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Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

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Hoy se reincorpora el 100% del personal a las sedes y órganos judiciales de Canarias

Reincorporación del 100% del personal a las sedes y órganos judiciales de Canarias

Unas 2.500 personas que trabajan en los juzgados y órganos judiciales del Archipiélago vuelven hoy a los despachos, si bien desde la semana pasada ya se vienen tramitando todo tipo de asuntos ordinarios. En las fases anteriores del estado de alarma también estuvieron abiertos, aunque para atender los servicios esenciales

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, informa de la incorporación hoy de todo el personal en las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pérez recordó, como ya ha hecho en otras ocasiones, que todos los juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias han estado abiertos hasta la fecha, si bien lo hicieron para tramitar las peticiones y procedimientos considerados esenciales, de forma que durante estos meses pasados han cumplido con los servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.

Desde la semana pasada están abiertos para todos los asuntos ordinarios en materia de Justicia, y no solo para los esenciales, que durante este periodo habían comprendido las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad, actuaciones en causas con preso, inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquiera otras medidas cautelares o procesos urgentes que se sigan en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.

En este sentido, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, remarca que ya están preparadas las salas para los juicios y que se están celebrando con normalidad tanto juicios presenciales como telemáticos.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, explica que unas 2.500 personas repartidas entre las sedes de los órganos judiciales de todo el Archipiélago vuelven a los despachos.

Para completar la vuelta al trabajo de este personal ha sido necesario el despliegue de un dispositivo de medidas y medios materiales a fin de garantizar la seguridad y salud del mismo.

Estas medidas han incluido la colocación de 3.000 mamparas para puestos de trabajo y salas de vistas y jurados; de 300 dosificadores de gel; la distribución de 26.000 unidades de mascarillas del tipo FFP2; de 100.000 mascarillas quirúrgicas; de un sistema de cita previa en todos los juzgados; la implantación del Sistema Cisco Webex para la celebración de juicios telemáticos, y del refuerzo del servicio de limpieza.

Asimismo, se ha reforzado la higienización de aire acondicionado de las sedes de los órganos judiciales, se han señalizado las distancias de seguridad con sistemas de balizamiento y se han inhabilitado áreas para mantener la distancia de seguridad, además de otras medidas adicionales, como la distribución de 500 ordenadores portátiles para teletrabajo o el tarjetero para firma electrónica.

Julio Pérez propone prorrogar la especialización judicial en cláusulas suelo, pero sugiere cambios en el sistema

Julio Pérez y Marta Bonnet, durante la reunión sobre los juzgados especializados en la cláusula suelo

El consejero defendió ante la Comisión de Coordinación del CGPJ la continuidad de estos órganos judiciales, que dan una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, previéndose, además, un incremento de estos procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy en la Comisión de Coordinación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que se prorrogue el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados en la cláusula suelo en las Islas. Así lo trasladó al presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, y al resto de representantes autonómicos en materia de Justicia que abordaron el asunto hoy. A la reunión, celebrada por videoconferencia, también asistieron la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Justicia, Marta Bonnet.

En Canarias hay cuatro de estos juzgados, de los que dos (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) ya se había acordado que continuaran hasta diciembre de este año, fecha en la que se evaluará su desempeño, mientras que los dos restantes (Puerto del Rosario y Arrecife) debían revisarse antes del 30 de junio. Con la decisión adoptada hoy, estos dos últimos continuaran hasta el otoño, cuando se volverá a estudiar la necesidad de su continuidad.

Pérez explicó que el sistema actual, que incluye estos cuatro juzgados especializados, ha aportado al sistema judicial beneficios que justifican su continuidad, por lo que es mejor que existan a que se supriman, si bien cuestionó la suficiencia del sistema y aclaró que hay aspectos que son susceptibles de mejora. Añadió que han dado una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, y defendió su continuidad también al preverse un incremento de los procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Entre los beneficios que comportan, Pérez destacó la especialización de los mismos, que ha contribuido a que los asuntos de los que conocen se resuelvan con calidad y más pronto, además de crear una provincialización indirecta en esta materia judicial que sirve de experiencia para otros proyectos futuros. Entre los temas a mejorar, el consejero indicó la conveniencia de introducir medidas sustantivas y otras de carácter procesal que desincentiven la excesiva judicialización de estos asuntos, estableciendo un marco más protector con el consumidor y apostando por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

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La Consejería de Justicia traslada a los colegios de abogacía su disposición para facilitar el teletrabajo

Reunión de Julio Pérez con el Consejo Canario de Abogados

El consejero Julio Pérez remarcó también la disposición de su departamento para continuar en las tareas de modernización de la Administración de Justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy al presidente del Consejo Canario de Abogados, Rafael Massieu, la disposición del Gobierno de Canarias para facilitar el trabajo a distancia por parte de este colectivo en el marco de un encuentro sostenido para abordar la situación de las y los profesionales de la abogacía por la crisis del COVID-19.

Al encuentro asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet. Massieu es también el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. Asimismo, participaron el decano de los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner. y el de La Palma, José Antonio Rodríguez. A la reunión estaba convocado el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viña, que finalmente no pudo asistir.

El consejero remarcó la disposición de su departamento para continuar en las tareas de modernización de la Administración de Justicia, en colaboración con los colegios de la abogacía de manera que se facilite la realización no presencial de muchos trámites esenciales.

La reunión sirvió asimismo para abordar la habilitación del mes de agosto para la actividad judicial, que se centrará en las actuaciones que se consideren urgentes; así como para profundizar en la constitución de canales permanentes de comunicación, como podría ser la Comisión Mixta entre la consejería y los colegios de abogacía, el conjunto de operadores jurídicos, y las instrucciones para la desescalada.

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El Gobierno autoriza la segunda prórroga del servicio de vigilancia de las sedes judiciales por 6.990.449 euros

La prórroga del contrato abarca desde el 7 de junio de 2020 al 6 de mayo de 2022 (23 meses) en lo que se refiere a los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, y desde el 11 de junio de 2020 al 10 de mayo de 2021 (11 meses) para los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a una segunda prórroga del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe de 6.990.449 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

En 2018 se adjudicó la contratación de este servicio a la empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, en el caso del lote I, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, por 4.720.794 (sin incluir el IGIC) y distribuidos en 1.535.527 euros para el ejercicio 2018; 2.360.397 euros para 2019, y 824.869 euros para 2020. Asimismo, también se adjudicó a la entidad mercantil Ilunion Seguridad, SA, el lote II, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por 4.016.000 (sin incluir el IGIC), distribuidos en 1.284.688 euros para 2018; 2.008.000 euros para 2019, y 723.311 euros para 2020.

Los dos contratos se formalizaron en mayo de 2018, siendo el plazo de ejecución de dos años en ambos casos (el lote I, desde el 7 de mayo de 2018 al 6 de mayo de 2020, y el lote II, desde el 11 de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2020).

La Orden Departamental nº 63 de 28 de abril de 2020 autorizó la primera prórroga del contrato para ambas provincias, siendo el plazo de la prórroga de un mes (desde el 7 de mayo al 6 de junio de 2020, en lo que se refiere al lote I, y desde el 11 de mayo al 10 de junio de 2020, en lo que se refiere al lote II).

Pérez repasa con el ministro y los consejeros de Justicia las medidas para la reanudación de la actividad judicial

Julio Pérez y Marta Bonnet durante la Comisión de Coordinación de Justicia

Se pretende impulsar la celebración de actuaciones judiciales de forma telemática, salvo en los casos penales en que se exija legalmente la actuación presencial

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió hoy de forma telemática con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Comisión de Coordinación de Justicia que convoca y preside el ministro, junto con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de Justicia. El objetivo fue repasar las líneas maestras del decreto ley que presentará el Ministerio a fin de adoptar las medidas urgentes que permitan atender la situación creada por el Covid-19.

En el encuentro también participaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la fiscal Esmeralda Rasillo en representación de la Fiscalía General del Estado, y tres representantes del Consejo General del Poder Judicial.

Campo explicó a los consejeros que se trata de medidas excepcionales cuya vigencia se mantendrá mientras subsistía el estado de alarma, y durante los tres meses posteriores. Son medidas generales de agilización procesal tales como la habilitación de parte del mes de agosto para realizar actuaciones procesales, medidas específicas en materia concursal y de procedimiento social.

También incluirán actuaciones en el ámbito organizativo y tecnológico con el fin de simplificar y facilitar la tramitación de los procesos, controlar y evitar la concentración de personas en un mismo espacio, facilitar la movilidad y flexibilizar los horarios de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, así como permitir la celebración de actuaciones procesales telemáticas y garantizar una rápida reactivación de la Administración de Justicia.

Al mismo tiempo, explicó el ministro, se diseñará un Esquema de Seguridad Laboral que unificará los criterios y actuaciones que garanticen la salud y seguridad en el trabajo de todos los profesionales bajo un marco común que esté validado por las autoridades sanitarias.

En su intervención, Julio Pérez confirmó la oportunidad y acierto de las medidas urgentes que se avanzaron, que incluyen algunas propuestas por Canarias, lo que permitirá mantener la prestación del servicio público de Justicia y preservar la seguridad de usuarios y profesionales.

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El Gobierno asegura a través de la Administración de Justicia la protección de los derechos de la ciudadanía

El Gobierno asegura a través de justicia la protección de derechos

 Todos los juzgados y órganos en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan en los mismos las peticiones y procedimientos considerados esenciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, asegura que la Administración de Justicia sigue operativa durante el Estado de Alarma mediante la prestación de servicios esenciales, con lo que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos y las cuestiones más urgentes se atienden y reciben respuesta.

“Todos los Juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan aquellas peticiones y procedimientos considerados esenciales”, indica Pérez, quien subraya que se están cumpliendo con los servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.

Estos servicios, explica, comprenden las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad, actuaciones en causas con preso, inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquiera otras medidas cautelares o procesos urgentes que se sigan en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.

En cumplimiento de tales criterios y desde la declaración del Estado de Alarma decretada el 14 de marzo y hasta el pasado 12 de abril, los Juzgados de Canarias han registrado 5.786 procedimientos nuevos y 608 trámites incidentales en procesos ya existentes, detalla el consejero.

Servicios esenciales

Al respecto, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, afirma que la Justicia no se ha parado, y precisa que, si bien los juzgados y órganos de la Administración de Justicia no funcionan al nivel que lo hacen habitualmente, sí prestan los servicios esenciales con los que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos.

Recalca que el funcionamiento del servicio público se asegura gracias al trabajo diario de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, así como al colectivo de profesionales de los servicios de seguridad y limpieza que cada día acuden a los edificios judiciales y a la labor profesional del cuerpo de letrados y de los integrantes de las carreras judicial y fiscal.

Vallejo señala que por la parte que le corresponde como administración al Gobierno de Canarias, como responsable de medios personales y materiales, se han reforzado los servicios de seguridad de los edificios, el servicio de limpieza, los sistemas de transporte y dotado a las personas usuarias de Equipos de Protección Individual.

Relación de Procedimientos

Entre el 14 de marzo y el 12 de abril se han registrado los siguientes procedimientos:

Provincia de las Palmas

·         Juzgados de Primera Instancia: 263 procedimientos nuevos y 52 incidentes

·         Juzgados de Instrucción: 2.005 procedimientos nuevos, 96 incidentes y cuatro ejecuciones

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer (no se incluyen los procedimientos de violencia de genero registrados en juzgados de instrucción y mixtos): 138 procedimientos nuevos y 30 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 606 asuntos nuevos, 41 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 26 asuntos nuevos, un incidente y 33 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 172 asuntos nuevos y 10 incidentes

·         Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Nueve asuntos nuevos y ocho incidentes

·         Juzgados de lo Mercantil: Un asunto principal y 26 incidentes

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

·         Juzgados de Primera Instancia: 135 asuntos principales, 10 incidentes y una ejecución

·         Juzgados de Instrucción: 1.249 asuntos nuevos y 120 incidentes

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer: 88 asuntos nuevos y 46 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 994 asuntos nuevos, 140 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 37 asuntos nuevos, 10 incidentes y 83 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 19 asuntos principales

·         Juzgado de lo Mercantil: 11 asuntos principales y 15 incidentes

·         Juzgado de lo Contencioso: 33 asuntos principales y 3 incidentes.

De igual forma, para cumplir con las previsiones del RD 10/2020 de limitación de la movilidad y favorecer su reducción a niveles propios de un fin de semana, el Ministerio de Justicia, a través de una resolución de 29 de marzo de 2020, ha establecido un sistema de prestación de los servicios de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia distinguiendo entre aquellos que deben ser prestados de manera presencial y los que pueden quedar en disponibilidad.

La relación a los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia que se encuentran trabajando presencialmente (en porcentaje medio) es la siguiente:

·         Un 25% de los facultativos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

·         Un 20.9% de los funcionarios de los Juzgados de Instrucción

·         Un 24.9 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

·         Un 24.8 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer

·         Un 23.2 % de los funcionarios y funcionarias de las Fiscalías

·         Un 9% de los funcionarios y funcionarias de las secciones penales de la Audiencia Provincial.

·         Entre un 5% y un 6% de los Juzgados Penales, Decanato y Registros Civiles

En el resto de órganos se encuentran en régimen de disponibilidad

Por su parte, los integrantes de las carreras judicial y fiscal y los letrados y letradas de la Administración de Justicia se han organizado en turnos rotatorios presenciales por partido judicial y especialidad para atender los servicios esenciales, pudiendo trabajar desde su domicilio los que no acudan al juzgado al disponer de medios técnicos para la conexión en remoto al despacho profesional.

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Justicia implanta un sistema automatizado que informa de la prestación de los servicios mientras dure la alarma

Chatbot de Justicia

Se trata de un chatbot al que se accede desde la web de Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este programa informático utiliza mensajes estructurados para ofrecer información, resolver dudas y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, pone en marcha un sistema automatizado para brindar información a la ciudadanía sobre las implicaciones del estado de alarma en la forma en que se prestan los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante este periodo y el acceso a la Administración de Justicia en general.

Se trata de un chatbot, tecnología que emplea inteligencia artificial para ofrecer, a modo de conversación, información a quien lo consulte a fin de resolver dudas en temas concretos y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma.

Las áreas temáticas sobre las que se puede consultar en el chatbot incluyen dudas y autodiagnóstico sobre la Covid-19; preguntas comunes del estado de alarma; Registro Civil y cuidado de menores; Derecho Civil y Trámites notariales y tributarios; Juzgados de Guardia y Justicia Penal, y violencia de género.

Los contenidos serán objeto de actualización constante, al tiempo que las respuestas se irán perfeccionando a medida que aumenten las consultas.

Esta labor de actualización se lleva a cabo con la colaboración de la asociación Jueces y juezas para la democracia en Canarias, que participa en el proyecto mediante la aportación de información que, una vez tratada, constituye la base con la que el sistema interactúa y responde a las preguntas de la ciudadanía.

La tecnología

El chatbot ofrece servicios de información con carácter general y de forma inmediata, por lo que minora los tiempos de espera en relación a la atención presencial y telefónica en las oficinas judiciales. Además, es capaz de tender múltiples solicitudes de forma simultánea.

Brinda una atención inteligente al retroalimentarse mediante demanda o nuevos contenidos vinculados a reformas organizativas o legales, al tiempo que emplea un lenguaje adecuado y de forma personalizada.

Asimismo, permite obtener información sobre las necesidades futuras de la ciudadanía vinculada a la Administración de Justicia, y aporta conocimiento que permite detectar incrementos en asuntos de entrada o necesidades futuras.

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El Gobierno autoriza una subvención de 2,8 millones para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita

Se destina al Colegio de Abogados de Las Palmas para abonar las actuaciones desarrolladas por profesionales en el cuarto trimestre de 2019

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy un gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas, por importe de 2.836.753,07 euros, para abonar las actuaciones de profesionales en el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2019.

De esta manera, el Gobierno de Canarias, consciente de las dificultades que la declaración del estado de alarma causa en la economía de los profesionales que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, cumple con su compromiso de agilizar la tramitación del pago de las subvenciones trimestrales a todos los colegios profesionales de la Abogacía y la Procuraduría de Canarias con la mayor celeridad posible, garantizando con ello su distribución entre los y las profesionales del turno de oficio en la compleja situación existente a nivel global.

Por ello, además, ya se está tramitando el pago de las subvenciones correspondientes al cuarto trimestre de los restantes colegios profesionales de la Abogacía.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 recogen consignación presupuestaria adecuada y suficiente para hacer frente a las retribuciones por las actuaciones de profesionales por el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita y por el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita Víctimas de Violencia de Género, respectivamente.

El Ejecutivo dará cuenta al Parlamento de Canarias de esta autorización de gasto en cumplimiento con lo establecido en la ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.

Abierta la consulta pública para realizar aportaciones a la iniciativa reguladora de los PEF

Abierta la consulta pública para el reglamento de los PEF

La propuesta tiene como fin acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y las contribuciones a la misma se podrán realizar hasta el 20 de marzo

La web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública previa para recabar la opinión de personas y organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura iniciativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), elaborada de forma conjunta entre las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El plazo para realización de aportaciones finaliza el 20 de marzo de 2020.

La iniciativa normativa tiene como objeto acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los PEF en Canarias, los requisitos de acceso y permanencia de las personas usuarias al mismo, fijar el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los mismos.

El PEF es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilite la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás integrantes de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada, realizándose en los mismos un programa individualizado de intervención.

Más funciones

Con esta normativa, se pretende un concepto de PEF que no se limite, únicamente, a ser un medio para garantizar el cumplimiento de un concreto régimen de visitas impuesto por una autoridad judicial. Esta será una de las funciones a cumplir, pero, junto a ella, debe atenderse también a las derivaciones provenientes de los órganos administrativos que, en el ejercicio de su competencia en materia de tutela, asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, consideren necesaria una específica intervención familiar ante una situación de dificultad en este entorno.

Además, dado que la regulación de un recurso como los PEF tiene una clara incidencia de género, pues enlaza directamente con él ámbito de educación, cuidado y protección de las personas menores de edad, se propone una norma en la que la perspectiva de género actúe como un principio informador de todas y cada una de las intervenciones que se produzcan en el centro. Asimismo, se entiende que debe abordar también la realidad de la violencia machista.

Se estima igualmente necesario que profesionales del equipo técnico que actúen en los PEF cuenten con formación específica en materia de género desde posicionamientos que engloben el respeto y atención a la diversidad.

Según recoge el informe sobre la iniciativa, la necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española y, específicamente, de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, Canarias no ha desarrollado una regulación jurídica específica, como si acontece en otras Comunidades Autónomas, lo que ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesaria una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales que, ante la importancia y trascendencia del recurso al que afectan, no pueden cubrirse con meras directrices o protocolos de actuación.

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