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El Gobierno impulsará la unión de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, como ellos pretenden

Julio Pérez se reúne con decanos de economistas y titulados mercantiles de Las Palmas

Julio Pérez se comprometió ayer con sus representantes a impulsar un nuevo Colegio que en adelante los agrupe a todos

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, y el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Juan Ruiz, explicaron ayer viernes al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, su voluntad de confluir en un único colegio profesional.

Pérez trasladó a ambos la voluntad del Gobierno de Canarias a poner en marcha la iniciativa, e instó a ambas partes a que acuerden mediante qué fórmula, de las disponibles en la legislación, quieren seguir para lograrlo.

A la reunión también asistió la directora de Trasparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, José Arturo Matheu.

Tanto García como Ruiz explicaron que sus respectivas entidades ya han abordado el asunto y acordaron la constitución de un colegio único que agrupe a ambos, por lo que se comprometieron a estudiar las opciones disponibles en la normativa e iniciar el proceso ante la Administración autonómica en el menor plazo posible.

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Julio Pérez señala que los voluntarios reconocidos y organizados pueden mejorar la eficacia de los rescates

Julio Pérez se reúne con GEBE Canarias

El consejero de Seguridad se reunió ayer viernes con el Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación de Canarias (GEBE Canarias)

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió ayer viernes con el presidente del Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación (GEBE Canarias), José Francisco Guerra, y otros dos representantes de dicha asociación, en la que explicaron la labor que desarrollan y su disposición a colaborar con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Pérez destacó la importancia de los recursos que brindan las asociaciones de voluntariado debidamente registradas y ajustadas a la normativa vigente, pues contribuyen a incrementar las posibilidades de éxito en las intervenciones de rescate.

Por su parte, Guerra explicó que la asociación mantiene un convenio de colaboración con SOS Desaparecidos y está registrada en el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. Cuenta con 37 efectivos operativos a la fecha, además de otros adicionales dados de alta, organizados en equipos que se relevan en el desarrollo de las tareas que se les encomienda.

Entre otros aspectos, detalló que GEBE Canarias cuenta con una unidad de búsqueda nocturna que trabaja en el caso de desapariciones de personas mayores o niños y niñas, situaciones en la que paralizar las labores debido a la nocturnidad entraña un peligro adicional a la propia desaparición.

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Justicia y la Cámara de Comercio de Las Palmas impulsan un proyecto piloto de mediación mercantil

Julio Pérez presenta proyecto de mediación en Cámara de Comercio de Las Palmas

La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.

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Justicia destaca y felicita a los jueces de Las Palmas por la mejora de la atención a la infancia en los tribunales

Julio Pérez, Carla Vallejo y Marta Bonnet, tras el acto del premio de Calidad de la Justicia

El consejero Julio Pérez afirma en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia que la justicia no tiene por qué ser áspera ni distante, y menos aún cuando se ven involucrados niños o niñas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, remarcó ayer viernes en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la adaptación de los espacios, la dotación de medios y la formación necesaria para mejorar la atención a la infancia en el ámbito judicial ya que, explicó, la justicia no tiene por qué ser áspera, distante, fría ni lejana, y menos aun cuando se ven involucrados niños o niñas.

El consejero felicitó a los jueces de Las Palmas, en la persona de su Decano, el magistrado Oscar González, por el premio conseguido, y les animó a continuar, en el deseo de que además sirvan de ejemplo a otros operadores jurídicos que deben tratar con niños y niñas y no siempre logran hacerlo como lo están haciendo los juzgados y tribunales de Las Palmas.

Al acto acudieron también la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, y el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar Gonzalez, entre otros.

Como iniciativas concretas de este último año promovidas o apoyadas por el Ejecutivo autonómico, cabe destacar la apertura de Salas de Lactancia para su uso por los profesionales y la ciudadanía que acceda a las instalaciones judiciales; las obras para la instalación y adecuación de la oficina de asistencia a las víctimas del delito, contando con espacios adecuados de espera para familias y menores, y la organización de las jornadas formativas y divulgativos Los menores en el contexto de la violencia machista, celebrada los días 12 y 13 de noviembre.

El Consejo General del Poder Judicial realiza una convocatoria anual para la concesión de este premio con el que se pretende reconocer a los órganos judiciales, las oficinas o administraciones relacionadas con la Administración de Justicia por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

En la convocatoria de este año, el Decanato de las Palmas de Gran Canaria presentó como candidatura al premio el proyecto, iniciado desde 2017, que culminó con la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, y que finalmente ha sido reconocido con este galardón. Se encuadra en una serie de iniciativas destinadas a mejorar el tratamiento y la atención que, principalmente a las víctimas menores de edad, se ofrece en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, así como a las y los menores que deben acudir a los juzgados de familia.

Al respecto, Pérez destacó la importancia que tiene la cantidad de recursos asignados a la justicia para alcanzar su finalidad, pero sobre todo, la calidad del servicio mismo que se presta, que debe tener como norte la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

No hay que olvidarse de los recursos que precisan quienes prestan este servicio, indicó, pero hay que tener muy presente la calidad que deben recibir las ciudadanas y los ciudadanos, añadió en referencia a la iniciativa que recibió el galardón. También destacó que no se trata de un proyecto nuevo, sino que es una iniciativa desarrollada bajo distintos equipos, y no solo el actual, por lo que puso en valor la continuidad dada hasta la consecución del resultado conseguido.

En este sentido, el Gobierno ha dado su apoyo y sostén económico a distintas iniciativas del decanato que incluyen, entre otras, la elaboración del protocolo de actuación en caso de víctimas o testigos menores de edad; la puesta en marcha de la Sala Gesell para declaraciones y exploraciones de menores; el protocolo de acompañamiento Vía libre a la infancia; la adaptación del lenguaje de los documentos que deben entregarse a la víctima a través de la técnica de lectura fácil; la aprobación e inicio de las obras de la casa de la infancia en los institutos de medicina legal, y el proyecto divulgativo y formativo dirigido al alumnado de los Colegios de Las Palmas Aprendiendo en Justicia.

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La Consejería de Justicia y los sindicatos llegan a un acuerdo para estabilizar casi 100 empleados públicos

Imagen de un órgano judicial de Canarias

Julio Pérez señala que esta actuación da respuesta a las necesidades de servicio público, se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales y se muestra la voluntad del Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y las organizaciones sindicales representativas del sector han acordado la estabilización y ampliación de la plantilla de los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias. Así, en las dos provincias se estabilizan 86 plazas, 54 de ellas en la de Las Palmas y 32 en la de Santa Cruz de Tenerife, y se amplían otras 16, ocho por cada una de las provincias, con lo que se completa la plantilla de todos los órganos judiciales de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca que con esta actuación se produce la primera estabilización de funcionarios y funcionarias en sus puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se da respuesta a las necesidades de servicio Público y se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales de las Islas. En virtud de este acuerdo, plazas que eran de refuerzo y temporales pasan a integrarse en la plantilla orgánica de los juzgados, pudiendo acceder a ellas personal de carrera mediante concurso de oposiciones.

Pérez recuerda que la última estabilización de la plantilla de justicia en Canarias se produjo en 2008, y remarca que este acuerdo muestra la voluntad del actual Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad con respeto a la legalidad.

El consejero destaca asimismo el aumento en las dos provincias de 16 empleados y empleadas públicas y explica que dicha ampliación supondrá un gasto anual de 543.098,76 euros.

Plazas por provincias

Además de los 54 puestos de trabajo estabilizados en Las Palmas, en esta provincia se han ampliado en ocho plazas para que todos los juzgados queden con la misma plantilla. Las ampliaciones corresponden a un auxilio judicial por cada juzgado de primera instancia, desde el número 12 al 16, de Las Palmas de Gran Canaria, y tres gestores procesales; uno en el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas, otro en el juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas y otro en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se estabilizan 32 plazas y se amplían ocho. Del total del incremento de plazas, cuatro son de auxilio judicial: uno en el Juzgado de primera instancia número 9 y otro en el número 10 de santa Cruz de Tenerife, uno en el juzgado mixto de San Sebastián de la Gomera (La Gomera) y uno en el juzgado mixto número 1 de Los Llanos de Aridane (La Palma). Se amplía también un tramitador procesal en San Sebastián de La Gomera, dos tramitadores procesales en Arona y un gestor procesal en el juzgado de instrucción número 4 de Arona.

El incremento de plantilla en San Sebastián de La Gomera da respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de una década tanto por las y los trabajadores del juzgado como por los vecinos del partido judicial.

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Pérez sostiene que la especialización de operadores jurídicos evita la doble victimización de la violencia machista

La especialización de los operadores jurídicos evita la doble victimización de la violencia machista

Julio Pérez participa en la apertura de las jornadas formativas organizadas junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas, que se desarrollarán durante cinco jornadas y cuya superación acreditará a las y los profesionales de la abogacía para el acceso al turno de oficio especial de violencia de género

El consejero considera esencial que las mujeres víctimas cuenten con unas instituciones y profesionales especialmente formados y capacitados para atenderlas adecuadamente

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Gobierno de Canarias, Julio Pérez, afirmó hoy que su departamento promueve la adecuada formación y especialización de los operadores jurídicos en materia de violencia de género e indicó que cuando se trata de víctimas de violencia machista el mecanismo de perfeccionamiento de la justicia es la defensa contra la doble victimización. “Quien ha sido objeto de una agresión machista no puede revivirla y sufrirla de nuevo cuando acude a la justicia”, remarcó.

El departamento que dirige Pérez impulsa esa formación especializada mediante la realización de jornadas formativas, organizadas a través de los colegios de abogados de Canarias y dirigidas a profesionales de la abogacía para que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para dar un adecuado trato a las víctimas, garantizar la mejor respuesta asistencial y evitar que el proceso judicial se convierta en un nuevo elemento de victimización.

Pérez participó en la tarde de ayer en la apertura de las jornadas ‘La atención integral frente a la violencia de género. Nuevas formas de violencia machista’, organizadas junto al Colegio de Abogados de Las Palmas, sobre las que, destacó, suponen un instrumento más de perfeccionamiento del sistema que trata de luchar contra la violencia machista en nuestra sociedad. Pérez recalcó que Canarias se sitúa como una de las comunidades donde mayor incidencia tiene la violencia de género y dijo que es esencial que una vez que la mujer da el paso de denunciar, cuente con unas instituciones y profesionales especialmente capacitados para atenderla adecuadamente.

Las jornadas, financiadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con un importe de 15.000 euros, provenientes de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se desarrollarán durante cinco días y su superación acreditará a las y los profesionales de la abogacía para el acceso al turno de oficio especial de violencia de género.

Inaceptable e insoportable

“La justicia no es el único frente en el que este combate se desenvuelve, pero probablemente sea la justicia el frente en el que es conveniente que se obtengan mayores victorias”, sostuvo Pérez, quien señaló que en Canarias los casos de violencia machista son inaceptablemente numerosos, “pero por pocos que fueran serían igualmente insoportables”.

El consejero remarcó que esta situación obliga a las autoridades y a todas las partes intervinientes en el servicio público de la justicia a mejorar los instrumentos con los que combatir la amenaza y la lacra de la violencia machista, uno de los cuales es la formación especializada de las y los abogados que quieran trabajar en este sector de la actividad judicial.

Mediante las jornadas ‘La atención integral frente a la violencia de género. Nuevas formas de violencia machista’ los y las profesionales de la abogacía tendrán acceso no solo a la información más relevante referida a la respuestas penales y procesales que ofrece el ordenamiento jurídico, sino también una aproximación multidisciplinar que incluya un verdadero conocimiento de la violencia de género y de cómo debe ser la relación con la víctima.

En concreto, tienen lugar vía telemática entre los días 26 y 27 de noviembre, y 1, 2 y 3 de diciembre. El curso es gratuito y tiene como objetivos incidir en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de menores; e impulso a la formación de los distintos agentes, entre otros.

Pacto de Estado

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad lleva a cabo acciones concretas de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la realización de jornadas formativas específicas para los y las profesionales de la abogacía.

Con este tipo de acciones, se cumple con lo previsto en el Eje 5 del Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Genero, relativo al impulso de la formación de los distintos agentes que garantice la mejor respuesta asistencial.

Así, dicho eje recoge que para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible “es necesario que se amplíe la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en la prevención, protección y ayuda psicosocial a las víctimas. Es por ello ineludible seguir promoviendo la formación de todos los profesionales implicados: jueces, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros. La formación ha de incluir tanto las técnicas y procedimientos propios de su profesión, como las características, causas, efectos y consecuencias de la violencia sobre las mujeres”.

El Gobierno de Canarias respalda cinco planes insulares de riesgo de inundaciones

Julio Pérez preside la Comisión Autonómica de Protección Civil

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió ayer la reunión de la Comisión Autonómica de Protección Civil en la que también se homologaron cuatro planes de emergencias municipal, un plan insular de prevención y extinción de incendios y un plan insular de actuación insular frente al riesgo volcánico

Protección Civil del Gobierno de Canarias presentó un primer borrador del futuro protocolo de actuación de evacuación de animales ante situaciones de emergencias de catástrofes. Su finalidad es evitar el sacrificio de los animales durante crisis de cualquier tipo, evitar su muerte o dejar animales abandonados a su suerte en situaciones de emergencias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió ayer la Comisión Autonómica de Protección Civil en la que, entre otros asuntos, el Gobierno de Canarias informó de forma favorable cinco planes insulares de riesgo de inundaciones, lo que allana el camino para la aprobación de los mismos en el Consejo Nacional de Protección Civil. A la reunión también acudieron el director general de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE), Gustavo Armas, la técnica de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, y diferentes técnicos y cargos de municipios, cabildos y de la Delegación del Gobierno.

Se trata, en concreto, de los planes elaborados por los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife, que recibieron todos el respaldo de la Comisión. Estos planes definen la demarcación hidrográfica insular, lo que incluye una evaluación del riesgo de inundación en ese ámbito geográfico y de riesgo potencial del mismo, así como mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y los planes de la gestión del riesgo de inundación.

Pérez destacó en este caso, y también para el resto de planes que se abordaron ayer en la reunión, la alta calidad técnica de los mismos, que apenas requerirán modificaciones menores en sus redacciones antes de que sean aprobados de manera definitiva.

Además, Protección Civil del Gobierno de Canarias presentó un primer borrador del protocolo de actuación de evacuación de animales ante situaciones de emergencias de catástrofes, como punto de partida inicial con la idea de que sirva para recoger observaciones de distintos intervinientes en tales situaciones y puedan aportar al mismo.

Se trata de un protocolo que busca evitar el sacrificio de los animales durante crisis de cualquier tipo, evitar su muerte o dejar animales abandonados a su suerte en situaciones de emergencias sin contar con un lugar seguro donde puedan permanecer, alimentos, agua ni atención veterinaria.

Asimismo, la Comisión Autonómica de Protección Civil homologó ayer cuatro planes de emergencias municipal, que al igual que los planes de riesgo de inundación, apenas requerirán matizaciones técnicas en su redacción. Se trata del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de San Andrés y Sauces de la Palma; el del municipio gomero de Valle Gran Rey; el municipio tinerfeño de Vilaflor, y el del municipio grancanario de Santa María de Guía.

El objetivo de estos planes es, en general, conocer en detalle los riesgos más probables que se deben afrontar en el ámbito geográfico del que se trate, así como conocer los medios y mecanismos de los que se dispongan para hacerles frente, tanto en lo que se refiere a recursos materiales como humanos, con la finalidad de procurar la protección de personas, bienes y medio ambiente.

Otros planes y autoprotección para la población

El Gobierno de Canarias también homologó el Plan Insular de Prevención y Extinción de Incendios de Gran Canaria y el Plan Insular de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de La Palma que, como en los casos anteriores, apenas requerirán de cambios menores de redacción antes de su aprobación.

En cuanto al primero, toma en cuenta el riesgo actual de  incendio  forestal  de  Gran Canaria, así como el previsible con el aumento de la superficie forestal y la influencia del cambio. Se plantea abordar el problema de los fuegos forestales desde la perspectiva preventiva y la operativa. Para ello, plantea entre sus objetivos regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos públicos y privados que existen en esa Isla, y definir las acciones encaminadas a evitar, o reducir, los efectos de los incendios forestales.

Por su parte, el plan frente a riesgo volcánico de Tenerife señala que las últimas erupciones habidas en la provincia occidental (La Palma, 1971, y El Hierro, 2011) explican la importancia de contar con una herramienta que especifique la estructura, organización, operatividad y protocolos de coordinación e intervención ante una posible futura erupción en esa Isla, así como la persistencia en el tiempo de varios enjambres sismo volcánicos.

Por último, abordó también la actualización de los consejos de autoprotección para la población de todos los planes de forma que se vayan mejorando de forma progresiva para su aprobación en próximas reuniones de la Comisión Autonómica de Protección Civil.

De hecho, la DGSE ya ha trabajado en algunos de estos consejos relacionados con los incendios forestales, que tanto desde el CECOES 112 como desde la propia Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya se divulgaron el pasado verano.

Al respecto, Román explicó que se abordaron, en primer lugar, los de carácter preventivo tanto con mejoras en la redacción como con la incorporación de nuevos elementos de autoprotección. Aunque estos ya hayan sido difundidos en la campaña de 2020, explicó, también serán objeto de revisión y análisis para futuras aportaciones que puedan contribuir a su mejora.

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Pérez defiende la necesidad de la actualización continua y permanente del personal público

Clausura de las jornadas El Estatuto de Autonomía ante el reto de su desarrollo

El consejero de Administraciones Públicas sostiene que la formación tiene como objetivo mejorar el servicio público y es un deber de las y los empleados públicos y un desafío para el Ejecutivo

Pérez interviene en la sesión de cierre de las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, que han sido clausuradas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, intervino hoy en la clausura de las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) con motivo del segundo aniversario de la promulgación de la reforma del texto estatutario, y significó la formación del personal público como una necesidad para la actualización continua y permanente del conocimiento, un deber y una obligación, dijo, de las y los empleados públicos y un desafío para la administración pública.

Pérez participó en la sesión de cierre de las jornadas, celebradas entre el 5 y el 19 de noviembre, que fueron clausuradas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y en la que también intervinieron el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y la directora del ICAP, Eva de Anta.

El consejero mostró su satisfacción por el desarrollo de los distintos seminarios, que han tenido como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias, un texto que, afirmó, hace a Canarias más grande, competente y responsable a la hora de tomar las decisiones que necesiten las Islas.

Calificó las sesiones de trabajo como una experiencia productiva, tanto por el contenido y la participación en las mismas como por el formato, celebradas a través de un entorno virtual para salvar las dificultades motivadas por la pandemia. Destacó que la formación telemática permite mantener el trabajo colectivo y la habitual comunicación entre empleados y empleadas públicas, uno de los grandes valores del trabajo público.

Formación continua

Así, Pérez abogó por intensificar este tipo de formato no presencial que ya se ha evidenciado como una de las mejores fórmulas para la enseñanza y la formación, y defendió la actualización continua y permanente del personal público para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, y recordó que los conocimientos que se adquieren en el momento de incorporarse al sector público se desactualizan y hay que hacer un esfuerzo y habituarse a convivir con el cambio continuo de las normas, procedimientos, reglas o criterios judiciales. Asimismo, consideró que la formación continua permite luchar contra la rutina del trabajo del personal público y de los gestores y favorece una labor más estimulante, interesante y atractiva.

El consejero hizo mención del teletrabajo y a la relación telemática con la ciudadanía y sostuvo que, aunque la distancia física es mayor, la proximidad con las personas usuarias de los servicios públicos es similar, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar en ese acercamiento telemático con la ciudadanía, cuya satisfacción constituye el objetivo del Gobierno y es el centro de su trabajo.

Alejandro Rodríguez felicitó al equipo del ICAP por el éxito de las jornadas, dijo que el Instituto es un referencie de calidad y excelencia en formación e innovación en el ámbito de los servicios Públicos y aseguró que la formación no es algo que suponga un gasto, sino que es un elemento de inversión en el capital humano de las administraciones y que este sea cada vez mejor para prestar un superior servicio a la ciudadanía.

Al respecto, Eva de Anta remarcó que durante la celebración de las jornadas se ha demostrado el inmenso valor que representa el conocimiento del personal público, y destacó la participación tanto de ponentes como de asistentes, compartiendo valoraciones, experiencias e ideas para mejorar. Mostró su satisfacción con la experiencia y el resultado de unas jornadas que calificó de innovadoras y aseguró que para el ICAP ha sido una experiencia enriquecedora y muy gratificante.

Clausura

Las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, organizadas por el ICAP, con la colaboración del Gobierno de Canarias, han sido clausuradas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, quien afirmó que el nuevo texto estatutario coloca a Canarias en la senda del progreso social. Darias remarcó que el nuevo Estatuto, aprobado por la ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, viene a reconocer las aspiraciones de la ciudadanía canaria en relación con el reconocimiento de las singularidades históricas del Archipiélago.

Las jornadas se enmarcan en programa de actividades del ICAP para 2020 y se han celebrado durante seis sesiones, entre los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de noviembre. Dirigidas al personal funcionario y laboral de todos los grupos de las Administraciones Públicas de Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado), el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Canarias y el del Parlamento de Canarias, en ellas han participado profesionales de reconocido prestigio, quienes han abordado diferentes aspectos sobre la norma institucional básica de Canarias, como las posibilidades y límites del nuevo estatuto, las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o el marco competencial.

El contenido de las jornadas se ha presentado principalmente a través de paneles en los que se han analizado entre otros asuntos, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, el papel de las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa, la articulación de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales y el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras.

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La DG de Justicia constata un aumento de las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

Aumentan las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, elabora un estudio de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre los primeros resultados, el estudio revela que las llamadas al 016 se han incrementado entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ), Marta Bonnet, participaron hoy en la inauguración de las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, acto que presentó el presidente del mismo, Juan Antonio Rodríguez, e inauguró el vicedecano de la institución, José Miguel Jaubert. Entre otros aspectos, Bonnet se refirió al estudio que lleva a cabo la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez, a través de la DGRAJ, de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre sus primeros resultados, reveló la directora general, figura la constatación objetiva del incremento de llamadas al 016 entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento que tuvo lugar debido a la pandemia de Covid-19.

Bonnet explicó que, mientras que el primer trimestre se registraron 681 llamadas de la propia usuaria, en el segundo la cifra llegó a 1.045. En el caso de las familias y personas allegadas, se produjeron 292 llamadas en el primer trimestre, por 392 en el segundo trimestre, y las llamadas realizadas por otras personas fueron 57 en el primer trimestre, por 73 en el segundo.

No se trata de datos esperanzadores, afirmó Vallejo, que lamentó que el confinamiento a causa de la pandemia ha exacerbado los aspectos más negativos de la violencia de género, como el secretismo o las conductas machistas que se observan entre la gente más joven.

Por su parte, la directora general indicó que se podría pensar que el periodo de confinamiento o la declaración del estado de alarma supusieron un momento de desaparición de los casos de violencia de género, pero que, en realidad, no fue así. En marzo, cuatro mujeres fueron asesinadas; en abril, en pleno confinamiento, una más; en mayo, otras dos; en junio, una más, y ya en julio la cifra volvió a ascender a cuatro y se multiplicó por dos en agosto, llegando a ochos las mujeres asesinadas. La única víctima mortal de abril lo fue, además en Canarias, remarcó Bonnet.

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. En efecto, con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus maltratadores, con dificultades para acceder a servicios de ayuda, advirtió Bonnet. Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.

Además, Bonnet, adelantó que la DGRAJ ha encargado al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres un estudio sobre la perspectiva de género en las normas dictadas en materia de justicia durante el periodo de confinamiento con la intención de verificar el grado de cumplimiento del propio legislador, o del Ejecutivo cuando dicta normas jurídicas y de la observancia de la perspectiva de género. La directora general, que al igual que la viceconsejera, agradeció al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por su invitación a participar en la sesión inaugural de las jornadas, afirmó que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como señala Naciones Unidas, apostilló Bonnet.

En este sentido, explicó que, si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, como más niñas están escolarizadas, que se obligue a menos niñas al matrimonio precoz, que hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, o que las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, todavía existen muchas dificultades, como el hecho de que siguen siendo generalizadas las leyes y normas sociales discriminatorias.

Vallejo también se refirió a las conquistas en el terreno legal que permiten hablar hoy día de un importante recorrido en esta materia, a pesar de los malos datos. El hecho de que las normas hayan reconocido la existencia de la violencia de género es, en sí mismo, un paso de gigante en relación al panorama anterior, explicó Vallejo, que repasó algunas situaciones en las que aún queda mucho trabajo por hacer, como la situación de las y los menores, las y los grandes olvidados en estos casos.

Bonnet afirmó que la pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto aún más el desequilibrio entre las mujeres y los hombres, y señaló que, según las Naciones Unidas, las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Además, también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan mayoritariamente en mercados laborales inseguros. Explicó que cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, especialmente en trabajos domésticos o itinerante, como la venta de productos, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.

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La Dirección General de Seguridad y Emergencias creará en 2021 una unidad de equipo de búsqueda y rescate urbano

Protección Civil del Gobierno de Canarias

Será la tercera unidad especializada de toda España y estará disponible para actuar en toda la Macaronesia

Asimismo, participará en cinco proyectos europeos en 2021, lo que le permitirá contar con un plan de asistencia a cruceros en caso de accidente o mejorar la prevención de incendios forestales, entre otros aspectos

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de Canarias (DGSE), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas que dirige Julio Pérez, participará en 2021 en cinco proyectos europeos que permitirán, entre otros aspectos, crear una unidad de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) que estará operativo en la Macaronesia.

Como explica el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, la creación de la USAR (Urban Search and Rescue) nace dentro del proyecto UMEMAC (Unidad Modular de Emergencia de la Macaronesia), que es el principal instrumento con el que cuentan las regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los que se enfrentan en materia de innovación, competitividad, internacionalización y desarrollo sostenible.

La finalidad de UMEMAC es que esta región disponga de un equipo USAR mediano que permitirá realizar operaciones de búsqueda y rescate técnico en estructuras colapsadas o con fallas de madera pesada y/o construcción de mampostería reforzada, incluyendo estructuras reforzadas con acero estructural. Armas señala que el objetivo es contar con 80 efectivos formados y certificados por la ONU para actuar en la Macaronesia o cuando sean requeridos por la ONU o el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Así, en 2021, Canarias contaría con la tercera unidad especializada en España (las otras son la de la Comunidad de Madrid y la de la Unidad Militar de Emergencias -UME-). Para ello, durante el próximo año adquirirá todo el material necesario y llevará a cabo la formación a todos los integrantes.

También la Dirección General de Seguridad y Emergencias abordará en 2021 el proyecto MAWADIPOL, que hará posible la asistencia a cruceros en caso de accidente a través de la implantación de mecanismos para la asistencia de pasaje de cruceros en tierra.

A lo largo del próximo año se prevé crear un protocolo general que sirva para Canarias, Azores y Cabo Verde, por lo que se adquirirá material necesario para la asistencia y respuesta en caso de un incidente en estas embarcaciones y se elaborará un estudio de riesgos y un plan de asistencia a los cruceristas.

Por su parte, el proyecto GESFOGO estará enfocado en la prevención y gestión de incendios forestales que afectan en mayor medida a zonas verdes de la Red Natura 2000, así como el resto de los espacios naturales protegidos del Archipiélago.

Para ello, se desarrollará una cámara móvil terrestre que hará seguimiento de los incendios forestales y se implementará la aplicación del cálculo del índice de Grandes Incendios Forestales en Canarias, que adaptará una nueva fórmula que permitirá obtener datos ajustados a todas las Islas y activar las Alertas y el dispositivo de INFOCA con anterioridad al inicio de estos episodios.

Los otros dos proyectos, Alert For You y RISKLAB, servirán para desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana para la población, la elaboración de mapas de riesgos y la implantación en el centro de coordinación de una gestión de emergencias mediante el uso de software de georreferenciación (GIS) que hará posible ofrecer de forma inmediata y en tiempo real información de los posibles riesgos asociados a distintas zonas, gracias a un sistema de geolocalización.

Alert For You posibilitará la recepción y envío de un sistema de avisos de alerta temprana, en distintos idiomas, la comunicación de alertas o siniestros, instrucciones sobre cómo actuar ante emergencias o información sobre riesgos, entre otros temas de interés y para 2021 se garantizará el alojamiento de la misma en los servidores del Gobierno de Canarias.

Mientras, en el ámbito de RISKLAB, durante 2021 se continuará desarrollando la implementación tecnológica en la gestión de emergencias a través del análisis de bases de datos, evaluación de parámetros de riesgo (naturales, tecnológicos y antrópicos); simuladores de escenarios; implementación cartográfica y elementos de gestión de emergencias (SMC, cartografía de riesgo, alerta temprana, etc.); con el fin de implementar un sistema de gestión de riesgos en base a la elaboración de mapa de riesgos y a la alerta temprana.

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