El Gobierno de Canarias remite al Ministerio toda la documentación requerida en el Real Decreto Ley 17/2025 para garantizar la gratuidad del transporte en 2026

Ya está confirmada una reunión técnica con el Ministerio para la primera semana de marzo para coordinar los fondos de 2025 y 2026

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha presentado ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible toda la documentación remitida por los cabildos insulares para garantizar la aplicación del 100% de bonificación en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en el archipiélago durante el año 2026, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Capítulo IV del Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre.

Esta actuación se enmarca en el trabajo coordinado desarrollado entre el Ejecutivo y las administraciones insulares, que han certificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa estatal, incluyendo la implantación efectiva de la gratuidad desde el 1 de enero de 2026 y el compromiso de mantenerla hasta el 31 de diciembre del próximo año. El Gobierno de Canarias ha canalizado esta información mediante una solicitud formal, dando así cumplimiento al procedimiento establecido para la concesión de las ayudas estatales.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que “los cabildos han realizado el trabajo que exige el real decreto-ley, certificando la gratuidad del transporte y asumiendo los compromisos necesarios, y desde el Gobierno de Canarias hemos remitido toda esa documentación al Ministerio para garantizar la continuidad de la bonificación en 2026”.

Fernández ha señalado que este avance da continuidad a lo abordado en la última Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre, donde el Ejecutivo ya expuso la necesidad de reforzar la coordinación con el Estado para mejorar la planificación financiera del sistema. “La gratuidad del transporte público en Canarias requiere una gestión anticipada y una coordinación constante entre administraciones para evitar demoras y dotar de estabilidad al sistema”, ha indicado.

En este contexto, la directora general ha explicado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas periódicas, estableciendo la primera de ellas el martes, 10 de marzo, lo que permitirá abordar las singularidades del transporte en el archipiélago y anticipar los trámites administrativos necesarios. Gracias a este trabajo ya se facilitó la justificación de los fondos correspondientes a 2025, por un importe de 32 millones de euros actualmente pendientes, así como avanzar en la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, Fernández ha confirmado que ya está cerrada una reunión técnica para la primera semana de marzo, en la que se coordinarán los fondos de 2025 y 2026, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el Ministerio. “Este encuentro nos permitirá seguir avanzando hacia un modelo de financiación más ágil, previsible y adaptado a la realidad del transporte público en Canarias”, ha concluido.

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La nueva norma contempla el carácter ultraperiférico e insular de Canarias y permite a las Islas acceder al reparto de financiación europea adaptada a la realidad del Archipiélago 

Las infraestructuras ferroviarias de Gran Canaria y Tenerife se reconocen por primera vez como proyectos estratégicos con financiación del Estado

La Ley resuelve el procedimiento que impedía a Canarias recibir anticipadamente los fondos de la gratuidad del transporte público

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha destacado el trabajo realizado para que la nueva Ley de Movilidad Sostenible incluya el reconocimiento expreso de la singularidad canaria, un avance que permitirá al Archipiélago acceder al reparto de fondos europeos adaptados a su realidad territorial y económica. 

Fernández ha insistido en que este logro “es fruto del trabajo constante desarrollado por la Dirección General de Transportes y Movilidad durante estos dos años de legislatura, en los que hemos mantenido un diálogo permanente con los directores generales del Ministerio para trasladar la realidad insular. Este modo canario de hacer las cosas nos ha permitido que la realidad canaria no solo sea reconocida en el texto de la Ley, sino que se garantice su participación efectiva en las decisiones y en la distribución de la financiación europea para la movilidad sostenible”.

Fernández ha insistido en que la norma “finalmente reconoce nuestra condición de región ultraperiférica, hechos diferenciales en la toma de decisiones que ahora permiten a las Islas acceder al reparto de financiación adaptada a la realidad del Archipiélago, algo que antes no era posible”. En este sentido, ha añadido que “gracias a esta Ley, Canarias podrá acceder, de una manera más justa, a los recursos vinculados a la movilidad sostenible”.

La Ley de Movilidad Sostenible está directamente vinculada a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya aprobación era requisito indispensable para que España pudiera acceder a cerca de 10.000 millones de euros entre 2025 y 2026. Estos fondos, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, financian inversiones y reformas destinadas a la descarbonización, digitalización y modernización del transporte.

Parte de estos recursos europeos se orientarán a actuaciones prioritarias en movilidad sostenible, conectada y segura, tanto en zonas urbanas como metropolitanas, impulsando la modernización del transporte público, la transición energética de las flotas, la movilidad eléctrica y ciclista, y la renovación hacia modelos de bajas emisiones.

Asimismo, Fernández ha destacado dos enmiendas clave introducidas en la Ley. La primera, relativa a las infraestructuras ferroviarias, que supone que por primera vez un texto legal reconozca la necesidad estratégica de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y su financiación por parte del Estado.

En esta línea, la directora ha recordado que, tras la firma de los protocolos de los trenes el pasado mes de septiembre, “momento en el que dimos un paso previo fundamental hacia un convenio plurianual”, con esta nueva norma se reconoce “la necesidad estratégica de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y su financiación por parte del Estado”.

La segunda enmienda, “quizá menos visible pero de enorme trascendencia”, ha resuelto el problema jurídico que impedía a Canarias recibir de forma anticipada los fondos destinados a la gratuidad de las guaguas y el tranvía, al corregir el procedimiento establecido en el real decreto aprobado “deprisa y corriendo”.

“Gracias a esta modificación, Canarias podrá recibir lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado sin tener que esperar al próximo año”, ha explicado Fernández, quien ha reconocido que “aunque llega tarde, habría sido un auténtico drama no poder disponer de esos recursos hasta 2026”.

Finalmente, la directora general de Transportes y Movilidad ha expresado su deseo de que “los trámites se realicen cuanto antes para que Canarias y los Cabildos puedan recibir la financiación correspondiente y mantener la gratuidad del transporte público, una medida que beneficia a miles de canarios y canarias cada día”.

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