La Viceconsejería de Igualdad y Diversidad ha firmado la orden de concesión con la que se autoriza la financiación a 63 municipios que han solicitado proyectos en el marco del Plan Corresponsables

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, ya ha avanzado el trámite para facilitar la financiación de los proyectos presentados por 63 ayuntamientos canarios para desarrollar acciones que favorezcan la conciliación familiar y laboral en el marco del Plan Corresponsables.

Esta acción ha sido comunicada a los consistorios en el marco de una reunión mantenida hoy entre la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Cristina Arceo Melián, y la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito.

La aportación económica a los ayuntamientos asciende este año en Canarias a 5.357.675,75 euros y todas las acciones van dirigidas a la atención de menores de 0 a 16 años con el fin de facilitar la asistencia al trabajo o atender las necesidades de formación de las familias, al mismo tiempo que se fomenta la creación de empleo en el ámbito del cuidado.

La consejera del área, Candelaria Delgado, ha subrayado en el encuentro la importancia de proyectos como este para consolidar una red de cuidados y, al mismo tiempo, generar empleo de calidad. “Si una sociedad quiere avanzar, es imprescindible que fomentemos la conciliación desde las administraciones públicas, porque solo de esta forma se pueden corregir las desigualdades que todavía hoy persisten en el ámbito de los cuidados. No podemos permitir que las mujeres sigan cargando mayoritariamente con esta responsabilidad. Esta Consejería impulsará y apoyará todas las iniciativas que trabajen en este sentido”, ha señalado Delgado.

Asimismo, ha destacado la agilidad para materializar las actuaciones contempladas en este proyecto. “Desde el primer momento hemos trabajado para acelerar la transferencia de fondos a las corporaciones locales y favorecer que estas puedan poner en marcha iniciativas que promuevan la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados. Es importante que estos fondos estén en manos de los consistorios para que atiendan las demandas de las familias canarias”, ha explicado.

“Gracias a estos recursos económicos, los ayuntamientos tendrán capacidad para atender a muchas familias, lo que les permitirá mejorar sus posibilidades laborales o formativas de manera notable. Además, no debemos olvidar que esta iniciativa impulsa la conciliación familiar y laboral en los sectores más vulnerables de la población, al tiempo que incentiva la generación de empleo”, ha añadido. Delgado ha resaltado, de esta forma, la doble vertiente de este proyecto, que no solo está encaminado a reducir la brecha de género en el ámbito de los cuidados, sino que, además, contribuye a recortar las desigualdades sociales y económicas.

La presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, hizo hincapié en la importancia de este Plan que se inició en 2022 y que ha permitido a través de los 63 municipios adheridos “la conciliación familiar y el bienestar de las familias canarias, en especial de muchas mujeres para incorporarse al mundo laboral de forma íntegra”.

Como recoge la normativa, las actuaciones que se financien deben destinarse con carácter prioritario a la atención de familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de cuarenta y cinco años o a unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.

Las acciones podrán ir dirigidas en primer lugar a crear bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos de hasta dieciséis años, a través de la puesta en marcha de servicios y el uso de espacios como centros educativos, centros socioculturales, etc. La creación de empleo de calidad es la otra línea que complementa estas bolsas, a través de la contratación de jóvenes con perfiles profesionales determinados relacionados con el mundo de los cuidados.

A estos 5,3 millones de euros se sumarán en breve los 3.281.726,06 euros previstos para los proyectos que desarrollen las entidades del tercer sector con el mismo fin y otros 509.336,70 euros que ya recibieron cuatro entidades a través de subvenciones directas para el desarrollo de programas para el fomento de masculinidades igualitarias y cuidadoras. Además, una pequeña partida se destina a promoción del plan y a su evaluación posterior.

El Plan Corresponsables de Canarias cuenta este año con un presupuesto total de 9,5 millones de euros. Este proyecto, aprobado por el Estado en marzo de 2021, nació con el objetivo de poner los cuidados en el centro y diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad.

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Esta medida pretende seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, lo que redunda tanto en la calidad del testimonio que debe prestar en sede judicial como en la minimización del estrés y ansiedad que pueden ir asociados a la intervención en un proceso judicial

Forma parte del desarrollo de un proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales” en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas ofrece como proyecto piloto, a través de la Asociación Terapican, el acompañamiento de los perros de apoyo a menores dentro de los juzgados y la participación posterior del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un proceso penal

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha incorporado, a través de la Viceconsejería de Justicia, tres perros de apoyo a menores al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El propósito de esta iniciativa es aminorar los efectos negativos que se producen en el menor, tanto durante el procedimiento penal como una vez finalizada su participación en el proceso, mediante la figura de estos animales en sede judicial y la puesta a su disposición de terapias con animales en el ámbito de la justicia restaurativa.

Para ello, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha adjudicado al Colegio de Veterinarios de Las Palmas el servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales”, en el marco de los proyectos del Pacto de Estado contra la violencia de Género, por un importe de 12.305 euros.

Este servicio consiste, por un lado, en facilitar la participación y el testimonio de los y las menores en el proceso a través de la presencia de un perro de apoyo, que los acompañe durante el mismo y, por otro, cubrir sus necesidades dentro de las exigencias de los procesos judiciales en los que se ven envueltos.

A juicio de sus promotores, los y las menores que participan en una causa judicial pueden ofrecer una fuente inestimable de información. Si testifican desde un estado emocional apropiado –más relajado, favoreciendo el vínculo con los profesionales judiciales que se establece de manera natural y fluida–, gracias a la presencia del perro de apoyo, la labor de los peritos es más efectiva.

La presencia de los perros de apoyo mejora el bienestar percibido por los y las menores y sus familias en todas sus áreas, siendo una presencia tranquilizadora que ejerce como colchón emocional durante todo el proceso, ayudando a que los juzgados sean percibidos, tanto por los y las menores como por su entorno, como un ambiente más amable.

El proyecto piloto ejecutado por la Asociación Terapican, bajo las directrices del Colegio de Veterinarios, no sólo ofrece la posibilidad de acompañamiento a través de perros de apoyo de los menores dentro de los juzgados, sino también posteriormente, tras la finalización del proceso, la participación del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un procedimiento penal.

Según la viceconsejera de Justicia, se trata de un proyecto piloto de la Consejería, realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo, en primer lugar, es realizar un diagnóstico y elaborar una guía de recursos de terapia con animales que puedan ser adecuados para intervenir con los menores y que cuenten con el aval del Colegio de Veterinarios.

Está previsto que durante el año 2023 se elaboren guías, protocolos y material formativo, dirigido a los órganos jurisdiccionales y fiscales con el fin de que las víctimas y sus hijos e hijas, que por cualquier causa deban intervenir en el proceso judicial, cuenten con información adecuada a los sistemas de atención y recursos.

También se pondrá en práctica el proyecto piloto de perros de terapia que intervendrán en el propio juzgado, siempre acompañados por técnicos especializados y cuando lo estime conveniente el órgano judicial.

Estos días los perros han acudido por primera vez al juzgado al llamado “día de olor” para conocer las instalaciones. Se llaman Lucas (el chihuahua), Leo (el labrador) y Lúa (la podenca). Se trata de animales especialmente entrenados para programas de terapias con menores o personas en situación de vulnerabilidad a través del servicio que presta la asociación Terapican.

Para Carla Vallejo, lo que se pretende con esta medida es seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, que redunda a la vez tanto en la calidad del testimonio que deben prestar en sede judicial, como en la minimización del estrés y ansiedad que puede ir asociado a la intervención en un proceso judicial.

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El servicio se inició por requerimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la gravedad de los hechos

Ya el año pasado, la Unidad Operativa de Menores y Familia de la Policía Autonómica actuó con esta misma familia y la intervención policial derivó en la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Canarias

Tras solicitar los agentes a la autoridad judicial una entrada domiciliaria, con la única finalidad de extraer al menor del círculo familiar, por la negativa de los miembros de la familia a entregarlo, este fue reintegrado al centro

Miembros de la Unidad Operativa de Menores y Familia (UOMF) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investigan en Tenerife a tres personas de una misma familia por la presunta sustracción de un menor, tras haber realizado diferentes actuaciones policiales con dicha familia, sin que se llegara a un resultado satisfactorio.

Así, en la mañana de ayer, los miembros de dicha unidad procedieron a la imputación de tres personas, concretamente, la madre del niño, así como los abuelos maternos de este; todos, por un presunto delito de sustracción de menores, al haberlo retenido incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución administrativa.

El menor afectado ha sido reintegrado al centro de protección que tiene encomendada su guarda, tras solicitar los agentes a la autoridad judicial una entrada domiciliaria con la única finalidad de extraerlo del círculo familiar, y ante la negativa a entregar el menor de los miembros de la familia.

Según fuentes policiales, el servicio se inició por requerimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la gravedad de los hechos.

Dichas fuentes han afirmado que los hechos ponen de manifiesto conductas por parte de la familia indiciarias de un delito de sustracción de menores, quedado policialmente acreditado que la familia, aprovechando que el menor tenía un permiso de estancia con aquella, no procedió al reingreso de aquel al centro de protección que tenía encomendada su guarda.

Cabe destacar que el año pasado, ya dicha unidad actuó con esta misma familia, y la actuación policial derivó en la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Canarias, la cual sigue manteniendo, y por la cual el menor debía ser reintegrado.

Las diligencias policiales han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción conocedor de la causa.

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La memoria del plan detalla que 30.000 niñas y niños, en su mayoría de 4 a 9 años, participaron en las actividades organizadas a través del plan entre 2021 y 2022

El plan Corresponsables de Canarias favoreció la conciliación familiar en estos dos últimos años a un total de 8.272 familias, de las que 1.274 eran monomarentales y 108 monoparentales. El Informe previo de resultados e impacto del Plan Corresponsables 2021–2022, revela que alrededor de 30.000 niñas y niños participaron en las actividades organizadas por las administraciones y entidades del tercer sector, con el objetivo de facilitar la asistencia al trabajo o necesidades de formación de madres y padres.

En cuanto a los resultados en la otra línea de actuación, la creación de empleo, se contrataron a 650 personas en las dos anualidades, de las cuales la gran mayoría eran menores de 30 años.

La distribución de fondos asignados a la Comunidad Autónoma Canarias para los años 2021 y 2022 entre los ayuntamientos se hizo de acuerdo al número de habitantes y número de menores de 16 años de cada municipio, garantizando como mínimo la contratación de una persona para atender las acciones del plan, de tal modo que como mínimo, recibían 10.000 euros. En las dos anualidades, desde los ayuntamientos se solicitaron 7,2 millones de euros.

La conciliación llegó a las 8 islas

Del remanente de presupuesto no solicitado por las corporaciones locales en ambos años se asignaron 7,3 millones de euros a 58 entidades del tercer sector que accedieron vía concurrencia participativa. De este modo, se contribuyó a la dinamización del tejido social de Canarias y a que las acciones llegaran a más rincones del archipiélago, garantizando servicios de conciliación en las ocho islas.

La subvención promedio ascendió a más de 114.000 euros por entidad y en la gran mayoría de los casos, los proyectos iniciados en la primera anualidad tuvieron continuidad en 2022. La memoria destaca la coordinación y participación con el Tercer Sector como factor clave para la dinamización del plan, fortalecer y tejer redes en este ámbito.

En cuanto a la ejecución, el avance de la memoria recoge que en ambos años se ejecutó cerca del 100% del presupuesto asignado.

El Plan Corresponsables, aprobado por el Estado en marzo de 2021, nació con el objetivo de poner los cuidados en el centro y diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad.

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Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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El órgano de gobierno de los jueces otorga a este juzgado uno de los X Premios Calidad de la Justicia, por garantizar de forma más eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños y adolescentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su satisfacción porque se reconoce la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha trasladado su felicitación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, y al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, por el galardón concedido a este órgano judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Julio Pérez ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento del CGPJ a la labor llevada a cabo a través de este proyecto, puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento, en lo que se refiere a medios humanos y materiales, y de forma especial a través del trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, como apuntó recientemente el propio Tomás Martín, con motivo de la presentación de la Guía de actuación del propio Juzgado.

El galardón del CGPJ, uno de los Premios Calidad de la Justicia de esta edición, en concreto a la Justicia más accesible, distingue al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria por constituir “una iniciativa pionera que ha logrado garantizar de forma eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños, niñas y adolescentes”. Para ello, según explica el jurado, se han dedicado instrumentos y recursos que “facilitan el acceso a la justicia de los y las menores víctimas de violencia, generando espacios de tranquilidad, confianza y seguridad en la realización de las actuaciones judiciales que evita su victimización secundaria”.

Entre los principales hitos de este proyecto figuran la creación de una sala Gesell telemática, la creación de una unidad de valoración forense integral, la incorporación de un dispositivo móvil de video grabación para la práctica de pruebas constituidas, protocolos de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado o la puesta en marcha del programa “Vente con tu mascota”, junto con el uso del “kit de bienvenida” para la práctica de citaciones judiciales.

Julio Pérez ha insistido en la importancia de esta iniciativa, cuyas actuaciones han permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes a lo largo del último año, porque ha demostrado, en opinión del consejero, que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho.

A su vez, ha hecho hincapié, citando el texto de la Memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”, y ha defendido que, como proyecto ejemplar, en el sentido literal de la palabra, “debemos proponernos, entre todos, extender el modelo a otros partidos judiciales”.

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Con esta iniciativa, Canarias se convierte en la primera comunidad española en lanzar un proyecto diseñado con múltiples acciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección frente al Abuso Sexual Infantil

Clave-A es un programa impulsado por la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, la Fundación Mapfre Guanarteme y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria

El programa se inicia con la puesta en marcha de un curso de formación en red dirigido a personal técnico que comienza hoy 1 de junio, celebración del Día Internacional de la Infancia

Dotar a las personas menores y adolescentes de las herramientas necesarias para denunciar que están siendo víctimas de abuso sexual o pueden estar en peligro de sufrirlo. Con este fin, el Gobierno de Canarias, a través de la de la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, pone en marcha Clave-A, un programa de protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y el abuso sexual.

“Con la puesta en marcha de este programa, Canarias se convierte en la primera comunidad española en lanzar un proyecto diseñado con múltiples acciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección frente al Abuso Sexual Infantil, acorde con el plan integral Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia”, explicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, quien subrayó la importancia de esta iniciativa sobre todo teniendo en cuenta que, en nuestro país y según datos de Save The Children, solo el 15% de los casos de abuso sexual infantil llegan a denunciarse.

Por su parte, la directora de la Fundación Mapfre Guanarteme, Esther Martel, señaló que “desde la Fundación Mapfre Guanarteme consideramos que la formación y prevención son dos elementos clave de transformación social. La prevención es una herramienta fundamental para conseguir un futuro más seguro para nuestros jóvenes, por eso no dudamos en apoyar el proyecto Clave A. Esta iniciativa ofrece a los profesionales que están en contacto directo con menores y adolescentes una formación transversal que ha sido específicamente diseñada para ayudarles a detectar situaciones de abuso y pautas sobre cómo actuar ante ellas y, lo más importante, que esa detección sea en la fase inicial, de manera que puedan acompañar al menor y evitar que se convierta en una víctima. Estamos profundamente convencidos de que la formación, divulgación y sensibilización son claves para detectar y, sobre todo, prevenir situaciones de abuso en nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Clave-A es un programa desarrollado por Sonja Arup e impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, la Fundación Mapfre Guanarteme y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del España.

Además, para su desarrollo se ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación, Universidades, Deporte y Cultura del Gobierno de Canarias; la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Cuatro canales de denuncia

El programa Clave-A consta de diferentes acciones dirigidas a proporcionar a la persona menor y adolescente un conjunto de señales que les permita denunciar que está siendo víctima de una situación de abuso o se siente en peligro y cómo denunciarlo.

De esta forma, a través de Clave-A se da visibilidad a cuatro canales de ayuda para pedir auxilio, verbal y no verbal: mediante el gesto de A invertida con los dedos (indica la clave), la escritura de la A en cualquier formato (escribe), contarlo a otras personas (di clave-A) o denunciar directamente al 112 (llama al 112).

“Se ha optado por la letra A como elemento clave de este programa porque es la primera letra de la palabra abuso y también es la primera letra del abecedario que aprendemos al comenzar a leer; es por eso, por lo que consideramos que resulta más fácil de recordar para las niñas y niños a la hora de utilizar esta letra como signo de denuncia”, aclaró Serrano quien matizó Clave-A incluye un conjunto de acciones dirigidas a formar y dotar a los equipos de profesionales que trabajan en el ámbito de atención y protección a la población menor y juvenil del Archipiélago, de las herramientas necesarias para detectar y actuar ante una situación de violencia y de abuso sexual.

El programa cuenta con una página web clave-a.com donde se incluye las diferentes formas de denuncia, acciones del programa, un banco de más de 100 imágenes en positivo y negativo sobre el abuso al menor, en el ámbito deportivo y genéricas, así como diverso material corporativo.

Formación específica para profesionales del ámbito de infancia en Canarias

Como una de las primeras acciones del programa Clave-A se incluye la puesta en marcha de un curso en red de 60 horas de duración, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, que se celebra hoy martes, 1 de junio.

El curso está dirigido a profesionales y personal técnico que trabaja en el área de infancia con el fin de formarlos en el adecuado funcionamiento de protocolos de actuación frente a indicios de abuso sexual infantil y cualquier otra forma de violencia, así como dotarles de los conocimientos necesarios en relación al ámbito legislativo correspondiente a la protección de la infancia y adolescencia, planes de sensibilización, prevención, detección y protocolos de actuación frente al abuso sexual y violencia infantil.

El curso está dirigido a los equipos profesionales de los más de 1.500 centros educativos no Universitarios de Canarias (públicos, concertados y privados) así como al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), a los cuerpos de seguridad de policías locales y Policía canaria, Federaciones Deportivas de Canarias, Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, fundaciones, asociaciones y Ongs del Archipiélago.

Entre sus contenidos, se incluye conocimiento sobre el marco legislativo correspondiente a la protección de la infancia y adolescencia; la adquisición de conocimientos y herramientas metodológicas que permitan detectar un posible abuso sexual infantil; la adquisición de técnicas básicas para una entrevista en situaciones de sospecha de un posible abuso sexual infantil y el conocimiento de los protocolos de implantación e implementación que exige la normativa. Además, se incluye formación de la Guía de Claves de Ayuda para pedir auxilio ante un abuso a menores y adolescentes: aprender el significado y su utilización ante la revelación.

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Una delegación del Ejecutivo valenciano visita las instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

Su directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia confiesa haber sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para reproducir este proyecto piloto

La viceconsejera de Justicia del Gobierno canario y el magistrado encargado del proyecto exponen el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad

La Generalitat Valenciana ha mostrado su disposición a replicar el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, inaugurado el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Canarias, tras la visita realizada esta semana a las islas por una delegación del Ejecutivo valenciano con objeto de conocer estas instalaciones.

La directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, mostró el agradecimiento por las atenciones recibidas del Gobierno de Canarias y destacó que, gracias a esta visita, han sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para replicar el proyecto en la Comunidad Valencia, donde en estos momentos hay consignada una partida presupuestaria para poner en marcha una unidad de valoración especializada en víctimas de violencia en menores y adolescentes.

Àngels Bixquert estuvo acompañada por el subdirector general de Infraestructuras Judiciales, José Ignacio Casar; el subdirector general de Modernización de la Administración de Justicia, Pedro Moga; la médico forense y jefa de sección de las Unidades de Valoración Forense Integral, María del Mar Pastor, así como la magistrada María Luisa Carrascosa y la fiscal María Alicia Serra.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, así como Tomás Martín, magistrado titular del  Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto; la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, María José Meilán, y la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola expusieron de primera mano a los representantes del Gobierno valenciano el programa de atención integral implantado en Canarias que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.

Tanto Carla Vallejo como Tomás Martín explicaron el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, que comienza los días previos a la visita al juzgado a través del libro Hoy vamos al juzgado, una publicación que se le entrega a los y las menores antes de acudir a las instalaciones judiciales. El libro, editado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, explica a los niños y niñas, con un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces y juezas que los atienden, además de los sitios y personas que conocerán en el caso de tener que visitar un juzgado.

Así mismo, se mostró cómo las instalaciones están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que permite configurar estos espacios con el fin de que prime el bienestar de los y las menores para reducir la ansiedad y tensión que puede generar la visita a los juzgados. Por ello, se señaló la importancia de la atmósfera generada gracias a la decoración, con colores en tono pastel y mobiliario destinado al esparcimiento de las víctimas con juegos, libros, cuentos y revistas adaptados a las distintas edades.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias cuenta también con una sala de exploración –que está interconectada con una sala de observación– en la que también se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario. Con esta sala se elimina la frialdad del cristal de las salas Gesell –dependencias divididas en dos habitaciones separadas por un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés– y, además, se permite que el magistrado esté en contacto con la representación letrada y de la Fiscalía.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, destaca que “por primera vez en la historia de la Fundación se ha seleccionada a una candidata en un proceso transparente y abierto”

La reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Canaria de Juventud Ideo, presidida por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ratificó el nombramiento de Adelina Luntraru como Gerente de la Fundación. Luntraru fue escogida tras un proceso selectivo de baremación de méritos, lo que supone una novedad en el acceso al organigrama del ente.

La consejera de Derechos Sociales señala la importancia de haber formalizado la contratación de la nueva Gerente a través de un concurso público, algo que no había sucedido antes en la entidad y que también se hizo efectivo en el mismo cargo en la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS). » Por primera vez en la historia de la Fundación Ideo se ha seleccionado a una candidata para un puesto tan importante en un concurso abierto y transparente», manifestó.

Luntraru es titulada universitaria en Economía por la Universidad A.I. Cuza de Iasi, en Rumanía, donde también cursó un máster de Relaciones Públicas y Publicidad. A lo largo de su trayectoria profesional ha destacado en la experiencia de gestión de proyectos y equipos, muchos de ellos vinculados al voluntariado y a grupos de trabajo escolares. Además, ha trabajado en muchos programas relacionados con la Unión Europea como los vinculados a European Youth Fundation o European for Citizens, así como en la redacción y coordinación de proyectos para la Asociación Save the Children.

La Fundación Canaria de Juventud Ideo es una entidad sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Canarias para promover acciones en favor de la población juvenil de Canarias.

Además del nombramiento de Adelina Luntraru, la reunión extraordinaria abordó otros aspectos como la Estrategia de medio ambiente y digitalización de la Fundación.

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La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, y la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, comparten iniciativas sobre protección a víctimas del delito

El Gobierno de Canarias y la Generalitat Valenciana celebraron hoy en Tenerife una reunión bilateral para compartir iniciativas sobre la protección de las víctimas del delito, como la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la Oficina Especializada de Denuncias de Violencia de Género, en la comunidad Valenciana, o el Juzgado de Protección y Atención a la Infancia, proyecto piloto en Las Palmas de Gran Canaria. La reunión estuvo encabezada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, y consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, quienes abogaron por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas.

En la reunión también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet; la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Maria José Meilán, y la jefa de sección de Mediación de la Viceconsejería de Justicia, Elisa Santiago. Por parte delegación valenciana asistieron la directora general de Modernizaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón. Ambas partes compartieron la preocupación por la formación y especialización en competencias relacionadas con la infancia.

Carla Vallejo explicó que el juzgado de Protección y Atención a la Infancia es un proyecto pionero, que se inicia en Las Palmas, un juzgado especializado cuyo funcionamiento efectivo comenzará el 1 de octubre. Actualmente, dijo, se está diseñando todo el programa de atención integral porque las víctimas menores requieren una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial.

Se trata de un proyecto piloto, precisó Vallejo, quien confió en que tenga éxito y que sirva para que se cree una jurisdicción especializada en atención a menores víctimas, como la hay para mujeres víctimas de violencia de género, ya que los y las menores víctimas requieren de una atención específica y con personal especialmente cualificado para ello.

Al respecto, la consellera de la Generalitat Valenciana destacó que los menores, como víctimas, requieren de una mirada especial y una actuación profesional que evite que el procedimiento judicial se convierta en un problema psicológico para estas víctimas, y abogó también por una jurisdicción especializada para menores víctimas.

Así, Bravo consideró dicho piloto desarrollado en Las Palmas como fundamental porque cualquier menor que se ve en la obligación de pasar por un juzgado soporta una revictimización muy dura, y mostró su interés en ponerlo en marcha también en la Comunidad Valenciana.

Bravo destacó que la Generalitat Valenciana desde hace cinco años se ha centrado en políticas públicas dirigidas fundamentalmente a la protección de las víctimas y habló de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, única red pública en toda España que ha puesto en marcha centros en cada uno de los partidos judiciales. Se trata de oficinas, indicó, donde un equipo multidisciplinar atiende a las víctimas del delito, colocándola en el centro del proceso.

Presentó también la única oficina de denuncias especializada en violencia de género, donde las víctimas pueden ir a presentar su denuncia y a informarse en un espacio amable y seguro, en el que están apoyadas y arropadas por un equipo multidisciplinar.

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