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha ratificado hoy las peticiones planteadas al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para reforzar el sistema eléctrico de la isla de La Palma. Esta actuación institucional responde a la actual situación de emergencia energética en Canarias, tras varios apagones en La Palma y otras islas no capitalinas.
El Gobierno valida así las demandas y medidas concretas solicitadas por la consejería de Transición Ecológica y Energía, tanto a Red Eléctrica, como a Endesa y al Miteco para garantizar la seguridad del suministro en la isla en lo que se conoce como el Plan de Acción para La Palma. Un paso estratégico para reforzar la solidez de la red eléctrica regional y elevar la seguridad del suministro en un escenario de fragilidad y emergencia energética, con acciones inmediatas, concretas y complementarias a las ya solicitadas.
Dichas peticiones, ya gestionadas o en trámite de serlo, plantean como demanda principal hacia el Miteco que dentro del procedimiento de concurrencia competitiva para renovar los grupos de generación sea La Palma el primero en resolverse debido a su frágil situación energética.
Asimismo, y dentro de este Plan también se ha solicitado con anterioridad y ha sido anunciado en la isla una mayor inversión económica en las redes eléctricas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Las conocidas como “islas verdes” para reforzar y mejorar las líneas de distribución.
También, el uso temporal de almacenamiento y conexiones extraordinarias hasta que operen las instalaciones adjudicadas en el concurso de concurrencia por medio de baterías ha exigido el Ejecutivo regional al central, además de la petición de establecer planes de contingencia adicionales para casos de fallo simultáneo de generación.
Con este Plan, se evidencia la coordinación institucional entre Canarias y el Estado, y se garantiza que los ciudadanos de La Palma no vuelvan a vivir apagones prolongados, actuando con medidas específicas.
Las acciones del Ejecutivo en la crisis energética
Dichas acciones son paralelas a las medidas que el Gobierno ya ha tomado desde el comienzo de legislatura para revertir la fragilidad del sistema eléctrico de Canarias. Entre ellas, decretar el 2 de octubre de 2023 la emergencia energética, trabajar para aprobar los proyectos de refuerzo energético para evitar apagones en las islas que tienen déficit de energía (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura) y legislar y trabajar para ordenar el desarrollo de las energías renovables en el territorio de forma eficaz y haciendo partícipe a la ciudadanía.
Ejemplo de ello, medidas como la modificación de la Ley de Cambio Climático, el desarrollo de las zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) o la modificación de la Ley Canaria del Sector Eléctrico para que, en caso necesario de sanciones por apagones, se puedan tramitar dichos expedientes en tiempo y forma.
Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 17.645.661,55 euros, se llevará a cabo en la calle Pedro José Viña Díaz
Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas a través de los fondos Next Generation
El Instituto Canario de la Vivienda también ha aceptado la cesión de 16 parcelas en Puntallana para la construcción de viviendas protegidas
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada este jueves 10 de julio, la aprobación técnica del proyecto de ejecución para la construcción de 100 inmuebles protegidos de promoción pública en el municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma.
Las obras, que se desarrollarán en la calle Pedro José Viña Díaz en Tazacorte, tienen un presupuesto base de licitación de 17.645.661,55 euros. Esta actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.
Dentro de esta iniciativa, se contemplan subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra tanto del proyecto principal como de los subproyectos de instalaciones.
Este lote se incluye dentro del expediente para la redacción de proyectos de ejecución de un total de 487 viviendas protegidas de promoción pública distribuidas en varios municipios de Canarias: Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, y Tazacorte y Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Cesión de suelo en Puntallana
Asimismo, el consejero también ha informado de la aceptación de la cesión de dieciséis parcelas en Puntallana, que serán destinadas a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.
El Ayuntamiento de Puntallana ha cedido al Instituto Canario de la Vivienda las parcelas, que suman un total de 1.891,92 metros cuadrados de la Manzana 9 en la zona de Llano Amador. El acuerdo responde al compromiso conjunto entre ambas administraciones para impulsar las medidas previstas en la Ley 4/2024, de 26 de julio, que establece actuaciones urgentes en materia de vivienda protegida para favorecer la recuperación de la isla tras la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Impulso a la vivienda en La Palma
El Instituto Canario de la Vivienda cuenta con diferentes iniciativas en materia de vivienda en la isla de La Palma. Por un lado, con un proyecto para la ejecución de 8 viviendas protegidas de promoción pública en Puntallana; también ha declarado la urgencia de la tramitación del expediente de contratación administrativa para la ejecución de las obras de construcción de 34 inmuebles en Tazacorte; así como la licitación para la construcción de once inmuebles protegidos en Tijarafe, la adjudicación de las obras de once viviendas protegidas de promoción pública en Breña Baja. A esto se suman las obras de reparación y rehabilitación de 108 y 59 inmuebles en Santa Cruz de La Palma;
Asimismo, la empresa pública VISOCAN ha rehabilitado 42 viviendas en Finca Amado, en Breña Baja.
El Ejecutivo prevé en los próximos meses el inicio de actuaciones como las obras de regadío de Las Machuqueras-Llanos Negros
También se impulsará la instalación de una desaladora portátil para agua de riego agrícola, y la ejecución de las obras complementarias de Las Breñas-Mazo y de la red de riego de Hermosilla-El Paso
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria incrementará los recursos hídricos a disposición de agricultores y ganaderos de La Palma con el desarrollo de nuevas actuaciones que supondrán una inversión total de más de cinco millones de euros, según informó este jueves en Consejo de Gobierno el titular del área, Narvay Quintero.
A las actuaciones ya en desarrollo como la ejecución de la depuradora de El Paso (2.389.516 millones de euros) y la culminación de la fase II de las obras de recuperación de las redes de riego de Cruz Bermeja y Red B de las Haciendas, en la zona de San Isidro, Tazacorte (500.455 euros) se suman las iniciativas previstas con cargo a estos presupuestos de 2025 que se iniciarán en los próximos meses, entre las que destacan el desarrollo de las obras de regadío de Las Machuqueras-Llanos Negros (1.656.400 euros) en el marco de un convenio de colaboración con la corporación insular, la instalación de una desaladora portátil para agua de riego agrícola (1,45 millones de euros), las obras complementarias de Las Breñas-Mazo (1,9 millones de euros) y las de la red de riego de Hermosilla-El Paso (300.000 euros).
Regula la forma en que se establecen los compromisos de calidad de los servicios públicos y su evaluación
Incorpora el análisis de la demanda y la satisfacción de las personas usuarias como información para mejorarlos
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado un decreto que establece nuevas medidas para mejorar la calidad de los servicios públicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes. El objetivo es garantizar que los servicios satisfagan las necesidades y expectativas de una ciudadanía cada vez más informada y exigente.
Esta norma actualiza el decreto 220/2000, de 4 de diciembre, dotándolo de una metodología que permita el desarrollo de objetivos e indicadores de calidad y su adaptación a las nuevas demandas sociales. Además, consolida una cultura orientada a la transparencia, la participación ciudadana, la evaluación y la mejora continua de los servicios públicos.
El principal objetivo de este decreto es regular la evaluación de la calidad de los servicios. Esto incluye tanto la autoevaluación como la evaluación externa de los servicios, e introduce nuevos instrumentos y modelos de supervisión.
También se implementa un sistema de medición del servicio prestado y un índice de percepción de calidad por parte de las personas usuarias. Los informes de los resultados de estas evaluaciones se publicarán de forma accesible en el sitio web institucional de la calidad de los servicios públicos y en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias.
El presupuesto base de licitación para la adecuación del aplicativo de los órganos judiciales se distribuye en tres anualidades, con fecha de inicio 1 de enero de 2026
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha autorizado el gasto correspondiente a la contratación del servicio de gestión, mantenimiento integral y desarrollo evolutivo del gestor procesal Atlante por un importe de 13 millones de euros. El contrato garantiza la adecuación del aplicativo al esquema judicial para la interoperabilidad y la seguridad de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal y la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El presupuesto base de licitación se distribuye en tres años, a contar desde el 1 de enero de 2026, y la nueva contratación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación con carácter de urgencia.
La nueva licitación del servicio del aplicativo Atlante de la Administración de Justicia tiene como finalidad el funcionamiento adecuado de la gestión procesal de todos los expedientes tramitados ante los órganos judiciales del territorio en todas las infraestructuras judiciales en las que se ubican los citados órganos, sedes y oficinas y el servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo el desarrollo del gestor a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se hará cargo de la licitación al ser el órgano competente en la gestión y mantenimiento de infraestructuras para las sedes judiciales, así como de los restantes medios materiales que se destinan a la Administración de Justicia.
Recoge su entrega anual y actualiza el anexo a las necesidades actuales de calidad, tipología y protección, en base a las propuestas de las organizaciones sindicales en la negociación del III Convenio Colectivo
El Consejo de Gobierno ha formalizado el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su sesión de 8 de mayo de 2023, relativo a la ropa de trabajo. La propuesta ha sido elevada por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.
La autorización del Gobierno es necesaria para la plena eficacia de los acuerdos en materia de personal, previo informe de las direcciones generales de Planificación y Presupuesto y de Función Pública, al objeto de valorar las repercusiones presupuestarias y la gestión de personal, respectivamente.
En la actual Ley de Presupuestos se ha levantado expresamente la suspensión del artículo 22 del convenio que establecía la entrega bianual, de tal forma que pasa a ser anual. Asimismo, se modifica también el anexo I que recoge la ropa de trabajo que debe facilitar con carácter gratuito la Administración para actualizarlo a las necesidades actuales en cuanto a calidad, tipología y protección, en base a la propuesta formulada por las organizaciones sindicales.
Cualquier incremento del gasto público que se derive de la aplicación del presente acuerdo deberá ser asumido por cada órgano gestor de personal correspondiente en cada Departamento u Organismo Público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Dirección General de la Función Pública llevará a cabo las actuaciones administrativas pertinentes ante la Dirección General de Trabajo a los efectos de que se proceda a la inscripción del acuerdo autorizado y formalizado y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Ambos nacen de la fusión de dos centros de sus respectivos municipios y entrarán en funcionamiento el próximo 1 de septiembre
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero regional de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, aprobó este jueves el preceptivo decreto para la creación de los Centros de Educación Obligatoria (CEO) en Arona y en Las Palmas de Gran Canaria, que nacen de la fusión, respectivamente, de dos centros de ambos municipios e iniciarán su actividad bajo la nueva nomenclatura el próximo 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la actividad en el próximo curso 2025/2026.
Estos nuevos centros educativos surgen como respuesta a criterios de racionalización y eficiencia en la gestión educativa, optimizando recursos materiales y humanos ya existentes y respondiendo a las necesidades actuales de escolarización en ambos municipios, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente. Se trata de una reestructuración de la red pública de centros docentes que tiene como objetivo contribuir a una mejor calidad del servicio educativo.
En concreto, en el municipio tinerfeño de Arona, el nuevo centro de educación obligatoria nace de la fusión del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Óscar Domínguez y la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) en Arona. Ambos centros ya compartían instalaciones y prestaban servicios complementarios de manera coordinada. Así, el CEIP contaba con 128 alumnos y una línea 1, mientras que la SIES acogía a otros 291 estudiantes en Educación Secundario Obligatoria (ESO), con una organización de línea 4 en el primer curso y línea 3 en el resto de niveles, así como dos unidades de diversificación curricular.
Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, el nuevo CEO resultará también de la unión del CEIP Perseidas y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Francisco Hernández Monzón, centros que desde el curso 2023/2024 ya comparten edificio. El CEIP tiene 83 alumnos, entre los que se incluye alumnado del primer ciclo de Educación Infantil, un aula mixta de segundo ciclo de esta misma etapa y un aula Enclave. A su vez, el Francisco Hernández Monzón cuenta con 61 estudiantes de ESO y también dispone de un aula Enclave de Tránsito a la vida adulta.
La creación de estos centros no conlleva incremento presupuestario ni en gastos de funcionamiento ni en personal, sino que se trata de una redistribución de recursos previamente asignados. De hecho, ambas instalaciones mantendrán su oferta educativa y los servicios actuales de los dos centros que se integran en cada uno de ellos, asegurando la continuidad para las familias y el alumnado.
Además, los servicios de limpieza y administración, así como el mantenimiento de las instalaciones, seguirán prestándose como hasta ahora, sin necesidad de nuevas adjudicaciones o modificaciones contractuales.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias, a través del área que lidera Poli Suárez, reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, eficiente y adaptada a las realidades locales. La creación de los nuevos centros permitirá simplificar la gestión escolar, además de facilitar una transición más fluida entre etapas educativas entre los estudiantes de ambos centros.