La actuación tiene como objeto atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente a la COVID-19 y supone un gasto de 181.365 euros

El Consejo de Gobierno recibió hoy, viernes 24 de septiembre, información sobre una resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la contratación, por trámite de emergencia, del suministro de equipos purificadores y de medición de la calidad del aire en los edificios judiciales de Canarias, para responder al impacto de la crisis sanitaria motivada por la pandemia.

Dicha actuación, cuyo importe asciende a 181.365 euros (IGIC incluido), se realiza para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente a la COVID-19.

Mediante Resolución de 10 de abril se acordó el trámite de emergencia para la contratación del material para purificar y medir la calidad del aire, con el objetivo de evitar, en los edificios administrativos de ámbito judicial, la transmisión por aerosoles de la COVID.

El objetivo es conseguir una mejor calidad del aire en interiores para evitar la propagación aérea del virus a través de sistemas capaces de desinfectar el aire, que se han convertido en una medida de acción y eficacia frente a la transmisión del coronavirus.