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Unidades de Seguridad y Emergencias de Canarias participarán este 12 de octubre en el desfile de la Fiesta Nacional

Vehículo Protección Civil Canarias

En el desfile, que se celebrará en Madrid, participarán varios grupos de componentes y de equipos y vehículos del Servicio de Protección Civil de Canarias, así como del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto a otros equipos y servicios de emergencias, como Salvamento Marítimo y las Unidades de Emergencias de las Fuerzas Armadas (UME)

El próximo sábado 12 de octubre, varios grupos de componentes y de equipos y vehículos del Servicio de Protección Civil de Canarias, así como el Cuerpo General de la Policía Canaria, participarán en el desfile por la Fiesta Nacional que se celebrará en Madrid junto a otros equipos y servicios de emergencias, como Salvamento Marítimo y las Unidades de Emergencias de las Fuerzas Armadas (UME).

Vehículo de la Policía Canaria
Vehículo de la Policía Canaria

En el acto participarán, por una parte, tres efectivos del Grupo de Emergencias y Seguridad (GES) y un vehículo todo-terreno de la Unidad de búsqueda y rescate terrestre del Grupo de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

También participará el Cuerpo General de la Policía Canaria, que lo hará mediante ocho efectivos humanos (un subcomisario, tres oficiales y cuatro agentes), así como dos vehículos: un todoterreno, que realiza funciones de protección del medio ambiente y recursos naturales de Canarias, y otro tipo furgón perteneciente a la Brigada Móvil, que se dedica a la vigilancia de espacios públicos, protección de manifestaciones y mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas en la Comunidad Autónoma.

El Grupo de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, adscrito al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, está integrado por unidades de intervención multiemergencias: búsqueda y rescate, incendios forestales y otras emergencias de Protección Civil. Con más de 20 años de servicio, en la actualidad se compone de 85 efectivos y cuenta con seis helicópteros multiservicio y 15 vehículos específicos para las diferentes misiones.

El Cuerpo General de la Policía Canaria, como policía propia de la Comunidad Autónoma de Canarias, fue creada mediante Ley 2/2008, de 28 de mayo. Este cuerpo policial comenzó a realizar sus funciones con una dotación de 100 efectivos distribuidos en dos bases policiales, una en Gran Canaria, y otra en Tenerife, siendo su objetivo el despliegue territorial a todas las Islas del Archipiélago, por lo que ahora se encuentra en proceso de crecimiento de la plantilla.

Cabe recordar que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado en sede parlamentaria su intención de incrementar el número de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria hasta alcanzar 300 integrantes, lo que se intentará que sea una realidad antes del final de la presente legislatura.

En este sentido, Pérez ha expresado la necesidad de extender e intensificar los servicios que presta la Policía Canaria y avanzó que, a finales de este mismo año, se intentará alcanzar los 150 efectivos tras sostener que la Policía Canaria debe ser un cuerpo de respaldo de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como ejemplo de la ampliación de los servicios, Pérez recuerda que fue el Cuerpo General de la Policía Canaria el que asumió la función directiva de seguridad durante los incendios del pasado mes de agosto en Gran Canaria.

Asimismo, considera esencial que el cuerpo de seguridad autonómico sea una policía administrativa, por lo que indica que uno de los objetivos de legislatura es potenciar y mejorar el conocimiento por parte de los agentes autonómicos de las normas e instituciones canarias para fortalecer su actuación como policía de control y vigilancia de las normas administrativas canarias, especialmente las medioambientales, de ordenación del territorio y de las actividades clasificadas o urbanísticas, entre otras.

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El director de Modernización disertará en Colombia sobre mecanismos de transparencia y registros fiscales

Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios

Pablo Hernández, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), ha sido invitado por el Consejo de Estado y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para participar en un seminario internacional e impartir clases de Máster

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios, adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández, viaja esta semana a Bogotá para ofrecer, desde el Consejo de Estado de Colombia, una conferencia sobre ‘El concepto de beneficiario efectivo y la atribución de rentas’. En la ponencia, dirigida a jueces y juezas del país sudamericano, explicará la noción de beneficiario activo, que se usa para limitar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales y en los registros de transparencia para prevenir la corrupción y otros delitos e infracciones administrativas relacionadas.

Hernández, que en 2016 recibió el premio de Tesis Doctoral de Derecho Fiscal de la Universidad parís 1 Pantheon-Sorbonne por su trabajo sobre beneficiario efectivo, participará asimismo en el Seminario Internacional Tax Meeting invitado por el departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, donde disertará sobre ‘Clausulas especiales Anti-abuso en los convenios de doble imposición’.

Profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Comillas (ICADE), Hernández abordará igualmente los convenios de doble imposición en la mesa redonda de relaciones fiscales con EEUU, en la que hablará sobre el convenio de doble imposición entre ese país y España, que fue aprobado por el Senado estadounidense el pasado mes de julio, y que pretende potenciar las inversiones entre ambos países.

Asimismo, el director ha sido solicitado por la institución académica colombiana para impartir clases de Máster sobre planificación fiscal agresiva y planificación de abuso fiscal, que versarán sobre las normas más recientes en la Unión Europea y la OCDE para prevenir la planificación fiscal abusiva de las multinacionales y hablará de la Zona Especial Canaria como régimen fiscal especial que no es perjudicial.

Durante su estancia en el país sudamericano, ofrecerá también una conferencia en la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), patronal de Colombia, sobre las nuevas normas anti-abuso, seguridad jurídica y los nuevos mecanismos de compliance y cumplimiento cooperativo para facilitar la administración, gestión y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las líneas de investigación de Hernández sintonizan con algunas de las actuaciones y trabajos que el consejero Julio Pérez ha puesto en marcha en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Así por ejemplo, Pérez ha remarcado el papel de la transparencia como instrumento transversal de todas las demás políticas del Departamento, al tiempo que ha defendido el establecimiento de un sistema de gestión y conocimiento de datos para su reutilización y aprovechamiento por parte de la ciudadanía y las empresas y la incentivación de la participación de personas particulares y también de asociaciones y grupos sociales en la tramitación de instrumentos normativos y actuaciones que lo permitan.

Así, una de las líneas de actuación del Ejecutivo en esta legislatura es aumentar la transparencia en la gestión con el objetivo de alcanzar una ‘Administración de cristal’, por lo que esta debe dejar de ser una fase posterior a la acción del Gobierno para convertirse en una fase simultánea a la misma.

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Los 14.000 aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según prevé Función Pública

Aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según Función Pública

La directora general Laura Martín recuerda que entre ambos procesos selectivos son 116 las plazas que se asignarán

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, anuncia la disposición del Ejecutivo para convocar los procesos selectivos de auxiliares y administrativos para la Comunidad Autónoma los días 23 y 24 de noviembre, a los que se podrán presentar unas 14.000 personas entre las dos provincias canarias.

Se trata de un procedimiento selectivo masivo en cuanto al número de aspirantes que no tenía lugar en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2008.

En total son 116 las plazas a las que se pueden presentar las personas aspirantes, 64 plazas en el caso del proceso de selección de administrativos y 52 en el caso de auxiliares. Las pruebas tendrán lugar en las sedes de las dos universidades públicas de las Islas.

Para el Cuerpo de Auxiliares, en el que han sido admitidos 3.643 aspirantes, se contará con 42 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 4.220 aspirantes en la Universidad de La Laguna con un total de 47 aulas. Se contará igualmente con la asistencia de un número aproximado de 462 colaboradores designados por la Dirección General de la Función Pública.

Para el Cuerpo de Administrativos, en el que han sido admitidos un total de 2.650 aspirantes, se contará con 30 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 3.320 aspirantes en la Universidad de La Laguna, con 31 aulas. En este caso, el número de colaboradores ascenderá a 338 con la misma forma de designación.

Ambos procesos se iniciaron mediante convocatoria pública, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el día 18 de marzo de 2018. En los próximos días está prevista la publicación en ese diario oficial de la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal de cada proceso, el señalamiento de la fecha y hora y otros aspectos de los mismos.

Por último, desde la Dirección General de la Función Pública se hace un llamamiento a todas las personas aspirantes a que tengan muy en cuenta el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que el proceso se celebre sin incidencias.

Dicho Protocolo se encuentra a disposición en la siguiente dirección electrónica: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp que ha sido publicado en el BOC nº 41 de 27 de febrero de 2018, así como las modificaciones introducidas mediante Resolución del 20 de marzo de 2018 (BOC núm. 66, de 5 de abril de 2018)  Resolución de 10 de octubre de 2018 (BOC núm. 213, de 5 de noviembre de 2018).

 

Entran en funcionamiento cinco nuevos juzgados con la plantilla orgánica completa

Apertura cinco nuevos juzgados

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de Primera Instancia nº17 de Las Palmas de Gran Canaria son dos de los nuevos órganos judiciales

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias informa de que esta semana se han puesto en funcionamiento cinco nuevos órganos judiciales en Canarias, tres en la provincia de Las Palmas y dos en la de Santa Cruz de Tenerife. En todos los casos disponen de sus plantillas orgánicas completas, integradas por un total de 47 personas en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, que se distribuyen en los cinco juzgados, resultando un total de 14 personas pertenecientes al cuerpo de Gestión procesal, 23 al de Tramitación procesal y 10 al cuerpo de auxilio judicial.

En la provincia de Las Palmas se han puesto en marcha el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas y que cuenta con una plantilla de 11 personas; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Arucas, en la sede de los Juzgados de Arucas, con ocho personas; y el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde, situado en el Edificio Judicial de Telde y que cuenta con nueve personas en su plantilla orgánica.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, cuya plantilla está formada por diez personas y que está situado en la Calle Celia Cruz, donde se ubicarán también las nuevas dependencias del Registro Civil; y Juzgado de Primera Instancia nº 7 de La Laguna, ubicado en el Edificio Judicial de La Laguna, con un total de nueve trabajadoras y trabajadores.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, remarca que la entrada en funcionamiento de estos cinco órganos judiciales, con la plantilla orgánica completa, quiere poner de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno de dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos indispensables para la prestación de un servicio público de calidad, siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria.

Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

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Las IX Jornadas laborales de Lanzarote abordan los desafíos del derecho laboral en la revolución tecnológica

Imagen del programa de las IX Jornadas Laborales Lanzarote

A lo largo de dos días se debatirá sobre nuevas formas de trabajo, como las plataformas virtuales; las empresas multiservicios y la determinación del convenio aplicable; el teletrabajo; los nuevos riesgos laborales vinculados a la transformación digital y sobre la integración de la persona electrónica en los centros de trabajo

El jueves y el viernes de esta semana se celebrarán las IX Jornadas laborales de Lanzarote, que tendrán lugar en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote. A lo largo de ambos días se debatirá sobre los nuevos desafíos del derecho del trabajo en la era de la revolución tecnológica y la persona electrónica, con un enfoque crítico y propositivo ante los cambios y mutaciones que se están produciendo en la era de la Europa mercantilizada, donde las fisuras del derecho social permiten la proliferación de nuevas formas de trabajo que tienden a la devaluación del ser humano y el aumento de la vulnerabilidad laboral.

Se abordarán así las nuevas formas de trabajo, como las plataformas virtuales (como Deliveroo, Glovo o Uber, entre otras); las empresas multiservicios y la determinación del convenio aplicable; el teletrabajo; los nuevos riesgos laborales vinculados a la transformación digital (violencia neuronal, fatiga digital o ciberacoso) y también sobre la integración de la persona electrónica en los centros de trabajo.

Las IX Jornadas laborales de Lanzarote están coorganizadas por la Asociación Canaria de Iuslaboralistas y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise, el Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote y otras entidades, este año bajo el título “El Derecho Social en el siglo XXI”.

Contarán con la participación de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo, como Fernando Salinas, Antonio Sempere, Rosa María Virolés o Jordi Agustí. Del ámbito académico estarán presentes catedráticos y catedráticas como Cristóbal Molina, Margarita Ramos o Amparo Ballester, así como la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Marina Mas, y el presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe.

Como en cada edición, se otorgará un premio económico de 500 euros de dotación denominado “Manuel Ramón Alarcón Caracuel” en memoria de este jurista, que se concederá a la mejor comunicación jurídica que se presente según las bases disponibles en la página web de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas: www.iuslaboralistas.com

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El Gobierno quiere “ir más de prisa” en la construcción de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario

Julio Pérez en el Parlamento de Canarias el 24 de septiembre de 2019

El 15 de julio de este año se contrató la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo edificio de juzgados de Puerto del Rosario, que deberá estregarse en mayo del próximo año

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer en sede parlamentaria que prevé que las obras de la futura sede judicial de Puerto del Rosario estén concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024. Pérez enfatizó que seguirá los trámites ya en marcha, pero más deprisa.

Pérez recordó que el concurso de ideas se resolvió en octubre de 2018 y que el pasado 15 de julio de 2019 se suscribió el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de dicho edificio, proyecto que debe entregarse en mayo de 2020. Unos meses después deberá poder ser adjudicada la construcción del nuevo edificio.

A partir de esa fecha, la duración de la construcción se prolongará de tres a cuatro años, por lo que estaría completado entre finales de 2023 y principios de 2024.

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El suelo para la nueva sede judicial de Los Llanos de Aridane debería estar disponible a principios de 2020

Julio Pérez en la sesión plenaria del 24 de septiembre de 2019

En Santa Cruz de La Palma aún no hay terreno disponible aún, aunque el Cabildo ha ofrecido la adquisición de una parcela
Los actuales edificios se permutarán con los terrenos en que se construyan los nuevos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias que la mejora de las sedes judiciales tanto de Los Llanos de Aridane como en Santa Cruz de La Palma es la misma: el intercambio de los edificios donde funcionan los juzgados en la actualidad por parcelas donde puedan construirse los nuevos edificios.

El consejero recordó que, en efecto, ya existe una parcela de titularidad municipal que cumple con las necesidades planteadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la ubicación de los órganos judiciales de Los Llanos de Aridane que permitirá satisfacer las previsiones de crecimiento de los mismos. En cambio, no existe parcela aún en el caso de Santa Cruz de La Palma.

En todo caso, Pérez aclaró que la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ya está valorando ambos edificios para su permuta. Cuando se disponga de las parcelas, añadió Pérez, los ayuntamientos tendrán que corregir el planeamiento mediante una ordenanza excepcional que posibilite su construcción, por lo que prefirió no dar una fecha concreta para el inicio de las obras.

En cambio, adelantó que el Gobierno de Canarias ya cuenta con consignación presupuestaria en el caso de Los Llanos de Aridane para la redacción del proyecto porque ya hay parcela.

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El Gobierno cree obligado ajustar las leyes antitransfuguismo canarias a la jurisprudencia constitucional

Julio Pérez en el pleno del 24 de septiembre de 2019

Julio Pérez estima que las normas actuales son contrarias a lo establecido por el Tribunal Constitucional

El Gobierno revisará las leyes antitransfuguismo de Canarias para que se ajusten a la jurisprudencia constitucional derivada de la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta de la diputada de CC Socorro Beato, afirmó que creía obligado revisar las leyes de municipios y cabildos que penalizan a los concejales y consejeros llamados “tránsfugas”, quienes según las leyes vigentes no pueden asumir ciertas funciones, ni percibir ciertas retribuciones.

Julio Pérez dijo que, tras una sentencia de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), hay que revisar si las limitaciones legales impuestas a los tránsfugas han de considerarse limitaciones al “mandado libre” que vincula al concejal o consejero con sus electores.

Una vez que el TC ha dictaminado que ese mandato libre no puede restringirse mediante límites jurídicos, es “obligado”, dijo Julio Pérez, estudiar si es procedente derogar las leyes canarias.

La diputada Beato sostuvo que las limitaciones económicas a los tránsfugas para cobrar retribuciones pueden mantenerse, y que el propósito del Gobierno obedece a “intereses partidistas”, lo que negó el consejero, diciendo que, por el contrario, había sido Beato quien se refirió a tales intereses.

Julio Pérez afirmó que se trata de un debate jurídico, no político, o no solo político.

Cuando lleguen al Parlamento los proyectos normativos que aborden el asunto habrá ocasión, dijo el consejero, de medir exactamente qué parte de las leyes debe corregirse o derogarse.

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El Gobierno sanciona con 10.001 euros a un local de apuestas por comercializar boletos sin cumplir con la normativa

Imagen genérica de apuestas

La infracción, que consistió en no incluir el número de inscripción en el Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, está tipificada como muy grave en la Ley de los Juegos y Apuestas

La multa se ha aplicado observando el criterio de proporcionalidad entre la infracción cometida y los efectos de la propia sanción

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, competente en materia de juegos y apuestas, ha impuesto una multa de 10.001 euros a un local de apuestas por incumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de Apuestas Externas de la Comunidad Autónoma de Canarias al no haber incluido el número de inscripción en el Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley de los Juegos y Apuestas califica este tipo de irregularidades como una infracción muy grave. En todo caso, en la fijación de la misma se ha aplicado el principio de la proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantía y efectos de la sanción.

También se ha ordenado notificar a la empresa que con la orden que impone esta sanción se agota la vía administrativa, por lo que cuenta ahora con un plazo de dos meses a fin de interponer un recurso contencioso-administrativo, o bien interponer en vía administrativa el recurso potestativo de reposición ante esta misma Consejería en el plazo de un mes.

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