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Entran en funcionamiento cinco nuevos juzgados con la plantilla orgánica completa

Apertura cinco nuevos juzgados

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de Primera Instancia nº17 de Las Palmas de Gran Canaria son dos de los nuevos órganos judiciales

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias informa de que esta semana se han puesto en funcionamiento cinco nuevos órganos judiciales en Canarias, tres en la provincia de Las Palmas y dos en la de Santa Cruz de Tenerife. En todos los casos disponen de sus plantillas orgánicas completas, integradas por un total de 47 personas en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, que se distribuyen en los cinco juzgados, resultando un total de 14 personas pertenecientes al cuerpo de Gestión procesal, 23 al de Tramitación procesal y 10 al cuerpo de auxilio judicial.

En la provincia de Las Palmas se han puesto en marcha el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas y que cuenta con una plantilla de 11 personas; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Arucas, en la sede de los Juzgados de Arucas, con ocho personas; y el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde, situado en el Edificio Judicial de Telde y que cuenta con nueve personas en su plantilla orgánica.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, cuya plantilla está formada por diez personas y que está situado en la Calle Celia Cruz, donde se ubicarán también las nuevas dependencias del Registro Civil; y Juzgado de Primera Instancia nº 7 de La Laguna, ubicado en el Edificio Judicial de La Laguna, con un total de nueve trabajadoras y trabajadores.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, remarca que la entrada en funcionamiento de estos cinco órganos judiciales, con la plantilla orgánica completa, quiere poner de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno de dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos indispensables para la prestación de un servicio público de calidad, siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria.

Las IX Jornadas laborales de Lanzarote abordan los desafíos del derecho laboral en la revolución tecnológica

Imagen del programa de las IX Jornadas Laborales Lanzarote

A lo largo de dos días se debatirá sobre nuevas formas de trabajo, como las plataformas virtuales; las empresas multiservicios y la determinación del convenio aplicable; el teletrabajo; los nuevos riesgos laborales vinculados a la transformación digital y sobre la integración de la persona electrónica en los centros de trabajo

El jueves y el viernes de esta semana se celebrarán las IX Jornadas laborales de Lanzarote, que tendrán lugar en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote. A lo largo de ambos días se debatirá sobre los nuevos desafíos del derecho del trabajo en la era de la revolución tecnológica y la persona electrónica, con un enfoque crítico y propositivo ante los cambios y mutaciones que se están produciendo en la era de la Europa mercantilizada, donde las fisuras del derecho social permiten la proliferación de nuevas formas de trabajo que tienden a la devaluación del ser humano y el aumento de la vulnerabilidad laboral.

Se abordarán así las nuevas formas de trabajo, como las plataformas virtuales (como Deliveroo, Glovo o Uber, entre otras); las empresas multiservicios y la determinación del convenio aplicable; el teletrabajo; los nuevos riesgos laborales vinculados a la transformación digital (violencia neuronal, fatiga digital o ciberacoso) y también sobre la integración de la persona electrónica en los centros de trabajo.

Las IX Jornadas laborales de Lanzarote están coorganizadas por la Asociación Canaria de Iuslaboralistas y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise, el Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote y otras entidades, este año bajo el título “El Derecho Social en el siglo XXI”.

Contarán con la participación de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo, como Fernando Salinas, Antonio Sempere, Rosa María Virolés o Jordi Agustí. Del ámbito académico estarán presentes catedráticos y catedráticas como Cristóbal Molina, Margarita Ramos o Amparo Ballester, así como la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Marina Mas, y el presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe.

Como en cada edición, se otorgará un premio económico de 500 euros de dotación denominado “Manuel Ramón Alarcón Caracuel” en memoria de este jurista, que se concederá a la mejor comunicación jurídica que se presente según las bases disponibles en la página web de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas: www.iuslaboralistas.com

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El Gobierno quiere “ir más de prisa” en la construcción de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario

Julio Pérez en el Parlamento de Canarias el 24 de septiembre de 2019

El 15 de julio de este año se contrató la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo edificio de juzgados de Puerto del Rosario, que deberá estregarse en mayo del próximo año

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer en sede parlamentaria que prevé que las obras de la futura sede judicial de Puerto del Rosario estén concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024. Pérez enfatizó que seguirá los trámites ya en marcha, pero más deprisa.

Pérez recordó que el concurso de ideas se resolvió en octubre de 2018 y que el pasado 15 de julio de 2019 se suscribió el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de dicho edificio, proyecto que debe entregarse en mayo de 2020. Unos meses después deberá poder ser adjudicada la construcción del nuevo edificio.

A partir de esa fecha, la duración de la construcción se prolongará de tres a cuatro años, por lo que estaría completado entre finales de 2023 y principios de 2024.

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El suelo para la nueva sede judicial de Los Llanos de Aridane debería estar disponible a principios de 2020

Julio Pérez en la sesión plenaria del 24 de septiembre de 2019

En Santa Cruz de La Palma aún no hay terreno disponible aún, aunque el Cabildo ha ofrecido la adquisición de una parcela
Los actuales edificios se permutarán con los terrenos en que se construyan los nuevos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias que la mejora de las sedes judiciales tanto de Los Llanos de Aridane como en Santa Cruz de La Palma es la misma: el intercambio de los edificios donde funcionan los juzgados en la actualidad por parcelas donde puedan construirse los nuevos edificios.

El consejero recordó que, en efecto, ya existe una parcela de titularidad municipal que cumple con las necesidades planteadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la ubicación de los órganos judiciales de Los Llanos de Aridane que permitirá satisfacer las previsiones de crecimiento de los mismos. En cambio, no existe parcela aún en el caso de Santa Cruz de La Palma.

En todo caso, Pérez aclaró que la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ya está valorando ambos edificios para su permuta. Cuando se disponga de las parcelas, añadió Pérez, los ayuntamientos tendrán que corregir el planeamiento mediante una ordenanza excepcional que posibilite su construcción, por lo que prefirió no dar una fecha concreta para el inicio de las obras.

En cambio, adelantó que el Gobierno de Canarias ya cuenta con consignación presupuestaria en el caso de Los Llanos de Aridane para la redacción del proyecto porque ya hay parcela.

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Casi 70 juzgados de paz recibirán más de 160.000 euros de la Consejería de Justicia para su funcionamiento

Imagen genérica de juzgados

Las cantidades que reciben estos órganos, que ejercen funciones judiciales y de Registro Civil, están establecidas en función de la población del municipio en el que se encuentren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la distribución de una subvención de 161.457 euros entre 69 juzgados de paz destinados a cubrir sus gastos, de manera que desarrollen sus funciones judiciales y de Registro Civil.

La cuantía que recibirán estos órganos, establecidos en general en las sedes municipales, está determinada por el número de habitantes de cada municipio, de conformidad con el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal de ese año.

De esta manera, Betancuria (731 habitantes) recibe 478 euros: mientras que Agulo, Artenara, Garafía, Vilaflor, Fuencaliente, Hermigua, El Pinar, Barlovento, Tejeda, Alajeró, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Tanque, Fasnia, Vallehermoso reciben la cuantía de 1.250 euros (con poblaciones comprendidas en el tramo de 1.000 a 2.999 habitantes).

En el tramo de 3.000 a 6.999 habitantes se encuentra los municipios de Valleseco, La Frontera, San Andrés y Sauces, Valle Gran Rey, Tazacorte, Buenavista del Norte, Los Silos, Vilal de Mazo, San juan de la Rambla, Garachico, Haría, La Guancha, Breña Baja, Arafo, Agaete y Tinajo, por lo que reciben 2.000 euros cada uno.

De 7.000 a 14.999 habitantes son los municipios de Breña Alta, Firgas, El Paso, La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Moya, Arico, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Valsequillo, Santiago del Teide, Tegueste, Antigua, Teror, Santa Úrsula y Tuineje, por lo que cada uno recibe 2.700 euros.

Entre 15.000 y 19.999 habitantes están los municipios de Yaiza, El Rosario, Santa Brígida, San Bartolomé, Mogán y San Miguel (cada uno recibe 3.025 euros), mientras que de 20.000 a 29.999 habitantes son los términos municipales de Tías, Pájara, Guía de Isora, Teguise, Tacoronte, Gáldar, La Oliva y Candelaria (con una asignación para cada uno de 3.230 euros).

De 30.000 a 50.000 habitantes (con una cuantía de 3.700 euros) están los municipios de Ingenio, Agüimes, Los Realejos y Adeje, mientras que Santa Lucía es el único que cuenta con más de 50.000 habitantes, por lo que recibe 4.289 euros.

Las cantidades asignadas se harán efectivas de una sola vez mediante un abono anticipado que son compatibles con otras cantidades que puedan realizarse por parte de las distintas administraciones públicas.

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El Gobierno ratifica su compromiso con la memoria y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

Barragán inaugura el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. En su intervención, Barragán ratificó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la memoria y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura posterior.

En este sentido, destacó que se trata de un compromiso de las administraciones canarias en general, y en especial del Gobierno de Canarias, para con la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior que, según recordó, se ha materializado en medidas y actuaciones concretas que evidencian la preocupación e interés en lo relacionado con la memoria histórica, y marca así un camino a seguir en el futuro en esta materia que no puede tener vuelta atrás ni pausa.

En su repaso, se refirió de forma expresa a la aprobación el año pasado de la Ley de memoria histórica y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que calificó de hito en la historia de nuestra comunidad autónoma. Explicó que salió adelante en el Parlamento autonómico con el apoyo de casi todos los grupos, que fueron quienes impulsaron su tramitación.

En particular, destacó que la norma remarca que la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista representan un “deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española”, y que la norma advierte de que “la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”.

Su finalidad, apuntó, es articular en el ámbito de Canarias actuaciones como el fomento de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas en ese periodo, la exhumación de sus restos, la elaboración de un registro de víctimas, facilitar el reencuentro entre parientes separados, o la divulgación de los hechos ocurridos en las Islas desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. Además, la ley canaria reconoce de forma expresa que, en muchos casos, han sido las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y las familias de las y los desaparecidos las que han impulsado acciones tanto en materia de búsqueda de fosas como en la difusión de lo acontecido en esta etapa.

También recordó el empuje y dedicación de estas asociaciones, que llevó a que el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del ahora presidente en funciones, Fernando Clavijo, haya acordado el año pasado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, entre otros, a las Asociaciones Canarias de la Memoria Histórica, alta distinción que se concede a las personas, corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias se han hecho merecedoras del reconocimiento del pueblo canario.

Con el otorgamiento de ese reconocimiento, señaló que el Gobierno canario puso en valor la labor de estas asociaciones, que fomentan la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas entre el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 y la aprobación de la Constitución Española en 1978, además de la elaboración de un registro de víctimas, la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar hasta el fin de la dictadura y recobrar la dignidad personal y familiar de esas víctimas.

En definitiva, finalizó Barragán, en Canarias existe un compromiso con el impulso al reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que el Gobierno autonómico impulsa políticas y medidas en materia de memoria histórica desde el convencimiento de que la reparación moral de las víctimas y sus familiares es justa y un auténtico ejercicio de democracia.

Las jornadas

En el encuentro participan numerosas personas expertas de primer nivel que aportan sus conocimientos y experiencias en diversos aspectos. La cita, que empezó hoy, termina mañana, y tiene lugar en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria.

Participa el doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y médico especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberria, que diserta sobre la memoria histórica en el contexto de los derechos humanos, además de otros especialistas que intervendrán en tres mesas que abordarán la legislación de la memoria desde la administración autonómica (gestión y participación); la Memoria Histórica desde perspectiva forense y arqueológica, y el movimiento ciudadano por la Memoria Histórica en el Estado español.

Además, habrá tres mesas redondas en las que se debatirán las políticas de memoria en Canarias desde la ciudadanía; la memoria de los niños robados y la Ley de Memoria Histórica de Canarias y procesos participativos.

Al acto también acudió la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Ascensión Toledo.

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El BOC publica hoy los nuevos baremos de asistencia jurídica gratuita

Captura de pantalla de la Orden 2679 de 17 de mayo de 2019

El director general de Justicia, Cesáreo Rodríguez, recuerda que se trata del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones, José Miguel Barragán, que el año pasado se reunió con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y tras reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis

El Boletín Oficial de Canarias de hoy publica la orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría. Se trata, como recuerda el director general de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que el año pasado tras reunirse con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis.

Barragán ha remarcado en reiteradas oportunidades el compromiso del Ejecutivo autonómico con la ciudadanía más vulnerable en el acceso a la justicia, por lo que esta actuación, explica Rodríguez, materializa una necesaria actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación a las y los profesionales que intervienen en el servicio de la asistencia jurídica gratuita, no solo para el restablecimiento de las cuantías, sino también para ajustar los mismos a la normativa procesal vigente.

Rodríguez destaca, en particular, el incremento de las guardias que corresponden de forma específica a la atención de las víctimas de violencia de género, una apuesta por la mejora de su protección al contar ahora con ahora con 18 de manera específica para este fin.

Como se recordará, el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita de Canarias, fija los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las y los profesionales de la abogacía y procuraduría, los cuales han sido objeto de distintas modificaciones.

Entre esas modificaciones, destaca la disminución de los baremos de la compensación económica llevada a cabo en 2012 justificada entonces en la necesidad de reducir el déficit público. Esta medida se tomó tras haber reducido también el número de guardias y asistencia a la persona detenida o a la víctima del delito a quienes prestan el servicio. Ahora, la mayoría de estas guardias pasan a ser de 24 horas.

Rodríguez explica que, al haber ahora una coyuntura económica que está permitiendo superar las dificultades económicas que motivaron la anterior reducción de las cuantías, y para atender las propias demandas de las y los profesionales (que pedía restituir los baremos al nivel previo a la crisis), la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 contempló la posibilidad de llevarlo a cabo, como en efecto, acordó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. En la adopción de la medida se ha contado con la participación de los cuatro colegios de Abogacía de Canarias (Las Palmas, Lanzarote, La Palma y Santa Cruz de Tenerife).

Barragán vuelve a destacar el importante esfuerzo desempeñado por las y los profesionales del turno de oficio al haber soportado durante los últimos años la rebaja que sufrieron sus retribuciones como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno central durante la crisis, mientras que Rodríguez apunta que el Gobierno canario es consciente de que con la intensa actividad habida en los últimos ejercicios del turno de oficio, los Colegios de Abogacía vienen soportando una carga de trabajo que, en algunos casos, resulta excesivamente gravosa.

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Puerto del Rosario contará con un edificio judicial emblemático que ayudará a crear ciudad

Presentación proyecto ganador del concurso de ideas para el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario

El jurado considera que la propuesta ganadora del concurso de ideas plantea una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de los espacios de la futura sede del partido judicial

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, anunció hoy que el proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción del futuro edificio judicial de Puerto del Rosario es la propuesta que se presentó bajo el lema C1TR1NOS, que obtuvo una puntuación de 87 sobre 100 y se impuso a otras 19 candidaturas, además de otras siete que resultaron excluidas. El arquitecto jefe de proyecto del mismo, Gustavo Adolfo Souto, plantea un inmueble emblemático llamado a convertirse en icono de la capital majorera que contempla una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de sus espacios.

Barragán así lo explicó en compañía del alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

El consejero remarcó que este nuevo avance confirma que este proyecto siempre ha sido una de las prioridades marcadas por el área de Justicia del Gobierno de Canarias, y puso en valor el trabajo coordinado de las distintas administraciones para llevarlo a cabo hasta este punto. Se mostró confiado en que seguirá adelante a buen ritmo en lo que resta de legislatura con el fin de que pueda estar ultimado para la siguiente, de manera que el partido judicial de Puerto del Rosario cuente con una nueva sede moderna y adecuada a las necesidades actuales y futuras lo antes posible, lo que dará satisfacción a una legítima pretensión de la ciudadanía de Fuerteventura y de los operadores jurídicos de la Isla.

En cuanto al proyecto ganador, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los cinco criterios con que se valoraron las propuestas: la evaluación arquitectónica general (25 puntos); la evaluación funcional del proyecto (25 puntos); la conectividad del edificio con los viales circundantes y relación con su entorno (15 puntos), y el grado de desarrollo de la solución (15 puntos), mientras que obtuvo siete puntos (sobre un máximo de 20) en sostenibilidad económica, sustentabilidad medioambiental, eficiencia energética e incidencia en mantenimientos.

En este sentido, el informe del jurado destaca que esta propuesta tiene vocación de edificio representativo llamado a ser un icono urbano destacado, y añade que usa muy inteligentemente las direcciones de los elementos de fachada para enfatizar la riqueza del volumen. Destaca que la propuesta combina un aspecto exterior distintivo con la claridad volumétrica interior, de gran calidad, a través de una solución práctica y funcional, que se estima como muy buena.

Por otra parte, contempla una superficie construida de 24.914,48 metros cuadrados de los que 14.574,75 serían bajo rasante y otros 10.339,73, sobre rasante. Entre otros aspectos, contempla la construcción de dos sótanos y el aprovechamiento de las zonas libres de la parcela en el norte (calle Manuel Velázquez Cabrera), sur (nuevo vial trasera del cuartel) y este (calle República de México). Es los sótanos se ubicarán, entre otras dependencias, parte de las zonas generales (como los aparcamientos y locales de mantenimiento), archivos de documentación y dependencias del IML.

Asimismo, contempla las preceptivas zonas de seguridad para detenidos y presos con tratamiento diferenciado de los calabozos de hombres, mujeres y menores (y sus aseos), con separación entre ellos conforme a las disposiciones legales, por lo que el traslado de las personas detenidas al Juzgado de Guardia y de las personas presas a las plantas superiores se producirá de forma segura e íntima a través de circuitos restringidos.

El acceso principal del público, en la planta baja, se resuelve desde la plaza. Existirá un acceso diferenciado para el Juzgado de Guardia, que puede ser utilizado igualmente por el personal funcionario y del edificio, además de contar con otro para la Sala de Bodas y el Registro Civil. Por lo que respecta a la Clínica Médico-Forense, estará conectada al IML del sótano. Cuenta con salas polivalentes de formación, despachos sindicales y biblioteca, así como dependencias para la Policía Judicial y una Oficina de Atención a Víctimas del Delito.

En las tres plantas siguientes se situarán los Colegios Profesionales, las Salas de Vistas, el Servicio Común Procesal General y el de Ejecución, los cuartos de Testigos Protegidos, las Salas Polivalentes, los despachos profesionales, las Salas Gesell, las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de las diferentes jurisdicciones, así como las dependencias de la Fiscalía y las de los Servicios Administrativos.

La propuesta combina la adaptación a la topografía del terreno con la conexión con los futuros espacios situados al oeste, creando ciudad. El jurado estima que la solución que presenta en relación con los espacios libres circundantes es la más “humana” de las presentadas, considerando igualmente en el subsuelo de la plaza un aparcamiento público, exento del edificio y con acceso independiente, con clara visión de futuro.

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La Dirección General de Justicia promueve la eficiencia energética en la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife

El director general, Cesáreo Rodríguez, anuncia la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos para las personas usuarias de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que dirige Cesáreo Rodríguez, anuncia la puesta en marcha de un punto de recarga para vehículos eléctricos para personas usuarias de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, iniciativa impulsada desde este centro para promover la eficiencia energética.

En ese sentido, Rodríguez explica que el objetivo es aumentar la eficiencia energética de los vehículos de carretera y contribuir a la reducción del CO2 en el transporte, por lo que la Administración busca fomentar el uso de vehículos eléctricos, incluyendo los eléctricos ligeros, para lo que resulta conveniente la implantación de una infraestructura de red que permita la entrega de energía a través de puntos de recarga eléctrica en condiciones de seguridad dentro de la Normativa Técnica vigente.

En concreto, el punto exterior para recarga de vehículos eléctricos se encuentra en el margen izquierdo de la calle Dr. Antonio Perera Reyes, dentro de las plazas reservadas a los servicios judiciales.

Este punto de recarga permite la conexión de vehículos híbridos y eléctricos enchufables mediante conector estándar en un modo de carga semi-rápida (32 Amperios). Para su uso restringido se precisa la habilitación por parte de esta Dirección General mediante la entrega de una tarjeta de proximidad con clave personalizada para la activación de la conexión y el suministro de carga que se precisen, toda vez que sin la misma no se permite su uso.

Como complementación del sistema, el punto de recarga dispone de comunicación vía módem 3G para el registro energético y los consumos que se realicen, incluso monitorización en tiempo real, así como la posibilidad de configurar parámetros como controles horarios de uso.

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La Dirección General de Justicia recurrirá la sentencia sobre el cese de la exdirectora del IML de Las Palmas

El Gobierno recurrirá sentencia sobre cese IML

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, considera que el procedimiento llevado a cabo para cesar a Melián, que ostentaba un cargo de libre designación, cumplió con todos los extremos legales

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, anuncia, tras haberse estudiado la sentencia del juzgado de los Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el cese de María José Melián como directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que el Gobierno canario recurrirá la misma al entender que la Administración cumplió con todos los extremos señalados por la ley para llevar a cabo el mismo.

En este sentido, Rodríguez recuerda que el cargo que ostentaba Melián es de libre designación, por lo que debe aplicarse el artículo 80 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece que las personas titulares de ese tipo de puestos podrán cesarse “discrecionalmente”.

Rodríguez explica que, si bien la ley no impone ninguna exigencia adicional en estos supuestos, los tribunales consideran la necesidad de señalar una mínima motivación, por lo que la Dirección General no se limitó a dar cumplimiento al EBEP cesando a la directora por falta de confianza, sino que motivó, entiende que suficientemente, la resolución del cese, por lo que considera que hay motivos para recurrir el fallo.