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Santana destaca los avances en la atención a la dependencia en Canarias a pesar del Covid-19

“Durante el Estado de Alarma en casi toda España el sistema de atención a las personas en situación de dependencia colapsó, no solo por la Covid, sino también por cuestiones que se venían arrastrando de antes. Afortunadamente, podemos afirmar que en Canarias no fue así”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlamento sobre la gestión en materia de dependencia durante la crisis del coronavirus.

En su intervención, Santana señaló que, según el informe ‘Impacto del Covid-19 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con datos a 31 de mayo de 2020, Canarias fue la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a mayo de 2019.

De hecho, según este informe, la cifra de personas que recibieron una prestación, tanto económica como en servicio, se incrementó en un 10,4%, 2.336 personas más, “lo que situó a las Islas como la tercera comunidad autónoma en incrementar el número de personas beneficiarias a pesar de la situación de alarma sanitaria”.

En relación a la evolución de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, la consejera destacó también la evolución positiva ya que Canarias pasó de contar con 9.040 a finales del año pasado a 7.562 actuales, lo que implica una reducción del 15,5%, “un dato que ha ido descendiendo a lo largo de este año”.

En cuanto a la evolución de las resoluciones de grado, Santana aclaró que Canarias ha alcanzado una cifra estable de 38.000. A este respecto, indicó que “desde luego, no hemos avanzado mucho, pero comparados con otras comunidades somos la cuarta en dicho ranking con un 5,4% de avance a pesar de encontrarnos en una situación en la que no podíamos ir a visitar a las casas debido al Estado de Alarma”.

Por su parte, en cuanto al número de solicitudes, Canarias, con más 55.000 solicitudes registradas, fue la tercera Comunidad Autónoma que más aumentó en número de solicitudes, “un dato que resulta de la incorporación de 5.200 solicitudes que no se habían convertido en expedientes”, aclaró la consejera quien resaltó que el hecho de incorporar estas solicitudes provenientes de la legislatura anterior y que hacen que los datos parezcan peores, “ya que contamos con más solicitudes y por tanto un menor porcentaje de gente con expediente resuelto respecto a las solicitudes”.

En la comisión, Santana enfatizó que la situación generada por la pandemia “ha puesto de relieve la necesidad de contar con mayor número de infraestructuras sociosanitarias”. A este respecto, aclaró que se ha  trabajado mano a mano con los Cabildos insulares con el fin de avanzar hacia un modelo que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que puedan dar una atención más personalizada, así como valorar el aumento de ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales, “que es algo que me consta que también se está trabajando desde el Estado”.

 

Ante todo lo expuesto, la consejera aclaró que “desde luego, falta muchísimo para tener en Canarias una situación de la dependencia como para presumir, pero según los datos estamos en el buen camino. Y, por  primera vez en mucho tiempo, nuestro Archipiélago destaca respecto a otras comunidades autónomas por lograr una serie de pequeños avances que para Canarias son muy grandes”.

 

 

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Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes podrán financiar proyectos de eliminación de barreras

Los municipios contarán de plazo hasta el 28 de febrero para justificar la ejecución de los proyectos

La convocatoria cuenta con una partida inicial de 4,4 millones de euros para la financiación de iniciativas destinadas a fomentar los derechos de las personas dependientes y con discapacidad

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud publicó el pasado lunes, 20 de julio, en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria para la financiación de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, con una partida que asciende a 4,4 millones de euros.

Entre las líneas de actuación previstas en esta convocatoria se incluyen la financiación de mejora de los servicios, como son la adecuación de servicios y adquisición e instalación de productos de apoyo para la eliminación de barreras físicas en edificios públicos no administrativos de ayuntamientos canarios con menos de 20.000 habitantes, como centros ocupacionales o culturales, y que podrán recibir una ayuda de hasta 60.000 euros para hacer más accesibles sus edificios.

“Se trata de una línea de interés fundamental a la que se pueden acoger los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, entre ellos los tres de isla de El Hierro y seis de la isla de La Gomera, teniendo en cuenta, además, que contarán hasta el 28 de febrero de 2021 para justificar la ejecución de los proyectos y obras ejecutadas”, afirmó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien enfatizó que este año, la convocatoria de estas ayudas se publican con tres meses de antelación con respecto al pasado año. A este respecto, anunció que el compromiso del Gobierno canario es publicar esta convocatoria en el primer trimestre del próximo año.

 

Cinco líneas de actuación

 

La convocatoria contempla un total de cinco líneas de actuación:

1.      Prevención de la discapacidad y/o la dependencia e integración social que contempla proyectos dirigidos a la Atención Temprana, hasta 180.000 euros por proyecto o para el desarrollo de modelos experimentales e integración social.

2.      Protección de las personas con discapacidad y/o dependencia: Programas de tutela.

3.      Apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional, como respiro familiar, acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y formación para familiares y personas cuidadoras no profesionales.

4.      Proyectos de promoción de la vida autónoma e independiente: servicios de intérprete de lengua de signos española, servicio de guía intérprete de personas sordo/ciegas/deficientes audiovisuales y servicio de agente de desarrollo comunitario; asistencia personal en el domicilio y en el entorno y transporte de personas y comida a domicilio.

5.      Financiación de mejora de los servicios y adquisición e instalación de productos de apoyo para la eliminación de barreras físicas en edificios públicos no administrativos de ayuntamientos canarios con menos de 20.000 habitantes, como centros ocupacionales o culturales, y que podrán recibir una ayuda de hasta 60.000 euros para hacer más accesibles sus edificios.

Podrán acogerse a las subvenciones las administraciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de Canarias. Deben estar inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria y recoger en sus estatutos, como fin de la asociación o de la fundación, intervenciones en el ámbito de la discapacidad o la dependencia, acordes con las previstas en las bases.

Todas las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en la dirección: https://sede.gobcan.es/dsidj/ procedimientos_servicios/tramites/5195, en un plazo de 15 días laborables a partir del día siguiente de la publicación en el BOC de la citada convocatoria.

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Dependencia reactiva las valoraciones a domicilio con un estricto protocolo de seguridad

“Somos conscientes de vulnerabilidad de la población a la que se va a visitar, por eso, somos estrictos tanto en las medidas de autoprotección del equipo que valora como de las personas solicitantes”, asegura la consejera del área, Noemí Santana

Las valoraciones se reanudarán desde mañana 2 de junio y al personal se le ha realizado test de diagnóstico de COVID-19

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, ha aprobado un protocolo conjuntamente con Sanidad diseñado para garantizar la seguridad tanto para el solicitante de reconocimiento de la situación de Dependencia como del personal valorador que realiza las visitas a domicilio. “Es prioridad de este Gobierno asegurar que tanto personas usuarias como valoradoras cuenten con la protección necesaria frente al Covid-19, especialmente en un sector de población tan vulnerable al virus como es la población dependiente”, aseguró la consejera del área, Noemí Santana.

Este medida afecta a las 44 valoradoras y trabajadoras sociales, 22 por provincia, que pueden desde mañana martes 2 de junio retomar la actividad que se paralizó hace 11 semanas debido a la situación de estado de alarma sanitaria. Las valoraciones comenzarán por La Gomera mañana martes, 2 de junio, mientras que en el resto de las Islas, será a partir del viernes, 5 de junio. El personal compatibilizará las valoraciones con el teletrabajo ya que muchas de las valoradoras tienen cargas familiares y, por tanto, para poder conciliar se han establecido turnos de trabajo que permita compatibilizar la reanudación de las visitas, que necesariamente deben ser presenciales, con la conciliación familiar.

El protocolo diseñado establece como medida preventiva la realización de los test de diagnóstico de COVID-19 al personal que hace las visitas domiciliarias. Así mismo, las valoradoras deberán realizar una autovigilancia cuidadosa de síntomas sospechosos dadas las características de vulnerabilidad de la población visitada.

Según explica el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, el protocolo concreta el conjunto de medidas que el personal valorador debe de cumplir al acudir al domicilio de los solicitantes del reconocimiento de la situación de Dependencia para la entrevista con la persona solicitante y/o con la persona cuidadora.

“El trabajo de este personal consiste en acceder a todas las estancias, comunes y no comunes, de la vivienda para la observación y aplicación del baremo de valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del informe social. Y hay que tener en cuenta, asimismo, que frecuentemente se encuentran en el domicilio, en el momento de la visita, no solo la persona solicitante y su cuidador, sino otras personas del núcleo familiar, por tanto, es necesario definir un conjunto de medidas para que el personal pueda realizar el baremo de valoración de dependencia o el informe social, en un espacio con las garantías de protección”.

El personal valorador deberá contar con un equipo de protección que incluya la utilización de mascarilla higiénica para evitar contaminar el entorno y pantalla facial para proteger el rostro, además, deberá guardar la norma del mantenimiento de la distancia física de 2 metros siempre que sea posible, así como haber realizado higiene de manos.

En el hogar de la persona que se va a valorar, en el momento de concertar la cita para la visita a domicilio, se indicará a los interesados los requisitos que se deben cumplir en la medida de lo posible, como son ventilación del hogar, habilitación de un espacio de trabajo desinfectado donde poder ubicar el portátil y desarrollar la entrevista, mantenimiento de la distancia de 2 metros el mayor tiempo que resulte posible y que esté presente durante la entrevista solo la persona solicitante, su cuidador/a, así como el uso obligatorio de mascarillas por parte de la persona solicitante y su cuidador/a, y del resto de personas que se encuentren en el domicilio.

“Hay que tener en cuenta, indicó Montero, que el técnico valorador invierte una media de una hora u hora y media en realizar su trabajo y la mayoría de los solicitantes son de edad, muchos con de patologías previas, de ahí la importancia de extremar las medidas de protección en la atención con este colectivo de población tan sensible”.

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Dependencia contará con un nuevo programa informático para la gestión de expedientes

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud prevé incluir una partida de 500.000 euros en 2020 destinada a este aplicativo.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias prevé incluir una partida de 500.000 euros en los presupuestos de 2020 destinada a la contratación de un nuevo aplicativo informático para la gestión de los expedientes de Dependencia. El fin último es reducir los tiempos de espera y dar una respuesta más ágil a las más de 35.000 personas que a día de hoy se encuentran en alguna de las fases del sistema de dependencia.

Esta es una de las medidas que se pretende llevar a cabo para dar solución a la “grave” situación en la que se encuentra la Dependencia en Canarias, tal y como expresó esta misma semana en comisión parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Este nuevo programa, que se prevé pueda licitarse en el momento que entren en vigor los nuevos presupuestos parta la comunidad autónoma en 2020, ayudará a acelerar los plazos y ajustarlos a la propia Ley de Dependencia, que establece un plazo máximo de 6 meses para resolver los expedientes.

Otro de los objetivos que se quiere alcanzar con la aplicación de este nuevo sistema informático es lograr una tramitación de los expedientes con datos estandarizados que se ajusten a los mismos que en la actualidad utiliza el Imserso.

Asimismo, se pretende que ayuntamientos y Cabildos puedan acceder a los informes a través de este programa y, en el medio plazo, que sea el propio ciudadano quien pueda acceder a su expediente y ver todos los datos sobre su tramitación.

En estos momentos dos técnicos del servicio de Dependencia están realizando una ronda de visitas por varias comunidades autónomas (Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana), que cuentan con sistemas de gestión eficientes, para conocer de primera mano sus características y poder aplicarlos en Canarias en el nuevo programa informático que se saque a concurso público.

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El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias impulsa la construcción de un centro para 185 usuarios en La Gomera

Primera piedra del Centro Sociosanitario de La Gomera

Fernando Clavijo y Casimiro Curbelo presiden el acto de colocación de la primera piedra con el que se inician los trabajos de una infraestructura que tiene una inversión superior a los 13 millones de euros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo; y la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, participaron este viernes en el acto de colocación de la primera piedra del Centro Sociosanitario de La Gomera y la inauguración de su vía de acceso. En un jornada en la que se dieron cita representantes de todos los colectivos de mayores, se oficializó el inminente inicio de las obras, cuya inversión supera los 13 millones de euros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que este centro “dará respuesta a las necesidades de La Gomera no solo a corto, sino también a largo plazo, en un ámbito tan prioritario para mi Gobierno como el de la atención a nuestros mayores”.

Clavijo señaló que “estamos ante un proyecto, fruto del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, demandado, necesario y de justicia social, una obra que, además, proyectará otras mejoras para esta isla y que generará economía y empleo, de forma directa e indirecta desde todo el proceso que implica su construcción hasta su puesta en funcionamiento”.

“Este centro -prosiguió- será un referente en Canarias, un ejemplo de centro asistencial que proporcionará un mayor bienestar a nuestros mayores y a las familias y que será el complemento perfecto para las políticas que desarrolla el Gobierno de Canarias en este ámbito, tales como las estrategias de envejecimiento activo; la prevención y promoción de la autonomía; la formación en salud y desarrollo de la autonomía personal; la formación a profesionales y familiares en la atención de la dependencia; el fomento de proyectos de acompañamiento y apoyo a domicilio; el fomento de programas de respiro familiar; la participación social y voluntariado; el apoyo a colectivos, ONGs y fundaciones; o el incremento de las plazas de atención a la dependencia, entre otros”, concluyó el presidente canario.

Curbelo recordó el largo camino emprendido desde que hace más de ocho años se comenzó hablar de la construcción de esta infraestructura y se refirió al envejecimiento poblacional como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad canaria. “En nuestro caso, son más de 4.500 las personas mayores de 65 años, de las que más de un centenar son demandantes de una plaza asistencial”, precisó.

Insistió en que “los cimientos que hoy se ponen suponen 13 millones de euros de crecimiento en servicios, atención, calidad de vida y empleo”, porque “aunque este proyecto fue calificado como una auténtica locura, me encontré con personas que confiaron en esta necesidad que es la inversión social de mayor relevancia que se ha hecho en la Isla”.

El presidente gomero relató los momentos compartidos con los mayores de La Gomera cuando se debatía sobre este centro y agradeció la contribución de este colectivo en la materialización del proyecto. “Son ustedes también parte del logro; hemos sido testigos fieles del largo proceso hasta llegar aquí”, comentó.

Primera piedra del Centro Sociosanitario de La Gomera
Acto de colocación de la primera piedra del Centro Sociosanitario de La Gomera.

La nueva infraestructura dispondrá de 82 habitaciones, entre las habilitadas para uso individual y las de uso compartido, permitiendo atender en el servicio de estancia residencial a un total de 150 usuarios, más los 35 adicionales de estancia diurna.

El edificio contará con cinco niveles, entre los que se distribuirán los servicios de comedor, cocinas, habitaciones, salas de estar, áreas de atención médica, baños geriátricos, sala de terapias rehabilitadoras, zonas de paseos y estancia exterior, así como espacios polivalentes, diseñados siguiendo criterios de sostenibilidad y ahorro energético.

La distribución del edificio, diseñado por ‘Cabrera-Febles, Arquitectura, Paisaje y Urbanismo’, permitirá que las habitaciones, situadas en la primera y segunda planta, dispongan de amplias franjas de luz solar, al estar orientadas al sureste, con vistas al entorno o a los jardines interiores. Además, en cada planta se creará una zona de control de enfermería estratégicamente ubicada en el cuerpo del edificio para garantizar la seguridad y el cuidado de los usuarios.

La redacción del proyecto, junto a la dirección de obra tuvo una inversión de 374.682,52 euros, a la que se une el coste de la demolición del antiguo hospital por valor de 324,556,65 euros.

Nuevo acceso con parque biosaludable

En el transcurso del mismo acto se procedió a la inauguración del acceso al Centro Sociosanitario, una obra que contó con una inversión de 1,264.271, 45 euros y que dota a este espacio de zonas de aparcamientos, vía doble sentido, espacios ajardinados y un parque biosaludable. Éste último está operativo desde este viernes con el objetivo de que pueda ser utilizado por los vecinos del entorno.

El tráfico rodado por esta infraestructura permanecerá limitado. Los vehículos pesados, al igual que la maquinaria necesaria para la construcción del Centro Sociosanitario será trasladada por la vía anexa al barranco, evitando así el deterioro del nuevo acceso.

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El Ejecutivo discute los datos del último dictamen del Observatorio de Dependencia

La directora general de Discapacidad y Dependencia, Eulalia García Silva, asegura que es fácilmente comprobable que “soslayan datos sin los cuales no es posible realizar una evaluación objetiva, como la colaboración y financiación a los cabildos”

La directora general de Discapacidad y Dependencia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Eulalia García Silva, ha asegurado hoy que los datos que se aportan en el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales obvían datos fundamentales para valorar la gestión de la dependencia en Canarias. Aunque según el informe, Canarias ha conseguido aumentar las personas atendidas un 11,44% con respecto a 2017, superando ya la cifra de 21.000 dependientes atendidos, y que hemos reducido la tasa de personas en el limbo en un 84% desde 2016.

“Cuando el informe afirma que “El coste total del Sistema de Dependencia en Canarias es de 177 millones de euros, de los cuales la comunidad aporta 118 millones y solo el 20% restante lo hace el Estado” no sabemos muy bien a qué se refieren”, asegura García Silva. “Sólo en los convenios con los cabildos, el año pasado el Gobierno de Canarias aportó 104 millones de euros; más la financiación de los propios cabildos, ya hacen unos 160 millones, más 30 millones en prestaciones de financiación propia, excluyendo la aportación del Estado, son 190 millones de euros, a los que habría que añadir el importe que se da vía subvención a las entidades que trabajan con dependientes y personas con discapacidad, que son otro tipo de servicios. Y aquí no incluimos el copago. Además, sólo en 2018 se invirtieron más de 22 millones de euros en la aportación plurianual para la construcción de las 5.500 plazas que contemplan los convenios con los cabildos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias”, remata la directora.

“Estos son errores muy graves detectados a vuelapluma, esperamos poder analizar el informe más detalladamente para demostrar, con datos, que no puede ser fiable un informe que sólo refleja lo que le interesa reflejar, dejando fuera importantísimas aportaciones y mejoras de datos que soslayan”, afirma la directora general.

“Partimos de una base de carencia estructural general, los recortes del Estado afectaron enormemente al sistema, que ha empezado a crecer desde 2016. Los 75 millones de recortes del Estado acumulados desde 2012 podrían haber solventado la diferencia entre comunidades autónomas” explica Eulalia García, quien puntualiza a su vez que “Sólo en 2018 dejamos de recibir 10,9 millones de euros del Estado con los que se podrían haber atendido a 1.711 dependientes más, según señala el propio informe”.

Por otro lado, resulta curioso que hablen de descoordinación entre las administraciones, porque nosotros tenemos unos convenios que demuestran lo contrario con los cabildos, y los niveles de implicación de todas ellas, especialmente los ayuntamientos, pueden mejorar gracias al nuevo texto que se negocia en una mesa de trabajo para la redacción que mejore y agilice la atención. “Los directores y gerentes de Servicios Sociales de la asociación parecen no entender el sistema administrativo del Archipiélago”, afirma García Silva.

Como curiosidad sobre la interpretación informativa del informe, cabe destacar que también se olvidan de datos tan importantes como que el sistema generó 55,9 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF etc. Son casi 12 millones más de lo generado en 2016 y es una tasa de recuperación del gasto público del 37,79%

El  XIX dictamen del observatorio señala asimismo crecimientos notables en atención: 11,4% más; un incremento de servicios en un 10,69% entre 2017 y 2018 y que Canarias creció un 11,54% en atendidos con cuidados.

El gasto público anual promedio por dependiente atendido en Canarias está muy cerca de la media según el propio informe, 6.341€ frente a los 6.580 del anual nacional, no cabe que se fijen en otros parámetros para denostar una gestión que a todas luces ha ido mejorando y tomando impulso.

Se financian más de 420 mil horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía; además de la parte correspondiente del año de la inversión de más de 260 millones de euros para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que dotará a Canarias de más de 5.500 plazas.

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El Ejecutivo aumenta en 2 millones más la financiación de las plazas de discapacidad en centros de día

Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

Esta cantidad se suma a los 8 millones de euros ya previstos para esta partida en los presupuestos de 2019

El Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha decidido incrementar en 2 millones de euros más la financiación de las plazas de salud mental en el sector de la discapacidad y en un millón más el coste del transporte de los usuarios de centros de día. Estas cantidades se suman al incremento ya previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este fin, por lo que finalmente se destinarán 10 millones de euros a actualizar el precio plaza/día y 6 millones de euros a cubrir el servicio de transporte.

Según explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, “la crisis motivó que durante años el precio de las plazas sociosanitarias estuvieran congeladas, lo que ha hecho que as corporaciones insulares, empresas y entidades del tercer sector hayan reivindicado desde entonces una actualización de los precios. Ya en los años 2016 y 2017 se incorporaron 2 millones de euros cada año para ir paliando este déficit, especialmente en las plazas sociosanitarias del sector de la discapacidad, que era el sector más deficitario”.

En los presupuestos generales de la Consejería para el 2019 se contemplaba inicialmente un aumento en la inversión de 8 millones de euros en el ámbito de la dependencia, 4 millones para el área de mayores y 4 millones para el sector de la discapacidad, con el fin de acercar cada vez más el precio al coste real de las plazas.

“Sin embargo, desde el Gobierno somos conscientes que el incremento no había sido suficiente, por lo que hemos apostado en estos presupuestos finalmente por quintuplicar el importe destinado al incremento del precio plaza día, pasando de 2 a 10 millones de euros, con el fin ir acortando la brecha entre el coste financiado y el coste real de la plaza, porque no podíamos seguir esperando a que se aprobara la Ley Canaria de Servicios Sociales”, aclaró Valido.

A este montante, además, hay que sumar la subida del IPC, el 1,4%, que no siempre ha sido contemplado, así como otros 5 millones de euros destinados al transporte que contribuirá a paliar el déficit en los centros de día, que permitirá una mejora sustancial en el traslado de los usuarios, y que finalmente se incrementará en un millón más, llegando a los seis millones.

A estos incrementos se suma el aumento presupuestario de 10 millones de euros, que se contemplaba en los convenios plurianuales suscritos con los cabildos, de manera que se pasa de los 104 millones de 2018 a los 114 millones de 2019, montante destinado al aumento del número de plazas y servicios.

En la comisión de servicios sociales de la Federación Canaria de Islas (Fecai), celebrada el pasado 8 de febrero en la isla de El Hierro, los representantes de los distintos cabildos aplaudieron este importante incremento de los precios y la incorporación de nuevas plazas y servicios, lo que entienden como una clara apuesta para la mejora y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el transcurso de este encuentro se consensuaron los parámetros de distribución de la partida en función del tiempo de plaza, ya que el coste varía según sus características.

“Motivo por el que a estas cantidades se ha decidido incorporar, además, otros 2 millones de euros destinados a incrementar el precio plaza/día, en concreto en las plazas de salud mental del sector de la discapacidad”, matizó.

“El objetivo es paliar el déficit económico de las plazas sociosanitarias y dar respuesta a la demanda histórica que tanto las corporaciones insulares como las entidades del tercer sector venían reclamando, aproximándonos cada vez más al coste real de las plazas”, concluye la consejera del área.

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