El Gobierno de Canarias ha remitido una comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para trasladar las dudas que plantea el programa publicado este lunes en el BOE
El Ejecutivo considera que el modelo publicado tal y como está formulado no da cabida a la participación del Bono Residente Canario, por lo que Canarias se quedaría fuera
Canarias recuerda que en mayo de 2025 ya ofreció al Estado convertirse en territorio piloto para el desarrollo del Abono Único nacional, aprovechando el trabajo avanzado en el Título Único Canario
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sus dudas y preocupaciones ante el Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de Abono Único, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fernández considera que, tal y como está concebido el programa, la comunidad autónoma canaria se quedaría fuera. El Ejecutivo canario considera necesario que el Estado aclare el alcance del programa, su encaje jurídico y competencial, así como las condiciones económicas que permitirían su implantación en Canarias.
En este sentido, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha apuntado que la publicación deja abiertas cuestiones fundamentales para determinar cómo se aplicaría el sistema en el Archipiélago. Entre ellas, el modelo de financiación, las condiciones y mecanismos de compensación a las administraciones y operadores, así como la forma en la que se articulará la participación de las distintas autoridades de transporte competentes en Canarias. “Tal y como está concebida la norma, Canarias no puede adherirse por su singularidad competencial”, detalló.
El programa establece que la adhesión de las administraciones ajenas a la Administración General del Estado será voluntaria y contempla que los convenios de adhesión puedan recoger los aspectos financieros y los mecanismos de compensación. Asimismo, atribuye al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el establecimiento de un marco de financiación para compensar los posibles impactos financieros que la adhesión pueda ocasionar a las autoridades de transporte o a los operadores vinculados a ellas.
Sin embargo, el documento publicado no concreta todavía cuál será ese marco de financiación ni cómo se determinarán y liquidarán las compensaciones, cuestiones que para Canarias resultan esenciales antes de plantear cualquier incorporación al sistema.
Asimismo, Fernández ha añadido que un sistema de estas características debe ofrecer certidumbre jurídica y garantías económicas a las administraciones y operadores que participen, especialmente ante la posibilidad de que usuarios procedentes de otros territorios utilicen en Canarias títulos integrados en el Abono Único.
Un modelo que debe tener en cuenta las competencias de Canarias
Por otra parte, la directora general considera igualmente necesario aclarar el encaje del programa en la realidad singular del Archipiélago. “En el caso de Canarias, esta distribución adquiere una especial complejidad, dado que las competencias en materia de transporte están distribuidas entre diferentes administraciones”, ha explicado Fernández.
En este contexto, el Ejecutivo canario considera necesario determinar qué papel corresponde a la Canarias en el sistema y cómo se integraría el Bono Residente Canario, cuya regulación corresponde al Gobierno de Canarias.
El modelo publicado plantea que las autoridades de transporte participantes asumirán los compromisos derivados de su adhesión al sistema. Por ello, Canarias considera necesario aclarar también cómo se distribuirían las responsabilidades entre las distintas administraciones y operadores en cuestiones como la gestión del sistema, la aplicación de las condiciones de uso, la inspección o el régimen sancionador.
El Ejecutivo considera que estas cuestiones deben quedar definidas antes de avanzar en un modelo que afecta directamente a sistemas de transporte que ya están implantados y funcionan en las islas.
Canarias ya había ofrecido al Estado ser territorio piloto
El Gobierno de Canarias recuerda que el Archipiélago ya ha realizado un trabajo específico para avanzar hacia la integración de los títulos de transporte a través del desarrollo del Título Único Canario.
En este sentido, Fernández ha recordado que el 8 de mayo de 2025 trasladó al Estado la disposición de Canarias a convertirse en territorio piloto para la implantación del Título Único nacional de transporte.
La propuesta planteaba aprovechar el trabajo que ya estaba desarrollando Canarias, con la participación del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), para explorar la integración entre el futuro sistema estatal y el Título Único Canario y avanzar así hacia un sistema interoperable.
La iniciativa permitiría que Canarias aportase la experiencia y el desarrollo tecnológico ya avanzado en las islas a un proyecto de ámbito nacional, al tiempo que garantizaría que el futuro sistema tuviera en cuenta desde el principio las particularidades del transporte en el Archipiélago.
Una publicación que no fue abordada en la última Conferencia Sectorial
El Ejecutivo canario también ha trasladado al Ministerio su preocupación por la falta de información previa sobre la publicación del programa y sus condiciones.
Fernández recuerda que en la última Conferencia Sectorial de Transportes no se trasladó a las comunidades autónomas que el programa iba a ser publicado en estos términos en el BOE ni se abordaron las condiciones concretas que ahora recoge el documento.
El Gobierno considera que una iniciativa que afecta a los sistemas de transporte de las diferentes administraciones requiere coordinación institucional y diálogo previo, especialmente cuando existen modelos de transporte y sistemas tarifarios propios ya desarrollados en distintos territorios.
En esta línea, la directora general ha insistido en la disposición del ejecutivo canario a trabajar con el Ministerio para resolver las dudas planteadas y encontrar una fórmula que permita avanzar hacia la interoperabilidad de los títulos de transporte.
“El objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos es compartido, pero para hacerlo realidad en el Archipiélago es necesario tener en cuenta su singularidad y el particular reparto de competencias existente en materia de transporte”, ha concluido Fernández.
