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Bienestar Social destina más de 2,6 millones de euros a proyectos de atención a la infancia y las familias

La resolución provisional contempla la financiación de 44 proyectos realizados por 30 entidades que están dirigidos a proteger los derechos de los menores, apoyar a las familias y prevenir situaciones de vulnerabilidad

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha propuesto conceder más de 2,6 millones de euros a 30 entidades sociales para el desarrollo de 44 proyectos dirigidos a la atención de la infancia y las familias en el Archipiélago. La resolución provisional de esta convocatoria de subvenciones, gestionada por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, permitirá respaldar iniciativas de interés público cuya prioridad es garantizar el interés superior del menor y de su familia, así como promover su bienestar y protección.

El procedimiento ha sido declarado de urgencia conforme a la normativa vigente, con lo que los plazos de tramitación se reducen a la mitad, siendo de cinco días hábiles para la aceptación expresa de las subvenciones otorgadas o para rechazarlas, de reformulación de propuestas y/o de presentación de alegaciones.

Los proyectos abarcan diferentes ámbitos de intervención social, entre ellos el acompañamiento y apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, la atención psicológica y socioeducativa a niños, niñas y adolescentes, la prevención de situaciones de riesgo, la conciliación familiar y laboral, la participación infantil y el apoyo a menores con discapacidad o necesidades específicas.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó la importancia “de respaldar el trabajo que desarrollan las entidades sociales en Canarias y su contribución a la protección de la infancia y al acompañamiento de las familias. La colaboración entre la Administración pública y el tercer sector resulta fundamental para acercar los recursos y la atención especializada a quienes más lo necesitan”.

La convocatoria, que inicialmente contaba con una dotación de 918.872 euros, ha incrementado su crédito hasta alcanzar los 2,6 millones de euros, lo que ha permitido ampliar los recursos disponibles para financiar los proyectos presentados. La concesión tiene carácter provisional y las entidades propuestas deberán completar el correspondiente trámite de aceptación y, en su caso, reformulación de los proyectos antes de la resolución definitiva.

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El ICAP apuesta por adaptar las políticas públicas a las necesidades de la infancia

Las jornadas, que se celebrarán los días 24 y 25 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, analizarán cómo mejorar la respuesta de las Administraciones al bienestar de los niños, niñas y adolescentes

El programa incluye ponencias sobre estadísticas de infancia, participación infantil, conciliación familiar, gestión educativa, subvenciones a entidades y accesibilidad de los espacios de juego

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) celebrará, los próximos 24 y 25 de noviembre, las jornadas formativas ‘La Administración Pública ante los Retos de la Infancia: formación’, un espacio de encuentro dirigido al personal de las administraciones canarias que trabaja en ámbitos relacionados con la atención y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples I del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y reunirá a especialistas y profesionales de diferentes ámbitos para compartir conocimientos, experiencias y herramientas que permitan adaptar las políticas públicas a las necesidades reales de la infancia en el Archipiélago.

El director general del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Gustavo Pérez, destaca que “la atención a la infancia debe formar parte de todas las políticas públicas, porque las decisiones que adoptamos desde las administraciones tienen un impacto directo en el desarrollo y las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. Para ello, necesitamos profesionales preparados, con herramientas y conocimientos que les permitan incorporar esta perspectiva a su trabajo diario”.

Pérez subraya también la importancia de generar espacios de intercambio entre los distintos ámbitos de intervención pública. “La protección y el bienestar de la infancia no pueden entenderse como una responsabilidad aislada de un solo departamento. Requieren coordinación, formación y una visión compartida que nos permita escuchar las necesidades de los menores y dar respuestas adecuadas desde cada servicio público”, añade.

La iniciativa parte de la necesidad de abordar la atención a la infancia desde una perspectiva transversal, que implique no solo a los servicios sociales, sino también a las áreas de educación, urbanismo, cultura, deporte y ocio. El objetivo es mejorar la coordinación entre las administraciones, los centros educativos, las familias y las entidades sociales para avanzar hacia unos servicios públicos más preparados para garantizar los derechos y el bienestar de los menores.

Dos jornadas para analizar los retos de la infancia

La primera jornada, prevista para el 24 de noviembre, comenzará con una aproximación a la realidad de la infancia en Canarias a través de los datos y estadísticas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). A continuación, César González de León, maestro psicopedagogo, psicólogo y técnico en participación infantojuvenil, abordará cómo incorporar la mirada de la infancia y la adolescencia a las políticas públicas y a los procesos de toma de decisiones.

El programa continuará con una ponencia sobre el modelo de Ciudad Amiga de la Infancia, a cargo de Rosario Pérez Santana, coordinadora autonómica de UNICEF Canarias, y el propio César González de León. Posteriormente, Maitane Cabrera Primo, trabajadora social del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, analizará el papel del sistema de la Administración Pública ante los retos de la infancia. La jornada concluirá con una mesa redonda.

La segunda sesión, el 25 de noviembre, estará dedicada a diferentes herramientas y ámbitos de intervención pública. José Arnaldo Flores Rodríguez, presidente de la asociación El Carmen Se Mueve, de Arafo, abordará las subvenciones y ayudas destinadas a asociaciones y entidades infantiles.

Por su parte, David Pérez Jorge, catedrático de Universidad y profesor de la Universidad de La Laguna, doctor en Psicología y doctor en Educación, analizará la conciliación familiar y el equilibrio entre el ámbito laboral y el sistema educativo.

La gestión de los centros educativos será el eje de la intervención de Jesús Ramón Montañez Benítez, director del CEIP Julián Zafra Moreno, mientras que Dulce Torres Fragoso, responsable de la Unidad de Accesibilidad de Sinpromi, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, expondrá los retos relacionados con la accesibilidad y la modernización de los espacios de juego.

La jornada finalizará con una mesa redonda para compartir reflexiones y experiencias sobre los desafíos que afrontan las administraciones en este ámbito.

Con estas jornadas, el ICAP apuesta por la formación y el intercambio de conocimiento como herramientas para mejorar la actuación de los servicios públicos y avanzar hacia una Administración capaz de incorporar las necesidades de la infancia en sus decisiones, políticas y actuaciones en todo el territorio canario.

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Canarias y la Fundación Alcohol y Sociedad colaboran para prevenir el consumo de alcohol entre menores

El acuerdo suscrito por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias permitirá desarrollar el programa educativo ‘Menores ni una gota’ en centros de atención, acogida y tutela de menores en las islas

La colaboración contempla también acciones formativas dirigidas a familias y actividades intergeneracionales a través de la Red de Centros de Día de Mayores y Participación Activa

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) han firmado un protocolo general de actuación para impulsar conjuntamente la prevención del consumo de alcohol en menores de edad, reforzando la educación y la sensibilización como herramientas fundamentales para proteger a la infancia y la adolescencia. El documento fue suscrito recientemente por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y el presidente del Patronato de la Fundación Alcohol y Sociedad, Bosco Torremocha, en un acto al que también asistieron los viceconsejeros Francisco Candil y Juan Martínez Doreste.

Candelaria Delgado indicó que “es un acuerdo importante para prevenir que los menores de edad consuman alcohol. El protocolo nos permite desarrollar iniciativas preventivas en la red de centros de atención, acogida y tutela de menores de Canarias a través del programa pedagógico ‘Menores ni una Gota’. Esto nos permitirá acercar la prevención a adolescentes que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y reforzar su acceso a información y herramientas para tomar decisiones responsables”. Asimismo, el protocolo contempla el desarrollo de acciones formativas dirigidas a familias y actividades intergeneracionales a través de la Red de Centros de Día de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias.

Por su parte, Bosco Torremocha indicó que “nosotros queremos aportar nuestros más de 25 años de experiencia y llegar a Canarias es importante para nosotros, ya que podremos prevenir el consumo de alcohol entre menores. Hablamos de un programa que da herramientas efectivas a los educadores, a los padres y madres y a las familias para educar a los menores de edad en un consumo cero de alcohol. El consumo no sólo está prohibido legalmente, sino que es malo para su desarrollo físico e intelectual. Y los menores responden bien a este tipo de mensajes cuando se les dan argumentos en un lenguaje y en un entorno en el que sienten confianza”.

Esta iniciativa supone un nuevo paso en la estrategia del Gobierno de Canarias y FAS de ampliar el alcance de sus programas y garantizar que la prevención llegue también a aquellos colectivos y entornos que requieren una atención específica. Con ello, ambas entidades apuestan por un modelo de prevención que trasciende la intervención directa con los menores y que incorpora a sus principales entornos de influencia, reconociendo el papel fundamental de las familias y de la sociedad en la transmisión de conocimientos, valores y hábitos saludables.

Una alianza para ampliar el alcance de la prevención

Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias y FAS establecen una vía de colaboración que permitirá adaptar las iniciativas preventivas a las necesidades de los diferentes colectivos y territorios del archipiélago. La Fundación pondrá a disposición del Gobierno autonómico su experiencia, metodología y recursos educativos, mientras que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias colaborará en el desarrollo y difusión de las actuaciones previstas. El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contará con una comisión mixta de seguimiento para coordinar su desarrollo.

Fundación Alcohol y Sociedad

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 25 años en la prevención del consumo de alcohol en colectivos de riesgo, especialmente menores de edad. A través de programas pedagógicos como ‘Menores ni una Gota’, la Fundación promueve la educación, la sensibilización y la implicación de familias, centros educativos y administraciones públicas para retrasar la edad de inicio y prevenir el consumo de alcohol entre menores.

A lo largo de su trayectoria, FAS ha superado los tres millones de menores formados, consolidando un modelo preventivo que cuenta con evaluaciones científicas independientes y que ha demostrado su capacidad para modificar positivamente los conocimientos, actitudes y conductas de los adolescentes frente al alcohol. En este sentido, las investigaciones realizadas sobre el programa ‘Menores ni una Gota’ han constatado que siete de cada diez menores participantes modifican positivamente su conducta respecto al alcohol, poniendo de manifiesto la importancia de intervenir desde edades tempranas.

 

 

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Canarias inyecta 1.035 millones de euros para políticas sociales y consolida así el mayor escudo social

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias supera, por primera vez, la barrera de los mil millones, lo que supone un incremento de 391 millones de euros de recursos estructurales desde el inicio de la legislatura

Canarias contará en 2027, por primera vez en su historia, con un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,5 % respecto al presupuesto inicial de 2026, con 197,24 millones de euros adicionales para reforzar la protección social, la atención a las personas y la garantía de derechos.

Estas cuentas suponen un hito en la financiación de las políticas sociales del Archipiélago y consolidan una apuesta por dotar de recursos estables a los servicios públicos y a las prestaciones dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a las personas y familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó en comparecencia parlamentaria que esta evolución permite consolidar en el presupuesto ordinario servicios y prestaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de cientos de miles de personas. “Canarias contará con el mayor presupuesto social de su historia, pero la importancia de estas cuentas no se encuentra únicamente en superar los 1.000 millones. Lo fundamental es que ese crecimiento se traduce en más derechos reconocidos, más prestaciones y una red pública con mayor capacidad para atender a las personas que necesitan apoyo”, afirmó.

El crecimiento presupuestario adquiere todavía mayor relevancia si se observa su evolución a lo largo de la legislatura. Excluyendo los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los recursos ordinarios y estructurales de la Consejería han pasado de 642,51 millones de euros en 2023 a 1.033,98 millones en 2027. Esto supone un incremento de 391,17 millones de euros, un 60,9 % más de financiación estable para las políticas sociales.

La evolución de estas cuentas se acompaña, además, de una capacidad de gestión que ha mantenido la ejecución presupuestaria por encima del 90 %. En el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2025, la Consejería ejecutó 914,49 millones de euros, una cifra que superó en más de 200 millones el presupuesto inicial de aquel año. Asimismo, hasta octubre de 2026 se habían incorporado más de 390 millones de euros mediante modificaciones presupuestarias, lo que refleja la capacidad del departamento para ampliar los recursos disponibles y dar respuesta a las necesidades de las distintas áreas. Candelaria Delgado subrayó que “los fondos externos no se quedan en una cifra contable, sino que se transforman en prestaciones, servicios, profesionales e inversiones dirigidas a la ciudadanía”.

Uno de los ámbitos que experimenta un mayor impulso es el de la atención a la dependencia. La Dirección General de Dependencia contará en 2027 con 567,15 millones de euros, lo que representa un incremento de 177,65 millones respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 120,8 % en comparación con el inicio de la legislatura.

Este refuerzo económico se suma a las mejoras introducidas en la gestión administrativa del sistema, entre ellas la implantación del procedimiento monofásico, que ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de tramitación e incorporar a más personas y más ayudas a las familias.

La mejora de los procedimientos y el incremento de los recursos económicos constituyen dos elementos fundamentales para avanzar hacia un sistema de dependencia con mayor capacidad de respuesta y una atención más ágil a las personas que necesitan apoyos.

Más recursos para garantizar la protección social

El área de Servicios Sociales contará con 113,33 millones de euros destinados a la Renta Canaria de Ciudadanía, que experimenta un incremento del 30 % en su cuantía acumulada. A ello se suma la continuidad, mediante su incorporación al articulado de la ley presupuestaria, del pago de oficio del complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas.

En el ámbito de Infancia y Familias, el presupuesto asciende a 125,52 millones de euros, un 20,04 % más que en el ejercicio anterior. Este incremento permitirá reforzar las políticas de prevención e intervención sociofamiliar, con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes y favorecer que puedan permanecer en su entorno familiar siempre que sea posible y adecuado.

Por su parte, las políticas dirigidas a las personas mayores consolidan su estructura específica a través de la Dirección General de Mayores, que dispondrá de 20,94 millones de euros para desarrollar el marco de envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada mediante la estrategia Maresía.

El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una dotación ordinaria de 14,75 millones de euros. Además, el presupuesto incorpora una garantía especialmente relevante para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista: las ayudas económicas destinadas a este colectivo tendrán la consideración de créditos ampliables.

Esta medida permitirá que ninguna mujer que reúna los requisitos establecidos se quede sin protección por falta de disponibilidad presupuestaria, reforzando la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones de violencia machista.

Con estas cuentas, el Gobierno de Canarias consolida el crecimiento de las políticas sociales y refuerza la financiación de ámbitos esenciales como la dependencia, la atención a la infancia, la protección económica de las familias, el envejecimiento activo y la igualdad. Un presupuesto que sitúa por primera vez a la Consejería por encima de los 1.000 millones de euros iniciales y que representa un incremento sustancial de los recursos estructurales destinados a garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía canaria.

“Queda trabajo por hacer. Debemos continuar reduciendo los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, culminar el Espacio de Datos de los Servicios sociales de Canarias y desplegar el concierto social. Pero la evolución de esta legislatura demuestra que las políticas sociales se han situado entre las principales prioridades del Gobierno de Canarias y que los derechos reconocidos cuentan hoy con una financiación muy superior a la de 2023”, concluyó la consejera.

 

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Bienestar Social mejora el acompañamiento a menores en acogimiento y adopción en la reconstrucción de su historia

Directora general de Infancia, Sandra Rodríguez

La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias organiza una jornada especializada sobre la búsqueda de orígenes y la identidad personal de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, ha organizado una acción formativa dirigida a profesionales del sistema de protección a la infancia para profundizar en el trabajo sobre la historia de vida y la búsqueda de orígenes de niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar, residencial o adopción. La jornada pretende proporcionar herramientas y criterios de intervención para abordar una dimensión fundamental del acompañamiento a los menores que han sido separados de sus familias de origen: conocer, comprender e integrar su propia historia personal como parte de su desarrollo emocional, su identidad y su estabilidad.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, destacó que “proteger a un niño, una niña o un adolescente no significa únicamente garantizar su seguridad y atender sus necesidades materiales y afectivas. También implica acompañarle en la construcción de su identidad, ayudarle a comprender su historia y ofrecerle las herramientas necesarias para integrar sus experiencias vitales”.

“Conocer los propios orígenes y poder elaborar la historia de vida es una necesidad especialmente importante para quienes han pasado por situaciones de separación familiar y medidas de protección. Por eso, es fundamental que los profesionales dispongan de formación especializada y recursos adecuados para acompañar estos procesos con sensibilidad, rigor y respeto a los tiempos y necesidades de cada menor», señaló Rodríguez.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias aseguró que “desde el Gobierno de Canarias queremos seguir avanzando hacia un modelo en el que cada niño, niña y adolescente sea atendido desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta sus circunstancias, sus vínculos, sus vivencias y su proyecto de vida. La formación de los equipos profesionales es esencial para conseguirlo y para ofrecer respuestas cada vez más especializadas y ajustadas a la realidad de la infancia”.

La actividad formativa fue impartida por el psicólogo especializado en acogimiento y adopción, Alberto Rodríguez, que atesora más de 15 años de experiencia en el Servicio ADOPTIA de atención psicosocial y responsable del Servicio de Acogimiento Especializado de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Así, abordó aspectos como las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, los objetivos del trabajo sobre la historia de vida, la implicación de las familias en estos procesos y los modelos de intervención adaptados a las distintas etapas del desarrollo. También se incidió sobre las particularidades del acogimiento residencial, el acogimiento en familia ajena y extensa, la guarda con fines de adopción y la búsqueda de orígenes en los procesos adoptivos.

La formación se enmarca en la línea de trabajo que desarrolla la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para avanzar hacia un sistema de protección integral, especializado y centrado en las necesidades y los derechos de cada niño, niña y adolescente. En este sentido, la Dirección General contempla entre sus servicios la formación especializada en acogimiento y adopción, el apoyo técnico a las familias acogedoras y el acompañamiento profesional a las personas adoptadas durante los procesos de búsqueda de sus orígenes.

La propia Carta de Servicios de la Dirección General recoge expresamente el compromiso de facilitar el acceso a la información sobre los orígenes biológicos y garantizar apoyo profesional especializado, tanto psicológico como social, durante los procesos de búsqueda y, cuando corresponda, de encuentro.

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Canarias refuerza las políticas de prevención y apoyo a las familias como medida para paliar la pobreza infantil

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que compareció hoy en comisión parlamentaria, destacó que el 85% de los menores permanece en sus hogares muestra de que funcionan las políticas de prevención

“La lucha contra la pobreza infantil en Canarias requiere actuar sobre las condiciones de vida de las familias y, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de prevención y protección de la infancia”, esta es la perspectiva desde la que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias está desarrollando sus políticas, según manifestó hoy la directora general, Sandra Rodríguez, en la comparecencia mantenida hoy en la comisión de pobreza infantil en el Parlamento. Rodríguez aseguró que su área pone especial atención a la preservación familiar, el apoyo a la crianza y la prevención de las situaciones de desprotección.

Según Rodríguez, durante 2026, 39.230 menores han sido atendidos en actuaciones de apoyo familiar y prevención, de los que 10.511 han recibido atención a través de programas gestionados por entidades del tercer sector con programas concretos como Rumbo o Alondra, y el resto mediante equipos municipales, pegados a la ciudadanía. “El 85% de estos menores en riesgo se ha podido continuar en sus hogares, lo que se considera un éxito en las políticas de prevención para evitar la desprotección, porque se trabaja de forma integral con la familia”, aseguró.

Para reforzar esta red de prevención en las administraciones más pegadas a la ciudadanía, el Gobierno de Canarias ha destinado siete millones de euros a dar continuidad a los programas municipales de atención a la infancia y las familias. Además, se estudian fórmulas que permitan avanzar hacia una financiación plurianual que aporte mayor estabilidad a los equipos de intervención familiar.

Asimismo, Rodríguez, quien insistió en que la prevención debe desarrollarse lo más cerca posible de las familias, aseguró que los centros y servicios de día constituyen un recurso especialmente relevante, al proporcionar acompañamiento educativo, alimentación, refuerzo y apoyo a la parentalidad sin separar a los niños y niñas de su entorno familiar.

La directora general quiso dejar bien claro que “la pobreza de una familia no equivale por sí misma a una situación de desprotección. Las dificultades económicas, residenciales o de conciliación requieren, cuando la familia mantiene sus capacidades de cuidado, medidas de apoyo que permitan a los niños y niñas crecer con sus familias en condiciones dignas y seguras”, aseguró. “Esta perspectiva de preservación familiar se complementa con políticas de parentalidad positiva, apoyo a la crianza y recursos específicos para familias en situación de vulnerabilidad, entre ellos la red de pisos de familia”, explicó Sandra Rodríguez.

Existen hoy en día 1.761 menores en situación de desamparo en Canarias, de los que 995 se encuentran en acogimiento familiar y 766 en acogimiento residencial, lo que significa que el 56,5% de los menores está actualmente en una modalidad familiar. “La Dirección General trabaja para avanzar progresivamente hacia el 70% de acogimiento familiar, siempre atendiendo a las circunstancias y necesidades de cada menor y sin convertir este objetivo en una decisión automática”. El número de familias de acogida ha pasado de 280 en abril de 2025 a 335 actualmente, “aunque veníamos de un sistema mucho más nutrido que se desmanteló en la anterior legislatura, cuando se decidió fomentar la sectorización”, desveló. No obstante, el Gobierno ha reforzado las campañas de captación y formación de familias y ha encargado a la Universidad de La Laguna un estudio sobre los factores que condicionan la predisposición al acogimiento familiar.

Rodríguez también reveló que desde noviembre de 2024 ningún recién nacido ha ingresado en acogimiento residencial, salvo situaciones excepcionales, gracias al funcionamiento del Banco de Familias de Urgencia. El objetivo es seguir ampliando el acogimiento familiar, especialmente para responder a las necesidades de adolescentes, grupos de hermanos y menores con necesidades especiales, proporcionando a las familias acogedoras acompañamiento técnico y apoyo económico.

La intervención en la comisión sobre Pobreza Infantil, la directora responsable del área explicó que cualquier actuación “debe contemplar no solo los ingresos familiares, sino también el acceso a la educación, la alimentación, el deporte, la cultura y el ocio. En este sentido, 10.000 menores son beneficiarios este curso de la cuota cero, mientras que desde Protección a la Infancia se incorporan las necesidades educativas a los itinerarios de las familias vulnerables y se trabaja para detectar cuándo una barrera económica está afectando al bienestar de un niño o una niña”.

Puesto que la “igualdad de oportunidades incluye también el derecho al juego, al deporte y a la participación”, la directora hizo mención al proyecto 4P+ Entornos Deportivos Seguros, desarrollado en coordinación con la Dirección General de Deportes, las federaciones deportivas y la FECAM, ha permitido formar ya a más de 1.000 profesionales y figuras de protección.

Rodríguez quiso dejar claro, asimismo, que la protección de la infancia no debe finalizar de forma abrupta al alcanzar la mayoría de edad. “Durante 2025, 613 jóvenes extutelados recibieron atención, mientras que más de 1.300 han sido atendidos a lo largo de la legislatura en actuaciones relacionadas, entre otras materias, con la formación y el empleo”, informó, revelando que a 30 de junio de 2026 se habían creado 182 plazas residenciales específicas para jóvenes extutelados, que deben integrarse en itinerarios que combinen vivienda, formación, empleo, orientación jurídica, apoyo emocional y autonomía personal.

Una nueva radiografía de la infancia en Canarias

El Gobierno de Canarias está desarrollando actualmente un Diagnóstico de la situación de la Infancia y la Adolescencia en Canarias, con la participación de expertos de las universidades públicas y la coordinación de la catedrática emérita María José Rodrigo. El objetivo es disponer de una radiografía actualizada de las necesidades de la infancia y la adolescencia que permita definir una nueva Estrategia Canaria de Infancia y orientar las políticas públicas ante los cambios experimentados por la sociedad canaria.

Paralelamente, la Dirección General trabaja con el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) para mejorar la información disponible sobre pobreza infantil, con datos actualizados, comparables y desagregados territorialmente que permitan conocer las diferencias entre islas y municipios y seguir la evolución de los factores de vulnerabilidad. Esta mejora de la información permitirá, además, evaluar las políticas públicas no solo por los recursos movilizados, sino por sus resultados sobre las condiciones de vida de la infancia y las familias.

Como área integrada dentro de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la directora general expresó su convencimiento de que la respuesta a la pobreza infantil debe combinar las prestaciones económicas con itinerarios que permitan a las familias recuperar progresivamente su autonomía. En este sentido, el Gobierno trabaja en el desarrollo de los complementos de vivienda y educación previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, así como en los itinerarios de inclusión. “La finalidad es conectar la protección económica con el empleo, la formación, la vivienda, la educación, la salud, los cuidados y los servicios sociales, de manera que las familias puedan afrontar sus necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, avanzar hacia una situación de mayor autonomía”.

 

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Espaldarazo del Consejo General de Servicios Sociales a la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia

El órgano también ha informado positivamente el reglamento que desarrolla los programas de inclusión social de la Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales, reunido hoy, ha informado positivamente el anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, una regulación de 192 artículos que reordena por completo el sistema autonómico de protección. El proyecto no se limita a modificar la Ley 1/1997: la sustituye por un nuevo marco integral que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, y refuerza la prevención, la participación, la coordinación y la protección especializada. El texto se ha elaborado de manera compartida con administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, sumando además una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años.

Esta transformación legal sitúa la posición jurídica del menor en el centro del sistema e integra de forma transversal la discapacidad, la accesibilidad universal y la parentalidad positiva. Entre sus principales novedades, la norma incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. Asimismo, el texto prioriza el acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y garantiza programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes extutelados que superen la mayoría de edad.

En el plano administrativo y de gestión, la ley elevará las exigencias organizativas y de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para modernizar la tramitación y evitar la fragmentación institucional, se implementará un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC. Además, la participación infantil quedará institucionalizada de manera estable a través de la creación de nuevos órganos de consulta social, entre los que destaca el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.

La implantación real del articulado se realizará de forma escalonada, ya que sus disposiciones adicionales estipulan que su aplicación progresiva estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de las islas. Como balance final de este nuevo modelo de atención autonómica, el proyecto configura un sistema integral, gradual, compartido, participado y sostenible. Su principal valor es desplazar el centro de gravedad desde la mera protección administrativa hacia la garantía efectiva de derechos, la prevención, el buen trato y la participación. Su principal desafío será convertir ese diseño ambicioso en recursos, coordinación, interoperabilidad y capacidad profesional suficientes en todas las islas.

La ley seguirá ahora su trámite administrativo habitual hasta ser aprobada en Consejo de Gobierno y ser remitida al Parlamento para su aprobación antes del final de esta legislatura.

Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales también ha informado favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, una norma trascendental que permitirá reforzar el acompañamiento social de las personas beneficiarias y avanzar hacia un modelo centrado en la inclusión y la autonomía personal.

Este desarrollo reglamentario completa uno de los aspectos esenciales previstos en la Ley 5/2022, al establecer los procedimientos y herramientas que permitirán a los servicios sociales diseñar itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.

El reglamento no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla los instrumentos necesarios para hacer plenamente efectivo el derecho reconocido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, reforzando el papel de los servicios sociales como eje del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales novedades del reglamento destaca la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico para valorar la situación de vulnerabilidad de cada persona; del Plan de Atención Personalizado, que fijará objetivos y actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y laboral; y del informe social acreditativo, documento que servirá de soporte técnico para la concesión, seguimiento, revisión o, en su caso, extinción de la prestación.

Asimismo, la futura norma desarrolla los supuestos excepcionales previstos en la ley para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas que atraviesen situaciones de urgencia o emergencia social o circunstancias sobrevenidas que justifiquen una respuesta inmediata por parte de la Administración.

El reglamento también establece mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas en la gestión de los servicios sociales, así como modelos normalizados para la elaboración del diagnóstico social, los planes personalizados, los convenios de inclusión y los informes sociales, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el territorio de Canarias.

Además, incorpora un enfoque transversal de protección de los colectivos más vulnerables. En este sentido, contempla medidas específicas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, menores y familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+, integrando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social.

Tras su paso por el Consejo General de Servicios Sociales, el texto continuará su tramitación administrativa, incluyendo los correspondientes periodos de información pública y audiencia antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

Otros asuntos

Durante el Consejo también se conocieron los decretos de acreditación y centros de dependencia y el que regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la libertad sexual, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias es el máximo órgano consultivo y de participación social de la comunidad autónoma en esta materia. Su objetivo principal es fomentar y facilitar la participación activa de las administraciones públicas, colectivos de usuarios, profesionales del sector, entidades de iniciativa social y agentes socioeconómicos. A través de esta colaboración, el órgano busca intervenir directamente en la determinación, planificación, implantación, seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión del sistema público de servicios sociales de las islas.

La estructura organizativa y de componentes del Consejo está encabezada por la Presidencia, a cargo de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y una Vicepresidencia. Sus vocalías se dividen en tres grandes bloques representativos: las Administraciones Públicas (incluyendo direcciones generales, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de la Salud y delegaciones de cabildos y municipios); las organizaciones de usuarios, entidades del Tercer Sector y colectivos sociales (como drogodependencias, infancia, discapacidad, mayores y colectivos LGBTI); y, finalmente, el bloque de colegios profesionales (trabajo social, psicología, educación social, politología), organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, contando además con una secretaría técnica.

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La Universidad de La Laguna acoge una jornada para promover el acogimiento familiar en Canarias

Directora general

La iniciativa, organizada por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias y la Cátedra Institucional de Infancia y Adolescencia de la ULL, reunirá a especialistas, entidades y ciudadanía para dar a conocer proyectos e iniciativas que impulsan el acogimiento familiar en el Archipiélago

La Universidad de La Laguna (ULL) acogerá mañana (jueves 2) la jornada Promoción del acogimiento familiar en Canarias: proyectos y experiencias, un encuentro organizado por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias en colaboración con la Cátedra Institucional de Infancia y Adolescencia de la ULL. El evento se celebrará en el Salón de Actos de La Pirámide, en el Campus de Guajara, a partir de las 16:00 horas.

La jornada tiene como objetivo acercar a la sociedad canaria la realidad del acogimiento familiar, difundir las investigaciones y proyectos que se están desarrollando en este ámbito y generar un espacio de encuentro entre profesionales, entidades sociales, familias acogedoras y personas interesadas en conocer esta medida de protección de la infancia.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez González, será la encargada de inaugurar el encuentro. Durante la apertura pondrá de manifiesto la importancia de seguir promoviendo una cultura de acogimiento que permita ofrecer a niños, niñas y adolescentes un entorno familiar cuando, de manera temporal, no pueden permanecer con su familia de origen.

En este sentido, Rodríguez destaca que «el acogimiento familiar representa una oportunidad para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer en un entorno seguro, estable y afectivo cuando, por diferentes circunstancias, no pueden hacerlo con su familia de origen. Como administración pública, tenemos la responsabilidad de seguir sensibilizando a la sociedad y de acompañar a las familias que deciden dar este paso tan generoso».

La directora general subraya además que «estas jornadas nos permiten acercar el acogimiento familiar a la ciudadanía desde el conocimiento, la investigación y la experiencia de quienes trabajan cada día en este ámbito. Queremos derribar mitos, resolver dudas y poner en valor el compromiso de las familias acogedoras, que desempeñan un papel fundamental en la protección de la infancia».

Asimismo, señala que «la colaboración entre las administraciones públicas, la Universidad y las entidades sociales es esencial para seguir avanzando en la promoción del acogimiento familiar en Canarias. Solo desde el trabajo conjunto podremos ofrecer más oportunidades a los niños y niñas que necesitan crecer en el calor de un hogar y seguir fortaleciendo un sistema de protección centrado en su bienestar y en el respeto a sus derechos».

Tras la inauguración, la escritora Nuria Santana presentará su libro en una sesión que se desarrollará entre las 16:15 y las 17:30 horas y que concluirá con un coloquio abierto al público para compartir reflexiones y responder a las preguntas de las personas asistentes. A continuación, se presentará el proyecto Acogfam, una iniciativa de investigación impulsada por la Universidad de La Laguna para analizar los factores que influyen en la predisposición de la población canaria a convertirse en familia acogedora y contribuir al diseño de nuevas estrategias de sensibilización y captación de familias.

La jornada concluirá con la presentación del proyecto de COPILE, asociación de familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras de Canarias, cuya labor de acompañamiento, formación y apoyo a las familias constituye un referente en el ámbito de la protección a la infancia en las islas.

El acogimiento familiar es la medida de protección prioritaria para aquellos niños, niñas y adolescentes que, de forma temporal, no pueden convivir con su familia de origen. Frente al acogimiento residencial, esta modalidad favorece el desarrollo emocional, social y afectivo de los menores en un entorno familiar, garantizando su bienestar mientras se trabaja, siempre que sea posible, en la reunificación familiar.

 

 

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Bienestar Social reorganiza su atención a menores de 0 a 3 años en busca de la eficiencia en el uso de recursos

La consejera, Candelaria Delgado, defendió hoy en el Parlamento las medidas adoptadas para mejorar el servicio público

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha detallado este martes el conjunto de medidas estructurales para paliar ciertos déficits en la atención en los centros de titularidad autonómica, garantizando la continuidad, seguridad y calidad del servicio educativo en la etapa 0–3 años y maximizando, al mismo tiempo, la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Candelaria Delgado afirmó que “el conjunto del Gobierno ha situado esta etapa como una prioridad educativa, impulsando de forma paralela la expansión de plazas mediante la apertura y ampliación de centros dentro del sistema educativo. Mientras avanza este despliegue, la Consejería de Bienestar Social mantiene la gestión directa de 13 escuelas infantiles —ocho en Tenerife, cuatro en Gran Canaria y una en La Palma— asegurando su correcto funcionamiento”

Delgado señaló que se han adoptado varias medidas para la mejora de los servicios, como son la priorización de las sustituciones, la reorganización en los centros educativos y la ampliación de la red y alternativas para las familias, en conjunción con los recursos municipales y de la Consejería de Educación. “La mejora del servicio no se limita a intervenciones superficiales, sino que requiere garantizar una estructura sólida basada en tres pilares: personal suficiente, organización eficiente y capacidad de respuesta. Las medidas adoptadas —sustituciones efectivas, solución estructural del déficit de personal y reorganización de recursos— consolidan un modelo orientado a ofrecer una atención educativa de calidad en una etapa clave para el desarrollo infantil”.

Reorganización para mejorar la calidad educativa

Las principales líneas de actuación se centra en la reorganización de recursos en centros con baja demanda, con el objetivo de optimizar el sistema y reforzar la atención educativa. En este marco, se prevén ajustes organizativos en los centros de Anaga (Tenerife) y Las Folías (Gran Canaria). Dichos reajustes no implican ni pérdida de plazas para el alumnado ni pérdida de empleo para el personal: “Esto nos va a permitir redistribuir recursos y mejorar los apoyos educativos en el conjunto de la red. Gracias a esta reorganización, avanzaremos hacia el objetivo de contar con aproximadamente dos educadores de apoyo por escuela, lo que redundará en una mejora de la calidad del servicio”, afirmó Candelaria Delgado.

Ampliación de la red y alternativas para las familias

El fortalecimiento del sistema se completa con la apertura y ampliación de nuevos centros educativos en la etapa 0–3 años, lo que incrementa la oferta disponible y facilita alternativas para las familias. A ello se suma la existencia de escuelas infantiles municipales como opción complementaria.

Prioridad en las sustituciones, que ahora se tramitan con carácter urgente.

Candelaria Delgado explicó que uno de los principales problemas detectados ha sido la falta crónica de personal de sustitución, agravada por procedimientos administrativos rígidos y listas de reserva desactualizadas. Para corregir esta situación, se han realizado una serie de actuaciones como la cobertura efectiva de vacantes y la renovación de las listas de reserva. “Se han realizado un total de 25 sustituciones entre el 1 de enero y el 30 de marzo: 18 en Tenerife y 7 en Gran Canaria, en categorías clave como personal educativo, dirección, cocina, limpieza y mantenimiento”, afirmó.

Al mismo tiempo, explicó que actualmente están en proceso de renovación categorías esenciales como educador/a infantil, personal de limpieza y cocina. Este proceso ya cuenta con avances concretos, como la celebración del primer ejercicio selectivo en abril de 2024. Además, en situaciones de urgencia, se han habilitado refuerzos externos puntuales para garantizar la atención inmediata y evitar perjuicios a menores y familias.

 

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El 53% de las agresiones sexuales a menores se produce en el seno de la familia

El Gobierno sostiene un convenio con la Fundación Márgenes y Vínculos para prestar atención y asesoramiento tanto a las víctimas directas como a las familias y ofrece formación a profesionales para mejorar la prevención. Del total de víctimas directas atendidas en los últimos dos años, 215, el 76 % eran niñas

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y el director gerente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Ricardo Torres, han presentado los principales datos del programa de atención a menores víctimas de violencia sexual y sus familias. De acuerdo a la actuación desarrollada a través del convenio que la Consejería mantiene con la Fundación, el Gobierno ha prestado atención a un total de 215 menores entre los años 2024 y 2025 de las que el 76 % eran niñas (164), y el 24 % niños (51). En cuanto a los agresores, más de la mitad (53 %) eran de la propia familia, el 23% de fuera y en un 15 % entre iguales. En cuanto a las edades de niñas y niños agredidos, el 42 % eran menores de 12 a 15 años, un 24 % tenían entre 8 y 11 años y un 22 % entre 4 a 7 años.

Candelaria Delgado señaló que “las cifras nos indican la importancia de la prevención y la formación tanto de profesionales como familiares en la detección de posibles abusos. Hay que tener en cuenta que hay agresiones sexuales a menores que se denuncian cuando la víctima ya es adulta, o que no se denuncian, y tenemos que seguir trabajando para combatir esas situaciones y concienciar a la población”.

Por su parte, Ricardo Torres indicó que “desde la Fundación Márgenes y Vínculos pretendemos avanzar hacia una atención integral ante situaciones de violencia sexual contra la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Para ello, proponemos una serie de líneas de actuación que abarcan desde la prevención comunitaria, la coordinación profesional y la asistencia integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias como a menores de edad que ejercen cualquier forma de violencia sexual a sus iguales”.

Francis Candil incidió en la necesidad de seguir trabajando “para que los menores tengan la protección adecuada. Nuestro objetivo es darles una protección integral y eso pasa por formar a los profesionales para la detección y actuación ante situaciones de violencia sexual contra la infancia y adolescencia e informar y concienciar a la población a través de diversas acciones como talleres y charlas”. Asimismo, incidió en la “necesidad de que la judicatura esté implicada en sacar de las calles a los agresores que, en su mayoría, son reincidentes, como hemos podido ver en los trágicos casos como el Íncubo”.

Actuaciones

De forma complementaria, en este periodo se realizaron actuaciones centradas en la orientación puntual ante situaciones concretas, la resolución de dudas y el asesoramiento para la derivación a profesionales y el entorno que repercutieron de forma positiva en la atención recibida en un total de 956 menores.

En el ámbito familiar, se realizaron atenciones directas a 324 familiares de las víctimas, de las que el 63 % eran madres (205). El objetivo de estas atenciones fue fortalecer las competencias parentales, mejorar la dinámica familiar y favorecer entornos seguros y protectores. Las intervenciones incluían procesos de acompañamiento familiar, seguimiento continuado y apoyo especializado ante el procedimiento judicial.

De forma paralela se prestó asesoramiento especializado y se realizaron reuniones de coordinación con 888 profesionales relacionados con los diferentes casos. En líneas generales, en el marco de este convenio se realizaron en estos dos años un total de 1.758 entrevistas con niñas, niños o adolescentes, y 713 con familiares. Asimismo, se prestaron 965 asesoramientos profesionales y se impartieron 10 acciones formativas que llegaron a todas las islas y con las que se mejoraron los conocimientos para la detección y prevención de la violencia sexual hacia la infancia y adolescencia.

La Fundación Márgenes y Vínculos lleva gestionando el programa de atención a menores víctimas de violencia sexual y sus familias en las islas, centrado en el diagnóstico y tratamiento psicológico a menores que han sido víctimas de violencia sexual y a sus familias, además de trabajar en la prevención de la violencia machista y acoso sexual a mujeres adolescentes en diferentes contextos y situaciones, trabajando en el entorno escolar, en el entorno deportivo y el entorno virtual.

 

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