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Canarias inyecta 1.035 millones de euros para políticas sociales y consolida así el mayor escudo social

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias supera, por primera vez, la barrera de los mil millones, lo que supone un incremento de 391 millones de euros de recursos estructurales desde el inicio de la legislatura

Canarias contará en 2027, por primera vez en su historia, con un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,5 % respecto al presupuesto inicial de 2026, con 197,24 millones de euros adicionales para reforzar la protección social, la atención a las personas y la garantía de derechos.

Estas cuentas suponen un hito en la financiación de las políticas sociales del Archipiélago y consolidan una apuesta por dotar de recursos estables a los servicios públicos y a las prestaciones dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a las personas y familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó en comparecencia parlamentaria que esta evolución permite consolidar en el presupuesto ordinario servicios y prestaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de cientos de miles de personas. “Canarias contará con el mayor presupuesto social de su historia, pero la importancia de estas cuentas no se encuentra únicamente en superar los 1.000 millones. Lo fundamental es que ese crecimiento se traduce en más derechos reconocidos, más prestaciones y una red pública con mayor capacidad para atender a las personas que necesitan apoyo”, afirmó.

El crecimiento presupuestario adquiere todavía mayor relevancia si se observa su evolución a lo largo de la legislatura. Excluyendo los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los recursos ordinarios y estructurales de la Consejería han pasado de 642,51 millones de euros en 2023 a 1.033,98 millones en 2027. Esto supone un incremento de 391,17 millones de euros, un 60,9 % más de financiación estable para las políticas sociales.

La evolución de estas cuentas se acompaña, además, de una capacidad de gestión que ha mantenido la ejecución presupuestaria por encima del 90 %. En el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2025, la Consejería ejecutó 914,49 millones de euros, una cifra que superó en más de 200 millones el presupuesto inicial de aquel año. Asimismo, hasta octubre de 2026 se habían incorporado más de 390 millones de euros mediante modificaciones presupuestarias, lo que refleja la capacidad del departamento para ampliar los recursos disponibles y dar respuesta a las necesidades de las distintas áreas. Candelaria Delgado subrayó que “los fondos externos no se quedan en una cifra contable, sino que se transforman en prestaciones, servicios, profesionales e inversiones dirigidas a la ciudadanía”.

Uno de los ámbitos que experimenta un mayor impulso es el de la atención a la dependencia. La Dirección General de Dependencia contará en 2027 con 567,15 millones de euros, lo que representa un incremento de 177,65 millones respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 120,8 % en comparación con el inicio de la legislatura.

Este refuerzo económico se suma a las mejoras introducidas en la gestión administrativa del sistema, entre ellas la implantación del procedimiento monofásico, que ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de tramitación e incorporar a más personas y más ayudas a las familias.

La mejora de los procedimientos y el incremento de los recursos económicos constituyen dos elementos fundamentales para avanzar hacia un sistema de dependencia con mayor capacidad de respuesta y una atención más ágil a las personas que necesitan apoyos.

Más recursos para garantizar la protección social

El área de Servicios Sociales contará con 113,33 millones de euros destinados a la Renta Canaria de Ciudadanía, que experimenta un incremento del 30 % en su cuantía acumulada. A ello se suma la continuidad, mediante su incorporación al articulado de la ley presupuestaria, del pago de oficio del complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas.

En el ámbito de Infancia y Familias, el presupuesto asciende a 125,52 millones de euros, un 20,04 % más que en el ejercicio anterior. Este incremento permitirá reforzar las políticas de prevención e intervención sociofamiliar, con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes y favorecer que puedan permanecer en su entorno familiar siempre que sea posible y adecuado.

Por su parte, las políticas dirigidas a las personas mayores consolidan su estructura específica a través de la Dirección General de Mayores, que dispondrá de 20,94 millones de euros para desarrollar el marco de envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada mediante la estrategia Maresía.

El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una dotación ordinaria de 14,75 millones de euros. Además, el presupuesto incorpora una garantía especialmente relevante para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista: las ayudas económicas destinadas a este colectivo tendrán la consideración de créditos ampliables.

Esta medida permitirá que ninguna mujer que reúna los requisitos establecidos se quede sin protección por falta de disponibilidad presupuestaria, reforzando la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones de violencia machista.

Con estas cuentas, el Gobierno de Canarias consolida el crecimiento de las políticas sociales y refuerza la financiación de ámbitos esenciales como la dependencia, la atención a la infancia, la protección económica de las familias, el envejecimiento activo y la igualdad. Un presupuesto que sitúa por primera vez a la Consejería por encima de los 1.000 millones de euros iniciales y que representa un incremento sustancial de los recursos estructurales destinados a garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía canaria.

“Queda trabajo por hacer. Debemos continuar reduciendo los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, culminar el Espacio de Datos de los Servicios sociales de Canarias y desplegar el concierto social. Pero la evolución de esta legislatura demuestra que las políticas sociales se han situado entre las principales prioridades del Gobierno de Canarias y que los derechos reconocidos cuentan hoy con una financiación muy superior a la de 2023”, concluyó la consejera.

 

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Clavijo traslada a Fitto del riesgo de centralizar los fondos europeos para las RUP

El presidente agradece al vicepresidente ejecutivo de la Comisión su compromiso con las regiones ultraperiféricas, pero demanda coherencia entre los objetivos de la nueva estrategia y el presupuesto de la UE
 
Clavijo solicita también respuestas específicas a la presión migratoria que soporta Canarias como frontera exterior de Europa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, planteó este jueves al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, que la nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones si la reforma del presupuesto comunitario para 2028-2034 concentra en los Estados la gestión y distribución de los fondos europeos y debilita la capacidad de decisión de estos territorios.

Durante la reunión bilateral mantenida en el marco de la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (CRUP), Clavijo trasladó a Fitto su reconocimiento por el compromiso personal demostrado con las RUP y por el cambio de enfoque introducido en la nueva estrategia, que reconoce a estas regiones como territorios estratégicos para la Unión Europea. Sin embargo, insistió en que ese reconocimiento debe tener una correspondencia directa con los recursos y los instrumentos financieros que Europa ponga a su disposición durante los próximos años.

El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener la nueva arquitectura presupuestaria, que plantea integrar buena parte de los fondos tradicionales de cohesión, agricultura y pesca en planes nacionales y regionales de carácter más amplio. Para Canarias, este modelo puede suponer un retroceso en las garantías de financiación específica y en la capacidad de las administraciones regionales para participar directamente en la programación, gestión y seguimiento de los recursos europeos.

“Quiero agradecer el compromiso que ha demostrado el vicepresidente Fitto, que visitará Canarias el próximo 3 de diciembre, con las regiones ultraperiféricas, porque la nueva estrategia supone un avance importante y reconoce el papel que podemos desempeñar en el futuro de Europa”, apuntó. “Pero también le he trasladado una preocupación que tenemos que resolver: no podemos tener una estrategia ambiciosa para las RUP y, al mismo tiempo, aprobar un presupuesto que debilite los instrumentos que necesitamos para desarrollarla. Si los recursos y las decisiones se concentran en los Estados y las regiones perdemos capacidad de gestión, estaremos dando un paso atrás”, señaló Clavijo.

El presidente insistió en que la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige mantener un tratamiento financiero y normativo diferenciado para las RUP, cuyas dificultades estructurales derivadas de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial requieren respuestas específicas y permanentes.

Clavijo reconoció especialmente la implicación de Fitto en la propuesta de la Comisión Europea para prolongar hasta 2035 las excepciones al régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) aplicables a determinadas conexiones aéreas y marítimas de las regiones ultraperiféricas.

El presidente valoró el trabajo realizado por el vicepresidente para impulsar esta medida, incluso frente a las resistencias existentes dentro de la propia Comisión, al considerar que constituye un ejemplo de cómo las instituciones europeas pueden adaptar sus políticas generales a las circunstancias específicas de las RUP.

Canarias defendió que estas excepciones se prolonguen hasta 2040 y que se introduzcan garantías adicionales para evitar que las nuevas obligaciones ambientales provoquen sobrecostes desproporcionados, dificulten la conectividad de las islas o favorezcan el desplazamiento de actividad portuaria hacia países terceros.

El Ejecutivo canario considera que el esfuerzo realizado en este ámbito demuestra que es posible compatibilizar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea con el reconocimiento de las limitaciones permanentes de los territorios ultraperiféricos.

En este sentido, Clavijo solicitó a Fitto que mantenga esa misma implicación personal en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, cuya propuesta plantea cambios que pueden afectar directamente a los programas y fondos específicos de Canarias.

El presidente defendió que la nueva estructura presupuestaria debe preservar las asignaciones adicionales de cohesión, los instrumentos de apoyo a la agricultura y la pesca y los mecanismos que permiten compensar los sobrecostes de conectividad de las regiones ultraperiféricas.

Entre las prioridades trasladadas al vicepresidente figura el mantenimiento del POSEI como instrumento autónomo, con normativa propia y financiación suficiente para respaldar las producciones agrarias locales y contribuir a la soberanía alimentaria.

Canarias reclama también la continuidad de las dotaciones específicas del FEDER y del FSE+, así como de los mecanismos de compensación de los sobrecostes de la actividad pesquera, junto con garantías para que los recursos destinados a las RUP queden identificados y protegidos en los futuros instrumentos financieros.

Estas medidas deben acompañarse, según recalcó Clavijo, de una participación efectiva de las administraciones regionales en las decisiones que afectan a sus territorios, evitando que la simplificación administrativa se traduzca en una centralización de las políticas europeas.

“El artículo 349 no puede quedarse en un reconocimiento sobre el papel. Nos da derecho a que Europa tenga en cuenta nuestras singularidades y a que sus políticas se adapten a ellas. Por eso necesitamos preservar el POSEI, los fondos de cohesión y pesca y los instrumentos que compensan nuestros sobrecostes. Y necesitamos seguir participando en las decisiones sobre esos recursos, porque somos quienes conocemos la realidad de nuestras islas y las necesidades de nuestra gente”, explicó.

El presidente anunció que Canarias mantendrá una posición activa hasta el final de las negociaciones e intensificará el trabajo con España, Francia y Portugal para que los tres Estados defiendan conjuntamente garantías jurídicas y presupuestarias que preserven el tratamiento singular de las regiones ultraperiféricas.

Clavijo insistió en que el compromiso político de los tres gobiernos resulta imprescindible para evitar que las demandas de las RUP queden debilitadas durante la negociación del presupuesto europeo y de los reglamentos que desarrollarán sus instrumentos financieros.

En ese objetivo, el Gobierno de Canarias considera fundamental contar también con el respaldo y la implicación directa de Fitto, tanto en el seno de la Comisión como en las negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo.

La reunión bilateral permitió abordar también los principales desafíos sociales que afronta Canarias y que, según defendió el presidente, requieren una aplicación efectiva del tratamiento diferenciado previsto para las regiones ultraperiféricas.

En materia migratoria, Clavijo reclamó que la Unión Europea reconozca plenamente las singularidades de Canarias como frontera exterior atlántica y articule mecanismos efectivos de solidaridad y responsabilidad compartida. Así, insistió en que la gestión de las llegadas, la atención humanitaria, la protección de los menores migrantes no acompañados y la integración requieren financiación suficiente, apoyo operativo y una coordinación permanente entre las instituciones europeas, el Estado y la comunidad autónoma.

Canarias reclama asimismo que el futuro mecanismo europeo de respuesta de emergencia en las fronteras exteriores contemple las situaciones excepcionales de presión migratoria que pueden afectar al archipiélago y permita movilizar con rapidez los recursos necesarios.

El Gobierno autonómico también defendió reforzar la cooperación europea con los países de origen y tránsito, especialmente en África Occidental, mediante iniciativas de formación, empleo y desarrollo económico que contribuyan a generar oportunidades y mejorar la respuesta conjunta a los desafíos migratorios.