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El Gobierno de Canarias destina 21,2 millones de euros a combatir la privación material y apoyar a las familias

La Consejería de Bienestar Social, Igualad, Juventud, Infancia y Familias convoca subvenciones para financiar proyectos de asistencia material básica durante el periodo 2026-2028, con una cofinanciación del 90 % del Fondo Social Europeo Plus

Esta medida refuerza el escudo social desplegado por el Ejecutivo a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, el complemento autonómico de las pensiones no contributivas y el fortalecimiento de los servicios sociales municipales y del tercer sector

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias destinará 21.270.623 euros a financiar proyectos dirigidos a combatir la privación material y mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad en el Archipiélago. La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), abarca el periodo 2026-2028 y cuenta con una cofinanciación del 90 % del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Estas subvenciones se enmarcan en el Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica (Programa Básico) y tienen como objetivo garantizar el acceso a alimentos y otros productos esenciales, prestando una atención especial a las familias con menores a cargo.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó la importancia de seguir reforzando los instrumentos de protección social para que las dificultades económicas no se traduzcan en situaciones de exclusión. En este sentido, subrayó que “garantizar el acceso a los productos básicos es una prioridad, especialmente cuando hablamos de familias con niños y niñas que necesitan contar con unas condiciones de vida dignas y con oportunidades para su desarrollo”.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Canarias refuerza la colaboración con las entidades que trabajan directamente con las personas en situación de vulnerabilidad y consolida una línea de intervención que combina la cobertura de necesidades materiales básicas con el acompañamiento social, como herramientas complementarias para avanzar hacia una mayor inclusión y cohesión social.

“No se trata únicamente de atender una necesidad inmediata, sino también de acompañar a las personas y familias para favorecer su inclusión social y evitar que las situaciones de vulnerabilidad se cronifiquen”, señaló Delgado.

La convocatoria contempla dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la entrega de alimentos y asistencia material básica mediante tarjetas o vales electrónicos, un sistema que permite facilitar el acceso a los productos necesarios. Por otro, el desarrollo de medidas de acompañamiento social dirigidas a apoyar los procesos de inclusión de las personas beneficiarias.

La financiación prevista asciende a 21.270.623 euros, distribuidos en tres anualidades: 6.113.535 euros para 2026, 8.157.088 euros para 2027 y 7 millones de euros para 2028. El 90 % de las subvenciones podrá ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, en el marco del programa correspondiente al periodo 2021-2027.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán solicitarlas las entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. El plazo de presentación es de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOC.

 

Acciones de Canarias contra la pobreza

Esta convocatoria se suma al conjunto de políticas que desarrolla el Gobierno de Canarias para proteger los ingresos de los hogares y prevenir que las situaciones de vulnerabilidad se conviertan en exclusión. La Renta Canaria de Ciudadanía cuenta en 2026 con más de 126 millones de euros, llega a 11.341 familias y ha incrementado sus cuantías más de un 30 % durante la presente legislatura.

Además, el Gobierno de Canarias ha decidido reforzar la ayuda para las personas que reciben Pensiones No Contributivas con una aportación anual de 400 euros para cada una de ellas, que ya se aplicó en los presupuestos de este año y está previsto que se extienda, al menos, hasta 2027.

El Ejecutivo autonómico, entre otras medidas, también refuerza la atención de proximidad. El Plan Concertado permite gestionar este año 97 millones de euros y atender a unas 450.000 personas pertenecientes a más de 220.000 familias. Dentro de esta financiación, 42 millones de euros se destinan a reforzar las plantillas municipales, posibilitando la contratación de unos 2.500 profesionales, y otros siete millones sostienen programas de prevención, intervención y apoyo a la infancia y las familias.

A estas medidas se añaden los 23 millones de euros destinados en 2026 a financiar 236 proyectos del tercer sector, con alrededor de 261.000 personas atendidas, y el avance del primer concierto social, dotado con 4,2 millones de euros y una duración de cinco años. Este instrumento permitirá ofrecer acompañamiento social y atención socioeducativa y psicosocial estable a las unidades perceptoras de la Renta Canaria de Ciudadanía que se encuentran en situaciones de alta exclusión.

 

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Canarias moviliza más de 272 millones de euros para apoyar a las familias vulnerables y reforzar la protección

Candelaria Delgado Toledo en comisión parlamentaria

Las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía se han incrementado casi un 30 % en la presente legislatura, protegiendo a más de 22.000 personas en todas las islas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias moviliza más de 272,3 millones de euros a través de distintas líneas de prestaciones, servicios sociales, inclusión y conciliación destinadas a atender las necesidades de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad. Este esfuerzo se articula mediante la colaboración con los ayuntamientos, las entidades del tercer sector y otros agentes sociales, con el objetivo de ofrecer respuestas a las dificultades económicas y sociales que afrontan miles de hogares en las islas.

Así lo expuso hoy (viernes 23) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, donde indicó que “la protección de las familias más vulnerables exige una respuesta pública amplia, coordinada y capaz de adaptarse a las necesidades reales de cada hogar. No hablamos únicamente de prestaciones económicas, sino de garantizar que las familias puedan acceder a la alimentación, cubrir los gastos esenciales, atender a sus hijos e hijas y contar con apoyos que les permitan afrontar las dificultades con mayor seguridad”.

Entre estas actuaciones destaca la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias destinada a financiar proyectos de entidades sociales dirigidos a hogares con menores en situación de pobreza, exclusión social o privación material severa. La línea, que partía de un crédito inicial de 918.872 euros, se ha ampliado hasta alcanzar los 2.621.224,60 euros distribuidos entre las familias, casi el triple de la previsión presupuestaria inicial.

La convocatoria permite financiar proyectos que atienden necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa, material escolar y comedor, alquiler y suministros, así como servicios de conciliación, escuelas infantiles, atención socioeducativa, mediación y orientación familiar. Los proyectos aceptados pueden recibir financiación de hasta el cien por cien, con ayudas de entre 8.000 y 80.000 euros por proyecto y un máximo de 160.000 euros por entidad.

“Detrás de cada una de estas actuaciones hay necesidades concretas que requieren una respuesta: una familia que necesita apoyo para cubrir los gastos básicos, menores que precisan material escolar o servicios de atención socioeducativa, o progenitores que necesitan recursos para conciliar. Por eso es fundamental trabajar con las entidades sociales, que conocen de cerca la realidad de las familias y permiten que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, señaló Delgado.

Una red de protección que abarca distintas necesidades

Candelaria Delgado subrayó que “la política social no puede medirse a partir de una única convocatoria, porque las necesidades de las familias tampoco se limitan a un solo ámbito. Es necesario combinar las ayudas económicas con los servicios de proximidad, los recursos para la infancia, la inclusión social y los apoyos a los cuidados. Esa coordinación es la que permite ofrecer respuestas más completas y ajustadas a cada situación”.

La convocatoria para familias con menores forma parte de una red de recursos más amplia que incluye prestaciones económicas, financiación de los servicios sociales municipales, programas de atención a la infancia, iniciativas de inclusión social y medidas para facilitar los cuidados y la conciliación.

En este ámbito, la red municipal de servicios sociales moviliza alrededor de 97 millones de euros, de los que aproximadamente 42 millones son aportados por la Consejería, y presta atención a unas 450.000 personas. A esta financiación se suman otros 4,8 millones de euros acordados en 2026 con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para reforzar las prestaciones sociales básicas municipales, incluidos el personal, el funcionamiento de los servicios, la ayuda a domicilio, la prevención y la inserción social.

Asimismo, el Gobierno de Canarias destina siete millones de euros a los programas municipales de atención a la infancia y las familias en los 88 ayuntamientos, y otros siete millones a proyectos de inclusión social e inmigración, 200.000 euros más que el año anterior.

La financiación procedente del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades moviliza 19,48 millones de euros para desarrollar 431 proyectos de 138 entidades sociales, que sostienen 1.846 empleos y cuentan con la colaboración de más de 7.600 personas voluntarias. Por su parte, el Plan Corresponsables dispone de 9,4 millones de euros para servicios de cuidados y conciliación que también llegan a los municipios.

A estas actuaciones se añade la Renta Canaria de Ciudadanía, con más de 113 millones de euros destinados a proteger a 22.000 personas, cuyas cuantías han aumentado casi un 30 % desde 2023. También se incluye el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, que cuenta con 16,8 millones de euros y contempla una ayuda de hasta 400 euros anuales para cerca de 42.000 personas perceptoras.

Candelaria Delgado explicó en su intervención que “sabemos que todavía hay familias que atraviesan situaciones muy difíciles y que debemos seguir mejorando las respuestas. Nuestro compromiso es mantener una política social que combine recursos económicos, atención cercana y colaboración con los municipios y las entidades sociales, porque proteger a las familias significa también proteger a la infancia y generar mejores oportunidades para el conjunto de la sociedad canaria”.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias mantiene estas líneas de actuación en un contexto en el que persisten situaciones de pobreza, dificultades económicas y problemas de conciliación que afectan a numerosos hogares canarios. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos y de las entidades que trabajan directamente con las personas en situación de vulnerabilidad.

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Espaldarazo del Consejo General de Servicios Sociales a la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia

El órgano también ha informado positivamente el reglamento que desarrolla los programas de inclusión social de la Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales, reunido hoy, ha informado positivamente el anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, una regulación de 192 artículos que reordena por completo el sistema autonómico de protección. El proyecto no se limita a modificar la Ley 1/1997: la sustituye por un nuevo marco integral que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, y refuerza la prevención, la participación, la coordinación y la protección especializada. El texto se ha elaborado de manera compartida con administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, sumando además una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años.

Esta transformación legal sitúa la posición jurídica del menor en el centro del sistema e integra de forma transversal la discapacidad, la accesibilidad universal y la parentalidad positiva. Entre sus principales novedades, la norma incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. Asimismo, el texto prioriza el acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y garantiza programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes extutelados que superen la mayoría de edad.

En el plano administrativo y de gestión, la ley elevará las exigencias organizativas y de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para modernizar la tramitación y evitar la fragmentación institucional, se implementará un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC. Además, la participación infantil quedará institucionalizada de manera estable a través de la creación de nuevos órganos de consulta social, entre los que destaca el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.

La implantación real del articulado se realizará de forma escalonada, ya que sus disposiciones adicionales estipulan que su aplicación progresiva estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de las islas. Como balance final de este nuevo modelo de atención autonómica, el proyecto configura un sistema integral, gradual, compartido, participado y sostenible. Su principal valor es desplazar el centro de gravedad desde la mera protección administrativa hacia la garantía efectiva de derechos, la prevención, el buen trato y la participación. Su principal desafío será convertir ese diseño ambicioso en recursos, coordinación, interoperabilidad y capacidad profesional suficientes en todas las islas.

La ley seguirá ahora su trámite administrativo habitual hasta ser aprobada en Consejo de Gobierno y ser remitida al Parlamento para su aprobación antes del final de esta legislatura.

Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales también ha informado favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, una norma trascendental que permitirá reforzar el acompañamiento social de las personas beneficiarias y avanzar hacia un modelo centrado en la inclusión y la autonomía personal.

Este desarrollo reglamentario completa uno de los aspectos esenciales previstos en la Ley 5/2022, al establecer los procedimientos y herramientas que permitirán a los servicios sociales diseñar itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.

El reglamento no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla los instrumentos necesarios para hacer plenamente efectivo el derecho reconocido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, reforzando el papel de los servicios sociales como eje del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales novedades del reglamento destaca la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico para valorar la situación de vulnerabilidad de cada persona; del Plan de Atención Personalizado, que fijará objetivos y actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y laboral; y del informe social acreditativo, documento que servirá de soporte técnico para la concesión, seguimiento, revisión o, en su caso, extinción de la prestación.

Asimismo, la futura norma desarrolla los supuestos excepcionales previstos en la ley para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas que atraviesen situaciones de urgencia o emergencia social o circunstancias sobrevenidas que justifiquen una respuesta inmediata por parte de la Administración.

El reglamento también establece mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas en la gestión de los servicios sociales, así como modelos normalizados para la elaboración del diagnóstico social, los planes personalizados, los convenios de inclusión y los informes sociales, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el territorio de Canarias.

Además, incorpora un enfoque transversal de protección de los colectivos más vulnerables. En este sentido, contempla medidas específicas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, menores y familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+, integrando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social.

Tras su paso por el Consejo General de Servicios Sociales, el texto continuará su tramitación administrativa, incluyendo los correspondientes periodos de información pública y audiencia antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

Otros asuntos

Durante el Consejo también se conocieron los decretos de acreditación y centros de dependencia y el que regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la libertad sexual, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias es el máximo órgano consultivo y de participación social de la comunidad autónoma en esta materia. Su objetivo principal es fomentar y facilitar la participación activa de las administraciones públicas, colectivos de usuarios, profesionales del sector, entidades de iniciativa social y agentes socioeconómicos. A través de esta colaboración, el órgano busca intervenir directamente en la determinación, planificación, implantación, seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión del sistema público de servicios sociales de las islas.

La estructura organizativa y de componentes del Consejo está encabezada por la Presidencia, a cargo de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y una Vicepresidencia. Sus vocalías se dividen en tres grandes bloques representativos: las Administraciones Públicas (incluyendo direcciones generales, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de la Salud y delegaciones de cabildos y municipios); las organizaciones de usuarios, entidades del Tercer Sector y colectivos sociales (como drogodependencias, infancia, discapacidad, mayores y colectivos LGBTI); y, finalmente, el bloque de colegios profesionales (trabajo social, psicología, educación social, politología), organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, contando además con una secretaría técnica.

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Canarias combate la pobreza con un modelo de inclusión activa y reclama la financiación estatal justa

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca en el Parlamento el refuerzo de la Renta Canaria de Ciudadanía y el desarrollo de itinerarios de inclusión

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha defendido en el Parlamento autonómico una estrategia del Gobierno de Canarias para combatir la pobreza y la exclusión social basada en un modelo de inclusión activa que combina la garantía de ingresos con el acompañamiento social, la formación, el acceso al empleo y la coordinación de los distintos recursos públicos.

Delgado subrayó que la respuesta a una realidad compleja como la que afronta Canarias “debe ir más allá de las ayudas económicas regulares y avanzar hacia un sistema que facilite la autonomía y la inclusión de las personas y familias en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, destacó el trabajo que se está desarrollando en torno a la Renta Canaria de Ciudadanía “concebida no solo como una prestación económica, sino como una herramienta para articular itinerarios personalizados de inclusión social, en coordinación con los servicios sociales municipales y el resto de políticas públicas”.

Asimismo, Delgado recordó que los complementos de educación y vivienda previstos en la normativa están siendo objeto de análisis técnico y presupuestario para garantizar su viabilidad, sostenibilidad y correcta integración con el conjunto de prestaciones existentes. “Reafirmamos nuestro compromiso con una política social orientada a proteger a las personas más vulnerables, garantizar ingresos básicos y generar oportunidades que permitan superar situaciones de pobreza y exclusión de manera estable y duradera”, indicó Delgado durante su intervención.

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias destacó el refuerzo presupuestario de la Renta Canaria de Ciudadanía, momento en el que la consejera recordó que el Estado debe modificar la ley de la Seguridad Social para darle una estabilidad a las ayudas a la PNC, el apoyo al Plan Concertado de Servicios Sociales, la estabilidad financiera de las entidades del tercer sector, el desarrollo de la Estrategia Canaria para la Erradicación de la Pobreza y el impulso de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia.

Durante la sesión también se puso de manifiesto la necesidad de mejorar la financiación estatal destinada a la lucha contra la pobreza en Canarias. Así, Candelaria Delgado reiteró que la comunidad autónoma recibe actualmente recursos insuficientes -30 millones de euros- para hacer frente a una realidad social que presenta indicadores de vulnerabilidad superiores a la media estatal.

En este contexto, Delgado reclamó al Estado una financiación más ajustada a las necesidades reales del Archipiélago -en torno a 50 millones de euros más- y recordó las propuestas planteadas en el marco del denominado Decreto Canarias, que incluyen mejoras en la cooperación para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de las políticas de infancia, la cofinanciación de la dependencia y nuevas medidas en materia de vivienda. “No se puede reclamar a Canarias que haga más y al mismo tiempo callar cuando el Estado nos manda menos de lo que corresponde. No se puede pedir complementos aquí y aceptar que falten 50 millones allí. No se puede hablar de pobreza infantil y aceptar criterios de reparto que no miden correctamente la pobreza infantil real, la insularidad, el coste de vida y la vulnerabilidad de Canarias”, afirmó.

 

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Bienestar Social pagará desde enero un 11% más a los perceptores de la Renta Canaria de Ciudadanía

El incremento, que será efectivo en la nómina que se cobra este viernes, beneficiará a casi 22.200 personas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, incrementa en un 11% las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía, un aumento que será efectivo en este mismo mes con la primera nómina del año, que se devengará este viernes (23 de enero).

El incremento de la cuantía varía según el tipo de personas receptoras y la unidad de convivencia a la que pertenezcan. De esta forma, se pasa, por ejemplo, de los 565,37 euros al mes en el año 2023 por una persona adulta sola a los 733,60 euros al mes de este 2026, o de los 1.368,21 euros para una unidad de convivencia conformada por una persona adulta y cuatro o más menores en 2023 a los 1.775,31 euros que pasará a abonarse este mes.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, “este incremento pone en evidencia el esfuerzo que de forma continuada hemos venido realizando desde el Gobierno de Canarias para garantizar un colchón económico para las familias y personas en situación de exclusión o en riesgo de padecerla, lo que certifica la voluntad de este Gobierno en mejorar la protección a las personas y familias más vulnerables”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, señala que “el aumento de estas prestaciones sociales es reflejo de la apuesta del Ejecutivo canario por consolidar la Renta Canaria de Ciudadanía como un pilar que asegure el bienestar social de la población de las islas”.

En la actualidad, Canarias atiende a través de la Renta Canaria de Ciudadanía a un total de 22.199 personas, 11.292 de las cuales son titulares de la ayuda a los que hay que sumar las 10.907 personas miembros de la unidad de convivencia.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias.

 

 

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Bienestar Social incrementa el personal para agilizar la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía

«La contratación del nuevo personal permitirá resolver más expedientes y llegar a un mayor número de familias», asegura la consejera del área, Candelaria Delgado

«Desde el Gobierno de Canarias seguimos ampliando esfuerzos y recursos para mejorar la atención a las personas y familias vulnerables de nuestra tierra, para ello, hemos incorporado a un nuevo equipo de profesionales que permitirán agilizar la resolución de los expedientes de la Renta Canaria de Ciudadanía y que esta ayuda llegue a un mayor número de familias», afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

La incorporación del nuevo equipo, conformado por un grupo de nueve profesionales técnicos que realizarán labores administrativas, permitirá la agilización de la grabación de datos para completar los expedientes de demandantes de la ayuda social para que el equipo de la Dirección General de Servicios Sociales pueda valorar y resolver en el menor plazo de tiempo posible. Para la contratación de este nuevo personal se ha destinado una partida de más de 250.000 euros.

«Nuestro objetivo es llegar a quienes todavía puedan continuar fuera de este paraguas de protección social, especialmente población joven y personas con trayectorias migratorias, de ahí la importancia de ampliar financiación y personal para lograr dar cobertura a cuanta más personas, mejor», subrayó Delgado, quien afirmó que «la renta canaria se ha consolidado en su papel de complemento del Ingreso Mínimo Vital y en uno de los pilares clave del sistema de protección social en las islas y de trabajo a favor de la inclusión social en nuestra tierra».

«En nuestra comunidad, la Renta Canaria de Ciudadanía es un derecho estable mientras dura la situación de pobreza o exclusión», aclaró la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, quien recordó que a través de esta ayuda se ofrece un colchón económico a casi 13.000 hogares canarios en situación de vulnerabilidad social o en riesgo de pobreza.

Con esta medida, el Ejecutivo canario refuerza la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía, que ya supera los 106 millones de euros en ayudas, «con lo que esta prestación se consolida como una red de apoyo para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad», concluyó Delgado.

La Renta Canaria de Ciudadanía constituye un derecho subjetivo en aplicación de la  Ley 5/2022, de 19 de diciembre, que se mantiene mientras persista la situación de necesidad, sin límite temporal cerrado, a diferencia de modelos que sólo permiten percibir la renta durante unos meses, lo que ofrece seguridad a las familias. Además, la percepción de esta prestación se vincula a la inscripción en los servicios de empleo y a la participación en programas de inserción socio-laboral, con lo cual se concibe, no solo como una ayuda económica, sino también como una vía para la inclusión social de sus perceptores.

 

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La Renta Canaria de Ciudadanía crece un 18 % mientras otras comunidades recortan sus rentas mínimas

El Gobierno de Canarias aumenta su gasto, mejora su cobertura y ofrece una protección más intensa, por encima de la media estatal

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta hoy su informe anual

El Gobierno de Canarias consolida su modelo de garantía de ingresos como uno de los más sólidos del país. Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción en España 2024, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) no solo mantiene su papel como red autonómica de último recurso, sino que refuerza su alcance, su intensidad y su esfuerzo presupuestario, en contraste con la tendencia general de recortes en otras comunidades autónomas. Este retroceso se detecta en un total de trece autonomías.

La RCC alcanzó en 2023 una cobertura del 6,6 % de la población bajo el umbral de pobreza, por encima de la media estatal (5,9 %). Canarias se sitúa así entre las comunidades que más protegen a los hogares vulnerables, con un crecimiento sostenido desde 2020 en un contexto estatal marcado por retrocesos. La intensidad de la renta mínima —el gasto por titular en relación con la renta media de los hogares— alcanza en Canarias un 17,9 %, frente al 15,9 % estatal. La Renta Canaria se confirma de esta forma como una prestación más intensa y protectora, especialmente tras su reforma reciente.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explica que “la Renta Canaria de Ciudadanía se consolida como una de las rentas mínimas más robustas del país: cubre más, protege más y se financia mejor que la media estatal. Mientras otras comunidades reducen sus redes autonómicas, en Canarias hemos reforzado nuestro modelo propio, lo hemos alineado con el Ingreso Mínimo Vital y lo hemos orientado tanto a la protección económica como a la inclusión social”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, señala que entre 2023 y 2024, el gasto en la RCC pasa de 86,95 a 102,41 millones de euros, un incremento del 17,79 %. En contraste, el gasto total en rentas mínimas en España disminuye un 4,68 %. “El aumento en Canarias refleja una apuesta política por consolidar la renta mínima como pilar del estado social en el Archipiélago”.

Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción en España 2024, el pasado año se registraron 14.155 titulares, un 5,1 % más que en 2023, lo que indica una mayor penetración de la prestación entre los hogares en situación de necesidad. Al respecto, Elisabet Santana asegura que la RCC “se mantendrá mientras persista la situación de necesidad”, lo que sitúa a Canarias entre las comunidades que ofrecen mayor estabilidad y continuidad a las personas perceptoras.

La cuantía básica de la RCC está alineada y coordinada con el Ingreso Mínimo Vital que otorga el Estado para evitar solapamientos y garantiza coherencia entre sistemas. La cuantía básica en 2024 fue de 604,21 euros, equivalente a la del IMV para un adulto solo, con un máximo de 1.329,27 euros por hogar.

A diferencia de otras comunidades, Canarias no exige antigüedad mínima en la unidad de convivencia, facilitando el acceso a familias recién formadas, personas tras rupturas de pareja o jóvenes emancipados. Además, la RCC está vinculada a itinerarios de inclusión socio-laboral, con obligatoriedad de inscripción como demandante de empleo y participación en programas de inserción. “Desde el Gobierno de Canarias reforzamos el enfoque de la renta mínima como palanca de integración social, no solo como transferencia económica”, indica Santana.

 

 

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Bienestar Social saca a información pública el reglamento de la Renta Canaria de Ciudadanía

El documento simplifica los trámites administrativos y establece una respuesta homogénea en el Archipiélago con indicadores comunes

Contempla vías de acceso extraordinarias cuando haya situaciones de urgencia o emergencia como erupciones volcánicas, incendios forestales, violencia de género o sinhogarismo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha sacado a información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento que regula el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y /o inserción laboral de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta de la Ciudadanía. El documento se podrá consultar desde hoy y hasta el 10 de octubre.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que “se trata de un paso muy importante porque este reglamento pone a los canarios y canarias en el centro de las políticas sociales: estandariza cómo se valora cada caso, cómo se planifica el apoyo y cómo se hace el seguimiento para que la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) no sea solo una ayuda económica, sino una palanca real de inclusión y autonomía. El documento define qué pasos siguen los servicios sociales y qué apoyos recibe cada hogar, con criterios claros, homogéneos y medibles en todas las islas”.

“Este reglamento ordena y humaniza la puerta de entrada a la inclusión porque simplifica el proceso administrativo y permite más acompañamiento y mejores resultados. A través del reglamento establecemos un método común para que la RCC llegue antes a las personas, donde más falta hace y de forma homogénea en toda Canarias”, asegura Delgado.

La consejera de Bienestar Social señala que una de las principales novedades del reglamento es que abre vías de acceso extraordinarias cuando hay urgencia o emergencia social como erupciones volcánicas, incendios forestales, inundaciones, pandemias, atentados, accidentes graves o situaciones excepcionales como conflictos severos de convivencia, sinhogarismo, violencia de género, separaciones con pérdida de vivienda, entre otros. “En estos casos, la Administración puede actuar de oficio o bajo atestado social y activar apoyos sin demoras”, asegura.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, explica que “el reglamento ofrece homogeneidad y calidad en todo el Archipiélago porque establece los mismos modelos y circuitos. También establece revisiones periódicas del Plan de Atención Especializada, de tal forma que, si algo no funciona, se ajusta. Asimismo, establece la coordinación interadministrativa entre los ayuntamientos, la comunidad autónoma y otros sistemas (empleo, salud, vivienda), trabajando con información compartida y protección de datos y permite dar una respuesta ágil en situaciones de crisis”.

Santana recuerda que previamente a la elaboración del reglamento “se realizó una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la misma para tener un documento lo más consensuado posible”.

El reglamento se somete a información pública a través del portal web de transparencia y participación ciudadana, donde podrá ser consultado a través de la dirección: PROYECTO DE DECRETO INCLUSIÓN SOCIAL 

El reglamento de la Renta Canaria de Ciudadanía regula el procedimiento a seguir para el diagnóstico social; la elaboración y el contenido del plan de atención personalizada; así como el modelo de informe social a emitir por los servicios sociales competentes en relación con estas prestaciones. Asimismo, esta disposición regula los supuestos especiales y excepcionales que permiten a determinadas personas, en atención a sus circunstancias particulares, acceder a la renta ciudadana y, en particular a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, desarrollando las previsiones al respecto de la Ley de la renta canaria ciudadana (arts. 7, 13 y 41). Con ello se completan los supuestos en que sean aplicables los instrumentos que se regulan en el reglamento.

En aras de la simplificación y capacidad de respuesta de la Administración ante nuevas necesidades y situaciones, el reglamento faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales para adaptar, modificar y, en su caso, actualizar, los modelos que se recogen los anexos, que son la vía para el correcto y adecuado desarrollo del diagnóstico social, del plan de atención individualizado y del informe social, así como su evaluación.

 

Más de 104 millones de euros para la Renta Canaria de la Ciudadanía

Candelaria Delgado señala que el Gobierno de Canarias ha realizado un refuerzo sin precedentes con la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya dotación ha pasado de poco más de 50 millones de euros en 2021 a más de 104 millones de euros en la actualidad: “Estamos destinado más del doble para garantizar ingresos a las familias vulnerables y acelerar su inclusión social”, asegura.

“Mientras una mayoría de comunidades autónomas han reducido o desmantelado sus rentas mínimas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, en Canarias hemos mantenido e incrementado la cobertura, situándonos por encima de la media estatal en proporción de población pobre atendida (6,6 % en Canarias frente al 5,9 % en España)”, explica la consejera de Bienestar Social.

Por su parte, Elisabet Santana asegura que la dotación de 104,3 millones de euros en 2025 y atención a casi 13.000 hogares, “consolida el papel de la Renta Canaria de Ciudadanía como complemento del Ingreso Mínimo Vital y como herramienta clave para la inclusión”. Además, destaca que la incorporación de 20 personas “nos ha permitido agilizar los expedientes y, en consecuencia, prestar un mejor servicio a la población”.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias. De acuerdo con esa Ley, la efectividad del derecho que reconoce requiere la regulación, mediante reglamento, de determinados procedimientos a llevar a cabo por la Administración social que permitan identificar y responder a las situaciones que lo justifican, en concreto como el procedimiento de diagnóstico social, el plan de atención personalizado y el informe social acreditativo, tal y como se establece en el artículo 46.4 en relación con el artículo 3.4 de la citada Ley.

Igualmente, si bien la Ley reconoce el derecho a acceder a la renta canaria de ciudadanía, todas las personas empadronadas o con residencia efectiva debidamente acreditada en Canarias que se encuentren en situación de exclusión o vulnerabilidad social que cumplan los requisitos recogidos en la misma (art. 2 y 3), sin embargo, la misma remite al desarrollo reglamentario la concreción de los supuestos de aquellas personas que, aun no reuniendo los requisitos que dan derecho a la renta de ciudadanía, podrán acceder a la misma por concurrir circunstancias objetivas que acrediten una situación de urgencia o emergencia social (art. 41.4) o se encuentren en una situación sobrevenida excepcional (art. 7.3). Asimismo, la Ley remite al desarrollo reglamentario la determinación de los casos en que, excepcionalmente, podrá accederse a la renta canaria de ciudadanía sin previa solicitud de la persona beneficiaria, pudiendo actuar de oficio la Administración (art. 18.2).

La efectividad de buena parte de las determinaciones y mandatos de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía requiere de un desarrollo reglamentario que concrete los procedimientos y los instrumentos a utilizar por la Administración y, además, que identifique la situación de determinadas personas que, inicialmente no reúnen los requisitos para acceder a la prestación, sin embargo deben poder hacerlo a tenor de las circunstancias especiales, excepcionales y/o sobrevenidas en que puedan encontrarse, equivalentes las de exclusión o vulneración social que justifican el acceso a este derecho. El desarrollo reglamentario resulta imprescindible para la realización de los objetivos establecidos por el legislador.

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Delgado: “La lucha contra la desigualdad social exige reforzar la financiación y las acciones”

La consejera de Bienestar Social expuso en sede parlamentaria las medidas que su departamento está impulsando con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad social, que llegan a 850.000 personas

Delgado anunció el incremento de las ayudas a los bancos de Alimentos en 1,2 millones, así como la partida de más de 104 millones de euros para la Renta Canaria de Ciudadanía

Reiteró la necesidad de que el Gobierno del Estado incremente los fondos del plan contra la pobreza y que modifique la legislación nacional para poder desarrollar el complemento a las pensiones no contributivas

“La respuesta a la lucha contra la desigualdad en Canarias pasa por contar con la implicación y el apoyo de todas las instituciones, empezando por el incremento de los fondos de lucha contra la pobreza por parte del Estado. En los últimos años hemos recibido 30 millones de euros, pero, dados los índices de pobreza en las islas, necesitaríamos entre 80 y 100 millones de euros para poder atender a la población que se encuentra en esta situación”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, en una intervención parlamentaria sobre los propósitos de la acción del Gobierno en la lucha contra la desigualdad y el refuerzo del Estado del Bienestar.

La titular del departamento insistió en que “para poder revertir este problema estructural es fundamental reforzar las acciones que estamos desarrollando desde el conjunto del Gobierno, pero, además, es imprescindible mantener e impulsar aún más las acciones que ya estamos desplegando en colaboración con los cabildos y ayuntamientos. Este Gobierno pretende sentar las bases para lograr un verdadero cambio social en Canarias y, para ello, estamos trabajando en diferentes acciones como es la aprobación del Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, que transformará el concepto de los servicios sociales en nuestra tierra”.

Aumento de la partida destinada a bancos de alimentos

Entre las diferentes líneas de actuación que desarrolla el departamento de Bienestar Social que tienen como objetivo combatir la desigualdad social, la consejera anunció que, en cuanto a ayudas concretas, su departamento incrementará este año de nuevo las ayudas destinadas a bancos de alimentos para garantizar las necesidades básicas. Estas ayudas se duplicaron el pasado año pasando de los 500.000 euros destinados en 2023 a un total de 1,1 millones de euros en 2024 y en 2025 suben a los 1,2 millones de euros este año.

Las ayudas para combatir la pobreza llegan a casi 850.000 canarias y canarios

“Solo para combatir la pobreza, Bienestar Social destina, en el área de Servicios Sociales, 222,23 millones de euros que benefician a cerca de 850.000 canarios y canarias”, enfatizó Delgado, quien explicó que a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, cuya inversión asciende a 93 millones de euros, se atiende a 480.000 personas en las diferentes áreas de acción y que mediante las líneas de subvenciones que gestiona este departamento solo para servicios sociales, se atiende a 350.000 personas en situación de vulnerabilidad, con una inversión de 17,5 millones de euros.

 

104 millones de euros para financiar la Renta Canaria de Ciudadanía

En relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, a través de la cual se llega a más de 13.000 personas de forma mensual, Delgado señaló que este año se destinará a estas ayudas más de 104 millones de euros. La nómina mensual de enero de 2025 de la Renta ascendió a 9,3 millones de euros, 1,5 millones de euros más en menos de dos años.

A este respecto, Delgado recordó que su departamento está trabajando para ampliar la cobertura de la Renta Canaria de Ciudadanía en relación con la población en riesgo de pobreza, “para lo que es fundamental mejorar el alcance del Ingreso Mínimo Vital y que la Renta Canaria asuma solo el papel complementario previsto cuando se creó”. Con el fin de conseguir este objetivo, la Consejería está negociando con el Ministerio de Inclusión el establecimiento de una pasarela que permita agilizar el reconocimiento del IMV a familias que ahora mismo solo reciben la renta canaria.

En su intervención, la consejera de Bienestar Social aclaró que, en materia de pensiones no contributivas, que son gestionadas por la Comunidad Autónoma, aunque con financiación estatal, Canarias ya ha solicitado al Estado que emita el decreto “que permitirá a este colectivo aumentar sus ingresos sin que ello les suponga un perjuicio”. Esta solicitud se ha reiterado en diversas ocasiones, sin que el Gobierno del Estado haya acometido la reforma legislativa necesaria para que el Gobierno autonómico pueda desarrollar un complemento a las pensiones no contributivas que no genere un perjuicio -o incluso la pérdida de la pensión- a los pensionistas.

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Las personas perceptoras de la Renta Canaria de Ciudadanía ingresarán desde enero un 9% más

El esfuerzo del Gobierno ha ido dirigido a que la ciudadanía pueda disponer de este incremento en la primera paga del año

Las personas perceptoras de la Renta Canaria de Ciudadanía verán revalorizada su pensión en un 9%. Se trata de una medida que asegura el incremento en las ayudas dirigidas a las personas y familias más vulnerables en Canarias y que podrá percibirse ya a partir de la próxima nómina de enero.

La RCC es una prestación económica diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social en aquellos hogares que carecen de recursos básicos. Con ella, se garantiza un nivel mínimo de renta que permite a las personas beneficiarias cubrir necesidades esenciales y aspirar a una mayor inclusión social y laboral.

Mientras que el año pasado la subida establecida a través de Consejo de Ministros se cobró con carácter retroactivo en el mes de febrero, desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, concretamente desde la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión, se han realizado todos los esfuerzos necesarios para que este incremento esté ya incluido en la próxima nómina.

La cantidad exacta de subida cambia según cada caso porque, a diferencia de otras prestaciones, depende del tipo de unidad de convivencia, pero van desde los 604,21 euros que recibía un adulto solo a los 658,81 que recibirá en la nómina de enero (54,6 euros brutos más); hasta la diferencia de los 1.462,20 euros percibidos en 2024 por las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo, que en 2025 recibirán 1.594,33€ (132,33€ brutos más).

La tabla completa de percepciones se puede consultar en la siguiente página.

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