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El Gobierno se ve obligado a pedir una prórroga para los nuevos juzgados de San Bartolomé de Tirajana y Granadilla

“Tendrían que haber entrado en funcionamiento el 31 de septiembre, pero hemos encontrado que aún no se ha resuelto el arrendamiento de los locales”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Justicia la prórroga del plazo para la puesta en marcha de los nuevos juzgados de San Bartolomé de Tirajana y de Granadilla, que estaba prevista para este próximo 31 de septiembre. “Nos hemos encontrado que aún no está resuelto el arrendamiento de los locales”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

“En estos momentos, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias está tramitando los expedientes para el alquiler y, una vez que se formalice esta parte, hay que redactar los proyectos de adecuación de los citados locales, sacar a licitación las obras y ejecutarlas”, así lo ha detallado el viceconsejero en una carta dirigida esta semana al Ministerio, concretamente a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en la que Rodríguez da cuenta de la imposibilidad material de cumplir con el plazo establecido en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, para la creación en todo el país de 70 unidades judiciales, entre las que se encuentran el Juzgado de Primera Instancia nº6 y el Juzgado de Instrucción nº4 de San Bartolomé de Tirajana y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Granadilla de Abona.

“Teniendo en cuenta todos los trámites que aún quedan pendientes a día de hoy, cuando solo faltan 3 semanas para que se cumpla la fecha límite establecida para la apertura de estos juzgados, hemos solicitado al Ministerio una prórroga hasta el 1 de septiembre de 2024”, señala.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, también ha dado cuenta de esta solicitud de prórroga en su comparecencia hoy ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia en el Parlamento de Canarias con el compromiso, si fuera posible, de acortar el plazo y adelantar la fecha de apertura una vez que se resuelva el alquiler de los locales.

Justicia incorpora tres perros de apoyo a menores al Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas

Justicia incorpora tres perros de apoyo a menores al Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas

Esta medida pretende seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, lo que redunda tanto en la calidad del testimonio que debe prestar en sede judicial como en la minimización del estrés y ansiedad que pueden ir asociados a la intervención en un proceso judicial

Forma parte del desarrollo de un proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales” en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas ofrece como proyecto piloto, a través de la Asociación Terapican, el acompañamiento de los perros de apoyo a menores dentro de los juzgados y la participación posterior del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un proceso penal

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha incorporado, a través de la Viceconsejería de Justicia, tres perros de apoyo a menores al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El propósito de esta iniciativa es aminorar los efectos negativos que se producen en el menor, tanto durante el procedimiento penal como una vez finalizada su participación en el proceso, mediante la figura de estos animales en sede judicial y la puesta a su disposición de terapias con animales en el ámbito de la justicia restaurativa.

Para ello, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha adjudicado al Colegio de Veterinarios de Las Palmas el servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales”, en el marco de los proyectos del Pacto de Estado contra la violencia de Género, por un importe de 12.305 euros.

Este servicio consiste, por un lado, en facilitar la participación y el testimonio de los y las menores en el proceso a través de la presencia de un perro de apoyo, que los acompañe durante el mismo y, por otro, cubrir sus necesidades dentro de las exigencias de los procesos judiciales en los que se ven envueltos.

A juicio de sus promotores, los y las menores que participan en una causa judicial pueden ofrecer una fuente inestimable de información. Si testifican desde un estado emocional apropiado –más relajado, favoreciendo el vínculo con los profesionales judiciales que se establece de manera natural y fluida–, gracias a la presencia del perro de apoyo, la labor de los peritos es más efectiva.

La presencia de los perros de apoyo mejora el bienestar percibido por los y las menores y sus familias en todas sus áreas, siendo una presencia tranquilizadora que ejerce como colchón emocional durante todo el proceso, ayudando a que los juzgados sean percibidos, tanto por los y las menores como por su entorno, como un ambiente más amable.

El proyecto piloto ejecutado por la Asociación Terapican, bajo las directrices del Colegio de Veterinarios, no sólo ofrece la posibilidad de acompañamiento a través de perros de apoyo de los menores dentro de los juzgados, sino también posteriormente, tras la finalización del proceso, la participación del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un procedimiento penal.

Según la viceconsejera de Justicia, se trata de un proyecto piloto de la Consejería, realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo, en primer lugar, es realizar un diagnóstico y elaborar una guía de recursos de terapia con animales que puedan ser adecuados para intervenir con los menores y que cuenten con el aval del Colegio de Veterinarios.

Está previsto que durante el año 2023 se elaboren guías, protocolos y material formativo, dirigido a los órganos jurisdiccionales y fiscales con el fin de que las víctimas y sus hijos e hijas, que por cualquier causa deban intervenir en el proceso judicial, cuenten con información adecuada a los sistemas de atención y recursos.

También se pondrá en práctica el proyecto piloto de perros de terapia que intervendrán en el propio juzgado, siempre acompañados por técnicos especializados y cuando lo estime conveniente el órgano judicial.

Estos días los perros han acudido por primera vez al juzgado al llamado “día de olor” para conocer las instalaciones. Se llaman Lucas (el chihuahua), Leo (el labrador) y Lúa (la podenca). Se trata de animales especialmente entrenados para programas de terapias con menores o personas en situación de vulnerabilidad a través del servicio que presta la asociación Terapican.

Para Carla Vallejo, lo que se pretende con esta medida es seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, que redunda a la vez tanto en la calidad del testimonio que deben prestar en sede judicial, como en la minimización del estrés y ansiedad que puede ir asociado a la intervención en un proceso judicial.

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El área de Justicia cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática

El área de Justicia cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática

El III Consejo Territorial de Memoria Democrática aprueba por unanimidad la distribución de fondos correspondiente a 2023 y concede a las islas 51.592,63 euros, que se suman a los 149.500 de financiación propia

Estos fondos permiten, entre otras cuestiones, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 51.592,63 euros distribuidos en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado, en formato online, bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y que contó con la participación del titular de este departamento, Julio Pérez, y de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2023 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas.

El montante distribuido en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en la elaboración de censos de víctimas y proyectos de tratamiento de series documentales relacionadas.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado que por tercer año consecutivo las islas reciben fondos a través de esta vía, así como el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, durante la reunión, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder continuar trabajando conjuntamente en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

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El Gobierno concede 425.000 euros a la red de Puntos de Encuentro Familiar especializados en violencia de género

El Gobierno concede 425.000 euros a la red de Puntos de Encuentro Familiar especializados en violencia de género

Este montante será financiado a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y servirá para subvencionar la puesta en marcha y desarrollo de cinco proyectos en Gran Canaria, Tenerife (2), Lanzarote y Fuerteventura

Entre sus objetivos, prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios y usuarias que acuden a los PEF y garantizar una atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y mujeres, atendiendo a su condición de víctima

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, diez de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la Viceconsejería de Justicia, cinco órdenes por las que se conceden 425.000 euros a la red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) especializados en violencia de género, con el fin de financiar, durante el año 2023, cinco programas en distintas islas del archipiélago, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género establecido por el Ministerio de Igualdad para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estos cinco proyectos tienen como objetivos garantizar una atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y mujeres, atendiendo a su condición de víctima y tomando como principio fundamental de actuación la protección y salvaguarda de las personas vulnerables; fortalecer la relación entre los menores y sus madres víctimas de violencia de género, teniendo por objeto su asistencia y reparación moral; y prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios y usuarias que acuden a los PEF.

En concreto, se han concedido dos subvenciones directas con carácter excepcional de interés público a la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial “+Familia”. Una, por importe de 160.000 euros, para el desarrollo del programa “Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género en Gran Canaria”, y otra, de 80.000 euros, para la implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote.

Igualmente, se han otorgado tres subvenciones directas con carácter excepcional de interés público a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, por importe de 99.424,91 euros, 56.256,78 euros y 29.318,31 euros, para el programa “La Fortaleza: Superando la Violencia Machista en Santa Cruz de Tenerife”, “La Fortaleza: Superando la violencia Machista en Tenerife Norte” y “La Fortaleza: Superando la Violencia Machista en Fuerteventura”, respectivamente.

Los PEF son un recurso social especializado, que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico interdisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de su familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación de estos con algún familiar se encuentra interrumpida o dificultada y así se haya acordad por resolución judicial o administrativa.

Incremento del presupuesto

Teniendo en cuenta que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de denuncias por violencia de género, el desarrollo de los programas ahora subvencionados se consideran de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los tribunales, en el ámbito de la violencia de género, respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones de peligrosidad para las mujeres y sus hijos e hijas.

Las asociaciones subvencionadas deberán presentar, antes del 31 de diciembre, una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como una memoria económica justificativa del coste de las actividades desarrolladas.

El PEF es un recurso social especializado de responsabilidad pública, pudiendo establecerse tanto por la Administración autonómica como por los cabildos insulares y los ayuntamientos de canarias. No obstante, también se permite la iniciativa privada, a través de entidades sociales o del tercer sector reconocidas e inscritas en los correspondientes registros de acuerdo a la normativa de servicios sociales.

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, diez de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias y otro cuya gestión y competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria.

Desde el año 2019 se ha desarrollado una estrategia destinada a favorecer la extensión de estos servicios a través de la concesión de subvenciones a entidades con experiencia y formación en este ámbito. En tal sentido, se han creado cinco PEF y se ha incrementado notablemente el presupuesto dedicado a esta línea de actuación (de 600.000 euros en 2020 a 920.000 euros en 2022), además de una línea específica de financiación apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero con el fin de especializar a los PEF y que den una respuesta específica a esta realidad.

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El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

Aprobada una resolución en la que se dictan nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica que rigen este servicio

Clarifica la aplicación del Turno Especial de Extranjería y determina los conceptos por los que se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales, y las incompatibilidades con el letrado de guardia

La partida presupuestaria destinada a esta prestación en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha aprobado, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, una resolución orientada a mejorar las retribuciones que reciben los abogados y procuradores por sus actuaciones profesionales en la asistencia jurídica gratuita, cuya partida presupuestaria en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros.

En concreto, ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica para la retribución por este servicio de los colegios de abogados y procuradores.

Según ha explicado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, dicha resolución determina cómo se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción, que, a partir de ahora, se hará por el concepto de “procedimiento abreviado con conformidad en instrucción”, del apartado I. Jurisdicción Penal, de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales de la abogacía.

También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto “asistencia ordinaria”, del apartado IX. 1. Guardias, de los citados módulos y bases de compensación económica.

Para acreditar la existencia de dicha incompatibilidad, deberá motivarse tal circunstancia en la certificación, acreditándose suficientemente que dicho servicio no pudo prestarse por ninguno de los letrados/as que estaban de guardia el día en cuestión en el partido judicial afectado y aportarse comunicación judicial o policial que justifique la incompatibilidad.

Igualmente, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería, que incluye la asistencia en comisaría o brigada de extranjería, juzgado, centro de internamiento de extranjeros o similar, solicitud de protección internacional/asilo, así como los recursos de reforma y apelación contra la orden de internamiento, si fuese necesario, y recurso de alzada y contencioso administrativo contra la orden de expulsión.

Para evitar computar doblemente los servicios prestados por los profesionales de la abogacía, al aplicar conjuntamente el módulo y los importes relativos al Turno Especial de Extranjería y los importes relativos al recurso contencioso administrativo incluida vía administrativa, previa preceptiva contra la orden de expulsión para los mismos sujetos, la compensación económica que corresponde a estos servicios es la del Turno Especial de Extranjería.

Además, también se establece que cada profesional designado por el Colegio de Abogados atenderá como máximo a 6 personas, salvo casos excepcionales que se deberán justificar debidamente.

Esta resolución tendrá plenos efectos jurídicos y será aplicada a partir de la certificación correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presenta cada uno de los cuatro colegios de abogados del archipiélago.

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El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

Esta acreditación sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los ocho centros de España que pueden impartir esta formación lo que facilita que los médicos forenses continúen después en las islas

También se ha anunciado la habilitación, dentro del IMLCF Las Palmas, de un espacio dedicado a víctimas especialmente vulnerables como los menores, a los que se proporciona un espacio amigable adaptado al niño, niña o adolescente, denominado Casa de la Infancia

Esta actuación forma parte del proceso de humanización de la justicia promovido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de esta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado este viernes, junto con su homólogo de Sanidad, Blas Trujillo; y la directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, María José Melián y Eva Bajo, respectivamente, la acreditación del IMLCF de Las Palmas como unidad docente responsable del programa de Médico Interno Residente (MIR) para la formación de los médicos especializados en Medicina Forense.

Esta acreditación, que se ha logrado tras un proceso complejo, que ha requerido un importante trabajo, sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los 8 centros dentro de España donde se puede impartir esta formación MIR, (Barcelona, Murcia, Zaragoza, Albacete, Burgos, Bilbao y Cáceres), al poder acoger a un residente por año.

La Medicina Forense es una especialidad médica creada en 2020, que requiere que los IMLCF, para poder impartir esa formación a los MIR, se acrediten frente a Sanidad aportando un proyecto formativo y acreditando el cumplimiento de una serie de estándares de calidad.

Además, esta acreditación sitúa a estos centros no solo como unidades de apoyo fundamental a la actividad judicial, con la elaboración de pruebas periciales, sino como centros de formación e investigación, lo que redunda en la calidad y excelencia de su labor.

Julio Pérez ha explicado que el hecho de poder formar a los MIR es una señal importante sobre la calidad formativa de las instalaciones del IMLCF de Las Palmas, similar a las grandes instalaciones hospitalarias, que es donde habitualmente se lleva a cabo, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad la acreditación.

Blas Trujillo ha destacado el esfuerzo del IMLCF de Las Palmas para acreditar la formación MIR de especialistas en Medicina Forense, lo que ha permitido que este IMLCF sea uno de los ocho que existen en España con acreditación del Ministerio de Sanidad. Para ello, ha dicho, se ha firmado un convenio con el SCS para la rotación de los MIR en los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS) durante su periodo formativo de cuatro años.

La directora del IMLCF de Las Palmas ha agradecido al equipo de la Consejería de Sanidad los logros de esta legislatura y se ha referido a la sala de autopsias nivel de bioseguridad, a la colaboración con los centros sanitarios y a la acreditación presentada hoy, que va a permitir el relevo generacional con médicos especialistas formados en el propio IMLCF de Las Palmas. A su juicio, la unión entre Sanidad y Justicia debe estar siempre. Por su parte, Eva Bajo, ha hecho hincapié en que esta acreditación supone un impulso para el IMLCF de Las Palmas.

Casa de la Infancia

Julio Pérez ha mostrado también, a través de una visita a sus instalaciones, la finalización de la obra de la Casa de la Infancia del IMLCF de Las Palmas, una iniciativa promovida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro de su labor de humanización de la justicia como vía de mejora de su calidad y con el objetivo de aportar más valor y alcanzar la excelencia, que se sustenta en la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

Dentro de ese proceso de humanización de la justicia se encuentra la adaptación de los espacios judiciales en los que se trata con víctimas vulnerables a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos.

Sin duda, cuando una persona ha sido víctima de una grave agresión afloran unos sentimientos de vulnerabilidad extrema, casi imposible de soportar. Ese daño se revive durante todo el proceso judicial de manera reiterada. Por ello, necesitamos de toda nuestra capacidad para que el resultado de este proceso judicial sea un éxito compartido para todas las personas implicadas, que van desde las víctimas y sus familiares, hasta los profesionales que trabajan en este ámbito. Y muy especialmente en el caso de menores.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estas instalaciones deben ser un ejemplo, un faro que ilumine el camino a seguir por otros juzgados, como han hecho recientemente en Valencia, al copiar las que hay en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha resaltado, además, que se ha hecho con unos presupuestos modestos, muy manejables.

Blas Trujillo ha valorado el trabajo de todos los que han hecho posible este espacio amigable, un proyecto referente, en su opinión, calificativo que ha compartido María José Melián, que lo ha puesto como ejemplo para la atención de la infancia en toda España.

La subdirectora del IMLCF de Las Palmas ha señalado que la Casa de la Infancia es un modelo público en el que está todo integrado, una actuación innovadora, donde las instalaciones llevan aparejado un proyecto de investigación y atenciones. Se trata de una experiencia novedosa de la que está pendiente mucha gente fuera.

Tanto en la presentación de la acreditación docente como en la visita de las instalaciones de la Casa de la Infancia han estado presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y el director del IMLCF de Tenerife, Jesús Vega.

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Importante paso de la Policía Autonómica con la creación de la primera Unidad Especializada de Violencia e Infancia

Importante paso de la Policía Autonómica con la creación de la primera Unidad Especializada de Violencia e Infancia

Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

Establecen los protocolos a seguir para continuar realizando autopsias y otros servicios mediante el uso de las instalaciones del centro sanitario palmero

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, subraya el interés por alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurando el desarrollo básico de las tareas y la reducción de los tiempos

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, destaca la importancia de la medida, pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, ha visitado esta semana, junto con el director de Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, las instalaciones del Hospital Universitario de La Palma que el Servicio Canario de la Salud viene cediendo, para el desarrollo de actividades propias del Servicio de Patología Forense, colaboración que ahora se ha formalizado a través de una resolución conjunta suscrita por la propia Ceballos y la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández.

Esta resolución establece el procedimiento de actuación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IMLCF-TF), adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma del Servicio Canario de la Salud, para formalizar la cooperación que viene prestando el Hospital Universitario de La Palma a la realización de autopsias, autorizando a dicho instituto el uso de zonas de autopsias y servicios asociados.

En ella se plasma también que, en los supuestos excepcionales en los que no pueda desplazarse a La Palma personal auxiliar adscrito al IMLCF-TF, para realizar autopsias con el médico forense, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma facilita la disposición de una persona técnica en anatomía patológica que realice las funciones de auxiliar de autopsias con disponibilidad horaria para la práctica de las autopsias judiciales, lo que permite reducir los tiempos.

Durante la visita al centro sanitario de La Palma, Ceballos ha apuntado el interés, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de “alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurándose el desarrollo básico de las tareas”.

En este sentido, y con el fin de adecuar las instalaciones del hospital a las nuevas necesidades, se ha comprometido a iniciar el procedimiento para adquirir cuatro cámaras de conservación de cadáveres, así como una campana extractora para manipulación de formol, que serán instaladas en el Hospital Universitario de La Palma, y que, junto a las cuatro cámaras existentes actualmente, serán de uso compartido por parte de dicho hospital y el servicio de patología forense del IMLCF-TF.

Asimismo, Ceballos se ha referido al protocolo de recogida, entrada y salida de cadáveres, así como su custodia, en el IMLCF-TF en la isla de La Palma, que refuerza las garantías legales en la práctica de las autopsias.

Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha resaltado la importancia de esta resolución conjunta, “pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla, tanto por las mejoras en equipamiento técnico como por el apoyo que los profesionales sanitarios de La Palma prestarán a los trabajadores del Instituto de Medicina Legal cuando no se puedan desplazar a la isla”.

A la visita al Hospital Universitario de La Palma han asistido también el director del IMLCF-TF, Jesús Vega; la directora de Gestión y Recursos Generales del Área de Salud de La Palma, Raquel Alonso; la directora médica de Atención Hospitalaria, Diheva Fernández; y el director de enfermería de Atención Hospitalaria, Javier Jerónimo.

 

Conviene recordar, por último, que el IMLCF-TF tiene como misión asesorar y auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil de los partidos judiciales de su ámbito de actuación, mediante la práctica de pruebas periciales, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio. En esta línea, el Servicio de Patología Forense, como órgano de funcionamiento del IMLCF-TF, tiene encomendadas las funciones de investigación médico-legal, y efectuó 46 autopsias en La Palma en 2022, con un tiempo medio de realización de 24 horas.

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Julio Pérez: “La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias trata de cumplir la ley: con rigor y sin rencor”

Julio Pérez: “La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias trata de cumplir la ley: con rigor y sin rencor”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que cumple los mandatos de la ley canaria de Memoria Histórica y la estatal de Memoria Democrática para lograr los fines fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición

Señala que es un plan con un conjunto ordenado de 33 proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, con una metodología que trata de asegurar la corrección técnica y con propuestas concretas que tienen definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento

Confía en que sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido y odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este lunes en el Parlamento de Canarias que la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es un conjunto ordenado de proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, para cumplir los mandatos de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, y para alcanzar, con rigor y sin rencor, los fines y propósitos fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición.

 

Julio Pérez, que ha presentado este documento en la Cámara autonómica, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha resaltado que las actuaciones del Gobierno de Canarias en esta materia, en aplicación de las leyes, podrían ser resumidas en un breve lema “con rigor y sin rencor”, pues, en su opinión, de no ser así, no podrían alcanzarse ni buscarse los objetivos de verdad y de justicia, especialmente.

Durante su intervención se ha referido al marco legal que sustenta esta Estrategia –Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista y Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática–, y a alguna de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la presente legislatura, cono la aprobación del reglamento y la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, el protocolo de fosas, el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y el inicio de otros catálogos.

Ha insistido en la metodología utilizada para elaborar este plan, que trata de asegurar la corrección técnica, como queda constatado en sus páginas 8, 9 y 23, el análisis que se ha desarrollado de los trabajos realizados en otras comunidades autónomas, para identificar sus buenas prácticas y tendencias, y que el documento recoge propuestas concretas de proyectos concretos, con definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento, ya que, tal y como establece la ley, la estrategia requiere una evaluación bianual.

Se ha referido, igualmente, a su la naturaleza ordenada y sistemática de las actuaciones, enmarcadas dentro de tres objetivos, siete líneas estratégicas, dieciséis líneas operativas y 33 proyectos, y ha hecho hincapié en la atención pormenorizada que se presta a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano, como la comunidad LGTBIQA+.

Julio Pérez ha enumerado alguno de los 33 proyectos que recoge la estrategia, destacando el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha mostrado su confianza en que este documento sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido ni de odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia. Para ello, ha considerado que la educación y la divulgación deben constituir el eje fundamental.

 

En respuesta a alguno de los diputados que han participado en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, ha aclarado que esta no es una estrategia para este Gobierno, pues su periodo de aplicación son los dos próximos años, ni tampoco se trata de una política de una ideología determinada pues parte de la neutralidad y es fruto de la participación de muchas personas, más de 400 solo en el periodo abierto en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

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Alumnos de la ULL realizarán prácticas externas en juzgados y tribunales de Canarias

Alumnos de la ULL realizarán prácticas externas en juzgados y tribunales de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de La Laguna

El objetivo es que los estudiantes universitarios adquieran una formación integral como profesionales para que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta

Una vez terminadas las prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría

Este curso hay 163 alumnos matriculados en la asignatura Prácticas Externas del grado de Derecho

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha suscrito un convenio –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/052/005.html– con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su presidente por sustitución Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop;  y la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, para que alumnos de este centro de educación superior puedan realizar prácticas externas en juzgados y tribunales, y, de este modo, completar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Esta iniciativa pretende, según el contenido del convenio, que los estudiantes universitarios adquieran una formación que combine la teoría y la práctica, impulsando así su empleabilidad como futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.

El deseo de las instituciones firmantes del convenio es la organización de prácticas externas en juzgados y tribunales, por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación integral de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta.

En concreto, las prácticas externas –curriculares y extracurriculares–, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Canarias, están dirigidas al alumnado matriculado en la asignatura de Prácticas Externas de estudios oficiales de grado o máster que imparte la ULL y siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia. En el caso concreto del grado de Derecho este curso hay 163 alumnos matriculados en dicha asignatura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete, dentro de sus competencias, a facilitar la realización de estas prácticas, así como el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. Por su parte, corresponderá a la ULL, a través de la persona que ejerza la dirección de la asignatura de Prácticas Externas, proponer a los estudiantes que vayan a desarrollarlas.

Confidencialidad

Estos deberán mantener el secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener conocimiento durante las prácticas, incluso una vez finalizadas estas.

Una vez terminado el periodo establecido de prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría.

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de servicios prestados en el conjunto de las administraciones públicas.

Este convenio no conlleva obligaciones financieras ni contraprestación económica para ninguna de las partes. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación se ha creado una comisión integrada por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes que se reunirá al menos una vez al año.

Asimismo, la ULL se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su colaboración al Ministerio de Justicia y al CGPJ mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.

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