Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias incrementa casi un 30 % la Renta Canaria de Ciudadanía en esta legislatura

Unos 13.000 hogares vulnerables del Archipiélago se han beneficiado del aumento registrado en la prestación

El Gobierno de Canarias ha incrementado en un 29,75% la cuantía de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) entre 2023 y 2026, consolidando así su compromiso con la protección social y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Este incremento, aplicado de forma progresiva en los últimos ejercicios, ha beneficiado a casi 13.000 hogares y supone un importante esfuerzo presupuestario por parte de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, garantizando una mejora sustancial del poder adquisitivo de las unidades de convivencia beneficiarias.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias reafirma su voluntad de seguir avanzando en políticas públicas que sitúan a las personas en el centro de la acción de gobierno, promoviendo mayor equidad y justicia social en Canarias. De esta forma, la RCC consolida su papel de complemento del Ingreso Mínimo Vital y de herramienta clave para la inclusión.

En términos absolutos, la actualización de la RCC implica que, por ejemplo, una persona adulta sola pasa de percibir 565,37 euros mensuales en 2023 a 733,60 euros en 2026. Del mismo modo, las unidades familiares de mayor tamaño han experimentado un incremento proporcional equivalente, alcanzando en algunos casos los 1.613,92 euros mensuales. En el caso de las unidades de convivencia monoparentales, el aumento también alcanza el 29,75%, reforzando la protección de los hogares con menores a cargo, uno de los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad social.

Este esfuerzo refleja la prioridad del Gobierno de Canarias por fortalecer el escudo social, adaptar las prestaciones al contexto económico actual y garantizar que la Renta Canaria de Ciudadanía continúe siendo una herramienta eficaz de inclusión y cohesión social en el Archipiélago.

Etiquetas

Derechos Sociales destina 1,5 millones de euros para los municipios afectados por el volcán

Pasado encuentro de las responsables de la Consejería con las concejalas del área de los tres municipios afectados

Noemí Santana explica que para la Consejería era “importante” coordinar estas ayudas con los servicios sociales municipales, porque son la primera línea de respuesta para las personas afectadas por la erupción

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha abonado a los municipios afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma 1,5 millones de euros para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos ante la situación de emergencia generada por el volcán. Los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte han recibido cada uno dos ayudas directas por un montante global de 500.000 euros, cantidad destinada a la contratación de personal o el abono de prestaciones sociales.

Noemí Santana, responsable de las políticas sociales del Ejecutivo regional, señala que para la Consejería era “importante la coordinación con los servicios sociales municipales porque son la primera línea de respuesta para las personas afectadas por la erupción”.

Derechos Sociales otorgó una primera ayuda de sus fondos propios de unos 100.000 a Tazacorte y El Paso y de 120.000 a los Llanos de Aridane como acción de emergencia tras la erupción y lo ha completado con una segunda subvención de 400.000 euros (380.000 en el caso de Los Llanos) antes del final del año, cantidad con la que los municipios contará para las políticas de reconstrucción que se están poniendo en marcha tras el cese de la actividad volcánica.

Este plan de acción desarrollado por la Consejería de Derechos Sociales fomenta la creación de una atención social que se desarrolla de una forma más directa y eficaz, propiciando con estos recursos la contratación de personal técnico y especializado que garantice la atención y la oferta de servicios y recursos necesarios para evitar las situaciones de exclusión y buscar una respuesta inmediata y personalizada a las demandas de la ciudadanía afectada, atendiendo a sus situaciones personales y familiares.

La subvención directa a estos ayuntamientos es una de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para paliar los efectos de la erupción volcánica producida el pasado 19 de septiembre en La Palma.

Entre las acciones desarrolladas por la Consejería se encuentran la gestión de ayudas a la compra de enseres para las personas que han perdido sus pertenencias o el suplemento extraordinario a las 431 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

 

Etiquetas