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Canarias reduce a la mitad el tiempo de resolución de la dependencia desde el inicio de la legislatura

·         Frente a los 782 días que había a principios de julio, hoy en día, según el IMSERSO, se tardan 391 días en resolver la ayuda

·         Incrementa en 31 meses más de 26.000 las personas con derecho reconocido, lo que supone un aumento del 58,8%

Canarias ha reducido a la mitad el tiempo de resolución de la dependencia desde julio de 2023. Así lo reflejan los datos del IMSERSO, en los que se observa que si en julio de 2023, una persona solicitaba la dependencia tardaba, de media, 782 días en recibir la ayuda, mientras que ahora la media se sitúa en los 391 días actuales. Este dato es una media, que incluye expedientes antiguos que en este momento se están cribando. La realidad es que, actualmente, las personas pueden solicitar su dependencia y la media de días que tarda en resolverse su expediente es de, aproximadamente 152.

Además, desde julio de 2023 el número de personas con derecho reconocido a una ayuda a la dependencia ha pasado de las 44.506 a 70.611, lo que supone un incremento del 58,8 % en apenas 31 meses. Este dato supone que hay más de 26.000 familias atendidas más que en la anterior legislatura. Este crecimiento se ha producido a un ritmo medio de 842 incorporaciones mensuales, tres veces superior al registrado durante la legislatura anterior, en la que se incorporaron solo 13.056 personas en 48 meses, lo que supuso una media de 272 personas al mes.

Al mismo tiempo, los cambios estructurales que se han impulsado ya están mejorando el ritmo de resolución y los plazos, con un objetivo muy sencillo: que ningún derecho se pierda por descontrol administrativo y que las personas dependientes en Canarias sean atendidas antes y mejor. La aprobación del Decreto que unifica los procedimientos de valoración y programa individual de atención ha mejorado los tiempos de atención.

A este avance hay que añadir la aprobación ayer de la modificación de la normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia. El nuevo Decreto establece un nuevo grado, el III+, para los casos de mayor intensidad de apoyo en domicilio, incluyendo ajustes para facilitar la aplicación del Grado III+ (dependencia extrema), especialmente en lo relativo a la atención y apoyos intensivos en el entorno domiciliario mediante ayuda a domicilio y/o asistencia personal, con el objetivo de reforzar una tramitación homogénea y evitar situaciones de desprotección.

Conforme a la normativa estatal, se fijan las cuantías máximas tanto de la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como de la prestación económica de asistencia personal, para estas personas en dependencia extrema, pensadas para atender personas en situación terminal afectadas, principalmente, por la ELA.

También se regula, por primera vez en Canarias, la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo un marco claro sobre quién puede acceder, cómo se tramita, cómo se paga y cómo se justifica esta ayuda. De esta manera, se facilita que, por fin, las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad, puedan seguir viviendo en sus hogares sin tener que desarraigarse de su entorno social y familiar.

La prestación económica de asistente personal está pensada para reforzar los apoyos en el hogar y en el entorno cercano. Su finalidad es apoyar a las familias y contribuir a que las personas mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan permanecer en su domicilio y en su comunidad, manteniendo sus rutinas, su entorno y sus redes de apoyo.

Con esta medida, Canarias avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona que prioriza los apoyos en el entorno y contribuye al objetivo de la desinstitucionalización, favoreciendo alternativas a la atención institucional cuando sea posible y adecuado para la persona usuaria”, aclaró la consejera del área.

Además, el acuerdo contempla la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en Canarias. Esto permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles. Por ejemplo, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal.

El nuevo Decreto, que modifica el Decreto ley 3/2023, de 23 de marzo, regula las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, la de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales y la de asistencia personal. Las cuantías máximas de la prestación económica de asistente personal según el grado de dependencia son para Grado III, 900 euros; Grado II, 577,25 euros y Grado I, 436 euros. La aplicación de estas nuevas cuantías tendrá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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El Gobierno de Canarias ya resuelve la dependencia en Lanzarote y La Graciosa por debajo del tiempo legal

Delgado defendió hoy en el Parlamento la gestión del Sistema en unas islas que ya no tienen listas de espera

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado hoy (martes 24) en el Pleno del Parlamento el avance realizado en la gestión de los expedientes de dependencia y discapacidad en Lanzarote y La Graciosa, cuyos tiempos de resolución se han situado dentro del plazo legal de 180 días establecido por la normativa vigente. “Este resultado es fruto del refuerzo técnico, la simplificación de los procedimientos y la coordinación institucional desarrollada en las islas”, indicó Delgado.

En el ámbito de la discapacidad, los datos confirman una mejora significativa en la capacidad de resolución. El número de solicitudes resueltas ha pasado de 621 en 2023 a 1.297 en 2025, más del doble en solo dos años, lo que ha permitido situar la lista de espera dentro del plazo legal.

En materia de dependencia, la entrada en vigor del nuevo decreto ha supuesto un cambio sustancial en el procedimiento, al permitir realizar en una misma visita la valoración del grado y la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). Gracias a esta simplificación, el tiempo medio de resolución en Lanzarote se sitúa actualmente en 160,88 días, por debajo del límite legal de seis meses.

En estos momentos, constan 29 expedientes de nuevas solicitudes con cita programada y 360 pendientes de citación. En revisiones de grado, hay 12 expedientes con cita y 117 pendientes, de los cuales 3 no son citables actualmente por incidencias administrativas o de comunicación. En cuanto a las revisiones del PIA, hay 1 expediente con cita programada y 29 pendientes.

“Estos datos reflejan que la gran mayoría de los expedientes se encuentra dentro del circuito de programación y que el nuevo procedimiento permite avanzar de forma completa hacia su resolución, mejorando en aproximadamente veinte días el estándar legal de 180 días”, explicó Candelaria Delgado.

Los resultados obtenidos demuestran que, mediante la planificación de citaciones, la priorización de expedientes y la reorganización del flujo administrativo, es posible garantizar que los derechos vinculados a la dependencia y la discapacidad se materialicen en plazos razonables.

La aplicación de medidas normativas y organizativas orientadas a simplificar y agilizar los trámites ha permitido que el objetivo legal de resolver en seis meses sea ya una realidad operativa en Lanzarote y La Graciosa, consolidando un modelo de gestión más eficiente y centrado en las personas.

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Bienestar Social firma el convenio de dependencia con El Hierro y completa así el trámite con los siete cabildos

La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado el último convenio que quedaba por firmar en el que se aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad, el convenio con el Cabildo de El Hierro. Quedan así firmados los siete acuerdos entre el Ejecutivo autonómico y las siete instituciones insulares.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

El Cabildo de El Hierro financia con este acuerdo 106 plazas (34 en centros de día y 72 residenciales), de las cuales 9 son nuevas plazas financiadas en 2025. La aportación de la CAC para las cuatro anualidades que contempla este acuerdo es del 78,09%, lo que supone una inversión de 14.281.800,33 euros, a los que se añade el importe correspondiente a la aportación de la administración insular de 4.007.461,38 euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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Bienestar Social firma los convenios de dependencia aprobados ya por los cabildos de Tenerife y Lanzarote

  • La aportación de la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre
  • Marci Acuña destaca los importantes avances organizativos que se han puesto en marcha para mejorar la respuesta a la ciudadanía
  • Águeda Fumero asegura que es el “acuerdo más importante en materia social”

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Tenerife y Lanzarote, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad.

El convenio con Lanzarote contempla una aportación de 52.705.130,88 millones de euros procedentes de la Comunidad Autónoma hasta 2028 para la financiación de servicios y de un total de 847 plazas de carácter residencial y diurnas y 160 de promoción de la autonomía personal.

Por su parte, en Tenerife, el convenio contempla la aportación de 489.531.685,04 euros, hasta 2028 para financiar los servicios y un total de 5.472 plazas de carácter residencial y diurnas, lo que supone un incremento de 269 plazas con respecto a 2024, además de 300 plazas para promoción de la autonomía personal.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros, aproximadamente, para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21% del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39%, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.

Los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

El nuevo marco introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que “el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas”.

Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del tercer sector. En este contexto, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, destacó “el esfuerzo económico que realiza la institución insular para sostener y mejorar el sistema de atención a la dependencia”. Asimismo, subrayó que “esta aportación va acompañada de importantes avances organizativos que nos están permitiendo acelerar las valoraciones, reducir tiempos de espera y mejorar la respuesta a las personas y familias que necesitan estos recursos con urgencia”.

Por su parte, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, señaló que “éste es el acuerdo más importante del mandato en materia social, ofreciendo un marco jurídico-financiero, que garantiza estabilidad en la atención a la dependencia en Tenerife hasta 2028”.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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Canarias, de nuevo, la Comunidad que más crece en personas beneficiarias con prestación de dependencia

La consejera asegura en el Parlamento que el decreto no expulsa a las personas que no pueden hacer efectivas sus prestaciones

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha contestado hoy en sede parlamentaria, en respuesta a una pregunta oral planteada por el Grupo Socialista, que “el aumento de las caducidades que reflejan las estadísticas no se debe a un cambio de comportamiento de las personas, sino a la profunda depuración que estamos haciendo de los expedientes antiguos”.

Delgado aclaró a la diputada, además, que “ninguna persona en lista de espera que no haya podido contratar un servicio por causas ajenas a su voluntad va a causar baja en el sistema”. En esta línea, informó de que “se están revisando sistemáticamente expedientes desde 2008, muchos de ellos con requerimientos de subsanación y avisos de posible caducidad publicados, pero que nunca se cerraron formalmente y quedaron en un limbo administrativo”.

La evolución claramente positiva de todos los indicadores de dependencia que reflejan los últimos datos del IMSERSO, del pasado 31 de octubre, se hace extensiva también a los desistimientos y caducidades, que, explicó, “son residuales y la mayoría de las bajas se deben, lamentablemente, a la edad y la fragilidad de las personas en situación de dependencia, un comportamiento coherente con la propia naturaleza del sistema de dependencia”.

A este respecto, los datos que arroja el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reflejan que Canarias es la Comunidad en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación (+22,1%) y en la que más se incrementan las personas con derecho a una ayuda (+25,2%). Se observa, asimismo, según el informe, una reducción de 105 en el número de días en los que se tarda en tramitar la dependencia, también la Comunidad que más mejora en ese ámbito. Por su parte, aunque la lista de espera aumentó en más de un 1,8% en toda España, Canarias es una de las tres que más la reducen, con un -21,9%, lo que supone bajarla en 6.564 personas.

Al mismo tiempo, señaló que “los cambios estructurales que estamos impulsando ya están mejorando el ritmo de resolución y los plazos, con un objetivo muy sencillo: que ningún derecho se pierda por descontrol administrativo y que las personas dependientes en Canarias sean atendidas antes y mejor”. Por ello, aseveró que “frente a ese descontrol heredado, esta consejería está acometiendo cambios estructurales de gran calado en dependencia para dejar un sistema limpio y trazable”.

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Canarias se adelanta al Estado en la implementación del complemento para las pensiones no contributivas

Bienestar Social gestionará 1.037,7 millones el próximo año, 837, 17 procedentes de recursos propios

Prioriza la dependencia, consolida la red social e impulsa la inclusión y la protección a la infancia y las familias

Se pone el foco en la salud mental y la reducción drástica de las listas de espera en discapacidad

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 refuerza la apuesta del Gobierno de Canarias por las políticas sociales, con una dotación de 837,74 millones de euros para la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Esta cifra supone un incremento del 8,2% respecto al ejercicio actual, lo que supone un incremento de casi dos puntos sobre la media de crecimiento autonómico (6,7%).

Al descontar los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el aumento real alcanza los 116,7 millones, lo que representa un crecimiento del 16,6 % en recursos propios destinados al bienestar social.

El Gobierno de Canarias pone el foco en más servicios, mejor respuesta y mayor equidad territorial, fortaleciendo la red social de los cabildos y ayuntamientos a través de transferencias con un Capítulo IV robusto, dotado con 635,9 millones de euros (75,9 % del total).

“Este es un presupuesto para cumplir con Canarias. Reforzamos la dependencia como gran apuesta, respondiendo así a antiguas demandas del sector; atendemos prioritariamente a la discapacidad; consolidamos la inclusión social de proximidad, con una importante inyección en la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) para mejorar la renta de las personas que cobran Pensiones no Contributivas (PNC); y sostenemos la protección a la infancia y a las familias”, destaca la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien anunció que este año, “en vista de que el Estado no ha puesto en marcha aún esa modificación de la Ley de la Seguridad Social que permita la compatibilización de los complementos a las pensiones no contributivas, hemos arbitrado una fórmula para que desde la RCC se complemente a estos pensionistas con un importe de 400 euros anuales, para atender la demanda de alrededor de 42.000 perceptores de PNC en las Islas”.

 

Más de mil millones en gestión prevista para 2026

El presupuesto de gestión previsto para 2026 alcanzará 1.037,74 millones de euros gracias a la incorporación de más de 200 millones de fondos de diversas procedencias, como la Administración General del Estado y otras inversiones europeas. La Consejería mantiene así la estabilidad financiera del sistema social tras el fin del periodo previsto para el MRR, sustituyendo su tracción coyuntural por recursos de Canarias y europeos.

 

Dependencia, inclusión e infancia: los tres pilares

El presupuesto se articula en torno a tres grandes áreas:

Dependencia. Con 387,49 millones, se consolida como motor del crecimiento. Se refuerzan prestaciones, plazas y conciertos para reducir listas de espera y promover la desinstitucionalización.

Servicios Sociales. Con 184,64 millones, incrementa un 9,2% sus recursos para la Renta Canaria de Ciudadanía, las Pensiones No Contributivas y los programas de inclusión.

Infancia y Familias. Con 106,56 millones, prioriza la intervención comunitaria, el acogimiento familiar y la protección frente a situaciones de vulnerabilidad. Este presupuesto permitirá la creación de dos nuevos centros terapéuticos que se sumarán a los dos ya existentes en la provincia oriental.

 

Refuerzo transversal de igualdad, discapacidad y mayores

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) contará con 14,7 millones, un millón más que en 2025, destinados a reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 1-1-2, que aumentará de 8 a 14 técnicas para atender este dispositivo.

El área de Discapacidad aumenta hasta 73 millones, impulsando programas de autonomía personal y los equipos itinerantes de valoración para reducir las listas de espera. Se pone el foco en la salud mental, y se crea una línea específica de subvenciones a las entidades que atienden estas patologías.

Por su parte, la Dirección General de Mayores y Participación Activa sube a 19,4 millones para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

La Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y la Dirección General de Diversidad también crecen (8,8% y 7,6% respectivamente), con programas de sensibilización, coordinación y apoyo a entidades.

 

Un presupuesto para el medio plazo

Con el fin de garantizar la estabilidad y eficacia del gasto social, el Gobierno planifica 2026 con prudencia financiera y visión de medio plazo, priorizando la eficiencia, la evaluación de resultados y la cercanía territorial.

“Canarias necesita un pilar social robusto que no dependa de ciclos financieros y que responda con cercanía en cada isla. Ese es el sentido de este presupuesto y la razón de cada una de sus partidas”, subraya Candelaria Delgado.

 

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Canarias, la comunidad que más ha incrementado las personas beneficiarias con prestación en dependencia

Los datos analizados en el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales corroboran la mejora del sistema en Canarias tras la aplicación del nuevo decreto unificador de procedimientos

Un nuevo informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales corrobora los datos aportados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias que reflejan la evolución positiva de la atención a la dependencia en Canarias. “Aunque aún queda mucho por avanzar, este informe refleja con claridad la mejoría y la necesidad de que el Estado aumente la financiación del sistema para que, al mismo tiempo, se refleje en la atención a las personas y familias de personas dependientes”, aseguró la consejera Candelaria Delgado.

El documento de la Asociación especifica que las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias son Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%), lo que supone un espaldarazo a las tesis de la Dirección General de Dependencia sobre la importancia de la aplicación del decreto que unifica los procedimientos de valoración y PIA.

La información refleja que mientras que en España, las personas con derecho aumentan un 5,5%, Canarias, con un 22,6%, es la comunidad en la que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025.

Por otra parte, se señala que, aunque hay 25.755 personas en lista de espera, sin especificar a qué denominan como tal, también reconoce que la variación porcentual de la lista de espera en este año se ha reducido un -18,7%, siendo la tercera región que tiene mejor evolución a este respecto. Lo cierto es que Canarias ha admitido que hay 6.386 personas con derecho pero sin PIA, y 13.741 personas sin prestación efectiva, aunque los propios datos del IMSERSO señalan que 12.691 de estas personas no han hecho la prestación efectiva por motivos no imputables a la administración.

El informe refleja que, de media, en España “en los últimos nueve meses no solo no se redujo el tiempo de espera, sino que aumentó en septiembre”, mientras que reconoce la reducción de los plazos en Canarias en 83 días solo en estos primeros nueve meses, llegando a los 478 días, mientras que la media nacional está en los 349 días. La cifra, además, está ya en los 180 días que exige la ley en islas como Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, además de algunas zonas de la isla de Gran Canaria.

El informe también señala que las Comunidades Autónomas financiaron, de media, el 72,9% del Sistema, mientras que la Ley exige una financiación al 50% por parte del Estado. En el caso de Canarias, la situación es aún más sangrante, puesto que no se tiene en cuenta la aportación que hacen los cabildos por lo que Canarias se sitúa en una aportación de 1.339€ por persona al no tener en cuenta esa inversión insular.

En los datos nacionales, el informe especifica que el 56% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia. En el caso de Canarias, el servicio que ha empezado a implementarse, el de teleasistencia avanzada, alcanzará a 20.000 personas, lo que dará un giro importante a la situación actual.

 

 

 

 

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Bienestar financia con 11 millones de euros la creación de 60 plazas residenciales para mayores en Fuerteventura

El BOC ha publicado este martes la adenda al convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura que contempla además la creación de otras 30 plazas de estancia diurna y diversas obras de reforma en otros centros sociosanitarios de las Islas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financiará con 11.130.846,16 euros la construcción del centro para personas mayores en Gran Tarajal, en Fuerteventura, que contará con 60 nuevas plazas residenciales y 30 de estancia diurna, además de diversas reformas de mejora de la accesibilidad o climatización de diversos centros sociosanitarios de la isla.

La inversión de esta partida se enmarca dentro de la línea de “Equipamientos para cuidados centrados en la persona” del convenio suscrito por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro el eje “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, cuyo destino es la creación de nuevas plazas y ampliación de la dotación de recursos de atención de la red de centros sociosanitarios.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, asegura que “aunque nuestro objetivo es facilitar que las personas mayores puedan permanecer y envejecer en su hogar, en su entorno familiar, somos conscientes de la necesidad de crear nuevas plazas sociosanitarias residenciales que palíen el déficit actual en esta materia, así como adaptar las ya existentes en centros día a la nueva normativa”.

De acuerdo a la adenda al convenio firmado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura publicada este martes en el BOC, se concederá una subvención directa además permitirá las reformas de mejora de la accesibilidad de la Residencia de Mayores y Centro de día en Puerto del Rosario, que cuenta con 97 plazas residenciales y 30 de estancia diurna y que tendrá una subvención de 14.850 euros;  la mejora de la accesibilidad del Centro de día de Josefina Plá con 30 plazas diurnas para la que se contempla una subvención de 3.675 euros; la mejora de la climatización en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal con 20 plazas no residenciales para el sector de la discapacidad 6.865 euros; las obras de adaptación y accesibilidad de zonas interiores de la Residencia Insular de Discapacidad Psíquica en Fuerteventura en Puerto del Rosario con 30 plazas residenciales y 15 de centro de día, en las que se aporta 14.725 euros; y las reformas para la adaptación y accesibilidad de los baños para personas usuarias de la Residencia Insular de Discapacidad Psíquica en Fuerteventura en Puerto del Rosario 25.625 euros.

Del total de la inversión, 11.065.106,16 euros serán para la nueva residencia sociosanitaria y centro de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia de Gran Tarajal. Como describe el proyecto, el edificio estará compuesto por 3 bloques, el primero de ellos situado más cerca de la calle por donde se produce el acceso principal, que estará destinado a Centro de día y administración. El bloque Sur tendrá los servicios comunes y parte de las unidades convivenciales, y el último bloque Norte estará destinado a las unidades convivenciales. La conexión entre los bloques se realizará a través de corredores interiores y se generan varios espacios exteriores destinados a uso y disfrute de las personas usuarias.

La nueva residencia contará con 52 habitaciones individuales y 10 habitaciones dobles, distribuidas en diferentes unidades convivenciales. Además del uso residencial habrá un centro de atención diurna, una zona de administración, una zona asistencial y unos servicios comunes (talleres, gimnasio/fisioterapia). Como servicios generales del edificio figuran cocina, lavandería, instalaciones, almacenes, túmulo, zona de personal y garaje.

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Bienestar Social y la Federación de Salud Mental Canarias estudian establecer una línea específica de subvenciones

La consejera de Bienestar, Candelaria Delgado, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, mantuvieron un encuentro con las representantes de la entidad

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación de Salud Mental de Canarias han mantenido un encuentro de trabajo recientemente para abordar la situación en el Archipiélago. La reunión contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez; la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez; la presidenta de la Federación Salud Mental Canarias, María Cristina Acosta; la directora general de AFES Salud Mental, Alicia Silva; y la gerente de Salud Mental ATELSAM, Ana Concepción.

Durante el encuentro, la Federación planteó la necesidad de contar con una mayor financiación a través del convenio de dependencia y abordó la situación de la acreditación de los centros. Por su parte, desde la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se acordó estudiar la posibilidad de establecer una línea de subvenciones específicas para salud mental que dé respuesta a un problema que afecta a miles de personas en Canarias.

La Federación Salud Mental Canarias es una organización sin ánimo de lucro que se creó en 2001 para dar respuesta y representar al movimiento asociativo regional, en la que se agrupan las siete asociaciones más representativas de la salud mental en la Comunidad Autónoma de Canarias. La Federación está formada por AFES Salud Mental (Tenerife), El Cribo (Agrupación para la defensa del paciente psíquico (Lanzarote), Salud Mental ATELSAM (Tenerife), Salud Mental AFESUR (Gran Canaria), Salud Mental La Palma, ASOMASAMEN (Fuerteventura) y TLP Impulso (Tenerife).

Sus objetivos son fomentar el trabajo conjunto, compartido y colaborativo de las entidades miembro, la unificación de enfoques y líneas de actuación; promover los derechos de las personas con problemas de salud mental en condiciones de igualdad; desarrollar campañas de información y sensibilización social que rompan con el estigma y el autoestigma de los problemas de salud mental; y fomentar el empoderamiento y las iniciativas en primera persona

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Delgado muestra en el Parlamento el rotundo avance de la dependencia impulsado por el nuevo decreto

En su intervención, la consejera ha mostrado que la nueva norma ha marcado un antes y un después en la atención a las personas más vulnerables.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, afirmó que “hoy el sistema de dependencia en Canarias funciona mejor que nunca”, como consecuencia “del resultado de dos años de trabajo intenso y constante por parte de este Gobierno, que ha puesto la dependencia en el centro de su acción política”.

En su intervención en el pleno del Parlamento, destacó que la aprobación, el pasado mes de abril, del Decreto 46/2025 de simplificación de la gestión de la dependencia en Canarias, “ha marcado un antes y un después en la atención en Canarias”, ya que “ha permitido que miles de familias hayan recibido en semanas lo que antes tardaba años”.

Explicó que este decreto ha supuesto el fin a la burocracia que asfixiaba a muchos canarios y canarias y ha permitido dar una respuesta ágil, en tiempo y forma, a quienes más lo necesitan.

Añadió que su entrada en vigor ha permitido “triplicar de forma sostenido la cifra promedio de 1.000 a 1.500 resoluciones mensuales que había anteriormente”. Un logro, añadió, que va unido a la resolución del grado, el PIA, que, destacó, el pasado mes de agosto alcanzó un récord histórico, con un total de 4.300 resoluciones. A esto, apuntó, se suma la prestación en apenas un mes tras la valoración.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias incidió en el esfuerzo que se ha realizado en la reducción de la lista de espera de más de seis meses con un descenso sostenido. En esta línea, precisó que, al ritmo actual, Canarias podría situarse plenamente en el plazo legal que marca la Ley de Dependencia antes de que concluya la actual legislatura.

Candelaria Delgado aseguró que “cuando hay voluntad política los resultados llegan” e hizo hincapié en el compromiso firme de la Consejería con las personas más vulnerables de Canarias. Una labor que, apuntó, “hemos hecho a pesar de las interferencias constantes y de la estrategia de acoso y derribo de la oposición, que lejos de arrimar el hombro ha intentado poner piedras en el camino”.

Finalmente, señaló que el Gobierno autónomo va a seguir trabajando con el objetivo puesto en “avanzar en el camino de la responsabilidad, el del trabajo serio y el de la defensa de los derechos sociales”.

 

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