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El ICAP recibirá este año 2,1 millones del Estado para formación del personal público

ICAP recibirá 2,1 millones en 2020 del Estado para formación

La directora del ICAP, Eva de Anta, que ha asistido en Madrid a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sostiene que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandas de la ciudadanía

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recibirá este año 2.133.600 euros, según el reparto de fondos acordado en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada en Madrid, y en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes sindicales y de la Administración General del Estado.

La directora del ICAP, Eva de Anta, asistió ayer jueves a la reunión, en la que, explica, se aprobó el acuerdo para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas por el que Canarias recibirá 1.457.000 euros correspondientes a los fondos autonómicos y 675.000 euros de los fondos locales. De Anta afirma que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandadas de la ciudadanía y afrontar los retos de crear valor público para una sociedad plural, participativa y diversa.

También se aprobó la convocatoria para 2020 de subvenciones para financiar planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, según informa De Anta, quien precisa dado que el pasado año no se convocaron dichas ayudas, en el presente ejercicio se concentrarán las partidas de los años 2019 y 2020 y se organizarán encuentros de personal técnico y directivo de los institutos de administración pública de las Comunidades Autónomas.

Durante la reunión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública, se dio asimismo el visto bueno a partidas para el desarrollo y mantenimiento del Portal FEDAP (Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas), herramienta para la gestión integral, por medios electrónicos, de las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para personal público promovidos en el ámbito de la Administración del Estado.

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Función Pública asegura que la norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

Norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

La directora general del área, Laura Martín, participa en Sevilla en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’ y afirma que el Decreto Ley da respuesta al conflicto de derechos entre diversos colectivos del personal público

La directora general de la Función Pública del Gobierno del Gobierno de Canarias, Laura Martín, habló ayer miércoles en Sevilla sobre los retos en la organización de los recursos humanos en las administraciones públicas, citó el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones canarias, aprobado por el Ejecutivo canario, y afirmó que esta norma resuelve un grave problema de gestión del empleo público al dar respuesta al conflicto de derechos entre las personas que ya tienen una plaza y aquellas que aspiran a acceder a un puesto público mediante procesos selectivos.

Martín, que hizo estas manifestaciones durante su participación en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’, explicó que la apertura de diversas oposiciones, tras un largo período sin convocar procesos selectivos, ha generado una colusión entre los derechos de los colectivos de personas que ya tienen un puesto en la Administración autonómica y de los que aspiran a una plaza, y detalló que el Decreto Ley servirá para conciliar las aspiraciones de ambas partes.

Se trata de acoplar las expectativas del personal público de acceder otras plazas, mediante concurso de traslado, con las de aquellas personas de nuevo ingreso que, tras superar una oposición, resulten adjudicatarias de una plaza, detalla la directora general de la Función Pública, quien precisó que con el Decreto Ley se afina el régimen jurídico de la adjudicación provisional.

Martín informó de que el Decreto Ley, que ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias, obliga a convocar un concurso de traslado para todo el personal cuando concluyan los procesos selectivos en curso y además trata de resolver la falta de nombramientos definitivos en las corporaciones locales de personal de Secretaría, Intervención o Tesorería.

La norma también incrementa los puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservados para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas pero que pueden acumularse a las del turno general, expuso la directora general de la Función Pública.

El Gobierno sanciona a una casa de apuestas con 20.002 euros por infracciones muy graves de la Ley de Juegos

Gobierno sanciona a casa de apuestas por infracciones graves

El local ha sido multado por la organización y explotación de apuestas sin autorización para dicho fin y por no contar con permiso para la instalación, apertura y funcionamiento de un local de apuestas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha impuesto una multa de 20.002 euros por dos infracciones muy graves (10.001 euros por cada una) a una casa de apuestas ilegal por la organización y explotación de apuestas sobre acontecimientos deportivos y de otra índole, en la modalidad presencial y electrónica, sin la correspondiente autorización administrativa para dicho fin y por la falta de autorización preceptiva para la instalación, apertura y funcionamiento en un establecimiento de apuestas externas.

Dicha multa se impone por la comisión de dos infracciones muy graves del artículo 30 a) de la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas consistente en “la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, o incumpliendo el régimen de declaración responsable, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados”.

Además, hasta que la resolución sea ejecutiva, se mantendrá el precinto cautelar de nueve terminales de apuestas externas, que carecen de homologación y de documentación identificativa, y del establecimiento de juego, así como la prohibición de realizar la práctica de cualquier actividad relacionada con la organización y práctica del juego en el establecimiento sancionado.

En la actualidad, hay instaladas en Canarias un total de seis empresas de apuestas que deben cumplir con lo establecido en la Ley de Juego y Apuestas. En relación con este tipo de actividad, además de continuar con el control y persecución de los locales de apuestas ilegales, el Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Inspección del Juego, realiza actuaciones de investigación y prevención de posibles irregularidades al tratarse de una actividad de nueva implantación en Canarias. La incorporación de nuevos efectivos al Cuerpo General de la Policía Canaria redundará en una mayor operatividad de las actuaciones de control.

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La Administración Pública Canaria obtiene sobresaliente en el Informe Anual de Transparencia de 2018

La Administración Púbica de Canarias obtiene un sobresaliente en Transparencia

La directora general del área, Marta Saavedra, dice que pese a ello cabe aún mejorar la situación actual

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha obtenido la calificación de 9,04 puntos sobre 10 en el Informe Anual de Transparencia del año 2018. Esta nota, otorgada al conjunto de los once departamentos del gobierno autónomo (diez consejerías y Presidencia), da continuidad a la progresión en materia de transparencia experimentada desde años pasados (7,69 puntos en 2016 y 8,03 puntos en 2017). El informe, elaborado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, evalúa el grado de cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la información pública de Canarias por parte de las instituciones públicas y privadas, obligadas por ley a cumplir con los preceptos de la misma.

Las competencias en materia de transparencia en el Gobierno de Canarias recaen en la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez. En opinión de la directora general, Marta Saavedra, esta buena calificación obtenida por el conjunto de la Administración Pública autonómica refleja el trabajo riguroso que se ha venido desempeñando por parte del equipo que forma parte del servicio de Transparencia y Participación Ciudadana, en coordinación y comunicación constante con las unidades responsables de la información pública de todas las consejerías, que sirven para garantizar el cumplimiento de la obligación de publicación de la información establecida en la ley. No obstante, pese a ello, afirma, cabe aún mejorar la situación actual.

Saavedra recalca que el cumplimiento de las normas de transparencia en las administraciones públicas de Canarias constituye uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno en la actual legislatura. Así, señala, uno de los objetivos que se pretenden conseguir, desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, es el avance hacia una administración cada vez más transparente y eficaz, que responda con agilidad a las solicitudes de acceso a la información pública, cumpliendo con los principios que recoge la norma para garantizar el derecho de toda la ciudadanía a la información pública, bajo los principios de accesibilidad, veracidad, gratuidad y reutilización de los datos.

Pero para ello, argumenta Saavedra, es importante que antes se refuerce la estructura organizativa del servicio y que se opte por la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la actualización y mejora del Portal de Transparencia en la web del Gobierno de Canarias, que es mejorable, y por otro lado la participación ciudadana.
En este sentido, la directora recuerda que en los presupuestos de 2020 se apuesta por seguir avanzando, dentro del modelo de Gobierno Abierto, hacia la rendición de cuentas, donde la información que se publique sea más accesible a la ciudadanía. Durante este año se ha dado un paso significativo en la publicación de la información automatizada y en formatos abiertos, pero el objetivo final es incorporar visualizaciones que permitan mostrar a la ciudadanía la información de forma más comprensible, destaca.

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Cerca de 200 empleados y empleadas públicas asisten a la primera sesión de los “ICAP´s Talk”

Primera sesión ICAP's Talk

El experto en modernización Fernando Álvarez remarca que la Administración pública debe ser un agente facilitador del cambio en la sociedad

“ICAP´s Talk” es el nombre del ciclo de charlas organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública, en coordinación con la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, destinadas al personal público para aprovechar su conocimiento en la mejora de la gestión. A esta primera sesión asistieron cerca de 200 empleados y empleadas públicas, además de altos cargos de Presidencia del Gobierno.

El invitado en esta ocasión ha sido el especialista en modernización pública, Fernando Álvarez, que ha insistido en la importancia de que las administraciones empleen los datos de los que disponen en sus procesos de mejora. Para el experto, la Administración tiene que ser el motor y un agente facilitador del cambio en la sociedad, de forma que al mismo tiempo que mejoren los servicios que presta, se generen oportunidades de emprendimiento se facilite un cambio del modelo productivo.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, inauguró el acto. Tras apuntar que es imposible cambiar la Administración sin el concurso de su personal, recordó los cuatro pilares en los que apoya su gestión: estabilidad de la Administración (para evitar que esté expuesta a sobresaltos periódicos en un entorno de cambios que son cada vez más rápidos); digitalización (para incentivar esta forma de relación entre la Administración y la ciudadanía); transparencia (la exigencia de la rendición de cuentas no debería suponer un aspectos aislado o adicional a la rutina de trabajo del personal público), y la evaluación de resultados (de forma constante a través de datos objetivos).

Álvarez puso en valor los cuatro puntos que explicó Pérez, con los que coincidió, para añadir que la modernización en el ámbito público es, principalmente, un proceso de transformación digital en el que están implicadas la sociedad, así como los sectores productivos y económicos, además de la propia Administración. Ello que implica la incorporación de tecnología en la prestación de servicios con el doble objetivo de optimizar la gestión pública y aportar valor a la sociedad, por un lado, además de generar un ecosistema de innovación y emprendimiento para que las generaciones futuras puedan desarrollar actividades profesionales en torno al mismo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los pilares estratégicos de crecimiento inteligente y sostenible.

Por su parte, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Participación, Alejandro Rodríguez, remarcó que la Administración se enfrenta a un momento crítico porque debe afrontar dos retos de manera simultánea: la transformación de lo digital en su ámbito y el relevo generacional. Enfatizó que ahora se vive no una época de cambio, sino un cambio época, y explicó que el mayor problema que se encuentra la Administración para seguir adelante en este contexto no está relacionado con el desafío tecnológico, sino con el empoderamiento de sus recursos humanos.

La directora del ICAP, Eva De Anta, relacionó el proceso de modernización de la Administración pública que el Gobierno quiere impulsar en esta legislatura con la hoja de ruta de los ODS de la Agenda 2030 a los que se refiere Álvarez. Señaló que estas charlas servirán como un punto de encuentro para originar un debate en torno a cómo afrontar este reto, a través del conocimiento de gestores expertos que puedan transmitir al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias su experiencia en este campo.

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La Consejería de Administraciones Públicas baraja modificar la Ley canaria de colegios profesionales

El consejero Julio Pérez en comisión parlamentaria

Julio Pérez aboga por que las plazas de auxiliares forenses sean cubiertas en el futuro por personal cualificado, ya que en la actualidad la selección se realiza sin la necesidad de ninguna cualificación profesional, pese a que en el sistema de Formación Profesional existe una titulación al respecto

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, señaló hoy durante su comparecencia en comisión parlamentaria que su Departamento baraja llevar a cabo una modificación de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, para adaptarla a las estipulaciones de la Directiva de Servicios de la Unión Europea. Pérez recordó que se trata de una acción recomendada por la Comisión Nacional de la Competencia que permita actualizar, entre otros aspectos, la problemática de la colegiación obligatoria o de la configuración de los colegios.

Así lo manifestó Pérez en relación a la creación del Colegio Profesional de Higienistas Bucodentales, iniciativa de la que se declaró partidario. El consejero explicó que su Departamento no cuenta con trabajos preparatorios para llevar adelante esta iniciativa, más allá de la realización de dos trámites de información a los que no concurrió nadie, y recordó que en 2015 se anunció que se impulsaría su creación, y de nuevo en 2017 se publicó en la web de transparencia del Gobierno de Canarias que se haría un anteproyecto. El año pasado se volvió a decir que habría un anteproyecto pronto, pero a fecha de hoy no existe, insistió. Pérez se mostró partidario de que haya ese colegio porque lo demandan los profesionales, y aseguró que se trabajará para lograr su creación.

Policías

Por otra parte, Pérez cree imprescindible retomar la elaboración de una ley de coordinación de las policías locales de Canarias. Aseguró que el Gobierno ya está trabajando al respecto, para lo que se ha reunido con los sindicatos del área. Además, defendió la necesidad de consolidar la Policía Canaria. El objetivo, indicó, es que este cuerpo asuma todas las competencias y responsabilidades que tiene asignadas en las leyes, para lo que resulta imprescindible aumentar el número de efectivos y mejorar las instalaciones.

Pérez ratificó que la Policía Canaria pasará de los 100 efectivos actuales a 160 a principios de 2020, y otros 60 a finales de año, para aumentar en otros 80 en 2021, y que sean en torno a los 300 al final de la legislatura.

Por otra parte, anunció que promoverá el incremento de las plantillas de las policías locales en todo el Archipiélago y, especialmente, aumentará la presencia de la Policía Canaria en Fuerteventura, primera Isla no capitalina que abarcará este cuerpo tan pronto como sus medios lo permitan.

Pérez explicó que criterios como la superficie de la Isla, el número de habitantes, las migraciones, los centros de menores, los casos de violencia machista, o la intensidad de la protección medioambiental, entre otros, explican que Fuerteventura sea la primera Isla no capitalina donde la Policía Canaria tenga presencia permanente.

IML y médicos forenses

Por otra parte, el consejero señaló que el servicio que prestan los médicos forenses en los dos Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias están cubiertos por el sistema de disponibilidad de los profesionales puesto en marcha en julio, con guardias localizadas de 24 horas, incremento de retribuciones y movilidad entre Islas, y aseguró que la relación de su Departamento tanto con médicos forenses como con sindicatos es buena e intensa.

En cuanto a las plazas de auxiliares forenses, Pérez informó de que está en curso una lista de reserva para contratar una persona interina y cubrir la vacante existente en Lanzarote, y abogó por que dichas plazas sean cubiertas en el futuro por personal cualificado, ya que actualmente la selección se realiza sin la necesidad de ninguna cualificación profesional, pese a que en el sistema de Formación Profesional existe una titulación al respecto.

Además, el consejero informó sobre los datos judiciales en relación con la violencia machista en Canarias. Apuntó que, en el segundo trimestre de 2019, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se registraron en canarias 2.471 denuncias, un 23,1% de incremento con respecto al mismo período del año anterior, e indicó que el aumento de denuncias no tiene que suponer un mal dato en sí mismo. En cambio, consideró como un dato “muy malo” que ese período haya habido 22 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, mientras que en el conjunto del Estado fue del 16,2 mujeres víctimas.

En cuanto a las órdenes de protección, en el segundo trimestre de 2019 fueron solicitadas 653, de las que se concedieron 169 y se rechazaron 273, un dato que invita a la reflexión, según Pérez, quien instó a que la lucha contra la violencia machista desde el punto de vista judicial se complemente con la lucha cultural y social.

Decreto sobre los PEF

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) fue otro de los asuntos que abordó en su comparecencia parlamentaria, durante la que anunció que se están realizado cambios al proyecto de decreto que quedó pendiente la legislatura pasada con el objetivo de aprobarlo.

Entre las modificaciones, se prevé la incorporación de la Consejería de Derechos Sociales para que se deriven a los PEF tanto los casos provenientes de los juzgados como desde los propios servicios sociales.

Pérez explicó que en los presupuestos para 2020 se han dotado unos fondos de 600.000 euros y recordó que el Gobierno de Canarias suprimió la autorización previa para efectuar el gasto, reduciendo así los tiempos de pago a las entidades gestoras.

Gobierno y Fundación Universitaria de Las Palmas colaborarán en la formación del personal público

ICAP y FULP colaborarán en la formación de personal público

 La directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, se reúnen para concretar propuestas

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) colaborarán en la formación de empleadas y empleados públicos. Al respecto, la directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, han mantenido esta semana una reunión en la que han mostrado su total predisposición a colaborar y han analizado distintas propuestas, entre ellas, la posible firma de un convenio de colaboración.

De Anta considera dicha cooperación como una gran oportunidad dado que unos de los ejes de actuación del Ejecutivo canario es la puesta en valor del trabajo del personal de las administraciones Públicas, así como la investigación en las universidades canarias.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la FULP, acordaron empezar a trabajar de forma específica para intentar desarrollar el próximo año la propuesta de un Experto Universitario en competencias digitales para la administración pública, lo que permitiría, según De Anta, convalidar créditos en la universidad y supondría una motivación para los trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas, “que son nuestro mayor y mejor recurso”.

La directora del ICAP confía en mantener próximamente un encuentro con la Universidad de La Laguna con el mismo fin, dado que la formación continua es fundamental para la optimización del servicio que prestan las administraciones públicas a la ciudadanía, y destaca el papel central de las universidades y su labor estratégica para impartir conocimientos a partir de la formación especializada.

Un total de 538 admitidos se presentarán a las oposiciones para secretarios e interventores interinos locales

538 admitidos a las pruebas selectivas de secretarios e interventores interinos

Las pruebas selectivas, consistentes en un único ejercicio para cada una de las subescalas, se celebrarán el próximo mes de noviembre

La Dirección General de la Función Pública, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha publicado la lista provisional de personas admitidas de las pruebas selectivas para la constitución de tres listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino en puestos reservados a personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, para las que han sido admitidas 538 personas. Con este proceso selectivo se pretende dar respuesta a la actual situación de insuficiencia de dichos efectivos en las corporaciones locales canarias, explica el consejero del área, Julio Pérez.

Las pruebas, consistentes en un único ejercicio para cada subescala, se celebrarán el próximo mes de noviembre, según publica esta semana el Boletín Oficial de Canarias (BOC), mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y se fija el lugar, la fecha y la hora de cada uno de los ejercicios.

Todas las solicitudes presentadas han sido aceptadas, por lo que no hay lista de personas excluidas. En total son 538 las personas aspirantes que han sido admitidas; 201 en la Subescala de Secretaría, 179 en la de Secretaría-Intervención y 158 en la correspondiente a Intervención-Tesorería.

No obstante, quienes habiendo presentado la solicitud en el plazo establecido no figuren en el listado dispondrán de diez días hábiles, a partir de mañana viernes, para presentar alegaciones. También cuentan con ese mismo plazo, quienes no indicaron en su solicitud la provincia por la que optan para la realización de las pruebas en el caso de que no estén conformen con la provincia asignada en las listas.

Las pruebas de la fase de oposición, que consistirán en un ejercicio único por cada subescala, comenzarán el próximo día 9 de noviembre, a las 9:00 horas, para la Subescala de Intervención-Tesorería y se celebrarán en el Edificio de Ingenierías, Campus Universitario de Tafira, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Biblioteca General y de Humanidades, campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna.

Los mismos lugares de las dos provincias acogerán los ejercicios de las otras dos subescalas. En cuanto a la Subescala de Secretaría, la prueba se desarrollará el 16 de noviembre, a las 9:00 horas; y el relacionado con la subescala de Secretaría-Intervención tendrá lugar a las 9:00 horas del día 30 de noviembre.

Proceso selectivo de Ingenieros Industriales

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha alzado la suspensión del plazo máximo de finalización del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, que afecta actualmente a 15 personas.

La Dirección General de Función Pública, mediante resolución de 6 de agosto de 2019, dejó sin efecto la resolución adoptada el 19 de julio de suspensión del plazo máximo de finalización de los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al Ingenieros Industriales, hasta que no hubiera un pronunciamiento judicial sobre la solicitud de rectificación de error material del fallo de la sentencia del TSJC de 14 de junio de 2019.

Una vez recibido Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 13 de septiembre de 2019, por el que se subsana el fallo de la citada Sentencia de 14 de junio de 2019, se procede ahora a alzar la suspensión del plazo máximo para resolver el referido proceso selectivo.

El director de Modernización disertará en Colombia sobre mecanismos de transparencia y registros fiscales

Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios

Pablo Hernández, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), ha sido invitado por el Consejo de Estado y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para participar en un seminario internacional e impartir clases de Máster

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios, adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández, viaja esta semana a Bogotá para ofrecer, desde el Consejo de Estado de Colombia, una conferencia sobre ‘El concepto de beneficiario efectivo y la atribución de rentas’. En la ponencia, dirigida a jueces y juezas del país sudamericano, explicará la noción de beneficiario activo, que se usa para limitar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales y en los registros de transparencia para prevenir la corrupción y otros delitos e infracciones administrativas relacionadas.

Hernández, que en 2016 recibió el premio de Tesis Doctoral de Derecho Fiscal de la Universidad parís 1 Pantheon-Sorbonne por su trabajo sobre beneficiario efectivo, participará asimismo en el Seminario Internacional Tax Meeting invitado por el departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, donde disertará sobre ‘Clausulas especiales Anti-abuso en los convenios de doble imposición’.

Profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), Hernández abordará igualmente los convenios de doble imposición en la mesa redonda de relaciones fiscales con EEUU, en la que hablará sobre el convenio de doble imposición entre ese país y España, que fue aprobado por el Senado estadounidense el pasado mes de julio, y que pretende potenciar las inversiones entre ambos países.

Asimismo, el director ha sido solicitado por la institución académica colombiana para impartir clases de Máster sobre planificación fiscal agresiva y planificación de abuso fiscal, que versarán sobre las normas más recientes en la Unión Europea y la OCDE para prevenir la planificación fiscal abusiva de las multinacionales y hablará de la Zona Especial Canaria como régimen fiscal especial que no es perjudicial.

Durante su estancia en el país sudamericano, ofrecerá también una conferencia en la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), patronal de Colombia, sobre las nuevas normas anti-abuso, seguridad jurídica y los nuevos mecanismos de compliance y cumplimiento cooperativo para facilitar la administración, gestión y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las líneas de investigación de Hernández sintonizan con algunas de las actuaciones y trabajos que el consejero Julio Pérez ha puesto en marcha en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Así por ejemplo, Pérez ha remarcado el papel de la transparencia como instrumento transversal de todas las demás políticas del Departamento, al tiempo que ha defendido el establecimiento de un sistema de gestión y conocimiento de datos para su reutilización y aprovechamiento por parte de la ciudadanía y las empresas y la incentivación de la participación de personas particulares y también de asociaciones y grupos sociales en la tramitación de instrumentos normativos y actuaciones que lo permitan.

Así, una de las líneas de actuación del Ejecutivo en esta legislatura es aumentar la transparencia en la gestión con el objetivo de alcanzar una ‘Administración de cristal’, por lo que esta debe dejar de ser una fase posterior a la acción del Gobierno para convertirse en una fase simultánea a la misma.

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Los 14.000 aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según prevé Función Pública

Aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según Función Pública

La directora general Laura Martín recuerda que entre ambos procesos selectivos son 116 las plazas que se asignarán

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, anuncia la disposición del Ejecutivo para convocar los procesos selectivos de auxiliares y administrativos para la Comunidad Autónoma los días 23 y 24 de noviembre, a los que se podrán presentar unas 14.000 personas entre las dos provincias canarias.

Se trata de un procedimiento selectivo masivo en cuanto al número de aspirantes que no tenía lugar en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2008.

En total son 116 las plazas a las que se pueden presentar las personas aspirantes, 64 plazas en el caso del proceso de selección de administrativos y 52 en el caso de auxiliares. Las pruebas tendrán lugar en las sedes de las dos universidades públicas de las Islas.

Para el Cuerpo de Auxiliares, en el que han sido admitidos 3.643 aspirantes, se contará con 42 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 4.220 aspirantes en la Universidad de La Laguna con un total de 47 aulas. Se contará igualmente con la asistencia de un número aproximado de 462 colaboradores designados por la Dirección General de la Función Pública.

Para el Cuerpo de Administrativos, en el que han sido admitidos un total de 2.650 aspirantes, se contará con 30 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 3.320 aspirantes en la Universidad de La Laguna, con 31 aulas. En este caso, el número de colaboradores ascenderá a 338 con la misma forma de designación.

Ambos procesos se iniciaron mediante convocatoria pública, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el día 18 de marzo de 2018. En los próximos días está prevista la publicación en ese diario oficial de la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal de cada proceso, el señalamiento de la fecha y hora y otros aspectos de los mismos.

Por último, desde la Dirección General de la Función Pública se hace un llamamiento a todas las personas aspirantes a que tengan muy en cuenta el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que el proceso se celebre sin incidencias.

Dicho Protocolo se encuentra a disposición en la siguiente dirección electrónica: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp que ha sido publicado en el BOC nº 41 de 27 de febrero de 2018, así como las modificaciones introducidas mediante Resolución del 20 de marzo de 2018 (BOC núm. 66, de 5 de abril de 2018)  Resolución de 10 de octubre de 2018 (BOC núm. 213, de 5 de noviembre de 2018).