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Medio millar de personas en exclusión y mayores de Lanzarote son atendidas a través de programas sociales

Un total de 478 personas mayores sin red de apoyo familiar, familias monoparentales con menores a cargo, personas sin hogar y en situación de exclusión social son atendidas a través de cinco programas sociales que desarrolla la Fundación Flora Acoge en Lanzarote, a los que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario destina casi 562.000 euros mientras que el Cabildo lanzaroteño destina más de 316.000 euros anuales.

Este dato fue dado a conocer por el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante la visita que llevó a cabo hoy (6 de agosto) junto al consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Marci Acuña, a las instalaciones de la entidad social para conocer en detalle los resultados de estos proyectos de carácter social.

En concreto, Candil pudo conocer en persona la ejecución actual del programa  Acompañamiento a Mayores en Soledad a través del cual se atiende a 52 personas mayores sin red de apoyo socio-familiar, 36 de las cuales son mujeres. A través de este programa se ofrece acompañamiento y ayuda a las personas mayores para la gestión de necesidades de la vida diaria como acompañamiento a citas médicas, la realización de compras y gestiones bancarias, “con el objetivo de ayudar a mejorar el bienestar y calidad de vida de la persona mayor y favorecer y potenciar su autonomía, en el marco de las políticas dirigidas a promover la longevidad activa de las y los mayores auspiciada por la Consejería de Bienestar Social”, destacó el viceconsejero.

Además Candil pudo conocer primera mano la Casa de Acogida para personas sin hogar, mediante el cual se cubren las necesidades de alimentación, higiene y alojamiento para personas en situación de sinhogarismo. “Un recurso fundamental para dar apoyo a las personas que se encuentran sin posibilidad de acceder a un techo, ofreciéndoles un lugar donde dormir, ducharse y donde reciben apoyo alimenticio”, indicó el viceconsejero quien aclaró que durante este año el recurso ha acogido a 60 personas, 51 hombres y 6 mujeres. Actualmente, la Casa de Acogida tiene sus 17 plazas ocupadas y hay 5 personas en lista de espera.

A estos dos programas, hay que sumar las 147 personas atendidas (114 hombres y 33 mujeres) a través del Proyecto Promoción social, que facilita servicio de comedor y de higiene personal a personas sin ingresos económicos, y las 188 personas beneficiarias (109 adultos de los cuales 72 mujeres y 37 hombres; y 79 menores) del Proyecto La Sereta, a través del cual se atiende a unidades familiares, en su mayor parte familias monoparentales con menores a su cargo con elevadas tasas de desempleo. Además, la entidad social ejecuta el Proyecto Acompañamiento y Atención a personas en riesgo o situación de exclusión social, iniciado en abril de este año, a través del cual son atendidas en el área de mayores otras 31 personas.

Para la ejecución de estos cinco programas, junto al proyecto para la adquisición de un vehículo de 9 plazas, la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional ha destinado este año un total de 561.819,61 euros en ayudas otorgadas en el marco de las convocatorias de Inclusión Social y con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) gestionadas por el departamento de la Comunidad autónoma.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Marci Acuña, destacó que «la Fundación Flora Acoge es una pieza clave en las políticas de inclusión social que desarrollamos en la isla. Realiza una labor imprescindible con las personas más vulnerables, ofreciendo respuestas reales a través de recursos fundamentales como su Casa de Acogida y el comedor social».

Acuña recordó que el Cabildo destina  más de 316.000 euros anuales a distintos programas que desarrolla la entidad, «una inversión que refleja nuestro compromiso con una atención social digna, estable y de calidad». De esta cuantía, más de 250.000 euros se destinan a la Casa de Acogida, un recurso que dispone de 17 plazas y permanece abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando un acompañamiento permanente a las personas que más lo necesitan. Además, el Cabildo financia el programa Envejecemos Acompañados y el proyecto de Atención a las necesidades básicas de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Asimismo, el consejero puso en valor el trabajo que desarrolla la entidad «porque no solo cubre necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, sino que acompaña a cada persona en su proceso de inclusión, promoviendo su autonomía y favoreciendo nuevas oportunidades de futuro».

La Fundación Flora Acoge cuenta con un equipo de 29 personas trabajadoras vinculadas a estos proyectos de diferentes perfiles técnicos en las áreas de Trabajo Social, Psicología, Técnicas en programas de prevención e inclusión social; ayudantes/as terapeutas; terapeuta ocupacional; técnica en educación; auxiliar de ayuda a domicilio, ordenanza y cocina, además de personal de coordinación y administración.

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Bienestar Social saca a información pública el reglamento de la Renta Canaria de Ciudadanía

El documento simplifica los trámites administrativos y establece una respuesta homogénea en el Archipiélago con indicadores comunes

Contempla vías de acceso extraordinarias cuando haya situaciones de urgencia o emergencia como erupciones volcánicas, incendios forestales, violencia de género o sinhogarismo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha sacado a información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento que regula el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y /o inserción laboral de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta de la Ciudadanía. El documento se podrá consultar desde hoy y hasta el 10 de octubre.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que “se trata de un paso muy importante porque este reglamento pone a los canarios y canarias en el centro de las políticas sociales: estandariza cómo se valora cada caso, cómo se planifica el apoyo y cómo se hace el seguimiento para que la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) no sea solo una ayuda económica, sino una palanca real de inclusión y autonomía. El documento define qué pasos siguen los servicios sociales y qué apoyos recibe cada hogar, con criterios claros, homogéneos y medibles en todas las islas”.

“Este reglamento ordena y humaniza la puerta de entrada a la inclusión porque simplifica el proceso administrativo y permite más acompañamiento y mejores resultados. A través del reglamento establecemos un método común para que la RCC llegue antes a las personas, donde más falta hace y de forma homogénea en toda Canarias”, asegura Delgado.

La consejera de Bienestar Social señala que una de las principales novedades del reglamento es que abre vías de acceso extraordinarias cuando hay urgencia o emergencia social como erupciones volcánicas, incendios forestales, inundaciones, pandemias, atentados, accidentes graves o situaciones excepcionales como conflictos severos de convivencia, sinhogarismo, violencia de género, separaciones con pérdida de vivienda, entre otros. “En estos casos, la Administración puede actuar de oficio o bajo atestado social y activar apoyos sin demoras”, asegura.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, explica que “el reglamento ofrece homogeneidad y calidad en todo el Archipiélago porque establece los mismos modelos y circuitos. También establece revisiones periódicas del Plan de Atención Especializada, de tal forma que, si algo no funciona, se ajusta. Asimismo, establece la coordinación interadministrativa entre los ayuntamientos, la comunidad autónoma y otros sistemas (empleo, salud, vivienda), trabajando con información compartida y protección de datos y permite dar una respuesta ágil en situaciones de crisis”.

Santana recuerda que previamente a la elaboración del reglamento “se realizó una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la misma para tener un documento lo más consensuado posible”.

El reglamento se somete a información pública a través del portal web de transparencia y participación ciudadana, donde podrá ser consultado a través de la dirección: PROYECTO DE DECRETO INCLUSIÓN SOCIAL 

El reglamento de la Renta Canaria de Ciudadanía regula el procedimiento a seguir para el diagnóstico social; la elaboración y el contenido del plan de atención personalizada; así como el modelo de informe social a emitir por los servicios sociales competentes en relación con estas prestaciones. Asimismo, esta disposición regula los supuestos especiales y excepcionales que permiten a determinadas personas, en atención a sus circunstancias particulares, acceder a la renta ciudadana y, en particular a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, desarrollando las previsiones al respecto de la Ley de la renta canaria ciudadana (arts. 7, 13 y 41). Con ello se completan los supuestos en que sean aplicables los instrumentos que se regulan en el reglamento.

En aras de la simplificación y capacidad de respuesta de la Administración ante nuevas necesidades y situaciones, el reglamento faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales para adaptar, modificar y, en su caso, actualizar, los modelos que se recogen los anexos, que son la vía para el correcto y adecuado desarrollo del diagnóstico social, del plan de atención individualizado y del informe social, así como su evaluación.

 

Más de 104 millones de euros para la Renta Canaria de la Ciudadanía

Candelaria Delgado señala que el Gobierno de Canarias ha realizado un refuerzo sin precedentes con la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya dotación ha pasado de poco más de 50 millones de euros en 2021 a más de 104 millones de euros en la actualidad: “Estamos destinado más del doble para garantizar ingresos a las familias vulnerables y acelerar su inclusión social”, asegura.

“Mientras una mayoría de comunidades autónomas han reducido o desmantelado sus rentas mínimas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, en Canarias hemos mantenido e incrementado la cobertura, situándonos por encima de la media estatal en proporción de población pobre atendida (6,6 % en Canarias frente al 5,9 % en España)”, explica la consejera de Bienestar Social.

Por su parte, Elisabet Santana asegura que la dotación de 104,3 millones de euros en 2025 y atención a casi 13.000 hogares, “consolida el papel de la Renta Canaria de Ciudadanía como complemento del Ingreso Mínimo Vital y como herramienta clave para la inclusión”. Además, destaca que la incorporación de 20 personas “nos ha permitido agilizar los expedientes y, en consecuencia, prestar un mejor servicio a la población”.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias. De acuerdo con esa Ley, la efectividad del derecho que reconoce requiere la regulación, mediante reglamento, de determinados procedimientos a llevar a cabo por la Administración social que permitan identificar y responder a las situaciones que lo justifican, en concreto como el procedimiento de diagnóstico social, el plan de atención personalizado y el informe social acreditativo, tal y como se establece en el artículo 46.4 en relación con el artículo 3.4 de la citada Ley.

Igualmente, si bien la Ley reconoce el derecho a acceder a la renta canaria de ciudadanía, todas las personas empadronadas o con residencia efectiva debidamente acreditada en Canarias que se encuentren en situación de exclusión o vulnerabilidad social que cumplan los requisitos recogidos en la misma (art. 2 y 3), sin embargo, la misma remite al desarrollo reglamentario la concreción de los supuestos de aquellas personas que, aun no reuniendo los requisitos que dan derecho a la renta de ciudadanía, podrán acceder a la misma por concurrir circunstancias objetivas que acrediten una situación de urgencia o emergencia social (art. 41.4) o se encuentren en una situación sobrevenida excepcional (art. 7.3). Asimismo, la Ley remite al desarrollo reglamentario la determinación de los casos en que, excepcionalmente, podrá accederse a la renta canaria de ciudadanía sin previa solicitud de la persona beneficiaria, pudiendo actuar de oficio la Administración (art. 18.2).

La efectividad de buena parte de las determinaciones y mandatos de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía requiere de un desarrollo reglamentario que concrete los procedimientos y los instrumentos a utilizar por la Administración y, además, que identifique la situación de determinadas personas que, inicialmente no reúnen los requisitos para acceder a la prestación, sin embargo deben poder hacerlo a tenor de las circunstancias especiales, excepcionales y/o sobrevenidas en que puedan encontrarse, equivalentes las de exclusión o vulneración social que justifican el acceso a este derecho. El desarrollo reglamentario resulta imprescindible para la realización de los objetivos establecidos por el legislador.

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Derechos Sociales subvenciona un total de 95 proyectos de inclusión social e inmigración

El Boletín Oficial de Canarias publicó el 20 de diciembre la resolución definitiva de ayudas para la financiación en las áreas de inclusión social e inmigración

El plazo de aceptación de las ayudas se abre a partir de hoy 23 de diciembre y hasta el próximo día 30 de diciembre

 

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó con fecha 20 de diciembre la resolución definitiva de la convocatoria en concurrencia competitiva de subvenciones para el año 2024, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social, convocadas por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno canario.

En la resolución se resuelve la concesión definitiva de ayudas para la ejecución de un total de 95 proyectos en las áreas de Inmigración e Inclusión social con un importe total que asciende a 7.044.097,26 euros.

Las entidades beneficiarias deberán presentar la aceptación de las ayudas así como el plan de financiación y en su caso memoria, ajustados al importe finalmente concedido para las aceptaciones parciales. El plazo para presentar la aceptación para aquellos que no lo hayan presentado será desde el día 23 hasta el día 30, ambos inclusive.

El documento de aceptación deberá presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica, en este ENLACE , incorporando el documento a través de la carpeta de consulta de expedientes. No será válida la documentación presentada a través de otro medio o en otra fecha.

Asimismo, deberán presentar nuevamente la aceptación aquellas entidades para quienes el importe concedido haya variado desde la publicación provisional a la definitiva.

Los solicitantes que hubieran aceptado la subvención en la resolución provisional por importe coincidente con la definitiva no tendrán que presentar nueva aceptación. En caso de parcial deben presentar nuevo plan de financiación.

A esta línea de subvenciones han podido acogerse las corporaciones locales, mancomunidades, y agrupaciones de municipios, cabildos y sus organismos autónomos, fundaciones y universidades públicas así como entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Canarias.

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