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Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que “hasta ahora no ha habido una explicación clara de las causas de esta situación”

En su opinión, «no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia»

Según los últimos datos oficiales del CGPJ, Canarias registró durante el tercer trimestre del 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado, que en su conjunto fue de 32,1

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha reclamado una reflexión colectiva –Parlamento, Gobierno y operadores jurídicos– sobre la elevada litigiosidad que se registra en Canarias, pues, “hasta ahora, no hay una explicación clara de las causas de esta situación, de por qué en Canarias se ponen más pleitos y se va a los tribunales más que la media de los españoles”.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el tercer trimestre del año 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado en el periodo de estudio, que en su conjunto fue de 32,1, nueve puntos menos. Y ello a pesar de que en el mismo periodo las islas obtuvieron la segunda mejor tasa de resolución del país. Hay que retroceder a las estadísticas judiciales de hace siete años, a 2016, para no encontrar a Canarias a la cabeza de las regiones donde más se pleitea.

Además de haber sido Canarias la comunidad donde más se litigó en ese intervalo de tiempo, la provincia de Las Palmas fue la cuarta con mayor tasa de litigiosidad, 43,17 pleitos por cada 1.000 habitantes. La primera fue Ceuta (46,35), la segunda Málaga (43,69) y Lugo la tercera (43,43). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de litigiosidad en el periodo de referencia fue de 35,7, lo que la sitúa en los puestos medios de la tabla nacional. La provincia más tranquila en cuanto a pleitos fue Lleida, con 18,92 litigios por cada 1.000 habitantes.

A raíz de una pregunta efectuada por la diputada socialista Matilde Fleitas en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en las islas “litigamos mucho, pero nuestros órganos administrativos y judiciales también resuelven proporcionalmente”, Julio Pérez ha señalado que la litigiosidad excesiva de Canarias “quizás sea uno de los problemas más importantes de la Justicia de Canarias”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que, aunque se podría caer en la tentación de pensar que se debe a que la Justicia funciona peor, la excesiva litigiosidad “no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia”. Más bien al revés, ha dicho, “se podría pensar que los ciudadanos y las ciudadanas confían en la Justicia”.

Tampoco hay ningún dato que respalde que los canarios y las canarias tienen dificultades para llegar a acuerdos o entendimientos que eviten los conflictos, ha manifestado Julio Pérez, quien ha insistido en que la realidad es que año tras año, mes tras mes y semana tras semana, “tenemos más pleitos que el resto de los españoles”.

A su juicio, “algo nos pasa y convendría tener una explicación”. Mientras tanto, “si no tenemos ninguna y tenemos muchos pleitos, tendremos que poner más medios, ya que –ha apuntado– no se le puede decir a la gente que no vaya a los juzgados”. “Habrá que acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda”, ha resaltado.

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Julio Pérez: “En Justicia hemos avanzado en instrumentos de digitalización, ahora debemos hacerlo en conocimientos”

Julio Pérez: “En Justicia hemos avanzado en instrumentos de digitalización, ahora debemos hacerlo en conocimientos”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone como ejemplo la implantación del sistema de gestión procesal Atlante Web, que incorpora el expediente judicial electrónico, y el despliegue del Arconte-Aurea para la grabación de actos judiciales

A su juicio, “no es una tarea solo de la Administración de Justicia, sino también del resto de operadores. A veces se nos demanda más digitalización por sectores que no la utilizan”

Confía en que el denominado Edificio Auditorio, de Santa Cruz de Tenerife, acoja, en un plazo breve de tiempo, unos 20 juzgados desperdigados ahora por la capital tinerfeña

El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que, en materia de digitalización de la Justicia, el Gobierno de Canarias ha dado pasos importantes. “Hemos avanzado mucho en los instrumentos y medios de digitalización, ahora debemos hacerlo en los conocimientos y la capacidad para utilizarlos”, ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.

A pregunta de una diputada del Grupo Parlamentario Socialista, el titular de Administraciones Públicas ha puesto como ejemplo del trabajo efectuado por su departamento la implantación del sistema de gestión procesal Atlante Web, que incorpora el expediente judicial electrónico, y el despliegue del Arconte-Aurea, que permite la grabación de actos judiciales a través de un modelo unificado en todos los partidos judiciales.

Sobre el primero de ellos, ha mencionado las palabras pronunciadas por la fiscal jefe de Canarias, María Farnés, en esa misma Comisión, subrayando su buen funcionamiento y calificándolo como unos de los mejores, si no el mejor, de los sistemas implantados en España.

Durante su intervención, Julio Pérez ha indicado que el proceso de pasar de una Justicia basada en el papel a una basada en medios electrónicos es una tarea que no solo corresponde a la Administración de Justicia, sino también al resto de operadores y ha advertido que, “a veces, se nos demanda más digitalización por sectores que no la utilizan”.

En su opinión, aunque durante la presente legislatura se ha dado un impulso a la digitalización y modernización de la Justicia, como no se había hecho antes, todavía quedan cosas por hacer.

Además, Julio Pérez se ha referido, debido a la pregunta de otra diputada del Grupo Socialista, a la situación en que se encuentra en estos momentos el procedimiento para que Santa Cruz de Tenerife cuente con instalaciones judiciales aptas.

Ha desgranado el pasado, presente y futuro del proceso seguido para construir la gran ciudad de la Justicia, un espacio destinado a completar las instalaciones actuales, que estará situado detrás del centro comercial de El Corte Inglés y que ha obligado a cambiar el planeamiento de esa zona y que su departamento impulse la presentación de uno nuevo. El consejero ha mostrado su esperanza de que este proyecto se haga realidad tras los trabajos realizados, en este sentido, a lo largo de este mandato.

Del mismo modo, ha manifestado que confía en que el denominado Edificio Auditorio de la capital tinerfeña, cuya compra al Ayuntamiento de Santa Cruz surgió como una oportunidad en medio del anterior proceso, podrá acoger, en un plazo breve de tiempo, unos 20 juzgados desperdigados ahora por distintos emplazamientos de la ciudad.

Como anotación final, ha recordado que la Justicia no solo son espacios, pero son imprescindibles, porque si no son adecuados no podemos crecer. En este sentido ha aludido a las dificultades que existen en Santa Cruz para instalar nuevos juzgados, una vez aprobados por el Ministerio de Justicia, todo lo contrario de lo que ocurre en Las Palmas, que sí cuenta con amplias instalaciones.

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El Gobierno habilita la herramienta ‘Gobcan Verifica’ para incrementar la seguridad de sus aplicaciones

El Gobierno habilita la herramienta ‘Gobcan Verifica’ para incrementar la seguridad de sus aplicaciones

Esta nueva utilidad digital, implementada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, ahorrará 100.000 euros anuales y permitirá eliminar los SMS

A través de esta aplicación, que ya se han descargado, bien desde Google Store, en Android, o bien desde App Store, en iOS, 1.700 usuarios, se recibe un código de verificación cuando se es requerido para reforzar la autenticación

Su desarrollo es producto del esfuerzo realizado por la Consejería que dirige Julio Pérez, en materia de digitalización, con el fin de garantizar servicios siempre disponibles, fáciles de usar, seguros, económicos y de calidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, una herramienta digital, denominada GobCan Verifica, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en las aplicaciones del Gobierno de Canarias, mediante un doble factor de autenticación (2FA), que se activa en el acceso a través del Single Sign On (SSO) Corporativo o inicio de sesión único.

Según el director de general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, esta aplicación, que ya se puede descargar desde Google Store, en Android, o App Store, en iOS, es especialmente útil cuando se intenta iniciar sesión en equipos y dispositivos móviles que no estén conectados a la red corporativa.

Además, este nuevo método implementado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para, mediante un segundo factor de autenticación, verificar la identidad del usuario en los sistemas del Gobierno de Canarias, va a permitir un ahorro de unos cien mil euros al año al sustituir a los SMS, que es la fórmula configurada ahora mismo para el 2FA.

Desde noviembre de 2022 hasta el pasado 25 de enero, han utilizado GobCan Verifica, para acceder a alguna aplicación, 1.174 usuarios distintos, siendo 1.700 el número de usuarios que se la han descargado. Las descargas de la nueva utilidad, en ese periodo de tiempo, desagregados, es de 1.126, en Android, y 614, en IOS.

GobCan Verifica es producto del esfuerzo realizado, en materia de digitalización, por el departamento que dirige Julio Pérez, con el fin de garantizar servicios TIC siempre disponibles, fáciles de usar, seguros y de calidad, tanto para los empleados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias como de otras administraciones públicas y la ciudadanía.

Este trabajo se ha visto reflejado también en los logros conseguidos en la administración electrónica, con el establecimiento de la sede única y la incorporación del gobierno del dato, así como con el desarrollo de los portales de Datos Abiertos y de Gobierno Abierto, la plataforma de teletrabajo y las herramientas para la ciberseguridad.

La administración electrónica, ha señalado Víctor Melián, es uno de los pilares troncales del mapa de servicios que influyen en la transformación digital. El nivel de disponibilidad de la sede electrónica para la tramitación de expedientes por la ciudadanía o la gestión de estos por el personal público es un indicador fundamental.

En su opinión, uno de los principales esfuerzos para conseguir un alto nivel de transformación digital es, por un lado, la disponibilidad máxima y de calidad de las infraestructuras tecnológicas hardware, software y de comunicaciones que dan soporte técnico a la administración electrónica. Por otro, también es importante tener el máximo número de procedimientos electrónicos disponibles para tramitación y de servicios electrónicos asociados (registro electrónico, métodos de identificación y de firma digital, servicios electrónicos de la plataforma de interoperabilidad, notificaciones electrónicas, etc.).

En este momento, en el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC) hay aproximadamente 2.250 actuaciones externas publicadas con tramitación electrónica en nivel N3 (inicio por medios electrónicos) o N4 (tramitación íntegra en sede electrónica) con inicio por el interesado y otras 150, con inicio de oficio. De ellas, unas 1.150 se encuentran activas (con el plazo de presentación abierto), es decir, se podrían iniciar hoy a través de la sede electrónica (SEDEe).

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Un estudio académico analiza la gestión de la emergencia volcánica en La Palma

Un estudio académico analiza la gestión de la emergencia volcánica en La Palma

Su autor, Carlo Brusini, graduado en Seguridad y Control de Riesgos, presentó el texto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto a la tutora del trabajo, la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Montserrat Román

El Trabajo de Fin de Grado contiene, por ejemplo, 26 aspectos, fruto de las lecciones aprendidas de la emergencia, que se plantean como propuestas de mejora a tener cuenta en futuras revisiones del Pevolca

Incluye 22 anexos, con acceso vía códigos QR, en los que se recopilan cartografías de coladas, informes de evacuaciones, confinamientos y transferencias de mando, gráficos de mediciones de gases, legislación complementaria e imágenes de momentos relevantes de la emergencia

El Gobierno de Canarias lo difundirá y divulgará, para promover su conocimiento, y el consejero se comprometió a su edición en alguna de las series de publicaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha recibido un ejemplar del libro elaborado por Carlo Brusini, graduado en Seguridad y Control de Riesgos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que recoge un análisis de la organización de la emergencia volcánica en la isla de La Palma, realizado durante la erupción, en el marco del Trabajo de Final de Grado, y tutorizado por la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno canario, Montserrat Román, presente también en el acto de entrega de la obra por parte del autor.

En este trabajo, Brusini estudia todos los hechos ocurridos durante la emergencia, aún en curso, teniendo como marco de referencia el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).

A lo largo de ocho capítulos, aborda el marco legal de Protección Civil ante el riesgo volcánico, la actividad sismo-volcánica en Canarias, la cronología de la emergencia en sus diversos aspectos, el análisis de la ejecución de las funciones y los órganos constituidos en el marco de referencia del Pevolca. Además, se desglosan los medios y recursos empleados, y se proponen veintiséis aspectos, fruto de las lecciones aprendidas y extraídas de la emergencia, cuestiones que se plantean como propuestas de mejora a tener cuenta de cara a futuras revisiones del Plan.

El Trabajo de Fin de Grado se complementa con veintidós anexos, a los que se puede acceder mediante códigos QR, en los que se recopilan cartografías de coladas, imágenes sobre el terreno tomadas por el autor, declaraciones municipales, insulares, autonómicas, informes de evacuaciones, confinamientos y transferencias de mando, gráficos de mediciones de gases, legislación complementaria, un listado de enlaces a documentación, conferencias de interés e imágenes de momentos relevantes de la emergencia, así como una síntesis de trabajo de campo.

Este documento, según ha relatado su autor, es fruto del análisis técnico realizado y de la experiencias y conocimiento obtenidos en el Puesto de Mando Avanzado durante el desarrollo de la emergencia.

El consejero ha señalado que el Gobierno de Canarias difundirá y divulgará su contenido, para promover su conocimiento, y se ha comprometido a su edición en alguna de las series de publicaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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‘Hermine’ activó, por primera vez en la historia de Canarias, 56 planes de emergencia municipal y siete insulares

‘Hermine’ activó, por primera vez en la historia de Canarias, 56 planes de emergencia municipal y siete insulares

El fenómeno meteorológico adverso registrado en las islas a finales de septiembre y por el que se declaró la alerta máxima dejó fuertes lluvias en todo el archipiélago, que provocaron inundaciones puntuales, cortes de carreteras, desprendimientos, caídas de árboles y cancelaciones de vuelos

La Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias homologa los Pemu de Frontera, Valleseco y Fasnia, y ya hay 58 municipios, de los 88 canarios, con planes homologados

Tenerife y Gran Canaria disponen ya, al igual que El Hierro y La Gomera, de Plan General de Riesgo de Inundaciones (PGRI)

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca la importancia de avanzar en estos planes para evitar la improvisación en las situaciones de emergencia

‘Hermine’ logró activar, por primera vez en la historia del archipiélago, los siete planes de emergencia insular (Pein) y cincuenta y seis planes de emergencia municipal (Pemu). Este fenómeno meteorológico adverso, por el que se declaró la alerta máxima en Canarias el último fin de semana de septiembre, no ocasionó ningún daño personal, pero sí dejó fuertes lluvias y, como consecuencia de ellas, inundaciones puntuales, cortes de carreteras, desprendimientos, caídas de árboles y cancelaciones de vuelos.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario, Gustavo de Armas, durante la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias (CPCAE) desarrollada esta semana bajo la presidencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

Durante la sesión, se han homologado los planes de emergencia municipal de Frontera, Valleseco y Fasnia, con lo que ya hay 58 municipios, de los 88 canarios, que han homologado este documento ante la CPCAE. Gustavo de Armas ha invitado a los que aún no han elaborado dichos planes a que lo hagan con premura y presenten la documentación en la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Por islas, en Tenerife hay veintiséis homologados de treinta y uno; en La Palma, siete de catorce; en La Gomera, cinco de seis; en El Hierro, uno de tres; en Gran Canaria, doce de veintiuno, en Lanzarote, siete de siete; y en Fuerteventura, cero de seis.

También se ha informado y homologado el Plan de Emergencia Insular (Pein) de La Palma y se ha presentado la actualización del anexo de industrias afectadas por el Plan Especial de Emergencia Exterior por Riesgo Químico en Canarias (Risqcan).

Del mismo modo, y con el objetivo de incluirlos en el Plan Especial de Protección Civil de Canarias (Peinca), se ha informado de los planes generales de riesgo de inundaciones (PGRI) de Tenerife y Gran Canaria, que se unen así a El Hierro y La Gomera, que ya cuentan con este documento.

Julio Pérez ha felicitado a los miembros de la Comisión por los avances efectuados en materia de planificación, ya que, según ha destacado, “nos pone a salvo de la improvisación” en las situaciones de emergencia y contribuye a perfeccionar el Peinca.

La CPCAE está integrada por, además del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en calidad de presidente, y el director general de Seguridad y Emergencias, como vicepresidente, tres representantes de la Delegación del Gobierno en Canarias, el responsable del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), un o una representante del Servicio Canario de Salud con competencias en el área de Urgencias Sanitarias, el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, la directora general de Industria, el director general de Transportes, un o una representante de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, un o una representante de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna, dos representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los presidentes o presidentas de los siete cabildos, la subdirectora de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias y el responsable en materia de formación y emergencias de este último departamento.

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GSC paga más de 1,2 millones de euros a 201 trabajadores por el recorte del 5% de sus retribuciones

GSC paga más de 1,2 millones de euros a 201 trabajadores por el recorte del 5% de sus retribuciones

Esta cuantía corresponde a la actualización de las anualidades de 2019 (422.844,25 euros) y de 2022 (834.844,61 euros)

En marzo se llevará a cabo el abono del montante correspondiente a 2020 (429.500,01 euros) y, en 2024, se hará efectivo el de 2021 (438.007,16 euros), tal y como quedó establecido en el acto de conciliación realizado en noviembre de 2021

GSC cumple así, de forma rápida el acuerdo adoptado el 30 de diciembre por su Consejo de Administración, presidido por Julio Pérez, que mandató restituir las remuneraciones minoradas a la mayor brevedad posible

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, ha realizado este jueves el primer pago de las retribuciones del 5% minoradas en 2010 a sus empleados, al abonar 1.257.688,86 euros a 201 trabajadores. Este montante corresponde a la actualización de las anualidades de 2019 (422.844,25 euros) y de 2022 (834.844,61 euros).

El resto, el importe de 2020 (429.500,01 euros) se reembolsará el próximo mes de marzo y el de 2021 (438.007,16 euros), en 2024, tal y como señala el acto de conciliación acordado en el proceso de conflicto colectivo nº 12/2020. En total, la cuantía a restituir asciende a 2.125.196,03 euros.

Con este primer pago, GSC cumple de forma rápida el acuerdo adoptado, por unanimidad, por su Consejo de Administración, en la reunión celebrada el pasado 30 de diciembre, bajo la presidencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Dicho acuerdo mandató a su Comisión Ejecutiva y a su director gerente, Juan Ignacio Pérez-Nievas, ejecutar, a la mayor brevedad posible, la recuperación salarial del 5%, una vez que el Gobierno de Canarias había autorizado su restitución un día antes.

Además, según ha anunciado el director gerente, junto a este primer pago, a partir del presente mes de enero las retribuciones de los empleados de GSC también incorporarán el incremento del 5% recortado a los trabajadores en 2010 debido a la crisis económica.

La recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse, por parte de 201 trabajadores de GSC que estaban en 2010 en la empresa pública y permanecen aún en ella, fue autorizada por el Consejo de Gobierno desarrollado el pasado 29 de diciembre, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, en los que se consideraba que no existía obstáculo para ello.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado en noviembre de 2021 por empresa y empleados, para que la actualización salarial se realizara desde el 1 de enero de 2022, no se había podido materializar, debido a que la Comunidad Autónoma de Canarias había incumplido la regla de gasto en el ejercicio 2019. Un escollo que se ha logrado resolver gracias al tesón del Consejo de Administración de GSC, que, durante esta legislatura, no ha cejado en su empeño, hasta dar con la solución a un problema que tiene su origen en 2010.

La empresa pública GSC tiene encomendada una amplia cartera de servicios, como son las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria, a través del Servicio de Urgencias Canarias (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

Su Consejo de Administración está conformado, junto con su presidente, Julio Pérez, por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en calidad de vicepresidente; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez; la secretaria general técnica de Sanidad, Isabel León; la secretaria general técnica de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano; la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Elizabeth Hernández; el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas; la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez; y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúritz.

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La embajadora de Finlandia agradece al Gobierno canario la seguridad de los 4.000 residentes fineses en las islas

La embajadora de Finlandia agradece al Gobierno canario la seguridad de los 4.000 residentes fineses en las islas

La representante diplomática se reúne con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y destaca la tranquilidad que ofrece Canarias a los numerosos visitantes de su país

En 2019 llegaron al archipiélago 300.000 turistas finlandeses, cifra que se va recuperando una vez dejada atrás la pandemia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido esta semana la visita de la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio, y el cónsul de este país en Canarias, Juan Carlos Díaz Lorenzo, con quienes ha analizado la situación de los casi 4.000 residentes fineses que hay en las islas –2.500 en Las Palmas y 1.500 en Santa Cruz de Tenerife–, una comunidad que goza de un gran aprecio por parte de los canarios y que ha sabido aprovechar la tranquilidad y seguridad que ofrece el archipiélago.

Durante el encuentro, la embajadora, que se encuentra en su primera visita oficial en Canarias, ha agradecido a Julio Pérez estas cualidades que las islas ponen a disposición tanto de los residentes, una buena parte de ellos jubilados que han decidido instalarse aquí o jóvenes empresarios dedicados al mundo de la restauración, como a los miles de visitantes de su país.

En este sentido, hay que apuntar que en el año 2019 llegaron a Canarias alrededor de 300.000 turistas finlandeses, cifra que se va recuperando, una vez dejada atrás la pandemia, gracias, entre otras razones, a las conexiones directas que las distintas aerolíneas mantienen entre las islas y el país nórdico.

Sari Rautio, que tomó posesión de su cargo hace más de un año, en septiembre de 2021, sustituyendo a Tina Jortika-Laitinen, representante diplomática en España durante cuatro años, llegó a Madrid procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores del país báltico, donde había trabajado desde 2018 como directora de la Unidad de Seguridad Política y Gestión de Crisis. Con anterioridad, había ocupado diversos cargos en el Departamento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores y en misiones de Finlandia en el extranjero. Sus puestos en la diplomacia finlandesa incluyen servicios en las embajadas de Moscú, Addis Abeba y Madrid.

El consejero ha expuesto en detalle y trasladada documentación a la embajadora sobre algunos de los asuntos que en este momento constituyen la agenda del Gobierno y que son motivo de atención y de preocupación por la ciudadanía y la opinión pública de Canarias. En algunos de ellos, como la importancia de incrementar el uso de energías renovables o el fomento y la extensión de la digitalización, se produce una notable coincidencia entre las perspectivas y puntos de vista del archipiélago y los del gobierno y la sociedad de Finlandia.

La embajadora Rautio ha mostrado interés particular por las relaciones y la atención que se presta desde Canarias a la evolución de la situación política, económica y social en los países africanos vecinos y en la importancia de mantener las vías de cooperación y de ayuda a los estados con graves dificultades en la actualidad, en concreto los países del Sahel.

A su vez, el consejero ha prestado interés por la posición de Finlandia sobre la situación general de Europa. Todo ello, ha dicho Julio Pérez, sin dejar de tener en cuenta que las relaciones internacionales del Reino de España son responsabilidad del Gobierno de la nación.

Al término del encuentro, en el que participó e intervino el cónsul de Finlandia en Canarias, Juan Carlos Díaz Lorenzo, todos han manifestado la conveniencia de mantener el contacto y las comunicaciones necesarias para facilitar la continuidad y la extensión de las relaciones económicas y sociales entre Finlandia y Canarias.

A lo largo de su estancia en Tenerife, la embajadora ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con la numerosa comunidad de finlandeses que reside en Puerto de la Cruz, además de otras reuniones con representantes del mundo empresarial y del sector portuario del archipiélago.

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La Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias expone al Gobierno sus principales objetivos

La Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias expone al Gobierno sus principales objetivos

Miembros de su Junta Directiva se reúnen con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para darle a conocer las líneas de actuación y la propuesta de declarar monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife

También subrayan la importancia de poner en marcha el Centro Virtual de la Memoria Histórica y elaborar la estrategia de esta materia que mandata la propia Ley

Julio Pérez toma nota de las iniciativas planteadas y afirma que algunas de ellas están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se ha reunido esta semana con Emilio Fresco, Eva Tobar, Carlos Berástegui, Víctor Berástegui y Jorge García Prieto, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, con el propósito de conocer los objetivos de este colectivo y las líneas de actuación en las que está trabajando.

Durante el encuentro, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, Emilio Fresco, ha planteado a Julio Pérez el interés existente en colaborar con todas las asociaciones de memoria histórica, con la finalidad de ir dando pasos en la ejecución material de lo que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Tras felicitar a todos ellos por la constitución de la Asociación, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que la memoria de la actividad de los grupos de la masonería en la historia de Santa Cruz de Tenerife, y de Canarias, en general, es muy intensa. Ha tomado nota de las iniciativas planteadas, algunas de las cuales, según ha dicho, están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Julio Pérez se ha comprometido a mantenerlos informados de las actuaciones que en materia de memoria histórica desarrolle la Consejería.

Emilio Fresco ha destacado la necesidad de elaborar la Estrategia de la Memoria Histórica de Canarias, un documento “clave” con carácter bienal, en el que se recogen los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la Junta Directiva han resaltado también la importancia de llevar a cabo el Centro Virtual de la Memoria Histórica, con la finalidad de recopilar, recuperar, estudiar, difundir y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Canarias, así como dar respaldo y fundamento documental e histórico a las actuaciones, iniciativas y estrategias relativas a esta materia puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, o por cualquier Administración pública, entidad dependiente de la misma o de entidades privadas con fines sociales análogos a los de la citada Ley.

Igualmente, han explicado su propuesta de declarar lugar o monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, inmueble ubicado en la calle San Lucas de la capital tinerfeña.

Al término de la reunión, Fresco ha mostrado su satisfacción, pues, según ha apuntado, “hemos cumplido nuestras expectativas de hacer llegar al Gobierno de Canarias nuestras aspiraciones en esta materia”.

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Julio Pérez repasa con el nuevo general de la Zona de la Guardia Civil en Canarias las relaciones con el Gobierno

Julio Pérez repasa con el nuevo general de la Zona de la Guardia Civil en Canarias las relaciones con el Gobierno

Juan Hernández Mosquera visita al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con motivo de su reciente nombramiento

En estos momentos, la Guardia Civil cuenta en las islas con aproximadamente 3.500 efectivos distribuidos entre sus comandancias en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido este viernes en su despacho la visita del general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, con motivo de su reciente nombramiento. Durante el encuentro, ambos han revisado las relaciones y colaboración que la Guardia Civil mantiene tanto con el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres como con el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), de forma especial en la gestión de situaciones de emergencia.

El general de brigada Hernández Mosquera, nacido en Pontevedra en julio de 1964 y de familia con larga tradición en la Guardia Civil, está al mando de las dos comandancias que este cuerpo tiene en Canarias, con aproximadamente 3.500 efectivos, distribuidos entre la Agrupación de Tráfico (ATGC), la Unidad del Grupo Rural de Seguridad (GRS), con base en La Laguna, las unidades del Servicio Aéreo de Helicópteros (SAER), con base en Los Rodeos y Fuerteventura, la unidades del Servicio Marítimo situadas en ambas provincias, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Policía Judicial y las unidades de Seguridad Ciudadana.

A lo largo de su carrera y tras salir de la Academia General Militar de Zaragoza como teniente, en 1989, Hernández Mosquera ha estado destinado, entre otros empleos, en el Grupo de Acción Rural –ahora Grupo de Acción Rápida– (GAR), dedicado a la lucha contra el terrorismo, el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) y su Estado Mayor.

Julio Pérez le ha traslado el apoyo del Gobierno de Canarias en su nueva etapa, que coincide con su primer destino como general de brigada.

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Julio Pérez: “Los equipos científicos son un elemento esencial para tomar decisiones políticas en las emergencias”

Julio Pérez: “Los equipos científicos son un elemento esencial para tomar decisiones políticas en las emergencias”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que la presencia continua de profesionales de las áreas afectadas es una gran garantía para la ciudadanía

El también director del Pevolca recoge, en nombre de todos los integrantes del Comité Científico de este plan y a solicitud de la organización, la Distinción 2021 otorgada por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España

En La Palma, recuerda Julio Pérez, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 218 millones de euros de un total de 577 millones desembolsados, una cantidad importantísima

Resalta el importante papel de las aseguradoras como mecanismo de prevención, ya que ayudan a mitigar parte del daño que se sufre en una catástrofe, e invita a extender la cultura del aseguramiento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha destacado la importancia de los equipos científicos, como elemento esencial a la hora de tomar decisiones políticas durante las emergencias, con motivo del discurso de agradecimiento pronunciado, en un acto desarrollado recientemente en Madrid, para la entrega de la Distinción 2021 otorgada por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España al Comité Científico del Plan de Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).

Esta distinción del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España, concedida en esta edición al Comité Científico del Pevolca, se otorga anualmente, desde 2016, a una actuación ejemplar en catástrofes, con el fin de reconocer la contribución relevante de organizaciones, instituciones, empresas o profesionales por su dedicación a los riesgos catastróficos en el ámbito nacional.

Un reconocimiento que, en esta ocasión, en palabras del presidente del Observatorio, Pedro Tomey, es fruto del ejemplo de actuación unitaria y gestión colectiva del Comité Científico del Pevolca frente a la crisis sismo-volcánica en la isla de La Palma, y a que, gracias a sus estudios y control del volcán, se pudo ofrecer una respuesta adecuada a la crisis. Se ejecutaron planes de prevención, evacuación y albergue y obras de emergencia como la construcción de carreteras, un embarcadero, reposición de líneas eléctricas y puesta en marcha de desaladoras, entre otras acciones.

Julio Pérez, encargado de recibir la placa conmemorativa a petición de la Fundación Aon, en su calidad de director del Pevolca, de manos del propio Pedro Tomey, la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, y el director de operaciones de la misma organización, Alejandro Izuzquiza, ha agradecido, en primer lugar, que se reconozca y premie a los miembros del Comité Científico, tanto por la disponibilidad, cantidad e intensidad de su dedicación como por su elevadísima calidad, plasmada ahora en congresos, simposios y jornadas.

A su juicio, en una catástrofe, junto con una dirección operativa que sea eficaz y que permita el liderazgo colectivo de todas las instituciones, y la suficiencia de medios, la presencia de equipos científicos al lado de Protección Civil es esencial para salvar a la ciudadanía de las ocurrencias e improvisaciones, que son un peligro frecuente en las situaciones de emergencia. Según ha explicado, en esas situaciones, a todo el mundo se le ocurre algo, desea contribuir y tiene alguna idea que le parece que es la mejor, y la mejor manera de contradecir iniciativas que pueden no ser útiles es disponer de conocimiento científico.

Durante su intervención ha dicho que si algo han tenido de positivo los acontecimientos padecidos en los últimos años –incendios, pandemia, erupción volcánica–, especialmente en Canarias, es justamente poner en valor el conocimiento científico como un elemento esencial en la toma de decisiones políticas. El respaldo y presencia continua de profesionales de las materias afectadas –ha recalcado– es una gran garantía para los ciudadanos.

El Comité Científico del Pevolca, compuesto por representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Agencia Española de Meteorología (Aemet), la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), al que se sumaron otros participantes invitados a muchas de sus sesiones, entre ellos, el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y el Servicio de Calidad del Aire de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica –tal y como ha recordado Julio Pérez–, realizó el seguimiento y valoración permanente de la situación de la crisis y de las erupciones, que se sucedieron entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, para conocer los efectos de la emergencia sobre la población afectada y los daños medioambientales, así como para determinar las medidas sanitarias y logísticas oportunas.

En su discurso, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha resaltado también el importante papel de las aseguradoras como mecanismo de prevención, ya que ayudan a mitigar parte del daño que se sufre en una catástrofe. Después de invitar a extender la cultura del aseguramiento, ha detallado que, en La Palma, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 218 millones de euros de un total de 577 desembolsados, lo que supone dos de cada seis en números redondos. Una cantidad importantísima, ha subrayado, que no se puede minimizar.

Asignación para los psicólogos

La asignación económica correspondiente a la Distinción 2021 irá destinada, por indicación del director del Pevolca, al Ilustre Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, por su servicio en la emergencia, en la cual está ofreciendo atención psicológica a más de mil personas víctimas de la erupción del volcán de La Palma.

La primera Distinción fue a Cruz Roja Española, que trabajó en el salvamento, evacuación y apoyo en el incendio de La Palma de 2016. La UME recibió la Distinción 2017, por su excepcional despliegue de dispositivos materiales y humanos para apagar los incendios forestales de Galicia en octubre de ese año. La Distinción 2018 reconoció a la Fundación Rafa Nadal en la persona de su patrono fundador Rafa Nadal por su colaboración en las tareas de desescombro y limpieza en Sant Llorenç des Cardassar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en Mallorca. El Consorcio de Compensación de Seguros fue galardonado con la Distinción 2019, por su eficaz gestión de los siniestros registrados ese año y por liberar una gran cantidad de recursos para la indemnización de los daños producidos por los desastres naturales ocurridos en España ese año, especialmente las danas en Levante. La Distinción 2020 recayó en los profesionales sanitarios españoles por el desgaste, esfuerzo y entrega permanente durante la pandemia covid-19.

En esta ocasión el jurado encargado de fallar la entrega de la Distinción 2021 ha estado formado por Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España y del jurado; Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del Consorcio de Compensación de Seguros; Juan Carlos López Porcel, presidente de AGERS; Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS; Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias en España; Íñigo Vila, director del departamento de Emergencias de Cruz Roja Española; Jorge Serra Llopart, teniente coronel de la UME; Rafael Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia; Mercedes Fernández, directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Raquel Caro Carretero, profesora del departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI); Marcos Borges, catedrático de la Escuela de Ingeniería Tecnun de la Universidad de Navarra; Alfonso Valera, CEO de Aon Benfield Iberia; y Jesús Martínez de Rioja, coordinador del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon.

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