El titular del Gobierno autonómico considera necesario alcanzar grandes acuerdos para ampliar las competencias y mejorar la gestión de los servicios públicos y la vida de los canarios
El presidente inauguró en Tenerife las Jornadas conmemorativas del séptimo aniversario de La Ley Orgánica de 2018 para analizar los desafíos pendientes del desarrollo estatutario
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó este viernes que el efectivo cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias requiere dar un paso adelante para reclamar al Estado más competencias y alcanzar mayores cotas de autogobierno. En este sentido, Clavijo aseguró que la tarea no concluyó con la aprobación de la Ley Orgánica en noviembre de 2018, sino que fue el comienzo: “Ahora toca su desarrollo, que aún plantea importantes desafíos y que va a requerir de nuevos consensos políticos e institucionales”.
En este marco, el de buscar acuerdos al modo canario, situó el presidente las Jornadas conmemorativas del séptimo aniversario del Estatuto organizadas por el Gobierno de Canarias, dos días de debate que han reunido a expertos en derecho, representantes institucionales y personal técnico de diversas administraciones públicas con el objetivo de analizar los retos pendientes con mesas de debate sobre territorio, la arquitectura administrativa y un modelo propio de justicia y seguridad pública.
Fernando Clavijo, en la inauguración de la sesión celebrada en Santa Cruz de Tenerife, se mostró convencido de que “este proceso de escucha” ayudará a priorizar objetivos, a debatir entre todos cuáles deberían ser los fundamentos de su desarrollo en el corto y medio plazo y a avanzar “con pasos sólidos” en nuestro autogobierno. “El reto es materializar el Estatuto de Autonomía que logramos hace siete años y que hoy nos reclama dar un paso adelante para cambiar favorablemente la gestión de los servicios públicos y, sobre todo, la vida de los ciudadanos”, explicó.
El titular del Gobierno canario agradeció a los ponentes su participación, ya que sus aportaciones permitirán divulgar nuevos aspectos de nuestro Estatuto a la ciudadanía. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo entendible, ya que solo se defiende y se valora lo que se conoce”, finalizó.
La primera mesa, Administración de Justicia y Seguridad’, moderada por el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, analizó el modelo judicial y de seguridad. El ponente central fue Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estuvo acompañado por Mónica García Yzaguirre, presidenta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional.
A continuación, se celebró Estatuto y Administraciones Públicas’, fue dirigida por Jorge María Riestra Sierra, viceconsejero de los Servicios Jurídicos, y tuvo como ponente principal a José Miguel Ruano León, profesor asociado de Derecho Constitucional. Junto a él intervinieron José Suay Rincón, magistrado de la sala de los Contencioso Administrativo del TSJ e Israel Expósito Suárez, abordando los avances y retos que plantea el Estatuto en la organización administrativa canaria.
La jornada concluyó con ‘Territorio y Administraciones Públicas’, moderada por Carmen Nery Cordobés, secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, contó con la intervención principal de Francisco Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, Participaron también Elena Zárate Altamirano, viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico; Ángel Lobo Rodrigo, Profesor de Derecho administrativo de la ULL; y Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho Constitucional, quienes profundizaron en los retos competenciales y normativos derivados del modelo territorial canario.
Nieves Lady Barreto celebró la voluntad negociadora mostrada por los cinco sindicatos desde que se iniciaron las conversaciones en el mes de marzo y mostró su reconocimiento al trabajo y esfuerzo ante la alta tasa de litigiosidad que soportamos y por adaptarse a la modernización de la gestión pública. “Después de dos años de huelga y movilizaciones, el Ministerio de Justicia decidió subir este complemento solo a las comunidades que no tienen transferida la Justicia, dejando fuera al resto de comunidades autónomas, y el Gobierno de Canarias tenía que dar una respuesta que estuviera a la altura y lo hemos hecho”, señaló Barreto.
