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Función Pública asegura que la norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

Norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

La directora general del área, Laura Martín, participa en Sevilla en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’ y afirma que el Decreto Ley da respuesta al conflicto de derechos entre diversos colectivos del personal público

La directora general de la Función Pública del Gobierno del Gobierno de Canarias, Laura Martín, habló ayer miércoles en Sevilla sobre los retos en la organización de los recursos humanos en las administraciones públicas, citó el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones canarias, aprobado por el Ejecutivo canario, y afirmó que esta norma resuelve un grave problema de gestión del empleo público al dar respuesta al conflicto de derechos entre las personas que ya tienen una plaza y aquellas que aspiran a acceder a un puesto público mediante procesos selectivos.

Martín, que hizo estas manifestaciones durante su participación en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’, explicó que la apertura de diversas oposiciones, tras un largo período sin convocar procesos selectivos, ha generado una colusión entre los derechos de los colectivos de personas que ya tienen un puesto en la Administración autonómica y de los que aspiran a una plaza, y detalló que el Decreto Ley servirá para conciliar las aspiraciones de ambas partes.

Se trata de acoplar las expectativas del personal público de acceder otras plazas, mediante concurso de traslado, con las de aquellas personas de nuevo ingreso que, tras superar una oposición, resulten adjudicatarias de una plaza, detalla la directora general de la Función Pública, quien precisó que con el Decreto Ley se afina el régimen jurídico de la adjudicación provisional.

Martín informó de que el Decreto Ley, que ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias, obliga a convocar un concurso de traslado para todo el personal cuando concluyan los procesos selectivos en curso y además trata de resolver la falta de nombramientos definitivos en las corporaciones locales de personal de Secretaría, Intervención o Tesorería.

La norma también incrementa los puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservados para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas pero que pueden acumularse a las del turno general, expuso la directora general de la Función Pública.

El Gobierno sanciona a una casa de apuestas con 20.002 euros por infracciones muy graves de la Ley de Juegos

Gobierno sanciona a casa de apuestas por infracciones graves

El local ha sido multado por la organización y explotación de apuestas sin autorización para dicho fin y por no contar con permiso para la instalación, apertura y funcionamiento de un local de apuestas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha impuesto una multa de 20.002 euros por dos infracciones muy graves (10.001 euros por cada una) a una casa de apuestas ilegal por la organización y explotación de apuestas sobre acontecimientos deportivos y de otra índole, en la modalidad presencial y electrónica, sin la correspondiente autorización administrativa para dicho fin y por la falta de autorización preceptiva para la instalación, apertura y funcionamiento en un establecimiento de apuestas externas.

Dicha multa se impone por la comisión de dos infracciones muy graves del artículo 30 a) de la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas consistente en “la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, o incumpliendo el régimen de declaración responsable, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados”.

Además, hasta que la resolución sea ejecutiva, se mantendrá el precinto cautelar de nueve terminales de apuestas externas, que carecen de homologación y de documentación identificativa, y del establecimiento de juego, así como la prohibición de realizar la práctica de cualquier actividad relacionada con la organización y práctica del juego en el establecimiento sancionado.

En la actualidad, hay instaladas en Canarias un total de seis empresas de apuestas que deben cumplir con lo establecido en la Ley de Juego y Apuestas. En relación con este tipo de actividad, además de continuar con el control y persecución de los locales de apuestas ilegales, el Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Inspección del Juego, realiza actuaciones de investigación y prevención de posibles irregularidades al tratarse de una actividad de nueva implantación en Canarias. La incorporación de nuevos efectivos al Cuerpo General de la Policía Canaria redundará en una mayor operatividad de las actuaciones de control.

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La Administración Pública Canaria obtiene sobresaliente en el Informe Anual de Transparencia de 2018

La Administración Púbica de Canarias obtiene un sobresaliente en Transparencia

La directora general del área, Marta Saavedra, dice que pese a ello cabe aún mejorar la situación actual

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha obtenido la calificación de 9,04 puntos sobre 10 en el Informe Anual de Transparencia del año 2018. Esta nota, otorgada al conjunto de los once departamentos del gobierno autónomo (diez consejerías y Presidencia), da continuidad a la progresión en materia de transparencia experimentada desde años pasados (7,69 puntos en 2016 y 8,03 puntos en 2017). El informe, elaborado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, evalúa el grado de cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la información pública de Canarias por parte de las instituciones públicas y privadas, obligadas por ley a cumplir con los preceptos de la misma.

Las competencias en materia de transparencia en el Gobierno de Canarias recaen en la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez. En opinión de la directora general, Marta Saavedra, esta buena calificación obtenida por el conjunto de la Administración Pública autonómica refleja el trabajo riguroso que se ha venido desempeñando por parte del equipo que forma parte del servicio de Transparencia y Participación Ciudadana, en coordinación y comunicación constante con las unidades responsables de la información pública de todas las consejerías, que sirven para garantizar el cumplimiento de la obligación de publicación de la información establecida en la ley. No obstante, pese a ello, afirma, cabe aún mejorar la situación actual.

Saavedra recalca que el cumplimiento de las normas de transparencia en las administraciones públicas de Canarias constituye uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno en la actual legislatura. Así, señala, uno de los objetivos que se pretenden conseguir, desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, es el avance hacia una administración cada vez más transparente y eficaz, que responda con agilidad a las solicitudes de acceso a la información pública, cumpliendo con los principios que recoge la norma para garantizar el derecho de toda la ciudadanía a la información pública, bajo los principios de accesibilidad, veracidad, gratuidad y reutilización de los datos.

Pero para ello, argumenta Saavedra, es importante que antes se refuerce la estructura organizativa del servicio y que se opte por la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la actualización y mejora del Portal de Transparencia en la web del Gobierno de Canarias, que es mejorable, y por otro lado la participación ciudadana.
En este sentido, la directora recuerda que en los presupuestos de 2020 se apuesta por seguir avanzando, dentro del modelo de Gobierno Abierto, hacia la rendición de cuentas, donde la información que se publique sea más accesible a la ciudadanía. Durante este año se ha dado un paso significativo en la publicación de la información automatizada y en formatos abiertos, pero el objetivo final es incorporar visualizaciones que permitan mostrar a la ciudadanía la información de forma más comprensible, destaca.

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La oposición al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa se ha celebrado con normalidad en Canarias

Oposiciones en Canarias al Cuerpo de Gestión Procesal

A la prueba, desarrollada en las dos capitales canarias, se presentaron 1.183 personas de las 1.413 inscritas, y no se produjo ninguna incidencia

Las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de turno libre, celebradas este fin de semana en Canarias se han celebrado con normalidad. La oposición, convocada por el Ministerio de Justicia, ha sido organizada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y se ha celebrado en las dos capitales canarias, sin ninguna incidencia y con la participación de 1.183 personas del total de 1.413 inscritas.

En Gran Canaria, el examen tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde se dispusieron once aulas, una de ellas adaptada para una persona con discapacidad visual.  En la capital gran canaria el número de instancias -personas inscritas- fue de 818 y se presentaron 638 personas, 15 de ellas con alguna discapacidad, que estuvieron asistidas por 24 vigilantes y cuatro personas de la Unidad de Colaboración del Tribunal Delegado en Canarias.

En Tenerife, la oposición se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna (ULL) en seis aulas, cinco de ellas para realizar el examen y otra sala para incidencias sin que se presentara ninguna. De las 595 personas inscritas en Tenerife, asistieron a la prueba un total de 545, de las que 17 estaban inscritas con alguna discapacidad, y participaron 18 vigilantes y siete miembros del Tribunal Delegado en Canarias.

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Justicia organiza unas jornadas formativas sobre violencia machista desde un enfoque multidisciplinar

Justicia organiza las jornadas pacto estado contra la violencia de género

Tendrán lugar en la ULPGC los días 28 y 29 de noviembre y se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense, salud y género, evaluación psicológica de menores, educación e igualdad y valoración de riesgos, entre otras

El enfoque multidisciplinar de la violencia machista es el objeto de las jornadas ‘Pacto de Estado contra la violencia de género’, que tendrán lugar en Gran Canaria los días 28 y 29 de noviembre, organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y que se enmarcan en los actos de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente cada 25 de noviembre.

Las jornadas, que tendrán lugar en el Aulario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), están dirigidas a profesionales del ámbito del derecho y de la medicina forense, así como a todas aquellas personas que atienden a las mujeres y menores en situación de violencia de género desde el punto de vista social y policial. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través del correo electrónico iml.lpa@justiciaencanarias.org.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, inaugurará el próximo 28 de noviembre esta actividad formativa, en la que se abordará la violencia de género teniendo en cuenta a los distintos sectores implicados. Así, durante el primer día, se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense y la vulnerabilidad social en víctimas, sobre salud y género y sobre la evaluación forense de menores expuestos a violencia machista.

Además, se informará sobre la Red Insular de Recursos Especializados en Violencia de Género en Gran Canaria y se disertará sobre distintos enfoques respecto a las violencias sobre las mujeres.

La jornada del 29 de noviembre se abrirá con una ponencia sobre la educación en y para la igualdad, vinculada también a la juventud y la violencia de género, y se analizará la igualdad y las masculinidades.

La aproximación a la dinámica del maltrato psicológico y la evaluación psicológica forense en la violencia de pareja será otra de las comunicaciones que se abordarán en las jornadas, que concluirán con la celebración de una mesa redonda sobre la valoración del riesgo en violencia de género.

Las jornadas ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género: hacia un enfoque multidisciplinar’ se financian con fondos obtenidos por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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Cerca de 200 empleados y empleadas públicas asisten a la primera sesión de los “ICAP´s Talk”

Primera sesión ICAP's Talk

El experto en modernización Fernando Álvarez remarca que la Administración pública debe ser un agente facilitador del cambio en la sociedad

“ICAP´s Talk” es el nombre del ciclo de charlas organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública, en coordinación con la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, destinadas al personal público para aprovechar su conocimiento en la mejora de la gestión. A esta primera sesión asistieron cerca de 200 empleados y empleadas públicas, además de altos cargos de Presidencia del Gobierno.

El invitado en esta ocasión ha sido el especialista en modernización pública, Fernando Álvarez, que ha insistido en la importancia de que las administraciones empleen los datos de los que disponen en sus procesos de mejora. Para el experto, la Administración tiene que ser el motor y un agente facilitador del cambio en la sociedad, de forma que al mismo tiempo que mejoren los servicios que presta, se generen oportunidades de emprendimiento se facilite un cambio del modelo productivo.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, inauguró el acto. Tras apuntar que es imposible cambiar la Administración sin el concurso de su personal, recordó los cuatro pilares en los que apoya su gestión: estabilidad de la Administración (para evitar que esté expuesta a sobresaltos periódicos en un entorno de cambios que son cada vez más rápidos); digitalización (para incentivar esta forma de relación entre la Administración y la ciudadanía); transparencia (la exigencia de la rendición de cuentas no debería suponer un aspectos aislado o adicional a la rutina de trabajo del personal público), y la evaluación de resultados (de forma constante a través de datos objetivos).

Álvarez puso en valor los cuatro puntos que explicó Pérez, con los que coincidió, para añadir que la modernización en el ámbito público es, principalmente, un proceso de transformación digital en el que están implicadas la sociedad, así como los sectores productivos y económicos, además de la propia Administración. Ello que implica la incorporación de tecnología en la prestación de servicios con el doble objetivo de optimizar la gestión pública y aportar valor a la sociedad, por un lado, además de generar un ecosistema de innovación y emprendimiento para que las generaciones futuras puedan desarrollar actividades profesionales en torno al mismo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los pilares estratégicos de crecimiento inteligente y sostenible.

Por su parte, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Participación, Alejandro Rodríguez, remarcó que la Administración se enfrenta a un momento crítico porque debe afrontar dos retos de manera simultánea: la transformación de lo digital en su ámbito y el relevo generacional. Enfatizó que ahora se vive no una época de cambio, sino un cambio época, y explicó que el mayor problema que se encuentra la Administración para seguir adelante en este contexto no está relacionado con el desafío tecnológico, sino con el empoderamiento de sus recursos humanos.

La directora del ICAP, Eva De Anta, relacionó el proceso de modernización de la Administración pública que el Gobierno quiere impulsar en esta legislatura con la hoja de ruta de los ODS de la Agenda 2030 a los que se refiere Álvarez. Señaló que estas charlas servirán como un punto de encuentro para originar un debate en torno a cómo afrontar este reto, a través del conocimiento de gestores expertos que puedan transmitir al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias su experiencia en este campo.

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Canarias será el escenario de un simulacro de erupción volcánica y terremoto

Julio Pérez y Luis Manuel Martínez presentan el Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020”

En el Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020” participarán en marzo, entre otros, Protección Civil de Canarias, la Policía Canaria y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un escenario de crisis de máximo nivel que tendrá lugar en el Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Luis Manuel Martínez, anunciaron hoy la realización del Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020”, que consiste en un simulacro de una situación de emergencia de nivel 3 (el máximo) que tendrá lugar entre el 21 y 26 de marzo del próximo año.

También acudieron a la presentación el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, el subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, Jesús González, el director del CECOES 1-1-2, José Domingo Linares, y el técnico del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Jorge Parra. Por parte de la UME asistieron el coronel del Departamento de Relaciones y Evaluación, coronel Marí y Marín, que a su vez dirigirá el Ejercicio, el jefe del II Batallón de la UME, del que depende la UIEM Canarias, teniente coronel Garcés Menduiña, y el jefe de la UIEM Canarias, comandante Álvarez Viana.

Se trata de un ejercicio que lleva a cabo la UME cada año y que le permite estar en las condiciones idónea para dar una respuesta inmediata en la dirección de una emergencia de interés nacional. La UME planifica, programa y dirige este ejercicio combinado, que será el décimo de este tipo. Servirá de adiestramiento en la transición de la dirección de la crisis desde el nivel 2 (Comunidad Autónoma) a nivel 3 (Estado), además de gestión de la propia crisis, coordinación con otros organismos y traspaso de responsabilidad en la fase de normalización de la emergencia.

Este simulacro de emergencia de interés nacional estará originado por un riesgo principal de erupciones volcánicas, tras el cual emergerán riesgos secundarios como seísmos, incendios forestales o accidentes aéreos. También serán incluidos Riesgos Tecnológicos. En concreto, la situación de emergencia se producirá como consecuencia de un terremoto tectónico de magnitud 5.2 a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro a pocos kilómetros al norte de Santa María de Guía (Gran Canaria). El Instituto Geográfico Nacional (IGN) le asigna una intensidad máxima VII-VIII.

La sacudida es muy potente y se registran numerosos heridos y algunos fallecidos. Además, se producen daños muy graves en edificaciones y numerosos deslizamientos de ladera. Ante esta situación, el Plan Especial de Riesgo Sísmico se coloca en nivel 2 de emergencia, y el Plan Territorial de Protección Civil se coloca al mismo nivel. El IGN no emite alerta de maremoto para todo el Archipiélago.

Pero al poco de producirse el terremoto, se detecta una elevación repentina de dióxido sulfúrico y dióxido de carbono en Tenerife. Los datos de la red GPS e imágenes de satélite indican deformaciones muy notables del terreno, por lo que el semáforo volcánico de información a la población se sitúa en naranja, de “erupción inminente”, y el Plan Especial de Riesgo Volcánico de Canarias pasa a situación de alerta máxima.

Una vez producida la erupción en Tenerife, comienza una fase explosiva y una columna eruptiva de dos a tres kilómetros de altura. Aparecen columnas de lava, flujos piroclásticos, expulsión de fragmentos volcánicos y bombas hasta 200 metros fuera del cono. Además, son muchos son efectos asociados: deslizamientos de ladera, desprendimientos rocosos, incendios forestales, emanaciones tóxicas no mortales, pero que contaminan acuíferos. El semáforo volcánico se sitúa en rojo, y el Plan Especial de Riesgo Volcánico de Canarias pasa a situación operativa 2.

Valorada la situación en ambas Islas, y tras evaluar el nivel de daños, el Gobierno de Canarias propone al Ministerio del Interior que declare la situación de Emergencia de Interés Nacional de los Planes Especiales de Riesgo Sísmico y Volcánico. Para la gestión y resolución de esta emergencia serán necesarios diversos medios, unidades, organismos y entidades de todos los niveles (local, autonómico, nacional e internacional).

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Pérez tacha de antiguo y burocrático el sistema de pago para la justicia gratuita y aboga por hacerlo más sencillo

Julio Pérez aboga por hacer más sencillo el pago para la justicia gratuita

 Asegura ante el pleno del Parlamento que no hay ni ha habido en los últimos meses deudas con las personas que prestan dicho servicio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, abogó hoy por hacer más sencillo el actual sistema de pago de las cantidades correspondientes a la asistencia jurídica gratuita, al considerarlo como burocrático, rudimentario y antiguo, pero aseguró que no existe ni ha existido en los últimos meses ninguna deuda con las personas que prestan dicho servicio. “Otra cosa es si los colegios de abogados tienen deudas al respecto con sus personas colegiadas”, puntualizó.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Pérez explicó que una vez que la persona realiza el trabajo, el colegio de abogados tiene hasta tres meses para facturar por el servicio y detalló que habitualmente tardan un mes en enviar la factura, que posteriormente debe ser revisada por la consejería competente. Si se observan errores, se comunica al colegio correspondiente y tras su subsanación el Gobierno “paga en el acto”, remarcó.

El consejero indicó que el Ejecutivo canario invierte 20 millones en el pago por este servicio gratuito que, aseguró, es bueno, pero insistió en que querría cambiar el sistema de abono porque para muchos profesionales esa retribución forma parte esencial de los ingresos de su familia y hay que hacerlo más sencillo.

La Viceconsejería de Justicia y Altihay organizan la I Jornada de Delitos de Odio por LGTBIfobia

Fuerteventura acoge I Jornada de LGTBIfobia de Canarias

Tendrá lugar el próximo viernes, 22 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas, en el Parque Tecnológico de Fuerteventura

La Viceconsejería de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y el colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Altihay) han organizado en Fuerteventura la I Jornada de Delitos de Odio por LGTBIfobia en Canarias, que se desarrollará el próximo 22 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, ubicado en el municipio de Puerto del Rosario.

La jornada, que cuenta con la colaboración del Gobierno de España y del Cabildo de Fuerteventura, será inaugurada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, quien además participará en una mesa redonda junto al director general de Diversidad del Gobierno autonómico, Julio Concepción; al fiscal especialista en criminalidad informática y  tutela penal de la igualdad y contra la discriminación de Fuerteventura y Lanzarote, Joaquín Bobillo; y a la secretaria de organización y abogada de Altihay, Desireé Chacón.

Tras la mesa redonda se impartirán tres ponencias a cargo del fiscal Joaquín Bobillo, de Moisés Vilches, miembro del área judicial de la Guardia Civil, y de César Fernández, del área judicial de la Policía Nacional.

Las jornadas servirán también como presentación de LGTBIpol, como agente de la autoridad por la Diversidad, del Observatorio contra la LGTBIfobia de Canarias, y de la Asociación de Policías LGTBI+ (GAYLESPOL).

Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden inscribirse a través del correo electrónico altihay@felgtb.org o en el teléfono 669512694.

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La Consejería de Administraciones Públicas baraja modificar la Ley canaria de colegios profesionales

El consejero Julio Pérez en comisión parlamentaria

Julio Pérez aboga por que las plazas de auxiliares forenses sean cubiertas en el futuro por personal cualificado, ya que en la actualidad la selección se realiza sin la necesidad de ninguna cualificación profesional, pese a que en el sistema de Formación Profesional existe una titulación al respecto

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, señaló hoy durante su comparecencia en comisión parlamentaria que su Departamento baraja llevar a cabo una modificación de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, para adaptarla a las estipulaciones de la Directiva de Servicios de la Unión Europea. Pérez recordó que se trata de una acción recomendada por la Comisión Nacional de la Competencia que permita actualizar, entre otros aspectos, la problemática de la colegiación obligatoria o de la configuración de los colegios.

Así lo manifestó Pérez en relación a la creación del Colegio Profesional de Higienistas Bucodentales, iniciativa de la que se declaró partidario. El consejero explicó que su Departamento no cuenta con trabajos preparatorios para llevar adelante esta iniciativa, más allá de la realización de dos trámites de información a los que no concurrió nadie, y recordó que en 2015 se anunció que se impulsaría su creación, y de nuevo en 2017 se publicó en la web de transparencia del Gobierno de Canarias que se haría un anteproyecto. El año pasado se volvió a decir que habría un anteproyecto pronto, pero a fecha de hoy no existe, insistió. Pérez se mostró partidario de que haya ese colegio porque lo demandan los profesionales, y aseguró que se trabajará para lograr su creación.

Policías

Por otra parte, Pérez cree imprescindible retomar la elaboración de una ley de coordinación de las policías locales de Canarias. Aseguró que el Gobierno ya está trabajando al respecto, para lo que se ha reunido con los sindicatos del área. Además, defendió la necesidad de consolidar la Policía Canaria. El objetivo, indicó, es que este cuerpo asuma todas las competencias y responsabilidades que tiene asignadas en las leyes, para lo que resulta imprescindible aumentar el número de efectivos y mejorar las instalaciones.

Pérez ratificó que la Policía Canaria pasará de los 100 efectivos actuales a 160 a principios de 2020, y otros 60 a finales de año, para aumentar en otros 80 en 2021, y que sean en torno a los 300 al final de la legislatura.

Por otra parte, anunció que promoverá el incremento de las plantillas de las policías locales en todo el Archipiélago y, especialmente, aumentará la presencia de la Policía Canaria en Fuerteventura, primera Isla no capitalina que abarcará este cuerpo tan pronto como sus medios lo permitan.

Pérez explicó que criterios como la superficie de la Isla, el número de habitantes, las migraciones, los centros de menores, los casos de violencia machista, o la intensidad de la protección medioambiental, entre otros, explican que Fuerteventura sea la primera Isla no capitalina donde la Policía Canaria tenga presencia permanente.

IML y médicos forenses

Por otra parte, el consejero señaló que el servicio que prestan los médicos forenses en los dos Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias están cubiertos por el sistema de disponibilidad de los profesionales puesto en marcha en julio, con guardias localizadas de 24 horas, incremento de retribuciones y movilidad entre Islas, y aseguró que la relación de su Departamento tanto con médicos forenses como con sindicatos es buena e intensa.

En cuanto a las plazas de auxiliares forenses, Pérez informó de que está en curso una lista de reserva para contratar una persona interina y cubrir la vacante existente en Lanzarote, y abogó por que dichas plazas sean cubiertas en el futuro por personal cualificado, ya que actualmente la selección se realiza sin la necesidad de ninguna cualificación profesional, pese a que en el sistema de Formación Profesional existe una titulación al respecto.

Además, el consejero informó sobre los datos judiciales en relación con la violencia machista en Canarias. Apuntó que, en el segundo trimestre de 2019, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se registraron en canarias 2.471 denuncias, un 23,1% de incremento con respecto al mismo período del año anterior, e indicó que el aumento de denuncias no tiene que suponer un mal dato en sí mismo. En cambio, consideró como un dato “muy malo” que ese período haya habido 22 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, mientras que en el conjunto del Estado fue del 16,2 mujeres víctimas.

En cuanto a las órdenes de protección, en el segundo trimestre de 2019 fueron solicitadas 653, de las que se concedieron 169 y se rechazaron 273, un dato que invita a la reflexión, según Pérez, quien instó a que la lucha contra la violencia machista desde el punto de vista judicial se complemente con la lucha cultural y social.

Decreto sobre los PEF

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) fue otro de los asuntos que abordó en su comparecencia parlamentaria, durante la que anunció que se están realizado cambios al proyecto de decreto que quedó pendiente la legislatura pasada con el objetivo de aprobarlo.

Entre las modificaciones, se prevé la incorporación de la Consejería de Derechos Sociales para que se deriven a los PEF tanto los casos provenientes de los juzgados como desde los propios servicios sociales.

Pérez explicó que en los presupuestos para 2020 se han dotado unos fondos de 600.000 euros y recordó que el Gobierno de Canarias suprimió la autorización previa para efectuar el gasto, reduciendo así los tiempos de pago a las entidades gestoras.