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El Gobierno se ve obligado a pedir una prórroga para los nuevos juzgados de San Bartolomé de Tirajana y Granadilla

“Tendrían que haber entrado en funcionamiento el 31 de septiembre, pero hemos encontrado que aún no se ha resuelto el arrendamiento de los locales”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Justicia la prórroga del plazo para la puesta en marcha de los nuevos juzgados de San Bartolomé de Tirajana y de Granadilla, que estaba prevista para este próximo 31 de septiembre. “Nos hemos encontrado que aún no está resuelto el arrendamiento de los locales”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

“En estos momentos, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias está tramitando los expedientes para el alquiler y, una vez que se formalice esta parte, hay que redactar los proyectos de adecuación de los citados locales, sacar a licitación las obras y ejecutarlas”, así lo ha detallado el viceconsejero en una carta dirigida esta semana al Ministerio, concretamente a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en la que Rodríguez da cuenta de la imposibilidad material de cumplir con el plazo establecido en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, para la creación en todo el país de 70 unidades judiciales, entre las que se encuentran el Juzgado de Primera Instancia nº6 y el Juzgado de Instrucción nº4 de San Bartolomé de Tirajana y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Granadilla de Abona.

“Teniendo en cuenta todos los trámites que aún quedan pendientes a día de hoy, cuando solo faltan 3 semanas para que se cumpla la fecha límite establecida para la apertura de estos juzgados, hemos solicitado al Ministerio una prórroga hasta el 1 de septiembre de 2024”, señala.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, también ha dado cuenta de esta solicitud de prórroga en su comparecencia hoy ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia en el Parlamento de Canarias con el compromiso, si fuera posible, de acortar el plazo y adelantar la fecha de apertura una vez que se resuelva el alquiler de los locales.

Las oficinas de información y atención ciudadana mejoran su comunicación al incorporar la lengua de signos

Las oficinas de información y atención ciudadana mejoran su comunicación al incorporar la lengua de signos

Las personas con discapacidad auditiva podrán relacionarse con el auxiliar de información a través de un sistema de videointerpretación

Gracias a la plataforma Svisual se eliminan barreras de comunicación en las oficinas ubicadas en los edificios de Servicios Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

También se ha dotado a estas oficinas de dos puestos de trabajo, cada uno con el sistema de bucle magnético, otra herramienta que elimina barreras de la comunicación

En el año 2022 se realizaron más de 55.000 atenciones presenciales, siendo los servicios más demandados el registro de entrada de documentación y la obtención del certificado digital

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha incorporado a sus oficinas de información y atención ciudadana (OCIAC), ubicadas en los edificios de Servicios Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía para garantizar que las personas con discapacidad auditiva cuenten con las mismas oportunidades de acceso a la información que el resto de la población.

Gracias al servicio de videointerpretación en lengua de signos instalado en un puesto de trabajo de cada una de las OCIAC se eliminan barreras de comunicación en estas oficinas, utilizando para ello la plataforma Svisual.

Mediante esta nueva prestación, cuando una persona acude a la oficina y solicita su uso, se accede a una plataforma y se conecta con un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) que se comunica, oralmente, con el empleado público y, visualmente, a través de LSE, con la persona con sordera, permitiendo la comunicación entre ellos.

El funcionamiento es sencillo. Cuando una persona que acuda a la OCIAC solicite el servicio, primero, se accede a la URL  https://canarias-oac.svisual.org/. A continuación, se gira uno de los monitores para que quede hacia la persona que acude a la oficina y el otro se deja hacia el puesto de trabajo y haciendo uso por parte del auxiliar de información cámara web y cascos, se pulsa en el icono «llamar». El servicio conecta con un intérprete de LSE que se comunica oralmente con la persona trabajadora y visualmente a través de LSE con la persona con discapacidad auditiva, facilitando la comunicación entre ambos. Al finalizar, se cierra la videollamada pulsando con el ratón el icono rojo para «terminar la llamada».

También se ha dotado a estas oficinas de dos puestos de trabajo, cada uno con el sistema de bucle magnético, otra herramienta que elimina barreras de la comunicación entre el personal que presta servicios en las oficinas y las personas con discapacidad auditiva que acuden a las mismas.

El bucle magnético es un sistema de comunicación para personas que utilizan audífonos o implantes. Este sistema reduce el ruido de fondo de manera significativa, mejorando así la inteligibilidad en espacios con ruido ambiente o donde la señal acústica es pobre, para ello el sistema emite señales magnéticas inalámbricas que son recogidas por el audífono.

Ambos servicios están identificados con señales en las mamparas de los puestos de trabajo en los que están habilitados, para que las personas con discapacidad auditiva sepan que pueden disponer de ellos en estas oficinas.

Las OCIAC prestan los servicios de registro de entrada de documentación, información general a la ciudadanía, obtención del certificado digital y tramitación de actuaciones de respuesta inmediata. En el año 2022 se realizaron en estas oficinas un total de 55.716 atenciones presenciales –29.063 en Las Palmas de Gran Canaria y 26.653 en Santa Cruz de Tenerife–, siendo los servicios más demandados el registro de entrada de documentación y la obtención del Certificado Digital, cuya demanda se incrementó considerablemente a raíz de la pandemia.

En las OCIAC, la cita previa no es requisito obligatorio para el acceso, ni limita la obtención de atención, de manera que las personas que acuden sin cita son atendidas, en el turno que les corresponda, sin menoscabar la atención a las personas que acuden a sus citas.

La plantilla de estas oficinas se compone, en el caso de Gran Canaria, de cinco auxiliares de información y atención ciudadana y un coordinador, mientras en Tenerife hay siete auxiliares y una coordinadora.

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El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

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Julio Pérez resalta la importancia de tener una Administración electoral cualificada e independiente

Julio Pérez resalta la importancia de tener una Administración electoral cualificada e independiente

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda que no hay democracia sin elecciones ni elecciones sin Administración electoral, y a esta no solo hay que proveerla de medios suficientes sino de formación para conocer las leyes, cada vez más complejas

La Jornada de Derecho Electoral organizada por el Gobierno de Canarias reúne a casi 40 jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia que integran las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo

Cuenta con ponentes de la talla de la catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior, Rosario García, y el letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la JEC, Manuel Delgado-Iribarren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este martes, durante la apertura de la Jornada de Derecho Electoral organizada por el Gobierno de Canarias, que no hay democracia sin elecciones y no hay elecciones sin una Administración electoral independiente, competente, bien provista de medios y, como ocurre en España, semiprofesional, formada por técnicos en Derecho y profesionales de la Administración de Justicia, jueces y magistrados.

Según ha explicado, al Gobierno de Canarias, y más en concreto a su departamento, le corresponde proveer de medios a la Administración electoral, no solo materiales, sino también de formación para conocer las leyes, cada vez más complejas. En este sentido, se ha referido a las novedades que incorpora este proceso, apuntando como la más significativa, aunque no la única, la desaparición del voto rogado.

En ese proceso de dar medios suficientes a la Administración electoral es donde se enmarca la Jornada de Derecho Electoral celebrada este martes en el Hotel Escuela de Santa Cruz, un espacio de trabajo, estudio y reflexión en el que han participado casi 40 jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia, que integran las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo.

La Jornada ha contado con ponentes de la talla de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior y ex vocal catedrática de la Junta Electoral Central (JEC), Rosario García Mahamut, y al letrado de las Cortes Generales, director de la Secretaría Técnica de la JEC y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Delgado-Iribarren.

Ellos han sido los encargados de analizar el proceso electoral y el marco normativo regulador, desde una visión de conjunto; el sistema electoral en la Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias; la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias; las novedades en el procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la reforma del artículo 75 de la LOREG (Ley Orgánica 12/2022, de 30 septiembre); y la Instrucción 1/2023, de 30 de marzo de 2023, de la JEC y sus efectos en el proceso y escrutinio de los votos de los electores CERA en las Elecciones al Parlamento de Canarias.

También han abordado la organización, funcionamiento y competencias de las juntas electorales, así como la función de garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad; la formación de las mesas electorales por los ayuntamientos y la competencia de las juntas electorales de zona de admisión de excusas; y las candidaturas –requisitos de las candidaturas y de los candidatos–; composición equilibrada de las listas; presentación, subsanación de irregularidades y proclamación; y recursos contra la proclamación de candidaturas.

A lo largo de la Jornada se ha hablado de la campaña electoral –concepto–; la precampaña permitida; las campañas y actos de los poderes públicos: campañas institucionales permitidas, y campañas de logros e inauguraciones prohibidas; actuaciones contrarias a los principios de igualdad y la neutralidad; la distribución de medios y espacios públicos gratuitos; el respeto a los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación social; campaña y redes sociales.

Igualmente, se ha tratado la votación y el escrutinio por la Mesa Electoral; la votación ante la Mesa Electoral; el voto por correo; el escrutinio provisional por las mesas electorales; el escrutinio general por las juntas electorales; el recurso ante la JEC y la proclamación de los candidatos electos por las juntas electorales; y el recurso contencioso-electoral y el recurso de amparo.

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El Gobierno de Canarias incorpora seis nuevos helicópteros multifuncionales al Grupo de Emergencias y Salvamento

El Gobierno de Canarias incorpora seis nuevos helicópteros multifuncionales al Grupo de Emergencias y Salvamento

Todos ellos son del modelo Bell 412 EP, que reúne una serie de características más apropiadas a las labores de rescate en mar y tierra, extinción de incendios y otros servicios de vigilancia y prevención

Además de prestar un servicio multifuncional, ofrece la posibilidad de localizar personas a través del móvil y cuenta con flotadores y patines que dan mayor seguridad a las operaciones en el mar

El contrato, de cinco años y financiado con fondos europeos, tiene un presupuesto de unos 50 millones de euros, que incluye los costes necesarios para disponer de las aeronaves y su tripulación permanentemente operativas, y las horas de vuelo a realizar

El consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Emergencias ha presentado este jueves, en el helipuerto de La Guancha, uno de los seis nuevos helicópteros multifuncionales que el Gobierno de Canarias ha incorporado al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Se trata del modelo Bell 412 EP, aeronave que reúne una serie de características que la hacen más apropiada a las labores que se desarrollan en el archipiélago.

Entre las principales novedades de este modelo de helicóptero, que estará en las bases ubicadas en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura, conviene destacar su capacidad para prestar un servicio multifuncional (rescates en mar y tierra, extinción de incendios y otros servicios de vigilancia y prevención); la posibilidad de llevar a cabo la localización de personas a través del teléfono móvil; y la incorporación de flotadores y patines para dar mayor seguridad a las operaciones de rescate en el mar y en el repostaje de la cesta de incendios.

Igualmente, cuenta con mejoras en los sistemas de los helibaldes para la extinción de incendios -dos bambis por cada una de las seis bases, con sistema electrónico de múltiple descarga y un mecanismo que permite el llenado del dispositivo sin que sea preciso sumergirlo totalmente- y también en las comunicaciones de los rescatadores.

Otra ventaja es que, al ser los seis helicópteros de iguales características, se garantiza la continuidad del servicio, ya que se pueden incorporar personas de la tripulación de cualquiera de las aeronaves, algo que no ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia, por tener dos modelos de helicópteros diferentes.

Acompañado del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas; la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de las Emergencias, Montserrat Román; el director ejecutivo y el coordinador de operaciones de la empresa adjudicataria del servicio (Pegasus), Jesús de la Fuente y Manuel Ferragut, respectivamente; y la tripulación del GES Aire, y después de haber observado el helicóptero, Julio Pérez, ha puesto de relieve que el nuevo equipamiento es fruto de un laborioso proceso -ha felicitado a la Administración y a sus funcionarios-, que ha tenido como fruto el contrato de estos seis helicópteros, durante cinco años por 50 millones de euros.

Ha resaltado que se trata de una inversión en seguridad y, por tanto, de tranquilidad para los canarios de las 8 islas, que permite incorporar novedades técnicas y modernizar y mejorar el equipamiento. El consejero se ha referido igualmente a la cualificación de las personas que prestan este servicio, pilotos, operadores de grúa y rescatadores, y ha recalcado sus características humanas, con una vocación y un compromiso singular con este tipo de labor que hacen. Del mismo modo, ha afirmado que en esta legislatura la seguridad ha sido una de las prioridades del Gobierno.

Un modelo referente

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de las Emergencias también ha subrayado la importancia del acto por el trabajo desarrollado durante estos años para adecuar estos helicópteros a las circunstancias del archipiélago. Ha hablado de la formación del personal ya cualificado para rescates complicados en tierra y mar, y ha advertido de que en España solo se puede encontrar un servicio similar en Cantabria, donde cuentan con dos aeronaves, por lo que se puede decir que estamos ante un modelo referente.

El coordinador de operaciones de la empresa Pegasus ha hecho hincapié en la excelencia del operativo en un terreno complicado, por parte un personal exigente, que dispone de maquinaria moderna adaptada a las características de las islas.

También ha intervenido Hugo Asensio Álvarez, uno de los pilotos que opera desde la base de La Guancha, quien, tras explicar cómo sería un operativo en el caso de un desaparecido en el Parque Natural de Anaga, ha dicho que forma parte de un equipo muy engrasado para operaciones muy exigentes, que pueden pasar en solo horas de un rescate en el mar a uno en alta montaña.

Durante esta legislatura (2019-2023) el GES ha efectuado 796 rescates en tierra, 856 en mar (muchos de ellos en condiciones difíciles de oleaje, calima y turbulencias de viento racheado) y 264 servicios de extinción de incendios. En total, 1.916 intervenciones en las misiones principales. También se llevan a cabo otras actuaciones como las de detección y seguimiento de episodios de contaminación marina o vuelos preventivos en eventos multitudinarios.

Por islas, Tenerife se lleva la palma en cuanto a números de intervenciones, 375 rescates en tierra, 294 rescates en mar y 79 incendios. La sigue Gran Canaria, 175 en tierra, 209 en mar y 81 incendios. La Palma registró 95 en tierra, 88 en mar y 68 incendios. Lanzarote es la cuarta con 46 en tierra, 104 en mar y un incendio. Fuerteventura, con 26 en tierra, 95 en mar y cero incendios es la quinta. La Gomera ocupa el sexto lugar con 66 rescates en tierra, 22 en mar y 11 incendios. Y cierra la lista El Hierro con 13 en tierra, 44 en mar y 24 incendios.

El contrato, financiado con fondos europeos, se podrá prorrogar hasta que comience la ejecución del nuevo, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

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Mil cien aspirantes han concurrido al test de las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica del CGPC

Mil cien aspirantes han concurrido al test de las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica del CGPC

Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

La incorporación de estos candidatos permitirá que el Cuerpo General de la Policía Canaria cuente con 295 efectivos al inicio de la próxima legislatura, 225 más que al comienzo de la presente

Son las primeras oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria sin el requisito de la estatura mínima

Mil cien aspirantes se han presentado este fin de semana al test incluido en las pruebas de selección convocadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de una resolución publicada el pasado 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC. Esta convocatoria permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos al comienzo de la próxima legislatura, 225 más que al inicio de la presente.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La prueba de test, de 100 preguntas con tres respuestas alternativas, se ha llevado a cabo, de forma simultánea, en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a cuyas aulas han acudido 688 aspirantes, y de la Universidad de La Laguna, en cuyo aulario se han presentado 412 candidatos.

Una vez superada esta prueba de conocimiento, que es eliminatoria, deberán enfrentarse a un supuesto práctico, un examen de inglés, una prueba física y otra psicológica. Posteriormente, y antes de incorporarse al CGPC, ingresarán en la academia, donde estarán un periodo de cuatro meses de formación.

En estas oposiciones ya está en vigor la orden aprobada, a finales de octubre de 2022, por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que establecía el nuevo cuadro de exclusiones médicas para el acceso y provisión a las diferentes escalas y empleos del CGPC, cuadro que tiene como principal cambio, respecto al anterior, la supresión de la estatura mínima como requisito para el ingreso en el citado Cuerpo, antes estaba fijado en 1,65 metros, para los hombres, y en 1,60 metros, para las mujeres, y también aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes, como el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.

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Santa Cruz de Tenerife, Arafo y La Orotava se unen a la Red de Gobierno Abierto Canaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, da cuenta al Gobierno de los acuerdos de adhesión

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, con corporaciones locales de las islas, durante el tercer trimestre de 2022.

En dicho periodo, se firmaron tres adendas de adhesión al convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de La Orotava, Arafo y Santa Cruz de Tenerife.

Este convenio, firmado el pasado 18 de febrero, permite establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

El artículo 16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias impone la obligación de dar cuenta al Gobierno de Canarias de los convenios de colaboración suscritos con las entidades locales por la Administración de la Comunidad Autónoma, e incluye los convenios de colaboración que impliquen obligaciones de contenido económico y que, en consecuencia, requieran previo acuerdo del Gobierno para su celebración (artículo 16.2 de la citada Ley 14/1990), así como aquellos que no precisan dicha autorización, como es el caso de las tres adendas formalizadas en el tercer trimestre de 2022.

El Gobierno aprueba el protocolo de medidas a aplicar con los animales ante emergencias de protección civil

El Gobierno aprueba el protocolo de medidas a aplicar con los animales ante emergencias de protección civil

Deberá ponerse en marcha siempre que la naturaleza del riesgo o su posible evolución afecte o pueda afectar de forma colectiva a los animales poniendo en peligro inminente su vida

La necesidad de este protocolo se puso de relieve en toda su intensidad con ocasión de la emergencia volcánica de septiembre de 2021 en La Palma y en los grandes incendios forestales de 2017 y 2019 en Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se modifica el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), aprobado mediante Decreto 98/2015, de 22 de mayo, con el objeto de incorporar un anexo con el protocolo que articula las medidas de actuación a aplicar con los animales ante emergencias de protección civil.

Tal y como establece el decreto, este protocolo será de aplicación cada vez que se active el Plateca o cualquier otro plan especial o específico de protección civil de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre que la naturaleza del riesgo o su posible evolución afecte o pueda afectar de forma colectiva a los animales poniendo en peligro inminente su vida.

La puesta en marcha de este protocolo está justificada porque, en situaciones de emergencia de protección civil, tanto los animales silvestres y de compañía como los animales de explotaciones ganaderas, incluidos los núcleos zoológicos, pueden resultar gravemente afectados, como se puso de manifiesto, en toda su intensidad, con ocasión de la emergencia volcánica de septiembre de 2021 en La Palma -donde se evacuaron varias especies de fauna exótica, 300 mascotas, más de 200 cabezas de ganado particular y sobre 1.000 de granja, 700 antes de la erupción- y de los grandes incendios forestales que afectaron en 2017 y 2019 a Gran Canaria.

El propósito de estas medidas es ayudar a limitar los efectos lesivos en los animales, así como evitar su sacrificio ante situaciones de esta naturaleza, procurándoles una mayor atención y articulando soluciones que permitan su evacuación, refugio y alimentación con el fin de evitar su abandono en las zonas afectadas, facilitando una mayor rapidez en su rescate y protección, además de homogeneizar los criterios de actuación y gestión y las metodologías de trabajo aplicables.

A la hora de justificar este protocolo, junto con la pérdida de la vida de los animales, hay otras consecuencias relevantes que tener en cuenta, como son los daños que se producen a la economía y a los ecosistemas, el problema de salud pública que generan los cadáveres de los animales, la significativa afectación psicológica de sus propietarios y, en relación con la propia gestión de la emergencia, la oposición o resistencia que pueden presentar las personas a ser evacuadas dejando a sus animales abandonados a su suerte.

El Gobierno autoriza el pago de 2,16 millones de euros para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita

La cuantía corresponde al segundo trimestre de 2022 del Colegio de Abogados de Las Palmas y es ligeramente superior a la del primero debido al incremento en el número de asuntos del turno de oficio

Los servicios derivados del turno especial de extranjería experimentan un descenso significativo, situándose en el importe más bajo desde el primer trimestre de 2021

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este miércoles, 21 de septiembre, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, un gasto de 2.161.065,02 euros destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondientes al segundo trimestre de 2022, cumpliendo así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, que establece, en el apartado 1 de su artículo 27, que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a los dos millones de euros.

Se trata de una cantidad ligeramente superior a la autorizada para el primer trimestre de 2022, que ascendió a 2.083.430,33 euros, debido al incremento del número de asuntos del turno de oficio, que pasan de 6.161 a 7.210, lo que provoca que el importe se eleve de 1.126.272,76 a 1.305.118,45 euros, el 15,6%.

No ocurre lo mismo con los servicios derivados del turno especial de extranjería, que experimentan un descenso significativo, situándose en 82.895,45 euros, el importe más bajo desde el primer trimestre de 2021 (100.480 euros). En el primer trimestre de 2022 ascendió a 192.480,66 euros.

Al turno de oficio y el turno especial de extranjería hay que sumar otros gastos como el servicio de guardia (324.159 euros), las guardias de violencia de género (191.100 euros), las guardias de enjuiciamiento rápido (257.712 euros) y los servicios adicionales por incompatibilidad (700 euros). A estas cantidades hay restar 2.219,88 euros por las regularizaciones efectuadas por los letrados.

El Gobierno acuerda impulsar la nueva ley de coordinación supramunicipal de las policías locales de Canarias

La propuesta legislativa contempla el refuerzo de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018

La nueva regulación, que sustituye a la vigente Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo y también incorpora innovaciones introducidas por la legislación estatal en esta materia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado este jueves en consideración, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el Anteproyecto de Ley de ordenación general y coordinación supramunicipal de las Policías Locales Canarias, a los efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.

Según consta en el informe elevado por Julio Pérez al Gobierno, la propuesta legislativa contempla el refuerzo de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018 y que se detallan en el Capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto.

En concreto, en materia de seguridad pública, las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.

La nueva regulación, que sustituye a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, no solo es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo, sino que, igualmente, pretende incorporar a la normativa autonómica las innovaciones introducidas en la legislación estatal con incidencia en materia de policía local. Por ejemplo, la policía de proximidad, el ejercicio de funciones de policía judicial, la posibilidad de asociacionismo municipal para el ejercicio de funciones asignadas a las policías locales o los cambios introducidos en la legislación funcionarial y sobre igualdad de género.

Así, la nueva disposición legal afronta, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos.

Y, por otro, la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.