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El Gobierno de Canarias incrementa casi un 30 % la Renta Canaria de Ciudadanía en esta legislatura

Unos 13.000 hogares vulnerables del Archipiélago se han beneficiado del aumento registrado en la prestación

El Gobierno de Canarias ha incrementado en un 29,75% la cuantía de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) entre 2023 y 2026, consolidando así su compromiso con la protección social y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Este incremento, aplicado de forma progresiva en los últimos ejercicios, ha beneficiado a casi 13.000 hogares y supone un importante esfuerzo presupuestario por parte de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, garantizando una mejora sustancial del poder adquisitivo de las unidades de convivencia beneficiarias.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias reafirma su voluntad de seguir avanzando en políticas públicas que sitúan a las personas en el centro de la acción de gobierno, promoviendo mayor equidad y justicia social en Canarias. De esta forma, la RCC consolida su papel de complemento del Ingreso Mínimo Vital y de herramienta clave para la inclusión.

En términos absolutos, la actualización de la RCC implica que, por ejemplo, una persona adulta sola pasa de percibir 565,37 euros mensuales en 2023 a 733,60 euros en 2026. Del mismo modo, las unidades familiares de mayor tamaño han experimentado un incremento proporcional equivalente, alcanzando en algunos casos los 1.613,92 euros mensuales. En el caso de las unidades de convivencia monoparentales, el aumento también alcanza el 29,75%, reforzando la protección de los hogares con menores a cargo, uno de los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad social.

Este esfuerzo refleja la prioridad del Gobierno de Canarias por fortalecer el escudo social, adaptar las prestaciones al contexto económico actual y garantizar que la Renta Canaria de Ciudadanía continúe siendo una herramienta eficaz de inclusión y cohesión social en el Archipiélago.

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El Gobierno de Canarias convoca el Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra Agrocanarias 2026

Las productoras y productores interesados en participar disponen hasta el 3 de marzo para inscribirse a través de la Sede electrónica del Ejecutivo regional

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha convocado el Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Agrocanarias 2026 para distinguir la calidad y promocionar las producciones elaboradas en el Archipiélago.

Podrán participar en el certamen, que se celebrará en la isla de La Gomera los días 18 y 19 de marzo, las personas físicas o jurídicas que produzcan, elaboren y envasen AOVE en Canarias, en instalaciones que cuenten con la correspondiente autorización sanitaria, estén presentes en los canales comerciales y operen bajo marcas propias, además de figurar en el Censo nacional de instalaciones y operadores oleícolas.

El director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, destacó la importancia creciente que ha adquirido esta producción en Canarias en los últimos años, y manifestó su satisfacción por “poder recuperar este certamen tras un año sin celebrarse debido a una cosecha prácticamente inexistente en 2024”.

Asimismo, recordó que esta iniciativa no solo sirve para visibilizar la excelencia de los productos canarios, sino también para valorizarlas y reconocer el esfuerzo en innovación, modernización y mejora continua de los productores y productoras.

Los aceites participantes serán valorados por un panel de cata mediante el denominado sistema de cata ciega, es decir, sin etiquetas identificativas, con el fin de garantizar un análisis riguroso y transparente.

Las elaboraciones mejor puntuadas optarán a las distinciones “Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias 2026”, “Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico de Canarias 2026” —dirigida exclusivamente a productos inscritos en el registro de operadores de producción ecológica y que superen el 65% de la puntuación máxima—, y “Mejor Imagen y Presentación”, para la cual se valorará el etiquetado y el diseño del envase.

Asimismo, la producción que obtenga la mayor puntuación, siempre que alcance al menos 85 puntos, recibirá la Gran Medalla de Oro. Aquellas que superen el 80% de la puntuación obtendrán Medalla de Oro, y las que alcancen un mínimo del 75%, Medalla de Plata.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 23:59 horas del 3 de marzo de 2026. Esta solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se detalla en el texto de la convocatoria y se dirigirá al ICCA mediante el modelo disponible en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/) y en la página web del ICCA (https://www.gobiernodecanarias.org/agpsa/icca/).

Para obtener más detalles sobre la documentación requerida y otras especificaciones del concurso puede consultarse la Resolución a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/0934f6ff-d966-46d9-8e79-6c7076a7fe8e

El Gobierno canario acordó en mayo de 2025 el cese de la actividad acuícola de Telde en 2026

El Ejecutivo regional recuerda que el pasado mes de mayo de 2025 se acordó con la empresa gestora de las instalaciones acuícolas un plan para el desmontaje de sus infraestructuras a lo largo del presente año a pesar de que la concesión otorgada por el Ministerio de Medioambiente finaliza en 2029

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias recuerda que, tal y como se recoge en comunicados anteriores, el pasado mes de mayo de 2025 se acordó con la empresa gestora de las instalaciones acuícolas de Telde el cese de su actividad en la zona y un plan de desmontaje de dichas infraestructuras, que se ejecutará este año 2026. Mediante este acuerdo, la entidad accedió al desmantelamiento de las infraestructuras para las que cuenta con una concesión anterior a la publicación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), otorgada por el Ministerio de Medioambiente en 1999, por un periodo de 30 años que vencería en 2029.

Tras la aprobación definitiva del PROAC en 2018 el Gobierno de Canarias estableció el régimen jurídico aplicable a las concesiones y autorizaciones, otorgadas y vigentes, para la actividad acuícola. En el caso de las referidas instalaciones se plantea su desmantelamiento con la finalidad última de trasladarlas a áreas delimitadas como Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA).

En este sentido, la empresa presentó un plan basado en criterios técnicos y estructurales para el desmantelamiento progresivo de las instalaciones en condiciones de seguridad. Este documento incluye la clasificación de todos los materiales que componen la infraestructura, tanto los propios viveros como otros elementos, entre ellos redes, cabos de amarre, balizas o boyas, para su posterior reciclaje o valorización. Asimismo recoge el cronograma de extracción con el objetivo de minimizar los riesgos para los animales y asegurar una transición ordenada hacia la clausura operativa de la granja.

Por otra parte, tras el episodio de mortandad denunciado por la empresa a principios de octubre de 2025, las sucesivas inspecciones posteriores realizadas por el Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca han constatado la realización de labores de limpieza, la ausencia de mortalidad fuera de los parámetros normales y el comportamiento normal de los peces en un total de seis controles efectuados, desde el pasado 5 de noviembre hasta la inspección más reciente, realizada el 5 de febrero.

Asimismo cabe recordar que prosigue la investigación en los procedimientos abiertos por los cuerpos y autoridades competentes, actualmente el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente, para determinar el origen del episodio registrado en el litoral de Telde que provocó la muerte de peces en las instalaciones acuícolas.

Matilde Asián muestra su inquietud por la falta de propuestas del Gobierno central ante el próximo marco financiero

Ángel Víctor Torres da plantón en el pleno de la CARUE a las comunidades autónomas, cuyos responsables hablan de falta de respeto institucional

La ausencia de información y propuestas del Gobierno ante el previsible cambio en el marco financiero europeo para los próximos 7 años descorazona a la delegación canaria

La propuesta de la Comisión Europea podría alterar la situación de Canarias en ámbitos tan importantes como el sector agrícola, el sector pesquero o los recursos de los fondos de cohesión

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, han participado hoy en Madrid en el pleno de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), convocada por el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, tras cuatro años sin celebrarse, a pesar de su carácter anual. La ausencia del ministro convocante, Ángel Víctor Torres, sin aviso, ha provocado sorpresa entre los asistentes que la han calificado como “una falta de respeto institucional” por no acudir a debatir con los representantes autonómicos el futuro financiero inmediato de las comunidades y de España. Además, a esto hay que añadir la falta total de información previa sobre los puntos del orden del día.

Para la consejera, no haber convocado antes esta reunión supone un total incumplimiento a las normas de esta conferencia sectorial y una absoluta desconexión con el momento de vital importancia dentro de las negociaciones para el próximo marco financiero plurianual, que determinará la financiación de las políticas comunitarias durante los próximos siete años. Matilde Asián ha viajado hasta Madrid para trasladar personalmente a los responsables políticos nacionales, que son los interlocutores ante la Unión Europea, la preocupación de Canarias ante los cambios que se vislumbran en la propuesta del nuevo marco financiero anunciado por la Comisión Europea. “No se nos ha consultado, a pesar de que las políticas de la UE afectan directamente a los territorios por lo que no nos pueden pedir que seamos solo espectadores”. La mayoría de las políticas que ahora se discuten, se ejecutan desde las comunidades autónomas por lo que “no podemos ser meros convidados de piedra”, ha asegurado la consejera, quien ha solicitado que se incluyan representantes autonómicos en las reuniones con la Comisión para poder conocer de primera mano los asuntos que nos incumben. De esta forma, se podrían adaptar las conferencias sectoriales a las características de las comunidades autónomas y evitar lo que ha ocurrido con los fondos Next Generation.

La propuesta y el actual proceso de negociación del MFP 2028-2034 puede alterar el status quo actual en ámbitos tan importantes para las islas como el agrícola o el pesquero; además de recursos provenientes de la política de cohesión como los fondos FEDER o el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La consejera ha lamentado la falta de transparencia e información recibida, tanto antes de la reunión como al término de la sesión plenaria. “Venimos sin informes previos que estudiar y discutir y con un orden del día cerrado y excesivamente largo, cuando lo realmente importante en este momento es la negociación del marco financiero plurianual. Un punto que pedimos, sin éxito, que fuera monográfico y capitalizara la reunión de hoy” y añadió que “salimos de la reunión sin saber lo que piensa y cómo va a actuar el gobierno de España para garantizar los derechos que tenemos todos los canarios; es decir, igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles y europeos vivan donde vivan”.

Uno de los elementos más significativos de la propuesta es la creación de un Fondo Europeo único, en manos del Estado, que agrupa políticas tradicionalmente diferenciadas, lo que supone un cambio sustancial respecto al modelo vigente, basado en programas sectoriales con dotaciones financieras específicas y una gobernanza compartida entre la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales.

Este nuevo enfoque desplaza de manera sustancial el centro de gravedad en la toma de decisiones desde el nivel regional hacia el nivel nacional, reduciendo el papel de las autoridades regionales en la programación, gestión y seguimiento de los fondos europeos. En el caso de las regiones ultraperiféricas, esta centralización resulta especialmente preocupante, al introducir un riesgo real de dilución de sus especificidades y de competencia con otras regiones del mismo Estado miembro que no comparten las mismas limitaciones estructurales.

Como ya ha manifestado el Gobierno de Canarias, y así lo ha secundado también el Parlamento regional, el peligro del nuevo enfoque radica en que reduce el papel de las autoridades regionales en la programación, gestión y seguimiento de los fondos y políticas europeos, diluyendo las especificidades de las RUP. “Por eso exigimos que el Gobierno de España asuma como propias todas las reivindicaciones de Canarias, trasladadas por este gobierno al reino de España, y las defienda en los foros de discusión europeos, como le corresponde por ser el interlocutor válido.”

El Gobierno de Canarias considera especialmente preocupante la desaparición del programa POSEI como instrumento autónomo y con ficha financiera suficiente, así como la ausencia de dotación financiera específica e identificable para la compensación de los sobrecostes del sector pesquero y acuícola. Respecto a la política de cohesión, desde la consejería que encabeza Matilde Asián se propone la actualización de la cifra por habitante utilizada como base de cálculo en lo que respecta a los fondos específicos.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea recalca que la propuesta de la Comisión no garantiza, por sí misma, el mantenimiento del acervo RUP ni ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas se preserven de forma efectiva en el próximo período de programación. Para Matilde Asián, el nuevo enfoque no respeta el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE en su consideración de Canarias como región ultraperiférica. “De hecho, hace solo unos días, en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, Francia y Portugal se posicionaron abiertamente en defensa de sus regiones ultraperiféricas, reiterando por escrito la importancia de tener en cuenta a las RUP en la elaboración y aplicación de la legislación de la UE. Esperamos que nuestro Gobierno actúe de igual forma con la única región ultraperiférica que tiene España y no se borre nuestra identidad como RUP”, concluyó.