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El Gobierno de Canarias seguirá informando de los trámites por el 012 y la sede electrónica de forma preferente

Escudo Gobierno Canarias Múltiples II SC Tenerife

Las oficinas principales de Registro en Tenerife y Gran Canaria atenderán de forma presencial con cita previa desde mañana lunes

El Gobierno de Canarias seguirá informando de los trámites y procedimientos de forma preferente mediante la sede electrónica y a través de los números de teléfono que estarán a disposición en el 012 y en la página web. En todo caso, la sede electrónica (http://sede.gobcan.es) y el teléfono de atención a la ciudadanía 012 siempre seguirán estando disponibles para la ciudadanía

Por otra parte, las dos oficinas principales de atención a la ciudadanía ubicadas en las plantas bajas de los Edificios de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife incrementarán de forma progresiva su personal para dar mayor atención y soporte a los procedimientos cuya suspensión ha sido levantada por los departamentos. Para acudir de forma presencial desde mañana lunes será necesario el uso de mascarilla y solicitar antes cita previa en el servicio de atención telefónica 012 a fin de preservar el aforo y la seguridad.

Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Canarias se han mantenido abiertas durante todo el Estado de Alarma, manteniendo la atención para expedir el certificado electrónico con cita previa y trámites urgentes, o derivados de situación de necesidad.

Durante la semana que viene, el resto de oficinas de atención a la ciudadanía y registros del Gobierno de Canarias irán organizando la reapertura presencial, siempre bajo el régimen de cita previa telefónica.
Las oficinas en las Islas no capitalinas, servicio prestado en el marco de convenios de colaboración con los cabildos, abrirán igualmente a lo largo de los próximos días, también en régimen de cita previa.

Reapertura de oficinas y Registros de la CAC

En cuanto a las demás oficinas y registros de la Comunidad Autónoma de Canarias, permanecerán abiertas de forma presencial a partir del 1 de junio, salvo las que no puedan garantizar la seguridad y prevención de riesgos. De igual manera, será necesario solicitar cita previa obtenida en el servicio de atención telefónica 012.

Para ello, se ha reorganizado la distribución de las oficinas con el incremento de la distancia entre puestos, e instalado mamparas para garantizar la seguridad de los y las empleadas públicas y de la ciudadanía.

De la misma manera, se han instalado barreras para garantizar los límites de distancia, reducido los asientos e incrementado las distancias entre los mismos, eliminado los gestores de turno táctiles y organizado el acceso para garantizar el aforo.

Asimismo, se ha priorizado la instalación de registros y atención en las plantas bajas con el fin de evitar el tránsito de personas por las dependencias administrativas. También se ha reforzado la digitalización de documentos con el fin de evitar los desplazamientos y el movimiento de papeles.

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El Gobierno lanza un sistema de acreditación digital para sus altos cargos

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías explica que ‘Identifica eGobCan’ servirá a modo de tarjeta digital para facilitar la movilidad de las personas que ocupan altos cargos mediante una tarjeta ‘virtual/wallet’

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dio cuenta hoy al Gobierno del informe de la Resolución 121/2020, de fecha 27 de abril de 2020, del director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Manuel Melián, por la que se declara la tramitación de emergencia del expediente de contratación de implementación y puesta en producción de un sistema (Identifica eGobCan) para la acreditación digital de las personas que ocupan altos cargos en el Gobierno de Canarias a consecuencia de la emergencia de la COVID-19.

Su finalidad es facilitar la movilidad de este personal cuando necesite hacerlo para llevar a cabo su trabajo, y será objeto de estudio para valorar la posibilidad de extenderlo más adelante a otras categorías de personal.

Esta tarjeta virtual servirá para proporcionar una credencial para la persona como trabajador/a perteneciente al Gobierno de Canarias mediante una tarjeta virtual/wallet, cuya validez puede ser confirmada mediante la lectura de un código QR insertado en la mencionada credencial o mediante el acceso a una dirección en internet que así lo certifica.

El coste de la implementación y puesta en producción de esta APP asciende a la cantidad de 6.741 euros, impuestos incluidos.

Está cofinanciado por el Feder: Programa Operativo 2014-2020, eje 2, prioridad de inversión C, medida Actuación Administración Electrónica, con una tasa de financiación del 85%.

El Ejecutivo implementa una herramienta específica para facilitar la gestión del Ingreso Canario de Emergencia

En el marco de las actuaciones llevadas a cabo para apoyar el teletrabajo del personal, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías destina 47.540,10 euros al Sistema de Información (SITA), cuya finalidad es facilitar la presentación de esas prestaciones a través del 012 y sede electrónica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de la Resolución 133, de 2 de mayo de 2020, del director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), Víctor Manuel Melián, por la que se declara la tramitación de emergencia del expediente de contratación para la implementación y puesta en producción del Sistema de Información (SITA) para la gestión del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) con el fin de atender las incidencias provocadas por la COVID-19, y se aprueba su adjudicación.

Así, la DGTNT destina 47.540,10 euros a la implantación de este instrumento específico para agilizar su gestión, con el fin de facilitar la presentación de solicitudes tanto a través del 012 como en sede electrónica.

Ese informe expone que las situaciones de vulnerabilidad en la población canaria se han visto agravadas de forma inmediata tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y señala que la pérdida de puestos de empleo pone en peligro la subsistencia de muchas familias cuando muchas de ellas aún no habían superado las consecuencias sociales de la anterior crisis.

Por ello, recuerda, el Ejecutivo autonómico aprobó el Decreto Ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que creó el ICE como instrumento de apoyo para las personas que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad a raíz de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Necesidad urgente

Para la DGTNT, esta necesidad urgente e imprevista ha requerido el habilitar una aplicación específica a fin de facilitar la gestión de esta nueva prestación por parte de la Administración autonómica, así como posibilitar la presentación telefónica a través del 012 y en sede electrónica.

La DGTNT explica que esta actuación es necesaria para garantizar que el personal público autonómico, ante la situación de contención y de movilidad reducida que ha supuesto la declaración del estado de alarma con el consiguiente aumento de la modalidad de teletrabajo, pueda seguir realizando sus tareas, para lo que es imprescindible facilitar y asegurar la actividad administrativa, y en consecuencia, se hace necesario el reforzamiento del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Características técnicas

El desarrollo de esta nueva aplicación incluye los siguientes aspectos:

• Formulario para la recogida de datos por el 012.

• Parametrización y configuración en SITA (ontologías, perfiles, acciones, entre otros).

• Acciones para cambios de estado de las solicitudes.

• Generación de documento PDF para la Solicitud recogida mediante el formulario.

• Generación de anexos para la resolución de concesión de ayudas.

• Generación documento XML de pagos para enviar a la Dirección General de Tributos.

• Consulta de servicios de intermediación y volcado de resultados en SITA.

• Integración de SITA con PLATEA, bidireccionalmente. Incluye la recogida de datos de solicitudes presentadas a través de la sede electrónica.

• Despliegues en los entornos de preproducción y producción, y pruebas.

• Formación a usuarios.

• Soporte de nivel técnico, de 8 a 20 horas de lunes a viernes no festivos, durante el periodo de un mes de gestión del ICE.

• Tareas de sistemas y administración de bases de datos en entornos de gestión compartida.

Autorizados 2,1 millones para el soporte y mantenimiento del punto general de acceso y las sedes electrónicas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad implanta el material informático, tecnológico y de protección para atender las incidencias provocadas por la COVID-19

El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto plurianual de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, por importe de 2.118.600 euros para la contratación del soporte y mantenimiento al punto general de acceso y sedes electrónicas, así como al resto de portales y presencia web de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. El contrato, actualmente en vigor, finaliza el 31 de julio de 2020, y la nueva contratación, con efecto a 1 de agosto de 2020, tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos.

Su objeto es la realización de un servicio de soporte integral al área web de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, con el fin de gestionar y coordinar todas las labores referentes a la presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en Internet.

Se trata de un servicio indispensable en cuanto da soporte y mantenimiento al punto general de acceso y sedes electrónicas, así como al resto de portales y presencia web de esta administración, además de haberse producido un incremento de procedimientos gestionados a través de las sedes electrónicas. El importe de 2.118.600 euros se distribuirá en tres años: en 2020, con una partida de 441.375 euros; en 2021, cuando se realizará el abono de 1.059.300 euros, y en 2022 se realizará el gasto de los 671.925 euros restantes.

Material informático, tecnológico y de protección

En la reunión del Consejo de Gobierno, Julio Pérez también dio cuenta de la contratación, por tramitación de emergencia, de diverso material informático, tecnológico y de protección con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19.

Así, Pérez informó de diversas resoluciones de la Dirección General Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, entre ellas la de adquisición de 400 ordenadores portátiles para garantizar que el personal del Gobierno de Canarias, ante la situación de contención y de movilidad reducida que ha supuesto la declaración del estado de alarma, con el consiguiente aumento de la modalidad de teletrabajo, pueda seguir realizando su trabajo y asegurar la actividad administrativa. El importe de la contratación asciende a 304.358,40 euros, cofinanciado por el Feder, programa operativo 2014-2020.

Se han adquirido además 72 conversores USB para aquellos ordenadores portátiles que no disponen de conector de red, siendo su única comunicación por wifi. El importe asciende a 2.687 euros, cofinanciado por el Feder.

Asimismo, se han comprado 80 auriculares y licencia SIP para la Red Corporativa del Gobierno de Canarias con el fin de que el personal al servicio de la Administración Pública de Canarias disponga de herramientas que posibiliten la comunicación remota y que pueda gestionar su terminal de telefonía fija como si estuvieran en su puesto de trabajo presencial. Cofinanciado por el Feder, el importe de adquisición asciende a 158.907,70 euros.

Se han adquirido también 50 licencias cliente para la Plataforma de Videoconferencias Corporativas del Gobierno de Canarias ya que, al existir dentro de la Red del Gobierno de Canarias más de 7.000 empleadas y empleados públicos que acceden a la plataforma de multivideoconferencias desde Internet, se ha hecho necesario ampliar su número. El importe de esta adquisición asciende a 30.920,86, cofinanciado por el Feder.

Tramitación de procedimientos

Pérez informó de la resolución para la contratación del Servicio de Soporte (Oficina Técnica) para el Sistema de Tramitación de Procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la crisis sanitaria y la obligada situación de confinamiento establecida durante el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo, que ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta situación ha provocado un aumento en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe) con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe total de la contratación asciende a 19.122,27, cofinanciado por el Feder.

El consejero también dio cuenta al Gobierno del gasto de 14.931,32 euros para el refuerzo del servicio de mantenimiento integral del Sistema Intercomunicado de Registro de Entrada y Salida de documentos (HIPERREG) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y explicó que la utilización de la tramitación electrónica tanto de la la ciudadanía en general como de las empleadas y empleados públicos ha provocado una aumento de la demanda de soporte de durante el estado de alarma.

Pérez detalló que la modalidad del teletrabajo por parte del personal público y de las empresas que trabajan para el Gobierno ha requerido la contratación de unos servicios TIC para la aplicación TRASOS con el fin de agilizar y facilitar la tramitación telemática de servicios. El importe total de la contratación asciende a 30.533,52 euros, cofinanciados por el Feder.

Mamparas de protección

Además, el consejero dio cuenta también al Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios. Mediante una de esas resoluciones se ha contratado, por 4.397,70 euros, el suministro de mamparas de protección para las oficinas canarias de Información y Atención Ciudadana, para que el personal de dichas oficinas pueda continuar prestando sus servicios, considerados esenciales, garantizando las máximas medidas de protección para dicho personal y para las ciudadanas y ciudadanos que acuden a las oficinas mientras dure la actual emergencia sanitaria y el estado de alarma.

El Gobierno aprueba las medidas preventivas para el personal público y da prioridad al trabajo a distancia

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Función Pública recoge en su resolución las aportaciones de las organizaciones sindicales realizadas en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que abordó la semana pasada el desarrollo de las medidas de prevención para la vuelta gradual del personal a las oficinas

La Dirección General de la Función Pública dictó ayer la Resolución 505, de 19 de mayo de 2020, por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios de recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del COVID-19. Tiene por objeto ajustar la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de esos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. Entre los puntos a destacar figura la priorización del trabajo no presencial.

El cumplimiento de las medidas previstas en esa resolución se ajusta a los principios generales de continuidad de la prestación del servicio público; de garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios; de protección del personal especialmente sensible; de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; de priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo, y de flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.

La resolución señala que la aplicación de las distintas modalidades de prestación de servicios (presencial, no presencial y mixta) tendrá carácter estrictamente individual, y se efectuará teniendo en cuenta, tanto la garantía del servicio público, como las medidas organizativas que se establezcan por los distintos Departamentos, Organismos y Centros Directivos, así como en el propio servicio o unidad administrativa, y las preferencias del empleado/a, siempre que en atención a las características y contenidos funcionales del puesto desempeñado sea posible la prestación bajo distintas modalidades.

Trabajo presencial, no presencial y jornadas

Establece la resolución que durante su vigencia, y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo desempeñado, se priorizará la prestación de los servicios en modalidades no presenciales, evitando de esta forma la concentración de personas en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo podrá ser total o parcial, según que su aplicación requiera o no de la prestación de servicios de forma presencial en uno o más días de la semana.

El personal que no pueda desarrollar la prestación de sus servicios a través de cualquiera de las modalidades no presenciales efectuará dicha prestación de forma presencial. Para ello, deberá observar de modo muy especial las previsiones contenidas en el Procedimiento para la implantación de medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2, debiendo los responsables de cada Servicio, en coordinación y bajo las directrices de los titulares de los centros directivos y de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos, planificar las tareas y procesos laborales de forma que el personal pueda desarrollar su actividad con las mayores garantías para su seguridad y salud en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias a tal fin, tanto en lo que se refiere a la organización del trabajo propiamente dicho, como en lo relativo a la gestión de espacios y otros aspectos.

Según la modalidad en que se efectúe la prestación de servicios será la aplicación del régimen de jornada y horarios. En el caso de las modalidades no presenciales, se aplicarán criterios de máxima flexibilización en la jornada laboral, si bien se mantiene la obligatoriedad de la jornada mínima diaria de seis horas, o la que proporcionalmente proceda, en los casos de jornada reducida, en los términos establecidos por la normativa de referencia.

A fin de conjugar esta flexibilización de la actividad laboral con el normal funcionamiento del servicio, los empleados y empleadas públicas deberán adoptar las medidas para asegurar la correcta coordinación y eficacia en el desarrollo de su actividad laboral, mediante las comunicaciones pertinentes a sus respectivos responsables funcionales.

En los supuestos de prestación de servicios en la modalidad presencial, o en las jornadas de prestación presencial del personal que tenga autorizada prestación de servicios en la modalidad no presencial parcial, el desarrollo de la actividad laboral se deberá ajustar a los límites establecidos en las normas antes citadas, en el periodo horario comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas, debiendo establecerse medidas que favorezcan la paulatina y gradual entrada del personal en los centros de trabajo, evitando acumulaciones en los momentos de entrada y salida a los mismos, o incluso durante el transcurso de la jornada laboral.

Además, se establece que en los supuestos en que la prestación de servicios se realice de forma presencial, con independencia de la prestación bajo esta modalidad se produzca de forma total o parcial, la realización de trabajos que excedan de la duración de la jornada semanal y de horas o servicios extraordinarios estará sujeta al régimen vigente en cuanto a su realización y a su compensación.

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado el Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al sars-cov-2, que amplía el Anexo I de la Resolución 313 de 12 de marzo de la Dirección General de la Función Pública (DGFP), por la que se aprueban las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos abordó este asunto el pasado miércoles. Las organizaciones sindicales trasladaron entonces tanto al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, como a la directora general de Función Pública, Laura Martín, numerosas aportaciones que el Gobierno de Canarias estudió a fin de mejorar la propuesta inicial que el Ejecutivo presentó ese día. De esta forma, se han marcado pautas ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal autonómico a sufrir contagio por el mencionado virus.

Por un lado, el desarrollo de las medidas aborda la atención al público de manera continuada, como la desempeñada en oficinas de atención ciudadana, oficinas de registro, oficinas de atención tributaria, oficinas de empleo, centros de valoración de la dependencia, bibliotecas públicas u oficinas judiciales. Por otro lado, incluye la vuelta al centro de trabajo habitual y la realización de las tareas rutinarias.

En todo caso, se establece la prioridad en la adopción de medidas preventivas colectivas, de tipo técnico u organizativo (distancia de seguridad interpersonal de dos metros, reorganización de tareas y procedimientos de trabajo, de los espacios de trabajo, trabajos a turnos, gestión de colas o el uso de barreras físicas, entre otras) frente a las de protección individual mediante el uso de equipos de protección individual (mascarillas y/o guantes).

Asimismo, la DGFP aclara que el desarrollo de estas medidas de prevención no modifica las pautas de actuación respecto del personal especialmente sensible, la forma de seguimiento y valoración de los contactos, y los aspectos previstos en caso de detectarse determinadas situaciones entre el personal establecido a través la Instrucción actualizada de 31 de marzo de 2020.

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Gobierno y ayuntamientos acuerdan permitir más libertad en el uso del Fondo Canario de Financiación Municipal

Julio Pérez preside la reunión del Consejo Municipal de Canarias 08 05 2020

La medida permitirá que los municipios destinen la totalidad del fondo a la financiación de los servicios públicos básicos, servicios sociales, fomento del empleo, cultura, sanidad y educación, y se podrá destinar al fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio de los ayuntamientos
Asimismo, fue aprobado por unanimidad el reajuste de las entregas a cuenta del Bloque de Financiación Canario motivado por la caída de la recaudación de los tributos

El Consejo Municipal de Canarias ha informado favorablemente ayer viernes 8 de mayo la propuesta de modificación del artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para el presente ejercicio. Así, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos acuerdan, por unanimidad, permitir más libertad en el uso del Fondo Canario de Financiación Municipal.

La reunión la presidió el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y participaron las alcaldesas y alcaldes de los ayuntamientos de Agüimes, Óscar Ramón Hernández; de Tinajo, Jesús Casimiro Machín; de Candelaria, María Concepción Brito; de Agulo, Rosa María Chinea, de Puntagorda, Vicente Rodríguez, y de Valverde, Antonio Ramón Chinea. Del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acudió por delegación el concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio, José Sabaté, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también por delegación, la concejala del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, Encarnación Galván.

Por parte del Gobierno de Canarias también asistieron el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez; el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, y la directora general del Tesoro y Política Financiera, Dunia González.

En virtud de esta modificación, una vez aprobada mediante Decreto ley del Consejo de Gobierno, los municipios canarios podrán destinar la totalidad del crédito previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del FCFM que les corresponda por el fondo de 2020 a la financiación de actuaciones en materia de seguridad y movilidad ciudadana, bienestar comunitario, servicios sociales y promoción social, fomento del empleo, cultura, sanidad y educación.

El artículo 1.1.a) establece que el 50% de las dotaciones a los municipios se destine al saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en ley, a inversión.

Asimismo, de no estar contempladas en las políticas de gasto indicadas, podrán ser financiadas con cargo al fondo las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las derivadas del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.

El punto 2 de ese RDL señala que, con cargo al suplemento de crédito, se realizarán las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las mismas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

Además, la modificación establece que los ayuntamientos que hayan incumplido en 2019 alguno de los indicadores de saneamiento económico financiero, podrán asimismo destinar la parte del fondo de 2020 previsto en el artículo 1.1.a) a saneamiento a saneamiento económico financiero.

El acuerdo también señala que, en caso de incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, no se reducirá el fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo de la Ley 3/1999, de 4 de febrero (que contempla que el otro 50% de las dotaciones a los municipios son para gastos de libre disposición).

Los ayuntamientos podrán destinar los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondiente a 2019 durante 2020 a saneamiento económico-financiero (o a inversión, de reunir los requisitos) si han cumplido con los indicadores de saneamiento económico financiero de acuerdo con las auditorías de la liquidación de 2018.

Reducción de las entregas a cuenta del Bloque de Financiación Canario para 2020 y compensación de la liquidación negativa correspondiente al ejercicio 2019

En la misma sesión, el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos expuso la caída de recaudación de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario (IGIC, AIEM e IEDMT) y el Consejo Municipal informó, también por unanimidad, la propuesta de reducir las entregas a cuenta del ejercicio 2020, así como la propuesta de liquidación negativa correspondiente al ejercicio 2019.

Matos agradece a la Consejería y en concreto al viceconsejero Alejandro Rodríguez por la modernización de la Cámara

Gustavo Matos interviene ante la Diputación Permanente el 5 de mayo de 2020

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, reconoció ayer al término de la comparecencia del consejero Julio Pérez el trabajo desarrollado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, por la ayuda prestada desde el Ejecutivo en la potenciación de la modernización tecnológica y digital de la Cámara

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, trasmitió ayer al término de la comparecencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en nombre de la Mesa y de los portavoces de los grupos parlamentarios el agradecimiento del Parlamento de Canarias a toda la Consejería en general y, de forma especial, al personal de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, que dirige Alejandro Rodríguez, por la colaboración prestada desde el Gobierno de Canarias en el impulso de su modernización.

Matos explicó que el Parlamento lleva a cabo un esfuerzo en tiempo récor para modernizar la actividad parlamentaria, lo que conlleva también la implantación de la sede electrónica, que ya está prácticamente finalizada, igual que la instauración del Registro electrónico y otras novedades en las que el Parlamento está trabajando.

Por ello, el presidente del Parlamento remarcó la ayuda inestimable recibida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para dar un paso importante en la potenciación de la modernización tecnológica y digital del Parlamento de Canarias.

En su comparecencia, Pérez había remarcado que su Departamento ha venido ajustando las actuaciones del Ejecutivo a las reglas establecidas por el Parlamento, tanto las de comunicación telemática e informática, como a la comparecencia ante la Diputación Permanente, ante la que ya han comparecido el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como la totalidad de consejeros y consejeras de su equipo.

Pérez recordó que está en trámite una solicitud del Parlamento para incorporarse más estrechamente al llamado SICAC, el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitirá mejorar el servicio de Relaciones con el Parlamento y el propio funcionamiento del Parlamento. El consejero apuntó que poder contribuir a la modernización de las instituciones del Archipiélago, aunque sea de una forma modesta, produce una satisfacción muy especial.

La Consejería afronta la crisis del Covid con una respuesta tecnológica que moderniza la Administración Pública

Julio Pérez, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente el 5 de mayo de 2020

En lo que va de crisis, esta consejería ha emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que ha distribuido 13.000 (cerca de 8.000 personas están conectadas de forma asidua); ha adquirido más de 400 ordenadores portátiles para extender el teletrabajo; ha implantado una app para el fichaje remoto; ha multiplicado por cinco la capacidad de videoconferencias, ha desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para trabajo a distancia; ha ampliado un 25% la plataforma de correos electrónicos, ha creado un chatbot para responder las dudas de la ciudadanía en materia de Justicia, y ha mejorado la sede electrónica con la introducción del sistema aCl@ve Pin

El 012 ha gestionado más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general, y ha recibido en una semana más de 32.000 llamadas sobre el Ingreso Canario de Emergencia, del cual se ha tramitado por esta vía unas 5.000 solicitudes. Además, se ha pasado de gestionar menos de un centenar de ERTES a más de 20.000 y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó ayer martes ante la Diputación Permanente del Parlamento las principales actuaciones impulsadas desde este departamento para afrontar la crisis del Covid-19. En buena parte, se trata de una respuesta tecnológica que moderniza la Administración autonómica bajo el paraguas cuatro principios que han orientado la actuación del Departamento: el mantenimiento de los servicios públicos (a pesar del incremento del trabajo a distancia); la extensión del propio teletrabajo; la simplificación de los procedimientos (en algunos casos, con posibilidad de permanencia) y la integración práctica en un único cuerpo de administración y de servicio con otras consejerías, pero muy especialmente con la de Sanidad.

El consejero apuntó que la gestión de la crisis ha servido para producir un avance significativo en los procesos de modernización, de informatización, de teletrabajo, de telepresencia y de relación con la ciudadanía. Admitió que queda mucho camino por recorrer pero, en cualquier caso, insistió, lo hemos iniciado a mucha más velocidad de la que llevábamos.

Personal público

Pérez también remarcó la adaptación continua de la Dirección General de Función Pública y sus actuaciones a las sucesivas y variadas exigencias de la prestación del servicio debido a la crisis del Covid, y enfatizó la prioridad dada a la protección de la salud del personal público. Es importante prestar el servicio, pero también lo hacerlo sin que nuestros trabajadores sufran, afirmó.

En este sentido, apuntó que, hasta la fecha, se han producido 47 incidentes entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de los que siete han resultado casos positivos del Covid. Los restantes se descartaron o se sometieron a controles de aislamiento. En el primer periodo de alarma, añadió Pérez, se dispensaron 5.000 permisos retribuidos para la aplicación real de las normas que facilitaban la ausencia de los trabajadores.

Tecnología y modernización

Además, resaltó la respuesta tecnológica dada a la crisis desde este departamento ante la demanda de teletrabajo. Se han emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que se distribuyeron unos 13.000, lo que permite a unas 8.000 personas conectarse de forma asidua.

Se ha implantado una app para el fichaje remoto para el control horario -el denominado SICHO-; se han adquirido 400 ordenadores portátiles por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, más otros equipos que otras consejerías y servicios han adquirido; se ha generalizado el sistema de videoconferencia tras multiplicarse por cinco su capacidad, y destacó el aumento en 600 del sistema de escritorios virtuales, lo que permite que haya estaciones de trabajo adicionales -del Cuerpo General de la Policía Canaria, entre otros-.

Asimismo, señaló que se han desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo; se ha ampliado un 25% la plataforma de correo electrónico, se han aumentado en 10.000 las licencias de correo electrónico, y todo este esfuerzo se ha complementado con un proceso de extensión del conocimiento y de familiarización del personal con los mecanismos informáticos.

Recordó también la puesta en marcha de un chatbot -un sistema de respuestas automáticas- en el ámbito de la Justicia, mientras que el ICAP ha adaptado su plan de formación para mantenerlo a distancia. Por otra parte, se ha aumentado la capacidad de la Red de Emergencias, la RESCAN, con ampliaciones para las policías autonómicas y las locales, y una pasarela para la UME, de modo que la conexión con la RESCAN sea más fácil.

En materia de Transparencia, Pérez recordó la creación de un portal específico para el Covid y el establecido de una base con datos del mismo, que se ampliará, previsiblemente, en los próximos días para facilitar más información.

En cuanto a la sede electrónica, se ha mejorado utilizando la introducción del Sistema Cl@ve Pin, el mismo que utiliza la Agencia Tributaria, de modo que basta con el DNI y una llamada telefónica para acceder a los servicios de la Administración Pública. Asimismo, se ha adquirido una nueva herramienta (Insuite) para facilitar el acceso a personas con discapacidades o con pocas competencias digitales.

Atención telefónica

El consejero recordó que los servicios de atención telefónica dependen de esta Consejería, y que los mismos han sido cruciales en la gestión de la crisis. Así, apuntó que se han recibido más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general a través del 012.

Destacó que se ha reforzado el servicio de cita médica; se ha implantado un servicio de atención telefónica que no existía hasta ahora para la Dirección de Salud Pública, y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos.

Mediante un convenio especial en el que ha sido pionera la Comunidad Autónoma de Canarias (junto con otras pocas), se ha incorporado una app que permite un sistema de autoevaluación y de gestión parecida a la telefónica en los casos sospechosos de contagio del Covid-19. Y junto con el Servicio de Salud y la Dirección de Programas Asistenciales, se ha establecido un sistema único de reporte de datos de los laboratorios y una plataforma permanente de datos epidemiológicos.

ERTES y el ICE

En materia de ERTES, remarcó que se ha pasado de gestionar menos de un centenar a más de 20.000, mientras que del Ingreso Canario de Emergencia ICE se recibió durante la primera semana a través del 012 casi 32.000 llamadas telefónicas, que ha dado lugar a la gestión de unas 5.000 solicitudes por esta misma vía.

En materia de Justicia, el consejero destacó el mantenimiento de los servicios y la garantía de la seguridad del personal y la propia ciudadanía, además de mantenerse la normalidad en los pagos a proveedores.

Por su parte, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ha acelerado el proceso de informatización, de manera que este centro ha funcionado casi en modo presencial a pesar de que la mayor parte de su personal ha podido trabajar a distancia.

Además, señaló que ahora la Consejería tramita una solicitud del Parlamento para incorporarse más estrechamente al llamado SICAC, el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitirá mejorar el servicio de Relaciones con el Parlamento, y el propio funcionamiento del Parlamento.

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El 012 atiende casi 32.000 llamadas en la primera semana del Ingreso Canario de Emergencia (ICE)

Ordenador de la Sala de atención telefónica del 012 Gobierno de Canarias

Las solicitudes del ICE rondaron las 7.000 entre el lunes y el viernes de la semana pasada, de las que casi 5.000 se canalizaron a través del 012
La experiencia en la primera semana ha probado con éxito y por primera vez en una administración española el innovador sistema telefónico de solicitudes que se ha puesto en marcha junto a la Consejería de Derechos Sociales

El 012, que depende de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, atendió la semana pasada -la primera en que se pudo solicitar el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), que ha puesto en marcha la Consejería de Derechos Sociales- 31.801 llamadas relacionadas con el mismo.

En total, entre el lunes y el viernes de la semana pasada, el Gobierno de Canarias tramitó 6.827 solicitudes del ICE, de las que 4.991 se canalizaron a través del 012. Las restantes 1.836 corresponden a solicitudes realizadas directamente por la ciudadanía mediante certificado o cl@ve pin a través de la sede electrónica.

En relación a las solicitudes mediante el 012, el mayor número se registró el lunes 27 de abril (1.617), seguidas por las del martes (1.456), las del miércoles (1.085) y las del jueves (833). La tendencia fue idéntica en el caso de la sede electrónica, en la que la mayor cantidad de solicitudes tuvo lugar el lunes (980), para bajar a 401 el martes; 236 el miércoles; 154 el jueves, y 65 el viernes.

Llamadas por provincias, duración y espera

La distribución diaria de las llamadas también ha sido desigual. El lunes, el 012 recibió 4.102, mientras que el martes se registraron 11.416, el máximo diario hasta la fecha. El miércoles pasaron a ser 9.725 para disminuir a 6.558 el jueves. El viernes no hubo debido a que fue el festivo por el 1º de mayo.

Por provincias, las llamadas tuvieron unas cifras bastante cercanas, si bien fueron algo más elevadas en Santa Cruz de Tenerife. En este caso, se registraron 16.860 en el acumulado semanal, lo que supone el 53% del total. Por su parte, en Las Palmas hubo 14.941, llamadas, equivalentes al 47% restante.

Los tiempos de espera mejoraron del lunes, cuando rondó los nueve minutos, al jueves -último dato disponible debido al festivo del viernes-, que registró 49 segundos. En cuanto al tiempo de locución, el lunes rondó los dos minutos y 46 segundos, mientras que el jueves superó los cinco minutos.

Sistema telefónico de solicitudes innovador

Para la recepción de estas solicitudes el Gobierno de Canarias estableció un novedoso sistema de recepción telefónica de solicitudes con el fin de proteger la salud de la ciudadanía y del personal público, respetando las limitaciones a la movilidad.

En este sentido, las solicitudes pueden presentarse, además de por la sede electrónica, por teléfono. Para garantizar la identidad y autenticación las llamadas son grabadas y posteriormente se verifican y registran por funcionarios habilitados.

Posteriormente, se verifica por intermediación con otras administraciones que los datos y la identidad suministrados son correctos. En el caso de que los datos suministrados no sean ciertos se procede a la denegación de la solicitud y, en su caso, incoación de las sanciones que correspondan por falsedad.

Para la gestión de este procedimiento innovador, las direcciones generales de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, de Modernización y Calidad de los Servicios, y de Derechos Sociales, establecieron un estricto proceso y desarrollaron varias plataformas tecnológicas específicas en un tiempo récor.

El número de solicitudes recibidas en la primera semana ha probado el éxito del sistema pionero en toda España. Se espera que el primer grupo de solicitudes pueda ser resuelto a finales de este mes.

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El Gobierno aprueba 294,5 millones para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020

Imagen del Consejo en Gran Canaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recuerda que el Fondo tiene, entre otras finalidades, dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) correspondiente a 2020 por importe de 294.557.677 euros. De esta cuantía, la Federación Canaria de Municipios recibirá el 1%, es decir, 2.945.576,77 euros, mientras que el resto se repartirá entre los 88 municipios canarios, un total de 291.612.100,23 euros.

Así lo establece la Ley del FCFM, que fija en su artículo 3 los criterios de distribución del Fondo, entre los que figuran los relativos a población y dispersión territorial que, según la citada norma, deberán distribuirse según datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero del ejercicio anterior a la distribución.

El Ejecutivo canario dará cuenta al Parlamento de Canarias de la autorización del gasto correspondiente a la distribución del FCFM, en cumplimiento de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.

Objetivos del FCFM

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recuerda que el FCFM tiene por objeto dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, para inversión o ayudas de emergencia social -en determinados casos-, así como para gastos de libre disposición.