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Policía Canaria y Policía Local de Güímar desmantelan una fiesta por incumplir las medidas frente a la Covid-19

olicía Canaria y Local desmantelan una fiesta en Güímar por incumplir las medidas frente a la Covid-19

Fueron identificadas 78 personas, 15 de ellas menores, que participaban en la actividad, no autorizada, sin respetar la distancia de seguridad interpersonal y sin utilizar mascarillas

Se levantó un acta de infracción por incumplimiento de las normas preventivas frente a la Covid-19, así como otras tres por infracciones graves a la normativa en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas de Canarias

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria junto con efectivos de la Policía Local de Güímar desmantelaron en la tarde de ayer jueves una fiesta que se desarrollaba en la zona rural del municipio en la que se incumplían las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19 establecidas por el Gobierno de Canarias, como no guardar la distancia interpersonal de seguridad y no usar mascarillas.

En el operativo policial se identificó a 78 personas, 15 de ellas menores, y se levantó un acta de infracción al promotor del acto –uno de los asistentes- por incumplimiento de las normas preventivas frente a la Covid-19, así como otras tres por infracciones graves a la normativa en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas de Canarias.

La Policía Local de Güímar solicitó la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria que desplazó al lugar a cinco efectivos, tres de uniforme y dos de paisano. La operación policial se desarrolló después de varias quejas vecinales del entorno de una finca, ubicada en el Barranco de Badajoz, donde se desarrollaba una fiesta, sin la autorización pertinente, y ante las sospechas de que podrían estar participando menores de edad y de que se podría estar fomentando el consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

Los agentes accedieron al interior de la finca y constataron que se había habilitado una pista de baile, una zona de bebidas sin control para su servicio y una zona vip, recintos para cuyo acceso había que abonar una entrada de entre 20 y 25 euros y donde se incumplían las medias preventivas establecidas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Además, se incautaron de varias sustancias prohibidas.

Medidas de seguridad y prevención

El Cuerpo General de la Policía Canaria recuerda a la ciudadanía la necesidad de mantener las pautas de seguridad y prevención frente a la Covid-19, que fueron actualizadas el pasado 3 de agosto por el Gobierno de Canarias y que, entre otras medidas, establece que todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en los siguientes supuestos:

– En la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

– En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el cumplimiento de estas obligaciones en ellos y establecer mediante señalética la distancia de seguridad recomendada en sus establecimientos.

En lo relativo a distancias de seguridad, se deberá cumplir la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de por lo menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla, de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria.

Además, se hace hincapié en la recomendación de evitar permanecer en sitios cerrados, concurridos y en cercanías de otras personas.

Asimismo, respecto a condiciones para el desarrollo de determinadas actividades, se recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.

 

 

 

 

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

Este órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor estará presidido por Julio Pérez como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha firmado hoy la orden por la que se nombran a las personas integrantes de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cuya sesión constitutiva se celebrará a principios del mes de septiembre. Este órgano colegiado tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.

Entre las funciones de la Comisión Técnica están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018, elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, o informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, le atañe la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Integrantes de la Comisión Técnica

Julio Pérez, como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica, presidirá la Comisión Técnica, tal y como se establece en el Decreto 5/2020, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho órgano consultivo y asesor. La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha sido designada como suplente de la Presidencia.

La composición de la comisión técnica de memoria Histórica se completa con las siguientes personas:

Vicepresidencia 1º

-María Antonia Perera Betancor. Directora General de Patrimonio Cultural (integrante nata).

-Juan J. Márquez Fandiño. Viceconsejero de Cultura (suplente).

Vicepresidencia 2º

-Manuela Armas Rodríguez. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (integrante nata).

-Gregorio Cabrera Déniz. Director General de Ordenación, Innovación y Calidad (suplente).

Vicepresidencia 3º

-Mercedes Pérez Schwartz. Presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife.

Vocalías

-Gregorio Arencibia Gorrín. Secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas.

-Félix Andrés González Lorenzo. Presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma.

-Francisco González Tena. Vicepresidente y Portavoz de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos.

-Juan José Pestano Brito. Director Laboratorio de Gené0ca, Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

-Germán Santana Pérez. Profesor titular, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-María Isabel Navarro Segura. Profesora titular, Universidad de La Laguna.

-Argelia Camino Pérez. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.

-Francisco José Macías Marín. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

-Berta Pérez Hernández. Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización. Cabildo Insular de Tenerife. Por parte de la Federación Canaria de Islas (FECAI). Suplente:  Teodoro Claret Sosa Monzón. Consejero de Presidencia. Cabildo Insular de Gran Canaria)

-Juan Jesús Facundo Suárez. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento de Arucas. Por parte de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Suplente: Antonio Manuel Jiménez Medina. Técnico de Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Arucas)

La Secretaría de la Comisión Técnica será ocupada por Elisabet Sanago Hernández, jefa de sección de Mediación de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

 

 

 

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Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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Canarias se adhiere al convenio entre Justicia y Cruz Roja en materia humanitaria e identificación de cadáveres

Julio Pérez en la firma de la adhesión de Canarias al Convenio en materia humanitaria e identificación de cadáveres

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca la importancia del mismo ya que Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas

En Canarias cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. Así, se garantiza al menos que su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en nombre y representación del Gobierno de Canarias, ha suscrito hoy mediante una reunión telemática, el acuerdo de adhesión y aceptación del convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres firmado el 6 de abril de 2017. En el acto estuvieron también presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. Además, asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, el director del Departamento de La Laguna del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Antonio Cuellas, y el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antoni Rico.

El consejero remarcó que, para Canarias, es muy satisfactoria la cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; los Institutos de Medicina Legal (IML), y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicó que el convenio constituye un mecanismo básico para mejorar el trabajo conjunto, además de que facilita una línea de actuación importante para las Islas, que es el aumento de la sabiduría científica a través de la capacidad de investigación de los IML y el Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, añadió, la adhesión de Canarias al convenio es relevante porque la identificación de cadáveres tiene una gran importancia para la opinión pública, que lógicamente es muy sensible ante estas situaciones, por escasa que sea su incidencia numérica.

Con la adhesión de la Comunidad Autónoma, Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas. En las Islas cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. De esta manera, se garantiza que, al menos, su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos al establecerse un proceso que facilita su identificación y contacto.

El objeto del convenio se centra en el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los IML y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española. Así, el objetivo es dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.

En la actualidad, esas personas quedan sin identificar en la mayoría de los casos y no existe información suficiente para su identificación posterior. Mediante este convenio, se prevé que por parte de los IML se lleve a cabo una labor de recogida de muestras y acopio de información que constituirá una base de datos que se cruzará con la que tiene el Servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja Española y Cruz Roja internacional.

En el caso de que se halle una posible coincidencia, se llevarán a cabo las pruebas de ADN y se cotejarán con las muestras de los familiares recogidas en origen por Cruz Roja con el fin de determinar el parentesco. Si este es positivo, se podrán arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus restos a las familias.

Con la firma de hoy, la Comunidad Autónoma de Canarias ratificó la voluntad de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del citado convenio de colaboración, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado.

El citado convenio, que no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes, recoge que las comunidades autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia y que lo soliciten podrán acogerse a la colaboración.

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El Gobierno autoriza 1,7 millones para la prórroga del servicio de control horario del personal público

El Ejecutivo canario dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato, que tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la prórroga del contrato del servicio integral para el control de horarios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y explotación de la actividad del personal a través del Sistema Integral de Control Horario (Sicho), por importe de 1.702.866,48 euros, IGIC incluido.

La prórroga tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y es la tercera del contrato inicial, suscrito en octubre de 2015 por la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualad por un importe de 5,4 millones de euros y un período de cuatro años.

En septiembre de 2019, por orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se concedió una primera prórroga de seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, por importe de 682.056 euros. La segunda prórroga se produjo mediante orden del 29 de marzo de 2020 y por un plazo de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020, por 454.704 euros.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato, con la que se agota el periodo máximo de dos años establecido en la legislación vigente.

Administraciones Públicas da cuenta de dos contratos por 60.000 euros para atender la crisis de la Covid-19

Son dos contrataciones de refuerzo destinadas al Servicio de Soporte (Oficina Técnica) del Sistema de Tramitación de Procedimientos de la Comunidad Autónoma, así como al mantenimiento de diversos sistemas de información corporativos de la Administración autonómica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la tramitación de sendos expedientes de contratación, por el procedimiento de emergencia, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19. Se trata de dos contratos de refuerzo; uno para el servicio de Soporte (Oficina Técnica) del sistema de tramitación de procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y, el otro, para el servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración canaria.

El refuerzo de la Oficina Técnica para el sistema de tramitación de procedimientos se debe a que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que ha provocado un aumento en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe) con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe de la contratación asciende a la cantidad 53.987,06 euros, cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo 2014-2020.

El otro contrato, relacionado con el refuerzo del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, asciende a la cantidad de 6.126,49 euros, también cofinanciado por el FEDER.

Esta contratación se justifica porque la crisis sanitaria ha generado un aumento de uso de las plataformas de Intermediación y de Libros de Resoluciones, Certificados y Órdenes, provocado en gran medida por el aumento de la demanda en los procedimientos ya existentes y por los nuevos procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y renta de emergencia, así como un aumento del uso en la aplicación de SIMED para la tramitación de bajas del personal (sanitario incluido).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión de los dos expedientes, cuyo importe asciende a 60.113,55 euros, dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

El Gobierno coopera con el Ministerio de Justicia en la realización del tercer ejercicio de tramitadores procesales

Realización del ejercicio de tramitadores en el Recinto Ferial Tenerife

La prueba, a la que se presentaron 786 aspirantes, tuvo lugar el pasado sábado 18 de julio en ambas provincias canarias sin incidencias

El pasado sábado 18 de julio se celebró, sin incidencias, el tercer ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo de tramitadores procesales. El Gobierno de Canarias las organizó en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas, y del Recinto Ferial, en Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Ministerio de Justicia.

En Las Palmas se presentaron 456 personas (hubo nueve no presentados), de las que 344 fueron mujeres y 112, hombres. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, se presentaron 330 personas (hubo 15 no presentados) de las que 247 fueron mujeres y 83, hombres.

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la función pública

Reunión del Consejo de Gobierno

Al 43% de los empleados de la Comunidad Autónoma le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la administración pública de las islas, según comunicó esta tarde en Consejo de Gobierno Julio Pérez, titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien presentó un informe de su departamento que evalúa esta posibilidad.

“El teletrabajo puede contribuir a una mayor satisfacción laboral del empleado público, al facilitarle la conciliación de la vida personal y profesional y, por tanto, a su mayor implicación en el cumplimiento de los objetivos”, expone el informe presentado por el consejero a los miembros del Ejecutivo. Por esta razón, se pretende aprobar en una próxima sesión del Consejo de Gobierno un sistema simplificado de planificación y dirección por objetivos.

El acuerdo constituye uno de los compromisos de este Gobierno, como es impulsar la eficacia y eficiencia de la Administración y se verá afectado de manera transversal por la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por la Asamblea general de Naciones Unidas.

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo, se asegura en este documento.

Antes de la COVID-19, en canarias desarrollaban su labor en la fórmula de teletrabajo el 2,9% de forma ocasional y el 3,8% más de la mitad de los días laborables, datos de la Encuesta de Población Activa, frente al 30% de la población de algunos países nórdicos. También, antes de la COVID-19 utilizaban el teletrabajo como herramienta ocasional de apoyo, unas 1.200 personas que trabajan en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una vez comenzó la situación generada por la COVID-19 se han alcanzado los siguientes avances:

–         Se han emitido más de 13.000 certificados para conexión remota de empleados públicos, de las que 8.000 son conexiones concurrentes, que se han estabilizado en los 6.200.

–         Se ha implantado una APP para permitir el fichaje remoto.

–         Se generalizaron las videoconferencias y se multiplicó por 5 la capacidad para la realización de multivideoconferencias.

–         Se amplió el sistema de Escritorios Virtuales en más de 600 unidades.

–         Se desplegaron más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo.

–         Se amplió un 25% la plataforma de correo electrónico, incrementándose en 10.000 licencias adicionales.

Una encuesta entre 3.105 empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias reveló que los medios puestos por la administración ha sido los suficientes para desarrollar su labor (78%). La mayor parte de los empleados han puesto sus propios equipos al servicio de su trabajo (69% pc, 79% fibra óptica, 33% tabletas y 24% micrófonos y auriculares). El 91% considera que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo y el 85% asegura que no se distrae más con esta forma de trabajo, aunque el 57% reconoce que sí ha cambiado de hábitos.

El 43% responde que le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 75% al menos lo considera como elemento de flexibilización. Al menos el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta (algunos días) y el 21% como fórmula habitual.

La Consejería de Justicia prevé aprobar este mismo año la orden que regulará la lista de empleo interino

Empleo interino en Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, impulsó la negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia de un nuevo texto que regule la lista de empleo interino en el ámbito de Justicia, proceso que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, asumió como uno de los principales compromisos al inicio de la legislatura la negociación del nuevo texto que ha de regular la lista de empleo interino en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, impulsó un proceso de negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia (CCOO; UGT; Intersindical Canaria; STAJ, y CSIF) que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación, que se producirá en este mismo año.

Se trata de una reivindicación constante de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia. El texto vigente data de 2009 y, transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigor, se requería adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias de una Administración de Justicia más ágil y eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de selección y nombramiento, que permitieran superar las eventuales dificultades en la cobertura de puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público de justicia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, destaca el clima de respeto, diálogo, consenso y trabajo en pro de los intereses del servicio público con que se ha negociado con la totalidad de las organizaciones sindicales integrantes de la referida mesa sectorial antes de finalizar el primer año de legislatura.

Así, se ha pactado un nuevo texto en el que destaca, además de la modificación de la ponderación de los méritos objeto de valoración, la inclusión de méritos como la experiencia, formación específica (tales como la formación en informática) y la superación de pruebas selectivas para el mismo cuerpo al que se aspira, así como el deber del personal al servicio de las Administraciones Públicas a emplear dichos medios en sus relaciones laborales.

Por ello, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento del personal funcionario interino que permitirán que en las comunicaciones entre ambas partes se empleen medios electrónicos, o que la información pública se facilite a través de la web de la Consejería competente.

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La edición 42 del Plan de Formación del ICAP contará con 1.880 plazas que se impartirán en modalidad online

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

Además, el BOC publicó esta semana el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del ICAP, un instrumento de planificación dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma en dos líneas de actuación que permite a cabildos y municipios sufragar el coste de las actuaciones de formación previstas, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Fecam

La Comisión para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acordó en la sesión celebrada el 19 de mayo del corriente el reparto de fondos Afedap (Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas) para formación en el ejercicio 2020, destinados a la financiación de planes de formación para personal de las entidades locales. Corresponde al ICAP la cantidad de 111.902 euros, que supone el 17,16% del total del crédito asignado para la Comunidad Autónoma de Canarias

El Plan de Formación del ICAP tiene como objetivo principal ofrecer una formación basada en el conocimiento, orientada a facilitar al personal al servicio de las entidades locales la adquisición de habilidades y mejora de sus capacidades y competencias para una prestación de calidad de los servicios públicos.

En esta edición, la número 42, se contará con 1.880 plazas. Todas las actividades incluidas en el mismo se desarrollarán en la modalidad online y se distribuirán entre las áreas de Transparencia y Buen Gobierno; Innovación en la Gestión Pública; Organización del trabajo y mejora de habilidades; Tecnologías de la información y la comunicación; Idiomas; Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral; Jurídica-administrativa; Unión Europea; Ordenación del Territorio y Medioambiente, y Políticas de Igualdad.

Además, en la Comisión de Formación para el Empleo Local celebrada el 8 de julio se aprobó el plan específico de entidades locales.

Por otra parte, la Fecam ya cuenta con el Plan Interadministrativo de Formación 2020, que tiene como ámbito de aplicación el personal público de las corporaciones locales canarias (cabildos, mancomunidades, ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas dependientes de estas).

Incluye 44 acciones formativas a realizar en 57 ediciones durante 1.543 horas y van destinadas a 3.390 personas. Esta oferta formativa busca la consecución de objetivos como la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía; Potenciar la cualificación profesional y personal del personal; Favorecer el acceso a la formación del mayor número de personas; Liderar el proceso de modernización de las Administraciones Públicas Canarias con especial énfasis en la e-administración; Establecer líneas estratégicas para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los empleados públicos canarios, e impulsar el papel de la formación como un factor estratégico de las entidades locales canarias.

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprobó mediante la Orden nº 89 del 12 de junio de 2020 el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que en fecha 6 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Se trata de instrumento de planificación que permite, entre otros objetivos, que las entidades locales pongan en marcha sus actuaciones en materia de formación con cargo al mismo.

Dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, cuenta con dos líneas de actuación a las que pueden optar cabildos y municipios para desarrollar los cursos que tengan previstos entre este año y 2022, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Entre los objetivos generales del Plan Estratégico de Subvenciones figura dar cumplimiento al mandato legal a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que obliga a los órganos y entes dependientes de las Administraciones Públicas a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, con carácter previo a la concesión de subvenciones. También busca concretar la planificación estratégica del ICAP en materia de subvenciones en un documento específico que recoja todas las líneas y programas de ayuda que el ICAP gestiona en sus diferentes áreas de actuación, y no solo en el Plan Estratégico de la entidad en su conjunto.

Asimismo, busca detallar, en un instrumento unificado, los programas, objetivos e indicadores presupuestarios de las actividades subvencionables del ICAP, dando cuenta de los costes de estas actividades, y promover las acciones formativas a realizar por las entidades locales para dar cumplimiento al Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018, y en ejecución del Acuerdo de Gestión de Formación para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este plan se circunscribe a las actuaciones que están previstas y se desarrollen durante el periodo 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Cuenta, por un lado, con una línea de actuación de destinada a la formación del personal público de las corporaciones locales canarias. Su finalidad es subvencionar a los cabildos y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la formación de su propio personal con los fondos transferidos para que con los medios materiales y personales que estos disponen, acometan las actividades formativas del personal dentro del marco del Afedap.

Se pretende así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos que configuran el Plan Estratégico de Subvenciones, ejecutando con los fondos transferidos por la Administración del Estado, las acciones formativas a través de las entidades locales de Canarias, para lo que cuenta con 347.248 euros, que se distribuyen entre los distintos promotores en el ámbito local por un acuerdo de la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias para esta línea de actuación.

La otra línea de actuación tiene por finalidad subvencionar a la Fecam, siendo el destino final la formación del personal público de los ayuntamientos y cabildos mediante una subvención nominada al citado organismo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada ejercicio. Para ello, el Gobierno de Canarias aporta 192.960 euros.

La Fecam deberá presentar una solicitud de subvención a través del Plan Interadministrativo de Formación, que detalla las actividades formativas que ejecutará a lo largo de cada ejercicio presupuestario y dentro del marco del Afedap.

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