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Valencia pretende replicar el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias

Valencia pretende replicar el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias

Una delegación del Ejecutivo valenciano visita las instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

Su directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia confiesa haber sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para reproducir este proyecto piloto

La viceconsejera de Justicia del Gobierno canario y el magistrado encargado del proyecto exponen el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad

La Generalitat Valenciana ha mostrado su disposición a replicar el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, inaugurado el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Canarias, tras la visita realizada esta semana a las islas por una delegación del Ejecutivo valenciano con objeto de conocer estas instalaciones.

La directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, mostró el agradecimiento por las atenciones recibidas del Gobierno de Canarias y destacó que, gracias a esta visita, han sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para replicar el proyecto en la Comunidad Valencia, donde en estos momentos hay consignada una partida presupuestaria para poner en marcha una unidad de valoración especializada en víctimas de violencia en menores y adolescentes.

Àngels Bixquert estuvo acompañada por el subdirector general de Infraestructuras Judiciales, José Ignacio Casar; el subdirector general de Modernización de la Administración de Justicia, Pedro Moga; la médico forense y jefa de sección de las Unidades de Valoración Forense Integral, María del Mar Pastor, así como la magistrada María Luisa Carrascosa y la fiscal María Alicia Serra.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, así como Tomás Martín, magistrado titular del  Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto; la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, María José Meilán, y la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola expusieron de primera mano a los representantes del Gobierno valenciano el programa de atención integral implantado en Canarias que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.

Tanto Carla Vallejo como Tomás Martín explicaron el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, que comienza los días previos a la visita al juzgado a través del libro Hoy vamos al juzgado, una publicación que se le entrega a los y las menores antes de acudir a las instalaciones judiciales. El libro, editado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, explica a los niños y niñas, con un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces y juezas que los atienden, además de los sitios y personas que conocerán en el caso de tener que visitar un juzgado.

Así mismo, se mostró cómo las instalaciones están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que permite configurar estos espacios con el fin de que prime el bienestar de los y las menores para reducir la ansiedad y tensión que puede generar la visita a los juzgados. Por ello, se señaló la importancia de la atmósfera generada gracias a la decoración, con colores en tono pastel y mobiliario destinado al esparcimiento de las víctimas con juegos, libros, cuentos y revistas adaptados a las distintas edades.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias cuenta también con una sala de exploración –que está interconectada con una sala de observación– en la que también se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario. Con esta sala se elimina la frialdad del cristal de las salas Gesell –dependencias divididas en dos habitaciones separadas por un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés– y, además, se permite que el magistrado esté en contacto con la representación letrada y de la Fiscalía.

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El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, afirma que las islas se hacen cargo por puro sentido de responsabilidad, pues desborda su capacidad y competencias. La cifra de llegadas se ha multiplicado por 50 en cinco años, al pasar de 400 en 2017 a 20.000 en 2021

Julio Pérez insiste, igualmente, en un cambio en la legislación española para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en la acogida de los niños que llegan no acompañados, ya que ante 2.500 que hay en las islas la respuesta solidaria de éstas se reduce a 200

A su juicio, el objetivo no debe ser solo impedir que salgan de su país, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente

El último convenio suscrito entre la Consejería y el CGPJ convierte a Canarias en sede permanente del Foro de Inmigración para la realización de actividades de estudio y formación sobre el fenómeno migratorio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha reiterado este lunes, durante la inauguración de unas jornadas sobre inmigración, organizadas en Santa Cruz de Tenerife por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en colaboración con el Ejecutivo canario, que debe ser la Unión Europea quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios, tal y como le atribuye el artículo 67 del Tratado de la UE, y no la administración del lugar en el que están situadas.

Julio Pérez, que ha intervenido tras el vocal del CGPJ delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, quien ha definido el archipiélago como referente de los estudios migratorios, ha afirmado que las islas se hacen cargo de la llegada de los inmigrantes a sus costas por puro sentido de la responsabilidad, pues esta tarea desborda tanto su capacidad como sus competencias. Se trata, ha dicho, de una materia que no solo es objeto de atención y preocupación para el Gobierno de Canarias, sino una prioridad política, tanto atenderla como que sea atendida.

En este sentido, ha recordado que, en cinco años, desde 2017, que arribaron al archipiélago cerca de 400 inmigrantes, hasta 2021, que se registraron más de 20.000, la cifra de llegadas se ha multiplicado por 50, y todo hace suponer, tras observar los datos de los primeros meses de 2022, que la tendencia se va a mantener.

Ha abogado, igualmente, por un cambio de la legislación española en materia de atención a los niños inmigrantes que arriban no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en su acogida, ya que la respuesta solidaria hasta ahora para los 2.500 que hay en las islas se reduce a 200 niños.

A su juicio, el objetivo de la gestión de la migración no debe ser solo impedir la salida de estas personas de su país, pues eso va contra el respeto a su dignidad, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha reconocido la calidad e interés de las materias incluidas en estas jornadas, que se celebran en el marco de un escenario se cooperación de varios años entre el Gobierno canario y el CGPJ. Marco que se ha visto reforzado recientemente con la firma de un convenio que hace de Canarias la sede permanente del Foro de Inmigración del poder judicial, con el fin de llevar a cabo actividades de estudio y formación, y que pretende implicar a otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Ha agradecido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, su dirección, y al magistrado Ángel Llorente, su coordinación.

Igualmente, ha tenido palabras de gratitud para algunos de los ponentes presentes en la sala que, durante tres días, acoge estas jornadas en el hotel AC Santa Cruz de Tenerife, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; el jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, y el director general de Casa África, José Segura. Y para la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos.

Conocimiento

Durante estos tres días, también está previsto que participen el vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Gerardo Martínez; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Pedro Hernández; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, Pilar Alonso; el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Úbeda; la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez; el teniente general del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez; el magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González; la representante de ACNUR en España, Sophie Müller; la jefa de misión en España de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM), María Jesús Herrera, y la periodista de El País María Martín. La clausura correrá a cargo del vocal del CGPJ Gerardo Martínez.

Antes de finalizar, Julio Pérez ha animado a los participantes a convertir estas jornadas en espacios de aprendizaje y conocimiento ante un asunto tan importante como la inmigración, que desde el continente africano tienen unas connotaciones de peligrosidad que no se dan en otros casos.

En esta línea, ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en Canarias como en el resto del mundo han puesto en valor que la gestión política se fundamenta en el conocimiento, que es imprescindible, e incluso decisivo, para no dar pie a la improvisación, la ocurrencia y el disparate.

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El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias

El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias

El respeto a la dignidad de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, mayores o menores, ha hecho necesario ampliar su ámbito de actuación

Ha establecido también una línea específica de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y ofrecer una mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

También se han mantenido contactos con ACNUR para mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con los migrantes se produzca de la forma adecuada

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario gasta 25 millones de euros al año -medio millón a la semana- en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en el archipiélago, según ha explicado este miércoles en el Parlamento de Canarias su titular, Julio Pérez, al ser preguntado por la diputada del PSOE Matilde Fleitas sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada.

Julio Pérez ha señalado que, aunque todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de los menores no acompañados y la necesidad de organizar derivaciones hacia la Península y, en su caso, repatriaciones, eso no releva a las islas de la necesidad de respetar la dignidad de las personas migrantes y de proporcionar mecanismos para que sea respetada. Uno de esos mecanismos, ha dicho, es la asistencia jurídica, cuyo ámbito ha sido necesario ampliar, desde hace años, para que llegara a los inmigrantes, con independencia de si eran legales o ilegales, menores o mayores.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que las islas cuentan con un buen servicio de asistencia jurídica gratuita, que se ha intentado mejorar, reduciendo, por ejemplo, el número máximo de intervenciones con inmigrantes por letrado, lo que ha provocado algún conflicto, que aún persiste, con los colegios de abogados, debido, fundamentalmente a las retribuciones.

Además, ha dicho, se ha establecido también una línea de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y puedan ofrecer una asistencia de mayor calidad a las personas migrantes, de manera particular aquellas que están ingresadas en centros penitenciarios, de internamiento o de atención temporal. Se trata, según ha advertido Julio Pérez, de que los letrados puedan prestar un servicio de orientación para que estas personas puedan ejercitar sus derechos, ya que se había observado que no lo hacían por desconocimiento, sobre todo el derecho a solicitar la condición de refugiado.

En la misma línea de respetar su dignidad y velar por sus derechos, ha apuntado que también se han establecido contactos con la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con las personas migrantes se produzca de forma más adecuada, ya que la lengua en la que hablan no siempre es el francés o lenguas árabes, sino otras lenguas.

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El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

La viceconsejera de Justicia recuerda que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica

Carla Vallejo participa en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma’, desarrollado en la capital palmera, en sustitución de Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática celebrada en Sevilla

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha puesto en valor este viernes la importancia del Poder Judicial, tanto en la gestión de la emergencia volcánica de La Palma como a la hora de abordar los retos legales de la reconstrucción, y ha recordado que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica.

Carla Vallejo, que ha participado en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma’, desarrollado en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera, en sustitución del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada en Sevilla, ha afirmado que “la crisis vulcanológica supuso un reto a todos los niveles y, por supuesto, el reto jurídico no fue ni será nada menor”.

Ha señalado que la Justicia, como servicio público esencial que es, no paró durante la emergencia en La Palma. “Pocos juicios fueron suspendidos. Hubo mucha violencia de género que fue atendida. También dotamos a los órganos judiciales de los medios necesarios para hacer su trabajo, reforzando las limpiezas extraordinarias, los traslados a las sedes judiciales y potenciando la parte tecnológica, actualizando los ordenadores y los sistemas de comunicaciones para facilitar los juicios telemáticos y ser más ágiles”, ha expuesto.

La viceconsejera ha destacado también la rápida respuesta del Poder Judicial a la hora de facilitar las herramientas legales para gestionar la emergencia. Ha explicado que el 5 de octubre, tres semanas después de la erupción del volcán (el 19 de septiembre), ya estaba aprobado un primer decreto ley que planteaba medidas específicas para las personas afectadas, tales como la instalación de notarías en los municipios damnificados.

“Este decreto no solo dio respuesta a la emergencia, sino que se anticipó al futuro”, ha dicho Carla Vallejo, ya que, según ha indicado, esta norma prevé la posibilidad de dictar planes específicos para atender el incremento de litigiosidad relacionado con la crisis o el acceso a la justicia gratuita a las personas que el volcán mermó su capacidad económica.

En la misma línea, ha apuntado que “nos vamos a encontrar con desafíos importantes y no solo en La Palma. Hay conflictos que trascienden la isla y que serán analizados a muchos niveles. Pero ya nos hemos anticipado a ello”, ha subrayado.

Ha querido igualmente destacar el trabajo que la Justicia presta en La Palma. “El sistema funciona en la isla mucho mejor de lo que debería con los medios que cuenta. No obstante, la crisis volcánica ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con medios técnicos e instalaciones para cubrir las necesidades existentes”, ha indicado, a la vez que ha aludido al compromiso de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de reforzar los servicios del Partido Judicial de Los Llanos de Aridane y los Juzgados de Santa Cruz de La Palma.

“Lo aprendimos en la pandemia, pero quedó certificado durante la crisis volcánica. Los medios técnicos nos garantizan una respuesta más eficaz. El Gobierno de Canarias tiene un compromiso firme de mejorar las infraestructuras en La Palma y la situación del personal, lo cual redundará en el desarrollo de la isla, atrayendo a más y mejores profesionales jurídicos”, ha recalcado Carla Vallejo.

A todo ello debe añadirse el esfuerzo y el compromiso de notarios y registradores, que también supieron poner en marcha servicios inmediatos y ágiles de respuesta a las demandas de los afectados en relación con la documentación y la constancia registral de sus propiedades y derechos.

La reconstrucción, todo un reto

En el citado acto, la viceconsejera ha estado acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata.

El presidente del TSJC ha comentado que tras el volcán se está viviendo “una situación inédita” en términos jurídicos. Todo “un reto” para el que ha garantizado “el máximo compromiso” por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial con el fin de ofrecer una respuesta rápida y fundamentada a las solicitudes de la ciudadanía y las administraciones.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma ha explicado cómo desde su institución, desde el primer momento, se pusieron al servicio de las personas afectadas por el volcán para asesorarlos en sus demandas.

El presidente del Cabildo palmero ha hecho hincapié en la sensibilidad que están teniendo las diferentes instituciones públicas con la isla. También ha resaltado que, “por primera vez”, se celebre una sala de gobierno del TSJC fuera de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Una muestra más del compromiso, el cariño y la solidaridad que han expresado con La Palma todas las instituciones de España”, ha agregado Zapata.

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Canarias aplaude y participa en el consenso general de Autonomías y Estado sobre actuaciones de Memoria Histórica

Canarias aplaude y participa en el consenso general de Autonomías y Estado sobre actuaciones de Memoria Histórica

Gobierno estatal y comunidades autónomas acuerdan destinar parte de los fondos a proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cuenta este año con más de 200.000 euros para esta materia. La II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en Sevilla, concede a las islas más de 65.000 euros

Julio Pérez confía en impulsar en 2022 la exhumación de las fosas descubiertas en las islas y actualizar y culminar la publicación del mapa de fosas accesibles a la ciudadanía. Solicita un banco de ADN para cumplir las previsiones de la ley canaria sobre menores robados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha aplaudido este viernes en Sevilla el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder destinar parte de los fondos a proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Histórica, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 65.470 euros distribuidos en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática celebrada en la capital hispalense bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y con la presencia del titular de este departamento, Julio Pérez.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2022 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la actualización del mapa de fosas y el registro de personas desaparecidas.

El montante distribuido en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

Durante el año 2021, la Consejería dirigida por Julio Pérez ha realizado sondeos con metodología arqueológica en la Palma, en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil Española, y un estudio de localización de posibles víctimas canarias que figuran como desaparecidas, ambos proyectos dentro de la línea uno.

También ha iniciado la elaboración de una base de datos geográfica de fosas y personas desaparecidas, así como la actualización del mapa de fosas de Canarias y el diseño del portal web de Memoria Histórica de Canarias, proyectos destinados a la divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cabe destacar la valoración de la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, y que ahora está pendiente de la elaboración de una ponencia por parte de las personas integrantes del comité derivado de la propia comisión, que deberá ser debatida en los próximos días.

Ha quedado pendiente de efectuar un estudio de geo-radar 3D multifrecuencia en una parcela situada en el municipio de Fuencaliente, en La Palma, con el fin de localizar posibles fosas relacionadas con la Guerra Civil Española.

De cara al año 2022, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro del ámbito de sus competencias, tiene previsto elaborar el adecuado registro del procedimiento de exhumaciones en el sistema SiCAV del Gobierno de Canarias, para permitir su tramitación telemática; promover la realización de las intervenciones arqueológicas que resulten técnicamente viables en las islas, para garantizar la exhumación de todas las fosas del territorio, y actualizar y culminar la publicación del mapa de fosas accesibles a la ciudadanía.

Igualmente, tiene el propósito de actualizar y publicar el listado de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, así como su accesibilidad a la ciudadanía a través de una base de datos que permita contextualizar a las mismas; regular el funcionamiento de las bases de datos de ADN de víctimas del franquismo y de la sustracción de menores, y llevar a cabo acciones concretas de estudio en relación con los menores sustraídos y garantizar la coordinación que debe existir entre la Ley de Memoria Histórica y la Ley sobre los menores robados en Canarias.

Con este objetivo, Julio Pérez ha solicitado que se impulse la creación de un banco de ADN para cumplir las previsiones de la ley canaria sobre menores robados.

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Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario tendrán la categoría de magistrado en breve

El Ministerio de Justicia comunica al Gobierno canario que ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone este ascenso de categoría solicitado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La decisión está fundamentada en el número de habitantes de hecho, la sobrecarga de trabajo, la importante actividad turística, el elevado porcentaje de inmigración y la insularidad

Julio Pérez, que reiteró la petición en la conferencia sectorial celebrada el 25 de marzo, destaca la importancia de esta medida para una isla no capitalina de cara a retener a los jueces que llegan, porque cuando ascienden se tienen que ir

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Puerto del Rosario tendrán en breve la categoría de magistrado o magistrada, según anuncia el oficio que ha enviado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María dels Àngels García, a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el que comunica que el Ministerio de Justicia ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone el citado ascenso de categoría solicitado en varias ocasiones por el departamento que dirige Julio Pérez.

La última, el pasado 25 de marzo, con motivo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrada en Avilés, donde el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reiteró la petición.

Julio Pérez también se refirió a ella en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que tuvo lugar el lunes en el Parlamento de Canarias, donde subrayó la importancia de este ascenso de categoría, sobre todo para una isla no capitalina como Fuerteventura, pues, entre otras cuestiones, ayuda a retener y que no se vayan los jueces que llegan, porque ahora mismo al ser ascendidos a magistrados se tienen que ir.

El oficio apunta que el partido judicial de Puerto del Rosario reúne una serie de características especiales que justifican la elevación a categoría de magistrado o magistrada de sus siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

En concreto, señala la población de hecho, 150.000 habitantes; la planta judicial, siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento, y la sobrecarga de trabajo, al superar en más de un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Además, indica la insularidad, la importante actividad turística y un elevado porcentaje de inmigración, sobre todo irregular, cuya llegada a Fuerteventura se viene produciendo desde hace más de 20 años.

Para el Ministerio de Justicia, en la capital majorera existe una gran densidad de población de hecho y de segunda residencia, así como personal laboral foráneo, lo que, unido al elevado porcentaje de migrantes, sobre todo irregulares, genera un incremento significativo de la carga de trabajo en los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, tanto cuantitativo como cualitativo, por la complejidad de los asuntos que deben abordar.

Conviene recordar que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone, en el apartado 2 del artículo 21, que la titular del Ministerio de Justicia “podrá establecer que los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción, serán servidos por magistrados siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija”.

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Justicia prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’

Justicia prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’

A día de hoy ya se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad anima a reflexionar sobre por qué Canarias está a la cabeza de España en litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional

Julio Pérez señala que en las islas es necesario crear más órganos judiciales, pero recuerda que es un proceso complejo si se sigue el criterio fijado por el Gobierno canario de hacerlo con la plantilla completa

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’, según ha anunciado este lunes su titular, Julio Pérez, durante el transcurso de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad celebrada en el Parlamento de Canarias.

A día de hoy, ha dicho Julio Pérez, se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales del archipiélago y, aunque las previsiones iniciales eran que el proceso de implantación finalizara el 30 de junio, el rimo actual de ejecución permite avanzar que dicho proceso finalizará en el mes de mayo.

El nuevo sistema de grabación de vistas permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, que mejora la calidad y seguridad de las grabaciones, y, además, ofrece a los profesionales la posibilidad de descargar todas las grabaciones realizadas en los procedimientos en los que hayan intervenido.

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha señalado que en Canarias la creación de órganos judiciales es una necesidad, pero no es la única medida a adoptar, pues el nivel de litigiosidad es muy alto, como demuestra que a diario los juzgados vean unos mil asuntos.

Julio Pérez ha animado a reflexionar sobre por qué desde el año 2019 esta comunidad autónoma está a la cabeza de España de litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional, aunque la tasa de pendencia 0,43 -indicador que mide la diferencia entre los asuntos resueltos en un juzgado y los pendientes- está por debajo de la media española 0,50, al igual que en la tasa de congestión -cociente entre los asuntos pendientes más los asuntos ingresados  y lo asuntos resueltos-, ya que n las Islas es de 1,49 y la media es de 1,6.

La creación de nuevas unidades judiciales, ha subrayado, es unas de las respuestas a esta situación, aunque hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, más aún si se hace con la plantilla completa, criterio seguido por este Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Así, en el año 2019, se crearon cinco, en el 2020, tres, y, en el 2021, cuatro.

A lo largo de su intervención también se ha referido a la importancia de contar con instalaciones adecuadas en las que ubicar los nuevos juzgados y se ha referido de manera especial al Palacio de Justicia impulsado en la capital tinerfeña.

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Canarias recibe 15 millones de euros más de fondos europeos para mejoras de la justicia, que suma a 10 anteriores

Canarias recibe 15 millones de euros más de fondos europeos para mejoras de la justicia, que suma a 10 anteriores

La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada en Avilés reparte la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a esta materia

El consejero Julio Pérez insiste en que se sintonicen los cambios normativos con un plan para su implantación efectiva

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad considera esencial modernizar y actualizar el diseño de los edificios judiciales para adaptarlos al nuevo modelo de organización que se implantará

Demanda conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación a poner en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación

Canarias recibirá 15.079.522 euros más de los Fondos Next Generation asignados a mejoras de la justicia, cantidad que se suma a los 10.079.505 ya recibidos el año pasado, según lo ha acordado este viernes el pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrado en Avilés, bajo la presidencia de la ministra Pilar Llop, y al que han asistido, representado a la Comunidad Autónoma de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, de forma telemática, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de forma presencial.

En dicho encuentro, que se ha desarrollado durante cinco horas, se ha dado el visto bueno a los criterios de distribución y reparto material de la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a Justicia. Para ello, se han fijado 16 proyectos prioritarios, divididos en tres grupos. Proyecto 0, infraestructuras digitales; Proyecto País, iniciativas comunes que garanticen una serie de servicios mínimos e interoperables en todo el territorio, y Proyectos de Iniciativa Autonómica, donde Canarias ha presentado cuatro, por importe de 6.715.456 euros, que han sido aprobados.

En concreto, y de acuerdo con el programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, este dinero se tendrá que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El pleno también ha aprobado el Marco Común de Igualdad, documento que pretende establecer las directrices que deben contener los planes de igualdad que se aprueben en las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia; la propuesta estándar de rehabilitaciones sostenibles, una guía que recoge los criterios a tener en cuenta en relación a la rehabilitación de edificios, y la apertura y accesibilidad del portal de Datos de Justicia.

Además, el Ministerio ha informado del estado de la tramitación de las leyes de eficiencia que tiene previsto aprobar, así como del nivel de implantación del nuevo modelo organizativo, más en concreto del apoyo técnico y la asistencia que se recibirá para el diseño de las oficinas judiciales.

En su intervención, el consejero Julio Pérez ha insistido en la importancia de que la elaboración y aprobación de las nuevas leyes y normas se acompañen de un plan detallado para llevar a cabo su implantación efectiva. Ha recordado que, en algunas reformas anteriores, como la nueva oficina judicial, ha costado años o incluso lustros su implantación. Eso no debería pasar ahora, ha dicho, especialmente a la vista de la importancia de la gran transformación de la justicia que entrañan las reformas proyectadas para la mejora de la eficiencia procesal, digital y organizativa de los juzgados y tribunales.

También se ha referido, como en anteriores conferencias, a la necesidad e importancia de que el diseño de los nuevos edificios judiciales, que en Canarias son varios y en varias islas, se atenga al nuevo modelo de organización de la justicia y no se limite a reproducir o a aumentar los espacios y la distribución tradicionales.

Julio Pérez ha hablado de la necesidad de conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación que podrán ponerse en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación, que, en algunos sitios, como Santa Cruz de Tenerife, suele necesitar una preparación muy laboriosa, a diferencia de otros partidos judiciales, como La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria, en donde los edificios actuales permiten contar con espacios susceptibles de acoger más órganos judiciales de forma casi instantánea.

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La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Cofarte y Puertos de Tenerife, galardonados por sus prácticas preventivas para frenar la expansión del coronavirus

La Mutua de Accidentes de Canarias entrega a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas en prevención de riesgos laborales en su edición de 2021

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha entregado este jueves a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, en una breve ceremonia, la placa y el diploma con los que reconoce la estrategia de prevención desarrollada ante la COVID-19 por este centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez.

En el acto, celebrado en la sede de esta entidad en Santa Cruz de Tenerife, el presidente de la MAC, Pedro Alfonso, junto al director gerente de la misma, Javier González Ortiz, y el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, han entregado también a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas preventivas en las empresas en su edición de 2021, y a Cofarte y Puertos de Tenerife la placa y el diploma en reconocimiento a las mejores prácticas preventivas para frenar la expansión de la COVID-19.

Por parte de Ámate recogió el ‘Premio Alberto Guanche’ su presidenta, María del Carmen Bonfante. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Javier Ignacio Mora, y la responsable de Recursos Humanos de Cofarte, Yineth Moleiro, hicieron lo propio con respecto al reconocimiento a las mejores prácticas para frenar la pandemia, recogiendo la placa y el diploma correspondientes.

Como es sabido, Alberto Guanche Marrero (1950-2001) fue, además de profesor de Derecho del Trabajo de la ULL, consejero de Trabajo, Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Canarias durante la primera legislatura autonómica (1987-91) y asesor jurídico de la Junta Directiva de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC).

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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

Durante ese tiempo, un comité derivado de la propia comisión, integrado por tres personas, analizará su contenido y elaborará una ponencia

Además, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar lo reparos procedimentales que vea oportunos

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha acordado este miércoles darse un mes, para estudiar la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre este documento de 3.000 folios.

Junto a la ampliación del plazo, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica ha decidido que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión Técnica analice el contenido del Catálogo y elabore una ponencia. Este comité estará conformado por la representante de la Fecai en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano.

Además, en la próxima sesión a celebrar por la Comisión para informar sobre este Catálogo, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.

Esta decisión ha sido respaldada por todos los participantes de la Comisión Técnica, menos los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que se abstuvieron, al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en la capital tinerfeña y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso.

En la reunión de esta mañana han estado, en calidad de vicepresidentas, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, como vicepresidente. También han concurrido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la jefa de Sección de Justicia y Asuntos Generales de esta Dirección General, Jana Millares, que actúa como secretaria, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González, y la catedrática de Historia del Arte de la ULL, María Isabel Navarro.

Por vía telemática, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam, el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Francisco González, el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García, así como Juan José Pestano.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha animado a todos los integrantes de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a avanzar en el estudio del contenido del Catálogo y a exponer los reparos y sus réplicas en la próxima sesión.

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