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La oposición al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa se ha celebrado con normalidad en Canarias

Oposiciones en Canarias al Cuerpo de Gestión Procesal

A la prueba, desarrollada en las dos capitales canarias, se presentaron 1.183 personas de las 1.413 inscritas, y no se produjo ninguna incidencia

Las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de turno libre, celebradas este fin de semana en Canarias se han celebrado con normalidad. La oposición, convocada por el Ministerio de Justicia, ha sido organizada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y se ha celebrado en las dos capitales canarias, sin ninguna incidencia y con la participación de 1.183 personas del total de 1.413 inscritas.

En Gran Canaria, el examen tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde se dispusieron once aulas, una de ellas adaptada para una persona con discapacidad visual.  En la capital gran canaria el número de instancias -personas inscritas- fue de 818 y se presentaron 638 personas, 15 de ellas con alguna discapacidad, que estuvieron asistidas por 24 vigilantes y cuatro personas de la Unidad de Colaboración del Tribunal Delegado en Canarias.

En Tenerife, la oposición se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna (ULL) en seis aulas, cinco de ellas para realizar el examen y otra sala para incidencias sin que se presentara ninguna. De las 595 personas inscritas en Tenerife, asistieron a la prueba un total de 545, de las que 17 estaban inscritas con alguna discapacidad, y participaron 18 vigilantes y siete miembros del Tribunal Delegado en Canarias.

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Justicia organiza unas jornadas formativas sobre violencia machista desde un enfoque multidisciplinar

Justicia organiza las jornadas pacto estado contra la violencia de género

Tendrán lugar en la ULPGC los días 28 y 29 de noviembre y se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense, salud y género, evaluación psicológica de menores, educación e igualdad y valoración de riesgos, entre otras

El enfoque multidisciplinar de la violencia machista es el objeto de las jornadas ‘Pacto de Estado contra la violencia de género’, que tendrán lugar en Gran Canaria los días 28 y 29 de noviembre, organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y que se enmarcan en los actos de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente cada 25 de noviembre.

Las jornadas, que tendrán lugar en el Aulario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), están dirigidas a profesionales del ámbito del derecho y de la medicina forense, así como a todas aquellas personas que atienden a las mujeres y menores en situación de violencia de género desde el punto de vista social y policial. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través del correo electrónico iml.lpa@justiciaencanarias.org.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, inaugurará el próximo 28 de noviembre esta actividad formativa, en la que se abordará la violencia de género teniendo en cuenta a los distintos sectores implicados. Así, durante el primer día, se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense y la vulnerabilidad social en víctimas, sobre salud y género y sobre la evaluación forense de menores expuestos a violencia machista.

Además, se informará sobre la Red Insular de Recursos Especializados en Violencia de Género en Gran Canaria y se disertará sobre distintos enfoques respecto a las violencias sobre las mujeres.

La jornada del 29 de noviembre se abrirá con una ponencia sobre la educación en y para la igualdad, vinculada también a la juventud y la violencia de género, y se analizará la igualdad y las masculinidades.

La aproximación a la dinámica del maltrato psicológico y la evaluación psicológica forense en la violencia de pareja será otra de las comunicaciones que se abordarán en las jornadas, que concluirán con la celebración de una mesa redonda sobre la valoración del riesgo en violencia de género.

Las jornadas ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género: hacia un enfoque multidisciplinar’ se financian con fondos obtenidos por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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Pérez tacha de antiguo y burocrático el sistema de pago para la justicia gratuita y aboga por hacerlo más sencillo

Julio Pérez aboga por hacer más sencillo el pago para la justicia gratuita

 Asegura ante el pleno del Parlamento que no hay ni ha habido en los últimos meses deudas con las personas que prestan dicho servicio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, abogó hoy por hacer más sencillo el actual sistema de pago de las cantidades correspondientes a la asistencia jurídica gratuita, al considerarlo como burocrático, rudimentario y antiguo, pero aseguró que no existe ni ha existido en los últimos meses ninguna deuda con las personas que prestan dicho servicio. “Otra cosa es si los colegios de abogados tienen deudas al respecto con sus personas colegiadas”, puntualizó.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Pérez explicó que una vez que la persona realiza el trabajo, el colegio de abogados tiene hasta tres meses para facturar por el servicio y detalló que habitualmente tardan un mes en enviar la factura, que posteriormente debe ser revisada por la consejería competente. Si se observan errores, se comunica al colegio correspondiente y tras su subsanación el Gobierno “paga en el acto”, remarcó.

El consejero indicó que el Ejecutivo canario invierte 20 millones en el pago por este servicio gratuito que, aseguró, es bueno, pero insistió en que querría cambiar el sistema de abono porque para muchos profesionales esa retribución forma parte esencial de los ingresos de su familia y hay que hacerlo más sencillo.

La Viceconsejería de Justicia y Altihay organizan la I Jornada de Delitos de Odio por LGTBIfobia

Fuerteventura acoge I Jornada de LGTBIfobia de Canarias

Tendrá lugar el próximo viernes, 22 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas, en el Parque Tecnológico de Fuerteventura

La Viceconsejería de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y el colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Altihay) han organizado en Fuerteventura la I Jornada de Delitos de Odio por LGTBIfobia en Canarias, que se desarrollará el próximo 22 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, ubicado en el municipio de Puerto del Rosario.

La jornada, que cuenta con la colaboración del Gobierno de España y del Cabildo de Fuerteventura, será inaugurada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, quien además participará en una mesa redonda junto al director general de Diversidad del Gobierno autonómico, Julio Concepción; al fiscal especialista en criminalidad informática y  tutela penal de la igualdad y contra la discriminación de Fuerteventura y Lanzarote, Joaquín Bobillo; y a la secretaria de organización y abogada de Altihay, Desireé Chacón.

Tras la mesa redonda se impartirán tres ponencias a cargo del fiscal Joaquín Bobillo, de Moisés Vilches, miembro del área judicial de la Guardia Civil, y de César Fernández, del área judicial de la Policía Nacional.

Las jornadas servirán también como presentación de LGTBIpol, como agente de la autoridad por la Diversidad, del Observatorio contra la LGTBIfobia de Canarias, y de la Asociación de Policías LGTBI+ (GAYLESPOL).

Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden inscribirse a través del correo electrónico altihay@felgtb.org o en el teléfono 669512694.

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Entran en funcionamiento cinco nuevos juzgados con la plantilla orgánica completa

Apertura cinco nuevos juzgados

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de Primera Instancia nº17 de Las Palmas de Gran Canaria son dos de los nuevos órganos judiciales

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias informa de que esta semana se han puesto en funcionamiento cinco nuevos órganos judiciales en Canarias, tres en la provincia de Las Palmas y dos en la de Santa Cruz de Tenerife. En todos los casos disponen de sus plantillas orgánicas completas, integradas por un total de 47 personas en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, que se distribuyen en los cinco juzgados, resultando un total de 14 personas pertenecientes al cuerpo de Gestión procesal, 23 al de Tramitación procesal y 10 al cuerpo de auxilio judicial.

En la provincia de Las Palmas se han puesto en marcha el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas y que cuenta con una plantilla de 11 personas; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Arucas, en la sede de los Juzgados de Arucas, con ocho personas; y el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde, situado en el Edificio Judicial de Telde y que cuenta con nueve personas en su plantilla orgánica.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, cuya plantilla está formada por diez personas y que está situado en la Calle Celia Cruz, donde se ubicarán también las nuevas dependencias del Registro Civil; y Juzgado de Primera Instancia nº 7 de La Laguna, ubicado en el Edificio Judicial de La Laguna, con un total de nueve trabajadoras y trabajadores.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, remarca que la entrada en funcionamiento de estos cinco órganos judiciales, con la plantilla orgánica completa, quiere poner de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno de dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos indispensables para la prestación de un servicio público de calidad, siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria.

Las IX Jornadas laborales de Lanzarote abordan los desafíos del derecho laboral en la revolución tecnológica

Imagen del programa de las IX Jornadas Laborales Lanzarote

A lo largo de dos días se debatirá sobre nuevas formas de trabajo, como las plataformas virtuales; las empresas multiservicios y la determinación del convenio aplicable; el teletrabajo; los nuevos riesgos laborales vinculados a la transformación digital y sobre la integración de la persona electrónica en los centros de trabajo

El jueves y el viernes de esta semana se celebrarán las IX Jornadas laborales de Lanzarote, que tendrán lugar en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote. A lo largo de ambos días se debatirá sobre los nuevos desafíos del derecho del trabajo en la era de la revolución tecnológica y la persona electrónica, con un enfoque crítico y propositivo ante los cambios y mutaciones que se están produciendo en la era de la Europa mercantilizada, donde las fisuras del derecho social permiten la proliferación de nuevas formas de trabajo que tienden a la devaluación del ser humano y el aumento de la vulnerabilidad laboral.

Se abordarán así las nuevas formas de trabajo, como las plataformas virtuales (como Deliveroo, Glovo o Uber, entre otras); las empresas multiservicios y la determinación del convenio aplicable; el teletrabajo; los nuevos riesgos laborales vinculados a la transformación digital (violencia neuronal, fatiga digital o ciberacoso) y también sobre la integración de la persona electrónica en los centros de trabajo.

Las IX Jornadas laborales de Lanzarote están coorganizadas por la Asociación Canaria de Iuslaboralistas y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise, el Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote y otras entidades, este año bajo el título “El Derecho Social en el siglo XXI”.

Contarán con la participación de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo, como Fernando Salinas, Antonio Sempere, Rosa María Virolés o Jordi Agustí. Del ámbito académico estarán presentes catedráticos y catedráticas como Cristóbal Molina, Margarita Ramos o Amparo Ballester, así como la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Marina Mas, y el presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe.

Como en cada edición, se otorgará un premio económico de 500 euros de dotación denominado “Manuel Ramón Alarcón Caracuel” en memoria de este jurista, que se concederá a la mejor comunicación jurídica que se presente según las bases disponibles en la página web de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas: www.iuslaboralistas.com

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El Gobierno quiere “ir más de prisa” en la construcción de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario

Julio Pérez en el Parlamento de Canarias el 24 de septiembre de 2019

El 15 de julio de este año se contrató la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo edificio de juzgados de Puerto del Rosario, que deberá estregarse en mayo del próximo año

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer en sede parlamentaria que prevé que las obras de la futura sede judicial de Puerto del Rosario estén concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024. Pérez enfatizó que seguirá los trámites ya en marcha, pero más deprisa.

Pérez recordó que el concurso de ideas se resolvió en octubre de 2018 y que el pasado 15 de julio de 2019 se suscribió el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de dicho edificio, proyecto que debe entregarse en mayo de 2020. Unos meses después deberá poder ser adjudicada la construcción del nuevo edificio.

A partir de esa fecha, la duración de la construcción se prolongará de tres a cuatro años, por lo que estaría completado entre finales de 2023 y principios de 2024.

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El suelo para la nueva sede judicial de Los Llanos de Aridane debería estar disponible a principios de 2020

Julio Pérez en la sesión plenaria del 24 de septiembre de 2019

En Santa Cruz de La Palma aún no hay terreno disponible aún, aunque el Cabildo ha ofrecido la adquisición de una parcela
Los actuales edificios se permutarán con los terrenos en que se construyan los nuevos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias que la mejora de las sedes judiciales tanto de Los Llanos de Aridane como en Santa Cruz de La Palma es la misma: el intercambio de los edificios donde funcionan los juzgados en la actualidad por parcelas donde puedan construirse los nuevos edificios.

El consejero recordó que, en efecto, ya existe una parcela de titularidad municipal que cumple con las necesidades planteadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la ubicación de los órganos judiciales de Los Llanos de Aridane que permitirá satisfacer las previsiones de crecimiento de los mismos. En cambio, no existe parcela aún en el caso de Santa Cruz de La Palma.

En todo caso, Pérez aclaró que la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ya está valorando ambos edificios para su permuta. Cuando se disponga de las parcelas, añadió Pérez, los ayuntamientos tendrán que corregir el planeamiento mediante una ordenanza excepcional que posibilite su construcción, por lo que prefirió no dar una fecha concreta para el inicio de las obras.

En cambio, adelantó que el Gobierno de Canarias ya cuenta con consignación presupuestaria en el caso de Los Llanos de Aridane para la redacción del proyecto porque ya hay parcela.

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Casi 70 juzgados de paz recibirán más de 160.000 euros de la Consejería de Justicia para su funcionamiento

Imagen genérica de juzgados

Las cantidades que reciben estos órganos, que ejercen funciones judiciales y de Registro Civil, están establecidas en función de la población del municipio en el que se encuentren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la distribución de una subvención de 161.457 euros entre 69 juzgados de paz destinados a cubrir sus gastos, de manera que desarrollen sus funciones judiciales y de Registro Civil.

La cuantía que recibirán estos órganos, establecidos en general en las sedes municipales, está determinada por el número de habitantes de cada municipio, de conformidad con el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal de ese año.

De esta manera, Betancuria (731 habitantes) recibe 478 euros: mientras que Agulo, Artenara, Garafía, Vilaflor, Fuencaliente, Hermigua, El Pinar, Barlovento, Tejeda, Alajeró, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Tanque, Fasnia, Vallehermoso reciben la cuantía de 1.250 euros (con poblaciones comprendidas en el tramo de 1.000 a 2.999 habitantes).

En el tramo de 3.000 a 6.999 habitantes se encuentra los municipios de Valleseco, La Frontera, San Andrés y Sauces, Valle Gran Rey, Tazacorte, Buenavista del Norte, Los Silos, Vilal de Mazo, San juan de la Rambla, Garachico, Haría, La Guancha, Breña Baja, Arafo, Agaete y Tinajo, por lo que reciben 2.000 euros cada uno.

De 7.000 a 14.999 habitantes son los municipios de Breña Alta, Firgas, El Paso, La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Moya, Arico, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Valsequillo, Santiago del Teide, Tegueste, Antigua, Teror, Santa Úrsula y Tuineje, por lo que cada uno recibe 2.700 euros.

Entre 15.000 y 19.999 habitantes están los municipios de Yaiza, El Rosario, Santa Brígida, San Bartolomé, Mogán y San Miguel (cada uno recibe 3.025 euros), mientras que de 20.000 a 29.999 habitantes son los términos municipales de Tías, Pájara, Guía de Isora, Teguise, Tacoronte, Gáldar, La Oliva y Candelaria (con una asignación para cada uno de 3.230 euros).

De 30.000 a 50.000 habitantes (con una cuantía de 3.700 euros) están los municipios de Ingenio, Agüimes, Los Realejos y Adeje, mientras que Santa Lucía es el único que cuenta con más de 50.000 habitantes, por lo que recibe 4.289 euros.

Las cantidades asignadas se harán efectivas de una sola vez mediante un abono anticipado que son compatibles con otras cantidades que puedan realizarse por parte de las distintas administraciones públicas.

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El Gobierno ratifica su compromiso con la memoria y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

Barragán inaugura el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. En su intervención, Barragán ratificó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la memoria y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura posterior.

En este sentido, destacó que se trata de un compromiso de las administraciones canarias en general, y en especial del Gobierno de Canarias, para con la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior que, según recordó, se ha materializado en medidas y actuaciones concretas que evidencian la preocupación e interés en lo relacionado con la memoria histórica, y marca así un camino a seguir en el futuro en esta materia que no puede tener vuelta atrás ni pausa.

En su repaso, se refirió de forma expresa a la aprobación el año pasado de la Ley de memoria histórica y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que calificó de hito en la historia de nuestra comunidad autónoma. Explicó que salió adelante en el Parlamento autonómico con el apoyo de casi todos los grupos, que fueron quienes impulsaron su tramitación.

En particular, destacó que la norma remarca que la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista representan un “deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española”, y que la norma advierte de que “la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”.

Su finalidad, apuntó, es articular en el ámbito de Canarias actuaciones como el fomento de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas en ese periodo, la exhumación de sus restos, la elaboración de un registro de víctimas, facilitar el reencuentro entre parientes separados, o la divulgación de los hechos ocurridos en las Islas desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. Además, la ley canaria reconoce de forma expresa que, en muchos casos, han sido las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y las familias de las y los desaparecidos las que han impulsado acciones tanto en materia de búsqueda de fosas como en la difusión de lo acontecido en esta etapa.

También recordó el empuje y dedicación de estas asociaciones, que llevó a que el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del ahora presidente en funciones, Fernando Clavijo, haya acordado el año pasado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, entre otros, a las Asociaciones Canarias de la Memoria Histórica, alta distinción que se concede a las personas, corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias se han hecho merecedoras del reconocimiento del pueblo canario.

Con el otorgamiento de ese reconocimiento, señaló que el Gobierno canario puso en valor la labor de estas asociaciones, que fomentan la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas entre el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 y la aprobación de la Constitución Española en 1978, además de la elaboración de un registro de víctimas, la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar hasta el fin de la dictadura y recobrar la dignidad personal y familiar de esas víctimas.

En definitiva, finalizó Barragán, en Canarias existe un compromiso con el impulso al reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que el Gobierno autonómico impulsa políticas y medidas en materia de memoria histórica desde el convencimiento de que la reparación moral de las víctimas y sus familiares es justa y un auténtico ejercicio de democracia.

Las jornadas

En el encuentro participan numerosas personas expertas de primer nivel que aportan sus conocimientos y experiencias en diversos aspectos. La cita, que empezó hoy, termina mañana, y tiene lugar en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria.

Participa el doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y médico especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberria, que diserta sobre la memoria histórica en el contexto de los derechos humanos, además de otros especialistas que intervendrán en tres mesas que abordarán la legislación de la memoria desde la administración autonómica (gestión y participación); la Memoria Histórica desde perspectiva forense y arqueológica, y el movimiento ciudadano por la Memoria Histórica en el Estado español.

Además, habrá tres mesas redondas en las que se debatirán las políticas de memoria en Canarias desde la ciudadanía; la memoria de los niños robados y la Ley de Memoria Histórica de Canarias y procesos participativos.

Al acto también acudió la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Ascensión Toledo.

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