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Canarias reitera la necesidad de cambiar la Ley de Seguridad Social para acabar también con la pobreza infantil

“Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”, aseguró la consejera regional de Bienestar Social

Candelaria Delgado acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia donde se aprobaron cinco millones para atención a menores migrantes no acompañados

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a reiterar en Madrid, esta vez ante el Ministerio de Juventud e Infancia, la necesidad de que el Estado cambie la Ley de la Seguridad Social para que los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía que se hagan a las personas que reciben la Pensión No Contributiva (PNC) no computen como ingresos extras y puedan salir de la pobreza extrema.

Delgado ha hecho esta petición en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada el 7 de noviembre en Madrid, donde se abordaron, dentro los asuntos del orden del día, los procesos de adopción en las Comunidades Autónomas y recursos autonómicos destinados a combatir la pobreza infantil.

En su intervención, la consejera recordó que “muchas de las personas que reciben la PNC son personas con discapacidad con menores a cargo” y que, aunque en Canarias se ha arbitrado una fórmula para que reciban un ingreso extra de 400 euros anuales para este 2026, “siguen siendo necesarias otras medidas que puedan beneficiar a esas familias”.

“No puede ser que sigamos recibiendo una aportación de 30 millones de euros para luchar contra la pobreza, cuando nos corresponderían 80 millones de euros. Entiendo que, aunque el Estado tenga los presupuestos prorrogados, debe hacer un esfuerzo para conseguir un incremento de presupuestos en la lucha contra la pobreza, mientras que no se establezca el pacto de Estado Contra la Pobreza Infantil de la que se ha hablado hoy y que entiendo que irá también con ficha presupuestaria”, explicó Delgado. “Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”.

Por otra parte, en este encuentro cumbre entre los responsables de las consejerías responsables en asuntos de menores de las distintas comunidades autónomas y el Ministerio, se ha aprobado que el Gobierno de Canarias reciba otros cinco millones de euros del reparto de 13 millones de euros que se decidió hoy para atender la llegada de menores migrantes no acompañados.

Además, la Conferencia Sectorial de Infancia ha vuelto a ser un foro de debate sobre el reparto de menores migrantes y la contingencia migratoria, además de los criterios de asignación de la contingencia, a pesar de que no había ningún punto del orden del día que contemplara ese debate. Mientras Canarias sigue con centros saturados con 4.475 menores, y la financiación del Estado no llega a las arcas del Archipiélago, algunas comunidades autónomas siguen discutiendo si pueden o no financiar la asunción de la guarda de los menores trasladados por contingencia. Hasta el momento, de Canarias han salido 16 menores por el procedimiento exprés -artículo 5-; y 24 menores correspondientes a contingencia ordinaria. Esta semana, Canarias ha asumido 13 menores más llegados en las últimas pateras.

Las comunidades han solicitado al Ministerio que elimine del orden del día el punto referido a la información sobre el proyecto de Real Decreto sobre los sistemas de acogimiento de niños, niñas y adolescentes, ya que fue un acuerdo de la comisión sectorial que no se incluyera en esta Conferencia.

 

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Bienestar Social y FEMEPA formarán a jóvenes migrantes extutelados para facilitar su acceso al empleo

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, firmaron hoy un acuerdo de colaboración para facilitar la formación para el empleo de jóvenes extutelados

Facilitar, auspiciar y potenciar la formación para el empleo de jóvenes menores migrantes extutelados por el Gobierno de Canarias es el objetivo principal del convenio de colaboración rubricado entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la viceconsejería de Bienestar Social, y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) en el marco del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo.

“A través de este programa, buscamos acompañar la transición a la vida adulta de las y los menores migrantes que llegan hasta nuestras costas sin la compañía de una persona adulta, para que, una vez cumplan su mayoría de edad, puedan desarrollar un proyecto de vida a través del acceso a la formación y al empleo, a la vez que se ofrece mano de obra formada a los sectores económicos del Archipiélago más demandantes de trabajadores cualificados”, afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien recordó que desde su departamento se están impulsando estos acuerdos con diferentes sectores y grupos empresariales de las islas “que ya comienzan a arrojar sus primeras cifras positivas como la integración al mercado laboral de medio centenar de chicos en Fuerteventura”.

Por su parte, la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, afirmó que “desde Femepa valoramos el convenio con la Viceconsejería de Bienestar Social como una alianza público-privada que favorece la formación e inserción laboral de menores migrantes y jóvenes extutelados/as en la provincia de Las Palmas. Confiamos en que esta colaboración con el Programa Urdimbre contribuya a cubrir necesidades de mano de obra cualificada en nuestros sectores industriales y refuerce el compromiso empresarial con la responsabilidad social y la integración.”

Entre las acciones que se contemplan en el acuerdo la reserva de plazas en acciones formativas para el empleo, formación en alternancia con el empleo y acciones con compromiso de contratación impulsadas por FEMEPA y la puesta a disposición de las agencias de colocación gestionadas por la Federación empresarial ara facilitar el acceso al mercado laboral de las personas menores migrantes una vez cumplan su mayoría de edad.

Además, los jóvenes extutelados podrán acceder a los cursos de formación impartidos por FEMEPA a fin de trazar itinerarios personalizados de inserción, especialmente en las formaciones de telecomunicaciones, fontanería y climatización.

El convenio contempla la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector en la que se detecten puestos con alta demanda de mano de obra y presentarlo a la Viceconsejería para orientar, tanto la formación como la inserción de menores migrantes.

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Canarias insiste en la urgencia de aplicar el Real Decreto de distribución de menores migrantes

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, asistieron en Madrid a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia

“Esta es una estación más del via crucis que atravesamos en Canarias desde hace dos años. Lo vivimos atónitos porque no entendemos cómo existe esta incomprensión ante el problema humanitario, y lo que se plantean son debates insulsos que sabemos que no va a llegar a nada. Se utiliza el bien superior del menor para decir una cosa y la contraria. Tanto la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, que me acompaña, como yo, no salíamos de nuestro asombro ante el intento de recuperar debates que se han producido ya hace dos años. La realidad es que ha habido acuerdo político en el Congreso de los Diputados y lo que hace falta es que se aplique la norma”. Así se ha expresado el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, al finalizar la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada hoy en Madrid.

“Lejos de entender la urgencia ante el deterioro de los recursos en la atención a los menores migrantes no acompañados que estamos viviendo en Canarias, generan debates que, entendemos, con la entrada en vigor del Real Decreto que modifica el artículo 35, deberían estar ya más que superados”.

“Canarias lleva dos años clamando en soledad ante la situación de la acogida y atención de menores migrantes y la respuesta ha venido por la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, manifestó Candil quien afirmó que “no tenemos ninguna duda que esta será la solución a la situación a la crisis migratoria que vive nuestra comunidad y a través de ella hay que actuar”.

“Por eso, entendemos que si contáramos con una actitud más colaboradora por parte de determinadas comunidades autónomas, a las que reclamamos más sensibilidad, ya habríamos avanzado en dar solución a esta crisis migratoria porque Canarias sigue viviendo una situación que algunas administraciones parecen no haber entendido y que sigue suponiendo que, como ha sucedido hoy, mueran personas frente a las costas canarias que también son españolas”, enfatizó el viceconsejero, quien aclaró que “el siguiente paso es convocar la Conferencia Sectorial, en la que esperemos se ofrezcan ya soluciones definitivas en torno a este drama humanitario al que debemos dar respuesta urgente”.

La declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada y el Plan de respuesta solidaria ante dicha situación y sus criterios de aplicación, fue el asunto central abordado en el seno de esta Comisión, a la que asistió Candil acompañado por la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez. Mientras que el documento entregado a las comunidades refleja una ocupación en el Archipiélago del 107%, Canarias asegura que tiene el 480%, por lo que se ha solicitado la modificación al Ministerio.

El documento establece que se declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. La capacidad ordinaria se obtendrá de dividir la población total de cada Comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos las CCAA han enviado antes del 31 de marzo de 2025. La situación de contingencia migratoria extraordinaria determinará que se establezca cuál será la comunidad autónoma a la que se traslade a la persona menor de edad extranjera no acompañada.

En el seno de esta Comisión se abordó también el real decreto por el que concreta el protocolo con las actuaciones que deberán realizar la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas en caso de situación de contingencia migratoria extraordinaria así como elevar a la Conferencia Sectorial la propuesta de distribución territorial a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears y las ciudades de Ceuta y Melilla del crédito destinado a la financiación en 2025 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 22 millones de euros.

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El Estado no ha vuelto a contactar con Canarias para coordinar el acogimiento de los menores asilados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias informa en el Parlamento de la situación tras el auto del Tribunal Supremo

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, compareció hoy en el Parlamento de Canarias, a petición del Grupo Popular, para informar sobre la situación actual de los menores en situación de asilo internacional tras el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores migrantes que llegan al archipiélago sin sus progenitores y que solicitan asilo en España.

Como recordó, la semana pasada se mantuvo una reunión en Presidencia del Gobierno de Canarias a la que asistió el presidente Fernando Clavijo, el ministro Ángel Víctor Torres, presidente de la Comisión, la consejera de Bienestar Social, los responsables de los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, y de manera telemática, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y altos cargos del Ministerio de Interior.

En ese encuentro, el presidente de Canarias confirmó a los ministros que “se ha comunicado al Tribunal Supremo que en Canarias hay 1.008 menores que podrían acogerse a la situación de asilo internacional, en los que se incluyen aquellos que lo han solicitado, no solo los que tiene el expediente completo”.

“El siguiente paso que acordamos fue establecer reuniones de carácter técnico para que, el día 9, esos menores pasen al sistema de protección internacional del Estado, tal y como establece el auto del Supremo. Se acordó, y nosotros confiamos en su momento en la palabra de los ministros, que los menores tendrían que salir de Canarias porque la situación de hacinamiento hace imposible que permanezcan aquí, aunque Canarias entiende que cada caso debe ser analizado individualmente”, explicó la consejera, quien confirmó que “dichas reuniones de carácter técnico no se han celebrado aún, el Estado no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros para coordinar estos traslados, por lo que vemos muy difícil que el plazo impuesto por el auto del TS vaya a cumplirse, pero la pelota está en el tejado del Gobierno estatal”.

“Este auto fue un recordatorio claro de la obligación irrenunciable del Estado español de garantizar la protección de quienes huyen de situaciones de conflicto, persecución o violación de derechos humanos. En este contexto, el Tribunal Supremo ha subrayado la importancia del derecho de asilo como una competencia exclusiva del Estado, reconocida en la Constitución Española. Este mandato se concreta además en la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, y en el Real Decreto 220/2022, que establece un sistema de acogida integral para solicitantes de protección internacional”, recalcó.

Este sistema estatal de acogida se estructura en fases que incluyen la valoración inicial y derivación, acogida y autonomía, y garantiza condiciones materiales dignas durante un período que puede extenderse hasta dieciocho meses. A lo largo de este proceso, se ofrece una atención especializada para los más vulnerables, incluidos los menores no acompañados. “Sin embargo, en la situación actual, estos 1.008 menores no han tenido acceso efectivo a estos recursos, a pesar de tener pleno derecho a ellos. Estos menores no son «inmigrantes», ni MENAS, son niños y niñas en riesgo. Canarias actuará con los recursos que tenga, pero no podemos olvidar que nosotros, en un muy corto espacio de tiempo, hemos tenido que tutelar, vestir, educar y sanar a más de 5.000 menores, ahora le toca al Estado cumplir con sus obligaciones”, concluyó.

 

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