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Gobierno y Fundación Universitaria de Las Palmas colaborarán en la formación del personal público

ICAP y FULP colaborarán en la formación de personal público

 La directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, se reúnen para concretar propuestas

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) colaborarán en la formación de empleadas y empleados públicos. Al respecto, la directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, han mantenido esta semana una reunión en la que han mostrado su total predisposición a colaborar y han analizado distintas propuestas, entre ellas, la posible firma de un convenio de colaboración.

De Anta considera dicha cooperación como una gran oportunidad dado que unos de los ejes de actuación del Ejecutivo canario es la puesta en valor del trabajo del personal de las administraciones Públicas, así como la investigación en las universidades canarias.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la FULP, acordaron empezar a trabajar de forma específica para intentar desarrollar el próximo año la propuesta de un Experto Universitario en competencias digitales para la administración pública, lo que permitiría, según De Anta, convalidar créditos en la universidad y supondría una motivación para los trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas, “que son nuestro mayor y mejor recurso”.

La directora del ICAP confía en mantener próximamente un encuentro con la Universidad de La Laguna con el mismo fin, dado que la formación continua es fundamental para la optimización del servicio que prestan las administraciones públicas a la ciudadanía, y destaca el papel central de las universidades y su labor estratégica para impartir conocimientos a partir de la formación especializada.

Un total de 538 admitidos se presentarán a las oposiciones para secretarios e interventores interinos locales

538 admitidos a las pruebas selectivas de secretarios e interventores interinos

Las pruebas selectivas, consistentes en un único ejercicio para cada una de las subescalas, se celebrarán el próximo mes de noviembre

La Dirección General de la Función Pública, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha publicado la lista provisional de personas admitidas de las pruebas selectivas para la constitución de tres listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino en puestos reservados a personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, para las que han sido admitidas 538 personas. Con este proceso selectivo se pretende dar respuesta a la actual situación de insuficiencia de dichos efectivos en las corporaciones locales canarias, explica el consejero del área, Julio Pérez.

Las pruebas, consistentes en un único ejercicio para cada subescala, se celebrarán el próximo mes de noviembre, según publica esta semana el Boletín Oficial de Canarias (BOC), mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y se fija el lugar, la fecha y la hora de cada uno de los ejercicios.

Todas las solicitudes presentadas han sido aceptadas, por lo que no hay lista de personas excluidas. En total son 538 las personas aspirantes que han sido admitidas; 201 en la Subescala de Secretaría, 179 en la de Secretaría-Intervención y 158 en la correspondiente a Intervención-Tesorería.

No obstante, quienes habiendo presentado la solicitud en el plazo establecido no figuren en el listado dispondrán de diez días hábiles, a partir de mañana viernes, para presentar alegaciones. También cuentan con ese mismo plazo, quienes no indicaron en su solicitud la provincia por la que optan para la realización de las pruebas en el caso de que no estén conformen con la provincia asignada en las listas.

Las pruebas de la fase de oposición, que consistirán en un ejercicio único por cada subescala, comenzarán el próximo día 9 de noviembre, a las 9:00 horas, para la Subescala de Intervención-Tesorería y se celebrarán en el Edificio de Ingenierías, Campus Universitario de Tafira, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Biblioteca General y de Humanidades, campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna.

Los mismos lugares de las dos provincias acogerán los ejercicios de las otras dos subescalas. En cuanto a la Subescala de Secretaría, la prueba se desarrollará el 16 de noviembre, a las 9:00 horas; y el relacionado con la subescala de Secretaría-Intervención tendrá lugar a las 9:00 horas del día 30 de noviembre.

Proceso selectivo de Ingenieros Industriales

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha alzado la suspensión del plazo máximo de finalización del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, que afecta actualmente a 15 personas.

La Dirección General de Función Pública, mediante resolución de 6 de agosto de 2019, dejó sin efecto la resolución adoptada el 19 de julio de suspensión del plazo máximo de finalización de los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al Ingenieros Industriales, hasta que no hubiera un pronunciamiento judicial sobre la solicitud de rectificación de error material del fallo de la sentencia del TSJC de 14 de junio de 2019.

Una vez recibido Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 13 de septiembre de 2019, por el que se subsana el fallo de la citada Sentencia de 14 de junio de 2019, se procede ahora a alzar la suspensión del plazo máximo para resolver el referido proceso selectivo.

El director de Modernización disertará en Colombia sobre mecanismos de transparencia y registros fiscales

Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios

Pablo Hernández, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), ha sido invitado por el Consejo de Estado y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para participar en un seminario internacional e impartir clases de Máster

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios, adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández, viaja esta semana a Bogotá para ofrecer, desde el Consejo de Estado de Colombia, una conferencia sobre ‘El concepto de beneficiario efectivo y la atribución de rentas’. En la ponencia, dirigida a jueces y juezas del país sudamericano, explicará la noción de beneficiario activo, que se usa para limitar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales y en los registros de transparencia para prevenir la corrupción y otros delitos e infracciones administrativas relacionadas.

Hernández, que en 2016 recibió el premio de Tesis Doctoral de Derecho Fiscal de la Universidad parís 1 Pantheon-Sorbonne por su trabajo sobre beneficiario efectivo, participará asimismo en el Seminario Internacional Tax Meeting invitado por el departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, donde disertará sobre ‘Clausulas especiales Anti-abuso en los convenios de doble imposición’.

Profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), Hernández abordará igualmente los convenios de doble imposición en la mesa redonda de relaciones fiscales con EEUU, en la que hablará sobre el convenio de doble imposición entre ese país y España, que fue aprobado por el Senado estadounidense el pasado mes de julio, y que pretende potenciar las inversiones entre ambos países.

Asimismo, el director ha sido solicitado por la institución académica colombiana para impartir clases de Máster sobre planificación fiscal agresiva y planificación de abuso fiscal, que versarán sobre las normas más recientes en la Unión Europea y la OCDE para prevenir la planificación fiscal abusiva de las multinacionales y hablará de la Zona Especial Canaria como régimen fiscal especial que no es perjudicial.

Durante su estancia en el país sudamericano, ofrecerá también una conferencia en la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), patronal de Colombia, sobre las nuevas normas anti-abuso, seguridad jurídica y los nuevos mecanismos de compliance y cumplimiento cooperativo para facilitar la administración, gestión y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las líneas de investigación de Hernández sintonizan con algunas de las actuaciones y trabajos que el consejero Julio Pérez ha puesto en marcha en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Así por ejemplo, Pérez ha remarcado el papel de la transparencia como instrumento transversal de todas las demás políticas del Departamento, al tiempo que ha defendido el establecimiento de un sistema de gestión y conocimiento de datos para su reutilización y aprovechamiento por parte de la ciudadanía y las empresas y la incentivación de la participación de personas particulares y también de asociaciones y grupos sociales en la tramitación de instrumentos normativos y actuaciones que lo permitan.

Así, una de las líneas de actuación del Ejecutivo en esta legislatura es aumentar la transparencia en la gestión con el objetivo de alcanzar una ‘Administración de cristal’, por lo que esta debe dejar de ser una fase posterior a la acción del Gobierno para convertirse en una fase simultánea a la misma.

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Los 14.000 aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según prevé Función Pública

Aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según Función Pública

La directora general Laura Martín recuerda que entre ambos procesos selectivos son 116 las plazas que se asignarán

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, anuncia la disposición del Ejecutivo para convocar los procesos selectivos de auxiliares y administrativos para la Comunidad Autónoma los días 23 y 24 de noviembre, a los que se podrán presentar unas 14.000 personas entre las dos provincias canarias.

Se trata de un procedimiento selectivo masivo en cuanto al número de aspirantes que no tenía lugar en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2008.

En total son 116 las plazas a las que se pueden presentar las personas aspirantes, 64 plazas en el caso del proceso de selección de administrativos y 52 en el caso de auxiliares. Las pruebas tendrán lugar en las sedes de las dos universidades públicas de las Islas.

Para el Cuerpo de Auxiliares, en el que han sido admitidos 3.643 aspirantes, se contará con 42 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 4.220 aspirantes en la Universidad de La Laguna con un total de 47 aulas. Se contará igualmente con la asistencia de un número aproximado de 462 colaboradores designados por la Dirección General de la Función Pública.

Para el Cuerpo de Administrativos, en el que han sido admitidos un total de 2.650 aspirantes, se contará con 30 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 3.320 aspirantes en la Universidad de La Laguna, con 31 aulas. En este caso, el número de colaboradores ascenderá a 338 con la misma forma de designación.

Ambos procesos se iniciaron mediante convocatoria pública, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el día 18 de marzo de 2018. En los próximos días está prevista la publicación en ese diario oficial de la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal de cada proceso, el señalamiento de la fecha y hora y otros aspectos de los mismos.

Por último, desde la Dirección General de la Función Pública se hace un llamamiento a todas las personas aspirantes a que tengan muy en cuenta el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que el proceso se celebre sin incidencias.

Dicho Protocolo se encuentra a disposición en la siguiente dirección electrónica: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp que ha sido publicado en el BOC nº 41 de 27 de febrero de 2018, así como las modificaciones introducidas mediante Resolución del 20 de marzo de 2018 (BOC núm. 66, de 5 de abril de 2018)  Resolución de 10 de octubre de 2018 (BOC núm. 213, de 5 de noviembre de 2018).

 

Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

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El Gobierno cree obligado ajustar las leyes antitransfuguismo canarias a la jurisprudencia constitucional

Julio Pérez en el pleno del 24 de septiembre de 2019

Julio Pérez estima que las normas actuales son contrarias a lo establecido por el Tribunal Constitucional

El Gobierno revisará las leyes antitransfuguismo de Canarias para que se ajusten a la jurisprudencia constitucional derivada de la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta de la diputada de CC Socorro Beato, afirmó que creía obligado revisar las leyes de municipios y cabildos que penalizan a los concejales y consejeros llamados “tránsfugas”, quienes según las leyes vigentes no pueden asumir ciertas funciones, ni percibir ciertas retribuciones.

Julio Pérez dijo que, tras una sentencia de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), hay que revisar si las limitaciones legales impuestas a los tránsfugas han de considerarse limitaciones al “mandado libre” que vincula al concejal o consejero con sus electores.

Una vez que el TC ha dictaminado que ese mandato libre no puede restringirse mediante límites jurídicos, es “obligado”, dijo Julio Pérez, estudiar si es procedente derogar las leyes canarias.

La diputada Beato sostuvo que las limitaciones económicas a los tránsfugas para cobrar retribuciones pueden mantenerse, y que el propósito del Gobierno obedece a “intereses partidistas”, lo que negó el consejero, diciendo que, por el contrario, había sido Beato quien se refirió a tales intereses.

Julio Pérez afirmó que se trata de un debate jurídico, no político, o no solo político.

Cuando lleguen al Parlamento los proyectos normativos que aborden el asunto habrá ocasión, dijo el consejero, de medir exactamente qué parte de las leyes debe corregirse o derogarse.

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El Gobierno sanciona con 10.001 euros a un local de apuestas por comercializar boletos sin cumplir con la normativa

Imagen genérica de apuestas

La infracción, que consistió en no incluir el número de inscripción en el Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, está tipificada como muy grave en la Ley de los Juegos y Apuestas

La multa se ha aplicado observando el criterio de proporcionalidad entre la infracción cometida y los efectos de la propia sanción

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, competente en materia de juegos y apuestas, ha impuesto una multa de 10.001 euros a un local de apuestas por incumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de Apuestas Externas de la Comunidad Autónoma de Canarias al no haber incluido el número de inscripción en el Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley de los Juegos y Apuestas califica este tipo de irregularidades como una infracción muy grave. En todo caso, en la fijación de la misma se ha aplicado el principio de la proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantía y efectos de la sanción.

También se ha ordenado notificar a la empresa que con la orden que impone esta sanción se agota la vía administrativa, por lo que cuenta ahora con un plazo de dos meses a fin de interponer un recurso contencioso-administrativo, o bien interponer en vía administrativa el recurso potestativo de reposición ante esta misma Consejería en el plazo de un mes.

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El ICAP convoca 640 plazas en cursos para entidades locales de Canarias incluidos en el Plan Formativo 2019

El ICAP convoca cursos para entidades locales

 Las actividades formativas comenzarán el próximo mes de octubre y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de septiembre

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de actividades formativas para entidades locales, incluidas en el Plan de Formación de 2019, que se celebrarán entre el 1 de octubre y el 13 de diciembre de 2019. Se han convocado 640 plazas y las personas interesadas en participar en los cursos deberán presentar la correspondiente solicitud entre mañana y el próximo 12 de septiembre.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que las acciones formativas se estructuran en las áreas de conocimiento de transparencia y buen gobierno, organización del trabajo y mejora de habilidades, prevención de riesgos laborales y salud laboral, jurídica-administrativa y políticas de igualdad. La directora destaca la variedad de cursos y la importancia de la formación continua del personal público “para que tenga más y mejores herramientas para atender a la ciudadanía y para agilizar y modernizar la administración”.

De Anta recuerda que el Plan de Formación de 2019, aprobado el pasado mes de mayo, tiene como objetivo ofrecer una formación basada en el conocimiento, con el fin de facilitar al personal al servicio de las entidades locales la asunción de funciones precisas en el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales y orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.

Precisa que la programación formativa para las entidades locales contempla nueve cursos, con un total de 13 ediciones y 330 horas de duración, que se desarrollarán en la modalidad on-line. En concreto, en el área de organización del trabajo y mejora de habilidades se han programado tres cursos, que versan sobre estrategias para desarrollar la memoria, técnicas avanzadas de lectura y estructura eficaz en la administración pública.

En el área jurídica-administrativa, las actividades formativas se centran en las leyes de Contratos, de Régimen Jurídico del Sector Público y de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mientras en materia de transparencia y buen gobierno, el curso abordará el Reglamento Europeo en Materia de Protección de Datos.

El lenguaje y la comunicación no sexista en la administración pública es la acción formativa en el área de políticas de igualdad, y la gestión del estrés laboral es el curso programado en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.

El Gobierno levanta la suspensión del plazo máximo de finalización de las oposiciones

El Gobierno levanta la suspensión del plazo máximo de finalización de las oposiciones

La medida afecta a unas 15.000 personas, y solo se mantiene la interrupción del plazo en el proceso selectivo de Ingenieros Industriales, que concierne a 15 personas, hasta que se obtenga pronunciamiento judicial

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras consultar con los servicios jurídicos, ha decidido alzar la resolución de la Dirección General de Función Pública adoptada por el anterior Gobierno autonómico el pasado 19 de julio y dejarla sin efecto para los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, hasta que haya un pronunciamiento judicial.

Con tal fin, se ha firmado una nueva resolución, con fecha 6 de agosto de 2019, que permite continuar el curso de las convocatorias, en sus distintas fases, según explicaron hoy en rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quienes indicaron que las personas actualmente afectadas por estos procesos son unas 15.000, en su mayoría correspondientes a las convocatorias de los cuerpos de Auxiliares y Administrativos.

La Consejería tuvo conocimiento de la decisión del anterior Ejecutivo el pasado 31 de julio a través del Boletín Oficial de Canarias, tras lo que solicitaron informes de manera inmediata tanto a la Dirección de la Función Pública como de los Servicios Jurídicos del Gobierno “para dar las máximas garantías a dichos procesos selectivos y asegurar los derechos de las personas interesadas y sus familias”, detalló Pérez, quien aseguró que “nos comprometimos en una pronta solución y creemos haber cumplido”.

No obstante, señaló, se entiende pertinente la suspensión del plazo de la convocatoria relacionada con la especialidad de Ingenieros Industriales hasta que se resuelva la rectificación del error material solicitada respecto al fallo de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 14 de junio de 2019. En cuanto a este proceso selectivo son 15 las personas afectadas actualmente.

Pérez destacó que se ha tomado la decisión de levantar la suspensión, basada en derecho, al entender que es la más adecuada jurídicamente. Se trata además, agregó, de una medida política basada en el interés por resolver la situación de forma rápida para no perturbar el funcionamiento de la Administración autonómica y no causar desasosiego en las personas que opositan. “El Gobierno de Canarias quiere cuidar mucho al personal público y esmerarse en los procesos para la selección de aspirantes”, remarcó.

El consejero recordó que el origen de las dudas sobre los procesos selectivos surge a raíz de dos sentencias del de la sección segunda de la Sala lo Contencioso del Tribunal, de fechas 17 de octubre de 2018 y del 14 de junio de 2019, que estiman que el artículo 3 de la orden de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos de la Comunidad Autónoma de Canarias vulnera lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública de Canarias. Dicha norma señala que “la oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición”.

Sin embargo, aclaró, la sentencia que origina el conflicto no se funda en este motivo, sino en la falta de una justificación suficiente en el caso enjuiciado para hacer la selección por concurso-oposición y no por oposición.

“Es decir, lo que pone en duda el TSJC es la fase de concurso de méritos, no los procesos selectivos convocados”, resaltó Pérez, quien remarcó que al llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad “nos hemos encontrado con un problema importante, al que hemos dado máxima prioridad para dar tranquilidad a las personas afectadas y resolverlo en el menor plazo de tiempo posible”. “Para este Gobierno los recursos humanos son los activos más valiosos”, aseguró.

Pérez aprovechó la ocasión para expresar su propósito de reducir la interinidad y promover la estabilización del personal afectado, para lo cual apeló al diálogo con los sindicatos y deseó su contribución, al tiempo que recordó que existe una previsión legal de situarla por debajo del 8 por ciento.

Alejandro Rodríguez y Manuel Marcos Pérez toman posesión de sus cargos en la capital tinerfeña

El consejero tras tomas de posesión de dos viceconsejeros

Dirigirán las viceconsejerías de Administraciones Públicas y Transparencia y de Relaciones con el Parlamento

Los viceconsejeros de Administraciones Públicas y Transparencia y de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez y Manuel Marcos Pérez, respectivamente, tomaron hoy posesión de sus cargos en Santa Cruz de Tenerife y posteriormente se reunieron con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.