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El ICAP convoca 1.030 plazas en cursos para entidades locales de Canarias incluidos en el Plan Formativo 2021

El ICAP convoca 1.030 plazas en cursos para entidades locales de Canarias

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las actividades formativas estará abierto hasta el próximo 13 de agosto

La directora del ICAP, Eva de Anta, destaca que la formación constituye una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se convocan las actividades formativas para entidades locales, incluidas en el Plan de Formación de 2021, que se celebrarán entre el 13 de octubre y el 3 de diciembre. En esta edición se ofertan 1.030 plazas y las personas interesadas en participar en los cursos deberán presentar la correspondiente solicitud entre mañana 23 de julio y el próximo 13 de agosto (ambos inclusive).

Este año se impartirán ocho cursos, con un total de 23 ediciones y 431 horas de duración, y todos ellos se desarrollarán en la modalidad online, según informa la directora del ICAP, Eva de Anta, quien recuerda que la formación del personal público constituye una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación en las administraciones públicas.

De Anta destaca que el Plan de Formación para las Entidades Locales 2021, aprobado el pasado 12 de julio, está orientado a promover el desarrollo integral del personal al servicio de las administraciones locales desde los ámbitos personal y profesional, al tiempo que se facilita la adquisición de habilidades y la mejora de capacidades y competencias para optimizar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

La directora del ICAP señala que las acciones formativas que configuran el Plan se desarrollarán online, al considerar que con esta modalidad se ofrece la posibilidad de formar a un mayor número de empleadas y empleados públicos, especialmente a quienes por su jornada de trabajo o por razones de conciliación familiar tienen mayor dificultad para acceder a la formación presencial, a la vez que se disminuyen las dificultades del desplazamiento derivado de la lejanía o la insularidad.

Cursos de carácter transversal

Las actividades que se convocan en esta edición contemplan cursos de carácter transversal agrupados en las áreas de conocimiento de organización del trabajo y mejora de habilidades; tecnologías de la información y la comunicación; económica-Presupuestaria; jurídica-administrativa; políticas de igualdad, Unión Europea; ordenación del territorio y medio ambiente; prevención de Riesgos laborales y salud laboral; e información y atención a la ciudadanía.

La directora del ICAP explica que, para la definición de las acciones formativas que integran el Plan, se ha tenido en cuenta el análisis de los datos relativos a la demanda registrada en las actividades celebradas en el ejercicio 2020 y los resultados de ejecución y evaluación de las mismas, por lo que se han incluido algunas acciones formativas que han tenido una amplia demanda y buena valoración por parte de las personas participantes.

También se han atendido, detalla, las solicitudes recibidas del personal de las entidades locales en las actividades convocadas del Programa Interadministrativo, así como la información remitida por la Federación Canaria de Municipios sobre necesidades formativas detectadas por el personal del ámbito local, además de las aportaciones recibidas por las organizaciones sindicales.

Materias formativas

En el área de organización del trabajo y mejora de habilidades, la formación versará sobre habilidades directivas para jefaturas intermedias y sobre organización del trabajo administrativo y gestión eficaz del tiempo y, en el área de tecnologías de la información y la comunicación, las actividades se centrarán en el nuevo reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ciberseguridad para usuarios y trabajo con documentos en PDF.

La gestión de subvenciones: tramitación y control será la acción formativa que se impartirá en el área económica-presupuestaria, mientras que el lenguaje y la comunicación no sexista en la administración pública y la igualdad entre mujeres y hombres serán objeto de la formación el área de políticas de igualdad. Respecto a la formación relacionada con la Unión Europea, ésta se basará en el Instrumento de recuperación Next Generation.

La implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en las administraciones públicas, en el marco de la Agenda 2030; el procedimiento administrativo común y la Ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales y la modernización del lenguaje administrativo serán algunas de las materias que se abordarán en el área jurídica-administrativa.

Entre otras acciones formativas, también se impartirán aquellas relacionadas con habilidades sociales en atención a la ciudadanía, en el área de información y atención a la ciudadanía; licencias e infracciones urbanísticas, así como buenas prácticas ambientales, en el área de ordenación del territorio y medio ambiente); y el acoso laboral y la gestión del estrés laboral en el campo de prevención de riesgos laborales.

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Personal público se forma para impulsar y gestionar proyectos de innovación en la Administración canaria

Personal público se forma para impulsar y gestionar proyectos de innovación en la Administración Canaria

La actividad formativa está organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios como base para crear un espacio de conocimiento que posibilite construir una red profesional de personas innovadoras

Personal público del Gobierno de Canarias ha participado hoy en un taller de trabajo dirigido a impulsar y gestionar proyectos de innovación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a crear un espacio estable y dinámico de encuentro y de conocimiento corporativo para el desarrollo de una administración innovadora. Esta iniciativa forma parte marco de referencia de innovación pública que se viene desarrollando en los últimos meses.

La acción formativa, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (DGMCS), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pretende consolidar las bases para crear una esfera de conocimiento que posibilite ir constituyendo una red profesional de personas innovadoras como un lugar de encuentro que aporte valor y sinergias a la organización.

Así lo indicó la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, durante la inauguración del taller, y señaló que se trata de crear un espacio de encuentro en el que se fomente la gestión del conocimiento, basado en la inteligencia colectiva, como una forma diferente de trabajar, localizando y poniendo en valor el talento.

Se pretende generar entornos colaborativos que potencien la participación del personal público para lograr una administración innovadora, afirmó Álvarez, quien detalló que todas las áreas del Ejecutivo canario trabajan de forma coordinada

El taller formativo, impartido por Amalio Rey, director de eMoTools SL y coautor de la innoguía ‘La hoja de ruta para innovar’, tiene como objetivos familiarizar a las personas participantes con conceptos y herramientas sobre dinamización digital de espacios de innovación pública, recoger sugerencias de posibles contenidos que podría incluir el espacio de conocimiento corporativo y diseñar un modelo de actualización de contenidos que sea distribuido, participativo y que implique a la comunidad innovadora del sector público canario.

 

 

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El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

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El Gobierno canario reforzará los controles en los locales de apuestas durante la Eurocopa y los Juegos Olímpicos

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria inspeccionarán estos centros para evitar la presencia de menores, personas incapacitadas y las que tienen prohibido el acceso o han solicitado su exclusión

La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha ordenado reforzar la vigilancia y los controles en los locales de apuestas y en los espacios de apuestas autorizados del Archipiélago durante la celebración de la Eurocopa de fútbol, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 12 de julio, y los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebran entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

Para ello, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia ha solicitado la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes se encargarán de velar por el cumplimiento de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, que regula la prohibición del acceso de los menores de edad y personas incapacitadas en los establecimientos, así como aquellas que están inscritas en el Registro General de Interdicciones de acceso al juego, también llamadas “autoprohibidas”, o las que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Manuel Martínez, viceconsejero del área, señala que estas operaciones extraordinarias se realizarán durante este verano dado que estos dos acontecimientos deportivos tienen enorme influencia en el mundo de las apuestas y por ello hay que controlar “de forma exhaustiva” la presencia de aquellas personas que no pueden acceder a estos locales.

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Corregido el reparto de los fondos locales en Fuerteventura

Corregido el reparto de los fondos locales en Fuerteventura

Los ayuntamientos, a favor del anteproyecto de la Ley de renta de ciudadanía de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Canarias que aprobó, por unanimidad, un nuevo reparto de los fondos provenientes del Bloque de Financiación Canario entre los municipios de Fuerteventura, una reivindicación histórica que mejorará los ingresos de Betancuria y Antigua.

La iniciativa partió de una propuesta conjunta del Cabildo de Fuerteventura y los seis municipios de la Isla, que consiste, en esencia, en rebajar el peso del criterio de la población y aumentar el del territorio de manera que Betancuria y Antigua, los menos favorecidos en el reparto actual, accedan en mayor medida a esos fondos.

La medida entrará en vigor lo antes posible y tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2021, por lo que la modificación no afectará la liquidación correspondiente a 2020.

Pérez también resaltó la importancia de que pudiera alcanzarse un acuerdo por unanimidad en esta materia, pues al tratarse del reparto de fondos no siempre es habitual que se generen soluciones de consenso.

Renta de ciudadanía de Canarias

Por último, el Consejo Municipal de Canarias emitió informe favorable al anteproyecto de la Ley de renta de ciudadanía de Canarias, norma que servirá para complementar en el Archipiélago el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Estado.

La futura norma contempla la renta de ciudadanía como un derecho fundamental, de carácter subsidiario a la ayuda que presta el Estado, y de carácter periódico.

Una de sus características más importantes es que cambiará el procedimiento para solicitar la ayuda, de forma que les resulte más fácil a las personas que necesiten pedirla, por una parte, y el trámite comenzará en el Gobierno, en vez de hacerlo en los ayuntamientos, de manera que estos no se verán asfixiados por su aplicación al ahorrarles mucho trabajo.

Al respecto, Pérez resaltó que tan importante como el contenido mismo de la futura ley es el trámite que tendrán que llevar a cabo sus solicitantes, y destacó que, con el informe del Consejo Municipal de Canarias, el anteproyecto consigue tanto un respaldo jurídico a favor de la futura norma como uno social, y remarcó la buena sintonía entre las administraciones locales y el Gobierno de Canarias en esta materia.

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El Portal de Transparencia publica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública canaria

La información, también disponible en el Portal de Datos Abiertos de Canarias, está en formatos PDF y reutilizables

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha hecho pública, en los portales de Transparencia y Datos Abiertos de Canarias, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración Pública de las Islas. Además, la información divulgada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias se federa automáticamente con datos.gob.es, por lo que está, a su vez, publicado en el portal de datos abiertos nacional.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico publica las RPT en formato editable, además de PDF. En concreto, la Dirección General de la Función Pública aporta la información de los 11 departamentos del Ejecutivo autonómico, así como de sus organismos autónomos. También está disponible información de las entidades públicas y las entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias.

La directora general de la Función Pública, Laura Martín, explica que esta publicación está en la línea de dotar de la mayor transparencia toda la actividad que está realizando su centro directivo, poniendo el eje de atención en los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía en general.

Entre la información hecha pública, se muestra las funciones del puesto, a qué departamento, organismo autónomo y centro directivo pertenece, la unidad orgánica, el código de reglamento o la escala del mismo.

No obstante, en las RPT no figura la identidad del personal que ocupa los puestos al estar pendiente la definición y cumplimentación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede acceder a estas listas de las RPT en los siguientes enlaces:

https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/empleadospublicos/rpt/

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/relaciones-de-puestos-de-trabajo-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias

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El Gobierno toma en consideración el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de los juegos y apuestas

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección

Se delimitan las distancias entre los establecimientos de juego a 200 metros como mínimo, y de los que se establezcan a partir de ahora con los centros docentes o de atención a los menores a 300 metros, al menos

En materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego, se establece como novedad la prohibición para el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) de emitir publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial)

También se introduce la prohibición de la publicidad en equipamientos, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, así como su lista de evaluación a los efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección. En este sentido, el anteproyecto de ley contempla la prohibición a dichos colectivos de las máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, al tiempo que amplía la relación de personas que tienen prohibido la participación en los juegos.

Asimismo, se impide el acceso a los establecimientos de juego a las personas que tienen prohibida la participación en los juegos o que porten armas u objetos que puedan utilizarse como tales, advirtiendo expresamente de que la prohibición de acceso a menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la entrada del establecimiento de juego.

Se incorporan, de un lado, las personas inscritas en el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego entre los sectores vulnerables a que hace referencia el principio general de prevención de perjuicios a terceros; y de otro, el principio general de juego responsable, que opera como un compromiso colectivo encaminado a minimizar los riesgos del juego excesivo.

Publicidad, patrocinio y promoción

Se introducen dos importantes novedades en materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego: por un lado, se prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial); y, por otro, también la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Se suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración, por lo que la explotación de las apuestas solo podrá tener lugar en establecimientos específicos de juego (locales de apuestas externas o en los espacios de apuestas externas instalados en casinos, salas de bingo y salones recreativos y de juegos).

En lo que se refiere a la planificación de juegos y apuestas, se introducen dos parámetros objetivos (población y camas turísticas), de cara a la localización y distribución de los establecimientos de juego, mientras que, en materia sancionadora, se tipifican como infracciones muy graves, entre otras, permitir el acceso a los establecimientos de juego (además de permitir su práctica) a las personas que lo tengan prohibido legal o reglamentariamente.

Infracciones

Además, se introducen nuevas infracciones graves. Entre otras, la no exhibición de forma visible en el acceso a los establecimientos de juego de la indicación de prohibición de entrada a personas menores de edad, así como la utilización de materiales y elementos de juegos y apuestas no homologados.

Se contempla una nueva infracción leve, que consiste en no presentar la pertinente comunicación previa en aquellos supuestos de transmisión de actividades o establecimientos cuya realización, instalación, apertura o funcionamiento esté sujeta a declaración responsable o comunicación previa.

Se actualizan e incrementan las horquillas inferiores y superiores de las sanciones leves, graves y muy graves. En lo que concierne a la graduación de las sanciones, se precisa, que uno de los criterios de ponderación, vendrá constituido bien por la transcendencia social o bien por la transcendencia económica de la acción.

Asimismo, se regula el cierre de los establecimientos de juego clandestinos, esto es, de aquellos que carezcan de título habilitante, precisando que dicha medida no tiene carácter sancionador.

Tendrán la consideración de responsables de algunas infracciones tipificadas en la ley las personas autoras de los proyectos, certificados e informes técnicos considerados falsos o inexactos, y se amplía el plazo de prescripción, de un lado, de las infracciones leves y muy graves, que pasa a ser de uno y cuatro años, respectivamente; y de otro, de las sanciones muy graves, que pasa a ser de cuatro años.

Se fija en un año el plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de juego y se introduce un nuevo capítulo referido a la ordenación del juego responsable, que está integrado por cinco preceptos.

Así, se regula la autorización autonómica previa a la apertura de locales e instalaciones en los que se desarrollen juegos no reservados autorizados por la Administración del Estado, exonerando de dicha autorización a los establecimientos que comercialicen juegos gestionados por la SELAE y por la ONCE.

Sobre las políticas de juego responsable, se delimitan el alcance de las mismas y se relacionan diversas acciones encaminadas a proteger a las personas consumidoras de servicios de juego.

Distancias entre establecimientos y con los colegios

También se delimitan las distancias mínimas entre los propios establecimientos de juego, estableciendo con carácter general a partir de ahora una distancia de 200 metros entre cualesquiera de estos, como mínimo.

Asimismo, la distancia de los establecimientos de juego que se abran a partir de ahora con respecto a los centros docentes o de atención a menores deberá ser de 300 metros, al menos. En la actualidad, la distancia es de 50 metros para locales de apuestas externas, bingos y otras categorías.

Es la misma distancia que determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica de juego que se ha venido exigiendo a los salones recreativos y de juegos, que ahora se generaliza para cualesquiera establecimientos de juego.

Igualmente, se establece la obligación de que todos los establecimientos de juego dispongan de un servicio de admisión que controle el acceso e impida el acceso a aquellas personas que lo tengan prohibido; correlativamente, exige que las empresas que, en su caso, exploten modalidades de juego de ámbito autonómico por medio de canales telemáticos dispongan de un sistema que permita identificar a los jugadores y comprobar que no están incursos en prohibiciones para jugar.

También se exige la colocación de una placa-distintivo en los establecimientos de juego que dispondrá de un código QR o tecnología de escaneo similar susceptible de suministrar información del local derivada del Registro del Juego.

De la misma manera, se amplían las causas de revocación de las autorizaciones, incluyendo entre dichas causas tanto la falta de constitución o reposición de garantía como el cierre del local sin autorización.

Se incorporan diversas causas de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como diversas pautas procedimentales para la declaración de dicha ineficacia, y se regula la documentación precisa para tramitar las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de salones y locales de apuestas externas, hasta tanto se desarrollen reglamentariamente los modelos y requisitos para ello.

Contexto

El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fecha 10 y 11 de diciembre de 2019, debatió y aprobó la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, en la que se insta al Gobierno de Canarias, entre otros aspectos, a regular la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego; a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa, y a impulsar la creación de una mesa de expertos para llevar a cabo una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas.

En cumplimiento de esa resolución, el Ejecutivo autonómico aprobó el Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas, norma con fuerza de ley que dispuso la suspensión de la vigencia del régimen de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como otras medidas.

Tras la promulgación y convalidación parlamentaria del referido Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, el Parlamento aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que dio lugar a la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.

La misma establece que el Gobierno de Canarias impulsará una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiendo dicha iniciativa a la que el Gobierno ha tomado en consideración hoy.

Por otra parte, entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, en el portal web https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/  estuvo publicada en la fase de consulta pública previa la iniciativa normativa para la elaboración de este anteproyecto de ley a fin de recabar la opinión de la ciudadanía de conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el citado portal web, 30 personas y entidades utilizaron este canal de participación y colaboración para hacer llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sus aportaciones.

Manuel Fernando Martínez, nombrado viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia

Manuel Martínez

Es diputado del PSOE por Tenerife y licenciado en Arquitectura Técnica y graduado en Ingeniería y sustituye en el puesto a Alejandro Rodríguez

El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 15 de abril, el nombramiento de Manuel Fernando Martínez Álvarez como nuevo viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Martínez es diputado del PSOE por Tenerife en el Parlamento de Canarias y licenciado en Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras por la Universidad de La Laguna y está graduado en Ingeniería de la Edificación por la Universidad Antonio de Nebrija.

Martínez, que releva en el puesto a Alejandro Rodríguez, tiene un máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha trabajado como jefe de Producción de Obras con la Empresa Constructora Ferrovial- Agroman en las Obras: 148 Viviendas Residencial Parque y Facultad de Informática de la ULL (2000-2003); como arquitecto técnico de las Empresas Viatrio Ingenieros S.L. y P. Luis Arquitectura y Gestión S.L. (2003-2004); y como director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud de Obras como profesional independiente en obras públicas y privadas, tanto en edificación como obra civil (2004-2011).

Martínez ha sido concejal de Urbanismo, Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Rosario, (2011-2015); consejero con delegación especial en aguas del Cabildo de Tenerife (2015-2019) y vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (2015-2019).

Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de diversas empresas pertenecientes al Cabildo de Tenerife: Casino de Santa Cruz de Tenerife, Titsa, Mercatenerife y Matadero Insular de Tenerife.

El Gobierno agiliza el acceso a la administración electrónica tras actualizar los servidores de la red corporativa

La inversión del nuevo sistema de almacenamiento, de 3,4 millones de euros, ha sido cofinanciada con fondos FEDER

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha actualizado su red corporativa de almacenamiento a través de un nuevo sistema, lo que permitirá, entre otros avances, prestar mejores y más ágiles servicios electrónicos a la ciudadanía. Para ello, la DGTNT ha implantado en cada provincia un sistema de almacenamiento SAN —de sus siglas en inglés Storage Area Network— que está compuesto por cabinas de servidores y de datos.

Como explica el director general del área, Víctor Melián, con la adquisición de este equipamiento se dota a la Administración autonómica de un sistema de última generación que constituye un salto cualitativo importante para la mejora del funcionamiento de la red corporativa global.

Con esta actualización, el sistema de almacenamiento para servidores ofrece un rendimiento muy elevado sin comprometer la seguridad, eficiencia, la disponibilidad, la protección o la flexibilidad en la gestión de los datos. Melián señala que esta nueva infraestructura permite reducir de forma considerable las saturaciones que se pueden producir en momentos puntuales asociados a procedimientos masivos como, por ejemplo, solicitudes de becas, pagos tributarios, subvenciones o procesos selectivos, entre otros.

Entre las mejoras detectadas tras la migración de estos nuevos servidores, se ha reducido la latencia (tiempo de respuesta), pasando de 25 milisegundos de media a 0,3 milisegundos, lo que supone bajar hasta 100 veces el tiempo de acceso; se ha mejorado la transferencia de datos hasta alcanzar los 1,3 Gb/s, una velocidad que dobla la existente anteriormente; y se ha reducido en seis horas el periodo de realización de copias de seguridad, lo que permite la realización de copias de seguridad adicionales tanto para nuevas aplicaciones como para los incrementos de datos de las aplicaciones actualmente existentes.

El proceso de traspaso de los recursos a la nueva plataforma tecnológica se realizó en siete etapas, dado que requería de planificación y coordinación entre la empresa encargada y el personal interno. Además, esto permitió que no se interrumpiera en ningún momento durante la migración el funcionamiento de la red corporativa de la Administración Pública.

El coste del sistema completo requirió de una inversión que ascendió a 3.392.133,52 euros, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, Eje: 2 Prioridad de Inversión: C, Medida: Infraestructura en tecnologías de la información, computación, centros de proceso de datos y edificios tecnológicos (PILA 166G119), Tasa de financiación 85%.

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El fax desaparece en la Administración Pública Canaria, que usará el correo electrónico

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hará innecesarios más de 1.500 terminales de fax y sus líneas telefónicas, que cuestan 12 euros al mes cada uno

Los nuevos faxes se podrán enviar desde el correo electrónico, sin papel ni impresoras

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente la puesta en marcha de un servicio corporativo que permitirá el envío y recepción de faxes a través del correo electrónico, lo que se conoce como FAXoIP —de las siglas en inglés Fax over IP—, lo que permitirá avanzar en la modernización en el envío y recepción de documentos, además de suponer un ahorro económico para las arcas autonómicas, por lo que se suprime así el fax en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El consejero Julio Pérez señala que con esta medida “no solo ahorramos dinero de los contribuyentes, sino que además ganamos comodidad de los empleados públicos y eficacia y calidad de las comunicaciones entre sí y con los ciudadanos”.

Como explica el director general de la DGTNT, Víctor Melián, en la actualidad la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene inventariados 1.516 terminales y números de faxes, con un coste medio mensual asociado a cada línea de unos 12 euros aproximadamente. Con el FAXoIP, la plantilla de la Administración autonómica tendrá optimizados los flujos de trabajo ya que podrán tener acceso al envío y recepción de faxes en cualquier momento y en cualquier lugar, al no ser necesario estar físicamente frente al terminal.

También se gana inmediatez al acceso y reducción de la necesidad de disponer de equipos en diferentes ubicaciones físicas, y se eliminan errores comúnmente asociados con los procesos manuales, aparte de que la persona que realiza el envío tendrá una recepción de notificación que le indica si el fax ha sido enviado correctamente.

Además, se establece el seguimiento y auditoría centralizada de todos los faxes emitidos y recibidos, así como evitar tener que escanear o imprimir el archivo enviado ya que los documentos se adjuntan en formato PDF.

Así mismo, el fax virtual supone un ahorro energético al no necesitar tener un terminal permanentemente conectado a la red eléctrica, pero también económico al no necesitar papel, consumibles ni mantenimiento de los aparatos.

En estos momentos, tras comenzar con una prueba piloto con los terminales de la propia Dirección General, se han migrado ya 287 números a FAXoIP, lo que corresponde al 19% del total, y se han dado de baja 80 números que no se estaban utilizando o que ya no son necesarios porque se ha simplificado el número de faxes por órganos administrativos. Melián resalta que se han priorizado los faxes de la Administración de Justicia, que disponía de 351, de los que 253 ya están usándose asociados a correos electrónicos y tres se han dado de baja.

Se estima que en dos meses se haya migrado la práctica totalidad de los terminales de los departamentos de la Administración, a excepción de los correspondientes al Servicio Canario de Salud, donde todavía no se ha comenzado esta implantación debido al exceso de trabajo que sufren los centros adscritos por la COVID-19.

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